Gualeguaychú se prepara para marchar
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Gualeguaychú se prepara para marchar pacíficamente al puente
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El domingo 8 de mayo, toda la comunidad de Gualeguaychú marchará una vez más al puente internacional General San Martín, para protestar por la instalación de la pastera Botnia-UPM.
Como lo ha hecho en otras seis ocasiones, la comunidad se sumará a una movilización pacífica que ha trascendido las fronteras del país y ha repercutido en los rincones más lejanos del mundo.
Desde 2004, y con cada nueva llegada del otoño, los asambleístas se abocan a la organización de esta movilización masiva al puente internacional “General San Martín”.
Como si se tratara de la ceremonia de un ritual, año a año los pasos se repiten. La jornada comienza en la ciudad, con la concentración en el Corsódromo a eso de las 10 de la mañana. Luego, motos, vehículos particulares, colectivos y camiones comienzan a marchar hacia el puente internacional. Cerca de las 13, se realiza la concentración en el óvalo, donde se eleva una oración ecuménica. Y a las 14, miles de vecinos comienzan a marchar por la vida con las banderas del pacifismo.
Una vez en el puente “General San Martín” ciudadanos que atraviesan una situación extraordinaria y no deseada entonan unidos el Himno Nacional Argentino y leen una proclama, con lo que se da por concluida esta simbólica marcha.
Convocatoria a estudiantes
Es importante recordar que la Asamblea Ciudadana Ambiental abrió una convocatoria a estudiantes secundarios para participar de un concurso de expresiones artísticas –video, bandera o slogan. Los jóvenes que quieran participar pueden hacerlo de manera individual o en grupos y deberán presentar las producciones en la Secretaria de la Asamblea Ciudadana Ambiental (que funciona en Casa de la Cultura -25 de Mayo 734) hasta el 2 de mayo inclusive, en el horario de 10 a 12.
El 4 de mayo, se realizará la exposición y evaluación de los trabajos por parte del jurado. Mientras que el 8 de mayo, a las 11.30, en el ovalo del puente se dará a conocer a los ganadores y se entregarán los premios. Las particularidades de las presentaciones podrán ser consultadas en la mencionada secretaría.
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El domingo 8 de mayo, toda la comunidad de Gualeguaychú marchará una vez más al puente internacional General San Martín, para protestar por la instalación de la pastera Botnia-UPM.
Como lo ha hecho en otras seis ocasiones, la comunidad se sumará a una movilización pacífica que ha trascendido las fronteras del país y ha repercutido en los rincones más lejanos del mundo.
Desde 2004, y con cada nueva llegada del otoño, los asambleístas se abocan a la organización de esta movilización masiva al puente internacional “General San Martín”.
Como si se tratara de la ceremonia de un ritual, año a año los pasos se repiten. La jornada comienza en la ciudad, con la concentración en el Corsódromo a eso de las 10 de la mañana. Luego, motos, vehículos particulares, colectivos y camiones comienzan a marchar hacia el puente internacional. Cerca de las 13, se realiza la concentración en el óvalo, donde se eleva una oración ecuménica. Y a las 14, miles de vecinos comienzan a marchar por la vida con las banderas del pacifismo.
Una vez en el puente “General San Martín” ciudadanos que atraviesan una situación extraordinaria y no deseada entonan unidos el Himno Nacional Argentino y leen una proclama, con lo que se da por concluida esta simbólica marcha.
Convocatoria a estudiantes
Es importante recordar que la Asamblea Ciudadana Ambiental abrió una convocatoria a estudiantes secundarios para participar de un concurso de expresiones artísticas –video, bandera o slogan. Los jóvenes que quieran participar pueden hacerlo de manera individual o en grupos y deberán presentar las producciones en la Secretaria de la Asamblea Ciudadana Ambiental (que funciona en Casa de la Cultura -25 de Mayo 734) hasta el 2 de mayo inclusive, en el horario de 10 a 12.
El 4 de mayo, se realizará la exposición y evaluación de los trabajos por parte del jurado. Mientras que el 8 de mayo, a las 11.30, en el ovalo del puente se dará a conocer a los ganadores y se entregarán los premios. Las particularidades de las presentaciones podrán ser consultadas en la mencionada secretaría.
Basura en el fondo del mar de Puerto Madryn
“Invasión” de basura en el fondo del mar por falta de una planta de tratamiento de residuos
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Puerto Madryn es la Capital Nacional del Buceo y como tal, son frecuentes las acciones, por parte de la Asociación de Operadoras de Buceo para limpiar el lecho marino en distintos sectores del Golfo Nuevo, especialmente frente a la ciudad.
A los operativos Fondos Limpios se le suma otras acciones como las que se realizan para limpiar las playas –escuelas y ONG’s son las que más se ocupan- y se suma en verano el trabajo de los promotores ambientales pero una vez que la basura llega al fondo del mar, poco se puede hacer más que recolectar –mientras el turista que realiza el bautismo submarino no se percate de la acción- los residuos que se van encontrando a medida de que se va realizando la actividad, en su mayoría comercial a través de cursos o bautismos submarinos.
Jornada dialogó con Carolina Larracoechea, buzo profesional con dos décadas de trabajo en el Golfo Nuevo e integrante de la Asociación de Operadoras de Buceo quien contó qué es lo que se puede encontrar en el Golfo Nuevo más allá de una exótica y hermosa fauna y flora submarina.
“Las bolsas de nylon son las protagonistas en cuanto a la basura que puede encontrarse en el fondo del mar y en los parques submarinos. Las bolsas plásticas están invadiendo toda la zona de Madryn debajo y sobre el mar también y esto sólo se soluciona con la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos urbanos que no sea a cielo abierto como ahora. Mientras la basura esté a cielo abierto, van a seguir volando y terminando al mar”, comentó la buzo profesional de la ciudad portuaria y agregó: “no podemos estar viviendo sin una planta de reciclado de residuos porque en la Patagonia convivimos con el viento y este es un factor de dispersión constante de residuos. Es impensable estar sin planta de reciclado, este es el paso que tiene que dar el Estado para beneficiar a la ciudad y a nuestro mar”.
A lo largo de la costa que bordea a Puerto Madryn existen distintos sectores bien definidos en cuanto a la basura que se haya. “Encontramos permanentemente muchas pilas –altamente contaminantes- celulares, baterías, herramientas, etc. En los parques cuidamos mucho lo que tenemos, si vemos bolsas flotando nosotros mismos las sacamos y esto forma parte del cuidado de los parques que, en definitiva, son parte de nuestra ciudad y de ellos vivimos. En la zona aledaña a los muelles se encuentran residuos típicamente producidos por la gente después de haber pescado, de haber consumido algo sobre el muelle, etc.”, agregó Larracoechea.
No es necesario estar en una embarcación o sobre el muelle Piedra Buena –en el que se permite la presencia del público en general- para colaborar con la contaminación del mar. Con acciones en la vía pública, más aún en el sector de la playa y arena basta para que el viento o la marea se encarguen de introducir los residuos que se generan al mar.
“La diferencia de mareas hace que toda la basura que la gente deja en las playas sea arrastrada por el mar y depende el viento que toque ese día te toca bucear entre bolsitas e incluso pañales descartables”, se señaló.
La capital nacional de buceo tiene ese “aditivo” para el turismo, la posibilidad de encontrarse con un pañal descartable en plena excursión de bautismo. “Es desagradable pero tratamos de distraer a la persona llevándolo hacia otro sector o adelantarnos alguno de nosotros para recoger la bolsita que esté en el parque submarino. Tratamos de que las personas disfruten de un fondo marino limpio”.
A través del operativo Fondos Limpios se encuentran generalmente, en la zona cercana al Muelle Piedra Buena diferentes tipos de basura. Ya es tradicional la “visita” al inodoro ubicado en ese sector que ya forma parte del lecho marino ya que cuenta con la adhesión importante de la fauna del lugar. “Encontramos cientos de celulares, pilas, baterías. Mucha basura se extrae, otros elementos forman parte del fondo marino, sacamos las que no tienen vida adherida”, señaló la buzo.
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Puerto Madryn es la Capital Nacional del Buceo y como tal, son frecuentes las acciones, por parte de la Asociación de Operadoras de Buceo para limpiar el lecho marino en distintos sectores del Golfo Nuevo, especialmente frente a la ciudad.
A los operativos Fondos Limpios se le suma otras acciones como las que se realizan para limpiar las playas –escuelas y ONG’s son las que más se ocupan- y se suma en verano el trabajo de los promotores ambientales pero una vez que la basura llega al fondo del mar, poco se puede hacer más que recolectar –mientras el turista que realiza el bautismo submarino no se percate de la acción- los residuos que se van encontrando a medida de que se va realizando la actividad, en su mayoría comercial a través de cursos o bautismos submarinos.
