Prisión, torturas y desalojos para campesinos
16:29 | 
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Argentina: prisión, torturas y desalojos para campesinos de tres provincias
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
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La mitad del país tendrá una hora más
La mitad del país tendrá una hora más
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Santiago: lanzaron programa sobre energía
Lanzaron el programa para el uso racional y Eficiente de la Energía
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Intendentes en la justicia por contaminar
Citaron a declarar al intendente de Concepción por contaminación
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Seguros ambientales en Argentina
Argentina es el primer país del mundo en establecer la obligación de contratar seguros ambientales
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
La demanda energética subió 6,2 por ciento
La demanda energética subió 6,2 por ciento
Fecha de Publicación: 15/10/2008
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Nacional
La demanda energética pegó un salto en septiembre y subió 6,2 por ciento. Es el alza que registró en relación al mismo mes de 2007, lo que significó el período de mayor crecimiento interanual de todo el 2008, informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico. Si bien la demanda creció en casi todo el país, la mayor suba estuvo liderada por Capital Federal y GBA, Santa Fe y Córdoba.
Por su parte, la temperatura media se ubicó unos 2,4° más baja que en septiembre del año pasado, destacó el informe de Fundelec. Teniendo en cuenta el consumo acumulado de los primeros nueve meses del año, el crecimiento se ubica en el 2,5%. En septiembre pasado la demanda total del MEM fue de 8.587,6 GWh; mientras que en el mismo mes de 2007 había sido de 8.082,6 GWh, con lo que la comparación interanual da una suba del 6,2%.
En lo referente a la comparación intermensual y dado que en agosto se registró un consumo de 9.025,3GWh (un mes en el que, estacionalmente, se consume más), la demanda de septiembre tuvo un descenso del 4,8% (respecto a agosto de 2008). En cuanto al consumo de potencia, septiembre registró un pico de 17.615 MW (lejos del récord de junio de 19.126 MW).
En la evaluación del promedio de picos de consumo diarios, la media de este año fue 6,4% mayor a la de septiembre del 2008, 7,9% mayor a la del 2006, y 18% mayor a la del 2005.
Por otra parte, las provincias que registraron las mayores subas de la demanda de energía al MEM, siempre en comparación con septiembre del 2007, fueron Santa Cruz (28,6%), La Pampa (18,8%), Formosa (15%), Jujuy (9,3%) y Salta (8,8%).
Sin embargo, por su mayor ponderación en el promedio final, se destacan los crecimientos de Edenor (8,5%), Córdoba (7,8%), Edelap (7,8%), Edesur (6,7%) y Santa Fe (6,5%), todos por encima del promedio de todo el país. En tanto, las únicas que bajaron su consumo fueron Neuquén (-5,8%) y Chubut (-0,7%).
Fecha de Publicación: 15/10/2008
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Nacional
La demanda energética pegó un salto en septiembre y subió 6,2 por ciento. Es el alza que registró en relación al mismo mes de 2007, lo que significó el período de mayor crecimiento interanual de todo el 2008, informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico. Si bien la demanda creció en casi todo el país, la mayor suba estuvo liderada por Capital Federal y GBA, Santa Fe y Córdoba.
Por su parte, la temperatura media se ubicó unos 2,4° más baja que en septiembre del año pasado, destacó el informe de Fundelec. Teniendo en cuenta el consumo acumulado de los primeros nueve meses del año, el crecimiento se ubica en el 2,5%. En septiembre pasado la demanda total del MEM fue de 8.587,6 GWh; mientras que en el mismo mes de 2007 había sido de 8.082,6 GWh, con lo que la comparación interanual da una suba del 6,2%.
En lo referente a la comparación intermensual y dado que en agosto se registró un consumo de 9.025,3GWh (un mes en el que, estacionalmente, se consume más), la demanda de septiembre tuvo un descenso del 4,8% (respecto a agosto de 2008). En cuanto al consumo de potencia, septiembre registró un pico de 17.615 MW (lejos del récord de junio de 19.126 MW).
En la evaluación del promedio de picos de consumo diarios, la media de este año fue 6,4% mayor a la de septiembre del 2008, 7,9% mayor a la del 2006, y 18% mayor a la del 2005.
Por otra parte, las provincias que registraron las mayores subas de la demanda de energía al MEM, siempre en comparación con septiembre del 2007, fueron Santa Cruz (28,6%), La Pampa (18,8%), Formosa (15%), Jujuy (9,3%) y Salta (8,8%).
Sin embargo, por su mayor ponderación en el promedio final, se destacan los crecimientos de Edenor (8,5%), Córdoba (7,8%), Edelap (7,8%), Edesur (6,7%) y Santa Fe (6,5%), todos por encima del promedio de todo el país. En tanto, las únicas que bajaron su consumo fueron Neuquén (-5,8%) y Chubut (-0,7%).
La Entre Ríos que la soja destruyó
La Entre Ríos que la soja destruyó
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esta situación representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia y llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esta situación representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia y llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza.
Macri quiere seguir contaminando
Greenpeace: "el plan de Macri es seguir volcando basura y contaminando en la provincia de Buenos Aires"
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios.
Greenpeace denunció una vez más que el plan de gestión de residuos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generará más contaminación y enfermedades en el conurbano bonaerense.
Greenpeace exigió hoy en la Legislatura porteña la inclusión de los criterios de la Ley Basura Cero en el pliego para la contratación de las empresas recolectoras de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comienza el tratamiento en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad. A través de una protesta frente a la Legislatura la organización ambientalista representó cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “tapa” de basura a los municipios del Conurbano.
El mismo día en que se inicia el trabajo conjunto de las Comisiones que deberán elaborar un dictamen respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Greenpeace advirtió sobre los riesgos del proyecto oficial. Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios. Una pala mecánica sirvió para que el clon de Macri tapara de basura a los representantes de las localidades bonaerenses.
“Es imprescindible que el pliego para la contratación del Servicio de Higiene Urbana respete los criterios de gestión establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero. El Gobierno de la Ciudad no puede seguir con su plan de contaminación” señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina.
El día miércoles pasado la organización ambientalista presentó en la Legislatura un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo porteño. El proyecto alternativo, presentado junto a organizaciones sociales y legisladores, plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de recuperadores y la separación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las oriente a la maximización en la separación y recuperación de materiales. Por otro lado establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El proyecto fue elaborado y presentado por Greenpeace; GAIA; Fundación Ambiente y Sociedad; Fundación Iniciativa Verde; Cooperativa Reciclando Sueños y los legisladores Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti.
“La Ciudad de Buenos Aires envía un tercio del total de la basura que se entierra en el conurbano bonaerense y no asume ningún compromiso por reducir esa cantidad. Desde 2007 está en vigencia la Ley de Basura Cero y es muy poco lo que se ha avanzado en su implementación. Es más, hoy el Gobierno de la Ciudad en lugar de ir hacia el objetivo de reducción de basura, toma la dirección contraria: retira los contenedores diferenciados y ha diseñado un contrato con las empresas recolectoras que promueve la generación de más basura", agregó Juan Carlos Villalonga.
Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del conurbano contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados (2) sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias.
El pasado mes de agosto, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acordaron mediante un convenio la instalación de dos nuevos rellenos sanitarios en la Provincia que serán financiados por la Ciudad. Si bien aún no se ha declarado públicamente cuáles serán los municipios que recibirán los dos nuevos rellenos con su apertura la Ciudad se asegura por 12 años más el envío de basura sin asumir ningún compromiso de reducción.
(1) Resumen sobre los impactos ambientales y sobre la salud de los rellenos sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera revisión septiembre 2008.
(2) Análisis de Muestras de Lixiviados del Relleno Sanitario de la CEAMSE en Villa Domínico - Centro de Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios.
Greenpeace denunció una vez más que el plan de gestión de residuos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generará más contaminación y enfermedades en el conurbano bonaerense.
