Privatización de semillas: Monsanto va a la Corte reclamando una patente

Fecha de Publicación: 10/08/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Es el segundo caso que llega al Máximo Tribunal. El Instituto Nacional de Semillas denunció que "no hay duda" de que el pedido "recae sobre materia viva no patentable". Las irregularidades.
Bayer-Monsanto llevó a la Corte Suprema el reclamo por su supuesto derecho de patente sobre una secuencia genética que tolera mayor cantidad de glifosato. Se trata del MON 89788, herbicida líder comercializado por la firma. Es el segundo caso en que la multinacional exige copyright ante el Máximo Tribunal. Especialistas advierten el peligro que puede ocasionar un fallo a favor de la privatización de semillas.
Monsanto sostiene que la “robusta tolerancia” de su producto aumenta el rinde en un 7% y que la semilla modificada debe reconocerse como su propiedad. Ese reclamo obtuvo una sentencia favorable de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, en un derrotero judicial “plagado de irregularidades” según el letrado Fernando Cabaleiro, que dirige la ONG Naturaleza de Derechos.
Según apunta la organización, el dictamen favorable le reconoce “el derecho de propiedad sobre material genético vegetal y de modo indirecto, potestad sobre las semillas, dado que los genes forman parte de modo inescindible de las mismas. La sentencia viola arteramente el derecho vigente que establece la no patentabilidad de las plantas. La justicia ignoró abiertamente la incidencia colectiva del caso, resolviéndolo a espaldas de la población”. El derrotero de irregularidades continuó en la Corte que asignó la causa a la Secretaría Judicial de Derecho Administrativo, “cuando debió hacerlo a la Secretaría Ambiental, dejando sin analizar las implicancias ambientales del caso”.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) intervino en la causa a través de un escrito en el que se presentó como amicus curiae. El ex presidente del organismo, Joaquín Serrano (que fue reemplazado en febrero por Obdulio San Martín), indicó que «no hay duda que la patente solicitada recae sobre materia viva no patentable y, en todo caso, la innovación queda comprendida en el régimen de la Ley 20.247 (Ley de Semillas) atento a que el derecho de obtentor es una materia específica y regulada por un sistema distinto al de patentes».
El reclamo anterior de la firma finalizó de modo desfavorable para la firma cuando en 2018 quedó firme una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de CABA que rechazó la exigencia de derechos de patentes sobre las semillas. En abril de 2019 lo confirmó la Corte.
En nuestro país se aprobaron 65 eventos transgénicos y solo tres de ellos escapan al monopolio de las multinacionales, como el Trigo HB4, de reciente –y cuestionada– aprobación. Son plantas modificadas con el objetivo de evitar las malezas y aumentar el rendi-miento en los cultivos. Representan paquetes tecnológicos que se asocian a una mayor cantidad de uso de herbicidas y pesticidas. En su Antología Toxicológica del Glifosato, Eduardo Martín Rossi señala que el evento “MON 89788 lejos está de dar un beneficio a la sociedad; todo lo contrario, ya que se asocia a un agrotóxico, el herbicida glifosato considerado agente cancerígeno”.

El rol de la ciencia en el reinado del agronegocio
Guillermo Folguera es Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, filósofo e investigador independiente del Conicet. En diálogo con Tiempo se refiere al rol de la ciencia en un contexto de avances tecnológicos fuertemente asociados al modelo del agronegocio: «La ciencia debe blanquear, reconocer cuales son los objetivos trazados. Debemos preguntarnos si se trata de una ciencia mercantilizada o de una ciencia al cuidado de la salud y la naturaleza. Hoy tenemos una falta de direccionalidad dentro de las políticas científicas en torno a medidas de prevención y cuidado, y una no direccionalidad de recur-sos humanos y materiales. El ejemplo más claro es la aprobación del trigo HB4. ¿A qué sectores beneficia este trigo transgénico, cual es la necesidad del Estado argentino del HB4? Es un claro factor contaminante que viene con un paquete tecnológico proveniente del sulfato de amonio (herbicida de alta toxicidad); es una tecnología que promete mayores desmontes y deforestaciones, particularmente en el noroeste, y conlleva un proceso de aceleración de la pérdida de pequeños agricultores en nuestro país».
¿Cómo opera la lógica del reclamo de patentes en este contexto? Responde Folguera: «La lógica de las patentes también tiene un acento fuertemente privatista, claramente acelerada desde la década de los noventa. No es casualidad que se estén dando dos procesos independientes que parecen alineados: por un lado una ciencia direccionada fuertemente a los sectores concentrados pero a su vez una precarización de lo científico. Es interesante ver cómo dialogan estos dos procesos porque construyen imaginarios hacia dentro de la comunidad científica. Los laboratorios científicos se vuelven grandes quioscos buscando financiamiento y actuando al ritmo de los grandes inversores».
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Incendios en el Delta: el Gobierno ampliará la denuncia judicial

Fecha de Publicación: 09/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, anunció que este martes el Gobierno nacional ampliará la denuncia ante el Juzgado Federal de Victoria, en Entre Ríos, para identificar a los responsables de los incendios forestales que hoy, lunes, continuaban consumiendo hectáreas en las islas del Delta del río Paraná y que afectaban con el humo a la ciudad santafesina de Rosario.
En tanto, de acuerdo con el parte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) difundido esta mañana, las provincias Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires registraban hoy focos activos de incendios forestales, mientras que el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, consignó en declaraciones radiales que el fuego afectaba "la zona que va desde Reconquista (Santa Fe) hasta Zárate (en la provincia de Buenos Aires)". Ayer, Javkin había reclamado a la justicia la detención de los responsables de las quemas en el Delta, que habían cubierto de humo la ciudad de Rosario.
Según la información oficial, en Entre Ríos, continuaban las llamas en los departamentos de Gualeguay, Victoria IV y Victoria V, mientras que fueron "controladas" en el sector Victoria III; en tanto Santa Fe registraba un nuevo foco activo en Rosario, por lo que "el fuego se propaga libremente y puede crecer"; y en la zona de Zárate se desató un incendio, luego de que se lograra extinguir otro foco que se desarrollaba en Campana.
En ese marco, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anticipó que ampliarán la denuncia presentada el 15 de julio pasado con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios.
"Hicimos una denuncia al Juzgado Federal de Victoria que consistió en la entrega de los registros de las cinco cámaras de detección de humo y calor instaladas en el Delta; y del inicio, el tiempo y la georreferenciación de los focos de incendios que se produjeron en la zona entre mayo y mediados de julio", detalló en diálogo con Télam Sergio Federovisky.
En ese sentido, precisó que en la presentación realizada el 15 de julio pasado se solicitó al juez "que cruce esos registros con los datos catastrales para poder identificar la procedencia de los focos y a quién pertenecen los campos donde se inician esos incendios", con el fin de impulsar acciones concretas que deriven en el cese de la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná, ya que -se indicó- durante julio pasado se registraron más de 1.000 focos ígneos.
"Lo que haremos mañana es ampliar esa denuncia entregando los registros de los faros del 15 de julio hasta el día de hoy, es decir, la actualización de esa información", precisó el funcionario. Las alertas de focos de incendios emitidas aumentaron de 181 en mayo, a 269 en junio, para escalar a 237 en la primera quincena de julio.
En tanto, los primeros estudios presentados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), consignaron que en las últimas horas se quemaron 10.000 hectáreas en el delta del Paraná,
La información entregada a la justicia por la cartera de Ambiente, proviene del programa "Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná", creado en 2020 mediante la Resolución 432, una respuesta integral al problema ambiental del Delta, que consiste en establecer nodos de una red de áreas protegidas en diferentes puntos de la región para fortalecer la presencia institucional y operativa en el territorio, y desplegar un plan de detección temprana de incendios.
Los faros operativos se encuentran en la localidad santafesina de Puerto Gaboto, ubicado en el Parque Nacional Islas de Santa Fe; otro en la Reserva Natural Isla del Sol, en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe; la Reserva Municipal Isla Charigüé, ubicada frente a la ciudad de Rosario; el cuarto nodo se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional Pre Delta en Entre Ríos; y el quinto se instaló en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la zona ribereña de la provincia de Buenos Aires, a la altura de Campana.
"El faro lo que hace es dar una localización precisa del lugar y del momento en que se inician cada uno de los focos", indicó Federovisky. No obstante, recordó que la función del Ministerio de Ambiente con respecto al Plan Nacional de Manejo del Fuego, es prevenir y combatir los incendios forestales", mientras que las sanciones "le corresponden a la justicia".
"Entendemos que, si esto se está reproduciendo y de manera tan brutal, es porque hay una sensación de impunidad absoluta, porque nadie es perseguido por una acción que hoy está prohibida, que es la de prender fuego en un área con un nivel de adversidad climática histórica", subrayó el viceministro.
Debido a los incendios en los humedales, la ciudad de Rosario continuaba hoy afectada por una intensa humareda, reflejada por el intendente local, Pablo Javkin, con imágenes a través de las redes sociales.
La humareda procede de un incendio que se originó ayer por la tarde al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.
"No es fuego de productores ni de nada que esté calculado ni programado, sino es una actividad delincuencial", advirtió Javkin, quien volvió a apuntar a la quema intencional de pastizales. El intendente pidió que la Justicia actúe sobre el tema de los incendios y que "los responsables vayan presos".
Por su parte, miembros de la Cámara de Diputados santafesinos anticiparon esta mañana que pedirán una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y con el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, para dialogar sobre la situación. El diputado Juan Cándido (UCR-FPCS) dijo a medios locales que el objetivo del encuentro es obtener precisiones sobre "lo que están haciendo para prevenir y mitigar las quemas que tanto nos afectan".
Los focos ígneos permanecen en actividad frente a Rosario y alrededores, lo que trajo severas complicaciones para los ciudadanos que observaron durante todo el domingo cómo, junto al humo, caía una lluvia de hollín, producto de las quemas. Ayer, los rosarinos denunciaron en redes sociales los problemas de salud que conlleva esta situación para quienes padecen dificultades respiratorias.
Actualmente la cortina de humo recorre un total aproximado de 130 kilómetros, por lo que la situación afecta no solo a Rosario sino a sus alrededores, lo que afecta también la visibilidad en las rutas.
Distintas organizaciones sociales anticiparon que analizan iniciar medidas de protesta y ya realizaron pintadas en las calles rosarinas, como por ejemplo en una escultura emblemática frente al río Paraná que hoy amaneció con la leyenda: "Plomo y humo, el negocio de matar", en referencia a la escala ascendente de violencia y daño ambiental que sufre la región.
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Evalúan los posibles efectos del cambio climático sobre la ocurrencia de incendios en la Patagonia

