Garré le declaró la guerra al yuyo
14:07 | 
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Garré le declaró la guerra al yuyo
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
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Pasivo ambiental en la cuenca neuquina
La Corte Suprema cita a gobiernos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Corrientes complicada por los incendios
Corrientes es la provincia del NEA más complicada por los incendios
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Con 82 focos ígneos, es crítico el escenario en los campos correntinos. La sequía es el principal factor de riesgo, por eso la lluvia que cayó ayer sobre la costa del Uruguay colaboró para controlar algunos focos. Por el estado de alerta, piden que no se hagan quemas en los pastizales.
Corrientes es una de las tres provincias del Litoral, junto con Misiones y Santa Fe, que está siendo castigada por los incendios rurales. Sin embargo, con 82 focos ígneos, el Taragüí se posiciona como el punto más crítico de la geografía regional, de acuerdo al informe brindado por el área de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia.
Con la sequía como uno de los factores fundamentales en la causal de esta serie de incendios que se multiplican diariamente en decenas de campos, desde la Dirección de Defensa Civil provincial reiteraron el pedido, casi desesperado, para que los pobladores no realicen las denominadas “quemas controladas”.
De todas maneras, para contrarrestar los efectos del déficit hídrico, en la costa del río Uruguay se registraron precipitaciones que ayudaron a controlar algunos focos de fuego que se reavivaron cuando cambió la dirección del viento.
Los cuarteles que están trabajando en los puntos más complicados recibieron ayer el informe del organismo de Análisis de Riesgo junto con los pronósticos climáticos para que puedan trabajar en base a los dictados del tiempo. Además, desde Defensa Civil se emitió el estado de alerta a la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional para que den aviso ante cualquier foco que detecten en sus áreas de acción y para que puedan prestar colaboración a los bomberos que se vieron superados en su capacidad operativa por el incremento de los focos.
Las zonas en que se registraron los focos de mayor magnitud son el paraje Yahaveré de Concepción, en la zona de los Esteros del Iberá, en Cañada del Toro en el departamento de San Luis del Palmar, en el departamento de General Paz; y en la zona de Villa Olivari se montó una guardia de cenizas para que el cambio del viento no reavive el fuego.
Por su parte, Carlos Jacobo, del departamento de Protección Ambiental y Forestal, aseguró que la situación de los incendios está siendo controlada. “Tenemos por suerte la novedad de que en la costa del Uruguay está lloviendo, lo que nos sorprendió gratamente y en el resto de la provincia no tenemos novedades que alarmen lo que sí algunos focos que no implican peligro para la población ni para algún patrimonio local”.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Con 82 focos ígneos, es crítico el escenario en los campos correntinos. La sequía es el principal factor de riesgo, por eso la lluvia que cayó ayer sobre la costa del Uruguay colaboró para controlar algunos focos. Por el estado de alerta, piden que no se hagan quemas en los pastizales.
Corrientes es una de las tres provincias del Litoral, junto con Misiones y Santa Fe, que está siendo castigada por los incendios rurales. Sin embargo, con 82 focos ígneos, el Taragüí se posiciona como el punto más crítico de la geografía regional, de acuerdo al informe brindado por el área de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia.
Con la sequía como uno de los factores fundamentales en la causal de esta serie de incendios que se multiplican diariamente en decenas de campos, desde la Dirección de Defensa Civil provincial reiteraron el pedido, casi desesperado, para que los pobladores no realicen las denominadas “quemas controladas”.
De todas maneras, para contrarrestar los efectos del déficit hídrico, en la costa del río Uruguay se registraron precipitaciones que ayudaron a controlar algunos focos de fuego que se reavivaron cuando cambió la dirección del viento.
Los cuarteles que están trabajando en los puntos más complicados recibieron ayer el informe del organismo de Análisis de Riesgo junto con los pronósticos climáticos para que puedan trabajar en base a los dictados del tiempo. Además, desde Defensa Civil se emitió el estado de alerta a la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional para que den aviso ante cualquier foco que detecten en sus áreas de acción y para que puedan prestar colaboración a los bomberos que se vieron superados en su capacidad operativa por el incremento de los focos.
Las zonas en que se registraron los focos de mayor magnitud son el paraje Yahaveré de Concepción, en la zona de los Esteros del Iberá, en Cañada del Toro en el departamento de San Luis del Palmar, en el departamento de General Paz; y en la zona de Villa Olivari se montó una guardia de cenizas para que el cambio del viento no reavive el fuego.
Por su parte, Carlos Jacobo, del departamento de Protección Ambiental y Forestal, aseguró que la situación de los incendios está siendo controlada. “Tenemos por suerte la novedad de que en la costa del Uruguay está lloviendo, lo que nos sorprendió gratamente y en el resto de la provincia no tenemos novedades que alarmen lo que sí algunos focos que no implican peligro para la población ni para algún patrimonio local”.
Zoológico: La Justicia comenzó a investigar
Zoológico: La Justicia comenzó a investigar de oficio las denuncias
Fecha de Publicación: 19/04/2009
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Lo integrantes de la Red Animalista Mendoza (RAE), que tomaron las imágenes en el zoológico mendocino, declararon en la Fiscalía de Instrucción Nº 19. La Justicia comenzó la investigación de oficio debido a las presuntas irregularidades que denuncia la ONG.
Luego que MDZ difundiera las impactantes imágenes del Zoo, la Justicia comenzó una investigación de oficio sobre el posible desmanejo y desidia que existe en el paseo del Cerro de la Gloria, ahora tristemente conocido como el zoo del terror. Los integrantes de la ONG denunciante, que filmaron y fotografiaron el estado en que se encuentran los animales, declaron como testigos y aportaron el material que certificó un escribano público.
Todo el país se conmovió por las fotografías y videos que este diario difundió, a tal punto que otros medios locales se hicieron eco de la publicación. Además, luego se conoció, también por este diario, que el Zoo trasladó a animales a una granja que maneja la esposa del ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, situación que mereció una investigación de Fiscalía de Estado.
Pero las imágenes captadas por RAM no sólo conmovieron a los lectores o televidentes, también la Justicia, advritiendo que podrían existir una serie de irregularidades en el Zoo. Por esta razón, la fiscal Virginia Rumbo, de la Fiscalía de Instrucción Nº 19, comenzó una investigación de oficio.
Trascendió que la magistrada caratuló el expediente como "averiguación hecho contra NN". Es decir, las irregularidades están prácticamente constatadas y alguien es el responsable (NN), sólo habrá que determinar quién es.
La ONG tenía planeado denunciar cómo viven (y también mueren) los animales en el espacio dirigido por Oscar Ramírez. El funcionario, que también es candidato a concejal en Capital por el PJ, salió a explicar qué sucedía en el Zoo.
Al parecer, esas declaraciones también llamaron la atención de la fiscal Rumbo que terminó iniciando un expediente para investigar qué sucede en el paseo "recreativo" del Cerro de la Gloria.
Debido a que podría haber más de dos delitos en el Zoo y por el estado público que tomó el caso, la investigación podría quedar a cargo —según fuentes extraoficiales— en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La causa judicial se inició este viernes a las 18 y aparentemente hay mucho por investigar en el Zoo, mientras que el Gobierno se encuentra desconcertado y las explicaciones oficiales no le cierran ni a la Justicia ni a los mendocinos en general.
Fecha de Publicación: 19/04/2009
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Lo integrantes de la Red Animalista Mendoza (RAE), que tomaron las imágenes en el zoológico mendocino, declararon en la Fiscalía de Instrucción Nº 19. La Justicia comenzó la investigación de oficio debido a las presuntas irregularidades que denuncia la ONG.
Luego que MDZ difundiera las impactantes imágenes del Zoo, la Justicia comenzó una investigación de oficio sobre el posible desmanejo y desidia que existe en el paseo del Cerro de la Gloria, ahora tristemente conocido como el zoo del terror. Los integrantes de la ONG denunciante, que filmaron y fotografiaron el estado en que se encuentran los animales, declaron como testigos y aportaron el material que certificó un escribano público.
