Riachuelo: presentaron el nuevo Plan de Saneamiento
08:00 | 
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ACUMAR presentó a municipios ejes del Plan Integral de Saneamiento
Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Ante la presencia de representantes de 12 municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el vicepresidente de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), Julio Torti, junto al coordinador del Consejo Municipal, Ignacio Semenzato, presentaron las principales líneas de trabajo que abarcará el nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca.
La presentación forma parte de una serie de aciones que está desarrollando el organismo, y tiene como objetivo principal generar un ámbito de divulgación y discusión de cara a la obligación de reformular un plan que data del año 2010 y que ha sido un pedido expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el encuentro, realizado en la sede del organismo nacional, se repasaron los principales proyectos que comprenden la nueva versión del PISA, que apuntan a darle un rol más protagónico a la ACUMAR. La propuesta presentada expone el estado actual de la tareas en marcha, y quedó abierta a modificaciones de los municipios.
Ejes centrales
En la reunión se explicó que el PISA gira en torno a tres ejes centrales: mejorar la calidad de vida de los más de 6 millones de habitantes de la cuenca, recomponer el deterioro ambiental provocado durante años de falta de control y prevenir futuros daños a través de la educación y la concientización ambiental.
Esta presentación forma parte de una serie que está desarrollando el organismo, y tiene como objetivo principal generar un ámbito de divulgación y discusión de cara a la obligación de reformular un plan que data del año 2010 y que ha sido un pedido expreso de la justicia.
Según se informó, no pudieron asistir a la reunión los municipios de La Matanza y Morón, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Ante la presencia de representantes de 12 municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el vicepresidente de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), Julio Torti, junto al coordinador del Consejo Municipal, Ignacio Semenzato, presentaron las principales líneas de trabajo que abarcará el nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca.
La presentación forma parte de una serie de aciones que está desarrollando el organismo, y tiene como objetivo principal generar un ámbito de divulgación y discusión de cara a la obligación de reformular un plan que data del año 2010 y que ha sido un pedido expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el encuentro, realizado en la sede del organismo nacional, se repasaron los principales proyectos que comprenden la nueva versión del PISA, que apuntan a darle un rol más protagónico a la ACUMAR. La propuesta presentada expone el estado actual de la tareas en marcha, y quedó abierta a modificaciones de los municipios.
Ejes centrales
En la reunión se explicó que el PISA gira en torno a tres ejes centrales: mejorar la calidad de vida de los más de 6 millones de habitantes de la cuenca, recomponer el deterioro ambiental provocado durante años de falta de control y prevenir futuros daños a través de la educación y la concientización ambiental.
Esta presentación forma parte de una serie que está desarrollando el organismo, y tiene como objetivo principal generar un ámbito de divulgación y discusión de cara a la obligación de reformular un plan que data del año 2010 y que ha sido un pedido expreso de la justicia.
Según se informó, no pudieron asistir a la reunión los municipios de La Matanza y Morón, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Rosario tiene su mapa virtual para alimentos sanos
Crean un mapa virtual local donde encontrar alimentos agroecológicos
Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Es una iniciativa del Taller Ecologista Rosario que indica los puntos de producción y venta. No tienen químicos y son más económicos.
Como la aldea de Asterix que resiste al invasor, en la gran ciudad también hay espacio para emprendimientos que producen y venden alimentos agroecológicos producidos fuera de las formas dominantes de mercado y que llegan a los consumidores con una paleta de productos verdes, sin químicos y de cercanía; que incluyen frutas y verduras, miel, medallones, quesos y embutidos, semillas, cereales y panificación, entre otras (muchas) opciones.
Para no perderse en el intento y saber dónde encontrarlos, desde el área de soberanía alimentaria del Taller Ecologista local armaron la web Ecoalimentate, donde aparece un "mapa de soberanía alimentaria" rosarino que muestra de manera didáctica y sencilla los puntos de producción y comercialización de alimentos sanos y locales que ya está on line (http://ecoalimentate.org.ar/mapa/), y como todo desarrollo digital no para de actualizarse y sumar datos.
Lisandro Arelovich, uno de los responsables de la iniciativa, explicó que la idea surgió tras interrogarse sobre los usos y costumbres de los rosarinos a la hora de comprar alimentos. "Nos daba curiosidad saber si la gente de la ciudad se cuestiona qué come, de dónde sale eso, y también si había otras estrategias de acceso a los alimentos por fuera del sistema supermercadista", indicó.
La idea del mapeo empezó con un perfil de dietéticas y almacenes naturales, un rubro en crecimiento que funcionó como primer indicador de que, efectivamente, existe un sector de los consumidores que se cuestiona qué come.
"En el tema de la alimentación hay muchas escuelas y nuestra idea fue no quedarnos con ningún dogma", dijo, para agregar que otro de los objetivos del trabajo es conocer la cadena entre productores locales y accesos a los productos, ya que el concepto de soberanía alimentaria incluye saber quién produce qué.
Toda la información recabada se volcó a un mapa web digital, que a la larga será colaborativo para que el propio usuario se convierta en el garante de los productos y servicios ofrecidos.
"Los mapas digitales se inscriben en una mirada de democratización ciudadana o de ciudadanos 2.0, algo que hasta ahora se ha usado mucho en cuestiones de movilidad urbana, pero que puede usarse para acceder a otras informaciones", agregó Arelovich.
Productores. Un dato interesante que aporta el mapa es que también se puede visualizar quiénes son y dónde están los emprendimientos productivos, no sólo de Rosario y la región, sino de diferentes puntos de las provincia de Santa Fe que utilizan técnicas agroecológicas (sin la utilización de agroquímicos) para la elaboración de alimentos.
Aparecen por ejemplo el tambo La Resistencia de Giros en Nuevo Alberdi, la chacra Monteflore de Alvear, el Paca (proyecto agroecológico Casilda), El CEA (Centro de Estudios Agropecuarios) de Totoras, y la granja Naturaleza Viva de Guadalupe Norte, ubicada en el kilómetro 815 de la ruta nacional 11 y toda una referencia internacional de producción agroecológica a gran escala.
Arelovich destacó que para el trabajo entrevistaron a productores y armaron microvideos que también se subieron a la web, ya que uno de los objetivos del mapa es "ponerle un rostro" a quienes producen la comida que consume la ciudad. "Contamos una mini historia, porque cada alimento tiene su historia, y a eso lo atamos con la idea de cadena corta de comercialización, que no sólo es comercial sino también relacional".
"Para que la soberanía alimentaria no sea anónima, saber de dónde viene lo que comemos es muy importante", agregó.
Para todos los gustos. Además de las Ong's, en los últimos años los propios partidos políticos o diferentes niveles estatales han incursionado en formas de comercialización directa para bajar costos y acercar a productores y consumidores.
La Municipalidad lo hace con el programa de agricultura urbana y las ferias que funcionan en todos los distritos, mientras que otras fuerzas políticas como Ciudad Futura a través del tambo y la Misión Antiinflación o el Movimiento Evita con los camiones de venta populares, también ofrecen productos sin el paso previo por intermediarios.
Existe además un abanico enorme de grupos informales nacidos al amparo de las redes sociales, sobre todo Facebook, que también elaboran alternativas de acceso a alimentos más sanos y económicos.
El radio céntrico concentra una variedad de ferias que funcionan tanto durante la semana como los sábados y domingos en diferentes espacios verdes de la ciudad: Parque Norte (Alvear y Rivadavia) sábados, de 15 a 19, y domingos y feriados, de 10.30 a 19; La Pérgola (Roca y el río) los domingos, de 11 a 18; el Mercado Popular (Tucumán 1349) que está abierto todos los días; la feria de la plaza San Martín (Córdoba al 1900) que abre lunes, de 9 a 13, y miércoles de, 9 a 18; la Cooperativa Mercado Solidario (9 de Julio 659), y la feria de la plaza López (Pellegrini al 700), los viernes de 9 a 13.
Los barrios también tienen lugares de comercialización de alimentos sanos: en Costa Alta (Carrasco y Martín Fierro) está los domingos y feriados, 11 a 19; en la plaza Alberdi (Rondeau y Puccio) los viernes de mañana; en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas) los sábados y domingos, de 15 a 19 en invierno, y de 16 a 20 en verano; en el CMD Sudoeste (Francia 4435) los jueves de 9 a 13; y en el CMD Sur (Uriburu 637) también los jueves, de 9 a 13.
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Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Es una iniciativa del Taller Ecologista Rosario que indica los puntos de producción y venta. No tienen químicos y son más económicos.
Como la aldea de Asterix que resiste al invasor, en la gran ciudad también hay espacio para emprendimientos que producen y venden alimentos agroecológicos producidos fuera de las formas dominantes de mercado y que llegan a los consumidores con una paleta de productos verdes, sin químicos y de cercanía; que incluyen frutas y verduras, miel, medallones, quesos y embutidos, semillas, cereales y panificación, entre otras (muchas) opciones.
Para no perderse en el intento y saber dónde encontrarlos, desde el área de soberanía alimentaria del Taller Ecologista local armaron la web Ecoalimentate, donde aparece un "mapa de soberanía alimentaria" rosarino que muestra de manera didáctica y sencilla los puntos de producción y comercialización de alimentos sanos y locales que ya está on line (http://ecoalimentate.org.ar/mapa/), y como todo desarrollo digital no para de actualizarse y sumar datos.
