La contaminación en Buenos Aires
15:50 | 
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La contaminación en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 29/08/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires sufre varios tipos de contaminación, todos ellos de importancia, como la sonora, la del aire y la visual, que no se corrigen a pesar de los perjuicios que ocasionan, en algunos casos para la salud.
La primera de ellas, la contaminación sonora, ha sido objeto de numerosas mediciones oficiales y privadas y se realizaron, incluso, mapas sonoros de la Ciudad en los cuales se estableció cuales son los puntos más contaminados y pudo determinarse que la principal fuente de contaminación es el transporte público. Pero el problema sigue, en lo fundamental sin modificarse.
Clarín realizó, días pasados, una medición acompañada de expertos privados en la materia, cuyos resultados se publicaron en la edición del 25 de agosto. De la misma surge que el sonido que producen los colectivos y los trenes alcanza tantos decibeles como el que produce un avión carreteando o despegando, y que esquinas como las de Acoyte y Rivadavia o Corrientes y 9 de Julio, registran un promedio de decibeles cercano a esos registros.
El alto nivel de ruido no sólo es molesto sino que afecta la salud del sistema auditivo y, en los casos extremos, causa pérdida de capacidades acústicas.
Para revertir esa alta contaminación sonora que afecta a la calidad de vida ciudadana es indispensable, en primer lugar, establecer una normativa para la reducción del ruido que provocan los colectivos y, en segundo lugar, hacer que la misma se cumpla.
Entre las diversas formas de contaminación, la Ciudad sufre una elevada contaminación sonora. Se realizaron mediciones y se detectaron las fuentes pero no se tomaron medidas adecuadas.
Fecha de Publicación: 29/08/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires sufre varios tipos de contaminación, todos ellos de importancia, como la sonora, la del aire y la visual, que no se corrigen a pesar de los perjuicios que ocasionan, en algunos casos para la salud.
La primera de ellas, la contaminación sonora, ha sido objeto de numerosas mediciones oficiales y privadas y se realizaron, incluso, mapas sonoros de la Ciudad en los cuales se estableció cuales son los puntos más contaminados y pudo determinarse que la principal fuente de contaminación es el transporte público. Pero el problema sigue, en lo fundamental sin modificarse.
Clarín realizó, días pasados, una medición acompañada de expertos privados en la materia, cuyos resultados se publicaron en la edición del 25 de agosto. De la misma surge que el sonido que producen los colectivos y los trenes alcanza tantos decibeles como el que produce un avión carreteando o despegando, y que esquinas como las de Acoyte y Rivadavia o Corrientes y 9 de Julio, registran un promedio de decibeles cercano a esos registros.
El alto nivel de ruido no sólo es molesto sino que afecta la salud del sistema auditivo y, en los casos extremos, causa pérdida de capacidades acústicas.
Para revertir esa alta contaminación sonora que afecta a la calidad de vida ciudadana es indispensable, en primer lugar, establecer una normativa para la reducción del ruido que provocan los colectivos y, en segundo lugar, hacer que la misma se cumpla.
Entre las diversas formas de contaminación, la Ciudad sufre una elevada contaminación sonora. Se realizaron mediciones y se detectaron las fuentes pero no se tomaron medidas adecuadas.
Cuenca Salí-Dulce: la segunda más contaminada
“La cuenca Salí-Dulce es la segunda más contaminada”
Fecha de Publicación: 27/08/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero
El defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, se reunió con el gabinete en pleno de la Secretaría de Ambiente de la Nación que entiende sobre la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, y tras el mismo reveló que “en un marco de cordialidad se reflejó el conocimiento, el profesionalismo y la atención que tienen los funcionarios de la cartera respecto de la segunda cuenca más contaminada en el país, sobre la cual se está trabajando para su recupero integral”.
Los miembros del gabinete le informaron puntualmente a Díaz Achával sobre tres propuestas en el marco del Programa de Reconversión Industrial y su avance, indicándose al respecto que todavía no hay ninguna en vigencia o autorizada, con apoyo financiero de la Nación”.
Planes
Indicaron que “los planes se van a sostener hasta tanto se informe sobre el avance de los mismos y el impacto por contaminación aérea y líquida. Hay mucha expectativa sobre las presentaciones de ingenios y citrícolas”.
Díaz Achával agregó que “la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable tiene el control de los PRI, al cual deben adecuarse las industrias para una producción limpia y sustentable, reflejándose un conocimiento de campo puntual sobre las industrias que están bajo supervisión permanente, con seguimiento de cada caso, incluso de la marcha de las acciones judiciales”.
Subrayó el funcionario que “las empresas que suscribieron el PRI deben cumplir secuencialmente diversas instancias que se ordenan hasta lograr el objetivo que se busca. Hay importante adhesión de empresas, que se adecuan a un presupuesto y a un plazo de ejecución del PRI y, de ser necesario, con apoyo de fondos de la Nación, con tasa preferencial”.
Estudian la disposición de la vinaza
Martín Díaz Achával puntualizó que la Secretaría de Ambiente está avanzando en el estudio de la utilización final de la vinaza, que desechan los ingenios con alto impacto de contaminación de la cuenca Salí-Dulce, para producción de energía, lo cual supone una solución importante para el destino final de este efluente contaminante que se desecha en la cuenca. “Sobre este tema, el mejoramiento o tratamiento de efluentes, en particular sobre la aplicación del PRI y el avance del mismo, vamos a procurar concretar un seminario, que ya se realizó en la provincia de Tucumán, para apuntalar el mejoramiento de efluentes”, dijo.
Requerido sobre el acceso a información puntual y oficial sobre la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, indicó que “hay compromiso de acceder a los mismos en quince días desde la Secretaría de Ambiente”.
Fecha de Publicación: 27/08/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero
El defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, se reunió con el gabinete en pleno de la Secretaría de Ambiente de la Nación que entiende sobre la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, y tras el mismo reveló que “en un marco de cordialidad se reflejó el conocimiento, el profesionalismo y la atención que tienen los funcionarios de la cartera respecto de la segunda cuenca más contaminada en el país, sobre la cual se está trabajando para su recupero integral”.
Los miembros del gabinete le informaron puntualmente a Díaz Achával sobre tres propuestas en el marco del Programa de Reconversión Industrial y su avance, indicándose al respecto que todavía no hay ninguna en vigencia o autorizada, con apoyo financiero de la Nación”.
Planes
Indicaron que “los planes se van a sostener hasta tanto se informe sobre el avance de los mismos y el impacto por contaminación aérea y líquida. Hay mucha expectativa sobre las presentaciones de ingenios y citrícolas”.
Díaz Achával agregó que “la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable tiene el control de los PRI, al cual deben adecuarse las industrias para una producción limpia y sustentable, reflejándose un conocimiento de campo puntual sobre las industrias que están bajo supervisión permanente, con seguimiento de cada caso, incluso de la marcha de las acciones judiciales”.
Subrayó el funcionario que “las empresas que suscribieron el PRI deben cumplir secuencialmente diversas instancias que se ordenan hasta lograr el objetivo que se busca. Hay importante adhesión de empresas, que se adecuan a un presupuesto y a un plazo de ejecución del PRI y, de ser necesario, con apoyo de fondos de la Nación, con tasa preferencial”.
Estudian la disposición de la vinaza
Martín Díaz Achával puntualizó que la Secretaría de Ambiente está avanzando en el estudio de la utilización final de la vinaza, que desechan los ingenios con alto impacto de contaminación de la cuenca Salí-Dulce, para producción de energía, lo cual supone una solución importante para el destino final de este efluente contaminante que se desecha en la cuenca. “Sobre este tema, el mejoramiento o tratamiento de efluentes, en particular sobre la aplicación del PRI y el avance del mismo, vamos a procurar concretar un seminario, que ya se realizó en la provincia de Tucumán, para apuntalar el mejoramiento de efluentes”, dijo.
Requerido sobre el acceso a información puntual y oficial sobre la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, indicó que “hay compromiso de acceder a los mismos en quince días desde la Secretaría de Ambiente”.
Chaco: consecuencias de los agroquímicos
Trataron las graves consecuencias de agroquímicos para la salud
Fecha de Publicación: 26/08/2009
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) tuvo a su cargo la organización de una Jornada sobre las consecuencias de los agroquímicos en la salud humana y ambiental.
Alrededor de cuarenta personas, periodistas, técnicos y pobladores rurales, participaron recientemente de una Jornada sobre consecuencias del uso de agroquímicos realizada en el Auditorio que la Asociación de Magistrados Judiciales tiene en Resistencia.
El encuentro fue organizado por INCUPO, el Instituto de Cultura Popular y apuntaba a conocer la problemática de las poblaciones rurales afectadas por el uso de agroquímicos y acceder a conocimientos científicos acerca del efecto de los mismos sobre el ambiente y las personas.
En el comienzo, pobladores de la zona de Loma Sené, Formosa y del Departamento Bermejo plantearon los graves daños sufridos por las fumigaciones masivas con agrotóxicos.
“A mi hijo le diagnosticaron hace unos años leucemina, cáncer de médula ósea” relató Laura Mazitelli, vecina de La Leonesa. “Los médicos me dijeron que la enfermedad estaba relacionada a los agroquímicos, y ahí me sentí culpable porque yo misma sacaba a mi hijo al patio para que mire la avioneta que pasaba frente al patio de casa fumigando la soja. No teníamos idea del peligro que corría nuestra salud”, agregó.
A su turno, Teodoro Fernández, campesino formoseño relató que en el año 2003, "el día anterior habían estado fumigando la soja “guacha” con glifosato y 2,4 D. Por la mañana amanecieron nuestros cultivos como si estuvieran quemados. Nos salieron ronchas en el cuerpo, algunos tuvimos vómitos y dolores de cabeza. Y en este último tiempo comenzaron a aparecer muchos casos de leucemia en la zona”
A los testimonios de pobladores afectados le siguió la presentación del doctor Horacio Lucero, exponiendo los resultados de su arduo trabajo de investigación, costeados con sus propios medios por falta de presupuesto.
Señaló que “la mayoría de nuestros pacientes provenían de zonas rurales”- explicó el médico chaqueño. “Comprobamos que los agrotóxicos afectan sobre todo a las mujeres embarazadas. Pueden provocarle abortos, nacimiento de chicos con malformaciones y retrasos en el crecimiento. Chicos que nacen con dedos pegados, sin manos y brazos, con trastornos en el paladar o algún tipo de parálisis, son los casos más comunes que vimos", reveló.
El doctor Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela, fue otro de los disertantes , quién criticó duramente el accionar de los organismos de control del estado, principalmente del SENASA, por aprobar sin estudios serios el ingreso de la soja transgénica al país, con su “paquete tecnológico” integrado por el cuestionado glifosato, principio activo del herbicida Rundap.
“El informe técnico que autoriza el ingreso de la soja transgénica fue redactado en su mayoría por la misma empresa que fabrica el herbicida Rundap, y fue autorizado en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura de la Nación Felipe Solá. El estudio dijo que el glifosato era “levemente tóxico”, pero a comienzos de mes el CONICET estableció que es “altamente tóxico”, explicó Núñez. “¿Es este el modelo de producción que queremos los argentinos, que produce riquezas para unos pocos a un costo altísimo para la salud del ambiente y de las persona?..”, se preguntó al final de su exposición.
En la segunda parte de la jornada, los participantes trabajaron sobre alternativas y estrategias para tratar el tema en los medios de comunicación, en el ambito educativo y en el político.
Desde la comunicación se planteó la realización de una campaña de concientización, que incluya una obra de teatro y la difusión de cuñas y micros radiales ya elaborados por INCUPO. A nivel educativo se propuso incluir la temática en las capacitaciones a docentes rurales y de las ciudades y la elaboración de una cartilla didáctica para ser trabajada con alumnos de nivel primario y secundario.
El grupo que trabajó las estrategias políticas planteó la necesidad de solicitar una audiencia urgente a la subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia para solicitar información acerca de las respuestas del estado frente a las denuncias por contaminación realizadas por pobladores del Departamentp Bermejo y de otros lugares de la provincia.
Se propuso también solicitar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la creación de comisiones de “Ambiente y Biodiversidad”, de manera tal de controlar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre el uso de agrotóxicos en nuestra provincia.
Hace unos años las denuncias sobre contaminación por agrotóxicos eran descalificadas por ámbitos oficiales como “ocurrencias de unos loquitos ambientalistas”.