Jornada dialogó con Carolina Larracoechea, buzo profesional con dos décadas de trabajo en el Golfo Nuevo e integrante de la Asociación de Operadoras de Buceo quien contó qué es lo que se puede encontrar en el Golfo Nuevo más allá de una exótica y hermosa fauna y flora submarina.
“Las bolsas de nylon son las protagonistas en cuanto a la basura que puede encontrarse en el fondo del mar y en los parques submarinos. Las bolsas plásticas están invadiendo toda la zona de Madryn debajo y sobre el mar también y esto sólo se soluciona con la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos urbanos que no sea a cielo abierto como ahora. Mientras la basura esté a cielo abierto, van a seguir volando y terminando al mar”, comentó la buzo profesional de la ciudad portuaria y agregó: “no podemos estar viviendo sin una planta de reciclado de residuos porque en la Patagonia convivimos con el viento y este es un factor de dispersión constante de residuos. Es impensable estar sin planta de reciclado, este es el paso que tiene que dar el Estado para beneficiar a la ciudad y a nuestro mar”.
A lo largo de la costa que bordea a Puerto Madryn existen distintos sectores bien definidos en cuanto a la basura que se haya. “Encontramos permanentemente muchas pilas –altamente contaminantes- celulares, baterías, herramientas, etc. En los parques cuidamos mucho lo que tenemos, si vemos bolsas flotando nosotros mismos las sacamos y esto forma parte del cuidado de los parques que, en definitiva, son parte de nuestra ciudad y de ellos vivimos. En la zona aledaña a los muelles se encuentran residuos típicamente producidos por la gente después de haber pescado, de haber consumido algo sobre el muelle, etc.”, agregó Larracoechea.
No es necesario estar en una embarcación o sobre el muelle Piedra Buena –en el que se permite la presencia del público en general- para colaborar con la contaminación del mar. Con acciones en la vía pública, más aún en el sector de la playa y arena basta para que el viento o la marea se encarguen de introducir los residuos que se generan al mar.
“La diferencia de mareas hace que toda la basura que la gente deja en las playas sea arrastrada por el mar y depende el viento que toque ese día te toca bucear entre bolsitas e incluso pañales descartables”, se señaló.
La capital nacional de buceo tiene ese “aditivo” para el turismo, la posibilidad de encontrarse con un pañal descartable en plena excursión de bautismo. “Es desagradable pero tratamos de distraer a la persona llevándolo hacia otro sector o adelantarnos alguno de nosotros para recoger la bolsita que esté en el parque submarino. Tratamos de que las personas disfruten de un fondo marino limpio”.
A través del operativo Fondos Limpios se encuentran generalmente, en la zona cercana al Muelle Piedra Buena diferentes tipos de basura. Ya es tradicional la “visita” al inodoro ubicado en ese sector que ya forma parte del lecho marino ya que cuenta con la adhesión importante de la fauna del lugar. “Encontramos cientos de celulares, pilas, baterías. Mucha basura se extrae, otros elementos forman parte del fondo marino, sacamos las que no tienen vida adherida”, señaló la buzo.
Buenos Aires busca salvar los bosques
Buscan salvar los bosques nativos del avance de la soja y la urbanización
Fecha de Publicación: 24/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre el avance de la soja, la explotación forestal y el constante proceso de urbanización, sólo en la última década Argentina perdió en bosques nativos una superficie mayor a la de Tierra del Fuego. Y la provincia de Buenos Aires, sin ser la más perjudicada, no ha quedado al margen del fenómeno. Sus montes originarios hoy sólo ocupan un porcentaje ínfimo de su territorio: apenas el 1,18%.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Cuatro ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Tres niveles de protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivos económicos
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
Deforestación
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Fecha de Publicación: 24/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre el avance de la soja, la explotación forestal y el constante proceso de urbanización, sólo en la última década Argentina perdió en bosques nativos una superficie mayor a la de Tierra del Fuego. Y la provincia de Buenos Aires, sin ser la más perjudicada, no ha quedado al margen del fenómeno. Sus montes originarios hoy sólo ocupan un porcentaje ínfimo de su territorio: apenas el 1,18%.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Cuatro ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Tres niveles de protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivos económicos
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
Deforestación
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Jujuy: Preocupa el incremento del tráfico de fauna
Preocupa el incremento del tráfico ilegal de fauna en Jujuy
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Debido a la preocupante situación por la que atraviesa nuestra fauna por el incremento del tráfico ilegal (venta y compra), la Secretaria de Gestión Ambiental a través de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, recordó a la población en general que la Fauna Silvestre se encuentra protegida por las leyes provinciales y nacionales.
Estos instrumentos legales que prohíben la caza de animales, la venta, tenencia de fauna silvestre en los domicilios particulares están enmarcadas en la Ley Nº 5063 -Ley General de Medio Ambiente, la Ley Nº 3014/73 -Ley de Caza-, la Ley Nº 3011/73 -Ley de Pesca- y la Ley Nacional Nº 22.421/81 -Conservación de la Fauna-.
Para hacer cumplir esas normativas, en el mes de marzo personal especializado de la Dirección Provincial recepcionó una lampalagua (Boa constrictor) que fue comprada en la Provincia de Santiago del Estero, la misma recibió tratamiento sanitario y se devolvieron sus características naturales. La Dirección de Políticas Ambientales tomo contacto con la Dirección General de Bosque y Fauna de Santiago de Estero, con Jorge Goles quien decidió liberarla a su medio natural, en la localidad de Santa Catalina, Departamento, Guasayan de la Provincia de Santiago del Estero.
Ante esa situación se recuerda que la fauna silvestre la constituyen los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales. El Medio Ambiente les brinda todos los recursos nutricionales que ellos necesitan para cumplir su ciclo vital, nosotros en nuestros hogares no podemos brindarles las necesidades básicas para su supervivencia.
El comercio ilegal expone a los animales a sufrir hacinamiento por lo cual pocos de estos llegan con vida al lugar de comercialización por las malas condiciones de transporte, al tratar de ocultarlas del control de las autoridades.
Por ello es Mascotismo (tener especies de fauna silvestre como mascotas en nuestros hogares) pone en serio riesgo a esas especies al disminuir drásticamente su número en el Medio Ambiente. Una vez que esos ejemplares viven en contacto con el hombre difícilmente pueden ser devueltos a la Vida Silvestre.
Se puntualizó que es importante la colaboración de la comunidad para que ayuden de la siguiente manera: No alentar el tráfico de fauna comprando loros, catas, tortuga, etc. Muchos de ellos no se encuentran en buen estado sanitario, ellos pueden transmitir enfermedades infecciosas que pueden ser contagiadas al ser humano, (psitacosis enfermedad transmitida por aves entre ellas las catas y loros).No extraiga animales de la fauna silvestre de su hábitat.
Denunciemos a quienes trafican y/o comercializan especies silvestres o a las personas que tengan en sus domicilios algunas de estas especies. Inscribirse de forma voluntaria en el registro de Fauna Silvestre que se encuentran en domicilios particulares en esta Dirección.
Ayuda a cuidar el Medio Ambiente, denuncie la venta ilegal en San Martín Nº 518, San Salvador de Jujuy, Tel. 0388-4249533/94 o Sarmiento 154 o al teléfono 0388 4249305.
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Debido a la preocupante situación por la que atraviesa nuestra fauna por el incremento del tráfico ilegal (venta y compra), la Secretaria de Gestión Ambiental a través de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, recordó a la población en general que la Fauna Silvestre se encuentra protegida por las leyes provinciales y nacionales.
Estos instrumentos legales que prohíben la caza de animales, la venta, tenencia de fauna silvestre en los domicilios particulares están enmarcadas en la Ley Nº 5063 -Ley General de Medio Ambiente, la Ley Nº 3014/73 -Ley de Caza-, la Ley Nº 3011/73 -Ley de Pesca- y la Ley Nacional Nº 22.421/81 -Conservación de la Fauna-.
Para hacer cumplir esas normativas, en el mes de marzo personal especializado de la Dirección Provincial recepcionó una lampalagua (Boa constrictor) que fue comprada en la Provincia de Santiago del Estero, la misma recibió tratamiento sanitario y se devolvieron sus características naturales. La Dirección de Políticas Ambientales tomo contacto con la Dirección General de Bosque y Fauna de Santiago de Estero, con Jorge Goles quien decidió liberarla a su medio natural, en la localidad de Santa Catalina, Departamento, Guasayan de la Provincia de Santiago del Estero.