Lisandro Arelovich, uno de los responsables de la iniciativa, explicó que la idea surgió tras interrogarse sobre los usos y costumbres de los rosarinos a la hora de comprar alimentos. "Nos daba curiosidad saber si la gente de la ciudad se cuestiona qué come, de dónde sale eso, y también si había otras estrategias de acceso a los alimentos por fuera del sistema supermercadista", indicó.
La idea del mapeo empezó con un perfil de dietéticas y almacenes naturales, un rubro en crecimiento que funcionó como primer indicador de que, efectivamente, existe un sector de los consumidores que se cuestiona qué come.
"En el tema de la alimentación hay muchas escuelas y nuestra idea fue no quedarnos con ningún dogma", dijo, para agregar que otro de los objetivos del trabajo es conocer la cadena entre productores locales y accesos a los productos, ya que el concepto de soberanía alimentaria incluye saber quién produce qué.
Toda la información recabada se volcó a un mapa web digital, que a la larga será colaborativo para que el propio usuario se convierta en el garante de los productos y servicios ofrecidos.
"Los mapas digitales se inscriben en una mirada de democratización ciudadana o de ciudadanos 2.0, algo que hasta ahora se ha usado mucho en cuestiones de movilidad urbana, pero que puede usarse para acceder a otras informaciones", agregó Arelovich.
Productores. Un dato interesante que aporta el mapa es que también se puede visualizar quiénes son y dónde están los emprendimientos productivos, no sólo de Rosario y la región, sino de diferentes puntos de las provincia de Santa Fe que utilizan técnicas agroecológicas (sin la utilización de agroquímicos) para la elaboración de alimentos.
Aparecen por ejemplo el tambo La Resistencia de Giros en Nuevo Alberdi, la chacra Monteflore de Alvear, el Paca (proyecto agroecológico Casilda), El CEA (Centro de Estudios Agropecuarios) de Totoras, y la granja Naturaleza Viva de Guadalupe Norte, ubicada en el kilómetro 815 de la ruta nacional 11 y toda una referencia internacional de producción agroecológica a gran escala.
Arelovich destacó que para el trabajo entrevistaron a productores y armaron microvideos que también se subieron a la web, ya que uno de los objetivos del mapa es "ponerle un rostro" a quienes producen la comida que consume la ciudad. "Contamos una mini historia, porque cada alimento tiene su historia, y a eso lo atamos con la idea de cadena corta de comercialización, que no sólo es comercial sino también relacional".
"Para que la soberanía alimentaria no sea anónima, saber de dónde viene lo que comemos es muy importante", agregó.
Para todos los gustos. Además de las Ong's, en los últimos años los propios partidos políticos o diferentes niveles estatales han incursionado en formas de comercialización directa para bajar costos y acercar a productores y consumidores.
La Municipalidad lo hace con el programa de agricultura urbana y las ferias que funcionan en todos los distritos, mientras que otras fuerzas políticas como Ciudad Futura a través del tambo y la Misión Antiinflación o el Movimiento Evita con los camiones de venta populares, también ofrecen productos sin el paso previo por intermediarios.
Existe además un abanico enorme de grupos informales nacidos al amparo de las redes sociales, sobre todo Facebook, que también elaboran alternativas de acceso a alimentos más sanos y económicos.
El radio céntrico concentra una variedad de ferias que funcionan tanto durante la semana como los sábados y domingos en diferentes espacios verdes de la ciudad: Parque Norte (Alvear y Rivadavia) sábados, de 15 a 19, y domingos y feriados, de 10.30 a 19; La Pérgola (Roca y el río) los domingos, de 11 a 18; el Mercado Popular (Tucumán 1349) que está abierto todos los días; la feria de la plaza San Martín (Córdoba al 1900) que abre lunes, de 9 a 13, y miércoles de, 9 a 18; la Cooperativa Mercado Solidario (9 de Julio 659), y la feria de la plaza López (Pellegrini al 700), los viernes de 9 a 13.
Los barrios también tienen lugares de comercialización de alimentos sanos: en Costa Alta (Carrasco y Martín Fierro) está los domingos y feriados, 11 a 19; en la plaza Alberdi (Rondeau y Puccio) los viernes de mañana; en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas) los sábados y domingos, de 15 a 19 en invierno, y de 16 a 20 en verano; en el CMD Sudoeste (Francia 4435) los jueves de 9 a 13; y en el CMD Sur (Uriburu 637) también los jueves, de 9 a 13.
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Se quiere integrar los PN Iberá – El Impenetrable – Iguazú
Se esperan nuevos avances por el proyecto de Parque Nacional en Iberá
Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
El Estado Nacional tiene en sus prioridades en materia de turismo avanzar en una propuesta de circuito de los parques nacionales Iberá – El Impenetrable – Iguazú.
Sobre el proyecto en Iberá, se espera la visita del ministro Santos, posiblemente el 1 de julio, con el objetivo de continuar las acciones enmarcadas en el proyecto del Parque Nacional Iberá que el Gobierno provincial lo enmarca en el Plan Maestro del Iberá.
Turismo ya informó las inversiones para el Parque El Impenetrable en el marco de esta iniciativa de promover el circuito turístico regional.
Cabe recordar que sobre las cientos de miles de hectáreas para el desarrollo del parque ecoturístico del Iberá que fueron donadas por el ambientalista fallecido Douglas Thompkins, se firmó un convenio con Parques Nacionales para comenzar a trabajar con todos los actores involucrados en el desarrollo del Plan Maestro de ese proyecto.
Por su parte, en un informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se informó que la Administración de Parques Nacionales (APN) ha recibido la carta de parte de la Fundación de Tompkins para la donación con cargo a la creación del Parque Nacional.
El Directorio de APN ha aprobado una resolución aceptando los términos de la donación y en este momento la provincia de Corrientes procederá a tramitar ante su parlamento la ley de transferencia de jurisdicción ambiental en favor de APN.
En Iberá se proyecta un nuevo Parque Nacional que estará integrado a un Parque Provincial, que totalizará una unidad de conservación superior a las 700.000 hectáreas.
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Fecha de Publicación: 23/06/2016
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
El Estado Nacional tiene en sus prioridades en materia de turismo avanzar en una propuesta de circuito de los parques nacionales Iberá – El Impenetrable – Iguazú.
Sobre el proyecto en Iberá, se espera la visita del ministro Santos, posiblemente el 1 de julio, con el objetivo de continuar las acciones enmarcadas en el proyecto del Parque Nacional Iberá que el Gobierno provincial lo enmarca en el Plan Maestro del Iberá.
Turismo ya informó las inversiones para el Parque El Impenetrable en el marco de esta iniciativa de promover el circuito turístico regional.
Cabe recordar que sobre las cientos de miles de hectáreas para el desarrollo del parque ecoturístico del Iberá que fueron donadas por el ambientalista fallecido Douglas Thompkins, se firmó un convenio con Parques Nacionales para comenzar a trabajar con todos los actores involucrados en el desarrollo del Plan Maestro de ese proyecto.
Por su parte, en un informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se informó que la Administración de Parques Nacionales (APN) ha recibido la carta de parte de la Fundación de Tompkins para la donación con cargo a la creación del Parque Nacional.
El Directorio de APN ha aprobado una resolución aceptando los términos de la donación y en este momento la provincia de Corrientes procederá a tramitar ante su parlamento la ley de transferencia de jurisdicción ambiental en favor de APN.
En Iberá se proyecta un nuevo Parque Nacional que estará integrado a un Parque Provincial, que totalizará una unidad de conservación superior a las 700.000 hectáreas.
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Descubrimiento del Conicet podría revolucionar la solar
Argentinos hallan materiales que absorben el 43% de luz solar en lugar del 4% actual
Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de científicos del Conicet descubrió una familia de materiales compuestos que permiten maximizar el aprovechamiento de la energía solar para transformarla en química o eléctrica, un trabajo que generó sorpresa en la comunidad científica internacional.
El grupo compuesto por el doctor en física Eugenio Otal y los doctores en química Manuela Kim e Ismael Fabregas, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), trabajó durante un año sobre materiales denominados MOFs (del inglés Metal Organic Frameworks) hasta desarrollar fotocatalizadores que permiten realizar sobre estos un proceso similar a la fotosíntesis que generan las plantas para obtener sus nutrientes.
"Los MOFs que desarrollamos son fotocatalizadores, es decir, agregamos una antena que capta la luz solar y permite transformar su energía en energía química, como las plantas que realizan fotosíntesis para generar sus nutrientes", explicó Otal en diálogo con Télam.
"A diferencia de los fotocatalizadores conocidos, como el dióxido de titanio, que solo absorben la luz ultravioleta, los que desarrollamos absorben además toda la luz visible, esto significa pasar de absorber el 4% al 43% de la luz del sol, haciéndolos potencialmente más eficientes", detalló el científico de 38 años.
Los MOFs, según explicó Otal, son "una nueva familia de materiales que unen propiedades de las nanopartículas inorgánicas y los polímeros orgánicos de manera sinérgica", lo que permite generar compuestos con las propiedades deseadas "simplemente combinando bloques de construcción".
Esto da la posibilidad de "sintetizar nanopartículas, manipularlas con precisión superior a los métodos actuales, ordenarlas, agregar funciones orgánicas y lo más importante, producirlas a gran escala para aplicaciones tecnológicas que provean a un mercado de consumo".
