Las consecuencias del modelo soja más glifosato
11:35 | 
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Eco Sitio |
"No puede aceptar las consecuencias del modelo soja más glifosato"
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El experto entrevistado por Rosario/12 señala que si se combina una comunidad que no quiere escuchar nada de todo lo que se le advierte "porque tiene miedo de que se termine el negocio de la soja, más una secretaría de medio ambiente con orientación productivista; lo que se obtiene es: Mucha soja, un sector con más dinero, pero con más enfermos por contaminación a mediano y largo plazo".
El andrólogo Alejandro Oliva cuestionó al secretario de Medio Ambiente de Santa Fe César Mackler "por aceptar las consecuencias del modelo `soja más glifosato' con el argumento de haber ayudado a salir adelante al país. No se pueden justificar las consecuencias sobre la salud de la gente, las muertes, las deformaciones físicas y las distintas enfermedades que acarrea el uso de agroquímicos". Oliva, pertecen a la ong Ecosur, quien aportó a uno de sus cuadros: El ecólogo Ricardo Biasatti quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, con quien llevó adelante los estudios que ligaban focos de contaminación con la salud de los habitantes rurales: Feed loot, silos de cereal, acopio de agroquímicos, basurales y transformadores de energía con PCB. Por eso Oliva asegura no entender el discurso del titular del área. Y de paso critica "al gobernador Hermes Binner porque a pesar de ser médico, socialista y un hombre cercano a la salud pública vetó la ley de reubicación de silos cerealeros, que son un foco de contaminación ya demostrado por nuestros estudios".
Oliva se muestra impactado por la entrevista que Rosario/12 publicó el pasado viernes 27 de marzo donde Mackler fijaba posición sobre las fumigaciones con agroquímicos que provocaron reacciones en distintos lugares de la provincia.
"Con Mackler tuvimos varias charlas cuando yo era el secretario general de Ecosur, un centro de investigaciones multidisciplinarias. Cuando está por asumir Mackler nos convoca, siendo presidente de Ecosur Ricardo Biasatti, que se convierte en subsecretario de Recursos Naturales y que fue además co-investigador en todo el trabajo que hicimos (en seis pueblos de la pampa húmeda sobre agroquímicos) en el que participó como ecólogo, por lo tanto sabe de qué hablamos. Mackler nos convocó demostrando interés diciendo que quería trabajar desde la Secretaría en algunos proyectos, y nos pidió que le alcancemos algunos. En ese momento él ya conocía el trabajo que habíamos hecho así que le actualicé las últimas cosas, y le dejé los puntos de nuestro proyecto de vigilancia epidemiológica y prevención en comunidades rurales con un modelo de autogestión, es decir que hacemos el diagnóstico, formamos a la gente y ella es la que sigue con la prevención con una serie metodológica. Tuvimos dos reuniones, y le pareció muy interesante el tema. Es más a Biasatti le ofrecen entonces la subsecretaría y como investigadores de Ecosur, incluso llega a comprometer fondos. Recuerdo que Mackler dijo que quizás para julio podríamos tener tantos pesos, para arrancar con estos proyectos. Esto lo digo para que se conozca la situación previa incluso a la asunción, de pleno conocimiento sobre nuestro trabajo. Luego Biasatti renuncia como presidente de Ecosur y asume en su cargo. Ingresa entonces Eduardo Pire en su lugar en Ecosur y yo quedo en la secretaría general hasta hace un mes que renuncio a mi cargo, y solo soy un miembro más, porque no me gusta lo que esta pasando: Que un hombre que salió de nuestras filas sea subsecretario de una gestión que termina planteando lo que Mackler dijo públicamente".
Cuáles fueron las declaraciones del secretario de Medio Ambiente que cuestiona?
Mackler dijo en ese reportaje a Rosario/12 que las fumigaciones terrestres deberían hacerse a no menos de 150 metros de la línea de viviendas, y las aéreas a no menos de 300 metros. Cuando la ley provincial no dice eso, sino que las fumigaciones aéreas debe respetar una área de exclusión de 500 metros como mínimo, mientras la normativa europea por ejemplo fija un piso de mil metros, porque si el viento cambia los 300 metros no existen. Después Mackler plantea una mesa que está trabajando y que nadie conoce, porque por ejemplo no se sabe que gente de salud está trabajando allí, ya que no hay mucha gente experta en el tema de salud rural y medio ambiente. En todo Argentina hay muy poca gente, y en esa mesa no sé quienes están.