Ante esa situación se recuerda que la fauna silvestre la constituyen los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales. El Medio Ambiente les brinda todos los recursos nutricionales que ellos necesitan para cumplir su ciclo vital, nosotros en nuestros hogares no podemos brindarles las necesidades básicas para su supervivencia.
El comercio ilegal expone a los animales a sufrir hacinamiento por lo cual pocos de estos llegan con vida al lugar de comercialización por las malas condiciones de transporte, al tratar de ocultarlas del control de las autoridades.
Por ello es Mascotismo (tener especies de fauna silvestre como mascotas en nuestros hogares) pone en serio riesgo a esas especies al disminuir drásticamente su número en el Medio Ambiente. Una vez que esos ejemplares viven en contacto con el hombre difícilmente pueden ser devueltos a la Vida Silvestre.
Se puntualizó que es importante la colaboración de la comunidad para que ayuden de la siguiente manera: No alentar el tráfico de fauna comprando loros, catas, tortuga, etc. Muchos de ellos no se encuentran en buen estado sanitario, ellos pueden transmitir enfermedades infecciosas que pueden ser contagiadas al ser humano, (psitacosis enfermedad transmitida por aves entre ellas las catas y loros).No extraiga animales de la fauna silvestre de su hábitat.
Denunciemos a quienes trafican y/o comercializan especies silvestres o a las personas que tengan en sus domicilios algunas de estas especies. Inscribirse de forma voluntaria en el registro de Fauna Silvestre que se encuentran en domicilios particulares en esta Dirección.
Ayuda a cuidar el Medio Ambiente, denuncie la venta ilegal en San Martín Nº 518, San Salvador de Jujuy, Tel. 0388-4249533/94 o Sarmiento 154 o al teléfono 0388 4249305.
Argentina sin estrategia contra el cambio climático
El país no tiene estrategia contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican.
El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia. “Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
Más tormentas, calor y enfermedades
Las evidencias del cambio climático se observan en la Argentina y han sido objeto de comentarios en el último informe de la CEPAL, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social en América latina y el Caribe.
Según el organismo, el número, la intensidad y la frecuencia de las lluvias se modificaron entre 1900 y 2005, y eso se tradujo en un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones en la región pampeana. Situaciones similares se han registrado en Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Bolivia. A causa de la pérdida del ozono y del aumento del índice de radiación ultravioleta, aumentaron los casos de cáncer de piel no melanoma en nuestro país y en Chile. También se afirma que enfermedades como el dengue pueden subir en la incidencia. En 2009, la Argentina sufrió la epidemia más grande del dengue en la historia.
En el informe de la CEPAL, también se advierte que hay playas argentinas con riesgo elevado de ser afectadas por la erosión de las costas causada por el cambio climático.
La pasividad de Argentina en la discusión ambiental
Las negociaciones internacionales por el cambio climático del planeta aún no están terminadas. Una de las trabas principales es que todavía los países no toman compromisos ni acciones firmes para reducir los niveles de emisión de gases invernadero. En esas discusiones, la Argentina tiene una posición pasiva, a pesar de que su población y su ambiente serán afectados por el impacto del cambio climático.
“Nuestro país ahora no tiene una posición propia ni definida”, afirmó Pablo Canziani, investigador en cambio climático del Conicet y de la Universidad Católica Argentina. Señaló varias diferencias con el pasado: “En 1997 cuando se acordó el Protocolo de Kioto, la Argentina tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones. Después, pasaron varios gobiernos y no hubo continuidad con la posición”.
El protocolo, que forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estipuló que los países más contaminantes debían reducir sus emisiones en un porcentaje de al menos un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
La Argentina, como país en vías de desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pero sí ratificó el acuerdo en 2001, a través de la ley del Congreso, y tiene al menos que no seguir aumentando sus emisiones.
En abril del año pasado, se destacó el Acuerdo de los Pueblos, convocado por Bolivia, por el cual se advirtió que “los países desarrollados tienen una deuda climática con los países en vías de desarrollo, la madre tierra y las futuras generaciones”.
La discusión mundial aún continúa: se prepara un acuerdo nuevo que formará parte de las conversaciones de las Conferencias de las Partes en Durban, Sudáfrica, el 28 de noviembre, y en Rusia en 2012.
En el debate, están el grupo de los países europeos, con Inglaterra a la cabeza, que quiere reducir las emisiones de manera tal que el aumento de temperatura media global no supere los 2 grados centígrados para el año 2050. “Estados Unidos hoy no tiene una postura definida. China hace promesas”, comentó Canziani. “Y Argentina aún no asume su liderazgo, como sí lo están haciendo Brasil y México. El problema es que si no se logra un acuerdo global pronto, todo se hará de manera desordenada y puede perjudicarnos”, opinó.
Por ejemplo, Francia ya quiere poner aranceles impositivos a sus importaciones por la emisión de gases de invernadero que se produce durante el transporte de mercaderías y materias primas. “Esto perjudica a la Argentina que está lejos de Europa”.
Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, embajador y ex negociador en temas ambientales en las negociaciones internacionales, también expresó que “la posición de la Argentina está muy desdibujada. Debería ayudar a que los países se pongan de acuerdo para reducir las emisiones. La política energética que tenemos aumenta las emisiones. Y también faltan medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo: ¿cómo se adaptarán las ciudades costeras al avance del nivel del mar? ¿Qué se hace para que los edificios sean eficientes?”.
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican.
El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia. “Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
Más tormentas, calor y enfermedades
Las evidencias del cambio climático se observan en la Argentina y han sido objeto de comentarios en el último informe de la CEPAL, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social en América latina y el Caribe.
Según el organismo, el número, la intensidad y la frecuencia de las lluvias se modificaron entre 1900 y 2005, y eso se tradujo en un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones en la región pampeana. Situaciones similares se han registrado en Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Bolivia. A causa de la pérdida del ozono y del aumento del índice de radiación ultravioleta, aumentaron los casos de cáncer de piel no melanoma en nuestro país y en Chile. También se afirma que enfermedades como el dengue pueden subir en la incidencia. En 2009, la Argentina sufrió la epidemia más grande del dengue en la historia.
En el informe de la CEPAL, también se advierte que hay playas argentinas con riesgo elevado de ser afectadas por la erosión de las costas causada por el cambio climático.
La pasividad de Argentina en la discusión ambiental
Las negociaciones internacionales por el cambio climático del planeta aún no están terminadas. Una de las trabas principales es que todavía los países no toman compromisos ni acciones firmes para reducir los niveles de emisión de gases invernadero. En esas discusiones, la Argentina tiene una posición pasiva, a pesar de que su población y su ambiente serán afectados por el impacto del cambio climático.
“Nuestro país ahora no tiene una posición propia ni definida”, afirmó Pablo Canziani, investigador en cambio climático del Conicet y de la Universidad Católica Argentina. Señaló varias diferencias con el pasado: “En 1997 cuando se acordó el Protocolo de Kioto, la Argentina tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones. Después, pasaron varios gobiernos y no hubo continuidad con la posición”.
El protocolo, que forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estipuló que los países más contaminantes debían reducir sus emisiones en un porcentaje de al menos un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
La Argentina, como país en vías de desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pero sí ratificó el acuerdo en 2001, a través de la ley del Congreso, y tiene al menos que no seguir aumentando sus emisiones.
En abril del año pasado, se destacó el Acuerdo de los Pueblos, convocado por Bolivia, por el cual se advirtió que “los países desarrollados tienen una deuda climática con los países en vías de desarrollo, la madre tierra y las futuras generaciones”.
La discusión mundial aún continúa: se prepara un acuerdo nuevo que formará parte de las conversaciones de las Conferencias de las Partes en Durban, Sudáfrica, el 28 de noviembre, y en Rusia en 2012.
En el debate, están el grupo de los países europeos, con Inglaterra a la cabeza, que quiere reducir las emisiones de manera tal que el aumento de temperatura media global no supere los 2 grados centígrados para el año 2050. “Estados Unidos hoy no tiene una postura definida. China hace promesas”, comentó Canziani. “Y Argentina aún no asume su liderazgo, como sí lo están haciendo Brasil y México. El problema es que si no se logra un acuerdo global pronto, todo se hará de manera desordenada y puede perjudicarnos”, opinó.
Por ejemplo, Francia ya quiere poner aranceles impositivos a sus importaciones por la emisión de gases de invernadero que se produce durante el transporte de mercaderías y materias primas. “Esto perjudica a la Argentina que está lejos de Europa”.
Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, embajador y ex negociador en temas ambientales en las negociaciones internacionales, también expresó que “la posición de la Argentina está muy desdibujada. Debería ayudar a que los países se pongan de acuerdo para reducir las emisiones. La política energética que tenemos aumenta las emisiones. Y también faltan medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo: ¿cómo se adaptarán las ciudades costeras al avance del nivel del mar? ¿Qué se hace para que los edificios sean eficientes?”.
Arroceras en el chaco, piden arresto al intendente
Arresto a un intendente
Fecha de Publicación: 22/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura chaqueña solicitó siete días de detención para el intendente de la ciudad de La Leonesa, José Ramón Carbajal, involucrado en una agresión cometida en perjuicio de científicos y ambientalistas que brindaban una charla sobre agrotóxicos. La Cámara de Diputados provincial resolvió a favor de un planteo de dos legisladores y avaló el pedido de arresto para el jefe comunal, que se hará efectivo cuando deje el cargo.
El 7 de agosto de 2010, Carbajal, su esposa, Elda Insaurralde, y el productor arrocero Eduardo Meichtry fueron denunciados penalmente por los diputados Fabricio Bolatti y Carlos Martínez. Los tres, entre otras personas, estuvieron involucrados en una agresión contra científicos y ambientalistas que iban a brindar una charla contra la utilización de agrotóxicos en los cultivos. En la conferencia iban a participar el investigador del Conicet y profesor de la UBA, Andrés Carrasco, y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Lucero.
Pero el encuentro fue suspendido luego de que un grupo de personas, entre ellas Carbajal, agrediera a golpes a varios de los asistentes. Como resultado del ataque, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chaco Marcelo Salgado y varios ambientalistas locales padecieron fracturas y traumatismos.
Fecha de Publicación: 22/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura chaqueña solicitó siete días de detención para el intendente de la ciudad de La Leonesa, José Ramón Carbajal, involucrado en una agresión cometida en perjuicio de científicos y ambientalistas que brindaban una charla sobre agrotóxicos. La Cámara de Diputados provincial resolvió a favor de un planteo de dos legisladores y avaló el pedido de arresto para el jefe comunal, que se hará efectivo cuando deje el cargo.
El 7 de agosto de 2010, Carbajal, su esposa, Elda Insaurralde, y el productor arrocero Eduardo Meichtry fueron denunciados penalmente por los diputados Fabricio Bolatti y Carlos Martínez. Los tres, entre otras personas, estuvieron involucrados en una agresión contra científicos y ambientalistas que iban a brindar una charla contra la utilización de agrotóxicos en los cultivos. En la conferencia iban a participar el investigador del Conicet y profesor de la UBA, Andrés Carrasco, y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Lucero.
Pero el encuentro fue suspendido luego de que un grupo de personas, entre ellas Carbajal, agrediera a golpes a varios de los asistentes. Como resultado del ataque, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chaco Marcelo Salgado y varios ambientalistas locales padecieron fracturas y traumatismos.
Corrientes: Ratificaron la ley de Bosques Nativos
Ratificaron la ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 21/04/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El juez de Instrucción, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia presentada por la diputada María Inés Fagetti, en la cual cuestionaba el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado por la Dirección de Recursos Forestales. El magistrado consideró que no hay elementos que permitan continuar con el proceso por inexistencia de delito.
Tras varios meses de análisis, la Justicia desestimó la denuncia que había realizado la diputada provincial, María Inés Fagetti, contra el Ordenamiento Territo-rial de Bosques Nativos que se aprobó por ley en mayo del año pasado. Con la sentencia judicial, las autoridades de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes anunciaron que continuarán trabajando en el marco de la normativa, que busca regular las actividades agropecuarias en áreas protegidas, y en los próximos meses comenzarían a recibir los proyectos para producción y conservación en estas zonas.
Un fallo emitido el 4 de febrero de este año por el juez de Instrucción Nº 4, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia que había sido presentada por la diputada provincial, María Inés Fagetti, quien había cuestionado algunos puntos del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado para reglamentar la adhesión a la Ley Nacional, que aprobó el parlamento en mayo del año pasado. En el fallo, el magistrado dio lugar al pedido de desestimación del fiscal, Bue-naventura Duarte, con quien coincidió que no surgen elementos que permitan continuar con el proceso, por inexistencia de delito.
Los puntos cuestionados por la denunciante -presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara baja- giraban en torno a la omisión por parte de funcionarios del análisis del decreto por el cual había sido aprobada la adhesión a la ley, y que fuera luego declarado inconstitucional por la Justicia. La observación señala que el ordenamiento efectúa varios fundamentos que refieren al instrumento legal y señala que podrían haberse dictado actos administrativos derivados o fundados en el mismo.
En este punto, el fiscal de la causa señaló que si bien el mencionado decreto fue declarado inconstitucional, esto se debió a la existencia de un vicio formal, por haber sido dictado por una autoridad, y de acuerdo a la Constitución Pro-vincial, las normas en materia de protección ambiental de-ben ser sancionadas por el Poder Legislativo. En pocas palabras, no se anuló el decreto por su contenido, sino por el procedimiento.
Otro de los aspectos cuestionados por Fagetti fue un informe producido por el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), uno de los organismos que fue convocado para colaborar en el Ordenamiento Territorial. Esta institución señalaba que de su informe se suprimió un párrafo, donde los investigadores proponen considerar algunos sitios como zonas limitadas a la producción.
En cuanto a este cuestionamiento, prestó declaración ante la Justicia el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, quien sostuvo que “nosotros requerimos información técnica a distintas instituciones pertinentes al trabajo, entre ellas el Ibone, que aportó información, lo que no significa que nosotros debemos tomar al pie de la letra lo que pueda opinar el organismo; nosotros tomamos la información que creíamos más conveniente, o sea, la misma Ley prevé que las opiniones no son vinculantes”.
Por su parte, los técnicos del Ibone y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que aportaron conceptos científicos y técnicos para el ordenamiento territorial, coincidieron que si bien hubo diferencias en las concepciones y los criterios, la autoridad de aplicación de la Ley es la Dirección de Recursos Forestales.
El tercer punto observado por la legisladora justicialista daba cuenta que se habría omitido dar respuesta a los planteos efectuados durante las audiencias públicas que se realizaron en Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, antes de la aprobación del Ordenamiento Territorial. En este caso, Luis Mestres dijo ante el fiscal que “se responderá aquellos planteos que tengan argumentos científicos y técnicos consistentes, y a nuestro criterio, ninguno lo tuvo, por lo tanto no hubo necesidad a responder ninguna de ellas”.
Fecha de Publicación: 21/04/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El juez de Instrucción, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia presentada por la diputada María Inés Fagetti, en la cual cuestionaba el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado por la Dirección de Recursos Forestales. El magistrado consideró que no hay elementos que permitan continuar con el proceso por inexistencia de delito.
Tras varios meses de análisis, la Justicia desestimó la denuncia que había realizado la diputada provincial, María Inés Fagetti, contra el Ordenamiento Territo-rial de Bosques Nativos que se aprobó por ley en mayo del año pasado. Con la sentencia judicial, las autoridades de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes anunciaron que continuarán trabajando en el marco de la normativa, que busca regular las actividades agropecuarias en áreas protegidas, y en los próximos meses comenzarían a recibir los proyectos para producción y conservación en estas zonas.
Un fallo emitido el 4 de febrero de este año por el juez de Instrucción Nº 4, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia que había sido presentada por la diputada provincial, María Inés Fagetti, quien había cuestionado algunos puntos del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado para reglamentar la adhesión a la Ley Nacional, que aprobó el parlamento en mayo del año pasado. En el fallo, el magistrado dio lugar al pedido de desestimación del fiscal, Bue-naventura Duarte, con quien coincidió que no surgen elementos que permitan continuar con el proceso, por inexistencia de delito.
Los puntos cuestionados por la denunciante -presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara baja- giraban en torno a la omisión por parte de funcionarios del análisis del decreto por el cual había sido aprobada la adhesión a la ley, y que fuera luego declarado inconstitucional por la Justicia. La observación señala que el ordenamiento efectúa varios fundamentos que refieren al instrumento legal y señala que podrían haberse dictado actos administrativos derivados o fundados en el mismo.
En este punto, el fiscal de la causa señaló que si bien el mencionado decreto fue declarado inconstitucional, esto se debió a la existencia de un vicio formal, por haber sido dictado por una autoridad, y de acuerdo a la Constitución Pro-vincial, las normas en materia de protección ambiental de-ben ser sancionadas por el Poder Legislativo. En pocas palabras, no se anuló el decreto por su contenido, sino por el procedimiento.