Greenpeace exigió hoy en la Legislatura porteña la inclusión de los criterios de la Ley Basura Cero en el pliego para la contratación de las empresas recolectoras de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comienza el tratamiento en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad. A través de una protesta frente a la Legislatura la organización ambientalista representó cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “tapa” de basura a los municipios del Conurbano.
El mismo día en que se inicia el trabajo conjunto de las Comisiones que deberán elaborar un dictamen respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Greenpeace advirtió sobre los riesgos del proyecto oficial. Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios. Una pala mecánica sirvió para que el clon de Macri tapara de basura a los representantes de las localidades bonaerenses.
“Es imprescindible que el pliego para la contratación del Servicio de Higiene Urbana respete los criterios de gestión establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero. El Gobierno de la Ciudad no puede seguir con su plan de contaminación” señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina.
El día miércoles pasado la organización ambientalista presentó en la Legislatura un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo porteño. El proyecto alternativo, presentado junto a organizaciones sociales y legisladores, plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de recuperadores y la separación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las oriente a la maximización en la separación y recuperación de materiales. Por otro lado establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El proyecto fue elaborado y presentado por Greenpeace; GAIA; Fundación Ambiente y Sociedad; Fundación Iniciativa Verde; Cooperativa Reciclando Sueños y los legisladores Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti.
“La Ciudad de Buenos Aires envía un tercio del total de la basura que se entierra en el conurbano bonaerense y no asume ningún compromiso por reducir esa cantidad. Desde 2007 está en vigencia la Ley de Basura Cero y es muy poco lo que se ha avanzado en su implementación. Es más, hoy el Gobierno de la Ciudad en lugar de ir hacia el objetivo de reducción de basura, toma la dirección contraria: retira los contenedores diferenciados y ha diseñado un contrato con las empresas recolectoras que promueve la generación de más basura", agregó Juan Carlos Villalonga.
Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del conurbano contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados (2) sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias.
El pasado mes de agosto, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acordaron mediante un convenio la instalación de dos nuevos rellenos sanitarios en la Provincia que serán financiados por la Ciudad. Si bien aún no se ha declarado públicamente cuáles serán los municipios que recibirán los dos nuevos rellenos con su apertura la Ciudad se asegura por 12 años más el envío de basura sin asumir ningún compromiso de reducción.
(1) Resumen sobre los impactos ambientales y sobre la salud de los rellenos sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera revisión septiembre 2008.
(2) Análisis de Muestras de Lixiviados del Relleno Sanitario de la CEAMSE en Villa Domínico - Centro de Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
Bioenergía: futuro promisorio para la argentina
El foro de bioenergía arroja un futuro promisorio para la argentina
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AgroDiario
Provincia/Región: Nacional
En el marco del Foro Global de Bioenergía, que se desarrolló en Rosario, el Senador nacional por Córdoba, Roberto Urquía, disertó sobre el desafío de profundizar esta actividad.
Destacó el papel de importancia de la Argentina, Malasia e Indonesia para satisfacer el consumo y eso -indicó- “Explica el escenario inmejorable para nuestro país” no sólo en rentabilidad, por la necesidad de un área mayor destinada a granos, sino también para la promoción de políticas de Estado para que Argentina exporte valor agregado. “El desafío será transferir valor agregado a los productos primarios”, destacó.
También expuso la situación a nivel internacional. En ese sentido, dijo que en Estados Unidos dentro del mercado de etanol (a base de maíz) “se inaugura una planta por semana y que en el año 2015 un 30% de la producción americana se destinará a la producción de este biocombustible”, indicó.
Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, aseguró, mediante Videoconferencia, que el organismo está dispuesto a financiar la investigación y el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AgroDiario
Provincia/Región: Nacional
En el marco del Foro Global de Bioenergía, que se desarrolló en Rosario, el Senador nacional por Córdoba, Roberto Urquía, disertó sobre el desafío de profundizar esta actividad.
Destacó el papel de importancia de la Argentina, Malasia e Indonesia para satisfacer el consumo y eso -indicó- “Explica el escenario inmejorable para nuestro país” no sólo en rentabilidad, por la necesidad de un área mayor destinada a granos, sino también para la promoción de políticas de Estado para que Argentina exporte valor agregado. “El desafío será transferir valor agregado a los productos primarios”, destacó.
También expuso la situación a nivel internacional. En ese sentido, dijo que en Estados Unidos dentro del mercado de etanol (a base de maíz) “se inaugura una planta por semana y que en el año 2015 un 30% de la producción americana se destinará a la producción de este biocombustible”, indicó.
Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, aseguró, mediante Videoconferencia, que el organismo está dispuesto a financiar la investigación y el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina.
Obras de la papelera clausurada
La papelera clausurada asegura que hará obras de saneamiento
Fecha de Publicación: 12/10/2008
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa Itapé fue clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia la semana pasada. Pero los directivos pagaron ayer la multa y presentaron un plan de trabajo acordado con una universidad de Santa Fe para sanear los efluentes. Ambiente estudiará el plan pero no levanta la clausura hasta que terminen los trabajos.
La semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia decidió clausurar la papelera Itapé, radicada en el Parque Industrial General Belgrano de Paraná, y aplicarle una sanción monetaria por “no cumplir el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos”. Itapé se dedica al reciclado de cartones.
Desde la repartición oficial se aclaró que “la medida se tomó después de una serie de intimaciones para que presente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa”.
Pero concretada la clausura, la papelera se presentó ayer a la mañana en la repartición. Pese a ser sábado, se había ordenado que estuvieran los técnicos “por si las empresas clausuradas querían mostrar interés por mejorar” –se explicó-.
Así, se presentó la papelera Itapé, que pagó la multa y puso a consideración de la Secretaría un convenio que firmó con una Universidad de Santa Fe para realizar las obras que le permitan mitigar la contaminación en el entorno del Parque Industrial de Paraná.
Medio Ambiente seguirá el proceso, pero se señaló que “la clausura no se levanta hasta que estén terminadas las obras”. Sí se irán otorgando permisos transitorios conforme la firma avance con las inversiones.
Precisiones
En diálogo con EL DIARIO, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, informó que ayer “una de las empresas, Itapé, llegó con el plan de mejoras y también fueron a trabajar los técnicos para adelantar tareas por el fin de semana largo”.
La papelera Itapé presentó un “convenio que celebró con una Universidad de Santa Fe para hacer el plan de mejoras” que habrá que “evaluar después”.
“A medida que vayan presentando los planos, se otorgará un permiso provisorio. La clausura no se levanta hasta que no se solucione globalmente el problema, es decir, cuando se cierren las obras, un proceso que llevará de seis meses a un año”, aclaró el funcionario. La empresa “acudió a profesionales de Santa Fe que se dedican a la industria del papel porque en la zona no hay especialistas en esto”, dijo.
“Lo que vamos a hacer es plan de trabajo, con un proyecto y un compromiso real, poniendo plazos de 15 o 20 días para el cumplimiento de los pasos”, explicó Raffo. Y agregó que la Secretaría puede habilitar tramos de la industria de acuerdo con el plan de mitigación, siempre “con tiempos medidos”.
Asimismo, insistió con que “la clausura sigue en pie y no se levanta hasta que terminen las obras”. “Hubiera sido bueno que presentaran el plan antes de llegar a la clausura, pero somos hijos del rigor”, reflexionó Raffo.
Harán un informe sobre el Parque Industrial
En los próximos días, la Secretaría de Medio Ambiente provincial dará a conocer un informe del estado general del Parque Industrial General Belgrano de Paraná.
“Al trabajo lo estamos terminando en los próximos días y es un informe acerca del estado general del Parque Industrial, que presenta una problemática general. Estamos haciendo un resumen de los datos. Una auditoría como ésta no se había hecho nunca”, señaló el titular de la repartición provincial, Fernando Raffo.