Oliva contó que "nosotros fuimos invitados a esa mesa antes de formarla, y nos dijeron que íbamos a ser convocados como Ecosur, porque iban a integran a ongs, pero nunca nos llamaron para nada. Pero hay un marco ideológico que define Mackler en su nota, y dice `justamente este modelo (soja y glifosato) son de alguna manera los que han sacado adelante al país'. Esto se ha visto claramente en el último año que no es así: La contribución de este tipo de cultivo, estemos o no de acuerdo, al Producto Bruto Interno no es más de l4 por ciento. Por lo tanto creo que es grave que un secretario de Medio Ambiente plantee que por la soja y el glifosato se justifique que muera la gente o cualquier cosa porque este es el modelo que ha ayudado al país. Y esto se entiende porque conceptualmente la secretaría de Medio Ambiente está en Santa Fe en el marco del Ministerio de la Producción, cuando en realidad debería ser independiente como lo es en los países serios, o a lo sumo que sea interministerial entre salud y otra cartera. Pero que pertenezca a Producción, motiva su mirada productivista", dijo Oliva.
Pero para este investigador, hay otro punto de las declaraciones de Mackler que es motivo de debate: "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en los cereales. Y me interesa puntualizar esto porque fue el propio Biasatti quien dirigió este tramo del estudio que fue correlacionar los casos que encontramos en cada uno de los pueblos de malformaciones y de cáncer, con los focos de riesgos. Estos eran los silos, los acopios de agroquímicos, el PCB de los transformadores eléctricos, los basurales y los feed loot, que están demostrados que pueden tener impacto en salud, particularmente en la salud reproductiva", dijo Oliva.
Y explicó que lo que se mostramos es que "el 90 por ciento de los casos estaban en los 300 metros de estos focos y encima Mackler plantea 300 metros para no fumigar. Retomo: nos enteramos a fin de 2007 que una joven diputada peronista había presentado una ley de erradicación de silos de los pueblos, que contaba con la financiación del BID o del Banco Mundial para hacerlo porque es muy costoso, pero hay que hacerlo. Debe ser uno los pocos países del mundo con silos en los pueblos, por eso tenemos los juicios como en San Jorge, o en Córdoba. Recuerdo que la ley salió votada ampliamente pero cuando asumió Binner, que es un médico, hombre cercano a la salud pública y socialista, veta la ley a comienzos de 2008. Entonces, cómo Mackler puede decir que el tema de la fosfina es un problema cuando es funcionario de un gobierno que vetó la ley que erradicaba los silos, que es uno de los problemas mayores. Y además en una gestión en donde Ricardo Biasatti fue el que dirigió la investigación que demostró esto".
Pero a Oliva, una de las cosas que más le interesa contestar de los dichos de Mackler, es la parte que dice textualmente "no hay estudios que demuestren efectos negativos del glifosato en el corto plazo". Y asegura que "esto no es cierto: hay dos trabajos publicados a fines de 2008 uno los cuales relaciona el glifosato con embriones de anfibios que hizo la Universidad de La Plata y que demostró la destrucción de los embriones. Y el otro es del grupo de Olavarría, que mostró la contaminación de glifosato en suelos marinos, en suelos de lagunas y en agua. Pero también le recuerdo a Mackler que desde el año 97 hemos trabajado este tema, y lo sabe porque le entregamos en mano nuestros trabajos. Y me remito además a los dichos de Raúl Montenegro, que Página/12 publicó sobre el glifosato. Y en esto vale aclarar que el glifosato puro no tiene un alta toxicidad, si se lo compara con otros. Mucho depende de la dosis, eso es cierto y lo dice Mackler, porque no es lo mismos la dosis arrojada para fumigar las plantas de coca en Colombia, que son 20 veces más concentrado. Pero cabe preguntarse entonces cómo se usa el glifosato en Argentina: lleva una cantidad enorme de surfactantes, de detergentes que son peores, o iguales de malo que el DDT desde el punto de vista de la salud. Prácticamente no se usa glifosato puro sino que se agregan endosulfan, clorpirifos, 2-4-D. Lo llaman las gotitas del cielo porque mezclados mejoran el glifosato, Por eso el problema son las mezclas y los trabajos de los últimos años, que Mackler debería conocer apuntan al sinergismo. Nosotros estamos parados sobre aguas de contenido de arsénico con valencia 3 y 5, es decir altísimas. Entonces hay poco efecto del glifosato puro, pero mucho de las sustancias cloradas que lo acompañan, más arsénico y le agregamos otro punto: el alto contenido de nitratos en la primera napa por la existencia de feed loot, que concentran la orina de los animales. O sea que nadie puede decir que eso no es una bomba de tiempo: con esto no necesito saber qué es lo que pasa con el grupo de Arroyo Seco que lucha contra el cáncer, o cualquier otro estudio".
¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos?
Bueno al final de la nota Mackler confiesa que "no es nuestra intención hacer estudios epidemiológicos", y es grave porque es lo contrario a lo que nos dijo a la mesa de Ecosur hace un año y medio, y me pregunto porqué no van a hacerlo y solo quieren corregir la ley. Me imagino una respuesta: lo que dijo al principio `gracias a la soja y el glifosato se salvó al país'. Hace sólo unas semanas Mackler llama a la mesa de Ecosur para decirnos que tenían demoras para implementar programas porque no tenían aprobado el presupuesto provincial. Pero ahora me queda claro: no tiene intenciones de hacer estudios epidemiológicos. Peor aún es que en esa entrevista trae a colación un estudio de afectación del huevo de yacaré por el glifosato, cuando este estudio tiene ocho años en marcha.
Este diario le preguntó finalmente a Mackler si se iba a estudiar el impacto del glifosato sobre el medio ambiente.
Sí, es interesante esta respuesta porque el funcionario respondió que "es muy complejo hacerlo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, porque se degrada muy rápido". Esto es cierto, pero no es correcto lo que dice después: "que no se lo puede encontrar en el agua y en el suelo". No es cierto porque se pueden encontrar sus derivados. Y termina diciendo que "por eso lo intentamos medir en seres vivos". Esto no es así, hay estudios de mediciones en agua y en tierra.
¿Cuál es su conclusión después de haber analizado la posición oficial?
En el menor de los casos quiero pesar que hay una alto nivel de desinformación en la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual me sorprende, porque una persona como Ricardo Biasatti no se ha ocupado de informarlos. Otra cosa es que Mackler habla desde un lugar de producción y economía, y no desde el medio ambiente y la salud. Pero también me preocupa otra cosa: porque no se paró la talada de árboles en noviembre de 2008 cuando debió haberse reglamentado la ley. La excusa fue que la Nación debía hacerlo primero, lo que no es cierto, podía haberla reglamentado la propia provincia. Esto tuvo un alto impacto porque el norte santafesino tuvo una tala altísima.Y después nos quejamos de la sequía que junto con el cambio climático y la tala de bosques es la causa de la sequía. O sea que tampoco eso se hizo en Santa Fe. También este gobierno planteó terminar con la siembra en las banquina de las rutas, para evitar que se fumigue en lugares tan transitados. Y la respuesta está la vista: no erradicaron nada- concluyó.
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El experto entrevistado por Rosario/12 señala que si se combina una comunidad que no quiere escuchar nada de todo lo que se le advierte "porque tiene miedo de que se termine el negocio de la soja, más una secretaría de medio ambiente con orientación productivista; lo que se obtiene es: Mucha soja, un sector con más dinero, pero con más enfermos por contaminación a mediano y largo plazo".
El andrólogo Alejandro Oliva cuestionó al secretario de Medio Ambiente de Santa Fe César Mackler "por aceptar las consecuencias del modelo `soja más glifosato' con el argumento de haber ayudado a salir adelante al país. No se pueden justificar las consecuencias sobre la salud de la gente, las muertes, las deformaciones físicas y las distintas enfermedades que acarrea el uso de agroquímicos". Oliva, pertecen a la ong Ecosur, quien aportó a uno de sus cuadros: El ecólogo Ricardo Biasatti quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, con quien llevó adelante los estudios que ligaban focos de contaminación con la salud de los habitantes rurales: Feed loot, silos de cereal, acopio de agroquímicos, basurales y transformadores de energía con PCB. Por eso Oliva asegura no entender el discurso del titular del área. Y de paso critica "al gobernador Hermes Binner porque a pesar de ser médico, socialista y un hombre cercano a la salud pública vetó la ley de reubicación de silos cerealeros, que son un foco de contaminación ya demostrado por nuestros estudios".