Otro de los aspectos cuestionados por Fagetti fue un informe producido por el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), uno de los organismos que fue convocado para colaborar en el Ordenamiento Territorial. Esta institución señalaba que de su informe se suprimió un párrafo, donde los investigadores proponen considerar algunos sitios como zonas limitadas a la producción.
En cuanto a este cuestionamiento, prestó declaración ante la Justicia el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, quien sostuvo que “nosotros requerimos información técnica a distintas instituciones pertinentes al trabajo, entre ellas el Ibone, que aportó información, lo que no significa que nosotros debemos tomar al pie de la letra lo que pueda opinar el organismo; nosotros tomamos la información que creíamos más conveniente, o sea, la misma Ley prevé que las opiniones no son vinculantes”.
Por su parte, los técnicos del Ibone y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que aportaron conceptos científicos y técnicos para el ordenamiento territorial, coincidieron que si bien hubo diferencias en las concepciones y los criterios, la autoridad de aplicación de la Ley es la Dirección de Recursos Forestales.
El tercer punto observado por la legisladora justicialista daba cuenta que se habría omitido dar respuesta a los planteos efectuados durante las audiencias públicas que se realizaron en Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, antes de la aprobación del Ordenamiento Territorial. En este caso, Luis Mestres dijo ante el fiscal que “se responderá aquellos planteos que tengan argumentos científicos y técnicos consistentes, y a nuestro criterio, ninguno lo tuvo, por lo tanto no hubo necesidad a responder ninguna de ellas”.
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Quieren restaurar el bosques de Lenga
Gobierno avanza en proyecto de restauración de Bosques de Lenga afectados por el incendio del 2008
Fecha de Publicación: 20/04/2011
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la resolución 256 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del programa de Conservación y Manejo de Bosques Nativos, la Provincia trabaja en la concreción del proyecto de restauración de los bosques de lenga que fueran afectados por incendios forestales en diciembre de 2008.
El proyecto prevé la realización de un vivero de lenga financiado por la Nación, por un monto de 332.150 pesos que será utilizado en tres años.
La idea del proyecto de restauración de bosques nativos surgió tras el incendio que destruyó 7.300 hectáreas al oeste de la Comuna de Tolhuin, en el año 2008
El proyecto tiene una duración de tres años y consiste en restaurar 25 hectáreas de bosques nativos, específicamente en la reserva forestal del flote 93, ubicadas hacía el este de la Comuna.
El vivero de plantas de lenga ya se encuentra en construcción y tiene una dimensión de 6 metros de ancho por 20 metros de largo, cubriendo una superficie total de 120 metros cuadrados.
Martín Parodi, responsable del proyecto, explicó que se aplicarán dos metodologías de trabajo para alcanzar el objetivo de restaurar las 25 hectáreas afectadas.
La primera de ellas se denomina “repique de plantas de bosque nativo”, a través de la cual “se recolectan plantas del área afectada y se las traslada al vivero. Allí se la mantiene en temporada de primavera, de 6 a 15 meses, y una vez cultivada y acondicionada en el invernadero es llevada de nuevamente al área quemada”.
En tanto que la segunda metodología consiste en “repicar áreas aledañas a las hectáreas del incendio y transpantarlas directamente al área afectada”, señaló Parodi.
Personal de la Dirección General de Bosques ha realizado tareas de “monitoreo en las áreas afectadas por el incendio, al igual que tareas de repique en el lugar donde se extrajeron las plantas.
Por último, el responsable del proyecto comentó que esta semana darán inicio a tareas de “extracción del material vegetal del área de repique para el vivero”.
Fecha de Publicación: 20/04/2011
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la resolución 256 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del programa de Conservación y Manejo de Bosques Nativos, la Provincia trabaja en la concreción del proyecto de restauración de los bosques de lenga que fueran afectados por incendios forestales en diciembre de 2008.
El proyecto prevé la realización de un vivero de lenga financiado por la Nación, por un monto de 332.150 pesos que será utilizado en tres años.
La idea del proyecto de restauración de bosques nativos surgió tras el incendio que destruyó 7.300 hectáreas al oeste de la Comuna de Tolhuin, en el año 2008
El proyecto tiene una duración de tres años y consiste en restaurar 25 hectáreas de bosques nativos, específicamente en la reserva forestal del flote 93, ubicadas hacía el este de la Comuna.
El vivero de plantas de lenga ya se encuentra en construcción y tiene una dimensión de 6 metros de ancho por 20 metros de largo, cubriendo una superficie total de 120 metros cuadrados.
Martín Parodi, responsable del proyecto, explicó que se aplicarán dos metodologías de trabajo para alcanzar el objetivo de restaurar las 25 hectáreas afectadas.
La primera de ellas se denomina “repique de plantas de bosque nativo”, a través de la cual “se recolectan plantas del área afectada y se las traslada al vivero. Allí se la mantiene en temporada de primavera, de 6 a 15 meses, y una vez cultivada y acondicionada en el invernadero es llevada de nuevamente al área quemada”.
En tanto que la segunda metodología consiste en “repicar áreas aledañas a las hectáreas del incendio y transpantarlas directamente al área afectada”, señaló Parodi.
Personal de la Dirección General de Bosques ha realizado tareas de “monitoreo en las áreas afectadas por el incendio, al igual que tareas de repique en el lugar donde se extrajeron las plantas.
Por último, el responsable del proyecto comentó que esta semana darán inicio a tareas de “extracción del material vegetal del área de repique para el vivero”.
San Juan: La primer planta solar de Latinoamerica
San Juan inauguró la primera planta de energía solar de Latinoamerica
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
Este mediodía quedó inaugurada en Ullum, la Planta Fotovoltaica Piloto “San Juan I”, primera de una serie de siete emprendimientos de energía alternativa que se desarrollarán en la provincia.
Se trata del primer parque de energía solar no sólo del país, sino de Latinoamérica, que proporcionará 1,2MW de energía limpia, a través de miles de paneles fijos y móviles (capaces estos últimos de girar 360º en busca del astro rey, a la manera de enormes girasoles).
El emprendimiento, que tiene un costo de 10, 5 millones de dólares, ha sido totalmente financiado por el Estado Provincial, y la obra estuvo a cargo de una UTE de origen hispano (COMSA ESPAÑA y COMSA ARGENTINA) con casa matriz en Barcelona.
La ceremonia de inauguración se concretó en el solar de 6 hectáreas ubicado en medio del desierto sanjuanino, que constituye un oasis tecnológico de promisorio futuro a 35 kilómetros de la ciudad capital, y fue presidida por el gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Luis Alberto Veuret.
Se hallaban presentes asimismo el vicegobernador, Rubén Uñac, la casi totalidad de miembros del gabinete, los intendentes de Capital, Ullum y Calingasta, legisladores nacionales y provinciales, el arzobispo Alfonso Delgado, miembros de la UTE constructora, el presidente de EPSE, Francisco Alcoba, miembros de la prensa nacional e invitados especiales.
Tras entonarse el Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Policía y coreado por todos los presentes, habló el anfitrión.
El intendente departamental Alfredo Ortiz, señaló que es muy importante el desarrollo al cual se apunta, y recordó que la mano de obra utilizada para el emprendimiento fue casi totalmente lugareña, cosa que agradeció.
Fue luego el momento para la bendición de la Planta, a cargo del Arzobispo Delgado, quien señaló que se trataba de un fruto del talento humano, destinado para la más importante obra de Dios, o sea el hombre. Añadió que la creatividad y el ingenio constituyen una alabanza a Dios, y cuando esas obras dan gloria al Señor, seguro que representan un bien para todos.
Posteriormente el titular de EPSE, Francisco Alcoba, remarcó la alegría y sano orgullo que sentía toda la comunidad sanjuanina por este logro, concretado a 31º de Latitud Sur para todo el país y Latinoamérica.
Ofreció luego detalles técnicos de la obra, señalalando que los paneles estaban dotados de uno o dos ejes, trabajando lo más perpendicular posible, para lograr un mayor rendimiento.
A su turno, el subsecretario de Energía de la Nación, Luis Veuret, trasladó el saludo del ministro de Infraestructura De Vido, que por razones del ejercicio de sus funciones no pudo llegar a San Juan, y comenzó su disertación expresando “como cuyano (es mendocino) siento una gran alegría por este logro, ya que soy conciente de que en nuestra región los temas de energía y tecnología son cruciales”.