Todo el país se conmovió por las fotografías y videos que este diario difundió, a tal punto que otros medios locales se hicieron eco de la publicación. Además, luego se conoció, también por este diario, que el Zoo trasladó a animales a una granja que maneja la esposa del ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, situación que mereció una investigación de Fiscalía de Estado.
Pero las imágenes captadas por RAM no sólo conmovieron a los lectores o televidentes, también la Justicia, advritiendo que podrían existir una serie de irregularidades en el Zoo. Por esta razón, la fiscal Virginia Rumbo, de la Fiscalía de Instrucción Nº 19, comenzó una investigación de oficio.
Trascendió que la magistrada caratuló el expediente como "averiguación hecho contra NN". Es decir, las irregularidades están prácticamente constatadas y alguien es el responsable (NN), sólo habrá que determinar quién es.
La ONG tenía planeado denunciar cómo viven (y también mueren) los animales en el espacio dirigido por Oscar Ramírez. El funcionario, que también es candidato a concejal en Capital por el PJ, salió a explicar qué sucedía en el Zoo.
Al parecer, esas declaraciones también llamaron la atención de la fiscal Rumbo que terminó iniciando un expediente para investigar qué sucede en el paseo "recreativo" del Cerro de la Gloria.
Debido a que podría haber más de dos delitos en el Zoo y por el estado público que tomó el caso, la investigación podría quedar a cargo —según fuentes extraoficiales— en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La causa judicial se inició este viernes a las 18 y aparentemente hay mucho por investigar en el Zoo, mientras que el Gobierno se encuentra desconcertado y las explicaciones oficiales no le cierran ni a la Justicia ni a los mendocinos en general.
El cambio climático responsable del dengue
Ocaña responsabiliza al cambio climático por el dengue
Fecha de Publicación: 18/04/2009
Fuente: DyN
Provincia/Región: Nacional
La ministra destacó su influencia en la propagación de la enfermedad. Qué le recomienda a la población. El optimismo de Capitanich.
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, atribuyó hoy al "cambio climático" la propagación del dengue y destacó que ayuda a la proliferación del mosquito causante de ese mal "la deforestación y los basurales a cielo abierto". La funcionaria reclamó a la población que "colabore abriendo puertas y ventanas para permitir la entrada del humo de las fumigaciones en los domicilios, porque no causa problemas a las personas y a las mascotas".
"La deforestación, el crecimiento urbano desorganizado y la existencia de muchos basurales a cielo abierto. Eso no ayuda.
Todo esto merece ser estudiado y evaluado para saber cuáles son los municipios de muy alto, alto y mediano riesgo", afirmó la ministra en declaraciones a radio América.
Ocaña insistió en que "el cambio climático es evidente", como causa de la propagación del dengue y puso como ejemplo que "uno de los lugares de mediano riesgo era Catamarca por el tipo de clima y ahora está cambiando el clima ahí y hay un brote". Además, destacó que en el Chaco se recorrieron 45 mil viviendas como parte de las acciones contra el transmisor del dengue y subrayó que ello "permitió bajar el número de casos a través de un corte de la circulación del vector".
La ministra contó que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, "es muy optimista, porque dicen que en los próximos quince o veinte días se va a llevar a cabo un verdadero cambio".
Hasta ahora el ministerio de Salud reportó 14.598 casos confirmados de dengue autóctono en el país en lo que va de 2009 y confirmó la muerte de 4 personas por la enfermedad.
En tanto, un niño de 4 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente.
Fecha de Publicación: 18/04/2009
Fuente: DyN
Provincia/Región: Nacional
La ministra destacó su influencia en la propagación de la enfermedad. Qué le recomienda a la población. El optimismo de Capitanich.
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, atribuyó hoy al "cambio climático" la propagación del dengue y destacó que ayuda a la proliferación del mosquito causante de ese mal "la deforestación y los basurales a cielo abierto". La funcionaria reclamó a la población que "colabore abriendo puertas y ventanas para permitir la entrada del humo de las fumigaciones en los domicilios, porque no causa problemas a las personas y a las mascotas".
"La deforestación, el crecimiento urbano desorganizado y la existencia de muchos basurales a cielo abierto. Eso no ayuda.
Todo esto merece ser estudiado y evaluado para saber cuáles son los municipios de muy alto, alto y mediano riesgo", afirmó la ministra en declaraciones a radio América.
Ocaña insistió en que "el cambio climático es evidente", como causa de la propagación del dengue y puso como ejemplo que "uno de los lugares de mediano riesgo era Catamarca por el tipo de clima y ahora está cambiando el clima ahí y hay un brote". Además, destacó que en el Chaco se recorrieron 45 mil viviendas como parte de las acciones contra el transmisor del dengue y subrayó que ello "permitió bajar el número de casos a través de un corte de la circulación del vector".
La ministra contó que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, "es muy optimista, porque dicen que en los próximos quince o veinte días se va a llevar a cabo un verdadero cambio".
Hasta ahora el ministerio de Salud reportó 14.598 casos confirmados de dengue autóctono en el país en lo que va de 2009 y confirmó la muerte de 4 personas por la enfermedad.
En tanto, un niño de 4 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente.
Pesticidas peligrosos en verduras en Córdoba
Hallan pesticidas peligrosos en verduras del Abasto
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
También en frutas. Lo determinó un estudio encargado por el fiscal Carlos Matheu. Tres quinteros y un funcionario del Senasa fueron imputados.
Una investigación de oficio realizada por el fiscal Carlos Matheu determinó que algunas frutas y verduras comercializadas en el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba tenían restos de plaguicidas por encima de los valores permitidos.
Con esta prueba, el fiscal inició una denuncia penal por envenenamiento contra tres quinteros y por omisión de los deberes de funcionario público contra el responsable en la provincia del Senasa, Jorge Gerhauser.
A pesar de estar reglamentado por ley, nunca se realizaron estudios de plaguicidas en el Mercado de Abastos, según reconoció el director de Ferias y Mercados municipal, Nicolás García, en una nota publicada por La Voz del Interior el 12 de febrero pasado.
Este artículo, que destacaba la necesidad de controlar la situación según un informe del Foro Ambiental Córdoba, fue el que motivó a Matheu a iniciar la investigación de oficio.
Ya fueron indagados los quinteros Roberto Maestre y Martín Velázquez Tolaba, quienes habrían rechazado toda responsabilidad, al negar que las verduras y frutas analizadas procedían de sus huertas. La figura de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) prevé una pena de prisión de tres a 10 años.
Los estudios fueron encargados a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, institución de referencia en el tema. Se analizó la presencia de clorpirifos y endosulfan, dos peligrosos insecticidas, en muestras de acelga, espinaca, lechuga, manzana, durazno, papa y tomates. De las 19 muestras tomadas al azar, nueve presentaron valores irregulares en acelga, manzana, espinaca y durazno.
Productores se quejan. Carlos Perlo, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Córdoba, adelantó que realizará una presentación ante la Justicia, luego de calificar como una “falta de respeto” a la actuación del fiscal Matheu.
“Me parece fenomenal que la Justicia actúe. Pero el productor, al estar en una economía de subsistencia, no tiene los medios para capacitarse y el Estado hace oídos sordos a esto”, dijo.
El productor denunció que hay un “abandono del sector” por parte de los gobiernos provincial y municipal.
“La sintomatología es silenciosa”
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba y autor del informe que motivó la denuncia, advirtió que hay pruebas sobre las consecuencias que tienen sobre la salud el consumo de pesticidas por largo tiempo.
“No tiene un impacto inmediato, agudo, la sintomatología es silenciosa. Cuando hablamos de residuos de plaguicidas puede haber enfermedades de tipo degenerativo”, subrayó Kopta a LaVoz.com.ar.
Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) los clorpirifos tienen toxicidad moderada. Se le atribuyen altos efectos neurotóxicos y también se los asocia con problemas de asma y endocrinológicos. El endosulfán es altamente tóxico, según la EPA. También es neurotóxico y provoca problemas en el desarrollo, endocrinológicos y reproductivos.
Cabe aclarar que para cada fruta y verdura hay valores permitidos diferentes. En algunos casos, por ejemplo en las verduras de hoja, estos niveles permitidos son muy bajos.
En Internet. El informe se puede consultar en http://ar.geocities.com/foroambientalcba
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
También en frutas. Lo determinó un estudio encargado por el fiscal Carlos Matheu. Tres quinteros y un funcionario del Senasa fueron imputados.
Una investigación de oficio realizada por el fiscal Carlos Matheu determinó que algunas frutas y verduras comercializadas en el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba tenían restos de plaguicidas por encima de los valores permitidos.
Con esta prueba, el fiscal inició una denuncia penal por envenenamiento contra tres quinteros y por omisión de los deberes de funcionario público contra el responsable en la provincia del Senasa, Jorge Gerhauser.
A pesar de estar reglamentado por ley, nunca se realizaron estudios de plaguicidas en el Mercado de Abastos, según reconoció el director de Ferias y Mercados municipal, Nicolás García, en una nota publicada por La Voz del Interior el 12 de febrero pasado.
Este artículo, que destacaba la necesidad de controlar la situación según un informe del Foro Ambiental Córdoba, fue el que motivó a Matheu a iniciar la investigación de oficio.
Ya fueron indagados los quinteros Roberto Maestre y Martín Velázquez Tolaba, quienes habrían rechazado toda responsabilidad, al negar que las verduras y frutas analizadas procedían de sus huertas. La figura de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) prevé una pena de prisión de tres a 10 años.
Los estudios fueron encargados a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, institución de referencia en el tema. Se analizó la presencia de clorpirifos y endosulfan, dos peligrosos insecticidas, en muestras de acelga, espinaca, lechuga, manzana, durazno, papa y tomates. De las 19 muestras tomadas al azar, nueve presentaron valores irregulares en acelga, manzana, espinaca y durazno.
Productores se quejan. Carlos Perlo, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Córdoba, adelantó que realizará una presentación ante la Justicia, luego de calificar como una “falta de respeto” a la actuación del fiscal Matheu.
“Me parece fenomenal que la Justicia actúe. Pero el productor, al estar en una economía de subsistencia, no tiene los medios para capacitarse y el Estado hace oídos sordos a esto”, dijo.
El productor denunció que hay un “abandono del sector” por parte de los gobiernos provincial y municipal.
“La sintomatología es silenciosa”
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba y autor del informe que motivó la denuncia, advirtió que hay pruebas sobre las consecuencias que tienen sobre la salud el consumo de pesticidas por largo tiempo.
“No tiene un impacto inmediato, agudo, la sintomatología es silenciosa. Cuando hablamos de residuos de plaguicidas puede haber enfermedades de tipo degenerativo”, subrayó Kopta a LaVoz.com.ar.
Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) los clorpirifos tienen toxicidad moderada. Se le atribuyen altos efectos neurotóxicos y también se los asocia con problemas de asma y endocrinológicos. El endosulfán es altamente tóxico, según la EPA. También es neurotóxico y provoca problemas en el desarrollo, endocrinológicos y reproductivos.
Cabe aclarar que para cada fruta y verdura hay valores permitidos diferentes. En algunos casos, por ejemplo en las verduras de hoja, estos niveles permitidos son muy bajos.
En Internet. El informe se puede consultar en http://ar.geocities.com/foroambientalcba
Crean una nueva reserva ecológica en Misiones
Crean una nueva reserva ecológica de cuatro mil hectáreas
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Se sumará al Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. Se logró tras un acuerdo entre la empresa Laharrague, la Fundación Frontera Verde y el Gobierno de Misiones. La propiedad será preservada. Solo cinco por ciento se podrá destinar al uso turístico o de explotación económica
Medioambiente. El gobernador firma con Prance el acuerdo de preservación.
Ghillean Prance, una autoridad ecológica mundial, elogió la preservación de Misiones
La Provincia contará con una nueva reserva natural y cultural de cuatro mil hectáreas, conectada al Parque Provincial Moconá dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. El acuerdo para ampliar la zona de preservación se firmó ayer entre el Gobierno de Misiones, la Fundación Frontera Verde representada por sir Ghillean Tolmi Prance de Gran Bretaña y la familia Laharrague, que ya había donado las primeras mil hectáreas en la década del 60 para la creación del Parque Provincial Moconá.
En el acuerdo firmado por el gobernador Maurice Closs se garantiza a perpetuidad el uso de la tierra para las nueve comunidades guaraníes que habitan en el lugar, que cuentan con unos 600 aborígenes.
La nueva reserva conectará con el Moconá y queda un espacio, propiedad de la familia Harriet, que está siendo negociado, para conectar con el parque provincial Esmeralda, en el nucleo de Yabotí. El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones, pero también, si persiste la negativa de Harriet SA de ceder las tierras, se podría avanzar en la declaración de utilidad pública.
Solo cinco por ciento de la nueva reserva podrá ser explotado turísticamente, mientras que el resto se preservará con el único fin de visitas o investigaciones científicas.
A partir de este acuerdo, la Fundación "Frontera Verde" y la empresa "El Moconá S.A." crean una nueva área protegida, la Reserva Natural Cultural Moconá, transfiriendo el 95 por ciento de la superficie del Lote 8 a la Fundación Frontera Verde, lo que implica una superficie aproximada de 4000 hectáreas. La Fundación lo destinará a la creación de un área protegida con características de Reserva Natural Cultural, "donde se implementarán actividades de conservación, restauración e investigación y otras complementarias y compatibles con dichos objetivos, procurando generar condiciones que permitan a las comunidades aborígenes que actualmente allí habitan desarrollar en forma autónoma y sustentable su cultura y tradicional modo de vida", expresa el acuerdo.
En el restante 5 por ciento del inmueble, la empresa desarrollará emprendimientos y actividades con finalidad turística, científica, recreativa y de conservación ambiental, dentro de los parámetros de turismo sustentable", añade el texto.
Se quintuplica la reserva
Sir Ghillean Prance, autoridad mundial en bosques tropicales, botánico y director científico del Eden Project, de Gran Bretaña, elogió el esfuerzo del Gobierno provincial por preservar lo único que queda de selva paranaense. “La selva misionera es la más importante para la preservación y es fundamental la continuidad de los esfuerzos”, dijo el científico, quien inició las negociaciones para ampliar la reserva en el año 2000, con el entonces gobernador Carlos Rovira.
Nicolás Laharrague, el director de Puerto Laharrague, recordó que en 1967 su abuelo, León, junto a Juan Alberto Harriet, fue quien donó las 999 hectáreas para crear el Parque Moconá. “Ahora se quintuplica la extensión”, explicó el ejecutivo que consideró de un “valor inconmensurable” a las propiedades, por estar en medio de la reserva y contener madera nativa y cientos de especies en su forma natural. Laharrague consideró fundamental que el asfalto llegue hasta los saltos del Moconá, porque permitirá que la zona crezca económicamente a través del turismo. “Mucha gente no podía ir por lo lejos y los costos de acceder con una 4x4 y ahora podrán hacerlo”, pronosticó.
Por su parte, el gobernador Maurice Closs señaló que el convenio firmado “ratifica una visión integral de conservación y de armonía con el medioambiente, que es la fortaleza de Misiones”.
“Son pasos de casi diez años que se cristalizan hoy y aumentan de modo exponencial las áreas protegidas a través del esfuerzo compartido del sector público, el privado y por eso mi agradecimiento a la familia Laharrague y a la fundación Frontera Verde, que gestionó los recursos para acceder a las propiedades. Es una obligación continuar con la preservación”, dijo el mandatario.
Además, dejó entrever que si la familia Harriet se niega a ceder las propiedades que permitirían ampliar el corredor verde en el corazón de Yabotí, “existen herramientas legales” para hacerlo.