Oliva se muestra impactado por la entrevista que Rosario/12 publicó el pasado viernes 27 de marzo donde Mackler fijaba posición sobre las fumigaciones con agroquímicos que provocaron reacciones en distintos lugares de la provincia.
"Con Mackler tuvimos varias charlas cuando yo era el secretario general de Ecosur, un centro de investigaciones multidisciplinarias. Cuando está por asumir Mackler nos convoca, siendo presidente de Ecosur Ricardo Biasatti, que se convierte en subsecretario de Recursos Naturales y que fue además co-investigador en todo el trabajo que hicimos (en seis pueblos de la pampa húmeda sobre agroquímicos) en el que participó como ecólogo, por lo tanto sabe de qué hablamos. Mackler nos convocó demostrando interés diciendo que quería trabajar desde la Secretaría en algunos proyectos, y nos pidió que le alcancemos algunos. En ese momento él ya conocía el trabajo que habíamos hecho así que le actualicé las últimas cosas, y le dejé los puntos de nuestro proyecto de vigilancia epidemiológica y prevención en comunidades rurales con un modelo de autogestión, es decir que hacemos el diagnóstico, formamos a la gente y ella es la que sigue con la prevención con una serie metodológica. Tuvimos dos reuniones, y le pareció muy interesante el tema. Es más a Biasatti le ofrecen entonces la subsecretaría y como investigadores de Ecosur, incluso llega a comprometer fondos. Recuerdo que Mackler dijo que quizás para julio podríamos tener tantos pesos, para arrancar con estos proyectos. Esto lo digo para que se conozca la situación previa incluso a la asunción, de pleno conocimiento sobre nuestro trabajo. Luego Biasatti renuncia como presidente de Ecosur y asume en su cargo. Ingresa entonces Eduardo Pire en su lugar en Ecosur y yo quedo en la secretaría general hasta hace un mes que renuncio a mi cargo, y solo soy un miembro más, porque no me gusta lo que esta pasando: Que un hombre que salió de nuestras filas sea subsecretario de una gestión que termina planteando lo que Mackler dijo públicamente".
Cuáles fueron las declaraciones del secretario de Medio Ambiente que cuestiona?
Mackler dijo en ese reportaje a Rosario/12 que las fumigaciones terrestres deberían hacerse a no menos de 150 metros de la línea de viviendas, y las aéreas a no menos de 300 metros. Cuando la ley provincial no dice eso, sino que las fumigaciones aéreas debe respetar una área de exclusión de 500 metros como mínimo, mientras la normativa europea por ejemplo fija un piso de mil metros, porque si el viento cambia los 300 metros no existen. Después Mackler plantea una mesa que está trabajando y que nadie conoce, porque por ejemplo no se sabe que gente de salud está trabajando allí, ya que no hay mucha gente experta en el tema de salud rural y medio ambiente. En todo Argentina hay muy poca gente, y en esa mesa no sé quienes están.
Oliva contó que "nosotros fuimos invitados a esa mesa antes de formarla, y nos dijeron que íbamos a ser convocados como Ecosur, porque iban a integran a ongs, pero nunca nos llamaron para nada. Pero hay un marco ideológico que define Mackler en su nota, y dice `justamente este modelo (soja y glifosato) son de alguna manera los que han sacado adelante al país'. Esto se ha visto claramente en el último año que no es así: La contribución de este tipo de cultivo, estemos o no de acuerdo, al Producto Bruto Interno no es más de l4 por ciento. Por lo tanto creo que es grave que un secretario de Medio Ambiente plantee que por la soja y el glifosato se justifique que muera la gente o cualquier cosa porque este es el modelo que ha ayudado al país. Y esto se entiende porque conceptualmente la secretaría de Medio Ambiente está en Santa Fe en el marco del Ministerio de la Producción, cuando en realidad debería ser independiente como lo es en los países serios, o a lo sumo que sea interministerial entre salud y otra cartera. Pero que pertenezca a Producción, motiva su mirada productivista", dijo Oliva.