“Se relevaron todas las industrias en un lapso de dos meses y se recorrieron las plantas. Se hizo un trabajo serio pues la Secretaría tiene técnicos que lo pueden hacer. De ahí surgió que lo más complicado era la papelera Itapé, estaba muy mal” la situación con el volcado de efluentes líquidos, dijo. “La fiscalización por parte del Estado estaba debilitada, los controles debilitados. A partir de ahora se va a exigir a las empresas que incorporen el costo ambiental”, precisó y comentó que “la Provincia tiene potestad para actuar en todo el territorio provincial. Se realizan convenios con los municipios, como sucedió en el tratamiento de empresas de San José y Colón, pero en Paraná actuó sólo la Provincia: el diagnóstico lo hizo personal técnico de la Secretaría y también la clausura”, finalizó.
La planta de Brasilera también fue clausurada
La semana pasada, Medio Ambiente no sólo clausuró la papelera en Paraná sino también la empresa Mocarbel, de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y tiene “problemas con los efluentes líquidos y gaseosos”, según explicaron las autoridades.
Esta última industria ya guarda antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa. En este caso también, si se presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente.
Fecha de Publicación: 12/10/2008
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa Itapé fue clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia la semana pasada. Pero los directivos pagaron ayer la multa y presentaron un plan de trabajo acordado con una universidad de Santa Fe para sanear los efluentes. Ambiente estudiará el plan pero no levanta la clausura hasta que terminen los trabajos.
La semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia decidió clausurar la papelera Itapé, radicada en el Parque Industrial General Belgrano de Paraná, y aplicarle una sanción monetaria por “no cumplir el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos”. Itapé se dedica al reciclado de cartones.
Desde la repartición oficial se aclaró que “la medida se tomó después de una serie de intimaciones para que presente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa”.
Pero concretada la clausura, la papelera se presentó ayer a la mañana en la repartición. Pese a ser sábado, se había ordenado que estuvieran los técnicos “por si las empresas clausuradas querían mostrar interés por mejorar” –se explicó-.
Así, se presentó la papelera Itapé, que pagó la multa y puso a consideración de la Secretaría un convenio que firmó con una Universidad de Santa Fe para realizar las obras que le permitan mitigar la contaminación en el entorno del Parque Industrial de Paraná.
Medio Ambiente seguirá el proceso, pero se señaló que “la clausura no se levanta hasta que estén terminadas las obras”. Sí se irán otorgando permisos transitorios conforme la firma avance con las inversiones.
Precisiones
En diálogo con EL DIARIO, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, informó que ayer “una de las empresas, Itapé, llegó con el plan de mejoras y también fueron a trabajar los técnicos para adelantar tareas por el fin de semana largo”.
La papelera Itapé presentó un “convenio que celebró con una Universidad de Santa Fe para hacer el plan de mejoras” que habrá que “evaluar después”.
“A medida que vayan presentando los planos, se otorgará un permiso provisorio. La clausura no se levanta hasta que no se solucione globalmente el problema, es decir, cuando se cierren las obras, un proceso que llevará de seis meses a un año”, aclaró el funcionario. La empresa “acudió a profesionales de Santa Fe que se dedican a la industria del papel porque en la zona no hay especialistas en esto”, dijo.
“Lo que vamos a hacer es plan de trabajo, con un proyecto y un compromiso real, poniendo plazos de 15 o 20 días para el cumplimiento de los pasos”, explicó Raffo. Y agregó que la Secretaría puede habilitar tramos de la industria de acuerdo con el plan de mitigación, siempre “con tiempos medidos”.
Asimismo, insistió con que “la clausura sigue en pie y no se levanta hasta que terminen las obras”. “Hubiera sido bueno que presentaran el plan antes de llegar a la clausura, pero somos hijos del rigor”, reflexionó Raffo.
Harán un informe sobre el Parque Industrial
En los próximos días, la Secretaría de Medio Ambiente provincial dará a conocer un informe del estado general del Parque Industrial General Belgrano de Paraná.
“Al trabajo lo estamos terminando en los próximos días y es un informe acerca del estado general del Parque Industrial, que presenta una problemática general. Estamos haciendo un resumen de los datos. Una auditoría como ésta no se había hecho nunca”, señaló el titular de la repartición provincial, Fernando Raffo.
“Se relevaron todas las industrias en un lapso de dos meses y se recorrieron las plantas. Se hizo un trabajo serio pues la Secretaría tiene técnicos que lo pueden hacer. De ahí surgió que lo más complicado era la papelera Itapé, estaba muy mal” la situación con el volcado de efluentes líquidos, dijo. “La fiscalización por parte del Estado estaba debilitada, los controles debilitados. A partir de ahora se va a exigir a las empresas que incorporen el costo ambiental”, precisó y comentó que “la Provincia tiene potestad para actuar en todo el territorio provincial. Se realizan convenios con los municipios, como sucedió en el tratamiento de empresas de San José y Colón, pero en Paraná actuó sólo la Provincia: el diagnóstico lo hizo personal técnico de la Secretaría y también la clausura”, finalizó.
La planta de Brasilera también fue clausurada
La semana pasada, Medio Ambiente no sólo clausuró la papelera en Paraná sino también la empresa Mocarbel, de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y tiene “problemas con los efluentes líquidos y gaseosos”, según explicaron las autoridades.
Esta última industria ya guarda antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa. En este caso también, si se presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente.
Clausuran papeleras en Entre Ríos
El gobierno clausuró Mocarbel y la Papelera Itapé por contaminación
Fecha de Publicación: 11/10/2008
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia dispuso la clausura de dos industrias de los departamentos Paraná y Diamante que, luego de una serie de auditorías e intimaciones, no accedieron a mejorar sus mecanismos de trabajo para reducir la contaminación. Uno de los casos es el de la firma Mocarbel, largamente cuestionada por los vecinos de Aldea Brasilera.
“La intención del organismo es acompañar a las industrias de la provincia que quieren encontrar soluciones a las problemáticas que afecten el ambiente”, aseguró el titular del área, Fernando Raffo, pero enfatizó que aquellas empresas que no se ajusten o no tengan voluntad para cambiar, serán clausuradas.
Los técnicos de la Secretaría procedieron esta semana a la clausura y aplicación de sanciones monetarias a la firma Papelera Itapé, instalada en el Parque Industrial de Paraná, que se dedica al reciclado de cartones, y a la empresa Mocarbel SA de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y que durante los últimos años viene siendo fuertemente acusada por los vecinos por los malos olores que despide.
“Ambas medidas se tomaron luego de una serie de auditorías, fiscalizaciones e intimaciones a través de las cuales la Secretaría instó a las empresas a encarar un proceso de mejoras que nunca se llevaron a cabo”, precisó Raffo, y acotó: “La clausura no es una medida que nos deje satisfechos, por el contrario, es una herramienta que se utiliza luego de agotar todo un proceso administrativo que no fue atendido correctamente por parte de los directivos de las empresas”.
En el caso de Papelera Itapé, según el gobierno no cumple el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos, por lo que previamente desde la Secretaría se la intimó para que instrumente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa.
Por su parte, Mocarbel tiene problemas con los efluentes líquidos y gaseosos. Cabe mencionar que esta última industria ya tiene antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa.
Además, Raffo dijo que si las empresas presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente, porque la habilitación total se vuelve a otorgar cuando se finalicen dichos trabajos. Respecto del personal de ambas empresas, Raffo explicó que según lo establecido por ley, los directivos tienen la obligación de seguir abonando los sueldos de sus trabajadores, ya que la medida de clausurar se toma por el incumplimiento de los dueños de las industrias.
“El objetivo final de esto es que la industria mejore su mecanismo de trabajo y quede en regla cumpliendo lo que establece la Ley N° 6.260, que regula el vertido de efluentes industriales. La Secretaría está dispuesta a ayudar y acompañar a las empresas que quieren mejorar, y con las que eligen el camino de dilatar los tiempos y no cumplir con lo solicitado se procederá al cierre y sanción monetaria”, aseguró el funcionario.
También anunció que mañana trabajarán al mediodía los técnicos de la Secretaría, en la oficina de la capital entrerriana, para atender a los directivos de las empresas que quieran acercarse para iniciar las mejoras.
