Glaciares, Diputados define otra ley polémica
09:45 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Glaciares, Diputados define otra ley polémica
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Etiquetas:
Rechazo en UE a minería con cianuro, y acá?
Rechazo en Europa a la minería con cianuro
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Poco avance del saneamiento del Riachuelo
Críticas al poco avance del saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Santa Fe: avanza ley que limita herbicidas
Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
A dos años no hay mejoras en el Riachuelo
Greenpeace: A dos años del fallo no hay mejoras en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
Informan a asambleístas sobre la propuesta
Informan a asambleístas sobre la propuesta argentina de monitoreo del Río Uruguay
Fecha de Publicación: 06/07/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
En el Palacio San Martín, el flamante canciller, Héctor Timerman, recibió a miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes formaron parte de una reunión junto al Secretario de Ambiente Homero M. Bibiloni; el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri; la embajadora Susana Ruiz Cerruti; el Embajador Alberto Pedro D´Alotto y el presidente de la CARU, Hernán Orduna, con el objetivo de brindar información sobre la propuesta de monitoreo conjunto del río Uruguay que fuera presentada por Argentina ante el presidente uruguayo José Mujica y el canciller de ese país, Luis Almagro.
Luego de este encuentro, del que participaron diez asambleístas, Timerman se reunirá mañana con su par Almagro a fin de continuar con las negociaciones relativas al control y seguimiento de las actividades de la pastera Botnia UPM.
Al respecto, el canciller argentino expresó que espera "incorporar todas las ideas para resolver esto lo más rápido posible". Por su parte, los miembros de la asamblea consideraron "muy positiva" la reunión en la sede de la Cancillería.
Fecha de Publicación: 06/07/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
En el Palacio San Martín, el flamante canciller, Héctor Timerman, recibió a miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes formaron parte de una reunión junto al Secretario de Ambiente Homero M. Bibiloni; el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri; la embajadora Susana Ruiz Cerruti; el Embajador Alberto Pedro D´Alotto y el presidente de la CARU, Hernán Orduna, con el objetivo de brindar información sobre la propuesta de monitoreo conjunto del río Uruguay que fuera presentada por Argentina ante el presidente uruguayo José Mujica y el canciller de ese país, Luis Almagro.
Luego de este encuentro, del que participaron diez asambleístas, Timerman se reunirá mañana con su par Almagro a fin de continuar con las negociaciones relativas al control y seguimiento de las actividades de la pastera Botnia UPM.
Al respecto, el canciller argentino expresó que espera "incorporar todas las ideas para resolver esto lo más rápido posible". Por su parte, los miembros de la asamblea consideraron "muy positiva" la reunión en la sede de la Cancillería.
Proyecto de ley de agroquímicos en Entre Ríos
Presentarán otro proyecto de ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/07/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Próximamente, otro proyecto de ley que apunta a regular el uso de agroquímicos será presentado en la Cámara de Diputados provincial, informó a AIM el legislador y autor de la iniciativa, Héctor de la Fuente, quien añadió que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
En diálogo con esta Agencia, de la Fuente indicó que se encuentra trabajando en el proyecto de ley para la regulación de agroquímicos. Al respecto, el legislador aclaró que “no es la misma propuesta que se encuentra en el Senado”.
“Es un problema muy complejo y considero que la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y espera tratamiento en Senadores es muy acotada, porque es en función a las zonas de exclusión en la fumigación”, explicó y añadió: “yo quiero ir más allá, ya que no sólo recibo las demandas de la gente sino que observo que la problemática crece día a día”.
Esta propuesta es diferente, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas los problemas que eso conlleva”, señaló.
Por eso, “se trabaja en relación a legislaciones de otras provincias y se intenta saber hasta dónde se avanzo en el tema”, dijo y agregó: “hay muchas controversias y estamos analizando la información sobre las posibles afectaciones del uso de agroquímicos”.
Es un tema “que implica una investigación compleja. Hay sectores de la producción que se verán afectados”, remarcó. Además, “hay que pensar en todas las consecuencias que trae una legislación”. El proyecto se encuentra en estado de investigación; “aún no la presentamos”, informó a AIM el legislador y manifestó: “estoy trabajando al respecto con mis colaboradores”
El otro proyecto
La comisión de Producción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reuniría “próximamente” con productores de la provincia para analizar el proyecto de ley de Agroquímicos, que ya cuenta con media sanción de Diputados, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quién añadió: “seguramente tomará estado parlamentario en la segunda sesión de agosto”.