Además, anticipó que se está trabajando con la fundación Frontera Verde para crear un instituto de Biodiversidad en Iguazú, con el afan de estudiar y preservar la naturaleza en el norte de la provincia.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Se sumará al Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. Se logró tras un acuerdo entre la empresa Laharrague, la Fundación Frontera Verde y el Gobierno de Misiones. La propiedad será preservada. Solo cinco por ciento se podrá destinar al uso turístico o de explotación económica
Medioambiente. El gobernador firma con Prance el acuerdo de preservación.
Ghillean Prance, una autoridad ecológica mundial, elogió la preservación de Misiones
La Provincia contará con una nueva reserva natural y cultural de cuatro mil hectáreas, conectada al Parque Provincial Moconá dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. El acuerdo para ampliar la zona de preservación se firmó ayer entre el Gobierno de Misiones, la Fundación Frontera Verde representada por sir Ghillean Tolmi Prance de Gran Bretaña y la familia Laharrague, que ya había donado las primeras mil hectáreas en la década del 60 para la creación del Parque Provincial Moconá.
En el acuerdo firmado por el gobernador Maurice Closs se garantiza a perpetuidad el uso de la tierra para las nueve comunidades guaraníes que habitan en el lugar, que cuentan con unos 600 aborígenes.
La nueva reserva conectará con el Moconá y queda un espacio, propiedad de la familia Harriet, que está siendo negociado, para conectar con el parque provincial Esmeralda, en el nucleo de Yabotí. El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones, pero también, si persiste la negativa de Harriet SA de ceder las tierras, se podría avanzar en la declaración de utilidad pública.
Solo cinco por ciento de la nueva reserva podrá ser explotado turísticamente, mientras que el resto se preservará con el único fin de visitas o investigaciones científicas.
A partir de este acuerdo, la Fundación "Frontera Verde" y la empresa "El Moconá S.A." crean una nueva área protegida, la Reserva Natural Cultural Moconá, transfiriendo el 95 por ciento de la superficie del Lote 8 a la Fundación Frontera Verde, lo que implica una superficie aproximada de 4000 hectáreas. La Fundación lo destinará a la creación de un área protegida con características de Reserva Natural Cultural, "donde se implementarán actividades de conservación, restauración e investigación y otras complementarias y compatibles con dichos objetivos, procurando generar condiciones que permitan a las comunidades aborígenes que actualmente allí habitan desarrollar en forma autónoma y sustentable su cultura y tradicional modo de vida", expresa el acuerdo.
En el restante 5 por ciento del inmueble, la empresa desarrollará emprendimientos y actividades con finalidad turística, científica, recreativa y de conservación ambiental, dentro de los parámetros de turismo sustentable", añade el texto.
Se quintuplica la reserva
Sir Ghillean Prance, autoridad mundial en bosques tropicales, botánico y director científico del Eden Project, de Gran Bretaña, elogió el esfuerzo del Gobierno provincial por preservar lo único que queda de selva paranaense. “La selva misionera es la más importante para la preservación y es fundamental la continuidad de los esfuerzos”, dijo el científico, quien inició las negociaciones para ampliar la reserva en el año 2000, con el entonces gobernador Carlos Rovira.
Nicolás Laharrague, el director de Puerto Laharrague, recordó que en 1967 su abuelo, León, junto a Juan Alberto Harriet, fue quien donó las 999 hectáreas para crear el Parque Moconá. “Ahora se quintuplica la extensión”, explicó el ejecutivo que consideró de un “valor inconmensurable” a las propiedades, por estar en medio de la reserva y contener madera nativa y cientos de especies en su forma natural. Laharrague consideró fundamental que el asfalto llegue hasta los saltos del Moconá, porque permitirá que la zona crezca económicamente a través del turismo. “Mucha gente no podía ir por lo lejos y los costos de acceder con una 4x4 y ahora podrán hacerlo”, pronosticó.
Por su parte, el gobernador Maurice Closs señaló que el convenio firmado “ratifica una visión integral de conservación y de armonía con el medioambiente, que es la fortaleza de Misiones”.
“Son pasos de casi diez años que se cristalizan hoy y aumentan de modo exponencial las áreas protegidas a través del esfuerzo compartido del sector público, el privado y por eso mi agradecimiento a la familia Laharrague y a la fundación Frontera Verde, que gestionó los recursos para acceder a las propiedades. Es una obligación continuar con la preservación”, dijo el mandatario.
Además, dejó entrever que si la familia Harriet se niega a ceder las propiedades que permitirían ampliar el corredor verde en el corazón de Yabotí, “existen herramientas legales” para hacerlo.
Además, anticipó que se está trabajando con la fundación Frontera Verde para crear un instituto de Biodiversidad en Iguazú, con el afan de estudiar y preservar la naturaleza en el norte de la provincia.
El glifosato llegó a la Corte Suprema
El glifosato llegó a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Los dos nombres emblemáticos
El glifosato es el agrotóxico más conocido de la producción de soja. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Se utilizan en el país unos 170 millones de litros por temporada. El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. La organización Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) lo conoce de cerca: “El insecticida endosulfán es un producto organoclorado que reviste la categoría de contaminante tóxico persistente, que se degrada muy lentamente, permaneciendo años en el medio, y aún se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua, con lo cual puede alcanzar zonas muy alejadas de aquéllas donde se aplica”.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Los dos nombres emblemáticos
El glifosato es el agrotóxico más conocido de la producción de soja. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Se utilizan en el país unos 170 millones de litros por temporada. El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. La organización Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) lo conoce de cerca: “El insecticida endosulfán es un producto organoclorado que reviste la categoría de contaminante tóxico persistente, que se degrada muy lentamente, permaneciendo años en el medio, y aún se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua, con lo cual puede alcanzar zonas muy alejadas de aquéllas donde se aplica”.
Evitar la emisión de gases de la deforestación
Argentina elabora una estrategia nacional para evitar la emisión de gases provenientes de la deforestación
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Nazareno Castillo, aseguró que se encuentra en marcha la creación de una estrategia nacional para la reducción de gases de la deforestación. Esta iniciativa contribuirá “no sólo a mitigar el cambio climático” sino también a “preservar la biodiversidad y la vida de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia”, explicó el funcionario.
Castillo cerró el Curso-Taller "Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD). Metodologías, Opciones y Perspectivas” que se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Nación ante un auditorio de más de cien especialistas de las carteras de Economía, Energía e Industria, entre otros organismos públicos; ONGs y centros académicos.
Actualmente “se encuentra en elaboración una estrategia nacional sobre deforestación evitada”, afirmó Castillo y agregó que para ello, “se abrió una ronda de consultas entre la Secretaría de Ambiente, de Agricultura, la Administración de Parques Nacionales y otras dependencias de Estado” vinculadas a la temática.
El manejo sustentable de los bosques permite “la protección de otros recursos como el suelo o el agua”, indispensable para la vida de numerosas comunidades. En este sentido, la estrategia nacional de REDD, que busca disminuir los gases derivados de la deforestación, junto con la reciente reglamentación de la Ley de Bosques, no sólo “será clave en la lucha contra el calentamiento global” sino también para el bienestar de las comunidades que viven asociadas a los bosques”, expresó el funcionario.
“El mecanismo de REDD es una opción, de bajo costo y a corto plazo, dentro de las políticas de mitigación de emisiones que existen tanto para reducir como para capturar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera”, reseñó Castillo.
En esa línea, durante el año pasado Argentina fue seleccionada para recibir financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF; por sus siglas en inglés) a los fines de generar experiencias y capacidades en REDD, que ayudarán a darle impulso a la temática de cara a la próxima COP 15 en Copenhague, donde se acordará la institucionalidad internacional del mecanismo dentro del nuevo régimen climático.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Nazareno Castillo, aseguró que se encuentra en marcha la creación de una estrategia nacional para la reducción de gases de la deforestación. Esta iniciativa contribuirá “no sólo a mitigar el cambio climático” sino también a “preservar la biodiversidad y la vida de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia”, explicó el funcionario.