Pero en los últimos tiempos, gracias al coraje de pobladores que siguieron su lucha y de médicos que investigaron a fondo el problema, las consecuencias de los agrotóxicos están en el centro de la escena.
Se trata de tomar conciencia de los altísimos costos que estamos pagando los argentinos por este modelo de producción, basado en cultivos rentables para la exportación, a costa de la destrucción del ambiente y la contaminación masiva de poblaciones enteras. Y de conocer otros modelos de agricultura, para poder decidir qué ordenamiento territorial queremos para nuestra provincia, para nuestro país.
Fecha de Publicación: 26/08/2009
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) tuvo a su cargo la organización de una Jornada sobre las consecuencias de los agroquímicos en la salud humana y ambiental.
Alrededor de cuarenta personas, periodistas, técnicos y pobladores rurales, participaron recientemente de una Jornada sobre consecuencias del uso de agroquímicos realizada en el Auditorio que la Asociación de Magistrados Judiciales tiene en Resistencia.
El encuentro fue organizado por INCUPO, el Instituto de Cultura Popular y apuntaba a conocer la problemática de las poblaciones rurales afectadas por el uso de agroquímicos y acceder a conocimientos científicos acerca del efecto de los mismos sobre el ambiente y las personas.
En el comienzo, pobladores de la zona de Loma Sené, Formosa y del Departamento Bermejo plantearon los graves daños sufridos por las fumigaciones masivas con agrotóxicos.
“A mi hijo le diagnosticaron hace unos años leucemina, cáncer de médula ósea” relató Laura Mazitelli, vecina de La Leonesa. “Los médicos me dijeron que la enfermedad estaba relacionada a los agroquímicos, y ahí me sentí culpable porque yo misma sacaba a mi hijo al patio para que mire la avioneta que pasaba frente al patio de casa fumigando la soja. No teníamos idea del peligro que corría nuestra salud”, agregó.
A su turno, Teodoro Fernández, campesino formoseño relató que en el año 2003, "el día anterior habían estado fumigando la soja “guacha” con glifosato y 2,4 D. Por la mañana amanecieron nuestros cultivos como si estuvieran quemados. Nos salieron ronchas en el cuerpo, algunos tuvimos vómitos y dolores de cabeza. Y en este último tiempo comenzaron a aparecer muchos casos de leucemia en la zona”
A los testimonios de pobladores afectados le siguió la presentación del doctor Horacio Lucero, exponiendo los resultados de su arduo trabajo de investigación, costeados con sus propios medios por falta de presupuesto.
Señaló que “la mayoría de nuestros pacientes provenían de zonas rurales”- explicó el médico chaqueño. “Comprobamos que los agrotóxicos afectan sobre todo a las mujeres embarazadas. Pueden provocarle abortos, nacimiento de chicos con malformaciones y retrasos en el crecimiento. Chicos que nacen con dedos pegados, sin manos y brazos, con trastornos en el paladar o algún tipo de parálisis, son los casos más comunes que vimos", reveló.
El doctor Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela, fue otro de los disertantes , quién criticó duramente el accionar de los organismos de control del estado, principalmente del SENASA, por aprobar sin estudios serios el ingreso de la soja transgénica al país, con su “paquete tecnológico” integrado por el cuestionado glifosato, principio activo del herbicida Rundap.
“El informe técnico que autoriza el ingreso de la soja transgénica fue redactado en su mayoría por la misma empresa que fabrica el herbicida Rundap, y fue autorizado en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura de la Nación Felipe Solá. El estudio dijo que el glifosato era “levemente tóxico”, pero a comienzos de mes el CONICET estableció que es “altamente tóxico”, explicó Núñez. “¿Es este el modelo de producción que queremos los argentinos, que produce riquezas para unos pocos a un costo altísimo para la salud del ambiente y de las persona?..”, se preguntó al final de su exposición.
En la segunda parte de la jornada, los participantes trabajaron sobre alternativas y estrategias para tratar el tema en los medios de comunicación, en el ambito educativo y en el político.
Desde la comunicación se planteó la realización de una campaña de concientización, que incluya una obra de teatro y la difusión de cuñas y micros radiales ya elaborados por INCUPO. A nivel educativo se propuso incluir la temática en las capacitaciones a docentes rurales y de las ciudades y la elaboración de una cartilla didáctica para ser trabajada con alumnos de nivel primario y secundario.
El grupo que trabajó las estrategias políticas planteó la necesidad de solicitar una audiencia urgente a la subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia para solicitar información acerca de las respuestas del estado frente a las denuncias por contaminación realizadas por pobladores del Departamentp Bermejo y de otros lugares de la provincia.
Se propuso también solicitar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la creación de comisiones de “Ambiente y Biodiversidad”, de manera tal de controlar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre el uso de agrotóxicos en nuestra provincia.
Hace unos años las denuncias sobre contaminación por agrotóxicos eran descalificadas por ámbitos oficiales como “ocurrencias de unos loquitos ambientalistas”.
Pero en los últimos tiempos, gracias al coraje de pobladores que siguieron su lucha y de médicos que investigaron a fondo el problema, las consecuencias de los agrotóxicos están en el centro de la escena.
Se trata de tomar conciencia de los altísimos costos que estamos pagando los argentinos por este modelo de producción, basado en cultivos rentables para la exportación, a costa de la destrucción del ambiente y la contaminación masiva de poblaciones enteras. Y de conocer otros modelos de agricultura, para poder decidir qué ordenamiento territorial queremos para nuestra provincia, para nuestro país.
Fuerte rechazo a las represas en Corrientes
Con un fuerte rechazo a las represas se conformó la Unión Ambientalista de Corrientes
Fecha de Publicación: 25/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ecologistas de toda la provincia se reunieron en Perugorría para conformar la Unión Ambientalista de Corrientes. Fijaron ejes de trabajo y rechazaron la instalación de pasteras y represas.
Con el objetivo de aunar esfuerzos de todas las fundaciones, asociaciones, grupos y personas que luchan por el medio ambiente en la provincia, se conformó el viernes pasado la Asociación Ambientalista de Corrientes (Uamco).
La reunión tuvo lugar en el Club Social de Perugorría, y tras escuchar las palabras y disertaciones sobre la problemática ambiental en la provincia, los presentes resolvieron por unanimidad la creación de la entidad que contenga a todas las agrupaciones, asociaciones y fundaciones de Corrientes, con el fin de tener mayor fuerza y representatividad ante los problemas que aquejan al ambientalismo, respetando la identidad de cada uno de los mismos.
Quedó en claro en cada una de las ponencias, que tuvo en cuenta desde el tema de las represas, las pasteras, la problemática del río Uruguay, la contaminación del Río Paraná y los ríos interiores, entre otros, que los ambientalistas de la Provincia están cada vez más alarmados y preocupados por las claras intenciones de agredir al Medio Ambiente, con grandes impactos ambientales, que traspasarían los limites provinciales por la magnitud de los daños y sus impactos ambientales.
Después de la oratoria de cada representante, quedó constituida la Unión Ambientalista de Corrientes integrada inicialmente por representantes de cada grupo, asociación o fundación ambientalista. La Junta Coordinadora está integrada por Pedro Mujica y Nazario Sánchez de Mocoretá; Luis Schiro y Pablo Di Angelo de Monte Caseros; Ricardo Amarilla y Gustavo Oviedo de Bella Vista; Catalina Zini y Luisa Tomas de Santa Lucía; María de los Angeles Siro y Cristina Rivero de Perugorría; Eduardo Basso del Pont y Javier Bovino de Goya; María Mercedes Vallejos y Horacio Cardozo de Mercedes; Roberto Arce y Fabiana Acuña de Santo Tomé; por Colonia Carlos Pellegrini y representando al Banco de Bosques Emilio Spattaro y por The Conservation Land Trus Sofía Heinonen.
Debido a las distancias, se convino en realizar reuniones generales cada dos meses y en distintos lugares de la provincia, para que además del análisis y coordinación de acciones, éstas tengan un carácter educativo y sirvan para sumar voluntades en cada lugar.
Fecha de Publicación: 25/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ecologistas de toda la provincia se reunieron en Perugorría para conformar la Unión Ambientalista de Corrientes. Fijaron ejes de trabajo y rechazaron la instalación de pasteras y represas.
Con el objetivo de aunar esfuerzos de todas las fundaciones, asociaciones, grupos y personas que luchan por el medio ambiente en la provincia, se conformó el viernes pasado la Asociación Ambientalista de Corrientes (Uamco).
La reunión tuvo lugar en el Club Social de Perugorría, y tras escuchar las palabras y disertaciones sobre la problemática ambiental en la provincia, los presentes resolvieron por unanimidad la creación de la entidad que contenga a todas las agrupaciones, asociaciones y fundaciones de Corrientes, con el fin de tener mayor fuerza y representatividad ante los problemas que aquejan al ambientalismo, respetando la identidad de cada uno de los mismos.
Quedó en claro en cada una de las ponencias, que tuvo en cuenta desde el tema de las represas, las pasteras, la problemática del río Uruguay, la contaminación del Río Paraná y los ríos interiores, entre otros, que los ambientalistas de la Provincia están cada vez más alarmados y preocupados por las claras intenciones de agredir al Medio Ambiente, con grandes impactos ambientales, que traspasarían los limites provinciales por la magnitud de los daños y sus impactos ambientales.
Después de la oratoria de cada representante, quedó constituida la Unión Ambientalista de Corrientes integrada inicialmente por representantes de cada grupo, asociación o fundación ambientalista. La Junta Coordinadora está integrada por Pedro Mujica y Nazario Sánchez de Mocoretá; Luis Schiro y Pablo Di Angelo de Monte Caseros; Ricardo Amarilla y Gustavo Oviedo de Bella Vista; Catalina Zini y Luisa Tomas de Santa Lucía; María de los Angeles Siro y Cristina Rivero de Perugorría; Eduardo Basso del Pont y Javier Bovino de Goya; María Mercedes Vallejos y Horacio Cardozo de Mercedes; Roberto Arce y Fabiana Acuña de Santo Tomé; por Colonia Carlos Pellegrini y representando al Banco de Bosques Emilio Spattaro y por The Conservation Land Trus Sofía Heinonen.
Debido a las distancias, se convino en realizar reuniones generales cada dos meses y en distintos lugares de la provincia, para que además del análisis y coordinación de acciones, éstas tengan un carácter educativo y sirvan para sumar voluntades en cada lugar.
Presentan proyectos contra la desertificación
Presentan proyectos contra la desertificación ante Nación
Fecha de Publicación: 24/08/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de la lucha contra la desertificación, representantes rionegrinos presentaron en Buenos Aires cuatro proyectos puntuales para luchar contra este flagelo que afecta a gran parte de la Patagonia, cuyo objetivo es promover el manejo sustentable de la tierra.
La presentación se realizó en el marco de la reunión del Proyecto Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en Patagonia que se realizó la semana pasada en Buenos Aires. De la misma participó el Subsecretario de Producción y Recursos Naturales de la provincia, Humberto Iglesias, quien con la presentación de los proyectos intenta obtener financiamiento por parte del GEF.
El encuentro, presidido por el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, contó con la presencia del Coordinador Nacional del Proyecto, Severo Fulia, y representantes de las provincias de La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
En este sentido, Iglesias sostuvo que primero se expuso sobre la situación en Río Negro a un año de implementación del GEF, observando que actualmente el programa apoya a otros planes vigentes pero se le dificulta la concreción de resultados en la lucha contra la desertificación.
"Nosotros compartimos con la Nación que el proyecto debe mostrar resultados concretos con productores incorporados al mismo y cantidad de hectáreas sumadas, por ello pedimos se financien proyectos para el ordenamiento del uso de mallines, evaluación y monitoreo de pastizales naturales en bovinos, infraestructura móvil para el manejo sustentable del guanaco y, un proyecto piloto para el ordenamiento de desmonte en xerófilo", explicó.
En contrapartida, Nación propuso la redefinición del proyecto, trabajando conjuntamente con las provincias y los municipios, fortaleciendo el liderazgo de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la SAGPyA e INTA como aliados. De esta forma se fortalecerían las áreas ambientales con financiamiento, aporte de recursos y asistencia técnica, privilegiando la parte productiva.
También en el transcurso del encuentro se realizó la entrega de una camioneta perteneciente al proyecto y se fijó para el próximo viernes la presencia en Viedma del economista ecológico José Gobbi, quien ofrecerá una charla abierta a la comunidad sobre el Pago de Servicios Ambientales (PSA).