Fecha de Publicación: 11/10/2008
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia dispuso la clausura de dos industrias de los departamentos Paraná y Diamante que, luego de una serie de auditorías e intimaciones, no accedieron a mejorar sus mecanismos de trabajo para reducir la contaminación. Uno de los casos es el de la firma Mocarbel, largamente cuestionada por los vecinos de Aldea Brasilera.
“La intención del organismo es acompañar a las industrias de la provincia que quieren encontrar soluciones a las problemáticas que afecten el ambiente”, aseguró el titular del área, Fernando Raffo, pero enfatizó que aquellas empresas que no se ajusten o no tengan voluntad para cambiar, serán clausuradas.
Los técnicos de la Secretaría procedieron esta semana a la clausura y aplicación de sanciones monetarias a la firma Papelera Itapé, instalada en el Parque Industrial de Paraná, que se dedica al reciclado de cartones, y a la empresa Mocarbel SA de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y que durante los últimos años viene siendo fuertemente acusada por los vecinos por los malos olores que despide.
“Ambas medidas se tomaron luego de una serie de auditorías, fiscalizaciones e intimaciones a través de las cuales la Secretaría instó a las empresas a encarar un proceso de mejoras que nunca se llevaron a cabo”, precisó Raffo, y acotó: “La clausura no es una medida que nos deje satisfechos, por el contrario, es una herramienta que se utiliza luego de agotar todo un proceso administrativo que no fue atendido correctamente por parte de los directivos de las empresas”.
En el caso de Papelera Itapé, según el gobierno no cumple el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos, por lo que previamente desde la Secretaría se la intimó para que instrumente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa.
Por su parte, Mocarbel tiene problemas con los efluentes líquidos y gaseosos. Cabe mencionar que esta última industria ya tiene antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa.
Además, Raffo dijo que si las empresas presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente, porque la habilitación total se vuelve a otorgar cuando se finalicen dichos trabajos. Respecto del personal de ambas empresas, Raffo explicó que según lo establecido por ley, los directivos tienen la obligación de seguir abonando los sueldos de sus trabajadores, ya que la medida de clausurar se toma por el incumplimiento de los dueños de las industrias.
“El objetivo final de esto es que la industria mejore su mecanismo de trabajo y quede en regla cumpliendo lo que establece la Ley N° 6.260, que regula el vertido de efluentes industriales. La Secretaría está dispuesta a ayudar y acompañar a las empresas que quieren mejorar, y con las que eligen el camino de dilatar los tiempos y no cumplir con lo solicitado se procederá al cierre y sanción monetaria”, aseguró el funcionario.
También anunció que mañana trabajarán al mediodía los técnicos de la Secretaría, en la oficina de la capital entrerriana, para atender a los directivos de las empresas que quieran acercarse para iniciar las mejoras.
Adelantan los relojes para ahorrar energía
Para ahorrar energía, a partir del 19 se adelantan los relojes
Fecha de Publicación: 10/10/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
A partir del domingo 19 y, en principio, hasta el domingo 15 de marzo de 2009 se modificará el huso horario nacional adelantando una hora los relojes para aprovechar mejor la luz natural y aportar así al ahorro de energía eléctrica. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Planificación Federal, cartera de la cual depende la Secretaría de Energía.
La medida es similar a la adoptada en la primavera-verano 2007/08 por el gobierno, y si bien será anunciada oficialmente en los próximos días, ya fue anticipada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Así las cosas, en la medianoche del sábado 18 deberán adelantarse una hora los relojes, mientras que a la medianoche del sábado 14 de marzo habrá que retrasarlos para recuperar esa hora.
Si bien el gobierno nacional impulsará la medida para todo el país, las administraciones provinciales podrán ratificar o no su aplicación, tal como ocurrió en la oportunidad anterior en algunas provincias cordilleranas.
Al respecto, cabe consignar que la Legislatura de Mendoza sancionó una ley por la cual estableció que la provincia deberá utilizar los husos horarios -3 y -4 al oeste del Meridiano de Greenwich, de forma tal que aquí la hora no coincidirá con la establecida por la Nación para el verano.
La nueva ley, que días pasados fue aprobada por el Senado provincial y ayer recibió sanción de Diputados, faculta al Poder Ejecutivo a elegir entre esos husos, si lo considera necesario, para adecuarse a las diferentes estaciones del año, pero respetando siempre las franjas -3 y -4.
Al margen de las decisiones políticas, el cambio del huso horario para ahorrar energía esta pensado técnicamente en función de los consumos domiciliarios, de las oficinas y del alumbrado público.
Su efectividad ha merecido posturas a favor y otras que relativizan sus efectos, pero por mínimo que sea el nivel del ahorro será siempre conveniente, sobre todo en un contexto de insuficiencia del recurso energético que se acentúa, por caso, con el uso de equipos de refrigeración de ambientes.
A partir de la confirmación de la medida, que habrá de disponerse vía decreto en los próximos días, se conocerán el grado de acatamiento en el interior del país.
Fecha de Publicación: 10/10/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
A partir del domingo 19 y, en principio, hasta el domingo 15 de marzo de 2009 se modificará el huso horario nacional adelantando una hora los relojes para aprovechar mejor la luz natural y aportar así al ahorro de energía eléctrica. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Planificación Federal, cartera de la cual depende la Secretaría de Energía.
La medida es similar a la adoptada en la primavera-verano 2007/08 por el gobierno, y si bien será anunciada oficialmente en los próximos días, ya fue anticipada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Así las cosas, en la medianoche del sábado 18 deberán adelantarse una hora los relojes, mientras que a la medianoche del sábado 14 de marzo habrá que retrasarlos para recuperar esa hora.
Si bien el gobierno nacional impulsará la medida para todo el país, las administraciones provinciales podrán ratificar o no su aplicación, tal como ocurrió en la oportunidad anterior en algunas provincias cordilleranas.
Al respecto, cabe consignar que la Legislatura de Mendoza sancionó una ley por la cual estableció que la provincia deberá utilizar los husos horarios -3 y -4 al oeste del Meridiano de Greenwich, de forma tal que aquí la hora no coincidirá con la establecida por la Nación para el verano.
La nueva ley, que días pasados fue aprobada por el Senado provincial y ayer recibió sanción de Diputados, faculta al Poder Ejecutivo a elegir entre esos husos, si lo considera necesario, para adecuarse a las diferentes estaciones del año, pero respetando siempre las franjas -3 y -4.
Al margen de las decisiones políticas, el cambio del huso horario para ahorrar energía esta pensado técnicamente en función de los consumos domiciliarios, de las oficinas y del alumbrado público.
Su efectividad ha merecido posturas a favor y otras que relativizan sus efectos, pero por mínimo que sea el nivel del ahorro será siempre conveniente, sobre todo en un contexto de insuficiencia del recurso energético que se acentúa, por caso, con el uso de equipos de refrigeración de ambientes.
A partir de la confirmación de la medida, que habrá de disponerse vía decreto en los próximos días, se conocerán el grado de acatamiento en el interior del país.
Proyectos de Bioeatnol en el NOA
Avanzan los proyectos para la producción de Bioeatnol en el NOA
Fecha de Publicación: 09/10/2008
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Los Ingenios azucareros de Jujuy y Salta, firmaron esta semana un importante convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, para continuar con el proyecto de desarrollo de alternativas para el manejo de efluentes en la producción de bioetanol en el Noa, que tiene por objeto lograr un producto final de calidad sustentable ambientalmente.
Este proyecto, único en el país, se lleva adelante en el marco de los proyectos federales de innovación productiva (PFIP) y de eslabonamientos productivos (ESPRO), dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT).
El acto se llevó a cabo en la ciudad de Salta, con la presencia del Secretario General del Consejo de Ciencia y Tecnología (COFECYT), Hugo de Vido, el Ministro de Desarrollo Económico de Salta Julio Cesar Loustaif, Presidente de la Fundación Jujuy 3000 Fransisco Mignaco, Presidente de la Fundación Capacitar Germán Viramonte, representantes de los Ingenios Ledesma, San Martín del Tabacal y San Isidro, e invitados especiales.