Castillo cerró el Curso-Taller "Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD). Metodologías, Opciones y Perspectivas” que se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Nación ante un auditorio de más de cien especialistas de las carteras de Economía, Energía e Industria, entre otros organismos públicos; ONGs y centros académicos.
Actualmente “se encuentra en elaboración una estrategia nacional sobre deforestación evitada”, afirmó Castillo y agregó que para ello, “se abrió una ronda de consultas entre la Secretaría de Ambiente, de Agricultura, la Administración de Parques Nacionales y otras dependencias de Estado” vinculadas a la temática.
El manejo sustentable de los bosques permite “la protección de otros recursos como el suelo o el agua”, indispensable para la vida de numerosas comunidades. En este sentido, la estrategia nacional de REDD, que busca disminuir los gases derivados de la deforestación, junto con la reciente reglamentación de la Ley de Bosques, no sólo “será clave en la lucha contra el calentamiento global” sino también para el bienestar de las comunidades que viven asociadas a los bosques”, expresó el funcionario.
“El mecanismo de REDD es una opción, de bajo costo y a corto plazo, dentro de las políticas de mitigación de emisiones que existen tanto para reducir como para capturar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera”, reseñó Castillo.
En esa línea, durante el año pasado Argentina fue seleccionada para recibir financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF; por sus siglas en inglés) a los fines de generar experiencias y capacidades en REDD, que ayudarán a darle impulso a la temática de cara a la próxima COP 15 en Copenhague, donde se acordará la institucionalidad internacional del mecanismo dentro del nuevo régimen climático.
Ley prohíbe actividad agrícola en islas entrerrianas
Aprobaron la ley que prohíbe la actividad agrícola en islas entrerrianas
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Entre Ríos
Presentaron un proyecto para destinar fondos económicos a las escuelas sitas en las islas de Victoria. La norma busca proteger el humedal del Delta entrerriano
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó ayer el proyecto de ley por el que quedó prohibida la siembra en las islas existentes sobre el delta del río Paraná y sus adyacentes, con la intención de promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
La norma, autoría del diputado justicialista Juan Carlos Almada, comprenderá las islas ubicadas dentro la jurisdicción provincial en el área del delta entrerriano, sean estas de dominio público o privado, que comienza a la altura de la ciudad de Diamante frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe y termina en las islas del Ibicuy.
Los productores o empresas multinacionales “no podrán sembrar trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo, forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual sean estos de alta o baja toxicidad, independientemente de las autorizaciones o restricciones de uso” en la ley vigente.
La legislación apunta a promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del Delta del Paraná. En los argumentos se detalló que “la extensión lineal es de 320 kilómetros, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 kilómetros frente a Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 kilómetros sobre el frente de la desembocadura al río de la Plata”.
Será autoridad de aplicación de la norma la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Recursos Naturales, que quedará facultada para establecer sanciones, coordinar acciones o suscribir convenios específicos de cooperación con otros organismos estatales.
“En Victoria y la zona hay una gran preocupación por este tema. Hay más de 1 millón de hectáreas desde Puerto Gaboto, frente a Diamante hasta el límite con Buenos Aires, y la idea es preservarla. Es que informaciones como la vertida últimamente, sobre el sobre el alto porcentaje de las 190.000 hectáreas de islas que posee la provincia han sido registradas en Catastro por particulares, realmente nos ponen en alerta y nos preocupan”, señaló Almada.
Escuela de islas
El senador por el Departamento Victoria, Carlos Garbelino, presentó ayer un proyecto de Ley en el que se propone crear un fondo específico para mejorar la estructura edilicia de las 11 escuelas ubicada en las Islas del Departamento Victoria y dotarlas del equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento. Este fondo será independiente de los recursos que se les asigne a través del Consejo General de Educación.
Según explicó Garbelino, los fondos saldrían del 40% de lo recaudado por el gobierno provincial en concepto de arrendamientos de las islas fiscales ubicadas en el Departamento Victoria. Dicho porcentaje se calculará previa deducción del monto que corresponda coparticipar al municipio de conformidad a la legislación vigente. Garbelino comentó que en promedio los aportes serían cercanos a los 200.000 pesos por año. La Dirección Departamental de Escuelas de Victoria será la responsable de administrar el fondo, para lo cual tendrá una cuenta bancaria específica en la sucursal Victoria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. El Consejo General de Educación será organismo de supervisión y asesoramiento en relación al fondo creado.
El legislador dejó en claro que la norma sólo alcanza a Victoria. Además explicó que la ley está impulsada “por una necesidad, que es totalmente particular, ya que tenemos un vasto territorio determinado por zona de islas”. También arguyó que con la legislación se “busca dotar con servicios educativos a la zona”, y agregó: “Este es un reclamo permanente de la comunidad educativa de cada una de ellas, por las dificultades notorias que tienen a la hora de funcionar”.
Para Garbelino, la creación del fondo específico significa “un acto de estricta justicia social” y una forma de “redistribuir los recursos que se generan por el arrendamiento de las islas fiscales del Departamento”; de esta manera no se afectan otros presupuestos sino que simplemente se redirecciona un fondo que pertenece a la región.
Sector forestal
Hoy a las 9, en el recinto de la Cámara alta, impulsadas por el senador del Departamento Uruguay, Carlos Schepens, habrá un encuentro en el que autoridades de la Asociación Forestal Argentina harán una presentación para mostrar la situación y potencialidad del sector, que puede ser una herramienta de desarrollo económico y social sostenible.
Los dirigentes que harán la presentación participaron del acto realizado en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la prórroga por 10 años de los alcances de la Ley de Forestación, sancionada en 1999. Se trata de la Ley Nº 25.080, que puso en marcha un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, entre otros aspectos.
En el encuentro de ayer estuvo presente el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Al anunciar la prórroga por una nueva década de la ley, la presidenta sostuvo que “apostar a la actividad forestal es parte del modelo que sostenemos desde 2003, orientado a la reindustrialización del país y, en eso, es clave la actividad maderera”.
Se informó que hoy se darán detalles sobre la importancia de la gestión forestal en la creación de fuentes de empleo. Además uno de los ejes será mostrar cómo el sector tiene un potencial importante para dar respuesta a la crisis económica y medioambiental que golpea sectores del planeta.
Entre Ríos se encuentra en una posición de privilegio para desarrollar bosques cultivados, porque está en una de las regiones del mundo con mayores ventajas para su expansión en el mediano plazo. La creación de bosques cultivados se relaciona con la búsqueda de mecanismos que morigeren el impacto del cambio climático y con la promoción de energía y productos renovables.
Al encuentro han sido invitados también funcionarios de la Secretaría de la Producción.
Sin diputados
La sesión de la Cámara de Diputados que se iba a desarrollar hoy a las 10 fue suspendida hasta la próxima semana, con día y hora a confirmar. En tanto ayer se reunieron las comisiones de Tierras, Código Ambiental, y a la tarde se reunirá la comisión de Salud, a la que asistirá el ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano.
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Entre Ríos
Presentaron un proyecto para destinar fondos económicos a las escuelas sitas en las islas de Victoria. La norma busca proteger el humedal del Delta entrerriano
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó ayer el proyecto de ley por el que quedó prohibida la siembra en las islas existentes sobre el delta del río Paraná y sus adyacentes, con la intención de promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
La norma, autoría del diputado justicialista Juan Carlos Almada, comprenderá las islas ubicadas dentro la jurisdicción provincial en el área del delta entrerriano, sean estas de dominio público o privado, que comienza a la altura de la ciudad de Diamante frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe y termina en las islas del Ibicuy.
Los productores o empresas multinacionales “no podrán sembrar trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo, forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual sean estos de alta o baja toxicidad, independientemente de las autorizaciones o restricciones de uso” en la ley vigente.