Pero para este investigador, hay otro punto de las declaraciones de Mackler que es motivo de debate: "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en los cereales. Y me interesa puntualizar esto porque fue el propio Biasatti quien dirigió este tramo del estudio que fue correlacionar los casos que encontramos en cada uno de los pueblos de malformaciones y de cáncer, con los focos de riesgos. Estos eran los silos, los acopios de agroquímicos, el PCB de los transformadores eléctricos, los basurales y los feed loot, que están demostrados que pueden tener impacto en salud, particularmente en la salud reproductiva", dijo Oliva.
Y explicó que lo que se mostramos es que "el 90 por ciento de los casos estaban en los 300 metros de estos focos y encima Mackler plantea 300 metros para no fumigar. Retomo: nos enteramos a fin de 2007 que una joven diputada peronista había presentado una ley de erradicación de silos de los pueblos, que contaba con la financiación del BID o del Banco Mundial para hacerlo porque es muy costoso, pero hay que hacerlo. Debe ser uno los pocos países del mundo con silos en los pueblos, por eso tenemos los juicios como en San Jorge, o en Córdoba. Recuerdo que la ley salió votada ampliamente pero cuando asumió Binner, que es un médico, hombre cercano a la salud pública y socialista, veta la ley a comienzos de 2008. Entonces, cómo Mackler puede decir que el tema de la fosfina es un problema cuando es funcionario de un gobierno que vetó la ley que erradicaba los silos, que es uno de los problemas mayores. Y además en una gestión en donde Ricardo Biasatti fue el que dirigió la investigación que demostró esto".
Pero a Oliva, una de las cosas que más le interesa contestar de los dichos de Mackler, es la parte que dice textualmente "no hay estudios que demuestren efectos negativos del glifosato en el corto plazo". Y asegura que "esto no es cierto: hay dos trabajos publicados a fines de 2008 uno los cuales relaciona el glifosato con embriones de anfibios que hizo la Universidad de La Plata y que demostró la destrucción de los embriones. Y el otro es del grupo de Olavarría, que mostró la contaminación de glifosato en suelos marinos, en suelos de lagunas y en agua. Pero también le recuerdo a Mackler que desde el año 97 hemos trabajado este tema, y lo sabe porque le entregamos en mano nuestros trabajos. Y me remito además a los dichos de Raúl Montenegro, que Página/12 publicó sobre el glifosato. Y en esto vale aclarar que el glifosato puro no tiene un alta toxicidad, si se lo compara con otros. Mucho depende de la dosis, eso es cierto y lo dice Mackler, porque no es lo mismos la dosis arrojada para fumigar las plantas de coca en Colombia, que son 20 veces más concentrado. Pero cabe preguntarse entonces cómo se usa el glifosato en Argentina: lleva una cantidad enorme de surfactantes, de detergentes que son peores, o iguales de malo que el DDT desde el punto de vista de la salud. Prácticamente no se usa glifosato puro sino que se agregan endosulfan, clorpirifos, 2-4-D. Lo llaman las gotitas del cielo porque mezclados mejoran el glifosato, Por eso el problema son las mezclas y los trabajos de los últimos años, que Mackler debería conocer apuntan al sinergismo. Nosotros estamos parados sobre aguas de contenido de arsénico con valencia 3 y 5, es decir altísimas. Entonces hay poco efecto del glifosato puro, pero mucho de las sustancias cloradas que lo acompañan, más arsénico y le agregamos otro punto: el alto contenido de nitratos en la primera napa por la existencia de feed loot, que concentran la orina de los animales. O sea que nadie puede decir que eso no es una bomba de tiempo: con esto no necesito saber qué es lo que pasa con el grupo de Arroyo Seco que lucha contra el cáncer, o cualquier otro estudio".
¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos?
Bueno al final de la nota Mackler confiesa que "no es nuestra intención hacer estudios epidemiológicos", y es grave porque es lo contrario a lo que nos dijo a la mesa de Ecosur hace un año y medio, y me pregunto porqué no van a hacerlo y solo quieren corregir la ley. Me imagino una respuesta: lo que dijo al principio `gracias a la soja y el glifosato se salvó al país'. Hace sólo unas semanas Mackler llama a la mesa de Ecosur para decirnos que tenían demoras para implementar programas porque no tenían aprobado el presupuesto provincial. Pero ahora me queda claro: no tiene intenciones de hacer estudios epidemiológicos. Peor aún es que en esa entrevista trae a colación un estudio de afectación del huevo de yacaré por el glifosato, cuando este estudio tiene ocho años en marcha.