De todas maneras, la nanotecnología no puede satisfacer las demandas para la producción masiva de bienes de consumo excepto en casos muy puntuales, por lo que "para pasar de una revolución en áreas académicas a una en áreas productivas, como lo fue la revolución en la industria automotor o textil, se debe poder sintetizar y manipular nano-objetos a escalas de producción".
Los resultados del trabajo de este equipo -de Conicet, RPIDFA y UTN, con lugar de trabajo en Unidef- fueron publicados en mayo en la contratapa de la renombrada revista científica Chemical Communications, de la Real Sociedad Química del Reino Unido, que publica resultados de alto impacto en todas las áreas de la química.
"Al editor (el resultado de la investigación) le sorprendió", comentó Otal al contextualizar el valor del descubrimiento, y señaló que "a nivel país no hay mucho trabajo en esto".
El físico recordó que la investigación surgió después de que le llegara un paper "en el que se destacaba una potencialidad superior a los materiales convencionales, y unimos el concepto de celdas decolorantes con el de los MOF".
Si bien existen ejemplos académicos de celdas solares -a escala laboratorio- que utilizan materiales MOFs, "los desarrollados en nuestro laboratorio cuentan con la ventaja de absorber toda la luz visible proveniente del sol", explicó Otal.
"Por otro lado, el escalado de la producción de los MOFs desarrollados en nuestro grupo es factible y también su utilización en celdas solares, con un mínimo de inversión. Después de este paso, la tecnología es directamente transferible a la sociedad", cotinuó.
Además del mayor aprovechamiento de la energía solar, entre las ventajas de utilizar estos materiales está el bajo costo de las materias primas que se utilizan y la de una vida útil más extensa.
"Muchas de los materiales orgánicos desarrollados en los últimos años tienen problemas de estabilidad con la humedad, esto reduce los tiempos de vida útil a alrededor de 1.000 horas, lo que equivale a unos pocos meses de uso. Nuestros materiales se preparan en agua, por lo que la humedad no es un problema", indicó el científico.
También está la ventaja de desarrollar tecnologías verdes, al obtener energía sin la quema de combustibles fósiles o la descontaminación de agua.
En la investigación colaboraron además Juan Hinestroza, de la Universidad de Cornell (Estados Unidos); Mauricio Calvo, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (España); Lassi Karvonen, del Instituto Federal Suizo de Materiales; y Cesar Sierra de la Universidad Nacional de Colombia.
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Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de científicos del Conicet descubrió una familia de materiales compuestos que permiten maximizar el aprovechamiento de la energía solar para transformarla en química o eléctrica, un trabajo que generó sorpresa en la comunidad científica internacional.
El grupo compuesto por el doctor en física Eugenio Otal y los doctores en química Manuela Kim e Ismael Fabregas, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), trabajó durante un año sobre materiales denominados MOFs (del inglés Metal Organic Frameworks) hasta desarrollar fotocatalizadores que permiten realizar sobre estos un proceso similar a la fotosíntesis que generan las plantas para obtener sus nutrientes.
"Los MOFs que desarrollamos son fotocatalizadores, es decir, agregamos una antena que capta la luz solar y permite transformar su energía en energía química, como las plantas que realizan fotosíntesis para generar sus nutrientes", explicó Otal en diálogo con Télam.
"A diferencia de los fotocatalizadores conocidos, como el dióxido de titanio, que solo absorben la luz ultravioleta, los que desarrollamos absorben además toda la luz visible, esto significa pasar de absorber el 4% al 43% de la luz del sol, haciéndolos potencialmente más eficientes", detalló el científico de 38 años.
Los MOFs, según explicó Otal, son "una nueva familia de materiales que unen propiedades de las nanopartículas inorgánicas y los polímeros orgánicos de manera sinérgica", lo que permite generar compuestos con las propiedades deseadas "simplemente combinando bloques de construcción".
Esto da la posibilidad de "sintetizar nanopartículas, manipularlas con precisión superior a los métodos actuales, ordenarlas, agregar funciones orgánicas y lo más importante, producirlas a gran escala para aplicaciones tecnológicas que provean a un mercado de consumo".
De todas maneras, la nanotecnología no puede satisfacer las demandas para la producción masiva de bienes de consumo excepto en casos muy puntuales, por lo que "para pasar de una revolución en áreas académicas a una en áreas productivas, como lo fue la revolución en la industria automotor o textil, se debe poder sintetizar y manipular nano-objetos a escalas de producción".
Los resultados del trabajo de este equipo -de Conicet, RPIDFA y UTN, con lugar de trabajo en Unidef- fueron publicados en mayo en la contratapa de la renombrada revista científica Chemical Communications, de la Real Sociedad Química del Reino Unido, que publica resultados de alto impacto en todas las áreas de la química.
"Al editor (el resultado de la investigación) le sorprendió", comentó Otal al contextualizar el valor del descubrimiento, y señaló que "a nivel país no hay mucho trabajo en esto".
El físico recordó que la investigación surgió después de que le llegara un paper "en el que se destacaba una potencialidad superior a los materiales convencionales, y unimos el concepto de celdas decolorantes con el de los MOF".
Si bien existen ejemplos académicos de celdas solares -a escala laboratorio- que utilizan materiales MOFs, "los desarrollados en nuestro laboratorio cuentan con la ventaja de absorber toda la luz visible proveniente del sol", explicó Otal.
"Por otro lado, el escalado de la producción de los MOFs desarrollados en nuestro grupo es factible y también su utilización en celdas solares, con un mínimo de inversión. Después de este paso, la tecnología es directamente transferible a la sociedad", cotinuó.
Además del mayor aprovechamiento de la energía solar, entre las ventajas de utilizar estos materiales está el bajo costo de las materias primas que se utilizan y la de una vida útil más extensa.
"Muchas de los materiales orgánicos desarrollados en los últimos años tienen problemas de estabilidad con la humedad, esto reduce los tiempos de vida útil a alrededor de 1.000 horas, lo que equivale a unos pocos meses de uso. Nuestros materiales se preparan en agua, por lo que la humedad no es un problema", indicó el científico.
También está la ventaja de desarrollar tecnologías verdes, al obtener energía sin la quema de combustibles fósiles o la descontaminación de agua.
En la investigación colaboraron además Juan Hinestroza, de la Universidad de Cornell (Estados Unidos); Mauricio Calvo, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (España); Lassi Karvonen, del Instituto Federal Suizo de Materiales; y Cesar Sierra de la Universidad Nacional de Colombia.
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Argentina reafirmó su lucha contra la desertificación
Argentina reafirma su compromiso para poner freno a la degradación de los suelos
Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación del Ministerio de Ambiente de la Nación se encuentra en China, donde participa de una convención que busca soluciones a este problema.
Una delegación argentina viajó a China para participar de una convención organizada por ese país en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, donde más de 150 países están reunidos para diseñar estrategias que permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en todo el planeta.
Junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la desertificación fue identificada por las Naciones Unidas como uno de los mayores desafíos que el mundo tiene por delante. Argentina, junto con China, Australia, Estados Unidos y Brasil, es uno de los países con mayor porcentaje de tierras secas, que cubren el 70 % de su territorio.
Al frente de la delegación argentina se encuentra el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, quien viajó acompañado por expertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, destacó la importancia de participar de este tipo de diálogos que buscan alcanzar la meta propuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: neutralizar la degradación de las tierras para el año 2030.
En ese sentido, el ministro Bergman dijo que en el 60 % de las tierras secas de Argentina se han identificado casos extremos de pérdida de las propiedades físicas del suelo, con un dificultoso grado de reversibilidad: “Diversas economías regionales, que son la base del desarrollo del interior del país, están basadas en el uso de los recursos naturales y la producción agropecuaria; una destrucción o pérdida de los recursos que son sostén de esta producción pone en riesgo el mantenimiento y crecimiento de esos sistemas productivos y la subsistencia de las pequeñas comunidades”.
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación conmemora la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), el 17 de junio de 1994 en París. Se trata del único acuerdo internacional que vincula al ambiente y al desarrollo con el manejo sustentable del suelo, específicamente en las tierras secas.
Durante ocho días, las delegaciones visitarán distintos sitios de interés para conocer experiencias exitosas en el manejo sustentable del suelo.
“Si bien la temática ambiental es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es nuestro rol enfocarnos en el objetivo que nos invita a promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”, aseguró Diego Moreno.
Un problema ambiental y humano
La desertificación es el proceso de degradación de las tierras secas, que comprenden a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y que en Argentina abarcan un 70 % de su territorio.
La principal causa de este fenómeno es el manejo no sustentable del suelo durante las actividades humanas; el uso intensivo del recurso (como el sobrepastoreo), el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos, son algunas de las prácticas no sustentables más habituales en nuestro país y el resto del mundo.
El problema es que las tierras secas son más vulnerables a este proceso ya que, al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no aguantan la presión del uso intensivo.
En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante diferentes programas dedicados a promover prácticas sustentables en el manejo del suelo para revertir el proceso de degradación. Entre ellos, se destacan los realizados en las zonas secas del noroeste, en los bosques del Gran Chaco Americano (junto con los gobiernos de Bolivia y Paraguay) y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
“La Argentina comparte con China un profundo interés en abordar de manera definitiva y eficiente la lucha contra la Desertificación —dijo Diego Moreno—. Los dos países dependen del estado de sus recursos naturales, fundamentalmente del suelo y sus componentes, para mantener la producción de materias primas que abastezcan sus mercados internos y externos”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación del Ministerio de Ambiente de la Nación se encuentra en China, donde participa de una convención que busca soluciones a este problema.