Fecha de Publicación: 24/08/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de la lucha contra la desertificación, representantes rionegrinos presentaron en Buenos Aires cuatro proyectos puntuales para luchar contra este flagelo que afecta a gran parte de la Patagonia, cuyo objetivo es promover el manejo sustentable de la tierra.
La presentación se realizó en el marco de la reunión del Proyecto Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en Patagonia que se realizó la semana pasada en Buenos Aires. De la misma participó el Subsecretario de Producción y Recursos Naturales de la provincia, Humberto Iglesias, quien con la presentación de los proyectos intenta obtener financiamiento por parte del GEF.
El encuentro, presidido por el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, contó con la presencia del Coordinador Nacional del Proyecto, Severo Fulia, y representantes de las provincias de La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
En este sentido, Iglesias sostuvo que primero se expuso sobre la situación en Río Negro a un año de implementación del GEF, observando que actualmente el programa apoya a otros planes vigentes pero se le dificulta la concreción de resultados en la lucha contra la desertificación.
"Nosotros compartimos con la Nación que el proyecto debe mostrar resultados concretos con productores incorporados al mismo y cantidad de hectáreas sumadas, por ello pedimos se financien proyectos para el ordenamiento del uso de mallines, evaluación y monitoreo de pastizales naturales en bovinos, infraestructura móvil para el manejo sustentable del guanaco y, un proyecto piloto para el ordenamiento de desmonte en xerófilo", explicó.
En contrapartida, Nación propuso la redefinición del proyecto, trabajando conjuntamente con las provincias y los municipios, fortaleciendo el liderazgo de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la SAGPyA e INTA como aliados. De esta forma se fortalecerían las áreas ambientales con financiamiento, aporte de recursos y asistencia técnica, privilegiando la parte productiva.
También en el transcurso del encuentro se realizó la entrega de una camioneta perteneciente al proyecto y se fijó para el próximo viernes la presencia en Viedma del economista ecológico José Gobbi, quien ofrecerá una charla abierta a la comunidad sobre el Pago de Servicios Ambientales (PSA).
Lucha contra el fuego en Entre Ríos
Prevención y lucha contra el fuego
Fecha de Publicación: 23/08/2009
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Cincuenta agentes de la Policía, que fueron capacitados y equipados, estarían abocados a combatir el fuego primario en tres zonas. El mandatario pondrá en funciones a los agentes que egresarán mañana. Se prevé que el plan sea reformulado cada año.
El gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto reglamentario de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente implementará un plan de prevención y lucha contra incendios.
A su vez, el mandatario pondrá en funciones a un grupo de 50 agentes de la Policía que egresarán mañana, que fueron capacitados y equipados específicamente para estos siniestros y estarán abocados a combatir el fuego primario en tres zonas de la provincia: el Delta norte, con asiento en Victoria; zona sur con asiento en Villa Paranacito; y la zona del corredor del río Uruguay con asiento en Ubajay.
“La reglamentación de esta ley abre un nuevo escenario en cuanto al manejo del fuego en la provincia por lo que comenzaremos a implementar las acciones previstas en la ley”, sostuvo el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo.
En este sentido, precisó que la promulgación de este decreto establece un plazo de 30 días para que se finalice e implemente el Plan de Prevención y Lucha contra el Fuego, que la Secretaría viene elaborando desde hace varios meses junto con organismo privados y públicos relacionados con la temática del fuego.
El funcionario detalló que la ley prevé a tres grandes actores en el manejo del fuego. Por un lado la Secretaría de Medio Ambiente, que es autoridad de aplicación y tiene a su cargo las tareas de planificación, coordinación y prevención de incendios. Una vez que el fuego esté declarado el responsable de las acciones es Defensa Civil municipal, departamental y provincial. Y finalmente, para combatir el fuego primario, estarán abocados los 50 agentes, que egresarán el próximo lunes de la Escuela de Policía de Villaguay, y que fueron capacitados sobre combate de incendios forestales y rurales. Los flamantes agentes recibieron equipamientos por parte de Enersa, por alrededor de un millón de pesos, para desarrollar con mayor efectividad su tarea.
El plan se reformulará cada año, y consistirá en la implementación de acciones de prevención y lucha contra incendios rurales y forestales.
Teniendo en cuenta que la temporada de incendios en la provincia comienza en octubre y termina en marzo, en abril y mayo se generarán las instancias participativas para diseñar y prever acciones para el nuevo plan.
Otros factores
Además el plan tendrá en consideración los factores ecológicos, ambientales y climáticos; recursos humanos, tecnológicos, equipamiento disponible y necesario; fomento y realización de campañas de educación y propaganda preventiva; instalación o reparación de cartelería comunicando las área y la temporada de mayor riesgo de incendios; el cuadro estadístico comparativo para estudiar el comportamiento del fenómeno y la relación humana con él; y la investigación de las causas de los incendios realizada por un profesional habilitado; entre otros aspectos.
Fecha de Publicación: 23/08/2009
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Cincuenta agentes de la Policía, que fueron capacitados y equipados, estarían abocados a combatir el fuego primario en tres zonas. El mandatario pondrá en funciones a los agentes que egresarán mañana. Se prevé que el plan sea reformulado cada año.
El gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto reglamentario de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente implementará un plan de prevención y lucha contra incendios.
A su vez, el mandatario pondrá en funciones a un grupo de 50 agentes de la Policía que egresarán mañana, que fueron capacitados y equipados específicamente para estos siniestros y estarán abocados a combatir el fuego primario en tres zonas de la provincia: el Delta norte, con asiento en Victoria; zona sur con asiento en Villa Paranacito; y la zona del corredor del río Uruguay con asiento en Ubajay.
“La reglamentación de esta ley abre un nuevo escenario en cuanto al manejo del fuego en la provincia por lo que comenzaremos a implementar las acciones previstas en la ley”, sostuvo el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo.
En este sentido, precisó que la promulgación de este decreto establece un plazo de 30 días para que se finalice e implemente el Plan de Prevención y Lucha contra el Fuego, que la Secretaría viene elaborando desde hace varios meses junto con organismo privados y públicos relacionados con la temática del fuego.
El funcionario detalló que la ley prevé a tres grandes actores en el manejo del fuego. Por un lado la Secretaría de Medio Ambiente, que es autoridad de aplicación y tiene a su cargo las tareas de planificación, coordinación y prevención de incendios. Una vez que el fuego esté declarado el responsable de las acciones es Defensa Civil municipal, departamental y provincial. Y finalmente, para combatir el fuego primario, estarán abocados los 50 agentes, que egresarán el próximo lunes de la Escuela de Policía de Villaguay, y que fueron capacitados sobre combate de incendios forestales y rurales. Los flamantes agentes recibieron equipamientos por parte de Enersa, por alrededor de un millón de pesos, para desarrollar con mayor efectividad su tarea.
El plan se reformulará cada año, y consistirá en la implementación de acciones de prevención y lucha contra incendios rurales y forestales.
Teniendo en cuenta que la temporada de incendios en la provincia comienza en octubre y termina en marzo, en abril y mayo se generarán las instancias participativas para diseñar y prever acciones para el nuevo plan.
Otros factores
Además el plan tendrá en consideración los factores ecológicos, ambientales y climáticos; recursos humanos, tecnológicos, equipamiento disponible y necesario; fomento y realización de campañas de educación y propaganda preventiva; instalación o reparación de cartelería comunicando las área y la temporada de mayor riesgo de incendios; el cuadro estadístico comparativo para estudiar el comportamiento del fenómeno y la relación humana con él; y la investigación de las causas de los incendios realizada por un profesional habilitado; entre otros aspectos.
Intiman a YPF por suelos empetrolados
Intiman a YPF por tratamiento de suelos empetrolados
Fecha de Publicación: 23/08/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
La operadora YPF S.A. fue intimada reiteradamente desde la Delegación Zona Norte de la Subsecretaría a cumplir con la legislación y también al pago de diferencias en el pago de la Tasa Ambiental dado que omitió pagar el total del volumen, como también omitió el pago de tasa por los suelos empetrolados a los que se les hace tratamiento de remediación IN SITU.
En la provincia de Santa Cruz el Decreto Provincial 3316/04 anexo X de la Ley 2567 de Residuos Peligrosos establece la categoría de Residuos Petroleros a los suelos con hidrocarburo producto de derrames o piletas mal saneadas, los que son acopiados en sitios habilitados denominados Repositorios, por los cuales se paga una Tasa Ambiental Anual sobre el volumen generado.
Las operadoras tienen un plazo de doce meses para proceder a aplicar técnicas de tratamiento a estos suelos para su posterior reutilización.
Habiendo establecido esa Autoridad de Aplicación una diferencia de $1.992.982 en el pago efectuado por el año 2007. Y en cuanto a la revisión efectuada parcialmente a la fecha por el pago de la tasa del año 2008 se ha determinado una omisión de pago de tasa por tratamiento IN SITU de $750.000 por el área Cañadón Seco. Por lo que se desprende que en el último pago anual efectuado, existe un monto mayor que la operadora omitió abonar, del que se está determinando.
Aparte del pago irregular de la Tasa Anual, existe la falta de tratamiento de los suelos empetrolados acopiados, por lo que se está instruyendo el sumario pertinente y se ha solicitado el cobro de una multa con el agravante del incumplimiento reiterado a lo requerido por la Autoridad de Aplicación.
En los Nueve Repositorios con que cuenta la operadora hay un volumen superior a los 500.000 m3 y están en tratamiento de biorremediación nada más que 105.733 m3 Con el agravante que la diferencia de 400.000 m3 ha excedido el plazo de 12 meses para su tratamiento como marca la Ley.
Suelos sin tratamiento
En el Yacimiento Cañadón León existe una Cantera CL 2 con suelos empetrolados que fueron acopiados en su interior sin ningún tipo de tratamiento, en el cual se observan afloramientos de hidrocarburos. La Delegación Zona Norte efectuó cateos y el posterior muestreo y análisis que determinaron la constitución de residuo petrolero (peligroso), por ello se intimó a la operadora al tratamiento de estos suelos en lugar habilitado, para lo cual se deben retirar de esta cantera donde se estima el volumen total en unos 80.000 m3 aproximadamente que serán cubicados al momento de su tratamiento. Cabe aclarar que estos suelos fueron dispuestos deliberadamente en esta cantera sin previo tratamiento.
Por tal motivo desde la Autoridad de Aplicación se están labrando las actuaciones para el cobro de una multa ejemplar y por supuesto una última intimación para que se efectúe el tratamiento con las técnicas aprobadas por el Estado para la remediación de estos suelos. Este accionar muestra claramente la desidia de la operadora para con el cumplimiento de la legislación vigente y el menosprecio al cuidado del medio ambiente.
Dado que el incumplimiento se debe a la falta de decisión para contratar más equipos y personal para llevar a cabo el tratamiento de estos suelos, siendo en la actualidad ínfima la logística dedicada a estas tareas.
Fecha de Publicación: 23/08/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
La operadora YPF S.A. fue intimada reiteradamente desde la Delegación Zona Norte de la Subsecretaría a cumplir con la legislación y también al pago de diferencias en el pago de la Tasa Ambiental dado que omitió pagar el total del volumen, como también omitió el pago de tasa por los suelos empetrolados a los que se les hace tratamiento de remediación IN SITU.
En la provincia de Santa Cruz el Decreto Provincial 3316/04 anexo X de la Ley 2567 de Residuos Peligrosos establece la categoría de Residuos Petroleros a los suelos con hidrocarburo producto de derrames o piletas mal saneadas, los que son acopiados en sitios habilitados denominados Repositorios, por los cuales se paga una Tasa Ambiental Anual sobre el volumen generado.
Las operadoras tienen un plazo de doce meses para proceder a aplicar técnicas de tratamiento a estos suelos para su posterior reutilización.
Habiendo establecido esa Autoridad de Aplicación una diferencia de $1.992.982 en el pago efectuado por el año 2007. Y en cuanto a la revisión efectuada parcialmente a la fecha por el pago de la tasa del año 2008 se ha determinado una omisión de pago de tasa por tratamiento IN SITU de $750.000 por el área Cañadón Seco. Por lo que se desprende que en el último pago anual efectuado, existe un monto mayor que la operadora omitió abonar, del que se está determinando.
Aparte del pago irregular de la Tasa Anual, existe la falta de tratamiento de los suelos empetrolados acopiados, por lo que se está instruyendo el sumario pertinente y se ha solicitado el cobro de una multa con el agravante del incumplimiento reiterado a lo requerido por la Autoridad de Aplicación.