Este diario le preguntó finalmente a Mackler si se iba a estudiar el impacto del glifosato sobre el medio ambiente.
Sí, es interesante esta respuesta porque el funcionario respondió que "es muy complejo hacerlo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, porque se degrada muy rápido". Esto es cierto, pero no es correcto lo que dice después: "que no se lo puede encontrar en el agua y en el suelo". No es cierto porque se pueden encontrar sus derivados. Y termina diciendo que "por eso lo intentamos medir en seres vivos". Esto no es así, hay estudios de mediciones en agua y en tierra.
¿Cuál es su conclusión después de haber analizado la posición oficial?
En el menor de los casos quiero pesar que hay una alto nivel de desinformación en la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual me sorprende, porque una persona como Ricardo Biasatti no se ha ocupado de informarlos. Otra cosa es que Mackler habla desde un lugar de producción y economía, y no desde el medio ambiente y la salud. Pero también me preocupa otra cosa: porque no se paró la talada de árboles en noviembre de 2008 cuando debió haberse reglamentado la ley. La excusa fue que la Nación debía hacerlo primero, lo que no es cierto, podía haberla reglamentado la propia provincia. Esto tuvo un alto impacto porque el norte santafesino tuvo una tala altísima.Y después nos quejamos de la sequía que junto con el cambio climático y la tala de bosques es la causa de la sequía. O sea que tampoco eso se hizo en Santa Fe. También este gobierno planteó terminar con la siembra en las banquina de las rutas, para evitar que se fumigue en lugares tan transitados. Y la respuesta está la vista: no erradicaron nada- concluyó.
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Atuel: la Corte se niega a tratar el daño
Atuel: la Corte se niega a tratar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Hay que proteger los glaciares por el agua
Para preservar el agua, hay que proteger los glaciares
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Probable parque eólico en Córdoba
"Córdoba puede aspirar a un parque eólico de 100 MW"
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Héctor Fernando Mattio es considerado en ámbitos académicos como el mayor especialista argentino en energía eólica. Su currículum muestra su actuación en el país y en el exterior. Asimismo, dirige el Centro Regional de Energía Eólica (Cree), ámbito creado en 1985 por la provincia de Chubut, la Universidad de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. De paso por Córdoba para visitar la zona donde Epec pretende erigir un campo eólico provincial, dialogó con este diario.
–¿Cuántos proyectos de parques eólicos hay en la Argentina?
–Muchos, si uno escucha, miles de megavatios. Pero proyectos serios hay de 200 a 500 megavatios. Tenemos consultoras internacionales desarrollando proyectos en La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en poco tiempo se sumará Córdoba.
–En nuestro país el grupo Pescarmona está desarrollando molinos eólicos.
–El plan oficial incentiva la fabricación nacional a través de Vientos de la Patagonia I. Y hay dos empresas, Pescarmona que ya está probando su prototipo y la otra es NRG Patagonia que compró una licencia y en dos meses tiene su equipo. Cuando esté homologado el producto el Estado les dará el 50 por ciento a cada uno para desarrollar el parque (de 60 MW, ampliable a otros 300 en el futuro).
–¿Alcanza el viento aquí en Córdoba para poner un parque eólico?
–Hay una zona que puede ser interesante, en Achiras. Es la que estamos trabajando con los profesionales de Epec para tener una evaluación más precisa que luego será trasladada a los inversores interesados.
–¿Cuánto se necesita invertir ahí?
–De acuerdo con los estudios de Epec se podría instalar un parque de 100 MW que requiere una inversión de 200 millones a 250 millones de dólares.
–Es decir que la inversión es muy importante. ¿Conviene frente a otros tipos de sistemas de generación?
–La inversión no es barata, la recuperación depende de cuánto se pague el megavatio/hora generado. Se necesitan por lo menos 10 a 12 años para amortizar. Pero desde ese momento sólo queda la operación y el mantenimiento que es más bajo que la hidráulica, la nuclear y ni qué hablar de la térmica. Todo depende de las políticas del Estado.
–¿Se requieren mediciones durante mucho tiempo para saber si Achiras es adecuada?
–Se necesitan buenas mediciones, cómo mínimo uno o dos años. Y luego correlacionar con otros lugares para estimar la producción de ese parque. El hecho de que Epec esté en esto le puede facilitar la operación al inversor. Con un trabajo serio hay varias formas de obtener los recursos: el inversor, el Estado, o la empresa con un crédito.