Una delegación argentina viajó a China para participar de una convención organizada por ese país en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, donde más de 150 países están reunidos para diseñar estrategias que permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en todo el planeta.
Junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la desertificación fue identificada por las Naciones Unidas como uno de los mayores desafíos que el mundo tiene por delante. Argentina, junto con China, Australia, Estados Unidos y Brasil, es uno de los países con mayor porcentaje de tierras secas, que cubren el 70 % de su territorio.
Al frente de la delegación argentina se encuentra el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, quien viajó acompañado por expertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, destacó la importancia de participar de este tipo de diálogos que buscan alcanzar la meta propuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: neutralizar la degradación de las tierras para el año 2030.
En ese sentido, el ministro Bergman dijo que en el 60 % de las tierras secas de Argentina se han identificado casos extremos de pérdida de las propiedades físicas del suelo, con un dificultoso grado de reversibilidad: “Diversas economías regionales, que son la base del desarrollo del interior del país, están basadas en el uso de los recursos naturales y la producción agropecuaria; una destrucción o pérdida de los recursos que son sostén de esta producción pone en riesgo el mantenimiento y crecimiento de esos sistemas productivos y la subsistencia de las pequeñas comunidades”.
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación conmemora la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), el 17 de junio de 1994 en París. Se trata del único acuerdo internacional que vincula al ambiente y al desarrollo con el manejo sustentable del suelo, específicamente en las tierras secas.
Durante ocho días, las delegaciones visitarán distintos sitios de interés para conocer experiencias exitosas en el manejo sustentable del suelo.
“Si bien la temática ambiental es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es nuestro rol enfocarnos en el objetivo que nos invita a promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”, aseguró Diego Moreno.
Un problema ambiental y humano
La desertificación es el proceso de degradación de las tierras secas, que comprenden a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y que en Argentina abarcan un 70 % de su territorio.
La principal causa de este fenómeno es el manejo no sustentable del suelo durante las actividades humanas; el uso intensivo del recurso (como el sobrepastoreo), el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos, son algunas de las prácticas no sustentables más habituales en nuestro país y el resto del mundo.
El problema es que las tierras secas son más vulnerables a este proceso ya que, al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no aguantan la presión del uso intensivo.
En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante diferentes programas dedicados a promover prácticas sustentables en el manejo del suelo para revertir el proceso de degradación. Entre ellos, se destacan los realizados en las zonas secas del noroeste, en los bosques del Gran Chaco Americano (junto con los gobiernos de Bolivia y Paraguay) y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
“La Argentina comparte con China un profundo interés en abordar de manera definitiva y eficiente la lucha contra la Desertificación —dijo Diego Moreno—. Los dos países dependen del estado de sus recursos naturales, fundamentalmente del suelo y sus componentes, para mantener la producción de materias primas que abastezcan sus mercados internos y externos”.
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Ley de Bosques en Buenos Aires a audiencia pública
Diputados aprobó la convocatoria a audiencia pública para discutir la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
El jueves la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de resolución presentado por el diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, estableciendo la convocatoria a Audiencia Pública. Se realizará como instancia previa al tratamiento del proyecto de adecuación a la Ley Nacional de Bosques Nativos, enviado por el anterior Ejecutivo provincial y que cuenta con la media sanción del Senado.
El mencionado proyecto del gobierno de Scioli, impulsado ahora por el oficialismo de Cambiemos, ha sido fuertemente cuestionado por las organizaciones ambientalistas como "una ley hecha a la medida de la especulación inmobiliaria". Según argumentaron, "habilita la destrucción del bosque ribereño de los distritos de Avellaneda y Quilmes en beneficio del mega emprendimiento inmobiliario, promovido por la empresa Techint, conocido como 'Nueva Costa del Plata'".
Al respecto, Kane declaró que "las inundaciones sufridas en el último tiempo en nuestra provincia están estrechamente relacionadas con el desmonte y la construcción sobre humedales, produciendo un enorme impacto ambiental y social. La audiencia pública convocada por la Legislatura será una nueva instancia para reforzar y amplificar la lucha que vienen dando las organizaciones de inundados y ambientalistas contra el avance de la especulación inmobiliaria y sus consecuencias. Por caso, los emprendimientos sobre los humedales del Río Luján en Escobar han hecho que aumente un metro los niveles de inundación".
Por último, el legislador del FIT señaló que "la votación fue importante porque frena el avance de una Ley que agravaría la crisis de las inundaciones y que tuvo un tratamiento express de parte de todos los bloques en el Senado."
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Fecha de Publicación: 22/06/2016
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
El jueves la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de resolución presentado por el diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, estableciendo la convocatoria a Audiencia Pública. Se realizará como instancia previa al tratamiento del proyecto de adecuación a la Ley Nacional de Bosques Nativos, enviado por el anterior Ejecutivo provincial y que cuenta con la media sanción del Senado.
El mencionado proyecto del gobierno de Scioli, impulsado ahora por el oficialismo de Cambiemos, ha sido fuertemente cuestionado por las organizaciones ambientalistas como "una ley hecha a la medida de la especulación inmobiliaria". Según argumentaron, "habilita la destrucción del bosque ribereño de los distritos de Avellaneda y Quilmes en beneficio del mega emprendimiento inmobiliario, promovido por la empresa Techint, conocido como 'Nueva Costa del Plata'".
Al respecto, Kane declaró que "las inundaciones sufridas en el último tiempo en nuestra provincia están estrechamente relacionadas con el desmonte y la construcción sobre humedales, produciendo un enorme impacto ambiental y social. La audiencia pública convocada por la Legislatura será una nueva instancia para reforzar y amplificar la lucha que vienen dando las organizaciones de inundados y ambientalistas contra el avance de la especulación inmobiliaria y sus consecuencias. Por caso, los emprendimientos sobre los humedales del Río Luján en Escobar han hecho que aumente un metro los niveles de inundación".
Por último, el legislador del FIT señaló que "la votación fue importante porque frena el avance de una Ley que agravaría la crisis de las inundaciones y que tuvo un tratamiento express de parte de todos los bloques en el Senado."
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Mas de la mitad de las tierras secas son irrecuperables
60% de tierras secas del país son irrecuperables
Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La principal causa es el manejo no sustentable del suelo durante actividades humanas, el uso intensivo del recurso, el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos.
En 60 por ciento de las tierras secas de Argentina se han identificado casos extremos de pérdida de las propiedades físicas del suelo, con un dificultoso grado de reversibilidad, señaló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, al anunciar el viaje que una delegación argentina realizará a China para participar de una convención que busca frenar la degradación de los suelos.
“Diversas economías regionales, que son la base del desarrollo del Interior del país, están basadas en el uso de los recursos naturales y la producción agropecuaria”, sostuvo el funcionario y agregó: “Una destrucción o pérdida de los recursos que son sostén de esta producción pone en riesgo el mantenimiento y crecimiento de esos sistemas productivos y la subsistencia de las pequeñas comunidades”.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación (que se conmemoró ayer) una delegación argentina de 10 especialistas encabezada por el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, viajó al país asiático donde más de 150 países están reunidos para diseñar estrategias que permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en todo el planeta.
Bergman destacó la importancia de participar de este tipo de diálogos que buscan alcanzar la meta propuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: neutralizar la degradación de las tierras para el año 2030.
“Junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la desertificación fue identificada por las Naciones Unidas como uno de los mayores desafíos que el mundo tiene por delante. Argentina, junto con China, Australia, Estados Unidos y Brasil, es uno de los países con mayor porcentaje de tierras secas, que cubren 70 por ciento de su territorio”, explicó el ministerio a través de un comunicado.
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación conmemora la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd, por sus siglas en inglés), el 17 de junio de 1994 en París. Se trata del único acuerdo internacional que vincula al ambiente y al desarrollo con el manejo sustentable del suelo, específicamente en las tierras secas.
Por su parte, Moreno afirmó que “si bien la temática ambiental es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es nuestro rol enfocarnos en el objetivo que nos invita a promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.
Y agregó: “Argentina comparte con China un profundo interés en abordar de manera definitiva y eficiente la lucha contra la desertificación. Los dos países dependen del estado de sus recursos naturales, fundamentalmente del suelo y sus componentes, para mantener la producción de materias primas que abastezcan sus mercados internos y externos”.
La desertificación es el proceso de degradación de las tierras secas, que comprenden a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y que en Argentina abarcan un 70 por ciento de su territorio. La principal causa de este fenómeno es el manejo no sustentable del suelo durante las actividades humanas; el uso intensivo del recurso (como el sobrepastoreo), el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos, son algunas de las prácticas no sustentables más habituales en nuestro país y el resto del mundo.
El problema es que las tierras secas son más vulnerables a este proceso ya que, al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no aguantan la presión del uso intensivo.