El senador indicó que “se espera tener diagramado el borrador del proyecto de ley que regula el uso de los agroquímicos para concretar una pronta reunión con productores de la provincia”. Además, agregó que “tomará estado legislativo e ingresará en el orden del día de la segunda sesión de agosto”.
Fecha de Publicación: 05/07/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Próximamente, otro proyecto de ley que apunta a regular el uso de agroquímicos será presentado en la Cámara de Diputados provincial, informó a AIM el legislador y autor de la iniciativa, Héctor de la Fuente, quien añadió que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
En diálogo con esta Agencia, de la Fuente indicó que se encuentra trabajando en el proyecto de ley para la regulación de agroquímicos. Al respecto, el legislador aclaró que “no es la misma propuesta que se encuentra en el Senado”.
“Es un problema muy complejo y considero que la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y espera tratamiento en Senadores es muy acotada, porque es en función a las zonas de exclusión en la fumigación”, explicó y añadió: “yo quiero ir más allá, ya que no sólo recibo las demandas de la gente sino que observo que la problemática crece día a día”.
Esta propuesta es diferente, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas los problemas que eso conlleva”, señaló.
Por eso, “se trabaja en relación a legislaciones de otras provincias y se intenta saber hasta dónde se avanzo en el tema”, dijo y agregó: “hay muchas controversias y estamos analizando la información sobre las posibles afectaciones del uso de agroquímicos”.
Es un tema “que implica una investigación compleja. Hay sectores de la producción que se verán afectados”, remarcó. Además, “hay que pensar en todas las consecuencias que trae una legislación”. El proyecto se encuentra en estado de investigación; “aún no la presentamos”, informó a AIM el legislador y manifestó: “estoy trabajando al respecto con mis colaboradores”
El otro proyecto
La comisión de Producción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reuniría “próximamente” con productores de la provincia para analizar el proyecto de ley de Agroquímicos, que ya cuenta con media sanción de Diputados, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quién añadió: “seguramente tomará estado parlamentario en la segunda sesión de agosto”.
El senador indicó que “se espera tener diagramado el borrador del proyecto de ley que regula el uso de los agroquímicos para concretar una pronta reunión con productores de la provincia”. Además, agregó que “tomará estado legislativo e ingresará en el orden del día de la segunda sesión de agosto”.
Prohíben fumigar camiones con un agroquímico
La Justicia prohíbe fumigar camiones con un agroquímico
Fecha de Publicación: 03/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se decidió tras la muerte de tres choferes, uno de ellos de Córdoba. No se podrán rociar los vehículos con fosfuro de aluminio, utilizado para los cereales.
Rosario. La Justicia Federal de Rosario prohibió la fumigación de camiones en tránsito con fosfuro de aluminio tras la muerte de tres choferes, e intimó al gobierno santafesino a efectuar un control y fiscalización para el cumplimiento de la medida.
La medida cautelar fue dictada el 29 de junio por el juez federal Héctor Succhi y ayer se notificó a la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), entidad que realizó la denuncia.
Uno de los casos fatales fue la muerte hace pocas semanas de un transportista de la localidad de Arias, en el este cordobés. El hombre había llegado a descargar a Rosario, y luego sufrió una descompostura que lo llevó a la muerte.
La apoderada legal de Fetra, Valeria Pardo, dijo que "lo determinado por la Justicia es que no se puede fumigar la mercadería sobre los camiones con pastillas de fotosin, que es el nombre comercial, o se lo puede conocer como fosfamina, fosfina, etcétera".
"Lo establecido por el magistrado no es que se prohíba la fumigación, sino que se la haga en la forma correcta y en lugares herméticos. La legislación en la provincia no era muy clara en este sentido", agregó.
Asimismo, dijo que "este es un eslabón más, si bien es una medida cautelar, la cuestión de fondo se sigue tramitando. El magistrado hizo lugar a nuestra petición que tenía como objetivo la prohibición de fumigar con fosfina sobre los camiones".
Fecha de Publicación: 03/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se decidió tras la muerte de tres choferes, uno de ellos de Córdoba. No se podrán rociar los vehículos con fosfuro de aluminio, utilizado para los cereales.
Rosario. La Justicia Federal de Rosario prohibió la fumigación de camiones en tránsito con fosfuro de aluminio tras la muerte de tres choferes, e intimó al gobierno santafesino a efectuar un control y fiscalización para el cumplimiento de la medida.
La medida cautelar fue dictada el 29 de junio por el juez federal Héctor Succhi y ayer se notificó a la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), entidad que realizó la denuncia.
Uno de los casos fatales fue la muerte hace pocas semanas de un transportista de la localidad de Arias, en el este cordobés. El hombre había llegado a descargar a Rosario, y luego sufrió una descompostura que lo llevó a la muerte.