Cabe destacar que el proyecto “Desarrollo de Alternativas para el manejo de efluentes en la producción de Bioetanol en el NOA”, tiene como objetivo superar una de las falencias más importantes en la producción de este combustible.
Para lograrlo se vienen realizando una serie de actividades que incluyen la instalación de una planta piloto de tratamiento y transformación en productos de valor agregado, así como la capacitación y formación de recursos humanos. La iniciativa también involucra a la Universidad Nacional de Jujuy y de Salta, así como al INTA y al INTI, encargados de la certificación de los resultados obtenidos.
El Proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y tiene como contraparte el Grupo de Ingenios de las provincias de Salta y Jujuy. Para la gestión administrativa del proyecto fue seleccionada la Fundación JUJUY 3000, que cuenta con amplia experiencia en formulación y ejecución de proyectos, en especial en el sector azucarero del NOA.
El manejo eficiente de los efluentes de la actividad azucarera permite la obtención de fertilizantes orgánicos de alto valor agregado, que pueden ser destinados al mejoramiento de los suelos de este cultivo, en beneficio de una mayor y mejor producción, como también de otras actividades productivas de la región.
Los coordinadores expresaron con satisfacción que a pocos meses de haber iniciado el proyecto ya pueden anunciar que los resultados previstos para principios del próximo año son muy positivos.
Por tal motivo, otro desafío que les hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación es el de presentar un nuevo proyecto para la etapa productiva del bioetanol.
En este sentido están invitando a los Ingenios de Tucumán a sumarse a esta iniciativa y presentar una propuesta conjunta porque el objetivo es transformar a toda la industria nacional en sustentable ambientalmente para lo cual vienen trabajando fuertemente.
Producto de calidad ambiental
Juan María Gutiérrez del Ingenio el Tabacal de Salta dijo que se trata de un tema muy importante ya que nuestro país necesita tener alternativas para generar biocombustibles. En este sentido señaló que la vinaza era un problema que un poco podría llegar frenar ese crecimiento, pero han desarrollado algunos sistemas para poder hacer ese tratamiento y en este proyecto están trabajando juntos los Ingenios Ledesma, San isidro y el Tabacal, donde por suerte finalizaron con la primera etapa del proyecto.
Con la firma de este convenio contarán con recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que ayudarán a llevar adelante las investigaciones, desarrollo y pruebas que requiere este proyecto.
Luego explicó que en la producción de alcohol se genera un residuo denominado vinaza, que es 12 veces más volumen que el alcohol producido, el cual es muy contaminante y un problema para la industria subalcohlera mundial.
“En todos los países tienen problemas para manejar adecuadamente este residuo pero nosotros hemos empezado a desarrollar un sistema de evaporación en pileta que nos ha dado un buen resultado”.
Lo bueno es que los residuos del fondo de las piletas tienen una alta concentración de potasio, materia orgánica y otros elementos que con este sistema que seguimos estudiando y desarrollando puede volver al campo como biabono especialmente para el cultivo de caña de azúcar. Pero en una etapa posterior el objetivo es probarlo en otros cultivos, es decir, convertirlo en un emprendimiento regional que ayude a cultivos repetitivos como el tabaco, hortalizas, entre otros, puedan contar en cantidades importantes controladas con este producto.
Por último señaló “se trata de contar con un producto que sea biocombustible a la hora de producir el combustible pero también a la hora de tratar el residuo que era el punto flaco tenia este proyecto y que por suerte le estamos encontrando una solución que tiene un fin muy importante que es volver al campo esos residuos tratados como bioabonos y además compartiéndolo con otras actividades también”.
Por su parte Edgardo García Presidente de Prosal, del Ingenio San Isidro de Salta, manifestó que se trata de una iniciativa muy importante no solo para las tres empresas sino también para los gobiernos tanto nacionales como provinciales. Porque desde hace años estamos implementando técnicas para poder continuar con la producción de nuestros productos y atacar los efluentes para lo cual venimos haciendo inversiones que a veces no se conocen.
En este sentido señaló que la firma de este convenio implica que estamos en el buen camino y que a su vez los gobiernos están dispuestos a apoyarnos en esta tarea que estamos realizando para evitar cualquier tipo de efluentes en la mayor producción de biocombustibles que se viene en los próximos años. Agregando que a pesar que Argentina no es uno de los países de vanguardia en esto, venimos trabajando fuertemente en silencio e invirtiendo mucho en el tema ambiental por eso creo que es importante que se conozca el trabajo que estamos realizando desde hace mucho tiempo.
Más adelante García expresó “en nuestro caso el año que viene vamos a cumplir 10 años en la producción de caña de azúcar orgánica con una calidad que nos cotó mucho pero que una de las más importantes del mundo. Se trata de una producción totalmente nacional desde el abono que es fabricado por nosotros con productos de nuestro país y con mucha mano de obra que en definitiva es el mayor valor agregado que tiene la actividad”.
Por otra parte Fransisco Mignaco Presidente de la Fundación Jujuy 3000, destacó que se trata del único proyecto presentado a nivel regional que se lleva a cabo entra las provincias de Jujuy y Salta. Desde la Fundación estamos convencidos que se puede crecer en la producción cuidando el medio ambiente y este proyecto en una prueba de ello.
Argentina es un país que puede desarrollar muy bien todo lo que es biocombustible porque posee grandes extensiones de tierras y producciones que se está utilizando en el mundo. En Brasil el 20% de energía se origina a partir del biocombustible y en nuestro país no llegamos al 3% por lo cual todavía tenemos mucho para caminar.
Aporte del estado
Hugo de Vido, Secretario General del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dijo que con la firma de este convenio la Nación invertirá en este proyecto $ 600 mil pesos de un costo total de $ 900 mil pesos. Este proyecto no se encuentra solo, no es una isla, sino que está enmarcado en una línea de proyectos de eslabonamientos productivos que se están ejecutando en esta provincia, como por ejemplo del pimiento para pimentón, Son todos proyectos en los cuales la parte de desarrollo e investigación normalmente la están desarrollando entidades estatales como el INTA, el Inti y los Ministerios de Producción de ambas provincias.
Asimismo el funcionario señaló que estos proyectos también se enmarcan en línea general de proyectos federales de innovación productiva con impacto social, donde en los últimos 4 años la Nación y las provincias han invertido más de 3 millones de pesos.
Este proyecto es emblemático no solo porque une al estado, industria, universidades y ministerios de ambas provincias lo cual no es fácil, sino por algo más importante que es subsanar un problema de un producto contaminante como la vinaza para transformarla en un producto para mejorar los suelos de la región como es el compost.
En este sentido expresó que se trata de un gran avance científico tecnológico donde estamos dando el primer paso con el compromiso de seguirlo porque es un proyecto elegido desde las provincias, siendo este parte de nuestro plan de federalización de la ciencia y tecnología.
Por último de Vido manifestó “que el proyecto es emblemático, primero por la unión de las provincias, segunda por los montos que estamos invirtiendo la Nación y las provincias, tercera y más importante porque es una demostración clara y fehaciente de la redistribución del ingreso que se está dando en la sociedad argentina. Se trata del apoyo del gobierno nacional hacia las provincias que es la idea del Ministro y de este Secretario general”.
Por su parte el Ministro de Desarrollo Económico de la Salta Cesar Lostaif, señaló que tenemos que estar preparados para el año 2010 donde se pondrá en marcha el programa del gobierno nacional que dispone la mezcla de los combustibles con bioetanol.
En este sentido recordó que recientemente en una reunión con todos los sectores azucareros del Noa en Tucumán se planteó que la puesta en marcha de este programa es una de las formas de limpiar el mercado del azúcar en nuestro país y regular la comercialización del azúcar.
Luego explicó que la producción de bioetanol va producir primero un ahorro del combustible originado de los recursos no renovables y segundo a incentivar otras producciones que en lugar de ser exportadas puedan ser utilizadas para tal fin.
En Brasil hace más de 10 años están llevando adelante un programa donde existen automóviles con motores que funcionan solo con alcohol debido a su gran volumen de producción de caña de azúcar. Si bien en nuestro país no vamos a llegar a esto debido a nuestro volumen de producción pero si mezclar lo cual nos va permitir proteger el medio ambiente y a su vez ayudar a la actividad azucarera.