En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante diferentes programas dedicados a promover prácticas sustentables en el manejo del suelo para revertir el proceso de degradación. Entre ellos, se destacan los realizados en las zonas secas del noroeste, en los bosques del Gran Chaco Americano (junto con los gobiernos de Bolivia y Paraguay) y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Tecnología contra la degradación
Expertos de Naciones Unidas aseguran que si se realiza una evaluación del potencial del suelo con las nuevas tecnologías antes de la utilización de la tierra, se podrían detener las pérdidas de “24.000 millones de toneladas de suelo fértil y de 15.000 millones de árboles al año” y así contribuir a potenciar sus recursos de una manera sostenible.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un grupo científico de expertos ligado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) presentó un informe en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín -sede del Legislativo- en el que denuncian que no se está llevando a cabo un buen sistema de evaluación del suelo antes de utilizarlo y que, si se mejora, no sólo se podría detener su degradación, sino también “descubrir” su mayor potencial. Una evaluación del potencial del suelo a largo plazo puede detener las pérdidas de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil y de 15.000 millones de árboles al año, afirmó el panel.
El autor del informe, J.E. Herrick, indicó que, si bien parece una práctica clave a la hora de explotar un terreno, no se está llevando a cabo. Las razones son muchas y muy variadas, pero entre ellas está que algunos agricultores “no tienen otra opción” que utilizar la tierra que tienen “cuando eres pobre, no tienes alternativa”, señaló Herrick.
Para combatir este problema, los expertos presentaron una serie de herramientas, entre las que destacan aplicaciones de móvil que están desarrollando y que podrían ayudar a cualquier agricultor en cualquier parte del mundo a sacar el mayor provecho de sus tierras de una manera sostenible.
De una manera sencilla, cualquier individuo podrá introducir unos datos básicos del suelo que quiere utilizar en estas aplicaciones de móvil -que ya están disponibles para modelos Android en su versión más básica, a la espera de que se actualicen-, y el sistema le dirá qué tipo de producción es sostenible.
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Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La principal causa es el manejo no sustentable del suelo durante actividades humanas, el uso intensivo del recurso, el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos.
En 60 por ciento de las tierras secas de Argentina se han identificado casos extremos de pérdida de las propiedades físicas del suelo, con un dificultoso grado de reversibilidad, señaló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, al anunciar el viaje que una delegación argentina realizará a China para participar de una convención que busca frenar la degradación de los suelos.
“Diversas economías regionales, que son la base del desarrollo del Interior del país, están basadas en el uso de los recursos naturales y la producción agropecuaria”, sostuvo el funcionario y agregó: “Una destrucción o pérdida de los recursos que son sostén de esta producción pone en riesgo el mantenimiento y crecimiento de esos sistemas productivos y la subsistencia de las pequeñas comunidades”.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación (que se conmemoró ayer) una delegación argentina de 10 especialistas encabezada por el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, viajó al país asiático donde más de 150 países están reunidos para diseñar estrategias que permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en todo el planeta.
Bergman destacó la importancia de participar de este tipo de diálogos que buscan alcanzar la meta propuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: neutralizar la degradación de las tierras para el año 2030.
“Junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la desertificación fue identificada por las Naciones Unidas como uno de los mayores desafíos que el mundo tiene por delante. Argentina, junto con China, Australia, Estados Unidos y Brasil, es uno de los países con mayor porcentaje de tierras secas, que cubren 70 por ciento de su territorio”, explicó el ministerio a través de un comunicado.
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación conmemora la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd, por sus siglas en inglés), el 17 de junio de 1994 en París. Se trata del único acuerdo internacional que vincula al ambiente y al desarrollo con el manejo sustentable del suelo, específicamente en las tierras secas.
Por su parte, Moreno afirmó que “si bien la temática ambiental es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es nuestro rol enfocarnos en el objetivo que nos invita a promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.
Y agregó: “Argentina comparte con China un profundo interés en abordar de manera definitiva y eficiente la lucha contra la desertificación. Los dos países dependen del estado de sus recursos naturales, fundamentalmente del suelo y sus componentes, para mantener la producción de materias primas que abastezcan sus mercados internos y externos”.
La desertificación es el proceso de degradación de las tierras secas, que comprenden a las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y que en Argentina abarcan un 70 por ciento de su territorio. La principal causa de este fenómeno es el manejo no sustentable del suelo durante las actividades humanas; el uso intensivo del recurso (como el sobrepastoreo), el monocultivo o la no rotación de los cultivos y la utilización de especies inadecuadas para ciertos tipos de suelos, son algunas de las prácticas no sustentables más habituales en nuestro país y el resto del mundo.
El problema es que las tierras secas son más vulnerables a este proceso ya que, al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no aguantan la presión del uso intensivo.
En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante diferentes programas dedicados a promover prácticas sustentables en el manejo del suelo para revertir el proceso de degradación. Entre ellos, se destacan los realizados en las zonas secas del noroeste, en los bosques del Gran Chaco Americano (junto con los gobiernos de Bolivia y Paraguay) y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Tecnología contra la degradación
Expertos de Naciones Unidas aseguran que si se realiza una evaluación del potencial del suelo con las nuevas tecnologías antes de la utilización de la tierra, se podrían detener las pérdidas de “24.000 millones de toneladas de suelo fértil y de 15.000 millones de árboles al año” y así contribuir a potenciar sus recursos de una manera sostenible.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un grupo científico de expertos ligado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) presentó un informe en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín -sede del Legislativo- en el que denuncian que no se está llevando a cabo un buen sistema de evaluación del suelo antes de utilizarlo y que, si se mejora, no sólo se podría detener su degradación, sino también “descubrir” su mayor potencial. Una evaluación del potencial del suelo a largo plazo puede detener las pérdidas de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil y de 15.000 millones de árboles al año, afirmó el panel.
El autor del informe, J.E. Herrick, indicó que, si bien parece una práctica clave a la hora de explotar un terreno, no se está llevando a cabo. Las razones son muchas y muy variadas, pero entre ellas está que algunos agricultores “no tienen otra opción” que utilizar la tierra que tienen “cuando eres pobre, no tienes alternativa”, señaló Herrick.
Para combatir este problema, los expertos presentaron una serie de herramientas, entre las que destacan aplicaciones de móvil que están desarrollando y que podrían ayudar a cualquier agricultor en cualquier parte del mundo a sacar el mayor provecho de sus tierras de una manera sostenible.
De una manera sencilla, cualquier individuo podrá introducir unos datos básicos del suelo que quiere utilizar en estas aplicaciones de móvil -que ya están disponibles para modelos Android en su versión más básica, a la espera de que se actualicen-, y el sistema le dirá qué tipo de producción es sostenible.
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Cachorros de yaguareté abandonados en Salta
Salta: encontraron a dos cachorros de yaguareté deshidratados y desnutridos
Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Los animales estaban en una caja, cerca de la ruta nacional 34.
La Gendarmería Nacional rescató a una pareja de yaguareté cachorros abandonados deshidratados y desnutridos en una caja cerca de la ruta nacional 34, en la provincia de Salta, según informó este sábado.
El hecho se registró el jueves pasado cuando personal de esa fuerza, que realizaba patrullajes preventivos, fue alertado por vecinos sobre dos cachorros felinos abandonados en una caja cerca de la ruta nacional 34.
Estado
Los animales se encontraban “deshidratados y con signos de desnutrición, lo cual hacía peligrar su supervivencia”.
Gendarmería se contactó con el titular del Programa de Biodiversidad, de la Secretaría de Ambiente de Salta, para coordinar su entrega en la estación de Fauna Autóctona.
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Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Los animales estaban en una caja, cerca de la ruta nacional 34.
La Gendarmería Nacional rescató a una pareja de yaguareté cachorros abandonados deshidratados y desnutridos en una caja cerca de la ruta nacional 34, en la provincia de Salta, según informó este sábado.
El hecho se registró el jueves pasado cuando personal de esa fuerza, que realizaba patrullajes preventivos, fue alertado por vecinos sobre dos cachorros felinos abandonados en una caja cerca de la ruta nacional 34.
Estado
Los animales se encontraban “deshidratados y con signos de desnutrición, lo cual hacía peligrar su supervivencia”.
Gendarmería se contactó con el titular del Programa de Biodiversidad, de la Secretaría de Ambiente de Salta, para coordinar su entrega en la estación de Fauna Autóctona.
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Nutrias diezmadas por las inundaciones
Por la crecida del río Paraná murieron más de 20 mil nutrias
Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe
Un estudio realizado por el Grupo de Fauna de Casilda de la UNR se basó sólo en los cuerpos encontrados en los clubes de pesca, por lo que la cifra es superior. Sugieren no consumirlas porque "pueden tener cualquier tipo de enfermedades"
El Grupo de Fauna de Casilda perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció que por la crecida del río Paraná murieron sólo en las orillas de los clubes de pesca de Rosario unas 20 mil nutrias. Además, alertó por el consumo de la carne que se vende en algunas carnicerías, ya que hallaron en muchos cadáveres ocho tipo de parásitos. Recomendó también no consumirlas.
En contacto con el programa Telenoche (El Tres), el médico veterinario Claudio Patalano explicó que el número de nutrias halladas sin vida en Rosario "es superior a 20 mil", ya que se contabilizaron entre 25 y 30 cuerpos por día en un plazo aproximado de dos semanas.
"No contamos las encontradas en la rambla catalunya, en la florida ni en algunos clubes y puntos de la ciudad", añadió.
A su vez, el especialista relató que con el Grupo de Fauna hicieron un análisis de los cadáveres y encontraron "ocho tipo de parásitos" en algunos de ellos. Por dicho motivo, alertó a la sociedad de "tener cuidado con la arena por la materia fecal que quedó".