La apoderada legal de Fetra, Valeria Pardo, dijo que "lo determinado por la Justicia es que no se puede fumigar la mercadería sobre los camiones con pastillas de fotosin, que es el nombre comercial, o se lo puede conocer como fosfamina, fosfina, etcétera".
"Lo establecido por el magistrado no es que se prohíba la fumigación, sino que se la haga en la forma correcta y en lugares herméticos. La legislación en la provincia no era muy clara en este sentido", agregó.
Asimismo, dijo que "este es un eslabón más, si bien es una medida cautelar, la cuestión de fondo se sigue tramitando. El magistrado hizo lugar a nuestra petición que tenía como objetivo la prohibición de fumigar con fosfina sobre los camiones".
Riachuelo y un fallo ambiental de 1887
Un fallo ambiental de 1887
Fecha de Publicación: 02/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el año en que celebramos el Bicentenario me llegó por mail un dato por demás interesante: ya hubo un fallo que obligó a liberar las riberas del Riachuelo y que intimó a las empresas por contaminación en tiempos de la denominada generación del 80.
Durante esta semana se celebraron las V Jornadas de Capacitación Ambientales Metropolitanas en las que tuvo lugar el caso Riachuelo. Y la verdad es que no sabía si reirme o llorar. Uno de los expositores sobre el tema era Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Aunque, obviamente, no pretendo escuchar que todo ha cambiado 180° esperé un poco más de su exposición.
No sólo se puso en manos de “la Buenaventuranza” (sí, leyeron bien), sino que además culpó la contaminación a la rectificación del río que se realizó a principios del siglo XX. “Aquí donde antes había humedales ahora hay gente, entonces eso ahora se inunda porque el agua quiere volver a su curso natural”, explicó.
Lo que no tuvo explicación es la razón por la cual esa agua llega hoy con plomo, cadmio, cromo e hidrocarburos. ¿Será que lo perdieron las máquinas que hicieron esa rectificación y hoy la padecemos? O tal vez olvidó mencionar las 20.000 industrias que dijo que hay instaladas en la cuenca y que sólo se inspeccionó el 30 por ciento.
Como para que tengan una idea, cuando llegó la hora de informar sobre las clausuras el número tope del power point mostraba el número 25. Y no había niguna línea que lo tocara. Es decir, ni siquiera se han realizado esa cantidad de clausuras. ¿Será que las empresas no contaminan?
Mejor, vuelvo a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires se hallaba en un grave problema de contaminación causada por los saladeros que arrojaban sus efluentes al Riachuelo. Cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, se empezó a tomar conciencia del problema, y se decidió tomar medidas. Asi, los saladeros fueron conminados a retirarse a una legua de la orilla.
Los saladeristas, en la causa “Santiago, Jose y Jeronimo Podetá y Otros c. Provincia de Buenos Aires” demandan a la provincia de Buenos Aires por la indemnización de los daños y perjuicios que les ha causado la suspensión de las faenas de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, ordenada por su Legislatura Provincial por ley de 6 de setiembre de 1871.
Pero la Justicia les responde:
3°) Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria.
No hace falta agregar más.
Fecha de Publicación: 02/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el año en que celebramos el Bicentenario me llegó por mail un dato por demás interesante: ya hubo un fallo que obligó a liberar las riberas del Riachuelo y que intimó a las empresas por contaminación en tiempos de la denominada generación del 80.
Durante esta semana se celebraron las V Jornadas de Capacitación Ambientales Metropolitanas en las que tuvo lugar el caso Riachuelo. Y la verdad es que no sabía si reirme o llorar. Uno de los expositores sobre el tema era Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Aunque, obviamente, no pretendo escuchar que todo ha cambiado 180° esperé un poco más de su exposición.
No sólo se puso en manos de “la Buenaventuranza” (sí, leyeron bien), sino que además culpó la contaminación a la rectificación del río que se realizó a principios del siglo XX. “Aquí donde antes había humedales ahora hay gente, entonces eso ahora se inunda porque el agua quiere volver a su curso natural”, explicó.
Lo que no tuvo explicación es la razón por la cual esa agua llega hoy con plomo, cadmio, cromo e hidrocarburos. ¿Será que lo perdieron las máquinas que hicieron esa rectificación y hoy la padecemos? O tal vez olvidó mencionar las 20.000 industrias que dijo que hay instaladas en la cuenca y que sólo se inspeccionó el 30 por ciento.