La legislación apunta a promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del Delta del Paraná. En los argumentos se detalló que “la extensión lineal es de 320 kilómetros, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 kilómetros frente a Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 kilómetros sobre el frente de la desembocadura al río de la Plata”.
Será autoridad de aplicación de la norma la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Recursos Naturales, que quedará facultada para establecer sanciones, coordinar acciones o suscribir convenios específicos de cooperación con otros organismos estatales.
“En Victoria y la zona hay una gran preocupación por este tema. Hay más de 1 millón de hectáreas desde Puerto Gaboto, frente a Diamante hasta el límite con Buenos Aires, y la idea es preservarla. Es que informaciones como la vertida últimamente, sobre el sobre el alto porcentaje de las 190.000 hectáreas de islas que posee la provincia han sido registradas en Catastro por particulares, realmente nos ponen en alerta y nos preocupan”, señaló Almada.
Escuela de islas
El senador por el Departamento Victoria, Carlos Garbelino, presentó ayer un proyecto de Ley en el que se propone crear un fondo específico para mejorar la estructura edilicia de las 11 escuelas ubicada en las Islas del Departamento Victoria y dotarlas del equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento. Este fondo será independiente de los recursos que se les asigne a través del Consejo General de Educación.
Según explicó Garbelino, los fondos saldrían del 40% de lo recaudado por el gobierno provincial en concepto de arrendamientos de las islas fiscales ubicadas en el Departamento Victoria. Dicho porcentaje se calculará previa deducción del monto que corresponda coparticipar al municipio de conformidad a la legislación vigente. Garbelino comentó que en promedio los aportes serían cercanos a los 200.000 pesos por año. La Dirección Departamental de Escuelas de Victoria será la responsable de administrar el fondo, para lo cual tendrá una cuenta bancaria específica en la sucursal Victoria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. El Consejo General de Educación será organismo de supervisión y asesoramiento en relación al fondo creado.
El legislador dejó en claro que la norma sólo alcanza a Victoria. Además explicó que la ley está impulsada “por una necesidad, que es totalmente particular, ya que tenemos un vasto territorio determinado por zona de islas”. También arguyó que con la legislación se “busca dotar con servicios educativos a la zona”, y agregó: “Este es un reclamo permanente de la comunidad educativa de cada una de ellas, por las dificultades notorias que tienen a la hora de funcionar”.
Para Garbelino, la creación del fondo específico significa “un acto de estricta justicia social” y una forma de “redistribuir los recursos que se generan por el arrendamiento de las islas fiscales del Departamento”; de esta manera no se afectan otros presupuestos sino que simplemente se redirecciona un fondo que pertenece a la región.
Sector forestal
Hoy a las 9, en el recinto de la Cámara alta, impulsadas por el senador del Departamento Uruguay, Carlos Schepens, habrá un encuentro en el que autoridades de la Asociación Forestal Argentina harán una presentación para mostrar la situación y potencialidad del sector, que puede ser una herramienta de desarrollo económico y social sostenible.
Los dirigentes que harán la presentación participaron del acto realizado en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la prórroga por 10 años de los alcances de la Ley de Forestación, sancionada en 1999. Se trata de la Ley Nº 25.080, que puso en marcha un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, entre otros aspectos.
En el encuentro de ayer estuvo presente el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Al anunciar la prórroga por una nueva década de la ley, la presidenta sostuvo que “apostar a la actividad forestal es parte del modelo que sostenemos desde 2003, orientado a la reindustrialización del país y, en eso, es clave la actividad maderera”.
Se informó que hoy se darán detalles sobre la importancia de la gestión forestal en la creación de fuentes de empleo. Además uno de los ejes será mostrar cómo el sector tiene un potencial importante para dar respuesta a la crisis económica y medioambiental que golpea sectores del planeta.
Entre Ríos se encuentra en una posición de privilegio para desarrollar bosques cultivados, porque está en una de las regiones del mundo con mayores ventajas para su expansión en el mediano plazo. La creación de bosques cultivados se relaciona con la búsqueda de mecanismos que morigeren el impacto del cambio climático y con la promoción de energía y productos renovables.
Al encuentro han sido invitados también funcionarios de la Secretaría de la Producción.
Sin diputados
La sesión de la Cámara de Diputados que se iba a desarrollar hoy a las 10 fue suspendida hasta la próxima semana, con día y hora a confirmar. En tanto ayer se reunieron las comisiones de Tierras, Código Ambiental, y a la tarde se reunirá la comisión de Salud, a la que asistirá el ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano.
Grave denuncia contra el zoológico de Mendoza
Grave denuncia contra el zoológico de Mendoza: animales murieron de hambre y se encontraron cadáveres en descomposición.
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: Minutouno
Provincia/Región: Mendoza
Alguna vez fue el orgullo de la provincia de Mendoza, pero hoy el zoológico mendocino ofrece un panorama tétrico: cadáveres de animales apilados uno sobre otro, falta de vallas, agua o alimentos para los que siguen con vida y acumulación de basura.
"Antes de Semana Santa surge el tema de paro de los estatales. Nos preguntamos si los animales estaban comiendo. Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos", relató Soledad Moretti al diario cuyano Los Andes. Pero la acumulación de bolsas de basura y cajas de madera y el mal estado de los animales dio un indicio de que algo no estaba bien.
Durante Semana Santa, los visitantes del Zoológico de Mendoza pudieron ver un espectáculo que se acercaba más al terror que a la educación sobre la vida salvaje: "Una conocida mía vio que en la jaula de los monos había un monito muerto, con la mamá que lo alzaba", explicó Moretti, titular de la Red Animalista de Mendoza.
La organización pro vida silvestre local ingresó con cámaras y con un escribano para dejar constancia del mal estado en el que se encuentra el zoológico provincial. De hecho, en uno de los pasillos -que no estaba vallado- los miembros de la RAM encontraron un mono muerto, que ya no tenía vísceras.
Además se encontraron el cráneo de un rinoceronte dentro de una fosa, varios cadáveres de guanacos y el cuerpo en descomposición de un caballo que habría muerto el domingo de Pascua. Ni siquiera los animales vivos estarían en buenas condiciones. Por ejemplo, el elefante estaba en un terreno solo y sin agua ni comida.
Mientras tanto, el director del zoológico de Mendoza, Oscar Ramírez, anunció una conferencia de prensa para mañana , donde estarían presentes "todo el cuerpo veterinario, el área educativa" y los responsables del cuidado y mantenimiento de animales y visitantes del zoo, según publicó Los Andes.
Por ahora, no sólo fallan los cuidados a los animales, sino que se teme que el lugar se vuelva un foco de infección para la población, en especial los chicos que van a visitar ilusionados el zoológico de su ciudad.
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: Minutouno
Provincia/Región: Mendoza
Alguna vez fue el orgullo de la provincia de Mendoza, pero hoy el zoológico mendocino ofrece un panorama tétrico: cadáveres de animales apilados uno sobre otro, falta de vallas, agua o alimentos para los que siguen con vida y acumulación de basura.
"Antes de Semana Santa surge el tema de paro de los estatales. Nos preguntamos si los animales estaban comiendo. Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos", relató Soledad Moretti al diario cuyano Los Andes. Pero la acumulación de bolsas de basura y cajas de madera y el mal estado de los animales dio un indicio de que algo no estaba bien.
Durante Semana Santa, los visitantes del Zoológico de Mendoza pudieron ver un espectáculo que se acercaba más al terror que a la educación sobre la vida salvaje: "Una conocida mía vio que en la jaula de los monos había un monito muerto, con la mamá que lo alzaba", explicó Moretti, titular de la Red Animalista de Mendoza.
La organización pro vida silvestre local ingresó con cámaras y con un escribano para dejar constancia del mal estado en el que se encuentra el zoológico provincial. De hecho, en uno de los pasillos -que no estaba vallado- los miembros de la RAM encontraron un mono muerto, que ya no tenía vísceras.