Resultados positivos
El Ing. Sebastián Muñoz, gerente de la Fundación Jujuy 3000, coordinador de este proyecto, expresó que es un orgullo en nombre de las provincias de Jujuy y Salta llegar a esta instancia de poder firmar este convenio porque en realidad ya se viene trabajando en este proyecto desde principios de este año en conjunto con las autoridades e ingenios de ambas provincias.
El proyecto consiste fundamentalmente en dar solución a una vieja problemática de los Ingenios del país que producen alcohol como son los efluentes que son altamente contaminantes y que tradicionalmente se los maneja a través del agua de riego en los cañaverales con los peligros existentes de derrames a los cauces de los ríos con consecuencia para la fauna y flora de la región.
Este proyecto que se inicio en el mes de mayo de este año, se encuentra en la segunda etapa donde se trata fundamentalmente que uno de sus efluentes como es la vinaza se evapore en forma natural en piletones a cielo abierto donde al reducirse su volumen permite en forma rentable acumularlo y transportarlo hacia dos destinos finales.
Uno es la aplicación directa sobre la tierra como fertilizante directo en los cañaverales donde queda circunscrito al lugar donde están las raíces y no circula a los cauces de los ríos. El otro es obtener un biofertilizante con el otro producto de desecho que es la cachaza que se produce en volúmenes importantes diariamente y también se lo maneja tradicionalmente a través de los canales de riego.
Con este proyecto estamos intentando controlar ese efluente para transformándolo en compost que es una solución ambiental que no solo corrige este problema sino también el de los costos de fertilizantes.
En esta etapa estamos produciendo este biofertilizante con la mezcla de estos efluentes donde las pilas de cachaza y bagazo se riegan y humedecen con vanaza. A través del proceso de mover este concentrado de camas de compostaje se está obteniendo un producto final de muy alta calidad que ya está siendo requerido no solo por la industria azucarera para autoabastecerse sino también por los sectores frutihortícolas que están viendo sus ventajas.
En este sentido dijo que están muy felices porque a pocos meses de haber iniciado el proyecto pueden anunciar que los resultados previstos para principios del próximo año son positivos.
Ahora tenemos otro desafío que nos hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es el de presentar un nuevo proyecto para la etapa productiva del bioetanol. Para esto tenemos previsto presentar una propuesta conjunta con los Ingenios de Salta y Jujuy pero también estamos invitando los Ingenios de Tucumán a sumarse a esta iniciativa porque la problemática ambiental es de toda la industria azucarera. Porque el objetivo de este proyecto en transformar a esta industria en sustentable ambientalmente para lo cual muchos Ingenios por ejemplo han dejado de tirar carbonillas por sus chimeneas y cosechar en verde para no quemar sus cañaverales entre otras cosas utilizando la tecnología y si ahora se puede manejar estos efluentes que era la otra problemática e habrá avanzado cien años en la industria azucarera. Este es el desafío por lo que esperamos que los demás Ingenios se vayan incorporando a este proyecto donde los gobiernos, técnicos y los Ingenios estamos trabajando fuertemente para lograr este resultado.
Fecha de Publicación: 09/10/2008
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Los Ingenios azucareros de Jujuy y Salta, firmaron esta semana un importante convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, para continuar con el proyecto de desarrollo de alternativas para el manejo de efluentes en la producción de bioetanol en el Noa, que tiene por objeto lograr un producto final de calidad sustentable ambientalmente.
Este proyecto, único en el país, se lleva adelante en el marco de los proyectos federales de innovación productiva (PFIP) y de eslabonamientos productivos (ESPRO), dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT).
El acto se llevó a cabo en la ciudad de Salta, con la presencia del Secretario General del Consejo de Ciencia y Tecnología (COFECYT), Hugo de Vido, el Ministro de Desarrollo Económico de Salta Julio Cesar Loustaif, Presidente de la Fundación Jujuy 3000 Fransisco Mignaco, Presidente de la Fundación Capacitar Germán Viramonte, representantes de los Ingenios Ledesma, San Martín del Tabacal y San Isidro, e invitados especiales.
Cabe destacar que el proyecto “Desarrollo de Alternativas para el manejo de efluentes en la producción de Bioetanol en el NOA”, tiene como objetivo superar una de las falencias más importantes en la producción de este combustible.
Para lograrlo se vienen realizando una serie de actividades que incluyen la instalación de una planta piloto de tratamiento y transformación en productos de valor agregado, así como la capacitación y formación de recursos humanos. La iniciativa también involucra a la Universidad Nacional de Jujuy y de Salta, así como al INTA y al INTI, encargados de la certificación de los resultados obtenidos.
El Proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y tiene como contraparte el Grupo de Ingenios de las provincias de Salta y Jujuy. Para la gestión administrativa del proyecto fue seleccionada la Fundación JUJUY 3000, que cuenta con amplia experiencia en formulación y ejecución de proyectos, en especial en el sector azucarero del NOA.
El manejo eficiente de los efluentes de la actividad azucarera permite la obtención de fertilizantes orgánicos de alto valor agregado, que pueden ser destinados al mejoramiento de los suelos de este cultivo, en beneficio de una mayor y mejor producción, como también de otras actividades productivas de la región.
Los coordinadores expresaron con satisfacción que a pocos meses de haber iniciado el proyecto ya pueden anunciar que los resultados previstos para principios del próximo año son muy positivos.
Por tal motivo, otro desafío que les hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación es el de presentar un nuevo proyecto para la etapa productiva del bioetanol.
En este sentido están invitando a los Ingenios de Tucumán a sumarse a esta iniciativa y presentar una propuesta conjunta porque el objetivo es transformar a toda la industria nacional en sustentable ambientalmente para lo cual vienen trabajando fuertemente.
Producto de calidad ambiental
Juan María Gutiérrez del Ingenio el Tabacal de Salta dijo que se trata de un tema muy importante ya que nuestro país necesita tener alternativas para generar biocombustibles. En este sentido señaló que la vinaza era un problema que un poco podría llegar frenar ese crecimiento, pero han desarrollado algunos sistemas para poder hacer ese tratamiento y en este proyecto están trabajando juntos los Ingenios Ledesma, San isidro y el Tabacal, donde por suerte finalizaron con la primera etapa del proyecto.
Con la firma de este convenio contarán con recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que ayudarán a llevar adelante las investigaciones, desarrollo y pruebas que requiere este proyecto.
Luego explicó que en la producción de alcohol se genera un residuo denominado vinaza, que es 12 veces más volumen que el alcohol producido, el cual es muy contaminante y un problema para la industria subalcohlera mundial.
“En todos los países tienen problemas para manejar adecuadamente este residuo pero nosotros hemos empezado a desarrollar un sistema de evaporación en pileta que nos ha dado un buen resultado”.
Lo bueno es que los residuos del fondo de las piletas tienen una alta concentración de potasio, materia orgánica y otros elementos que con este sistema que seguimos estudiando y desarrollando puede volver al campo como biabono especialmente para el cultivo de caña de azúcar. Pero en una etapa posterior el objetivo es probarlo en otros cultivos, es decir, convertirlo en un emprendimiento regional que ayude a cultivos repetitivos como el tabaco, hortalizas, entre otros, puedan contar en cantidades importantes controladas con este producto.
Por último señaló “se trata de contar con un producto que sea biocombustible a la hora de producir el combustible pero también a la hora de tratar el residuo que era el punto flaco tenia este proyecto y que por suerte le estamos encontrando una solución que tiene un fin muy importante que es volver al campo esos residuos tratados como bioabonos y además compartiéndolo con otras actividades también”.
Por su parte Edgardo García Presidente de Prosal, del Ingenio San Isidro de Salta, manifestó que se trata de una iniciativa muy importante no solo para las tres empresas sino también para los gobiernos tanto nacionales como provinciales. Porque desde hace años estamos implementando técnicas para poder continuar con la producción de nuestros productos y atacar los efluentes para lo cual venimos haciendo inversiones que a veces no se conocen.