En tanto, Patalano expresó que en algunas carnicerías se vende el kilo de nutria a bajo precio y advirtió que "la gente tiene que saber que estos animales no pasan por los frigoríficos y pueden tener cualquier tipo de enfermedades".
El médico veterinario también enfatizó que la población de los coipos "no va a desaparecer" aunque sí descendió en gran cantidad. "A esto hay que sumarle que la caza de nutrias está abierta", apuntó.
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Fecha de Publicación: 21/06/2016
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe
Un estudio realizado por el Grupo de Fauna de Casilda de la UNR se basó sólo en los cuerpos encontrados en los clubes de pesca, por lo que la cifra es superior. Sugieren no consumirlas porque "pueden tener cualquier tipo de enfermedades"
El Grupo de Fauna de Casilda perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció que por la crecida del río Paraná murieron sólo en las orillas de los clubes de pesca de Rosario unas 20 mil nutrias. Además, alertó por el consumo de la carne que se vende en algunas carnicerías, ya que hallaron en muchos cadáveres ocho tipo de parásitos. Recomendó también no consumirlas.
En contacto con el programa Telenoche (El Tres), el médico veterinario Claudio Patalano explicó que el número de nutrias halladas sin vida en Rosario "es superior a 20 mil", ya que se contabilizaron entre 25 y 30 cuerpos por día en un plazo aproximado de dos semanas.
"No contamos las encontradas en la rambla catalunya, en la florida ni en algunos clubes y puntos de la ciudad", añadió.
A su vez, el especialista relató que con el Grupo de Fauna hicieron un análisis de los cadáveres y encontraron "ocho tipo de parásitos" en algunos de ellos. Por dicho motivo, alertó a la sociedad de "tener cuidado con la arena por la materia fecal que quedó".
En tanto, Patalano expresó que en algunas carnicerías se vende el kilo de nutria a bajo precio y advirtió que "la gente tiene que saber que estos animales no pasan por los frigoríficos y pueden tener cualquier tipo de enfermedades".
El médico veterinario también enfatizó que la población de los coipos "no va a desaparecer" aunque sí descendió en gran cantidad. "A esto hay que sumarle que la caza de nutrias está abierta", apuntó.
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250 millones de litros de glifosato al año para Argentina
En Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional
Carlos Vicente, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), afirmó que en la Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato, por lo que llamó a abrir el debate sobre la agricultura y el modelo productivo.
Consideró además que la elevación a Ministerio de la Secretaría de Ambiente no es más que "un maquillaje verde" porque hay "continuidad y profundización" del extractivismo con el avance de los agronegocios, la deforestación, los megaproyectos y la minería a cielo abierto.
Vicente, de formación farmacéutico y activista ambiental desde hace 30 años en GRAIN (internacional) y en Acción por la Biodiversidad, de apoyo a las protestas populares por el derecho a un ambiente sano pidió que el gobierno llame a un debate "de fondo" sobre las problemáticas que afectan los territorios y que declare "la emergencia ambiental nacional".
Al explicar la necesidad de abrir la discusión puso como ejemplo a los agronegocios: "aquí no hay ningún tipo de debate sobre qué modelo de agricultura queremos. Hoy se aplican más de 250 millones de litros de glifosato por año y el monocultivo ocupa 20 millones de hectáreas. Algo está fallando y para mí que haya un ministerio no implica la formulación de políticas ni abordar estos debates", dijo el ecologista.
Crítico, tampoco acuerda con la fórmula que utiliza el ministro Sergio Bergman quien en repetidas ocasiones puntualizó que el gobierno nacional "no está en contra de la producción, lo que decimos es que la única producción viable es la sustentable".
"Dicen que el país necesita la minería, quitaron las retenciones pero ¿cómo Argentina va a defender la cordillera con cientos de proyectos mineros a cielo abierto que implican moler las montañas y extraer con productos químicos los minerales?", se preguntó.
Agregó que "sostenible y responsable son adjetivos para engañar a los pueblos pensando que hay posibilidades de que los agronegocios y la minería sean sustentables, cuando esto no es así".
El derrame de solución cianurada en San Juan en septiembre del 2015 le sirvió a Vicente como otro ejemplo de lo que hay que lamentar: "el avance del extractivismo se torna dramático en Argentina. No es que estamos empezando a vivir la crisis, ya hay crisis instalada: el derrame de cianuro en Jáchal es a lo que estamos expuestos y no hay manera de hacer que esa minería a cielo abierto, con cianuro, sea sustentable".
Por otra parte contó que la Renace dejó, apenas asumido el ministro, un documento en la Mesa de Entradas del organismo en el que "planteamos varias problemáticas: agronegocios, la urbana, la de la contaminación, de la minería, de la energía nuclear. Nosotros venimos analizando todos estos temas con las comunidades pero nunca tuvimos ninguna respuesta ni un llamado para el diálogo".
De todos modos advirtió que las organizaciones no están dispuestas a acudir a "un diálogo para plantear parches sino que necesitamos como argentinos generar un debate de fondo sobre el modelo de país que queremos" y recordó que en la Argentina se pierden "200 mil hectáreas de bosques por año".
Sobre este punto distintas ONGs ambientalistas, además de las organizaciones campesinas y de indígenas, reclamaron por el incumplimiento de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en algunos casos porque empresarios avanzaron sobre zonas amarillas, que pueden ser restauradas desde el punto de vista de la conservación o rojas que de acuerdo a la norma son intocables.
Vicente dijo que el debate que pretenden es "socioambiental" porque "nosotros no hablamos de ambiente sin gente. Todos vivimos y somos parte de esta naturaleza, no tenemos un Plan B, no hay otro planeta u otro lugar adonde irnos", y denunció el "vacío" en torno a estos temas que existen "en la sociedad, algo que no es casual porque está alimentado por los grandes medios y sus intereses".
Finalmente remarcó que las soluciones "no van a llegar de arriba" y sostuvo que a su juicio "no hay ningún dirigente ni líder que sea capaz de cambiar la conciencia de la gente; por eso necesitamos que la sociedad empiece a debatir profundamente estas cuestiones sin censuras ni limitaciones".
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional
Carlos Vicente, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), afirmó que en la Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato, por lo que llamó a abrir el debate sobre la agricultura y el modelo productivo.
Consideró además que la elevación a Ministerio de la Secretaría de Ambiente no es más que "un maquillaje verde" porque hay "continuidad y profundización" del extractivismo con el avance de los agronegocios, la deforestación, los megaproyectos y la minería a cielo abierto.
Vicente, de formación farmacéutico y activista ambiental desde hace 30 años en GRAIN (internacional) y en Acción por la Biodiversidad, de apoyo a las protestas populares por el derecho a un ambiente sano pidió que el gobierno llame a un debate "de fondo" sobre las problemáticas que afectan los territorios y que declare "la emergencia ambiental nacional".
Al explicar la necesidad de abrir la discusión puso como ejemplo a los agronegocios: "aquí no hay ningún tipo de debate sobre qué modelo de agricultura queremos. Hoy se aplican más de 250 millones de litros de glifosato por año y el monocultivo ocupa 20 millones de hectáreas. Algo está fallando y para mí que haya un ministerio no implica la formulación de políticas ni abordar estos debates", dijo el ecologista.
Crítico, tampoco acuerda con la fórmula que utiliza el ministro Sergio Bergman quien en repetidas ocasiones puntualizó que el gobierno nacional "no está en contra de la producción, lo que decimos es que la única producción viable es la sustentable".
"Dicen que el país necesita la minería, quitaron las retenciones pero ¿cómo Argentina va a defender la cordillera con cientos de proyectos mineros a cielo abierto que implican moler las montañas y extraer con productos químicos los minerales?", se preguntó.
Agregó que "sostenible y responsable son adjetivos para engañar a los pueblos pensando que hay posibilidades de que los agronegocios y la minería sean sustentables, cuando esto no es así".
El derrame de solución cianurada en San Juan en septiembre del 2015 le sirvió a Vicente como otro ejemplo de lo que hay que lamentar: "el avance del extractivismo se torna dramático en Argentina. No es que estamos empezando a vivir la crisis, ya hay crisis instalada: el derrame de cianuro en Jáchal es a lo que estamos expuestos y no hay manera de hacer que esa minería a cielo abierto, con cianuro, sea sustentable".
Por otra parte contó que la Renace dejó, apenas asumido el ministro, un documento en la Mesa de Entradas del organismo en el que "planteamos varias problemáticas: agronegocios, la urbana, la de la contaminación, de la minería, de la energía nuclear. Nosotros venimos analizando todos estos temas con las comunidades pero nunca tuvimos ninguna respuesta ni un llamado para el diálogo".
De todos modos advirtió que las organizaciones no están dispuestas a acudir a "un diálogo para plantear parches sino que necesitamos como argentinos generar un debate de fondo sobre el modelo de país que queremos" y recordó que en la Argentina se pierden "200 mil hectáreas de bosques por año".
Sobre este punto distintas ONGs ambientalistas, además de las organizaciones campesinas y de indígenas, reclamaron por el incumplimiento de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en algunos casos porque empresarios avanzaron sobre zonas amarillas, que pueden ser restauradas desde el punto de vista de la conservación o rojas que de acuerdo a la norma son intocables.
Vicente dijo que el debate que pretenden es "socioambiental" porque "nosotros no hablamos de ambiente sin gente. Todos vivimos y somos parte de esta naturaleza, no tenemos un Plan B, no hay otro planeta u otro lugar adonde irnos", y denunció el "vacío" en torno a estos temas que existen "en la sociedad, algo que no es casual porque está alimentado por los grandes medios y sus intereses".