En los Nueve Repositorios con que cuenta la operadora hay un volumen superior a los 500.000 m3 y están en tratamiento de biorremediación nada más que 105.733 m3 Con el agravante que la diferencia de 400.000 m3 ha excedido el plazo de 12 meses para su tratamiento como marca la Ley.
Suelos sin tratamiento
En el Yacimiento Cañadón León existe una Cantera CL 2 con suelos empetrolados que fueron acopiados en su interior sin ningún tipo de tratamiento, en el cual se observan afloramientos de hidrocarburos. La Delegación Zona Norte efectuó cateos y el posterior muestreo y análisis que determinaron la constitución de residuo petrolero (peligroso), por ello se intimó a la operadora al tratamiento de estos suelos en lugar habilitado, para lo cual se deben retirar de esta cantera donde se estima el volumen total en unos 80.000 m3 aproximadamente que serán cubicados al momento de su tratamiento. Cabe aclarar que estos suelos fueron dispuestos deliberadamente en esta cantera sin previo tratamiento.
Por tal motivo desde la Autoridad de Aplicación se están labrando las actuaciones para el cobro de una multa ejemplar y por supuesto una última intimación para que se efectúe el tratamiento con las técnicas aprobadas por el Estado para la remediación de estos suelos. Este accionar muestra claramente la desidia de la operadora para con el cumplimiento de la legislación vigente y el menosprecio al cuidado del medio ambiente.
Dado que el incumplimiento se debe a la falta de decisión para contratar más equipos y personal para llevar a cabo el tratamiento de estos suelos, siendo en la actualidad ínfima la logística dedicada a estas tareas.
Once genios contra la contaminación
Once genios argentinos contra la contaminación
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Son estudiantes de Ingeniería Química, resultaron finalistas de un concurso internacional y competirán en Alemania contra equipos de todo el mundo. Si ganan, prometen aplicar su innovación en las zonas más pobres del país.
“Es nuestra oportunidad para solucionar un gran problema de contaminación”, dice Augusto García que tiene 21 años y estudia ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Él, junto a diez chicos de entre 20 y 26 años, todos estudiantes del ITBA, son finalistas del concurso Mondialogo Engineering Award, organizado por Daimler AG –propietaria de la marca Mercedes-Benz en la Argentina– y Unesco. La final se realizará del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Treinta grupos de estudiantes presentarán distintos trabajos que colaboran con el cuidado del medio ambiente. El del participante argentino consiste en un pequeño artefacto que elimina el arsénico de las aguas subterráneas. El aparatito se anexa a las canillas y hace que el agua no dañe a la salud.
“El concurso busca promover el diálogo intercultural, el entendimiento y el intercambio entre personas jóvenes”, asegura Eugenia Guerra, una de las representantes de Mercedes-Benz. Quien resulte ganador se llevará 300 mil euros con los que se financiará la puesta en marcha de la iniciativa.
EXPERIMENTOS. La potabilización del agua y el descarte de arsénico son investigados por el laboratorio desde hace dos años. Sin embargo, el grupo de trabajo se formó en octubre del año pasado, “cuando se presentó la posibilidad económica a través del concurso”, explica María Marta Fidalgo, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Química del ITBA. “Existen otras opciones tecnológicas para remover el arsénico, pero nosotros pensamos una solución para zonas de muy bajos recursos. Además de ser una opción económica es muy fácil de usar”, cuenta.
Las zonas del país elegidas para poner en marcha la prueba piloto son el norte de Mendoza y Santiago del Estero, porque “son las más necesitadas, tienen muchos problemas de contaminación y muy bajos recursos”, explica Javier Figueyra, estudiante de tercer año de ingeniería química. Pero los especialistas explican que la contaminación de aguas con arsénico también puede observarse en algunas zonas del Gran Buenos Aires, como sucede en Junín, Benavídez o en General Pacheco, donde los vecinos acuden a las municipalidades con estudios médicos que confirman el daño producido por la ingesta de aguas contaminadas con arsénico.
Los jóvenes innovadores saben que son muchos los lugares que padecen de la presencia de esa sustancia y por eso coinciden en que su mayor deseo es poder hacer realidad el proyecto “en aquellos lugares en donde se necesite”. Si resultan ganadores, piensan aplicar la técnica no sólo en casas particulares, sino también en clínicas y escuelas. “Es elemental que la gente se sienta involucrada con este trabajo y sea consciente de lo mal que hace tomar agua con arsénico”, dice García, estudiante de cuarto año de ingeniería química. Florencia Tassano Viaña también cursa el cuarto año de la misma carrera y está emocionada por ser parte del proyecto: “Lo primero que escuché es que unos profesores estaban haciendo una convocatoria para saber qué alumnos estaban interesados. Cuando me enteré de que se trataba de remoción de arsénico en agua me entusiasmó mucho más porque tengo familiares en el interior y sufren ese problema”.
UN VENENO INVISIBLE. El arsénico es una sustancia química que se encuentra naturalmente en el subsuelo en diversas regiones del mundo. El país asiático de Bangladesh es, hasta ahora, el más afectado en todo el planeta. El consumo reiterativo y prolongado de agua contaminada con este componente químico es extremadamente nocivo para la salud. La mayoría de las personas enferma sin darse cuenta, porque el agua no tiene ningún olor o sabor extraños. Pero con el tiempo, empiezan a aparecer manchas en la piel, sensación de ardor, cansancio crónico, pérdida de la sensibilidad en las extremidades o gangrena, entre otros síntomas.
Orden judicial para Junín
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó al municipio de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico. Sostuvo que esa sustancia “entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona” y lo instó a comenzar en menos de 90 días acciones contundentes para limpiar el agua. El fallo sienta jurisprudencia. El amparo fue presentado por un grupo de vecinos contra la Municipalidad de Junín. La Corte instó a intervenir en forma “formal y expresa” al ente público de contralor –Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA)– “en aras de establecer un programa que fije un comportamiento definido con adecuada precisión técnica”.
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Son estudiantes de Ingeniería Química, resultaron finalistas de un concurso internacional y competirán en Alemania contra equipos de todo el mundo. Si ganan, prometen aplicar su innovación en las zonas más pobres del país.
“Es nuestra oportunidad para solucionar un gran problema de contaminación”, dice Augusto García que tiene 21 años y estudia ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Él, junto a diez chicos de entre 20 y 26 años, todos estudiantes del ITBA, son finalistas del concurso Mondialogo Engineering Award, organizado por Daimler AG –propietaria de la marca Mercedes-Benz en la Argentina– y Unesco. La final se realizará del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Treinta grupos de estudiantes presentarán distintos trabajos que colaboran con el cuidado del medio ambiente. El del participante argentino consiste en un pequeño artefacto que elimina el arsénico de las aguas subterráneas. El aparatito se anexa a las canillas y hace que el agua no dañe a la salud.
“El concurso busca promover el diálogo intercultural, el entendimiento y el intercambio entre personas jóvenes”, asegura Eugenia Guerra, una de las representantes de Mercedes-Benz. Quien resulte ganador se llevará 300 mil euros con los que se financiará la puesta en marcha de la iniciativa.
EXPERIMENTOS. La potabilización del agua y el descarte de arsénico son investigados por el laboratorio desde hace dos años. Sin embargo, el grupo de trabajo se formó en octubre del año pasado, “cuando se presentó la posibilidad económica a través del concurso”, explica María Marta Fidalgo, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Química del ITBA. “Existen otras opciones tecnológicas para remover el arsénico, pero nosotros pensamos una solución para zonas de muy bajos recursos. Además de ser una opción económica es muy fácil de usar”, cuenta.
Las zonas del país elegidas para poner en marcha la prueba piloto son el norte de Mendoza y Santiago del Estero, porque “son las más necesitadas, tienen muchos problemas de contaminación y muy bajos recursos”, explica Javier Figueyra, estudiante de tercer año de ingeniería química. Pero los especialistas explican que la contaminación de aguas con arsénico también puede observarse en algunas zonas del Gran Buenos Aires, como sucede en Junín, Benavídez o en General Pacheco, donde los vecinos acuden a las municipalidades con estudios médicos que confirman el daño producido por la ingesta de aguas contaminadas con arsénico.
Los jóvenes innovadores saben que son muchos los lugares que padecen de la presencia de esa sustancia y por eso coinciden en que su mayor deseo es poder hacer realidad el proyecto “en aquellos lugares en donde se necesite”. Si resultan ganadores, piensan aplicar la técnica no sólo en casas particulares, sino también en clínicas y escuelas. “Es elemental que la gente se sienta involucrada con este trabajo y sea consciente de lo mal que hace tomar agua con arsénico”, dice García, estudiante de cuarto año de ingeniería química. Florencia Tassano Viaña también cursa el cuarto año de la misma carrera y está emocionada por ser parte del proyecto: “Lo primero que escuché es que unos profesores estaban haciendo una convocatoria para saber qué alumnos estaban interesados. Cuando me enteré de que se trataba de remoción de arsénico en agua me entusiasmó mucho más porque tengo familiares en el interior y sufren ese problema”.
UN VENENO INVISIBLE. El arsénico es una sustancia química que se encuentra naturalmente en el subsuelo en diversas regiones del mundo. El país asiático de Bangladesh es, hasta ahora, el más afectado en todo el planeta. El consumo reiterativo y prolongado de agua contaminada con este componente químico es extremadamente nocivo para la salud. La mayoría de las personas enferma sin darse cuenta, porque el agua no tiene ningún olor o sabor extraños. Pero con el tiempo, empiezan a aparecer manchas en la piel, sensación de ardor, cansancio crónico, pérdida de la sensibilidad en las extremidades o gangrena, entre otros síntomas.
Orden judicial para Junín
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó al municipio de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico. Sostuvo que esa sustancia “entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona” y lo instó a comenzar en menos de 90 días acciones contundentes para limpiar el agua. El fallo sienta jurisprudencia. El amparo fue presentado por un grupo de vecinos contra la Municipalidad de Junín. La Corte instó a intervenir en forma “formal y expresa” al ente público de contralor –Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA)– “en aras de establecer un programa que fije un comportamiento definido con adecuada precisión técnica”.
Condenan a Junín por dar agua con arsénico
La Suprema Corte condenó a Junín por suministrar agua con arsénico
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: InfoEcos
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó a la Municipalidad de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico y le ordenó ajustar la prestación a los niveles que se consideran no dañinos para el consumo humano.
En la sentencia recaída en la causa “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, el máximo tribunal bonaerense ordenó al municipio “ajustar la prestación del servicio de acuerdo a los niveles de calidad establecidos en la Ley 11.820 y el Código Alimentario Argentino, que fijan el límite máximo de arsénico en el agua en 0,05 miligramos por litro (ml/l)”.
Para ello -si al tiempo de la sentencia no se han puesto en marcha medidas conducentes- por unanimidad, la Corte provincial (votos de los Ministros Hitters, Kogan, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud y de Lazzari) determinó que las acciones comiencen en forma inmediata, otorgando un plazo de noventa días corridos para cumplir con lo ordenado.
La sentencia de la Corte revocó la dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, la cual había rechazado el amparo presentado por un grupo de vecinos representantes de los intereses colectivos de los usuarios del sistema de agua potable que suministra la red municipal.
Los fundamentos
En su voto, Hitters afirmó: “Ha quedado demostrado debidamente como lo reconocen las partes mismas que la provisión del servicio de agua en el municipio de Junín excede el límite máximo establecido por la Ley 11.820 y el Código Alimentario Nacional, para el arsénico en el agua, esto es, 0,05 ml/l”; para luego agregar: “Dicha sustancia entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona”.
En cuanto a la normativa invocada por el Municipio, por caso la que autoriza a un cumplimiento "progresivo" de los estándares de potabilidad o aquella que establece la posibilidad de que las autoridades sanitarias competentes admitan valores superiores al 0,05 ml/l de arsénico (si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario) la Corte entendió que dichas disposiciones “... No pueden mantener el efecto de admitir que la accionada, encargada de la provisión de agua, continúe prestando un servicio de calidad inferior a la prevista en el Anexo A del marco regulatorio sancionado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario”.
“Efectos altamente nocivos del arsénico”
Por su parte, el Dr. Soria consideró en su voto que la calificación de "provisorio" que la ley 11.820 establece en torno al límite de 0,05 ml/l, “...No modifica la procedencia de la pretensión, pues de un lado se ha demostrado suficientemente los efectos altamente nocivos del arsénico, del otro, no resulta viable extender sine die el plazo concedido por excepción para la adecuación del servicio a los parámetros indicados, pues en definitiva no se ha acreditado que "la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección" impongan admitir valores distintos”.