En este sentido señaló que la firma de este convenio implica que estamos en el buen camino y que a su vez los gobiernos están dispuestos a apoyarnos en esta tarea que estamos realizando para evitar cualquier tipo de efluentes en la mayor producción de biocombustibles que se viene en los próximos años. Agregando que a pesar que Argentina no es uno de los países de vanguardia en esto, venimos trabajando fuertemente en silencio e invirtiendo mucho en el tema ambiental por eso creo que es importante que se conozca el trabajo que estamos realizando desde hace mucho tiempo.
Más adelante García expresó “en nuestro caso el año que viene vamos a cumplir 10 años en la producción de caña de azúcar orgánica con una calidad que nos cotó mucho pero que una de las más importantes del mundo. Se trata de una producción totalmente nacional desde el abono que es fabricado por nosotros con productos de nuestro país y con mucha mano de obra que en definitiva es el mayor valor agregado que tiene la actividad”.
Por otra parte Fransisco Mignaco Presidente de la Fundación Jujuy 3000, destacó que se trata del único proyecto presentado a nivel regional que se lleva a cabo entra las provincias de Jujuy y Salta. Desde la Fundación estamos convencidos que se puede crecer en la producción cuidando el medio ambiente y este proyecto en una prueba de ello.
Argentina es un país que puede desarrollar muy bien todo lo que es biocombustible porque posee grandes extensiones de tierras y producciones que se está utilizando en el mundo. En Brasil el 20% de energía se origina a partir del biocombustible y en nuestro país no llegamos al 3% por lo cual todavía tenemos mucho para caminar.
Aporte del estado
Hugo de Vido, Secretario General del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dijo que con la firma de este convenio la Nación invertirá en este proyecto $ 600 mil pesos de un costo total de $ 900 mil pesos. Este proyecto no se encuentra solo, no es una isla, sino que está enmarcado en una línea de proyectos de eslabonamientos productivos que se están ejecutando en esta provincia, como por ejemplo del pimiento para pimentón, Son todos proyectos en los cuales la parte de desarrollo e investigación normalmente la están desarrollando entidades estatales como el INTA, el Inti y los Ministerios de Producción de ambas provincias.
Asimismo el funcionario señaló que estos proyectos también se enmarcan en línea general de proyectos federales de innovación productiva con impacto social, donde en los últimos 4 años la Nación y las provincias han invertido más de 3 millones de pesos.
Este proyecto es emblemático no solo porque une al estado, industria, universidades y ministerios de ambas provincias lo cual no es fácil, sino por algo más importante que es subsanar un problema de un producto contaminante como la vinaza para transformarla en un producto para mejorar los suelos de la región como es el compost.
En este sentido expresó que se trata de un gran avance científico tecnológico donde estamos dando el primer paso con el compromiso de seguirlo porque es un proyecto elegido desde las provincias, siendo este parte de nuestro plan de federalización de la ciencia y tecnología.
Por último de Vido manifestó “que el proyecto es emblemático, primero por la unión de las provincias, segunda por los montos que estamos invirtiendo la Nación y las provincias, tercera y más importante porque es una demostración clara y fehaciente de la redistribución del ingreso que se está dando en la sociedad argentina. Se trata del apoyo del gobierno nacional hacia las provincias que es la idea del Ministro y de este Secretario general”.
Por su parte el Ministro de Desarrollo Económico de la Salta Cesar Lostaif, señaló que tenemos que estar preparados para el año 2010 donde se pondrá en marcha el programa del gobierno nacional que dispone la mezcla de los combustibles con bioetanol.
En este sentido recordó que recientemente en una reunión con todos los sectores azucareros del Noa en Tucumán se planteó que la puesta en marcha de este programa es una de las formas de limpiar el mercado del azúcar en nuestro país y regular la comercialización del azúcar.
Luego explicó que la producción de bioetanol va producir primero un ahorro del combustible originado de los recursos no renovables y segundo a incentivar otras producciones que en lugar de ser exportadas puedan ser utilizadas para tal fin.
En Brasil hace más de 10 años están llevando adelante un programa donde existen automóviles con motores que funcionan solo con alcohol debido a su gran volumen de producción de caña de azúcar. Si bien en nuestro país no vamos a llegar a esto debido a nuestro volumen de producción pero si mezclar lo cual nos va permitir proteger el medio ambiente y a su vez ayudar a la actividad azucarera.
Resultados positivos
El Ing. Sebastián Muñoz, gerente de la Fundación Jujuy 3000, coordinador de este proyecto, expresó que es un orgullo en nombre de las provincias de Jujuy y Salta llegar a esta instancia de poder firmar este convenio porque en realidad ya se viene trabajando en este proyecto desde principios de este año en conjunto con las autoridades e ingenios de ambas provincias.
El proyecto consiste fundamentalmente en dar solución a una vieja problemática de los Ingenios del país que producen alcohol como son los efluentes que son altamente contaminantes y que tradicionalmente se los maneja a través del agua de riego en los cañaverales con los peligros existentes de derrames a los cauces de los ríos con consecuencia para la fauna y flora de la región.
Este proyecto que se inicio en el mes de mayo de este año, se encuentra en la segunda etapa donde se trata fundamentalmente que uno de sus efluentes como es la vinaza se evapore en forma natural en piletones a cielo abierto donde al reducirse su volumen permite en forma rentable acumularlo y transportarlo hacia dos destinos finales.
Uno es la aplicación directa sobre la tierra como fertilizante directo en los cañaverales donde queda circunscrito al lugar donde están las raíces y no circula a los cauces de los ríos. El otro es obtener un biofertilizante con el otro producto de desecho que es la cachaza que se produce en volúmenes importantes diariamente y también se lo maneja tradicionalmente a través de los canales de riego.
Con este proyecto estamos intentando controlar ese efluente para transformándolo en compost que es una solución ambiental que no solo corrige este problema sino también el de los costos de fertilizantes.
En esta etapa estamos produciendo este biofertilizante con la mezcla de estos efluentes donde las pilas de cachaza y bagazo se riegan y humedecen con vanaza. A través del proceso de mover este concentrado de camas de compostaje se está obteniendo un producto final de muy alta calidad que ya está siendo requerido no solo por la industria azucarera para autoabastecerse sino también por los sectores frutihortícolas que están viendo sus ventajas.
En este sentido dijo que están muy felices porque a pocos meses de haber iniciado el proyecto pueden anunciar que los resultados previstos para principios del próximo año son positivos.
Ahora tenemos otro desafío que nos hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es el de presentar un nuevo proyecto para la etapa productiva del bioetanol. Para esto tenemos previsto presentar una propuesta conjunta con los Ingenios de Salta y Jujuy pero también estamos invitando los Ingenios de Tucumán a sumarse a esta iniciativa porque la problemática ambiental es de toda la industria azucarera. Porque el objetivo de este proyecto en transformar a esta industria en sustentable ambientalmente para lo cual muchos Ingenios por ejemplo han dejado de tirar carbonillas por sus chimeneas y cosechar en verde para no quemar sus cañaverales entre otras cosas utilizando la tecnología y si ahora se puede manejar estos efluentes que era la otra problemática e habrá avanzado cien años en la industria azucarera. Este es el desafío por lo que esperamos que los demás Ingenios se vayan incorporando a este proyecto donde los gobiernos, técnicos y los Ingenios estamos trabajando fuertemente para lograr este resultado.
Greenpeace presenta proyecto de ley de RSU
Greenpeace presentó un proyecto de ley sobre gestión de residuos
Fecha de Publicación: 08/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
El proyecto presentado plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de cartoneros y la recuperación progresiva de los residuos secos y húmedos, entre otras medidas.
Greenpeace presentó esta tarde en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña un proyecto de ley alternativo para el diseño de los contratos del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incorpora al servicio los lineamientos establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero que fueron ignorados en el texto enviado por el Ejecutivo semanas atrás, criticado por diferentes sectores.