Fecha de Publicación: 09/08/2022
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Patagonia


Mediante técnicas de inteligencia artificial, especialistas del CONICET cuantificaron la probabilidad de fuego en ecosistemas boscosos de la región en el siglo XXI bajo distintos escenarios climáticos.
Evalúan los posibles efectos del cambio climático sobre la ocurrencia de incendios en la Patagonia Un equipo del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo) entrenó un algoritmo de aprendizaje artificial denominado Random Forest. El mismo permitió obtener una proyección de la probabilidad de incendios y vulnerabilidad de bosques en la región andino patagónica bajo diversos escenarios de cambio climático que se esperan para mediados y fines del siglo XXI. Esta información puede ser de utilidad para proyectar condiciones futuras, concientizar sobre la importancia de la mitigación y planificar acciones de contención frente a escenarios de incendios. El trabajo fue publicado en la revista Science of the Total Environment.
El modelo desarrollado relaciona la ocurrencia de incendios históricos en la Patagonia andina durante veintitrés años con variables biofísicas, antrópicas y meteorológicas históricas que influyeron en ignición y propagación de dichos fuegos. Una vez parametrizado el modelo, se estimaron las probabilidades de incendio futuras; para ello se ingresaron datos de proyecciones de condiciones meteorológicas bajo diversos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), denominados modelos de circulación general (GCM) que fueron desarrollados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). A su vez, la magnitud de cambio en la recurrencia de incendios estimada permitió ranquear la vulnerabilidad de diversos ecosistemas boscosos frente a estas alteraciones futuras.
El articulo reporta que bajo los diferentes escenarios de emisión de GEI plausibles, las probabilidades de incendios forestales a escala regional se incrementarán hacia mediados de siglo XXI y la situación empeorará para fines de siglo. Estos aumentos se darían de un modo relativamente homogéneo y afectarían tanto a bosques productivos como a estepas menos productivas. Bajo los escenarios climáticos más pesimistas, el modelo estima que la probabilidad histórica de incendios se duplicará o triplicará para mediados de siglo XXI, mientras que para fines de siglo, la probabilidad de incendios será entre siete y ocho veces mayor a la histórica. Aún para escenarios de emisión más plausibles, el modelo predice una duplicación de los incendios para mitad de siglo y una triplicación o cuadruplicación al terminar el siglo XXI.
“Los modelos empíricos nos indican un panorama poco alentador. Si bien esperábamos aumentos en las probabilidades de incendio para la región, lo que nos sorprendió más es la magnitud de los cambios que se esperan aún bajo escenarios de emisión relativamente optimistas. Esto implica que incendios de gran magnitud, como los ocurridos en lago Mascardi en 1999, el lago Cholila en 2015 o el de este año en el lago Steffen-Martin, en vez de ocurrir una vez por década aproximadamente podrían repetirse en la región cada cinco o cada dos años dependiendo del escenario climático esperado. Patagonia es un sistema muy sensible a la variación climática y vamos a tener aumento de temperatura y disminución de las precipitaciones, dos condimentos que son perfectos para el fuego”, señala Thomas Kitzberger, investigador del CONICET en el INIBIOMA y primer autor del estudio.
En el trabajo también se aborda la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, la cual refleja la falta de capacidad adaptativa de las especies que lo conforman frente a estas alteraciones en la frecuencia de incendios. Se analizaron tres tipos de bosques diferentes: los secos, dominados por ciprés o araucaria; los subalpinos, por lenga; y los húmedos, por coihue. Cada especie de árbol tiene diferente capacidad de regeneración según la frecuencia en la que se enfrenten a incendios; es por ello que su aumento ocasiona que muchos de estos bosques no puedan regenerarse y que sean reemplazados por matorrales. En el caso de los bosques húmedos de coihue, la proyección de incendios cada vez más frecuente dificultaría su regeneración; esto también afectaría a los bosques secos, aunque en menor medida. No obstante, los sistemas más vulnerables son los bosques subalpinos que tendrían más dificultades para regenerarse.
El estudio indica que bajo un escenario probable de emisión de GEI, para fines del siglo XXI los bosques subalpinos sufrirían marcadas retracciones, mientras que las pérdidas de bosques húmedos y secos serían más moderadas. Sin embargo, en escenarios de cambio climático más pesimistas los tres tipos de bosque se convertirían paulatinamente en matorrales o pastizales. Este reemplazo de bosque impacta en la pérdida de biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que brindan a los seres humanos, como la regulación climática e hidrológica y la absorción de dióxido de carbono.
“Otro factor que tenemos que tener en cuenta ante el aumento de la probabilidad de incendios es la vulnerabilidad social, vamos a estar sometidos a una mayor exposición al riesgo y depende de la adaptabilidad que tengamos como sociedad el grado de la misma” expresa Kitzberger. “Tenemos dos cosas para hacer frente al cambio climático: la mitigación y la adaptación. La primera implica disminuir las causas, hay que revertir la matriz energética y nuestros hábitos cotidianos. La adaptación conlleva a prepararnos para lo que viene, por ejemplo, haciéndonos más resilientes como sociedades contra el fuego, tener sistemas más eficientes de combate de incendios, desde la logística, tecnología, prevención y vigilancia”, concluye el investigador.
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Recomiendan no bañarse, pescar ni consumir agua del río Pilcomayo tras el colapso de un dique en Bolivia