Cómo empezó la causa
El 10 de marzo de 2003 una nota publicada por La Verdad dio inicio a la causa que ayer concluyó con la condena de la Suprema Corte bonaerense a la Municipalidad de Junín.
La doctora Cristina Pagano, titular del Laboratorio Hidrológico de Junín, había confirmado en esa nota que el agua potable de Junín tenía el doble de arsénico del límite máximo permitido por ley.
Pagano había destacado que Junín tenía “una situación similar al resto de la provincia”.
La funcionaria municipal afirmó por entonces que “el nivel con el que nos manejamos en Junín está alrededor de 0,10 de arsénico, mientras que la ley establece un máximo de 0,05”.
Sostuvo además que la ley había entrado en plena vigencia en 1999 y que a partir de ese momento se empezó a ver qué municipios estaban en condiciones de cumplir la ley y muchos otros que no.
Respecto del nivel de 0,10 de arsénico en el agua potable de Junín, Pagano había señalado que “no tenemos conocimiento de casos de hidroarsenisismo en las localidades del país donde esta problemática se presenta. Estamos hablando de valores muy superiores, casi diez veces más, a los de Junín”.
Luego de estas declaraciones se inició la causa caratulada “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, en el juzgado de la jueza Atilia Susana Rinaldi, quien dictó una resolución cautelar innovativa, mediante la cual la Municipalidad de Junín, en su calidad de prestadora del servicio, debía arbitrar en un plazo de diez días los medios de purificación del agua potable, bajando los niveles de nitratos y de arsénico. La causa pasó después por sorteo al juzgado del doctor Leopoldo Peralta Mariscal, quien fue más allá y ordenó que los trabajos debían cumplirse en 24 horas.
El fallo fue apelado a la Cámara en lo Civil y Comercial, que revocó la resolución de primera instancia, aunque exhortó a la comuna a la “urgente” elaboración de un proyecto “para reducir los niveles de arsénico”, con el objetivo de que no superen el límite de 0,05 miligramos por litro. El plazo máximo era de cinco años.
La causa penal contra Miguel
Una investigación judicial que se inició en el año 2003 contra el ex intendente de Junín, Abel Miguel, luego de una denuncia por “desobediencia” y “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fue archivada luego de establecer que no había elementos probatorios.
El fiscal en lo Correccional, Sergio Terrón, quien instruyó el expediente después de una denuncia del juez Civil y Comercial Nº 4, Leopoldo Peralta Mariscal, resolvió que no había delito para procesar al ex mandatario comunal.
El caso se inició cuando la calidad del agua de red que consumen los juninenses era investigada por la Justicia ante los elevados niveles de arsénico que se habían detectado. En el juzgado de Peralta Mariscal fue presentado un recurso de amparo y el magistrado ordenó obras públicas tendientes a mejorar la prestación del servicio de agua.
Como los trabajos eran inalcanzables para el municipio por cuestiones económicas, la orden del juez no se cumplió, por lo que Peralta Mariscal denunció a Miguel por el presunto delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en lo Correccional Nº 5, a cargo de Terrón, quien comenzó a investigar si Miguel había incurrido en esos delitos.
El fiscal concluyó las pericias solicitadas en el expediente y ordenó el archivo de la causa al no comprobar ninguna maniobra dolosa del ex jefe comunal. Según consideró, Miguel no podía resolver el problema por el contenido de arsénico en el agua en 24 horas.
Sin embargo, en las conclusiones a las que arribó Terrón, a través de un estudio realizado por la expertos de la Oficina Pericial de la Suprema Corte bonaerense, quedó probado que el contenido de arsénico y nitrato en el agua potable de Junín excedía el valor mínimo permitido -de 0,05 miligramos por litro- establecido por la Ley provincial Nº 11.820.
Qué es el arsénico
El arsénico es un contaminante inorgánico que se encuentra presente en aguas de profundidad y superficiales de diferentes localidades del mundo. Si bien el problema más complejo ha sido observado en Bangladesh (aguas extraídas de acuíferos constituidos por sedimentos no consolidados), donde millones de personas se encuentran expuestas a niveles extremadamente altos de arsénico.
Está claramente reportado que otros países como México, Chile, Vietnam, India, Hungría y Argentina, no se encuentran fuera del problema, presentando una situación altamente preocupante.
En la provincia de Buenos Aires, las aguas subterráneas contaminadas que se utilizan para abastecer a la población, se encuentran en lechos con productos de descomposición de partículas de origen volcánico (cenizas y vidrio).
La elevada concentración de arsénico se correlaciona con un alto nivel de salinidad y la presencia de otros elementos en forma de aniones y oxoaniones (fluoruros, vanadatos, bicarbonatos, boratos, molibdatos) y phs. mayores a 7.
Fecha de Publicación: 22/08/2009
Fuente: InfoEcos
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó a la Municipalidad de Junín por suministrar agua con alto contenido de arsénico y le ordenó ajustar la prestación a los niveles que se consideran no dañinos para el consumo humano.
En la sentencia recaída en la causa “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, el máximo tribunal bonaerense ordenó al municipio “ajustar la prestación del servicio de acuerdo a los niveles de calidad establecidos en la Ley 11.820 y el Código Alimentario Argentino, que fijan el límite máximo de arsénico en el agua en 0,05 miligramos por litro (ml/l)”.
Para ello -si al tiempo de la sentencia no se han puesto en marcha medidas conducentes- por unanimidad, la Corte provincial (votos de los Ministros Hitters, Kogan, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud y de Lazzari) determinó que las acciones comiencen en forma inmediata, otorgando un plazo de noventa días corridos para cumplir con lo ordenado.
La sentencia de la Corte revocó la dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, la cual había rechazado el amparo presentado por un grupo de vecinos representantes de los intereses colectivos de los usuarios del sistema de agua potable que suministra la red municipal.
Los fundamentos
En su voto, Hitters afirmó: “Ha quedado demostrado debidamente como lo reconocen las partes mismas que la provisión del servicio de agua en el municipio de Junín excede el límite máximo establecido por la Ley 11.820 y el Código Alimentario Nacional, para el arsénico en el agua, esto es, 0,05 ml/l”; para luego agregar: “Dicha sustancia entraña un peligro cierto a la salud de los habitantes de la zona”.
En cuanto a la normativa invocada por el Municipio, por caso la que autoriza a un cumplimiento "progresivo" de los estándares de potabilidad o aquella que establece la posibilidad de que las autoridades sanitarias competentes admitan valores superiores al 0,05 ml/l de arsénico (si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario) la Corte entendió que dichas disposiciones “... No pueden mantener el efecto de admitir que la accionada, encargada de la provisión de agua, continúe prestando un servicio de calidad inferior a la prevista en el Anexo A del marco regulatorio sancionado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario”.
“Efectos altamente nocivos del arsénico”
Por su parte, el Dr. Soria consideró en su voto que la calificación de "provisorio" que la ley 11.820 establece en torno al límite de 0,05 ml/l, “...No modifica la procedencia de la pretensión, pues de un lado se ha demostrado suficientemente los efectos altamente nocivos del arsénico, del otro, no resulta viable extender sine die el plazo concedido por excepción para la adecuación del servicio a los parámetros indicados, pues en definitiva no se ha acreditado que "la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección" impongan admitir valores distintos”.
Cómo empezó la causa
El 10 de marzo de 2003 una nota publicada por La Verdad dio inicio a la causa que ayer concluyó con la condena de la Suprema Corte bonaerense a la Municipalidad de Junín.
La doctora Cristina Pagano, titular del Laboratorio Hidrológico de Junín, había confirmado en esa nota que el agua potable de Junín tenía el doble de arsénico del límite máximo permitido por ley.
Pagano había destacado que Junín tenía “una situación similar al resto de la provincia”.
La funcionaria municipal afirmó por entonces que “el nivel con el que nos manejamos en Junín está alrededor de 0,10 de arsénico, mientras que la ley establece un máximo de 0,05”.
Sostuvo además que la ley había entrado en plena vigencia en 1999 y que a partir de ese momento se empezó a ver qué municipios estaban en condiciones de cumplir la ley y muchos otros que no.
Respecto del nivel de 0,10 de arsénico en el agua potable de Junín, Pagano había señalado que “no tenemos conocimiento de casos de hidroarsenisismo en las localidades del país donde esta problemática se presenta. Estamos hablando de valores muy superiores, casi diez veces más, a los de Junín”.
Luego de estas declaraciones se inició la causa caratulada “Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín s/ Amparo”, en el juzgado de la jueza Atilia Susana Rinaldi, quien dictó una resolución cautelar innovativa, mediante la cual la Municipalidad de Junín, en su calidad de prestadora del servicio, debía arbitrar en un plazo de diez días los medios de purificación del agua potable, bajando los niveles de nitratos y de arsénico. La causa pasó después por sorteo al juzgado del doctor Leopoldo Peralta Mariscal, quien fue más allá y ordenó que los trabajos debían cumplirse en 24 horas.
El fallo fue apelado a la Cámara en lo Civil y Comercial, que revocó la resolución de primera instancia, aunque exhortó a la comuna a la “urgente” elaboración de un proyecto “para reducir los niveles de arsénico”, con el objetivo de que no superen el límite de 0,05 miligramos por litro. El plazo máximo era de cinco años.
La causa penal contra Miguel
Una investigación judicial que se inició en el año 2003 contra el ex intendente de Junín, Abel Miguel, luego de una denuncia por “desobediencia” y “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fue archivada luego de establecer que no había elementos probatorios.
El fiscal en lo Correccional, Sergio Terrón, quien instruyó el expediente después de una denuncia del juez Civil y Comercial Nº 4, Leopoldo Peralta Mariscal, resolvió que no había delito para procesar al ex mandatario comunal.
El caso se inició cuando la calidad del agua de red que consumen los juninenses era investigada por la Justicia ante los elevados niveles de arsénico que se habían detectado. En el juzgado de Peralta Mariscal fue presentado un recurso de amparo y el magistrado ordenó obras públicas tendientes a mejorar la prestación del servicio de agua.
Como los trabajos eran inalcanzables para el municipio por cuestiones económicas, la orden del juez no se cumplió, por lo que Peralta Mariscal denunció a Miguel por el presunto delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en lo Correccional Nº 5, a cargo de Terrón, quien comenzó a investigar si Miguel había incurrido en esos delitos.
El fiscal concluyó las pericias solicitadas en el expediente y ordenó el archivo de la causa al no comprobar ninguna maniobra dolosa del ex jefe comunal. Según consideró, Miguel no podía resolver el problema por el contenido de arsénico en el agua en 24 horas.
Sin embargo, en las conclusiones a las que arribó Terrón, a través de un estudio realizado por la expertos de la Oficina Pericial de la Suprema Corte bonaerense, quedó probado que el contenido de arsénico y nitrato en el agua potable de Junín excedía el valor mínimo permitido -de 0,05 miligramos por litro- establecido por la Ley provincial Nº 11.820.
Qué es el arsénico
El arsénico es un contaminante inorgánico que se encuentra presente en aguas de profundidad y superficiales de diferentes localidades del mundo. Si bien el problema más complejo ha sido observado en Bangladesh (aguas extraídas de acuíferos constituidos por sedimentos no consolidados), donde millones de personas se encuentran expuestas a niveles extremadamente altos de arsénico.
Está claramente reportado que otros países como México, Chile, Vietnam, India, Hungría y Argentina, no se encuentran fuera del problema, presentando una situación altamente preocupante.
En la provincia de Buenos Aires, las aguas subterráneas contaminadas que se utilizan para abastecer a la población, se encuentran en lechos con productos de descomposición de partículas de origen volcánico (cenizas y vidrio).
La elevada concentración de arsénico se correlaciona con un alto nivel de salinidad y la presencia de otros elementos en forma de aniones y oxoaniones (fluoruros, vanadatos, bicarbonatos, boratos, molibdatos) y phs. mayores a 7.
Sistema Federal de Áreas Protegidas
Ambiente, Parques Nacionales y COFEMA ponen en marcha el Sistema Federal de Áreas Protegidas
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la intención de cooperar en la conservación y manejo sustentable de Áreas Protegidas y desarrollar una gestión eficaz de nuestro patrimonio natural y cultural, la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS), la Administración de Parques Nacionales (APN) y Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) firmaron un acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos
Se firmó un Acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
La firma tuvo lugar hoy durante el desarrollo de la asamblea ordinaria del COFEMA, que preside el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Luis Basterra. Junto a él, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, suscribieron el compromiso institucional para aportar sus respectivos cuerpos técnicos.