Finalmente remarcó que las soluciones "no van a llegar de arriba" y sostuvo que a su juicio "no hay ningún dirigente ni líder que sea capaz de cambiar la conciencia de la gente; por eso necesitamos que la sociedad empiece a debatir profundamente estas cuestiones sin censuras ni limitaciones".
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Córdoba redefine los límites costeros de sus ríos y lagos
Redefinen uso de riberas de ríos y lagos, pero poco cambia
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Coalición pide desestimar la construcción de las represas
Río Santa Cruz sin represas
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: InfoAgua
Provincia/Región: Santa Cruz
La coalición de organizaciones ambientales reclama al Estado Nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz por ser un mal negocio desde lo técnico, ambiental, económico y social. En su lugar, propone un cambio de paradigma en materia de producción y consumo de la energía, orientando los recursos del Estado al cumplimiento de los compromisos pre-electorales de promoción de energías renovables y políticas de eficiencia energética.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) vuelven a reclamar a la Administración Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
La coalición, que en varias oportunidades manifestó su posición frente a este megaproyecto hidroeléctrico (se puede acceder en www.riosantacruzlibre.org), hoy renueva su compromiso en subrayar la necesidad de democratizar la energía en la Argentina, superar el mito de que “las renovables nunca satisfarán más que una ínfima parte de la demanda”, y marcar que el costo ambiental y económico supera significativamente los beneficios energéticos y sociales que podrían satisfacer a la ciudadanía en el corto plazo, y no así en el mediano y largo.
Las grandes represas tienen un alto impacto sobre el medio ambiente y una escasa vida útil por la acumulación de sedimentos que las deja inoperables. Por ambos motivos, no están consideradas energías renovables. A nivel nacional, el gran impacto socio-ambiental de las represas llevó, precisamente, a la decisión legislativa de dejar fuera del régimen de energías renovables a emprendimientos de más de 50 MW2. Asimismo, dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de grandes represas, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana.
Los que se irán
La confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz, ha sido declarada recientemente como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). Esto pondera a la cuenca del río Santa Cruz sobre otros sitios de la región en cuanto a su valor para la conservación de la biodiversidad. El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina, registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. Esta temporada de invierno se contabilizaron casi la mitad de los individuos de macá tobiano en la desembocadura del río Santa Cruz.
Esta desembocadura del Río Santa Cruz es, además, un AICA por mantener regularmente un número equivalente al 1% del total de la población conocida para el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), ya que es no sólo un sitio de alimentación sino que además en la zona del estuario existen dos colonias, las cuales albergan cerca de 30 mil parejas reproductivas. Otras especies, con categoría global de amenaza, que dan valor al AICA son el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y del chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis).
En un informe sobre impactos del complejo hidroeléctrico, la Administración de Parques Nacionales destacó la irreversible pérdida de, y la severa afectación a valiosa biodiversidad, flora, comunidades limnológicas, así como valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es poco serio, una irresponsabilidad por parte de las autoridades.
¿Cuál es la prioridad?
Conforme su diseño original, las represas Kirchner-Cepernic tendrán una productividad o factor de planta del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. Para aprovechar el 100% de la energía generada, debían construirse nuevos tendidos eléctricos que se calculaban en unos 2.000 millones de dólares, haciendo económicamente inviable el proyecto.
Sumado a ello, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global. En este punto es importante subrayar que el sector energético genera el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático. Además existen otros impactos ambientales relacionados con el sector energético, como la contaminación atmosférica y del agua, la destrucción de hábitats y la degradación de tierras.
Una propuesta eficiente
En este sentido, la coalición exige el impulso de una política de eficiencia energética que promueva el uso eficiente de la energía. Esto permitirá contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, a proteger nuestros recursos no renovables, a favorecer que los servicios energéticos se brinden a un menor costo y, de esta manera, también a cuidar la economía. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuar con las prácticas actuales.
Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013).
La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Si bien en la Argentina ya se están impulsando algunas medidas para promover la eficiencia energética, resultan aún parciales e insuficientes. Por todo lo expuesto, las represas representan un mal negocio desde lo ambiental técnico y económico. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto con tan mal prónostico.
Acorralados por China
En esta línea, según los dichos de los funcionarios de la cartera del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la construcción del proyecto hidroeléctrico respondería meramente a compromisos financieros con China para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos. Así, entendemos que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía.
Pareciera que la presión para la realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y que este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, el gobierno de China advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En base a todo lo expuesto, pedimos al gobierno del Presidente Mauricio Macri avanzar en un verdadero cambio hacia la eficiencia en el consumo de las energías existentes y promueva un desarrollo, con autonomía e independencia de monopolios extranjeros, del potencial de las energías renovables para un modelo sustentable argentino.
No avanzar con la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz significaría no sólo un alivio para el ecosistema de esa zona, es sentar un precedente sobre la elección de formas más sustentables de generar energía. Además de fomentar el progreso con responsabilidad y de cambiar las viejas costumbres políticas de ponderar acuerdos económicos por sobre el bienestar del país.
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: InfoAgua
Provincia/Región: Santa Cruz
La coalición de organizaciones ambientales reclama al Estado Nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz por ser un mal negocio desde lo técnico, ambiental, económico y social. En su lugar, propone un cambio de paradigma en materia de producción y consumo de la energía, orientando los recursos del Estado al cumplimiento de los compromisos pre-electorales de promoción de energías renovables y políticas de eficiencia energética.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) vuelven a reclamar a la Administración Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
La coalición, que en varias oportunidades manifestó su posición frente a este megaproyecto hidroeléctrico (se puede acceder en www.riosantacruzlibre.org), hoy renueva su compromiso en subrayar la necesidad de democratizar la energía en la Argentina, superar el mito de que “las renovables nunca satisfarán más que una ínfima parte de la demanda”, y marcar que el costo ambiental y económico supera significativamente los beneficios energéticos y sociales que podrían satisfacer a la ciudadanía en el corto plazo, y no así en el mediano y largo.
Las grandes represas tienen un alto impacto sobre el medio ambiente y una escasa vida útil por la acumulación de sedimentos que las deja inoperables. Por ambos motivos, no están consideradas energías renovables. A nivel nacional, el gran impacto socio-ambiental de las represas llevó, precisamente, a la decisión legislativa de dejar fuera del régimen de energías renovables a emprendimientos de más de 50 MW2. Asimismo, dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de grandes represas, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana.
Los que se irán
La confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz, ha sido declarada recientemente como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). Esto pondera a la cuenca del río Santa Cruz sobre otros sitios de la región en cuanto a su valor para la conservación de la biodiversidad. El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina, registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. Esta temporada de invierno se contabilizaron casi la mitad de los individuos de macá tobiano en la desembocadura del río Santa Cruz.
Esta desembocadura del Río Santa Cruz es, además, un AICA por mantener regularmente un número equivalente al 1% del total de la población conocida para el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), ya que es no sólo un sitio de alimentación sino que además en la zona del estuario existen dos colonias, las cuales albergan cerca de 30 mil parejas reproductivas. Otras especies, con categoría global de amenaza, que dan valor al AICA son el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y del chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis).
En un informe sobre impactos del complejo hidroeléctrico, la Administración de Parques Nacionales destacó la irreversible pérdida de, y la severa afectación a valiosa biodiversidad, flora, comunidades limnológicas, así como valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es poco serio, una irresponsabilidad por parte de las autoridades.
¿Cuál es la prioridad?
Conforme su diseño original, las represas Kirchner-Cepernic tendrán una productividad o factor de planta del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. Para aprovechar el 100% de la energía generada, debían construirse nuevos tendidos eléctricos que se calculaban en unos 2.000 millones de dólares, haciendo económicamente inviable el proyecto.
Sumado a ello, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global. En este punto es importante subrayar que el sector energético genera el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático. Además existen otros impactos ambientales relacionados con el sector energético, como la contaminación atmosférica y del agua, la destrucción de hábitats y la degradación de tierras.
Una propuesta eficiente
En este sentido, la coalición exige el impulso de una política de eficiencia energética que promueva el uso eficiente de la energía. Esto permitirá contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, a proteger nuestros recursos no renovables, a favorecer que los servicios energéticos se brinden a un menor costo y, de esta manera, también a cuidar la economía. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuar con las prácticas actuales.
Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013).
La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Si bien en la Argentina ya se están impulsando algunas medidas para promover la eficiencia energética, resultan aún parciales e insuficientes. Por todo lo expuesto, las represas representan un mal negocio desde lo ambiental técnico y económico. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto con tan mal prónostico.
Acorralados por China
En esta línea, según los dichos de los funcionarios de la cartera del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la construcción del proyecto hidroeléctrico respondería meramente a compromisos financieros con China para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos. Así, entendemos que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía.
Pareciera que la presión para la realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y que este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, el gobierno de China advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En base a todo lo expuesto, pedimos al gobierno del Presidente Mauricio Macri avanzar en un verdadero cambio hacia la eficiencia en el consumo de las energías existentes y promueva un desarrollo, con autonomía e independencia de monopolios extranjeros, del potencial de las energías renovables para un modelo sustentable argentino.