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El pedido se realizó de manera preventiva hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta pueda extraer y analizar muestras del agua
El Gobierno de la provincia de Salta recomendó no bañarse, pescar ni consumir agua y peces del río Pilcomayo, tras el colapso de un dique de colas en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente.
El pedido se realizó de manera preventiva, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta pueda extraer y analizar muestras del tramo del río, que va desde Hito 1 hasta el límite con la provincia de Formosa, y luego confirmar o descartar la existencia de material contaminante.
Según informó el diario El Tribuno, el derrame se produjo el 23 de julio pasado, cuando colapsó un dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), que extraen plata y zinc de forma artesanal, colapsó a unos siete kilómetros de la ciudad de Potosí.
La publicación detalló que esos minerales no recuperados y elementos químicos y que llegaron al río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya, que se conectan con el Pilcomayo. Según El Tribuno, la sospecha es que cuando haya más crecidas del lado boliviano los contaminantes llegarían a la parte argentina. O sea, en los próximos días.
A partir de esta situación, más la falta de información de Bolivia -que todavía no respondió a los pedidos de informes que solicitó la Argentina- las autoridades provinciales emitieron una alerta para las comunidades ribereñas.
Las recomendaciones son no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río.
En declaraciones a la Agencia Télam, el secretario de Recursos Hídricos de Salta, Mauricio Romero, aseguró que “por las distancias entre Potosí y el límite internacional, es posible que este incidente no afecte el cauce en territorio provincial”.
“Cabe considerar que los metales tienden a ser absorbidos en los sedimentos del río y extraídos de la fase acuosa. Por ello, su llegada depende de la velocidad de arrastre de estos sedimentos desde la alta cuenca hasta nuestro territorio que, en esta época del año, es de menor velocidad por ser época de estiaje. Además, hay que contemplar que el traslado no es lineal”, agregó el funcionario.
En el tema trabajan de manera conjunta el Gobierno Nacional, a través Subsecretaría de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo.
Mientras tanto, desde la secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Salta intentan asistir, de la mano de referentes zonales y junto con la Secretaría de Asuntos Indígenas, a las comunidades de la zona. “Se entregaron cinco mil módulos alimentarios, principalmente, a familias originarias con niños de entre 6 meses a 7 años, embarazadas a partir del tercer mes, personas con discapacidad y adultos mayores”, informan los medios locales.
Según El Tribuno, los medios bolivianos se hicieron eco del derrame, que fue catalogado como de “gran envergadura” por el jefe de la Unidad de Medioambiente de la Alcaldía de Potosí, Juan Miguel Alemán.
De acuerdo con el portal Página siete, el concejal de Potosí, Henry López, “denunció que Fedecomin solo usaba nailon en sus diques y no las geomembranas que recomiendan las normas nacionales”.
También indicaron que se abrió un proceso judicial promovido por la fiscal departamental Roxana Choque, quien confirmó que se demandó a los autores de la contaminación. En tanto, la Gobernación de Chuquisaca informó que se sumará al proceso penal y, además, promoverá otro ante el Tribunal Agroambiental.
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Tortugas, monos y carpinchos: cómo se ve afectada la biodiversidad con el mascotismo de animales salvajes

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Cada vez es más frecuente ver a gente que convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien adoptándolos como mascotas. Tres historias conmovedoras para entender una realidad urgente
Al carpincho parece gustarle que le rasquen el cuello, tiene expresión de satisfacción. La pareja que habita la casa con sus perros deja subir al sillón a la familia de carpinchos que los va a visitar con frecuencia en Entre Ríos, a la vera de un río.
Cada vez es más frecuente ver estas escenas en redes sociales, donde la gente convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien, adoptándolos como mascotas. Esa convivencia es resultado de la expansión de las urbanizaciones, deforestaciones o extensión de campos destinados a la agricultura que hacen que los animales salgan a explorar otros espacios, no habituales para ellos.
Lo que en general no vemos en las redes es que esa práctica podría, en algún momento, convertirse en conflictiva e incluso riesgosa tanto para los animales como para las personas, ya que en el hogar generalmente no se recrean las condiciones adecuadas para la forma de existencia de un animal y eso va en detrimento de su salud y calidad de vida, afectando también al grupo humano. Y esta misma situación de convivencia con animales no domésticos a veces tiene otro origen más preocupante: el tráfico de vida silvestre.
El tráfico de fauna silvestre es un delito penado por la ley nacional 22.421 y numerosas leyes provinciales y municipales a lo largo y ancho del territorio argentino. Allí interviene la justicia y autoridades locales que, ante denuncias de ciudadanos, se encuentran con animales salvajes en situaciones de abandono, malnutrición o hacinados, en muy malas condiciones. Las tortugas y monos encabezan esta lista, junto a distintas clases de aves.
La “mascotización” de la vida salvaje y el tráfico ilegal integran un circuito que se retroalimenta, perjudicando la biodiversidad y, sobre todo, afectando a los animales, que luego de su paso por un hogar ya no pueden sobrevivir solos en su hábitat natural porque se acostumbran a recibir alimento de la mano del hombre y van modificando las conductas que les permitían la supervivencia, como obtener alimento, buscar refugio, cazar o reconocer depredadores y saber ocultarse de ellos.
Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) argentinas actúan como centros de rescate y rehabilitación para los casos donde interviene la justicia, como Fundación Temaikèn. Cristian Gillet, Responsable de Rescate y Rehabilitación de esta institución, explica que “las tortugas de tierra son un grupo de animales muy afectados por el tráfico ilegal de fauna silvestre en nuestro país. Son comercializadas y traficadas continuamente, tal es así que hay una confusión permanente sobre si es un animal doméstico o no. En el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación (CRET), a lo largo de 20 años, hemos recibido diferentes tortugas víctimas de esta problemática y muy pocas pudieron volver a su hábitat natural”.
Si un animal fue domesticado ¿puede volver a su hábitat natural? “Vivir en hábitat naturales significa poseer procesos orgánicos, físicos y psicológicos/conductuales aptos para afrontar todos esos desafíos juntos en nichos biológicos-ambientales que son difíciles para vivir, prosperar y trascender”, observa Julio Reynoso, especialista de Comportamiento Animal en Temaikèn. Teniendo en cuenta esa definición, para poder rehabilitar su comportamiento natural y reinsertarse en la naturaleza, cada animal debe cumplir con una serie de requisitos y no sólo va a depender de éstos sino también del grupo de profesionales que los acompaña en este proceso de intentar volver a su hábitat.
“Evaluar la condición de todos estos parámetros en animales que ingresan a nuestro centro de rescate y analizar las chances que tienen o no de volver a un entorno natural es un desafío más grande aún. Esto no dependerá solamente de lo que nosotros veamos en el momento del ingreso o en la evolución de sus primeros días, va a depender de una sucesión de acontecimientos generados por nosotros que deberán ser bien asimilados para que esos animales puedan para desenvolverse ante estos acontecimientos de cuidados nuevos para ellos. Para esto un cuerpo multidisciplinario trabaja constantemente desde que el animal ingresa hasta su posterior recuperación”, señala el especialista.