“Felicito a los sanjuaninos –agregó- por la construcción de este primer parque de energía solar y, como los conozco a ustedes y a vuestro gobernador, estoy seguro que se trata sólo del primero de una serie de emprendimientos similares, a los cuales desde la Nación, prestaremos toda la ayuda posible”.
Finalmente, el gobernador Gioja dijo “es un día que no vacilamos en calificar como histórico para los sanjuaninos. Acabamos de venir de la vieja Maternidad, edificio que justamente hoy comenzó a derribarse, y que fuera reemplazado por el nuevo edificio en el que nuestras parturientas disponen de todas las comodidades de la moderna ciencia médica. Y ahora aquí, ganándole tierra al desierto para desarrollar a la provincia y el país, tanto una como otra, maneras de derrumbar al `no se puede`”.
“Tenemos el mejor sol del país, uno de los mejores del mundo, con un promedio de 300 días efectivos al año, tenemos el material humano y, sobre todo, la decisión política, y por eso no debe extrañar que los sanjuaninos podamos haber construido esta planta, que será la semilla para construir un verdadero polo energético”.
“No sólo está nuestro sol como fuente de energía alternativa, sino también tenemos proyectos térmicos y eólicos que transformarán a nuestra provincia, y en ese sentido podemos adelantar que está muy avanzado un mapa provincial de vientos, base para el emprendimiento eólico”.
“No hay nada más lindo que gestionar, proponerse un objetivo….. y cumplirlo. Aquí estamos en presencia de un sueño concretado, ya hemos licitado 20 MW de energía fotovoltaica, la próxima planta estará en Cañada Honda, y de esa manera cerramos un círculo virtuoso que nos permitirá transformar nuestro desierto”.
“Deseamos agradecer a todos quienes de una u otra manera participaron en esta obra, desde el más humilde de los operarios hasta el más elevado profesional, para todos un abrazo grandote y sentido, esperamos ver en marcha el resultado de vuestro esfuerzo. Muchas gracias”, concluyó el primer mandatario provincial.
El acto finalizó con el descubrimiento de una placa recordatoria del acontecimiento, y un ágape posterior.
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
Este mediodía quedó inaugurada en Ullum, la Planta Fotovoltaica Piloto “San Juan I”, primera de una serie de siete emprendimientos de energía alternativa que se desarrollarán en la provincia.
Se trata del primer parque de energía solar no sólo del país, sino de Latinoamérica, que proporcionará 1,2MW de energía limpia, a través de miles de paneles fijos y móviles (capaces estos últimos de girar 360º en busca del astro rey, a la manera de enormes girasoles).
El emprendimiento, que tiene un costo de 10, 5 millones de dólares, ha sido totalmente financiado por el Estado Provincial, y la obra estuvo a cargo de una UTE de origen hispano (COMSA ESPAÑA y COMSA ARGENTINA) con casa matriz en Barcelona.
La ceremonia de inauguración se concretó en el solar de 6 hectáreas ubicado en medio del desierto sanjuanino, que constituye un oasis tecnológico de promisorio futuro a 35 kilómetros de la ciudad capital, y fue presidida por el gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Luis Alberto Veuret.
Se hallaban presentes asimismo el vicegobernador, Rubén Uñac, la casi totalidad de miembros del gabinete, los intendentes de Capital, Ullum y Calingasta, legisladores nacionales y provinciales, el arzobispo Alfonso Delgado, miembros de la UTE constructora, el presidente de EPSE, Francisco Alcoba, miembros de la prensa nacional e invitados especiales.
Tras entonarse el Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Policía y coreado por todos los presentes, habló el anfitrión.
El intendente departamental Alfredo Ortiz, señaló que es muy importante el desarrollo al cual se apunta, y recordó que la mano de obra utilizada para el emprendimiento fue casi totalmente lugareña, cosa que agradeció.
Fue luego el momento para la bendición de la Planta, a cargo del Arzobispo Delgado, quien señaló que se trataba de un fruto del talento humano, destinado para la más importante obra de Dios, o sea el hombre. Añadió que la creatividad y el ingenio constituyen una alabanza a Dios, y cuando esas obras dan gloria al Señor, seguro que representan un bien para todos.
Posteriormente el titular de EPSE, Francisco Alcoba, remarcó la alegría y sano orgullo que sentía toda la comunidad sanjuanina por este logro, concretado a 31º de Latitud Sur para todo el país y Latinoamérica.
Ofreció luego detalles técnicos de la obra, señalalando que los paneles estaban dotados de uno o dos ejes, trabajando lo más perpendicular posible, para lograr un mayor rendimiento.
A su turno, el subsecretario de Energía de la Nación, Luis Veuret, trasladó el saludo del ministro de Infraestructura De Vido, que por razones del ejercicio de sus funciones no pudo llegar a San Juan, y comenzó su disertación expresando “como cuyano (es mendocino) siento una gran alegría por este logro, ya que soy conciente de que en nuestra región los temas de energía y tecnología son cruciales”.
“Felicito a los sanjuaninos –agregó- por la construcción de este primer parque de energía solar y, como los conozco a ustedes y a vuestro gobernador, estoy seguro que se trata sólo del primero de una serie de emprendimientos similares, a los cuales desde la Nación, prestaremos toda la ayuda posible”.
Finalmente, el gobernador Gioja dijo “es un día que no vacilamos en calificar como histórico para los sanjuaninos. Acabamos de venir de la vieja Maternidad, edificio que justamente hoy comenzó a derribarse, y que fuera reemplazado por el nuevo edificio en el que nuestras parturientas disponen de todas las comodidades de la moderna ciencia médica. Y ahora aquí, ganándole tierra al desierto para desarrollar a la provincia y el país, tanto una como otra, maneras de derrumbar al `no se puede`”.
“Tenemos el mejor sol del país, uno de los mejores del mundo, con un promedio de 300 días efectivos al año, tenemos el material humano y, sobre todo, la decisión política, y por eso no debe extrañar que los sanjuaninos podamos haber construido esta planta, que será la semilla para construir un verdadero polo energético”.
“No sólo está nuestro sol como fuente de energía alternativa, sino también tenemos proyectos térmicos y eólicos que transformarán a nuestra provincia, y en ese sentido podemos adelantar que está muy avanzado un mapa provincial de vientos, base para el emprendimiento eólico”.
“No hay nada más lindo que gestionar, proponerse un objetivo….. y cumplirlo. Aquí estamos en presencia de un sueño concretado, ya hemos licitado 20 MW de energía fotovoltaica, la próxima planta estará en Cañada Honda, y de esa manera cerramos un círculo virtuoso que nos permitirá transformar nuestro desierto”.
“Deseamos agradecer a todos quienes de una u otra manera participaron en esta obra, desde el más humilde de los operarios hasta el más elevado profesional, para todos un abrazo grandote y sentido, esperamos ver en marcha el resultado de vuestro esfuerzo. Muchas gracias”, concluyó el primer mandatario provincial.
El acto finalizó con el descubrimiento de una placa recordatoria del acontecimiento, y un ágape posterior.
Riachuelo: dicen que estará saneado en el 2016
Desde el Gobierno Nacional aseguran que el Riachuelo estará saneado para el 2016
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Capital Federal - El secretario de Medioambiente, Juan José Mussi, dijo que los plazos, para ejecutar la obra, tienen mucho que ver con las licitaciones internacionales.
El secretario de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, reconoció que las obras necesarias para sanear el Riachuelo no se pueden hacer en un mes, sin embargo prometió que para el año 2016 se podrá concretar el cometido.
En ese sentido, sostuvo que “los plazos tienen que ver mucho con las licitaciones internacionales para hacer grandes obras”. Además, explicó que no se puede trasladar a 2 mil 500 familias en un mes, ni hacer una obra de 800 millones de dólares en un mes o dos.
Sostuvo que “todo esto lo comprenden los estamentos judiciales y quizá para el otro bicentenario tengamos el Riachuelo Saneado”.
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Capital Federal - El secretario de Medioambiente, Juan José Mussi, dijo que los plazos, para ejecutar la obra, tienen mucho que ver con las licitaciones internacionales.
El secretario de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, reconoció que las obras necesarias para sanear el Riachuelo no se pueden hacer en un mes, sin embargo prometió que para el año 2016 se podrá concretar el cometido.
En ese sentido, sostuvo que “los plazos tienen que ver mucho con las licitaciones internacionales para hacer grandes obras”. Además, explicó que no se puede trasladar a 2 mil 500 familias en un mes, ni hacer una obra de 800 millones de dólares en un mes o dos.
Sostuvo que “todo esto lo comprenden los estamentos judiciales y quizá para el otro bicentenario tengamos el Riachuelo Saneado”.