–¿De qué potencia deben ser los vientos para generar electricidad?
–En este campo se trabaja con metros por segundo, pero los convertimos a kilómetros por hora. Con una velocidad inicial de 11 kilómetros por hora ya se puede generar, pero para entregar buena energía son necesarios 30 kilómetros por hora.
–¿Cuántas horas por día?
–Depende, en Achiras hay buen viento de noche, que podría compensar a una central térmica.
–¿Cómo es el impacto ecológico de un parque eólico?
–En ese análisis entra, por un lado el ruido que se tiene en cuenta hasta los 36 kilómetros por hora porque a partir de ahí el sonido del viento es superior al que puede producir la máquina. Además en el lugar en análisis no hay un pueblo pegado. El otro impacto es el visual, además hay que evitar instalar equipos en lugares que son pasajes migratorios de aves. Pero la mortandad de aves por los molinos es muchísimo menor a la que ya producen las líneas eléctricas.
–Es decir, la ventaja principal es que no contamina.
–No, la principal ventaja para el país es la cantidad de mano de obra que genera para el manejo de la tecnología y la fabricación de los equipos.
El objetivo de Epec
Un piso de ocho por ciento. A través de la ley 26.190, aprobada en 2007, el Gobierno generó el contexto para fomentar energías alternativas. La norma, explica Mattio, determina que ocho por ciento de la matriz energética debe estar integrada por energías renovables. Éstas incluyen no sólo la energía eólica, sino también la solar y las producidas por biomasa y la minihidráulica. La ley también ajustó un impuesto para generar un fondo fiduciario destinado a sostener inversiones en energías renovables. Epec aspira, justamente, a obtener la calificación de su proyecto para acceder a esos recursos y avanzar en ello.
Córdoba contamina a Bouwer con residuos
Bouwer advierte que el traslado del enterramiento no se negocia
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Fecha de Publicación: 02/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Municipalidad de Córdoba adelantó que cerrará el predio. Presentan demanda ante el TSJ para que se impida que más localidades lleven allí sus residuos.
La comuna de Bouwer advirtió ayer que el traslado del enterramiento sanitario de Potrero del Estado “no se negocia”. Por su parte, la Municipalidad adelantó que, si la Provincia no cierra el relleno, igualmente la Capital dejará de llevar allí sus desechos.
El biólogo Raúl Montenegro, titular de Funam y asesor de la comuna de Bouwer en el conflicto por el vertedero, indicó que “es innegociable el traslado del predio”. y agregó que “en un período perentorio, no puede depositarse más basura”.
Mañana se realizará una reunión entre funcionarios de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, representantes de Bouwer e intendentes de las 18 localidades que entierran sus residuos en Potrero del Estado.
La reunión se desarrolla en un clima enrarecido, luego de que ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relativizara la decisión de disponer un nuevo predio para el enterramiento, tal como lo viene solicitando la comuna de Bouwer.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Funam, vecinos de Bouwer advirtieron que volverán a impedir el ingreso de los camiones recolectores al predio de Potrero del Estado si no se llega a un acuerdo.
Schiaretti había anunciado que se iba a pedir la realización de un estudio sobre el impacto del vertedero a un organismo independiente, y que dependiendo de los resultados, se iba a tomar una decisión al respecto.
“Se podrían haber hecho antes los estudios”, fustigó Montenegro, y recalcó que se tienen que realizar, pero en el marco de un acuerdo firmado con plazos perentorios sobre el cierre del enterramiento.
En ese sentido, el titular de Funam aseguró que los efectos del relleno, por más de que esté cerrado, perduran en el tiempo. Y solicitó que se establezca un mecanismo de control y vigilancia permanente.
Ante esta situación, el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, prefirió no hacer valoraciones. “Vamos a ver qué sucede en la reunión”, dijo el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, aseguró que se respetará lo prometido a los vecinos de Bouwer. “Si la Provincia decide que no cerrará el enterramiento, lo vamos a hacer nosotros”, adelantó.
“Estudiaremos que hacer con la basura de Córdoba, pero no pondremos más en riesgo la recolección”, agregó Cámara. Si se da esa situación, la Provincia también deberá encontrar un destino para las 18 localidades que también llevan sus residuos a Potrero del Estado.