Como para que tengan una idea, cuando llegó la hora de informar sobre las clausuras el número tope del power point mostraba el número 25. Y no había niguna línea que lo tocara. Es decir, ni siquiera se han realizado esa cantidad de clausuras. ¿Será que las empresas no contaminan?
Mejor, vuelvo a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires se hallaba en un grave problema de contaminación causada por los saladeros que arrojaban sus efluentes al Riachuelo. Cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, se empezó a tomar conciencia del problema, y se decidió tomar medidas. Asi, los saladeros fueron conminados a retirarse a una legua de la orilla.
Los saladeristas, en la causa “Santiago, Jose y Jeronimo Podetá y Otros c. Provincia de Buenos Aires” demandan a la provincia de Buenos Aires por la indemnización de los daños y perjuicios que les ha causado la suspensión de las faenas de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, ordenada por su Legislatura Provincial por ley de 6 de setiembre de 1871.
Pero la Justicia les responde:
3°) Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria.
No hace falta agregar más.
Más críticas por acuerdo minero
Más críticas por acuerdo minero
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Río Negro on Line
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a apuntar a la presidenta Cristina Fernández por presunto tráfico de influencias a favor de Barrick Gold y ratificó que existe un "acuerdo de impuestos Argentina-Chile que no se da a conocer" en beneficio de esa empresa minera y que "para algunos funcionarios sería totalmente contrario a los intereses nacionales".
Carrió renovó sus denuncias un día después de acompañar a los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC) ante la justicia federal para pedirle que investigue si la Barrick fue beneficiada en sus emprendimientos en la Cordillera tras el veto a la Ley de Glaciares que dispuso la jefa de Estado.
Por su parte, el diputado nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur) renovó ayer sus críticas contra la minería y los gobernadores que impulsan el desarrollo del sector, al sostener que se trata del "negocio de las nuevas oligarquías de poder provinciales".
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Río Negro on Line
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a apuntar a la presidenta Cristina Fernández por presunto tráfico de influencias a favor de Barrick Gold y ratificó que existe un "acuerdo de impuestos Argentina-Chile que no se da a conocer" en beneficio de esa empresa minera y que "para algunos funcionarios sería totalmente contrario a los intereses nacionales".
Carrió renovó sus denuncias un día después de acompañar a los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC) ante la justicia federal para pedirle que investigue si la Barrick fue beneficiada en sus emprendimientos en la Cordillera tras el veto a la Ley de Glaciares que dispuso la jefa de Estado.
Por su parte, el diputado nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur) renovó ayer sus críticas contra la minería y los gobernadores que impulsan el desarrollo del sector, al sostener que se trata del "negocio de las nuevas oligarquías de poder provinciales".
Asamblea lleva a Nación plan propio
Asamblea lleva a Nación plan propio de control a Botnia
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas de Gualeguaychú delinean una propuesta de seguimiento ambiental continuado sobre la pastera Botnia, instalada en Uruguay, para presentarla formalmente al Gobierno nacional el próximo martes, en el marco del encuentro que mantendrán con el flamante canciller, Héctor Timerman.
Estos preparativos se dieron ayer mientras la mirada de los asambleístas estaba puesta en el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, en relación con el vencimiento de un plazo en la causa que activó la Casa Rosada contra un ramillete de vecinos por el bloqueo del Puente Internacional General San Martín, que conecta a Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos y que hoy permanece liberado sobre la base de una frágil tregua de 60 días.
La expectativa de los ambientalistas es que el Gobierno nacional desista de esa querella, como ya se lo plantearon al gobernador entrerriano Sergio Urribarri. A juzgar por las señales emanadas en las últimas horas desde Balcarce 50, no está en el ánimo de la Casa Rosada fogonear esa causa, al menos durante estos dos meses de delicadas negociaciones con el Gobierno de José Mujica.
Explicación
En lo que respecta a la oferta que le llevará la Asamblea a Timerman, se trata de «una propuesta de la ciudadanía, humilde, pero con un grandísimo respaldo técnico», aseguró el ambientalista Oscar Bargas, además de enfatizar que «desde la Asamblea se le va a explicar al canciller cómo hacer el seguimiento continuado ambiental».
«Tenemos asesores técnicos en celulosa y asesores internacionales en medioambiente que nos han hecho un bosquejo de lo que piensan que se debería controlar en Botnia», destacó, por su parte, Carlos Goldaracena, integrante del equipo técnico de la Asamblea Ambiental. «Si logramos incorporar eso, pensamos que Botnia en algún momento no va a resistir ese control», agregó, además de afirmar que la pretensión es que los controles avancen «con más parámetros y más gente».