“El proyecto de Ley que estamos presentando fue elaborado a partir de la letra de la Ley de Basura Cero que es la que establece cómo debe llevarse adelante una política de gestión de residuos en la Ciudad y que hoy el Gobierno porteño desconoce abiertamente”, señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace. “Es ilógico que el contrato con las empresas recolectoras de basura, que es la principal herramienta que tiene el Ejecutivo para llevar adelante su gestión de residuos, vaya en contra de las leyes de la Ciudad” agregó.
El proyecto presentado plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de cartoneros y la recuperación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo, plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las impulse hacia la maximización en la separación y recuperación de materiales. Además, establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El documento fue elaborado por Greenpeace junto a diversas organizaciones sociales: GAIA, Fundación Ambiente y Sociedad, Fundación Iniciativa Verde, Cooperativa Reciclando Sueños; los legisladores del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti; del Partido Socialista, Julián D'Angelo y de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Víctor Santa María, secretario general del SUTERH.
“Cumplir con la Ley 1854 (de Basura Cero) implica que el Servicio de Higiene Urbana contemple la disposición inicial y la recolección diferenciada. Si no se implementa este sistema no hay ninguna chance para el cumplimiento de las metas de reducción de las toneladas enviadas a rellenos”, aseguró Villalonga. “Aprobar el proyecto del Ejecutivo convertirá a la Legislatura porteña en responsable de las enfermedades y del daño ambiental que se generará en la Ciudad y en el Conurbano bonaerense”, concluyó.
La semana pasada, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo ratificó en la Legislatura el proyecto oficial pese a las numerosas críticas cosechadas. Para Greenpeace, el criterio de facturación avalado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público implica colocar la lógica de ganancia de las empresas en contra de los objetivos de reducción en la generación y enterramiento de residuos sólidos urbanos establecidos en la Ley 1854; atentar contra cualquier intento de recuperación y reciclado; perpetuar por 10 años un sistema de recolección y entierro masivo de residuos en rellenos sanitarios y una contradicción entre un sistema de recuperación y reciclado y el servicio prestado por las empresas.
Fecha de Publicación: 08/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
El proyecto presentado plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de cartoneros y la recuperación progresiva de los residuos secos y húmedos, entre otras medidas.
Greenpeace presentó esta tarde en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña un proyecto de ley alternativo para el diseño de los contratos del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incorpora al servicio los lineamientos establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero que fueron ignorados en el texto enviado por el Ejecutivo semanas atrás, criticado por diferentes sectores.
“El proyecto de Ley que estamos presentando fue elaborado a partir de la letra de la Ley de Basura Cero que es la que establece cómo debe llevarse adelante una política de gestión de residuos en la Ciudad y que hoy el Gobierno porteño desconoce abiertamente”, señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace. “Es ilógico que el contrato con las empresas recolectoras de basura, que es la principal herramienta que tiene el Ejecutivo para llevar adelante su gestión de residuos, vaya en contra de las leyes de la Ciudad” agregó.
El proyecto presentado plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de cartoneros y la recuperación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo, plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las impulse hacia la maximización en la separación y recuperación de materiales. Además, establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El documento fue elaborado por Greenpeace junto a diversas organizaciones sociales: GAIA, Fundación Ambiente y Sociedad, Fundación Iniciativa Verde, Cooperativa Reciclando Sueños; los legisladores del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti; del Partido Socialista, Julián D'Angelo y de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Víctor Santa María, secretario general del SUTERH.
“Cumplir con la Ley 1854 (de Basura Cero) implica que el Servicio de Higiene Urbana contemple la disposición inicial y la recolección diferenciada. Si no se implementa este sistema no hay ninguna chance para el cumplimiento de las metas de reducción de las toneladas enviadas a rellenos”, aseguró Villalonga. “Aprobar el proyecto del Ejecutivo convertirá a la Legislatura porteña en responsable de las enfermedades y del daño ambiental que se generará en la Ciudad y en el Conurbano bonaerense”, concluyó.
La semana pasada, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo ratificó en la Legislatura el proyecto oficial pese a las numerosas críticas cosechadas. Para Greenpeace, el criterio de facturación avalado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público implica colocar la lógica de ganancia de las empresas en contra de los objetivos de reducción en la generación y enterramiento de residuos sólidos urbanos establecidos en la Ley 1854; atentar contra cualquier intento de recuperación y reciclado; perpetuar por 10 años un sistema de recolección y entierro masivo de residuos en rellenos sanitarios y una contradicción entre un sistema de recuperación y reciclado y el servicio prestado por las empresas.
Campaña sobre las pilas en San Luis
Comienza campaña sobre contaminación de pilas
Fecha de Publicación: 08/10/2008
Fuente: Télam - Terra
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Ambiente de San Luis lanzó la campaña "Sacate las pilas", para concientizar sobre la contaminación que causa tirar baterías usadas a la basura domiciliaria o en cursos de agua, por lo que instalaron bidones contenedores en 47 escuelas de 30 localidades de la provincia.
"Las pilas son un elemento muy pequeño pero pueden hacer un gran daño al ecosistema.
Con la campaña protegemos al territorio provincial de una posible contaminación y aseguramos para las futuras generaciones los recursos naturales limpios", aseguró el titular la cartera ambiental puntana, Hugo Larramendi.
La campaña comienza ahora pero continuará mientras "se sigan fabricando este tipo de pilas, a menos que las nuevas tecnologías desarrollen otro baterías portátiles que no contaminen", explicó el funcionario.
"Sacate las Pilas" depende del Subprograma de Control de Contaminación de Residuos Peligrosos, a cargo de Oscar Garat, quien detalló que se repartirán 2.000 bidones o "come pilas" en escuelas, hospitales y terminales de ómnibus, lugares que concentran a una gran cantidad de población.
También distribuirán 1.000 afiches, 2.000 folletos y otras tantas calcomanías sobre el tema para afirmar los contenidos de la campaña, a lo que aporta el ciclo de charlas en las escuelas sobre cómo cuidar el planeta y sus recursos naturales, señaló Garat.
"Se enseña a los estudiantes la importancia que tiene no tirar las pilas en cualquier lado, ya que pueden contaminar grandes extensiones de tierra o de agua", advirtió.
Cuando los bidones estén llenos de pilas serán retirados por el personal del área, que los trasladaran para su disposición final, a cargo -en principio- de una operadora privada.
Fecha de Publicación: 08/10/2008
Fuente: Télam - Terra
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Ambiente de San Luis lanzó la campaña "Sacate las pilas", para concientizar sobre la contaminación que causa tirar baterías usadas a la basura domiciliaria o en cursos de agua, por lo que instalaron bidones contenedores en 47 escuelas de 30 localidades de la provincia.
"Las pilas son un elemento muy pequeño pero pueden hacer un gran daño al ecosistema.
Con la campaña protegemos al territorio provincial de una posible contaminación y aseguramos para las futuras generaciones los recursos naturales limpios", aseguró el titular la cartera ambiental puntana, Hugo Larramendi.
La campaña comienza ahora pero continuará mientras "se sigan fabricando este tipo de pilas, a menos que las nuevas tecnologías desarrollen otro baterías portátiles que no contaminen", explicó el funcionario.
"Sacate las Pilas" depende del Subprograma de Control de Contaminación de Residuos Peligrosos, a cargo de Oscar Garat, quien detalló que se repartirán 2.000 bidones o "come pilas" en escuelas, hospitales y terminales de ómnibus, lugares que concentran a una gran cantidad de población.
También distribuirán 1.000 afiches, 2.000 folletos y otras tantas calcomanías sobre el tema para afirmar los contenidos de la campaña, a lo que aporta el ciclo de charlas en las escuelas sobre cómo cuidar el planeta y sus recursos naturales, señaló Garat.
"Se enseña a los estudiantes la importancia que tiene no tirar las pilas en cualquier lado, ya que pueden contaminar grandes extensiones de tierra o de agua", advirtió.
Cuando los bidones estén llenos de pilas serán retirados por el personal del área, que los trasladaran para su disposición final, a cargo -en principio- de una operadora privada.
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