“Apuntamos a una estrategia global de país, apostando a una normativa y a políticas publicas que surjan de la voluntad política, que permitan lograr un aprovechamiento estratégico del ambiente”, señaló Bibiloni. A su vez, el titular de la cartera ambiental destacó el aporte financiero de la Administración de Parques Nacionales “ya que contribuye a una visión integral de los recursos naturales, que comprende el aprovechamiento del turismo sustentable, el legado cultural y la biodiversidad de cada jurisdicción”.
Por su parte el titular de APN, Héctor Espina, destacó que “en lo referente a Áreas Protegidas es necesario fortalecer el Sistema Federal, para que cada provincia este articulada con el objetivo de mejorar la conservación y desarrollo de sus ecosistemas”.
Participaron también del acto, el Ing. Sergio La Rocca, Subsecretario de Planificación y Política Ambiental y los representantes de las carteras ambientales provinciales que integran el COFEMA.
En el marco de los compromisos asumidos como país miembro de la Convención de Biodiversidad, que entiende la necesidad de focalizarse en la protección de ecosistemas en pos del mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de la población local, el acuerdo prevé la financiación de tres componentes: Nuevas Áreas Protegidas, Corredores de Conservación (CC) en el Gran Chaco y en la Estepa Patagónica, y el Fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la intención de cooperar en la conservación y manejo sustentable de Áreas Protegidas y desarrollar una gestión eficaz de nuestro patrimonio natural y cultural, la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS), la Administración de Parques Nacionales (APN) y Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) firmaron un acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos
Se firmó un Acta acuerdo que permitirá proporcionar infraestructura y dotar de recursos humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
humanos a las distintas jurisdicciones con el objetivo de poner en funcionamiento le Sistema Federal de Áreas Protegidas.
La firma tuvo lugar hoy durante el desarrollo de la asamblea ordinaria del COFEMA, que preside el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Luis Basterra. Junto a él, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, suscribieron el compromiso institucional para aportar sus respectivos cuerpos técnicos.
“Apuntamos a una estrategia global de país, apostando a una normativa y a políticas publicas que surjan de la voluntad política, que permitan lograr un aprovechamiento estratégico del ambiente”, señaló Bibiloni. A su vez, el titular de la cartera ambiental destacó el aporte financiero de la Administración de Parques Nacionales “ya que contribuye a una visión integral de los recursos naturales, que comprende el aprovechamiento del turismo sustentable, el legado cultural y la biodiversidad de cada jurisdicción”.
Por su parte el titular de APN, Héctor Espina, destacó que “en lo referente a Áreas Protegidas es necesario fortalecer el Sistema Federal, para que cada provincia este articulada con el objetivo de mejorar la conservación y desarrollo de sus ecosistemas”.
Participaron también del acto, el Ing. Sergio La Rocca, Subsecretario de Planificación y Política Ambiental y los representantes de las carteras ambientales provinciales que integran el COFEMA.
En el marco de los compromisos asumidos como país miembro de la Convención de Biodiversidad, que entiende la necesidad de focalizarse en la protección de ecosistemas en pos del mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de la población local, el acuerdo prevé la financiación de tres componentes: Nuevas Áreas Protegidas, Corredores de Conservación (CC) en el Gran Chaco y en la Estepa Patagónica, y el Fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).
Un lago patagónico deja de ser privado
Un lago patagónico deja de ser privado y vuelve a ser público: Organizaciones sociales reconocen importante avance y advierten
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Río Negro
El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.
No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.
A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.
Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.
El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.
Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población. Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.
Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.
¿Qué hacer con las pilas?
¿Qué hacer con las pilas?
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Nacional
El destino de 10 toneladas de pilas y baterías que se recolectaron en la ciudad de Buenos Aires y que ninguna jurisdicción quiere recibir instalaron la pregunta; la normativa en otros países
Lo primero que hay que destacar es que estas 10 toneladas de pilas y baterías que juntó la Agencia de Protección Ambiental porteña son residuos peligrosos porque contienen cadmio, mercurio y plomo. Este material requiere de una disposición final con un tratamiento especial. Es decir, no se puede enterrar en los rellenos sanitarios que tiene la Ceamse en el área metropolitana. Para su tratamiento es necesaria una tecnología con seguridad que no existe en la Capital.
En el gobierno explicaron que la tecnología que se utiliza en las pilas alcalinas descartables cambió y son libres de mercurio por lo que pueden tirarse a la basura sin problemas.
"No es verdad que no se haya considerado el destino final de estas pilas, que por única vez gestiona el Estado, sino que las posibilidades de tratamiento apropiado tuvieron que ser descartadas por motivos políticos y sociales", dijo Graciela Gerola, presidenta de la agencia. "La disposición en el relleno de seguridad de Córdoba era la solución ambientalmente apropiada y técnicamente aprobada. No era necesario pedir autorización local para realizar esta gestión legítima", indicó.
Con las baterías de celulares, las pilas recargables o las baterías de autos la cuestión es distinta. El destino final de este tipo de productos, denominados secundarios, debe ser asumido por el fabricante .
Eugenia Testa, coordinadora de la unidad política de Greenpeace indicó: "Nosotros apoyamos el concepto de responsabilidad extendida del productor. Por eso nos parece un avance el programa porteño, pero creemos que los productores de las pilas no recargables también deben hacerse cargo de lo que fabrican. Entendemos que habría que sacarlas del circuito de residuos porque aunque no tienen mercurio agregado siguen siendo tóxicas".
Testa recordó que en el Senado existe un proyecto de responsabilidad extendida del productor. "Es necesario que se genere una ley nacional que permita que todas las provincias tengan la misma legislación y no que cada jurisdicción tenga su propia normativa", dijo Testa.
Qué se hace en otros países
- En Europa se reciclan las dos clases de pilas.
- En los EEUU se usa el RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation), básicamente comparten los gastos entre todos los fabricantes y crean una empresa mixta. Todas aportan dinero para gestionar el conjunto de las recargables, costo que se traslada al producto final. En lo que respecta a las pilas comunes dependiendo el estado, varía entre quienes las disponen con los residuos domiciliarios y quienes las recolectan para tratamiento. No hay una política uniforme.
- En Madrid, hay un servicio concesionado (lo paga el ayuntamiento) con puntos limpios en lugares fijos (generalmente oficinas públicas o de atención al público) y de puntos limpios móviles (que son camiones que van rotando por los distintos barrios). Todos estos residuos van a lo que aquí se denomina "rellenos de seguridad", que ellos llaman vertedero de inertes, junto con los escombros.
- El tratamiento que se realiza es la inertización y disposición del residuo inertizado.
- En Brasil las pilas comunes que cumplan la normativa respecto de su composición van a la basura domiciliaria.
- En México juntan las pilas recargables y las comunes y las mandan a reciclado o relleno de seguridad :
¿Qué pilas pueden ser descartadas?
Sólo las pilas primarias libres de mercurio. Desde 1993 las pilas alcalinas que se fabrican o ingresan en el país están libres de mercurio agregado, ya que la Ley Nacional 26.184 de energía eléctrica portátil prohíbe la fabricación e importación de pilas alcalinas con mercurio. Las pilas que ingresaron al país con anterioridad a la sanción de la ley, pueden ser comercializadas hasta el año 2010, momento a partir del cual queda prohibida la comercialización de todas las pilas primarias que contengan agregado de mercurio. La prohibición se extiende a las denominadas pilas "moneda o botón" que contengan más del 2% de mercurio. Por ello, es importante evitar el consumo de pilas fabricadas o ingresadas al país antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
¿Cómo se identifican las pilas libres de mercurio?
Los envases o cubiertas de las pilas indican la ausencia de mercurio de diversas formas: "0% Hg", Sin agregado de Hg" o "Sin agregado de mercurio". Sólo aquellas pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios, en forma espaciada, es decir no todas juntas.
No obstante ello, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables o secundarias.
¿Por qué utilizar pilas recargables?
Las pilas recargables pueden durar hasta 5 años, dependiendo de su uso y recarga, lo que equivale varias veces el rendimiento de una pila común. Si bien el costo del equipo de recarga supone una inversión inicial mayor y por única vez, éste se amortiza si se compara con el número de pilas comunes que se evitó comprar.
¿Qué tipos de pilas pueden reciclarse?
Sólo las pilas recargables. Este tipo de pilas no debe desecharse junto a la basura domiciliaria.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Nacional
El destino de 10 toneladas de pilas y baterías que se recolectaron en la ciudad de Buenos Aires y que ninguna jurisdicción quiere recibir instalaron la pregunta; la normativa en otros países
Lo primero que hay que destacar es que estas 10 toneladas de pilas y baterías que juntó la Agencia de Protección Ambiental porteña son residuos peligrosos porque contienen cadmio, mercurio y plomo. Este material requiere de una disposición final con un tratamiento especial. Es decir, no se puede enterrar en los rellenos sanitarios que tiene la Ceamse en el área metropolitana. Para su tratamiento es necesaria una tecnología con seguridad que no existe en la Capital.
En el gobierno explicaron que la tecnología que se utiliza en las pilas alcalinas descartables cambió y son libres de mercurio por lo que pueden tirarse a la basura sin problemas.
"No es verdad que no se haya considerado el destino final de estas pilas, que por única vez gestiona el Estado, sino que las posibilidades de tratamiento apropiado tuvieron que ser descartadas por motivos políticos y sociales", dijo Graciela Gerola, presidenta de la agencia. "La disposición en el relleno de seguridad de Córdoba era la solución ambientalmente apropiada y técnicamente aprobada. No era necesario pedir autorización local para realizar esta gestión legítima", indicó.
Con las baterías de celulares, las pilas recargables o las baterías de autos la cuestión es distinta. El destino final de este tipo de productos, denominados secundarios, debe ser asumido por el fabricante .
Eugenia Testa, coordinadora de la unidad política de Greenpeace indicó: "Nosotros apoyamos el concepto de responsabilidad extendida del productor. Por eso nos parece un avance el programa porteño, pero creemos que los productores de las pilas no recargables también deben hacerse cargo de lo que fabrican. Entendemos que habría que sacarlas del circuito de residuos porque aunque no tienen mercurio agregado siguen siendo tóxicas".
Testa recordó que en el Senado existe un proyecto de responsabilidad extendida del productor. "Es necesario que se genere una ley nacional que permita que todas las provincias tengan la misma legislación y no que cada jurisdicción tenga su propia normativa", dijo Testa.
Qué se hace en otros países
- En Europa se reciclan las dos clases de pilas.
- En los EEUU se usa el RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation), básicamente comparten los gastos entre todos los fabricantes y crean una empresa mixta. Todas aportan dinero para gestionar el conjunto de las recargables, costo que se traslada al producto final. En lo que respecta a las pilas comunes dependiendo el estado, varía entre quienes las disponen con los residuos domiciliarios y quienes las recolectan para tratamiento. No hay una política uniforme.
- En Madrid, hay un servicio concesionado (lo paga el ayuntamiento) con puntos limpios en lugares fijos (generalmente oficinas públicas o de atención al público) y de puntos limpios móviles (que son camiones que van rotando por los distintos barrios). Todos estos residuos van a lo que aquí se denomina "rellenos de seguridad", que ellos llaman vertedero de inertes, junto con los escombros.
- El tratamiento que se realiza es la inertización y disposición del residuo inertizado.
- En Brasil las pilas comunes que cumplan la normativa respecto de su composición van a la basura domiciliaria.
- En México juntan las pilas recargables y las comunes y las mandan a reciclado o relleno de seguridad :
¿Qué pilas pueden ser descartadas?
Sólo las pilas primarias libres de mercurio. Desde 1993 las pilas alcalinas que se fabrican o ingresan en el país están libres de mercurio agregado, ya que la Ley Nacional 26.184 de energía eléctrica portátil prohíbe la fabricación e importación de pilas alcalinas con mercurio. Las pilas que ingresaron al país con anterioridad a la sanción de la ley, pueden ser comercializadas hasta el año 2010, momento a partir del cual queda prohibida la comercialización de todas las pilas primarias que contengan agregado de mercurio. La prohibición se extiende a las denominadas pilas "moneda o botón" que contengan más del 2% de mercurio. Por ello, es importante evitar el consumo de pilas fabricadas o ingresadas al país antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
¿Cómo se identifican las pilas libres de mercurio?