Para frenar los desalojos en el campo
Para frenar los desalojos en el campo
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Explotarán de oro a cielo abierto en Salta
Explotarán de oro a cielo abierto en Salta
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: El Intransigente - No a la Mina
Provincia/Región: Salta
A la espera de la aprobación ambiental se encuentra el proyecto aurífero Lindero, para iniciar la construcción del proyecto, que desarrolla Mansfield Minerals Inc en Argentina. Esta iniciativa se desarrolla a prácticamente 4 mil metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta y a unos 260 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región. El tipo de tratamiento del mineral será de lixiviación por cianuración.
Cabe destacar que se encuentra al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región.
Esta iniciativa prevé un desembolso de US$ 220 millones, según la base de proyectos de Portal Minero y la construcción de la mina sería de 24 meses. El proyecto consiste en la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto. Se espera que Lindero produzca 0,83 Moz de oro, con un promedio anual de 161.000 oz. El costo promedio de producción será de US$373/oz durante los primeros cinco años de producción.
El tipo de tratamiento del mineral será convencional, de lixiviación por cianuración, para ello el proyecto considera una planta de ADR, procesos de triturado con rodillos de alta presión, trituradoras de cono y el transporte a través de cintas transportadoras y tronaduras. El producto final serán barras de metal doré.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: El Intransigente - No a la Mina
Provincia/Región: Salta
A la espera de la aprobación ambiental se encuentra el proyecto aurífero Lindero, para iniciar la construcción del proyecto, que desarrolla Mansfield Minerals Inc en Argentina. Esta iniciativa se desarrolla a prácticamente 4 mil metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta y a unos 260 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región. El tipo de tratamiento del mineral será de lixiviación por cianuración.
Cabe destacar que se encuentra al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región.
Esta iniciativa prevé un desembolso de US$ 220 millones, según la base de proyectos de Portal Minero y la construcción de la mina sería de 24 meses. El proyecto consiste en la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto. Se espera que Lindero produzca 0,83 Moz de oro, con un promedio anual de 161.000 oz. El costo promedio de producción será de US$373/oz durante los primeros cinco años de producción.
El tipo de tratamiento del mineral será convencional, de lixiviación por cianuración, para ello el proyecto considera una planta de ADR, procesos de triturado con rodillos de alta presión, trituradoras de cono y el transporte a través de cintas transportadoras y tronaduras. El producto final serán barras de metal doré.
Crean juzgados para sancionar daños ambientales
Crean juzgados para sancionar daños contra el medio ambiente
Fecha de Publicación: 17/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo impulsa la creación de un Código de Faltas para esa materia que contempla multas y hasta arresto de infractores
El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
El voluminoso proyecto ya está redactado y a punto de ser girado a la Legislatura. Y otra de sus características salientes es que establece competencias en el sentido de qué tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos organismos que se prevén crear en la iniciativa.
El proyecto está siendo impulsado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el área medioambiental a cargo de José Molina. Según trascendió, el nuevo plexo normativo pasó por el filtro de los Organismos de la Constitución y fue presentado en los últimos días ante un grupo de legisladores provinciales.
"Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental", le dijo a este diario el coordinador ejecutivo de Control y Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. "Nuestro objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes", añadió.
"Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción, sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar, pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos" que funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de botella generado en Fiscalización. "No va a tener la carga de seguir con el procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas", sostuvo Olivera.
El nuevo Código de Faltas determinará cuáles serán las competencias que conservará la Provincia y cuáles tendrán los municipios. Cuando un inspector del OPDS constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de faltas de esa comuna.
"Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro, se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén controladas por el municipio", dijo Olivera.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán aplicadas por los jueces de Faltas locales.
En tanto, las apelaciones a estas sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un Registro Unico de Infractores ambientales. "De esta manera, y al trabajar en conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver si son reincidentes", dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los 1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos.
Pero también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores tareas comunitarias.
En relación al destino de las multas, irán a las arcas municipales cuando actúe la comuna y a las de la Provincia cuando intervenga el OPDS. Si hay una actuación conjunta, se dividirán por mitades.
"Pero estos montos no irán a Rentas Generales. Se destinarán para financiar medidas de protección, atención de emergencias ambientales, campañas de difusión, comprar camionetas, elementos, capacitar al personal, contratar inspectores o adquirir insumos", concluyó el funcionario.
Fecha de Publicación: 17/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo impulsa la creación de un Código de Faltas para esa materia que contempla multas y hasta arresto de infractores
El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
El voluminoso proyecto ya está redactado y a punto de ser girado a la Legislatura. Y otra de sus características salientes es que establece competencias en el sentido de qué tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos organismos que se prevén crear en la iniciativa.
El proyecto está siendo impulsado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el área medioambiental a cargo de José Molina. Según trascendió, el nuevo plexo normativo pasó por el filtro de los Organismos de la Constitución y fue presentado en los últimos días ante un grupo de legisladores provinciales.
"Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental", le dijo a este diario el coordinador ejecutivo de Control y Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. "Nuestro objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes", añadió.
"Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción, sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar, pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos" que funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de botella generado en Fiscalización. "No va a tener la carga de seguir con el procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas", sostuvo Olivera.
El nuevo Código de Faltas determinará cuáles serán las competencias que conservará la Provincia y cuáles tendrán los municipios. Cuando un inspector del OPDS constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de faltas de esa comuna.
"Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro, se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén controladas por el municipio", dijo Olivera.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán aplicadas por los jueces de Faltas locales.
En tanto, las apelaciones a estas sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un Registro Unico de Infractores ambientales. "De esta manera, y al trabajar en conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver si son reincidentes", dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los 1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos.
Pero también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores tareas comunitarias.
En relación al destino de las multas, irán a las arcas municipales cuando actúe la comuna y a las de la Provincia cuando intervenga el OPDS. Si hay una actuación conjunta, se dividirán por mitades.
"Pero estos montos no irán a Rentas Generales. Se destinarán para financiar medidas de protección, atención de emergencias ambientales, campañas de difusión, comprar camionetas, elementos, capacitar al personal, contratar inspectores o adquirir insumos", concluyó el funcionario.
Centrales nucleares en zonas sísmicas...
Proponen prohibir la instalación de centrales nucleares en zonas sísmicas
Fecha de Publicación: 16/04/2011
Fuente: MDZ On Line
Provincia/Región: Nacional
A través de un proyecto de ley, presentado por Omar Félix, se busca zonificar el país para determinar en qué lugares se puede instalar centrales nucleares. Mendoza quedaría excluida de esa chance. La intención es prevenir catástrofes como las de Japón. El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas.
El diputado nacional por Mendoza Omar Félix presentó un proyecto de Ley para crear una “zonificación de centrales nucleares”, con la intención de prevenir desastres como los ocurridos en Japón, luego del terremoto y la posterior alarma nuclear.
El proyecto, propone prohibir en lugares de riesgo sísmico la construcción y montaje de plantas nucleares energéticas. Esta determinación abarca a todo el territorio continental de la Argentina , islas de Tierra del Fuego, Georgia, Sándwich, Orcadas del Sur y la Antártida. En ese sentido, Mendoza quedaría excluida de cualquier intento de instalación de centrales nucleares.
El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas, a través de sus organismos públicos y los privados nacionales. El principal argumento del proyecto es la tragedia ocurrida en Japón, que hizo colapsar imprevistamente los sistemas de seguridad relativos al control, moderación y supresión de la generación de energía producida por la fusión nuclear de reactores.
“La tragedia sísmica y nuclear en Japón, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de conducirnos en lo local e internacional, hacia matrices energéticas que, sin excluir la ciencia y la investigación aplicada en esta materia, oriente desde la mayor a menor renovabilidad del recurso energético”, dijo Félix a través de un comunicado.
A pesar del proyecto, Félix asegura que las centrales argentinas son seguras. “Las centrales Atucha, El Embalse y, próximamente, Atucha II, son “Modelos Mundiales de Seguridad”, aseguró.
Fecha de Publicación: 16/04/2011
Fuente: MDZ On Line
Provincia/Región: Nacional
A través de un proyecto de ley, presentado por Omar Félix, se busca zonificar el país para determinar en qué lugares se puede instalar centrales nucleares. Mendoza quedaría excluida de esa chance. La intención es prevenir catástrofes como las de Japón. El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas.
El diputado nacional por Mendoza Omar Félix presentó un proyecto de Ley para crear una “zonificación de centrales nucleares”, con la intención de prevenir desastres como los ocurridos en Japón, luego del terremoto y la posterior alarma nuclear.