Además se encontraron el cráneo de un rinoceronte dentro de una fosa, varios cadáveres de guanacos y el cuerpo en descomposición de un caballo que habría muerto el domingo de Pascua. Ni siquiera los animales vivos estarían en buenas condiciones. Por ejemplo, el elefante estaba en un terreno solo y sin agua ni comida.
Mientras tanto, el director del zoológico de Mendoza, Oscar Ramírez, anunció una conferencia de prensa para mañana , donde estarían presentes "todo el cuerpo veterinario, el área educativa" y los responsables del cuidado y mantenimiento de animales y visitantes del zoo, según publicó Los Andes.
Por ahora, no sólo fallan los cuidados a los animales, sino que se teme que el lugar se vuelva un foco de infección para la población, en especial los chicos que van a visitar ilusionados el zoológico de su ciudad.
Pedirán eliminar fumigaciones
Con una protesta pedirán eliminar fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 14/04/2009
Fuente: Punto Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea "ParenDeFumigarnos" realizará una concentración este miércoles, a partir de las 9, frente al hotel situado en Paso y Alem, donde se estará desarrollando un congreso internacional pro-fumigaciones. En varias zonas del partido de General Pueyrredon hay denuncias por el uso de agroquímicos y su consiguiente riesgo para la salud, la biodiversidad y la cultura.
La actividad continuará el viernes 17 de abril con la proyección de la película "La vida según Monsanto", a las 19.30, en la Biblioteca Juventud Moderna, situada en Diagonal Pueyrredon 3324, 1° piso.
Estudiantes universitarios, profesionales, vecinos, alumnos y docentes de la escuela agropecuaria de Laguna de los Padres que sufrieron intoxicaciones por la fumigación de un campo vecino y ambientalistas, se reúnen desde hace más de seis meses para debatir y encontrar una solución ante una problemática que va en es ascenso. “Nos están fumigando a todos porque estamos comiendo verduras con agrotóxicos, están envenenando a la población que come esa verdura”, aseguraron.
Los miembros de la asamblea de autoconvocados ParenDeFumigarnos aseguran que “no alcanza con que se cobren multas a los que fumigan porque no estamos dispuestos a cambiar salud por dinero. Hay que parar de fumigar", resaltaron.
En Mar del Plata, los vecinos del barrio Santa Isabel han salido a denunciar esta situación y pusieron al descubierto la realidad con la que conviven a diario: enfermedades en la piel y respiratorias, muertes de animales y la indiferencia de los funcionarios de turno. Vivir en terrenos linderos a campos implica sufrir las consecuencias de los agrotóxicos.
Pero también, alertan que lo puede sufrir quienes consumen la cosecha porque no hay inspecciones. En los campos de la zona se fumiga con avioneta y con fumigadoras terrestres, parecidas a los tractores.
Las denuncias de los habitantes del lugar son reiteradas, y de una de ellas, radicada en la Fiscalía de delitos culposos y contra el medio ambiente, a cargo de María Teresa Martínez Ruiz hace más de un año, surge que se está fumigando a los vecinos con glifosato, atracina, acetaclor, entre otros agroquímicos.
La causa, mencionaron los vecinos, se cerró hace tiempo debido a que, según la Justicia , no se encuentran pruebas que indiquen que las fumigaciones realizadas perjudicaron a la salud humana.
En una oportunidad, después de una de las fumigaciones, murieron gallinas, conejos y cachorritos de una perra, y también varios vecinos tuvieron que ir a la salita sanitaria de Chapadmalal.
Desde la Asamblea señalaron que el encargado de controlar la utilización de agroquímicos es el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia. "En la ciudad, hay una Delegación, y el área de control de fumigaciones está a cargo de Cristina Irazábal. Su trabajo consiste en recibir todas las denuncias realizadas ante la Justicia , vinculadas con problemas surgidos por la utilización de agroquímicos, constatar el daño y, si hay infracción, elevar una multa que va desde los $7 mil".
Vecinos y ambientalistas se reunieron con Irazábal, quien les manifestó que “no podía controlar todo ella sola, que las frutas y verduras que se venden en los mercados del rubro no tienen controles sanitarios, aparte se vende mucha de la verdura en negro por lo que es imposible controlar”, recordaron.
Fecha de Publicación: 14/04/2009
Fuente: Punto Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea "ParenDeFumigarnos" realizará una concentración este miércoles, a partir de las 9, frente al hotel situado en Paso y Alem, donde se estará desarrollando un congreso internacional pro-fumigaciones. En varias zonas del partido de General Pueyrredon hay denuncias por el uso de agroquímicos y su consiguiente riesgo para la salud, la biodiversidad y la cultura.
La actividad continuará el viernes 17 de abril con la proyección de la película "La vida según Monsanto", a las 19.30, en la Biblioteca Juventud Moderna, situada en Diagonal Pueyrredon 3324, 1° piso.
Estudiantes universitarios, profesionales, vecinos, alumnos y docentes de la escuela agropecuaria de Laguna de los Padres que sufrieron intoxicaciones por la fumigación de un campo vecino y ambientalistas, se reúnen desde hace más de seis meses para debatir y encontrar una solución ante una problemática que va en es ascenso. “Nos están fumigando a todos porque estamos comiendo verduras con agrotóxicos, están envenenando a la población que come esa verdura”, aseguraron.
Los miembros de la asamblea de autoconvocados ParenDeFumigarnos aseguran que “no alcanza con que se cobren multas a los que fumigan porque no estamos dispuestos a cambiar salud por dinero. Hay que parar de fumigar", resaltaron.
En Mar del Plata, los vecinos del barrio Santa Isabel han salido a denunciar esta situación y pusieron al descubierto la realidad con la que conviven a diario: enfermedades en la piel y respiratorias, muertes de animales y la indiferencia de los funcionarios de turno. Vivir en terrenos linderos a campos implica sufrir las consecuencias de los agrotóxicos.
Pero también, alertan que lo puede sufrir quienes consumen la cosecha porque no hay inspecciones. En los campos de la zona se fumiga con avioneta y con fumigadoras terrestres, parecidas a los tractores.
Las denuncias de los habitantes del lugar son reiteradas, y de una de ellas, radicada en la Fiscalía de delitos culposos y contra el medio ambiente, a cargo de María Teresa Martínez Ruiz hace más de un año, surge que se está fumigando a los vecinos con glifosato, atracina, acetaclor, entre otros agroquímicos.
La causa, mencionaron los vecinos, se cerró hace tiempo debido a que, según la Justicia , no se encuentran pruebas que indiquen que las fumigaciones realizadas perjudicaron a la salud humana.
En una oportunidad, después de una de las fumigaciones, murieron gallinas, conejos y cachorritos de una perra, y también varios vecinos tuvieron que ir a la salita sanitaria de Chapadmalal.
Desde la Asamblea señalaron que el encargado de controlar la utilización de agroquímicos es el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia. "En la ciudad, hay una Delegación, y el área de control de fumigaciones está a cargo de Cristina Irazábal. Su trabajo consiste en recibir todas las denuncias realizadas ante la Justicia , vinculadas con problemas surgidos por la utilización de agroquímicos, constatar el daño y, si hay infracción, elevar una multa que va desde los $7 mil".
Vecinos y ambientalistas se reunieron con Irazábal, quien les manifestó que “no podía controlar todo ella sola, que las frutas y verduras que se venden en los mercados del rubro no tienen controles sanitarios, aparte se vende mucha de la verdura en negro por lo que es imposible controlar”, recordaron.
El tóxico de los campos
El tóxico de los campos
Fecha de Publicación: 13/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.
Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.
“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología.
El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua).
Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron rotundos.
“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”.
Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.
“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.
La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y confirmado sus consecuencias.
En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo los procesos biológicos normales.”
Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.
La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños colaterales del glifosato”.
Fecha de Publicación: 13/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.
Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.
“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología.
El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua).
Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron rotundos.
“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”.
Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.
“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.
La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y confirmado sus consecuencias.