Ñato, el carpincho que sólo quería harinas
En 2016, una familia correntina llegó en su camioneta a Escobar acompañados de Ñato, un carpincho que por ese entonces tenía cerca de un año. Los carpinchos son los roedores de mayor tamaño, viven en manada y su dieta es herbívora. En el hogar, el animal había empezado a tener comportamientos propios de la especie a su edad, rompía muchas cosas y estaba creciendo, y a la familia se le dificultó la convivencia con él.
“Ñato vino desde Corrientes suelto en el vehículo, comiendo galletitas. Fue un momento difícil ver el llanto del hombre y su hija al dejarlo e irse”, relata Julio. Esa escena es muy frecuente en Temaikèn ya que muchas familias no saben cómo actuar ante determinadas situaciones con animales que no están destinados a la mascotización. Por ejemplo, al momento de tener que mostrar agresividad los carpinchos usan sus dientes, que son muy grandes y filosos, tienen mucha fuerza en sus extremidades y una gran masa muscular que acompaña embestidas muy explosivas.
Una vez realizados los análisis de rutina en el hospital veterinario, Ñato fue trasladado al ambiente donde hoy habita. “Nos costó mucho lograr que consumiera lo que correspondía para su especie no habiendo harinas de por medio ya que estaba muy acostumbrado a comer pan. Parecía que nunca había visto hojas de acelga o achicoria. Hoy podemos decir que todo eso ya pasó y que él está consumiendo lo que sus necesidades biológicas requieren. Hay un gran trabajo de asimilación a nuevas conductas de alimentación y de relación con las personas que favorecen la vida de Ñato”, relata Reynoso.

La tortuga africana que vivía en Mendoza
A comienzos de este año muchos medios de comunicación dieron a conocer el caso de una tortuga de la especie conocida como sulcata o de espolones (Centrochelys sulcata) de 60 kilos que apareció caminando repentinamente por una calle de la ciudad mendocina de San Rafael. El animal fue asistido por vecinos para que no sufriera un accidente y luego se lo llevó una persona a su casa y no se supo más de él. En esta instancia intervinieron las autoridades locales para rescatar a la tortuga porque había sido apropiada de forma irregular, ya que quien la tenía no podía acreditar un origen “legal”.
La tortuga sulcata es una especie nativa del continente africano, por lo que la vuelta a su hogar era en primer lugar difícil y costosa. Y por otro lado, esta tortuga tenía signos de haber sido mascotizada, lo que le imposibilitaba vivir sola y, ante este escenario, las autoridades provinciales decidieron que su destino fuera Temaikèn.
Desde la Fundación cuentan que “cuando llegó, la tortuga estuvo en los corrales del hospital veterinario para observación general y posteriormente, todavía con temperaturas de verano, se la trasladó al CRET para observar lo que comía y qué prefería. En el otoño se la trasladó al bioparque para poder ofrecerle un ambiente más propicio para reptiles, acorde a sus necesidades de termorregulación corporal”. Este ambiente está acondicionado con calefacción, para que las tortugas africanas con las que convive puedan seguir sus hábitos regulares, que en el caso de esta y otras especies africanas con las que convive no incluyen período de hibernación.
En Argentina el tráfico de tortugas de tierra es la principal entre este grupo de reptiles, seguida de las acuáticas. “Las tortugas no son mascotas. Para llegar a una casa tienen que ser extraídas de forma intensiva de la naturaleza y esto tiene un impacto muy grande en las poblaciones silvestres. Esto se ve tanto en la Patagonia como en el norte del país”, señala Gillet.

Enseñar al mono a que sea mono
Angá es una de las monas carayá que se pueden ver en el bioparque de Escobar. Cuando llegó era una hembra adulta con serios trastornos comportamentales. Los cuidadores de Temaikèn recuerdan mucho su caso porque el animal no dejaba de gritar, tirarse en el piso y morder diferentes partes de su cuerpo.
“No sabemos fehacientemente cuánto tiempo estuvo en un contexto doméstico, por lo que mostró quizás fueron muchos años. Tuvo muchas dificultades para conciliar sus procesos físicos y psicológicos y eso da la pauta de lo que podría haberle ocurrido si hubiera sido liberada en su ambiente natural en su estadio de geronte”, cuentan los especialistas. Con el transcurrir del tiempo y mucho trabajo del equipo de rehabilitación comportamental y de cuidadores, fueron apareciendo otros comportamientos favorables distintos a cuando había llegado. “Después se le pudo ofrecer vida social acorde y tuvo crías a las que cuidó de manera muy eficaz”, señalaron. La mona actualmente vive con sus hijas en el bioparque.
Angá es uno de los tantos casos que recibió Temaikèn a través de un proceso en el que participaron monos provenientes del mascotismo, rescatados de distintos hogares de particulares.
Dado su origen diverso, los cuidadores y expertos en comportamiento admiten que fue un gran desafío poder responder a sus necesidades ya que algunos de los animales estaban acostumbrados a comer fideos con salsa y no hojas, subirse “a upa” de las personas, estar en el hombro o compartir la mesa. En este largo proceso se les enseñó a “ser monos nuevamente” ya que gran parte de ellos no había tenido contacto con otros de su especie, salvo al momento de nacer.
En estas tres historias se resumen el impacto de tener como mascota a un animal salvaje. No sólo representa una pérdida para el ambiente, sino que impacta en la vida del mismo animal que no puede volver a la naturaleza y al que hay que enseñarle de nuevo a ser y comportarse como alguien de su especie.
Lamentablemente, muchos no pueden volver a su hábitat y se ven destinados, en el mejor de los casos, a continuar su vida en refugios, centros de rescate, santuarios o bioparques. ¿Cómo colaborar? No sacando animales de su hábitat natural y no comprando animales silvestres, denunciando a quienes los capturan o los comercializan y, en el caso de notar la presencia por convivencia, dar aviso a las autoridades locales.
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Los controles del uso de agroquímicos bajo la lupa

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La presunta intoxicación sufrida por varias familias del barrio de la localidad de Angel Etcheverry “El Toboso”, la cual, si bien no se identificó todavía su fuente la hipótesis más firme es la de una expansión de sustancias agroquímicas, producto de la actividad hortícola, puso en duda la intervención periódica de organismos estatales que controlen el manejo de plaguicidas, pues, se sabe, ninguno es inocuo para la población humana.
Este episodio que puso en alerta a una amplia zona de quintas de los alrededores de 39 entre 213 bis y 214 motorizó un fuerte operativo para asistir a las personas que sintieron los efectos de la intoxicación: descomposturas estomacales y dificultades respiratorias. Los vecinos señalaron haber detectado “un olor muy intenso” como posible razón del malestar físico. Trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil y de la Policía Ecológica que buscaron determinar las causas de la contaminación ambiental.
Uno de los productores referentes de la Región, Salvador Vides, precisó que en la actualidad se utilizan dos químicos para combatir al “gran fantasma” de la actividad hortícola: los nemátodes, una especie de micro gusanos que terminan devorando las plantas. “Atacan las raíces y perdemos la producción entera - explicó el quintero de Lisandro Olmos- y para que eso no suceda usamos sustancias un poco más benévolas que otras que se usaban años atrás y que se prohibieron, justamente, por lo nocivas para la salud”.
Vides puntualizó que una de las maneras más frecuentes de aplicación de fungicidas y herbicidas que suelen depositarse en la tierra, por lo general en abril, cuando se empieza a mover el suelo para la siembra, es a través de un sistema de riego. La clave para impedir que el producto avance sobre la atmósfera es la cobertura de los invernáculos, que debe realizarse con un nylon de espesor específico y cuidando que quede fijo. “A veces, si no se está muy atento puede levantarse o fisurarse y así se produce una fuga”, indicó a la vez que subrayó que “hay que estar atentos a esos detalles”.
No es habitual que los productores reciban controles de fiscalización del uso de los agroquímicos (“sería imposible inspeccionar todos los proyectos hortícolas”, aclaró Vides), pero sí reciben con cierta periodicidad capacitaciones y talleres de formación por parte de organismos como el INTA, el Senasa, la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y el ministerio de Desarrollo Agrario.
EL DIA consultó al Municipio sobre la intervención de la administración local en el control del manejo de plaguicidas en las áreas cultivadas de la Ciudad. “La autoridad de aplicación de la Ley de Agroquímicos es el ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia”, respondieron fuentes de la Comuna a la vez que apuntaron: “la Municipalidad sólo lleva el registro de los productores y sólo interviene cuando puede haber un riesgo sanitario como ocurrió con el este caso”.
Viviana Di Marzio, directora de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales de la cartera provincial de Desarrollo Agrario, confirmó que la regulación en el uso de agroquímicos y fertilizantes está expresada en la ley bonaerense 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. “La normativa es clara en el sentido de que señala la práctica de la aplicación tanto aérea como terrestre y obliga a los productores a manejarse con recetas confeccionadas por ingenieros agrónomos como también indica las condiciones para operar de las empresas de venta de los productos y de aplicación”, apuntó la funcionaria.
Son tres los mecanismos de control a los que se ajusta la cartera agraria. “Uno de esos es la obligación de contar quien aplique el producto con la receta agronómica, que desde 2019 aumentó su emisión un 207 por ciento, lo que habla de un mayor control; el otro es mediante las denuncias de uso indebido de agroquímicos para lo cual se determinan exclusiones de áreas cercanas a zonas urbanas; y además, realizamos inspecciones aleatorias presentándonos en las empresas de venta de los productos, pedimos los documentos de compra y después vamos a los campos donde se adquirieron y verificamos que también dispongan de la documentación que avala la utilización de los agroquímicos”, detalló Di Marzio.
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Las leyes ambientales que están demoradas por la crisis argentina