El proyecto, propone prohibir en lugares de riesgo sísmico la construcción y montaje de plantas nucleares energéticas. Esta determinación abarca a todo el territorio continental de la Argentina , islas de Tierra del Fuego, Georgia, Sándwich, Orcadas del Sur y la Antártida. En ese sentido, Mendoza quedaría excluida de cualquier intento de instalación de centrales nucleares.
El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas, a través de sus organismos públicos y los privados nacionales. El principal argumento del proyecto es la tragedia ocurrida en Japón, que hizo colapsar imprevistamente los sistemas de seguridad relativos al control, moderación y supresión de la generación de energía producida por la fusión nuclear de reactores.
“La tragedia sísmica y nuclear en Japón, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de conducirnos en lo local e internacional, hacia matrices energéticas que, sin excluir la ciencia y la investigación aplicada en esta materia, oriente desde la mayor a menor renovabilidad del recurso energético”, dijo Félix a través de un comunicado.
A pesar del proyecto, Félix asegura que las centrales argentinas son seguras. “Las centrales Atucha, El Embalse y, próximamente, Atucha II, son “Modelos Mundiales de Seguridad”, aseguró.
Amparo por el daño en el Atuel
Amparo por el daño en el Atuel
Fecha de Publicación: 15/04/2011
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante de Miguel Angel Palazzani, convocó a las organizaciones no gubernamentales de nuestra provincia y a las personas afectadas directamente, a presentarse ante la Corte Suprema para apoyar el reclamo judicial de que el río Atuel vuelva a correr por territorio pampeano. El abogado comparó al caso pampeano con el del Riachuelo.
El impulso que la procuradora general de la Nación, Laura M. Monti, dio al pedido de amparo de Palazzani "es un paso muy importante porque en la gran mayoría de las veces, los dictámenes de la Procuración son seguidos por la Corte Suprema", comentó Gil Domínguez, un abogado santarroseño radicado en Buenos Aires que ayer dialogó con Radio Noticias sobre esta novedad.
"También es importante -añadió- porque con la acción de amparo ambiental se solicitó una medida cautelar innovativa donde se pide que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, se garantice que corra por el Atuel inferior en la provincia de La Pampa un caudal fluvio ecológico que de alguna manera reestablezca ese ecosistema". La restitución del caudal mínimo ocurrir "a partir de la inmediata notificación de esa medida cautelar", aseguró Gil Domínguez.
"El Riachuelo y el Atuel son dos casos emblemáticos de daño ambiental -afirmó en la entrevista-, y esta Corte es una Corte que podemos llamar ambientalista, que se preocupa por estos temas, que ha tomado decisiones históricas, como el caso del Riachuelo y otros casos menos conocidos pero igualmente con una gran problemática relacionada con el daño ambiental. Uno puede esperar que este amparo ponga a discusión y a debate, frente a un órgano racional e independiente como es la Corte Suprema, una temática que ha estado desde siempre reducida al debate político, donde a La Pampa no le ha ido muy bien".
En este punto, el patrocinante dejó en claro que con su presentación, Miguel Palazzani pretende "ayudar a que la política resuelva lo que la política tiene resolver, desde la Constitución y desde el paradigma ambientalista". El objeto es que esta acción judicial "le dé un marco de celeridad y racionalidad a las soluciones que tienen que venir desde la política".
Día 0.
En temas ambientales -explicó Gil Domínguez-, lo importante es lo que se llama "Día 0", o sea el día a partir del cual se deja de contaminar, cesa el daño y comienza la recomposición. "Lo importante de la medida cautelar es que generaría ese Día 0", valoró Gil Domínguez, quien convocó a ONGs como la Fundación Chadileuvú y a los afectados directos por el corte del río, a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura del "amicus curiae".
-¿Por qué se ve afectado un ciudadano que no vive en la ribera del río?
-Porque los que son bienes colectivos e indivisibles, que todos pueden disfrutar y que pertenecen a la comunidad, como lo es el ambiente, el daño es un daño objetivo, y uno no tiene por qué vivir a la vera (del río). Si uno vive ahí, a la vera del río, estaría sufriendo un daño subjetivo.
-¿Qué relación tiene este amparo con el fallo del año 1987?
-En la sentencia del año 1987, la Corte Suprema estableció que el río es interjurisdiccional, interprovincial, y que La Pampa como Mendoza tenían que celebrar acuerdos, convenios interjurisdiccionales, para garantizar el uso racional y equitativo por parte de ambas provincias, garantizando a Mendoza la cantidad de agua necesaria para que pudiera cubrir su riego.
"Pero desde 1987 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada", sentenció el abogado. "Se han celebrado convenios pero ninguno de esos convenios se ha ejecutado. Pero lo que se ha incrementado es el daño ambiental, porque seguimos sin tener agua en el Atuel a pesar de que el río es interprovincial y de que tenemos derecho a gozar y disfrutarlo en forma equitativa y racional junto con los mendocinos".
Fecha de Publicación: 15/04/2011
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante de Miguel Angel Palazzani, convocó a las organizaciones no gubernamentales de nuestra provincia y a las personas afectadas directamente, a presentarse ante la Corte Suprema para apoyar el reclamo judicial de que el río Atuel vuelva a correr por territorio pampeano. El abogado comparó al caso pampeano con el del Riachuelo.
El impulso que la procuradora general de la Nación, Laura M. Monti, dio al pedido de amparo de Palazzani "es un paso muy importante porque en la gran mayoría de las veces, los dictámenes de la Procuración son seguidos por la Corte Suprema", comentó Gil Domínguez, un abogado santarroseño radicado en Buenos Aires que ayer dialogó con Radio Noticias sobre esta novedad.
"También es importante -añadió- porque con la acción de amparo ambiental se solicitó una medida cautelar innovativa donde se pide que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, se garantice que corra por el Atuel inferior en la provincia de La Pampa un caudal fluvio ecológico que de alguna manera reestablezca ese ecosistema". La restitución del caudal mínimo ocurrir "a partir de la inmediata notificación de esa medida cautelar", aseguró Gil Domínguez.
"El Riachuelo y el Atuel son dos casos emblemáticos de daño ambiental -afirmó en la entrevista-, y esta Corte es una Corte que podemos llamar ambientalista, que se preocupa por estos temas, que ha tomado decisiones históricas, como el caso del Riachuelo y otros casos menos conocidos pero igualmente con una gran problemática relacionada con el daño ambiental. Uno puede esperar que este amparo ponga a discusión y a debate, frente a un órgano racional e independiente como es la Corte Suprema, una temática que ha estado desde siempre reducida al debate político, donde a La Pampa no le ha ido muy bien".
En este punto, el patrocinante dejó en claro que con su presentación, Miguel Palazzani pretende "ayudar a que la política resuelva lo que la política tiene resolver, desde la Constitución y desde el paradigma ambientalista". El objeto es que esta acción judicial "le dé un marco de celeridad y racionalidad a las soluciones que tienen que venir desde la política".
Día 0.
En temas ambientales -explicó Gil Domínguez-, lo importante es lo que se llama "Día 0", o sea el día a partir del cual se deja de contaminar, cesa el daño y comienza la recomposición. "Lo importante de la medida cautelar es que generaría ese Día 0", valoró Gil Domínguez, quien convocó a ONGs como la Fundación Chadileuvú y a los afectados directos por el corte del río, a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura del "amicus curiae".
-¿Por qué se ve afectado un ciudadano que no vive en la ribera del río?
-Porque los que son bienes colectivos e indivisibles, que todos pueden disfrutar y que pertenecen a la comunidad, como lo es el ambiente, el daño es un daño objetivo, y uno no tiene por qué vivir a la vera (del río). Si uno vive ahí, a la vera del río, estaría sufriendo un daño subjetivo.
-¿Qué relación tiene este amparo con el fallo del año 1987?
-En la sentencia del año 1987, la Corte Suprema estableció que el río es interjurisdiccional, interprovincial, y que La Pampa como Mendoza tenían que celebrar acuerdos, convenios interjurisdiccionales, para garantizar el uso racional y equitativo por parte de ambas provincias, garantizando a Mendoza la cantidad de agua necesaria para que pudiera cubrir su riego.
"Pero desde 1987 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada", sentenció el abogado. "Se han celebrado convenios pero ninguno de esos convenios se ha ejecutado. Pero lo que se ha incrementado es el daño ambiental, porque seguimos sin tener agua en el Atuel a pesar de que el río es interprovincial y de que tenemos derecho a gozar y disfrutarlo en forma equitativa y racional junto con los mendocinos".
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