Los envases o cubiertas de las pilas indican la ausencia de mercurio de diversas formas: "0% Hg", Sin agregado de Hg" o "Sin agregado de mercurio". Sólo aquellas pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios, en forma espaciada, es decir no todas juntas.
No obstante ello, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables o secundarias.
¿Por qué utilizar pilas recargables?
Las pilas recargables pueden durar hasta 5 años, dependiendo de su uso y recarga, lo que equivale varias veces el rendimiento de una pila común. Si bien el costo del equipo de recarga supone una inversión inicial mayor y por única vez, éste se amortiza si se compara con el número de pilas comunes que se evitó comprar.
¿Qué tipos de pilas pueden reciclarse?
Sólo las pilas recargables. Este tipo de pilas no debe desecharse junto a la basura domiciliaria.
Etiquetas:
Capital Federal,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
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Trelew: reciclarán los PCB lejos de los barrios
Mac Karthy aceptaría reciclar PCB en la ciudad, pero lejos de los barrios
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Con asombro y desconfianza, así recibió el intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy la noticia que la provincia instalaría en la ciudad una planta dedicada a liberar de PCB los transformadores de toda el Chubut. Asombro porque hasta el momento de hacerse pública la información, en la municipalidad de Trelew no se tenían noticias del tema. Con desconfianza por el clima de malestar que el tema generó en los vecinos, en una instancia previa y cercana a un proceso electoral en el cual los resultados estaban bajo la lupa.
Sereno, por saber que la decisión que tome, será la correcta para la ciudad y en todo caso para la provincia, así Mac Karthy habló de la necesidad de avanzar y cumplir con la deuda ambiental de liberar la ciudad de PCB, llevó tranquilidad a los vecinos e insinuó alguna explicación para lo sucedido.
Para el Intendente hay algo de lo que no hay dudas y en lo cual dice coincidir con los vecinos, y es que “existe una Ley Nacional a la que todos hemos adherido, por la necesidad de eliminar el PCB antes del año 2010. En virtud de ello el gobierno de la Provincia ha tomado la decisión de acompañar a las cooperativas fundamentalmente que tienen transformadores con PCB y trabajar en lograr este objetivo y eliminar el PCB”.
En intendente Mac Karthy reconoce que “nosotros comenzamos con una serie de charlas para avanzar como ciudad en este tema, hasta que salió a la luz pública un borrador que había y que de alguna forma hizo que alguna gente comenzara a tener inquietudes y a tener cierta preocupación”.
Recién allí reconoce el intendente “nos pusimos en contacto con la gente del ministerio que nos explicó de que se trataba y que no había ningún tipo de definición tomada. Entonces nos juntamos con los vecinos del barrio Corradi que eran los que se habían movilizado e interesado en esta problemática y nos pusimos a su disposición para aportar la mayor información posible, información fidedigna, no hacer conjetura sobre hipótesis que no son ciertas”.
Los vecinos recibieron bien la información brindada por el municipio y quedaron conformes con lo dicho en la reunión. Mac Karthy aseguró que en el encuentro quedó claro que “somos concientes de que debemos cumplir con la legislación, y que si se hiciera este tratamiento de PCB en nuestra ciudad, buscaríamos un lugar que no sea residencial, dado que más allá de que son mecanismos que brindan seguridad, queremos evitar generar preocupación en cuanto a que exista algún tipo de contacto con la población”.
Investigar las razones
El momento en el que se conoció la noticia, previo a las elecciones legislativas, no quedó fuera del análisis del intendente, quien aseguró que sintió molestia y malestar. Mac Karthy ensaya sus hipótesis al decir que “habría que investigar bien a ver como es que llega a la luz pública, si realmente había un trabajo concreto o simplemente era un borrador, habría que analizar bien de parte de quien llevó eso a los medios de comunicación y si no había ninguna decisión, tendrían que haber tomado mayores precauciones”.
También dijo “habría que ver quien tuvo en sus manos ese borrador para acercarlo luego a la prensa en forma irresponsable tratando de sacar algún tipo de ventaja o tratando de hacer prevalecer algunos intereses propios. Más allá de eso, yo rescato el contacto directo con nuestros vecinos que están preocupados”.
Después de la tormenta
El inicio de esta polémica desató una serie de desacuerdos entre los vecinos el municipio y el propio ministerio, básicamente por la falta de información sobre el trabajo que se realizaba y la imposibilidad de las autoridades municipales de explicar como se había llegado a esa instancia. Pero lo cierto es que luego del vendaval, no se volvió a tener contacto desde el municipio con el ministerio de Ambiente.
El intendente Mac Karthy explica que “esto lo hablé con el ministro, le manifesté la inquietud, le comenté además la reunión que tuvimos con los vecinos y cual era la preocupación que compartíamos y quedamos en que cuando haya algún grado de avance por supuesto que tenemos que estar al tanto como municipio para poder hacer respetar la palabra que hemos dado a nuestros vecinos de que esto no se haga en ningún lugar que genere preocupación”.
Consultado acerca de si la ciudad de Trelew fue involucrada en el proyecto sin consultarlo previamente, Mac Karthy indicó que “de alguna manera si. Nosotros somos concientes de que tenemos PCB en nuestra ciudad, pero se habló en algún momento de tratar la eliminación del PCB de los transformadores de toda la provincia. Así que creo que Trelew tiene que hacer oír su voz”.
El intendente sumó otra idea al proyecto y es la de hacer valer la localía en caso de recibir el PCB de toda la provincia. En este sentido dijo que se piensa en que “eventualmente si en otros lugares no lo pueden hacer en Trelew tendrán que abonar alguna tasa, algún tipo de gravamen que permita que este tipo de tratamiento al no hacerlo en otro lado y tener que hacerlo acá las otras ciudades también tengan que pagar su impuesto. No es una cuestión recaudatoria, todo lo contrario, acá lo que vamos a preservar es la tranquilidad de nuestra población”.
Fecha de Publicación: 21/08/2009
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Con asombro y desconfianza, así recibió el intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy la noticia que la provincia instalaría en la ciudad una planta dedicada a liberar de PCB los transformadores de toda el Chubut. Asombro porque hasta el momento de hacerse pública la información, en la municipalidad de Trelew no se tenían noticias del tema. Con desconfianza por el clima de malestar que el tema generó en los vecinos, en una instancia previa y cercana a un proceso electoral en el cual los resultados estaban bajo la lupa.
Sereno, por saber que la decisión que tome, será la correcta para la ciudad y en todo caso para la provincia, así Mac Karthy habló de la necesidad de avanzar y cumplir con la deuda ambiental de liberar la ciudad de PCB, llevó tranquilidad a los vecinos e insinuó alguna explicación para lo sucedido.
Para el Intendente hay algo de lo que no hay dudas y en lo cual dice coincidir con los vecinos, y es que “existe una Ley Nacional a la que todos hemos adherido, por la necesidad de eliminar el PCB antes del año 2010. En virtud de ello el gobierno de la Provincia ha tomado la decisión de acompañar a las cooperativas fundamentalmente que tienen transformadores con PCB y trabajar en lograr este objetivo y eliminar el PCB”.
En intendente Mac Karthy reconoce que “nosotros comenzamos con una serie de charlas para avanzar como ciudad en este tema, hasta que salió a la luz pública un borrador que había y que de alguna forma hizo que alguna gente comenzara a tener inquietudes y a tener cierta preocupación”.
Recién allí reconoce el intendente “nos pusimos en contacto con la gente del ministerio que nos explicó de que se trataba y que no había ningún tipo de definición tomada. Entonces nos juntamos con los vecinos del barrio Corradi que eran los que se habían movilizado e interesado en esta problemática y nos pusimos a su disposición para aportar la mayor información posible, información fidedigna, no hacer conjetura sobre hipótesis que no son ciertas”.
Los vecinos recibieron bien la información brindada por el municipio y quedaron conformes con lo dicho en la reunión. Mac Karthy aseguró que en el encuentro quedó claro que “somos concientes de que debemos cumplir con la legislación, y que si se hiciera este tratamiento de PCB en nuestra ciudad, buscaríamos un lugar que no sea residencial, dado que más allá de que son mecanismos que brindan seguridad, queremos evitar generar preocupación en cuanto a que exista algún tipo de contacto con la población”.
Investigar las razones
El momento en el que se conoció la noticia, previo a las elecciones legislativas, no quedó fuera del análisis del intendente, quien aseguró que sintió molestia y malestar. Mac Karthy ensaya sus hipótesis al decir que “habría que investigar bien a ver como es que llega a la luz pública, si realmente había un trabajo concreto o simplemente era un borrador, habría que analizar bien de parte de quien llevó eso a los medios de comunicación y si no había ninguna decisión, tendrían que haber tomado mayores precauciones”.
También dijo “habría que ver quien tuvo en sus manos ese borrador para acercarlo luego a la prensa en forma irresponsable tratando de sacar algún tipo de ventaja o tratando de hacer prevalecer algunos intereses propios. Más allá de eso, yo rescato el contacto directo con nuestros vecinos que están preocupados”.
Después de la tormenta
El inicio de esta polémica desató una serie de desacuerdos entre los vecinos el municipio y el propio ministerio, básicamente por la falta de información sobre el trabajo que se realizaba y la imposibilidad de las autoridades municipales de explicar como se había llegado a esa instancia. Pero lo cierto es que luego del vendaval, no se volvió a tener contacto desde el municipio con el ministerio de Ambiente.
El intendente Mac Karthy explica que “esto lo hablé con el ministro, le manifesté la inquietud, le comenté además la reunión que tuvimos con los vecinos y cual era la preocupación que compartíamos y quedamos en que cuando haya algún grado de avance por supuesto que tenemos que estar al tanto como municipio para poder hacer respetar la palabra que hemos dado a nuestros vecinos de que esto no se haga en ningún lugar que genere preocupación”.
Consultado acerca de si la ciudad de Trelew fue involucrada en el proyecto sin consultarlo previamente, Mac Karthy indicó que “de alguna manera si. Nosotros somos concientes de que tenemos PCB en nuestra ciudad, pero se habló en algún momento de tratar la eliminación del PCB de los transformadores de toda la provincia. Así que creo que Trelew tiene que hacer oír su voz”.
El intendente sumó otra idea al proyecto y es la de hacer valer la localía en caso de recibir el PCB de toda la provincia. En este sentido dijo que se piensa en que “eventualmente si en otros lugares no lo pueden hacer en Trelew tendrán que abonar alguna tasa, algún tipo de gravamen que permita que este tipo de tratamiento al no hacerlo en otro lado y tener que hacerlo acá las otras ciudades también tengan que pagar su impuesto. No es una cuestión recaudatoria, todo lo contrario, acá lo que vamos a preservar es la tranquilidad de nuestra población”.
Prohíben la exportación de surubí y dorados
Prohíben la exportación de surubí y dorados
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Durante la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario se dio marcha atrás con el permiso para exportar surubí y dorado. El director de Recursos Naturales de la Provincia estuvo en el cónclave y aseguró que las medidas no incidirán en Corrientes pues no se realiza pesca industrial.
La semana pasada tuvo lugar en Buenos Aires, la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario, de la que participaron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Además, estuvieron funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Senasa y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En ese marco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Norberto Yauhar, manifestó la voluntad política de esta administración de profundizar, en forma consensuada con las provincias de la cuenca Parano-Platense, las medidas de ordenamiento del sector pesquero fluvial.
En este sentido, dijo que se continuarán y profundizarán los estudios de evaluación biológico-pesquera, se desarrollará la acuicultura con fin de resiembra como alternativa productiva en la medida que el productor lo requiera y se avanzará en la coordinación de los mecanismos de fiscalización central.
Por su parte, las provincias participantes ratificaron el interés de dar continuidad y profundizar en las acciones de la Comisión de Pesca Continental como un ámbito federal para el consenso de las políticas para el sector.
Como resultado de las deliberaciones sobre la información presentada por la Subsecretaría de Pesca y el Senasa, se acordó que el cupo de exportación de sábalo para este año no supere el límite inferior sugerido por los estudios de evaluación en curso. Asimismo, se recomendó reiterar la prohibición de la exportación de otras especies que figuran en el Anexo I del Decreto 931/09: sábalo, surubí, boga y tararira.
En ese sentido, cabe recordar que en julio pasado la presidente de la Nación, Cristina Fernández firmó el Decreto 931/09 donde establecía cupos de exportación de pescado. De acuerdo a lo manifestado por agrupaciones ambientalistas, esa norma autoriza una depredación que dañará el equilibrio ecológico del río.