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La urgencia económica paraliza el impulso en el Congreso Nacional de temas vitales para el ambiente, como la protección de los humedales, la movilidad sustentable o la regulación de los envases y el plástico.
Por la crisis política y económica que atraviesa Argentina, las miradas y los flashes están concentrados exclusivamente en las decisiones que tomará Sergio Massa y las reacciones del resto del arco político, aliados y opositores.
La sensación es que esta urgencia paraliza el impulso de temas de vital importancia para el futuro. Mientras el Ejecutivo se focaliza en la coyuntura, quizá el Congreso de la Nación debería oficiar de brújula para evitar perder el rumbo en el mediano plazo. Y en materia ambiental tiene varios pendientes.

Ley de humedales
Un pasivo normativo que ya tiene más de una década y varios intentos fallidos de sanción es la ley de humedales. “Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, seguiremos presionando ante distintos organismos para generar conciencia de que necesitamos con urgencia una ley de humedades”, indicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), a la agencia de noticias científicas TSS.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), integrado por las autoridades ambientales de todas las provincias, consensuó un anteproyecto. Pero este texto fue criticado por ambientalistas y por científicos, ya que –afirman– degrada la definición de lo que es un humedal y habilita actividades antrópicas sin necesidad de una evaluación de impacto ambiental.

Ley de movilidad sustentable
Otra ley pendiente es la de movilidad sustentable. La semana que viene comenzaría el debate del proyecto, con la participación de varios sectores involucrados. La principal crítica al texto propuesto es que se focaliza sólo en los vehículos motores que utilizan combustibles “verdes”, electricidad e hidrógeno.
Así, deja de lado otros aspectos clave, como promover el uso de bicicletas, la peatonalización, el transporte público y el ordenamiento del espacio urbano. La movilidad sustentable no sólo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también promueve un aire más limpio, ciudades más silenciosas, transporte inclusivo y equitativo y tránsito más seguro.

Leyes de envases y de plásticos de un solo uso
Se estima que el 60% del volumen de los residuos domiciliarios son envases. Muchos de estos empaques son de plástico y se descartan una vez abiertos. En los plásticos de un solo uso, también están los cubiertos, los platos y los vasos descartables.
Argentina está muy retrasada en la gestión de estos residuos. A pesar de que se presentaron proyectos, nunca fueron tratados en el Congreso. La normativa debería ser doble:
Regular los plásticos descartables, principalmente envases y embalajes, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor.
Eliminar progresivamente la producción y el consumo de plásticos de un solo uso que no están alcanzados por la anterior normativa.

Ley de eficiencia energética
Es impensado que no exista en el país una ley de eficiencia energética, pese a las recurrentes crisis que sufre este sector. La mejor forma de gastar menos dólares en energía es ahorrando energía. En 2019 se presentó un proyecto de la mano de Cambiemos, pero la iniciativa está estancada.
“Al promover el uso racional de la energía, se mejora no sólo el acceso a la energía para todos los consumos, sino que también se promueven mejoras tecnológicas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático”, asegura un documento de la Fundación Vida Silvestre.

Leyes para tomar conciencia
En Argentina, la sanción de una ley no es garantía de su cumplimiento. Sin embargo, las normas visibilizan los problemas para que se tome conciencia y se establezca un compromiso por parte de los estados.
También generan mecanismos y beneficios para que los ciudadanos, empresarios y ONG más responsables actúen, y habilitan instancias de sanción frente a aquellos que todavía no entienden que el cuidado del planeta es tan urgente como importante.

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Humedales en el Congreso

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Representantes de la academia y la sociedad civil reclaman que se sancione una ley de humedales y cuestionan un anteproyecto que promueve el Ministerio de Ambiente junto al COFEMA, mientras que en el Poder Legislativo hay más de diez proyectos que esperan ser tratados. Entre ellos, uno que había sido debatido, unificado y consensuado a partir de diversas iniciativas.
Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, con lo que atenúan los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención hídrica disminuye los impactos de crecidas y reduce los riesgos de inundaciones; son reservorios y purificadores de aguas dulces, y constituyen el hogar de más del 40% de la biodiversidad mundial. En la Argentina, se estima que hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo esto, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.
Sin embargo, a pesar de que hace alrededor de una década que se presentan proyectos, estos terminan perdiendo estado parlamentario, sin llegar a convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos a la espera de ser tratados: tres han sido presentados en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho fueron presentados en la Cámara de Diputados y todavía esperan ser girados a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
“Si no se les da el giro a las comisiones, no se puede iniciar el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso, lo más urgente, que es lo que estamos pidiendo, es que se hagan los giros y un plenario de comisiones, que todas en conjunto den dictamen, porque ya se ha discutido la ley, para así bajar a recinto y que obtenga una media sanción”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que esta semana presentaron un pedido de informe, acorde a la Ley de Acceso a la Información, en el cual solicitan que se responda a dos preguntas puntuales: por qué todavía no se hicieron los giros correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos, y cuál es la fecha estimativa en que piensan hacerlo.
“Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, como organizaciones de sociedad civil, seguiremos presionando ante distintos organismos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para generar conciencia de que necesitamos urgentemente una ley de humedades”, subrayó Di Pangracio, que es abogada especializada en Derecho Ambiental, y advierte que todavía continúan los incendios: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales y ahora también se recrudece en el Delta”, puntualiza.