Demanda judicial. Por otra parte, el jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, y la Funam presentaron una demanda ante el TSJ con el objetivo de impedir que más localidades lleven sus desechos a Potrero del Estado.
La acción judicial busca, además, que se prohíba el agregado de residuos a la fosa actual, que se obligue a la Municipalidad de Córdoba a captar la totalidad de los gases del relleno, que se prevea la relocalización del predio, que se traten los problemas de salud derivados del relleno y que se elabore un plan de cierre del vertedero.
Cronología del reclamo
18 de octubre de 2006. La comuna de Bouwer pidió controlar el predio del enterramiento sanitario, operado en ese momento por la empresa Cliba. Denunció malos olores y contaminación ambiental. El pedido fue denegado.
1º de enero de 2007. La Provincia renueva el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba hasta 2016.
6 de febrero de 2008. En la discusión de los fallidos pliegos de la licitación de la basura, la comuna de Bouwer solicitó cobrar 0,80 peso por tonelada enterrada, para destinarlo a salud. Reiteró el pedido para poder controlar el predio. Las dos propuestas fueron rechazadas.
10 de febrero de 2008. Cliba asegura que la fosa del enterramiento puede seguir operando por ocho años más.
10 de abril de 2008. Bouwer pide que se realicen estudios epidemiológicos y ambiental.
30 de julio de 2008. Bouwer solicita a la Justicia un plan de manejo de la basura.
1º de agosto de 2008. El jefe comunal, Juan Lupi, denuncia a la Municipalidad de Córdoba ante el Inadi por “discriminación”.
30 de marzo de 2009. Vecinos de Bouwer cortan el acceso al enterramiento, dejando sin recolección de residuos a la Capital y a 18 localidades.
Oposición unida por la recolección de basura
La oposición, unida por la recolección de basura
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Quieren la separación de residuos en origen
Legisladores de la oposición porteña presentaron ayer un proyecto de ley para el servicio de recolección de basura en la Capital, que pretende la separación de residuos en origen, plan distinto al que diseñó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, es avalada por diputados del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, de Diálogo por Buenos Aires y del Partido Socialista, entre otros.
La propuesta fue elaborada a partir de los planes alternativos presentados en la Legislatura y pretende diseñar una ley marco para la recolección de basura.
Una de las bases del proyecto radica en establecer la obligatoriedad de separar los residuos en origen para poder cumplir con la ley conocida como basura cero, que pretende reducir el enterramiento del material reciclable.
Eduardo Epszteyn, presidente de Diálogo por Buenos Aires, sostuvo que este proyecto alternativo "era una suerte de marco regulatorio" .
"En el último año, se incrementó en un 14 por ciento la cantidad de residuos destinados a relleno sanitario. Cuando Macri quería apurar la licitación, mandó un proyecto de ley, pero ahora que no lo hará, el proceso se estancó", dijo.
Epszteyn se refiere al proyecto que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, que busca dar en concesión el servicio de recolección de basura por un plazo de diez años. En esa iniciativa, no se establece, por caso, la recolección diferenciada en los hogares ni incluye a los cartoneros en el pliego. El proyecto también contempla, en algunas zonas, la vuelta al pago por tonelada recogida.
Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, dijo: "Valdría la pena que los legisladores macristas se sumaran a nuestro proyecto, en vez de insistir en formatos que no cumplen con la ley, como es el caso de la venta de basura por peso".
Por otra parte, el kirchnerista Pablo Failde descalificó la propuesta oficial: "Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad estéticamente linda, escondiendo la basura en el conurbano. Es una política cosmética y mentirosa".
Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, opinó: "Creemos que es necesario el apoyo a este proyecto, ya que plantea hacia dónde debe empezar a avanzar la gestión de residuos en el marco de la de basura cero".
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
YPF: quedan reservas para seis años
A Repsol-YPF le quedan reservas de petróleo sólo para seis años
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Neuquén: Buscan liberar el acceso a los ríos
Buscan liberar el acceso a los ríos
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
La crisis pone en jaque a los biocombustibles
La crisis pone en jaque a las empresas de biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Formación de expertos en derecho ambiental
La Secretaría de Ambiente promueve la formación de expertos en derecho ambiental
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Audiencia pública por la ley de glaciares
Audiencia pública por la ley de protección a los glaciares que vetó Cristina Kirchner
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Medio ambiente, desidia y negocios
Medio ambiente, desidia y negocios
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
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