El director de Recursos Naturales de la Provincia, Sergio Zajarevich estuvo en la reunión de la comisión representando a Corrientes. El funcionario explicó que el debate por los cupos en la giró en torno a prohibición o no de la exportación de surubí como lo solicitó el Gobierno de Santa Fe al igual que organizaciones ambientalistas de varias provincias.
“Las discusiones terminaron a favor de la prohibición y ya no podrá exportarse surubí”, precisó Zajarevich. No obstante, aclaró que la normativa “no incidirá ni en lo más mínimo sobre la actividad correntina porque no encierra emprendimientos dedicados a la pesca industrial de esas especies”.
En ese aspecto, dijo que “en Corrientes rige otro tipo de veda adecuada a la realidad provincial que protege mediante diferentes mecanismos a las especies emblemáticas y en peligro”.
Normativa
Para proveer a la preservación del recurso el Decreto 931/09 además establece que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura evaluará periódicamente el estado de boga, la tararira y el sábado y luego recomendará la extensión de los cupos de exportación.
La norma establece que se establecerá canal rojo para la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando se requiere el control documental y la verificación física de “la mercadería”. Términos que molestaron a organizaciones civiles que pidieron revisar la medida.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Durante la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario se dio marcha atrás con el permiso para exportar surubí y dorado. El director de Recursos Naturales de la Provincia estuvo en el cónclave y aseguró que las medidas no incidirán en Corrientes pues no se realiza pesca industrial.
La semana pasada tuvo lugar en Buenos Aires, la reunión de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario, de la que participaron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Además, estuvieron funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Senasa y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En ese marco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Norberto Yauhar, manifestó la voluntad política de esta administración de profundizar, en forma consensuada con las provincias de la cuenca Parano-Platense, las medidas de ordenamiento del sector pesquero fluvial.
En este sentido, dijo que se continuarán y profundizarán los estudios de evaluación biológico-pesquera, se desarrollará la acuicultura con fin de resiembra como alternativa productiva en la medida que el productor lo requiera y se avanzará en la coordinación de los mecanismos de fiscalización central.
Por su parte, las provincias participantes ratificaron el interés de dar continuidad y profundizar en las acciones de la Comisión de Pesca Continental como un ámbito federal para el consenso de las políticas para el sector.
Como resultado de las deliberaciones sobre la información presentada por la Subsecretaría de Pesca y el Senasa, se acordó que el cupo de exportación de sábalo para este año no supere el límite inferior sugerido por los estudios de evaluación en curso. Asimismo, se recomendó reiterar la prohibición de la exportación de otras especies que figuran en el Anexo I del Decreto 931/09: sábalo, surubí, boga y tararira.
En ese sentido, cabe recordar que en julio pasado la presidente de la Nación, Cristina Fernández firmó el Decreto 931/09 donde establecía cupos de exportación de pescado. De acuerdo a lo manifestado por agrupaciones ambientalistas, esa norma autoriza una depredación que dañará el equilibrio ecológico del río.
El director de Recursos Naturales de la Provincia, Sergio Zajarevich estuvo en la reunión de la comisión representando a Corrientes. El funcionario explicó que el debate por los cupos en la giró en torno a prohibición o no de la exportación de surubí como lo solicitó el Gobierno de Santa Fe al igual que organizaciones ambientalistas de varias provincias.
“Las discusiones terminaron a favor de la prohibición y ya no podrá exportarse surubí”, precisó Zajarevich. No obstante, aclaró que la normativa “no incidirá ni en lo más mínimo sobre la actividad correntina porque no encierra emprendimientos dedicados a la pesca industrial de esas especies”.
En ese aspecto, dijo que “en Corrientes rige otro tipo de veda adecuada a la realidad provincial que protege mediante diferentes mecanismos a las especies emblemáticas y en peligro”.
Normativa
Para proveer a la preservación del recurso el Decreto 931/09 además establece que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura evaluará periódicamente el estado de boga, la tararira y el sábado y luego recomendará la extensión de los cupos de exportación.
La norma establece que se establecerá canal rojo para la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando se requiere el control documental y la verificación física de “la mercadería”. Términos que molestaron a organizaciones civiles que pidieron revisar la medida.
Aborígenes condenados al hambre
Aborígenes condenados al hambre
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En un país que produce alimentos para 330 millones de personas y en una región rica en petróleo y gas, las comunidades aborígenes del norte argentino siguen padeciendo el flagelo del hambre.
El 2 de julio último murió Bartolomé, un niño de 2 años de edad, en el hospital de General Mosconi, provincia de Salta. Pertenecía a una comunidad de aborígenes wichis. Ésta se asienta desde tiempos ancestrales en una zona donde se encuentra una de las dos reservas de gas y petróleo más grandes del país, con 29,9 millones de metros cúbicos de petróleo y 161.748 millones de metros cúbicos de gas, que aprovisionan a varias provincias de nuestro país y a Chile y Brasil.
Salta pertenece, por cierto, a la República Argentina, un país que produce alimentos para 330 millones de personas. Eso en teoría, según el modelo kirchnerista que proclama desde hace seis años su decisión de mejorar la distribución del ingreso y mejorar la mesa de los argentinos.
Pese a los hidrocarburos y a los alimentos, y pese a la protección de la mesa de los argentinos, como afirma con frecuencia la presidenta de la República, Bartolomé murió por "deshidratación grave como consecuencia de un cuadro de desnutrición". Es claro que el pequeño aborigen argentino murió de hambre.
A poca distancia del mismo hospital, dos miembros de la misión wichi Nueva Generación agonizan de hambre, tirados en un desvencijado colchón y a la intemperie. Son Julia Barrios, de 33 años de edad, y su bebé de cinco meses. La paciencia de las comunidades aborígenes parece haber llegado a su fin.
Sus dirigentes advirtieron durante el reciente fin de semana: "La vida de nuestros hijos no se negocia. Hacemos responsables a las autoridades por cualquier otra muerte evitable que ocurra entre nuestros hermanos. No vamos a permitir que se nos muera un solo chico más de hambre, porque si esto ocurre, vamos a volar el gasoducto que pasa debajo de nuestras tierras y que se lleva las riquezas de nuestro subsuelo a razón de 30 millones de metros cúbicos de gas por día".
La advertencia acerca de la voladura del gasoducto se vincula con el proyecto argentino-boliviano de construir un gasoducto que cruzará Salta, Formosa y Chaco, hasta llegar a Santa Fe. Un proyecto con un presupuesto de 1.700 millones de dólares, que, al decir de las comunidades, les producirá mayores perjuicios. Por ello, anunciaron: "Tomamos la válvula cuatro del poliducto que pasa por debajo de nuestras tierras, para que nos reconozcan como los legítimos propietarios de estos terrenos, que pertenecieron a nuestros ancestros".
Esta amenaza no provoca, al parecer, preocupación alguna en Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi, quien afirmó a un medio de la Capital Federal que los wichis y los tobas "son vagos. El problema –dijo– no es el hambre. Es mentira que estos aborígenes estén desnutridos; lo que pasa es que la gran mayoría no quiere trabajar porque son vagos y tienen problemas con el alcohol. Si usted les da mercadería, ellos la venden para comprarse vino, en vez de dársela a la familia".
Sostuvo, además, que se entregan 15 mil pesos mensuales a las comunidades, "pero ellos –agregó– no compraron ni una pala para trabajar la tierra; muchos le tienen alergia al trabajo. Son 10 caciques que se pelean para quedarse con la plata. Como si fueran pocos, cada vez son más, tienen muchos hijos que no pueden mantener; las chicas, a los 12 años, ya quedan embarazadas, porque no se cuidan".
De Ruarte, aliado del gobernador Juan Manuel Urtubey, se recuerda que en abril último sugirió una especie de "limpieza étnica" de los aborígenes, porque convocó a la población de General Mosconi a realizar una "limpieza total" de las organizaciones sociales, de cuyos miembros afirmó que eran "sediciosos, vagos y drogados". Un discurso que, queriéndolo o no, prolonga en el tiempo los innobles estereotipos de la época colonial.
Peor todavía, esto ya no tiene ecos coloniales, porque recuerda bastante a los estereotipos del discurso de la dictadura militar. En cierto modo, algunos políticos norteños siguen ejerciendo una especie de coloniaje sobre los explotados y marginados de esas tierras.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En un país que produce alimentos para 330 millones de personas y en una región rica en petróleo y gas, las comunidades aborígenes del norte argentino siguen padeciendo el flagelo del hambre.
El 2 de julio último murió Bartolomé, un niño de 2 años de edad, en el hospital de General Mosconi, provincia de Salta. Pertenecía a una comunidad de aborígenes wichis. Ésta se asienta desde tiempos ancestrales en una zona donde se encuentra una de las dos reservas de gas y petróleo más grandes del país, con 29,9 millones de metros cúbicos de petróleo y 161.748 millones de metros cúbicos de gas, que aprovisionan a varias provincias de nuestro país y a Chile y Brasil.
Salta pertenece, por cierto, a la República Argentina, un país que produce alimentos para 330 millones de personas. Eso en teoría, según el modelo kirchnerista que proclama desde hace seis años su decisión de mejorar la distribución del ingreso y mejorar la mesa de los argentinos.
Pese a los hidrocarburos y a los alimentos, y pese a la protección de la mesa de los argentinos, como afirma con frecuencia la presidenta de la República, Bartolomé murió por "deshidratación grave como consecuencia de un cuadro de desnutrición". Es claro que el pequeño aborigen argentino murió de hambre.
A poca distancia del mismo hospital, dos miembros de la misión wichi Nueva Generación agonizan de hambre, tirados en un desvencijado colchón y a la intemperie. Son Julia Barrios, de 33 años de edad, y su bebé de cinco meses. La paciencia de las comunidades aborígenes parece haber llegado a su fin.
Sus dirigentes advirtieron durante el reciente fin de semana: "La vida de nuestros hijos no se negocia. Hacemos responsables a las autoridades por cualquier otra muerte evitable que ocurra entre nuestros hermanos. No vamos a permitir que se nos muera un solo chico más de hambre, porque si esto ocurre, vamos a volar el gasoducto que pasa debajo de nuestras tierras y que se lleva las riquezas de nuestro subsuelo a razón de 30 millones de metros cúbicos de gas por día".
La advertencia acerca de la voladura del gasoducto se vincula con el proyecto argentino-boliviano de construir un gasoducto que cruzará Salta, Formosa y Chaco, hasta llegar a Santa Fe. Un proyecto con un presupuesto de 1.700 millones de dólares, que, al decir de las comunidades, les producirá mayores perjuicios. Por ello, anunciaron: "Tomamos la válvula cuatro del poliducto que pasa por debajo de nuestras tierras, para que nos reconozcan como los legítimos propietarios de estos terrenos, que pertenecieron a nuestros ancestros".
Esta amenaza no provoca, al parecer, preocupación alguna en Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi, quien afirmó a un medio de la Capital Federal que los wichis y los tobas "son vagos. El problema –dijo– no es el hambre. Es mentira que estos aborígenes estén desnutridos; lo que pasa es que la gran mayoría no quiere trabajar porque son vagos y tienen problemas con el alcohol. Si usted les da mercadería, ellos la venden para comprarse vino, en vez de dársela a la familia".
Sostuvo, además, que se entregan 15 mil pesos mensuales a las comunidades, "pero ellos –agregó– no compraron ni una pala para trabajar la tierra; muchos le tienen alergia al trabajo. Son 10 caciques que se pelean para quedarse con la plata. Como si fueran pocos, cada vez son más, tienen muchos hijos que no pueden mantener; las chicas, a los 12 años, ya quedan embarazadas, porque no se cuidan".
De Ruarte, aliado del gobernador Juan Manuel Urtubey, se recuerda que en abril último sugirió una especie de "limpieza étnica" de los aborígenes, porque convocó a la población de General Mosconi a realizar una "limpieza total" de las organizaciones sociales, de cuyos miembros afirmó que eran "sediciosos, vagos y drogados". Un discurso que, queriéndolo o no, prolonga en el tiempo los innobles estereotipos de la época colonial.
Peor todavía, esto ya no tiene ecos coloniales, porque recuerda bastante a los estereotipos del discurso de la dictadura militar. En cierto modo, algunos políticos norteños siguen ejerciendo una especie de coloniaje sobre los explotados y marginados de esas tierras.
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