El proyecto consensuado
Mientras tanto, un anteproyecto recientemente acordado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamiento y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.
El 11 de julio pasado, durante una asamblea del COFEMA en la sede del MAyDS, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado entre ambos organismos. Según comunicaron desde ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados”.
El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perdiera estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de un proyecto que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que todavía no ha sido girado a comisiones para su tratamiento.
“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la de que se busca garantizar la continuidad del modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, a lo largo y ancho del país”, Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
Uno de los aspectos más cuestionados del anteproyecto es que modifica la definición de humedales que había sido acordada por la comunidad científica nacional –e incluso adoptada por el mismo COFEMA, en el año 2016–, reduciendo el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos. Específicamente, esa definición entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas, porque el ordenamiento ambiental queda sujeto a que primero se termine el inventario, lo cual puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales se siguen degradando y destruyendo. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto consensuado”, agrega Di Pangracio y advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que le bajan el perfil al involucramiento que el Ministerio de Ambiente de Nación tendría en la implementación de la norma, y simplemente “sería una forma de que puedan obtener fondos, como lo hacen para la Ley de Bosques”.
Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. De ese modo, se vulneran los principios preventivo y precautorio. “Su eliminación es como una invitación a dar continuidad al festival de transformación de ecosistemas de humedales que se viene llevando adelante por parte de muchas actividades que son propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.
Además, en el texto, desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. También desaparecen objetivos generales fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, el reconocimiento y el apoyo a los medios de vida y producción tradicionales, y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
“Estos anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el COFEMA no son otra cosa que una máscara para dar una señal de que se está avanzando en el tratamiento de un proyecto de ley que es altísimamente demandado desde las organizaciones socioambientales y también de la ciudadanía, pero que oculta la continuidad de un modelo que es altamente exfoliador y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.
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Minería con la 7722: Suárez recibió a una empresa que quiere extraer oro sin químicos

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La empresa Clean Earth Technologies y el gobernador Rodolfo Suárez se volvieron a ver después del viaje a Canadá. Los australianos quieren extraer oro sin atentar contra la ley 7722.
La minería sustentable, por dentro de la ley 7722 conocida como “antiminera” tiene expectativas por lo que pueda suceder en los próximos meses. Resulta ser que la empresa Clean Earth Technologies está de visita en la provincia y sus representantes se reunieron con el gobernador Rodolfo Suárez.
Este contacto no es nuevo, sino que se hizo hace varias semanas cuando la misión mendocina desembarcó en Canadá para participar de la feria más importante del mundo con la intención de atraer inversores a PRC S.A. Allí, hubo una reunión con autoridades de la firma australiana porque había interés de visitar Mendoza y evaluar inversores.
Una de las características de la empresa y que seduce en Mendoza es la metodología de extracción que utiliza la firma australiana. Extraen oro “sin hacer uso de ningún tipo de sustancia peligrosa”. Participaron de la reunión el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, y el director general de Potasio Río Colorado (PRC), Emilio Guiñazú. Por parte de la empresa australiana participaron Kevin Fell, director general de Clean Earth Technologies; Paul Kelly, vicepresidente de ventas, y Andrés Venafri, gerente de Ventas Regional.
La comitiva australiana tiene prevista una serie de reuniones y visitas, entre ellas una a PRC (Potasio Río Colorado). Además, esta tarde presentará en el Hotel Sheraton su novedoso sistema, desde las 19, ante un público numeroso de empresarios que han mostrado su interés en conocer la técnica.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que Clean Earth Technologies aplica a la explotación de minerales tecnología limpia, más segura y responsable con el medio ambiente y que la empresa no sólo sustituye las prácticas actuales mineras sino que además es famosa en el mundo por ser “ambientalmente responsable”.
Suarez explicó que la reunión y el interés que la compañía mostró en Mendoza “representa una gran oportunidad para la provincia en este contexto de crisis. Se abre una gran ventana y una gran oportunidad, sobre todo para el Sur de la provincia, para Malargüe en particular, de poder generar empleo genuino y crecimiento”.
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Advierten gran cantidad de microplásticos en distintas áreas del Mar Argentino

Fecha de Publicación: 05/08/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Aunque no se perciban porque tienen menos de cinco milímetros, los microplásticos están presentes en todos los entornos naturales del mundo, al punto tal que los investigadores ya hablan de una pandemia de plástico.
Además de los plásticos visibles por su tamaño, investigaciones nacionales realizadas en el Mar Argentino encontraron microfibras en el agua y en el interior de los animales, una reflejo local de una problemática que afecta a todos los océanos donde, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos.
Aunque no se perciban porque tienen menos de cinco milímetros, los microplásticos están presentes en todos los entornos naturales del mundo, al punto tal que los investigadores ya hablan de una pandemia de plástico. En los mares, el 85 por ciento de los residuos es de este material que afecta a los animales, a todo el ecosistema y a la cadena alimentaria, según la evaluación global de los desechos marinos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En el marco del programa de Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), desde 2018 la doctora en biología Rosana Di Mauro analiza muestras de agua que se toman todos los meses en la Estación Permanente de Estudios Ambientales, a 50 kilómetros de la costa de Mar del Plata. El objetivo es monitorear la presencia de microplásticos, entre otros ítems y parámetros físico-químicos del agua.
“Tenemos muchas fuentes de información de lo que viene con el plancton y con los peces, y estamos bastante sorprendidos con la cantidad de microplásticos que estamos encontrando que, si bien es variable, no baja de 10 partículas por litro. Es un montón si se lo compara con lo que se viene publicando alrededor del mundo”, indica a Télam-Confiar la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Para sorpresa de Di Mauro: “Hasta ahora no encontramos una muestra de agua o biológica que no tuviera nada. No hay resultados negativos, son todos positivos, es bastante impresionante”.
Algunas de estas partículas son microfibras en forma de hilo, de 0,01 a 5 milímetros cuyas fuentes pueden ser variadas como prendas de vestir (a partir del lavado doméstico), redes y cuerdas. Para más datos, según una revisión de estudios liderada por la investigadora Sunanda Mishra y publicada en el boletín Marine Pollution se estima que a nivel global alrededor de dos millones de toneladas de microfibras se liberan al océano cada año.
Di Mauro agrega que además de microfibras hay partículas en forma irregular de 0,005 a 5 milímetros. “Son muy chicas –describe- y se superponen con el plancton que sirve de alimento para muchas especies”.
La situación se repite en Bahía Samborombón donde los científicos hallan microplásticos en los estómagos de juveniles de peces y en el agua. “Estamos encontrando fibras y fragmentos en ambientes costeros, en aguas abiertas, en la superficie, en el fondo, en media agua, encontramos en todos lados”, advierte la bióloga.
La concentración de partículas en los mares varía en función de distintos factores como las fuentes de residuos y del movimiento de las corrientes que pueden trasladar microplásticos incluso hacia áreas protegidas como el Banco Burdwood, una meseta submarina ubicada en el extremo sur de la plataforma patagónica, en el océano Atlántico suroccidental.
Así, según el estudio publicado a mediados de mayo en la revista científica Environmental Pollution en la que Di Mauro es la primera autora, las microfibras de origen antropogénico son muy abundantes en este ambiente, probablemente por acción de la Corriente Circumpolar Antártica.
Los resultados indican que las fibras están muy extendidas en toda la columna de agua con un promedio de 17,4 partículas por litro. De acuerdo a la publicación, el 76,1 por ciento de las microfibras estaban compuestas por tereftalato de polietileno (plástico muy utilizado para envases y también en prendas) y la mayoría tenía un tamaño entre 0,1 a 0,3 milímetros.
El estudio, en el que participaron distintos investigadores de Conicet, concluye que las microfibras, transportadas por las corrientes y retenidas en el banco, representan una amenaza tanto para las especies subantárticas bentónicas vulnerables, es decir aquellas que se entierran en el fondo o se adhieren a rocas como “para los ecosistemas marinos altamente productivos del Océano Atlántico Sudoccidental”. El documento agrega que “según la revisión de la literatura, este entorno de mar abierto podría ser uno de los lugares más contaminados del mundo”.
Las imágenes de lobos marinos con redes o zunchos en sus cuellos o de tortugas que mueren por la ingesta de bolsas se vuelven cada vez más comunes pero además, de manera imperceptible, los microplásticos se van acumulando en órganos de distintas especies.
En un estudio en corvinas en el estuario de Bahía Blanca, los investigadores encontraron microplásticos en los 20 ejemplares analizados y un total de 241 partículas. “En promedio hallamos 14 piezas de plástico en el tracto digestivo de las corvinas, que son peces pequeños”, explica el investigador Andrés Arias del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y del Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur.
El estudio afirma que “el promedio de partículas por pez fue más alto que el informado en estudios marinos globales anteriores”. Además, señala que “se encontró una correlación positiva entre el número de microplásticos por pez y el índice hepatosomático, lo que sugiere un probable estrés en su estado de salud”. Ese indicador se utiliza para medir las reservas de energía del animal.
Por otro lado, “los organismos filtradores como bivalvos, moluscos y almejas se alimentan de los microorganismos que están en el agua y en ese filtrado se quedan con un montón de micropartículas sintéticas que no pueden degradar y que quedan en su organismo”, agrega Arias.
Los resultados de otro análisis de nueve pingüinos magallánicos juveniles del Atlántico argentino sur que murieron entre febrero y marzo de los años 2019 y 2020 durante su recuperación en la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo mostraron la presencia de microplásticos en todas las muestras con un promedio de 51 partículas por individuo.
La investigación estuvo liderada por la bióloga marina del IADO, Tatiana Recabarren en el que también participó Arias.
“Distintos estudios han evidenciado que la exposición a ciertas concentraciones de microplásticos tiene un efecto físico en la capacidad de absorción de alimentos ya que algunas especies han disminuido su performance energética”, menciona el investigador adjunto en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Mauricio Díaz Jaramillo.
El doctor en Ciencias Ambientales llama la atención sobre la necesidad de contar con más trabajos porque estas partículas podrían funcionar también como un “caballo de Troya” de otros contaminantes que “vienen de la fabricación misma del plástico fragmentado o por absorción”.
Díaz Jaramillo estudia la presencia de contaminantes a nivel de los sedimentos costeros y de zonas de importancia para la conservación o el monitoreo, como, los afluentes de las plantas de tratamiento. En su última investigación destinada a observar patrones de distribución de microplásticos en estuarios de Buenos Aires, encontró una gran cantidad de partículas de pintura en los estratos de entre 10 y 30 centímetros de los sedimentos de distintas áreas del estuario de Bahía Blanca.
El investigador explica que estos fragmentos pueden producir toxicidad en las especies que viven en el fondo marino porque las pinturas antiincrustantes, que se utilizan para proteger a las embarcaciones de la colonización de organismos marinos, contienen biocidas.
Por su parte, Arias aclara que “el plástico no es peligroso de por sí, pero su acumulación en lugares donde no tiene que estar y donde no será degradado, es lo que causa básicamente su toxicidad”. Luego, el biólogo del IADO añade que además estos fragmentos poseen aditivos químicos, que “no están agregados para que un ser vivo se lo coma porque pueden disolverse y causar toxicidad. Entonces, ahí hay una doble toxicidad”.
El informe del PNUMA de octubre de 2021, From pollution to solution. A global assessment of marine litter and plastic pollution, estima que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos en los océanos. Además de afectar al ambiente y especies marinas, la liberación en los océanos de los productos químicos asociados con los plásticos “está recibiendo una atención cada vez mayor, ya que algunos de estos productos químicos son sustancias preocupantes o tienen propiedades de alteración endocrina”, advierte el documento.