No avanzar con la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz significaría no sólo un alivio para el ecosistema de esa zona, es sentar un precedente sobre la elección de formas más sustentables de generar energía. Además de fomentar el progreso con responsabilidad y de cambiar las viejas costumbres políticas de ponderar acuerdos económicos por sobre el bienestar del país.
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Escombrera minera chilena en San Juan vuelve a la luz
Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Riachuelo: inician obra para desechos cloacales
Inician una obra para depurar desechos que caen al Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
A casi ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Riachuelo, el Gobierno nacional comenzó una de las obras centrales para descontaminar la cuenca: la red para evitar que tanto desechos cloacales como otros contaminantes terminen en el río.
Lo que se inició fue la construcción de los túneles secundarios de esa red mediante un sistema llamado pipe-jacking, que minimiza la necesidad de romper las calles y veredas.
A grandes rasgos, el plan tiene tres partes. Por un lado, se construirá un colector en la margen izquierda del Riachuelo, del lado de la Ciudad, que tendrá 11 kilómetros de largo. Este megacaño captará los efluentes cloacales y los vuelcos ilegales que hoy van a parar a la red pluvial y luego al Riachuelo, desde ambas márgenes del río.
El colector, que se construirá con una tuneladora, desembocará en Dock Sud, donde se montará una planta de tratamiento de los efluentes. Desde allí, una segunda tuneladora construirá un canal emisario, por debajo del lecho del Río de la Plata, para terminar volcando los desechos ya procesados en el agua.
En total, se beneficiaría a 1,5 millón de personas, del sur de la Ciudad y de 14 distritos del Conurbano. Pero además esta obra aliviaría la planta de tratamiento que ya funciona en Berazategui, lo que a su vez permitirá expandir las cloacas para los habitantes del sur del GBA.
En total, el proyecto demorará no menos de tres años. Se financiará por un lado préstamo del Banco Mundial por casi 128 millones de euros, y por el otro con más de 3.300 millones de pesos que pondrá el Estado nacional. Todas las obras estarán a cargo de AySA.
El acto de inicio de la construcción se realizó en la Plaza del Avión, en Fernández de la Cruz y Larrazábal, Villa Riachuelo. “Pusimos en marcha una gran obra que ayudará a sanear el Riachuelo. Es el primer paso para saldar una deuda de años”, afirmó el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, que compartió el acto con el ministro de Ambiente Sergio Bergman y autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema firmó el “fallo Mendoza”, por el cual obligó a los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a elaborar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que contemplara la relocalización de la gente que vive a la vera del río, la construcción de cloacas y que se terminara con el vuelco de residuos industriales.Pero entre dificultades económicas y enfrentamientos políticos, los plazos no se cumplieron. Sólo se avanzó en la mudanza de varias familias, la limpieza de las márgenes y la remoción de barcos y autos hundidos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
A casi ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Riachuelo, el Gobierno nacional comenzó una de las obras centrales para descontaminar la cuenca: la red para evitar que tanto desechos cloacales como otros contaminantes terminen en el río.
Lo que se inició fue la construcción de los túneles secundarios de esa red mediante un sistema llamado pipe-jacking, que minimiza la necesidad de romper las calles y veredas.
A grandes rasgos, el plan tiene tres partes. Por un lado, se construirá un colector en la margen izquierda del Riachuelo, del lado de la Ciudad, que tendrá 11 kilómetros de largo. Este megacaño captará los efluentes cloacales y los vuelcos ilegales que hoy van a parar a la red pluvial y luego al Riachuelo, desde ambas márgenes del río.
El colector, que se construirá con una tuneladora, desembocará en Dock Sud, donde se montará una planta de tratamiento de los efluentes. Desde allí, una segunda tuneladora construirá un canal emisario, por debajo del lecho del Río de la Plata, para terminar volcando los desechos ya procesados en el agua.
En total, se beneficiaría a 1,5 millón de personas, del sur de la Ciudad y de 14 distritos del Conurbano. Pero además esta obra aliviaría la planta de tratamiento que ya funciona en Berazategui, lo que a su vez permitirá expandir las cloacas para los habitantes del sur del GBA.
En total, el proyecto demorará no menos de tres años. Se financiará por un lado préstamo del Banco Mundial por casi 128 millones de euros, y por el otro con más de 3.300 millones de pesos que pondrá el Estado nacional. Todas las obras estarán a cargo de AySA.
El acto de inicio de la construcción se realizó en la Plaza del Avión, en Fernández de la Cruz y Larrazábal, Villa Riachuelo. “Pusimos en marcha una gran obra que ayudará a sanear el Riachuelo. Es el primer paso para saldar una deuda de años”, afirmó el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, que compartió el acto con el ministro de Ambiente Sergio Bergman y autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema firmó el “fallo Mendoza”, por el cual obligó a los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a elaborar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que contemplara la relocalización de la gente que vive a la vera del río, la construcción de cloacas y que se terminara con el vuelco de residuos industriales.Pero entre dificultades económicas y enfrentamientos políticos, los plazos no se cumplieron. Sólo se avanzó en la mudanza de varias familias, la limpieza de las márgenes y la remoción de barcos y autos hundidos.
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Quieren regular la actividad de los feedlot en Buenos Aires
Buscan regular la actividad de los feedlot en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un proyecto de ley para establecer pautas al engorde intensivo de animales a corral “a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el bienestar animal”.
La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), determina una normativa que abarcará “a todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral existentes, los que se instalen en un futuro y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, los cuales deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos, exigencias y limitaciones establecidas en la presente”.
Define la actividad de engorde intensivo como “Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC), a un área de confinamiento con comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos productivos. Las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se consideran parte de la estructura del EPEC”.
De acuerdo al proyecto, quedan excluidos del alcance de la ley los encierres temporarios para destetar terneros; encierres por emergencias sanitarias; encierres por emergencias climáticas; y otros encierres transitorios que no excedan de treinta días.
Crea el registro provincial de EPEC, en el que se inscribirán todos los establecimientos y el Registro de Responsables Técnicos, en el cual deberán inscribirse los profesionales matriculados por el Colegio de Veterinarios y de Ingenieros Agrónomos.
Quienes no cumplan la normativa serán sancionados con apercibimiento, multa, inhabilitación temporaria o clausura del establecimiento.
Santiago explicó que “la proliferación de este sistema de producción se debe a que el incremento del aprovechamiento de las tierras generadas por cultivos más rentables, como la soja, está desplazando la ganadería a los rincones menos fértiles de los territorios” y dijo que “en vez de alimentarse de los pastos naturales (ganadería extensiva) o de plantas forrajeras como la alfalfa, el ganado de los feedlots se nutre con alimentos balanceados hechos a base de maíz, soja y otros suplementos especiales”.
Dijo que otro de los objetivos que busca con esa norma es “poder asegurar a los consumidores, tanto del mercado externo como el interno, la calidad del producto comercializado. Para ello es importante establecer las prácticas que aseguren el bienestar, salud y alimentación adecuada del animal, como así también el cuidado del medio ambiente”.
“Debemos tomar conciencia y pensar en el feedlot como una fábrica de carne y que, como en toda fábrica, se deben respetar procedimientos de manera estricta para lograr un producto final de calidad. Todos los pasos industriales deben ser cumplidos, no se podrán saltear etapas u olvidar medidas de manejo, ya que todo debe responder a un estricto programa de producción”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un proyecto de ley para establecer pautas al engorde intensivo de animales a corral “a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el bienestar animal”.
La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), determina una normativa que abarcará “a todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral existentes, los que se instalen en un futuro y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, los cuales deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos, exigencias y limitaciones establecidas en la presente”.
Define la actividad de engorde intensivo como “Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC), a un área de confinamiento con comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos productivos. Las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se consideran parte de la estructura del EPEC”.
De acuerdo al proyecto, quedan excluidos del alcance de la ley los encierres temporarios para destetar terneros; encierres por emergencias sanitarias; encierres por emergencias climáticas; y otros encierres transitorios que no excedan de treinta días.
Crea el registro provincial de EPEC, en el que se inscribirán todos los establecimientos y el Registro de Responsables Técnicos, en el cual deberán inscribirse los profesionales matriculados por el Colegio de Veterinarios y de Ingenieros Agrónomos.
Quienes no cumplan la normativa serán sancionados con apercibimiento, multa, inhabilitación temporaria o clausura del establecimiento.
Santiago explicó que “la proliferación de este sistema de producción se debe a que el incremento del aprovechamiento de las tierras generadas por cultivos más rentables, como la soja, está desplazando la ganadería a los rincones menos fértiles de los territorios” y dijo que “en vez de alimentarse de los pastos naturales (ganadería extensiva) o de plantas forrajeras como la alfalfa, el ganado de los feedlots se nutre con alimentos balanceados hechos a base de maíz, soja y otros suplementos especiales”.
Dijo que otro de los objetivos que busca con esa norma es “poder asegurar a los consumidores, tanto del mercado externo como el interno, la calidad del producto comercializado. Para ello es importante establecer las prácticas que aseguren el bienestar, salud y alimentación adecuada del animal, como así también el cuidado del medio ambiente”.
“Debemos tomar conciencia y pensar en el feedlot como una fábrica de carne y que, como en toda fábrica, se deben respetar procedimientos de manera estricta para lograr un producto final de calidad. Todos los pasos industriales deben ser cumplidos, no se podrán saltear etapas u olvidar medidas de manejo, ya que todo debe responder a un estricto programa de producción”, concluyó.
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