En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo los procesos biológicos normales.”
Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.
La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños colaterales del glifosato”.
Piden fiscalías para proteger el ambiente
Organizaciones Sociales piden fiscalías para proteger el medio ambiente
Fecha de Publicación: 13/04/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones sociales que participaron de las primeras jornadas sobre Derecho Ambiental reclamaron la creación de fiscalías ambientales y reafirmaron su preocupación por los casos de "apropiación de los recursos naturales" y de contaminación minera, agroquímica y urbana denunciados en la región.
En las conclusiones del encuentro se planteó la necesidad de apurar la constitución de las fiscalías ambientales como "paso previo" a la creación de un fuero específico que garantice "la debida defensa del ambiente y su cuidado" para las presentes y futuras generaciones, según informó el diario Río Negro.
Durante las dos jornadas realizadas en esta ciudad se debatieron los problemas ambientales más relevantes del país y se acordaron líneas de acción para fomentar la participación ciudadana "activa" ante la "apropiación de los recursos naturales" y la "contaminación de los ecosistemas".
El documento preliminar difundido esta semana dejó sentado el apoyo "irrestricto" a "los movimientos surgidos en la sociedad local y provincial en defensa de los recursos naturales" y a las organizaciones que "se oponen a los emprendimientos mineros a cielo abierto" en Catamarca, San Juan, Chubut y Santa Cruz.
En materia de minería el documento insta a adherir al petitorio promovido a nivel nacional contra el veto del poder Ejecutivo a la ley de Protección a los Glaciares y manifiesta su oposición a "la ruinosa política de minería e hidrocarburos" del gobierno Nacional y de los provinciales. Los cuestionamientos se centraron en "las inicuas exenciones impositivas y la falta de control sobre lo exportado" por las empresas que explotan cobre, oro, molibdeno, uranio y petróleo.
Dentro del ámbito cordillerano eiteraron su preocupación ante las denuncias de contaminación "cloacal, minera y agropecuaria en la cuenca del Nahuel Huapi", señalando como área afectada los lagos y los ríos Limay, Neuquén y Negro.
"Nos enfrentamos al peligro que implica para el Parque Nacional y nuestra industria madre, el turismo, los reiterados vuelcos producidos por los concesionarios del sistema de saneamiento de Bariloche y Viedma, las concesiones petroleras en la cuenca del Ñirihuau y el uso indiscriminado de los agroquímicos", advirtió el documento.
Las jornadas fueron organizadas por la Asociación Árbol de Pie y la organización de Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres. Con el objeto de afianzar esa participación se incluyó un pedido especial en el documento dirigido a las casas de estudios para que se aboquen a "la capacitación y educación ciudadana a través de los principios de la Ley 25.675 y de Ambiente de rango constitucional".
Fecha de Publicación: 13/04/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones sociales que participaron de las primeras jornadas sobre Derecho Ambiental reclamaron la creación de fiscalías ambientales y reafirmaron su preocupación por los casos de "apropiación de los recursos naturales" y de contaminación minera, agroquímica y urbana denunciados en la región.
En las conclusiones del encuentro se planteó la necesidad de apurar la constitución de las fiscalías ambientales como "paso previo" a la creación de un fuero específico que garantice "la debida defensa del ambiente y su cuidado" para las presentes y futuras generaciones, según informó el diario Río Negro.
Durante las dos jornadas realizadas en esta ciudad se debatieron los problemas ambientales más relevantes del país y se acordaron líneas de acción para fomentar la participación ciudadana "activa" ante la "apropiación de los recursos naturales" y la "contaminación de los ecosistemas".
El documento preliminar difundido esta semana dejó sentado el apoyo "irrestricto" a "los movimientos surgidos en la sociedad local y provincial en defensa de los recursos naturales" y a las organizaciones que "se oponen a los emprendimientos mineros a cielo abierto" en Catamarca, San Juan, Chubut y Santa Cruz.
En materia de minería el documento insta a adherir al petitorio promovido a nivel nacional contra el veto del poder Ejecutivo a la ley de Protección a los Glaciares y manifiesta su oposición a "la ruinosa política de minería e hidrocarburos" del gobierno Nacional y de los provinciales. Los cuestionamientos se centraron en "las inicuas exenciones impositivas y la falta de control sobre lo exportado" por las empresas que explotan cobre, oro, molibdeno, uranio y petróleo.
Dentro del ámbito cordillerano eiteraron su preocupación ante las denuncias de contaminación "cloacal, minera y agropecuaria en la cuenca del Nahuel Huapi", señalando como área afectada los lagos y los ríos Limay, Neuquén y Negro.
"Nos enfrentamos al peligro que implica para el Parque Nacional y nuestra industria madre, el turismo, los reiterados vuelcos producidos por los concesionarios del sistema de saneamiento de Bariloche y Viedma, las concesiones petroleras en la cuenca del Ñirihuau y el uso indiscriminado de los agroquímicos", advirtió el documento.
Las jornadas fueron organizadas por la Asociación Árbol de Pie y la organización de Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres. Con el objeto de afianzar esa participación se incluyó un pedido especial en el documento dirigido a las casas de estudios para que se aboquen a "la capacitación y educación ciudadana a través de los principios de la Ley 25.675 y de Ambiente de rango constitucional".
Monitores para controlar la desertificación
Instala monitores para controlar la desertificación
Fecha de Publicación: 12/04/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Patagonia
La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz instala un sistema de monitoreo denominado Monitores Ambientales para Regiones Aridas.
Van a instalar más de ciento noventa puntos de control en los que se evalúa la vegetación, la estructura de parches y las características del suelo. El coordinador de las actividades en la provincia, Dr. Gabriel Oliva explicó que el trabajo “es importante porque permitirá Información.
Profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz implementan un sistema de monitoreo de la desertificación denominado Monitores Ambientales para Regiones Áridas (MARAS). El método de medición, que comenzó a desarrollarse en 2004, se basa en la instalación de puntos de control en los que se evalúa la vegetación, la estructura de parches (organización de la vegetación) y las características del suelo.
En Santa Cruz se colocarán unos ciento noventa puntos de control, denominados monitores, que se controlarán cada cinco años, lo que permitirá contar con información fehaciente sobre la evolución de la vegetación. El objetivo es contar con información sobre la evolución de la desertificación en las grandes regiones ecológicas.
La información recabada en toda la Patagonia se compilará en una base de datos centralizada, a la que los interesados, productores, técnicos, autoridades e investigadores, podrán acceder a través de Internet.
El trabajo se enmarca en las actividades desarrolladas por el GEF en la Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), donde se realizan tareas similares, que siguen idénticos criterios de medición.
Fecha de Publicación: 12/04/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Patagonia
La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz instala un sistema de monitoreo denominado Monitores Ambientales para Regiones Aridas.
Van a instalar más de ciento noventa puntos de control en los que se evalúa la vegetación, la estructura de parches y las características del suelo. El coordinador de las actividades en la provincia, Dr. Gabriel Oliva explicó que el trabajo “es importante porque permitirá Información.
Profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz implementan un sistema de monitoreo de la desertificación denominado Monitores Ambientales para Regiones Áridas (MARAS). El método de medición, que comenzó a desarrollarse en 2004, se basa en la instalación de puntos de control en los que se evalúa la vegetación, la estructura de parches (organización de la vegetación) y las características del suelo.
En Santa Cruz se colocarán unos ciento noventa puntos de control, denominados monitores, que se controlarán cada cinco años, lo que permitirá contar con información fehaciente sobre la evolución de la vegetación. El objetivo es contar con información sobre la evolución de la desertificación en las grandes regiones ecológicas.
La información recabada en toda la Patagonia se compilará en una base de datos centralizada, a la que los interesados, productores, técnicos, autoridades e investigadores, podrán acceder a través de Internet.
El trabajo se enmarca en las actividades desarrolladas por el GEF en la Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), donde se realizan tareas similares, que siguen idénticos criterios de medición.
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