Los costos de los residuos plásticos
La contaminación plástica marina no sólo afecta al ambiente y la salud sino también a la economía mundial por su impacto en el turismo, la pesca, la acuicultura, más los gastos de limpieza con un costo global entre 6.000 millones y 19.000 millones de dólares en 2018, según el informe del PNUMA.
“El plástico está diseñado para durar 200, 300 años, pero se diseñan productos que duran unos minutos, como por ejemplo los envases alimenticios”, plantea el investigador de IADO-CONICET, Andrés Arias, integrante del Comité Científico Asesor en Basura Marina y Contaminación Plástica de PNUMA, en representación de Argentina, y que participó del informe mencionado.
En un sistema circular cada producto plástico desechado debería recuperarse y reciclarse. Sin embargo, “cada año se produce más y la tasa de reciclado a nivel mundial es menor al 10 por ciento, por eso es necesario un cambio”, asegura Arias.
Al igual que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático, la transformación requiere de compromisos globales. En ese sentido, el 2 de marzo de este año autoridades de 175 países aprobaron en Nairobi una resolución para lograr un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024 y buscar “poner fin a la contaminación por plásticos”.
Arias explica que el objetivo es mitigar los efectos de este material a partir del rediseño de resinas biodegradables, el aumento de la circularidad y el reciclado para disminuir la producción año tras años, algo que sin acciones ni compromisos ocurrirá.
“Se espera que el acuerdo final para ser firmado por los países esté para el segundo semestre de 2025. Parece lejos, pero en realidad estamos más cerca que nunca”, concluye Arias.
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Alerta Patagonia: el grave impacto ambiental de las dos represas que amenazan a los glaciares y la biodiversidad

Fecha de Publicación: 05/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz


Financiadas por China, los expertos aseguran que las obras en Santa Cruz ponen en riesgo los movimientos naturales de las masas de hielo y la fauna que depende de los humedales de la zona. Cómo se ve perjudicado el patrimonio cultural
El río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes glaciares del país y es el último río glaciario libre de la Patagonia. Desde hace algunos años, dos represas amenazan con cambiar su destino y el del medio ambiente.
La construcción de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se encuentra en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo, es un complejo hidroeléctrico en el sur de Argentina, que puede impactar fuertemente en los glaciares circundantes. Además podrían inundar humedales vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glaciares más grandes del mundo que se encuentran fuera de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.
El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de cinco años y medio. En mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones.
A pesar de las protestas, las demandas y las órdenes judiciales para detener la construcción y poder realizar estudios medioambientales adecuados, las obras del complejo han continuado, a menudo para el desconcierto de los conservacionistas.
Las represas se están construyendo en el río Santa Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso de agua del sur de Argentina. El río nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y llena dos lagos en su recorrido.
Son varias las voces y los estudios que tienen mucho qué argumentar sobre todo el desastre que pueden ocasionar ambas represas. “Las mega-represas son consideradas como una fuente obsoleta de energía. Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sacrificio”, denunció el abogado Andrés Napoli, director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el documental Matar al río.
Por su parte, en un documento de FARN, también se expidió en contra y aseguró que “su construcción podría constituir un potencial riesgo a la preservación de los glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si bien el complejo no se encuentra emplazado en una zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural de los glaciares”.
“En los estudios presentados por la Administración de Parques Nacionales (APN) se reconoce que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, mientras las obras avanzan sin contar con información científica básica para ponderar los riesgos ambientales. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo de monitoreo de especies protegidas, como el macá tobiano, del cual, además, no existen estudios actuales ni pasados que permitan conocer la dinámica y el uso temporal de las poblaciones en los estuarios”, agregaron desde FARN.
“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el vínculo con China, mientras hipoteca nuestros bienes naturales, desoye las advertencias científicas y no respeta los derechos de las comunidades originarias, no puede seguir avanzando”, sentenciaron desde FARN.
“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo debe funcionar esto”, le dijo Cristian Fernández, de la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, una de las organizaciones que luchan contra el proyecto en los tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida Silvestre también han participado en el proceso judicial. “El problema es que no les importa. No les importa porque quieren sacar adelante el proyecto a toda costa Espero de todo corazón que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y detenga las obras porque se trata de algo más que violar un montón de leyes ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a la biodiversidad, a los glaciares”, agregó Fernández al sitio de noticias ambientales Mongabay.
“Tenemos dos casos pendientes ante la Justicia. La Corte ya tiene en su poder informes de expertas en distintos campos. El informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) señala que se desconocen las afectaciones que podrían sufrir los glaciares Spegazzini y Upsala como consecuencia de potenciales interacciones glaciar-lago una vez construidas las represas de Santa Cruz (así como de la mayoría de los 1089 glaciares de la cuenca)”, señaló a Infobae Darío Rodríguez, director de campañas de Fundación Banco de Bosques.
Además, “en la respuesta del INPRES, se confirma la ocurrencia de sismos y se los relaciona, con una alta probabilidad, con una falla geológica potencialmente activa en el Río Bote (brazo del Rio Santa Cruz). A El INPRES explica que el informe de Topografía y Sismografía cuenta con escasos datos, que necesita de mayor fundamentación, que no se menciona el tipo de suelo en el que se emplazarán las represas, que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis fundamentado de las fallas geológicas del río Santa Cruz”, amplió Rodríguez.
En cuanto al curso de las presentaciones en la Justicia, desde Fundación Banco de Bosques remarcaron que “la Corte Suprema ya cuenta con todos los informes técnicos requeridos desde fines de 2021. El expediente se encuentra en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte desde el 14 de febrero de 2022?.
“En vistas de los posibles daños ambientales irreversibles, desde la Fundación Banco de Bosques, en coincidencia con la coalición de ONG, entendemos que las obras no deberían seguir avanzando, mientras el país continúa endeudandose para sostener este proyecto”, concluyó Rodríguez.

El duro documento de Fundación Silvestre Argentina
En un documento, que fue publicado en su página oficial en 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina buscó derribar los mitos en torno a la “seguridad” que presenta la construcción de estas represas sobre el Río Santa Cruz.
El informe se base en cuatro ejes principales fueron. El primero es que el glaciar Perito Moreno no está a salvo. Según señalaron en el escrito, aunque se hayan realizado modificaciones al proyecto original, “la nueva cota del Embalse de la represa Néstor Kirchner no asegura el total desacople del lago Argentino, ni la consecuente afectación del glaciar Perito Moreno. Un verdadero desacople significa que las represas deberían trabajar tanto a su mínima como a su máxima altura SIN afectar al lago Argentino”. En ese sentido, aseguraron que “las represas N. Kirchner tendrá una afectación sobre el lago y podría afectar la dinámica hídrica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini”. “Lo más alarmante es que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares”, advirtieron.
El segundo eje es: Biodiversidad y cultura en riesgo. “Las modificaciones realizadas al proyecto hidroeléctrico original resultan cosméticas e insuficientes para evitar el daño ambiental a la flora, la fauna, el paisaje y al ecosistema entero del Río Santa Cruz”, alertaron desde la Fundación y aseguraron que “las represas inundarán áreas prioritarias e irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como el Macá Tobiano (monumento natural provincial) y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia”.
Pero eso no es todo, ya que desde Vida Silvestre destacaron que estas obras “sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi 10 mil años esta meseta esteparia”. “Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”. Será importante e histórico, pero quedará inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un daño permanente desde el punto de vista arqueológico”, aseguraron, ya que “no sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.
“La energía no queda en Santa Cruz”, es el tercer eje. Otro de los puntos abordados por Vida Silvestre es quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proyecto. Aunque aclararon que “no brindará energía a la Patagonia’'. “De esta manera, se alterará el paisaje de rutas escénicas y la energía generada en la provincia de Santa Cruz, pero será transportada hacia los grandes centros urbanos para su consumo. Así, los santacruceños deberán soportar los costos ambientales de la obra sin recibir los beneficios energéticos de la misma, más allá de las regalías (12%)”, explicaron.
El cuarto eje es: Las megarepresas no son energía renovable. Las represas son consideradas por muchos como fuentes de energía renovable, pero lo cier5to es que desde Vida Silvestre desestimaron esta postura. “Las represas Kirchner y Cepernic generarán 1310 MW de manera que no pueden ser consideradas energía renovable. Para advertirlo basta con leer el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En efecto, el art. 2 inc. b) de la Ley 27.191 establece que ‘el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)’”. “Las megarepresas no son energía renovable y representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual”, afirmaron y destacaron que contribuirán con el calentamiento global, ya que " la inundación de áreas con biomasa provocada por los embalses genera metano, un gas efecto invernadero con un poder de contaminación 21 veces mayor que el dióxido de carbono”.
“Al contrario que los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos embalses también reciben de los ríos abundante materia orgánica y nutrientes, como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción de gases contaminantes”, concluyeron en el escrito.
Hay más de mil glaciares en la cuenca del río Santa Cruz, tres de los cuales están en contacto con uno de los lagos, según un comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La organización informó que los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto directo en los movimientos de los glaciares y en las tasas de derretimiento.
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, se espera que el proyecto de la represa inunde cerca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.
Las inundaciones y otros cambios en la zona circundante podrían también tener repercusiones negativas a largo plazo en las áreas de cría de aves como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La Administración de Parques Nacionales dijo que la flora terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida de forma permanente e irreversible por la inundación.
El complejo es construido por la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, una asociación entre la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de varios bancos de desarrollo chinos. El proyecto se ha incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, plan destinado a reforzar las relaciones internacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraestructuras en más de 140 países.
A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio de China y a otras autoridades del país para reiterar sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra organización involucrada en el proceso judicial—, nunca recibieron una respuesta.

Más estudios ambientales
El complejo de la represa, como la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental durante su elaboración, de modo que pudieran hacerse cambios para mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en este caso, según numerosas organizaciones que los revisaron en una demanda presentada en la Corte Suprema, los estudios estaban plagados de imprecisiones y falta de detalles.
El año pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) señaló que los estudios carecían de datos suficientes sobre los patrones migratorios de las aves y los peces exóticos e instó a los funcionarios a continuar analizando el posible impacto en los ecosistemas locales. La declaración de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ante la Corte Suprema decía que los estudios se basaban, en gran medida, en información obsoleta de una investigación de 1996 sobre los glaciares y que algunas partes de su análisis eran “débiles”.
En una conclusión similar presentada en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) dijo que algunos datos geológicos y sísmicos de los estudios eran “cuestionables” y que los tipos de suelo alrededor de las represas —un factor importante para determinar la actividad sísmica— nunca se mencionaron en los estudios originales. “Los estudios realizados no permiten confirmar la completa sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el INPRES en un comunicado.
Algunos de los trabajos de análisis del suelo se han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un método para abrir el suelo mediante la inyección de líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a dos terremotos a principios del año pasado en la falla geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa Cruz, según comenta el INPRES.
“Utilizar el método del fracking es una total locura”, dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia de una zona sísmicamente activa”. A pesar de estos riesgos geológicos, no se conocen planes para trasladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se produzcan más terremotos.
Silvina Comachi, residente de la localidad de Piedra Buena en Santa Cruz y miembro del Movimiento Patagonia Libre explicó a Infobae que “las localidades que nos abastecemos del agua potable del Río Santa Cruz como es Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián también veremos afectada la calidad del agua por la salinidad sabiendo que la lengua del mar llega hasta la altura de Piedra Buena y en caso de que empiecen con el llenado de los diques, no sabemos qué va a pasar con la calidad del agua”.

Contra el patrimonio cultural
La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la que pedía que se les consultara debidamente sobre las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre todo al alterar el flujo del río, importante para su sistema de creencias.
“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres humanos a vivir”.
La demanda fue presentada contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como también la provincia de Santa Cruz, entre otras entidades regionales. La constructora, Represas Patagonia, también figuraba como demandada.
“El derecho a la consulta previa, libre e informada aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras comunidades indígenas que pueden ver afectados sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la demanda. “[Esto es] a pesar de que [los diseñadores del proyecto] ya han comenzado el desarrollo preliminar y están próximos a iniciar las obras principales”.
Antes de que se inicie la construcción de la represa, las autoridades están obligadas por ley a reunirse con los residentes para discutir el impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los funcionarios cuando la construcción ya había comenzado, de acuerdo con la demanda.
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