No obstante, un nutrido número de vecinos no deja de insistir en el reclamo de fondo en cuanto a que «la única salida es desmantelar Botnia».
En paralelo, los diez ambientalistas seleccionados para entrevistarse con Timerman -junto con Urribarri y el intendente Juan José Bahillo- pedirán al sucesor de Jorge Taiana que «se hagan públicas las pruebas de contaminación que presentó la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya».
Vargas también reveló que, en el encuentro que mantuvieron el pasado martes con Urribarri, el mandatario K les adelantó que la propuesta que Timerman llevó ese mismo día al Gobierno uruguayo contempla «lo que viene pidiendo la Asamblea desde antes de La Haya: medir la chimenea, medir los efluentes antes de llegar al difusor, controlar los insumos y las distintas empresitas que tiene Botnia dentro de la planta».
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas de Gualeguaychú delinean una propuesta de seguimiento ambiental continuado sobre la pastera Botnia, instalada en Uruguay, para presentarla formalmente al Gobierno nacional el próximo martes, en el marco del encuentro que mantendrán con el flamante canciller, Héctor Timerman.
Estos preparativos se dieron ayer mientras la mirada de los asambleístas estaba puesta en el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, en relación con el vencimiento de un plazo en la causa que activó la Casa Rosada contra un ramillete de vecinos por el bloqueo del Puente Internacional General San Martín, que conecta a Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos y que hoy permanece liberado sobre la base de una frágil tregua de 60 días.
La expectativa de los ambientalistas es que el Gobierno nacional desista de esa querella, como ya se lo plantearon al gobernador entrerriano Sergio Urribarri. A juzgar por las señales emanadas en las últimas horas desde Balcarce 50, no está en el ánimo de la Casa Rosada fogonear esa causa, al menos durante estos dos meses de delicadas negociaciones con el Gobierno de José Mujica.
Explicación
En lo que respecta a la oferta que le llevará la Asamblea a Timerman, se trata de «una propuesta de la ciudadanía, humilde, pero con un grandísimo respaldo técnico», aseguró el ambientalista Oscar Bargas, además de enfatizar que «desde la Asamblea se le va a explicar al canciller cómo hacer el seguimiento continuado ambiental».
«Tenemos asesores técnicos en celulosa y asesores internacionales en medioambiente que nos han hecho un bosquejo de lo que piensan que se debería controlar en Botnia», destacó, por su parte, Carlos Goldaracena, integrante del equipo técnico de la Asamblea Ambiental. «Si logramos incorporar eso, pensamos que Botnia en algún momento no va a resistir ese control», agregó, además de afirmar que la pretensión es que los controles avancen «con más parámetros y más gente».
No obstante, un nutrido número de vecinos no deja de insistir en el reclamo de fondo en cuanto a que «la única salida es desmantelar Botnia».
En paralelo, los diez ambientalistas seleccionados para entrevistarse con Timerman -junto con Urribarri y el intendente Juan José Bahillo- pedirán al sucesor de Jorge Taiana que «se hagan públicas las pruebas de contaminación que presentó la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya».
Vargas también reveló que, en el encuentro que mantuvieron el pasado martes con Urribarri, el mandatario K les adelantó que la propuesta que Timerman llevó ese mismo día al Gobierno uruguayo contempla «lo que viene pidiendo la Asamblea desde antes de La Haya: medir la chimenea, medir los efluentes antes de llegar al difusor, controlar los insumos y las distintas empresitas que tiene Botnia dentro de la planta».
El plan para controlar a Botnia no incluye a Brasil
El plan argentino para controlar a Botnia no incluye a Brasil
Fecha de Publicación: 30/06/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El canciller Héctor Timerman dijo por Radio 10 que por el momento esa idea no está en la agenda argentina, aunque no descartó sea debatida en el futuro
El flamante canciller confirmó por Radio 10 que la inclusión de Brasil en el monitoreo del Río Uruguay y la pastera Botnia no está comprendida en la propuesta que la Argentina acercó a Uruguay, ni en la agenda de política exterior del país.
Señaló que la inclusión de ese país no está comprendida en el fallo de La Haya y de ser pedida será definida por los presidentes de Uruguay y la Argentina.
"Hoy me reúno con el canciller brasileño y no figura en la agenda el fallo de La Haya", ejemplificó.
Timerman habló por Radio 10 sobre la reunión que mantuvo en Montevideo con el presidente José Mujica y su par uruguayo Luis Almagro.
Expuso que la propuesta argentina para el monitoreo conjunto del Río Uruguay fue bien acogida por el gobierno uruguayo y se mostró confiado en que el conflicto binacional "se va a resolver".
"O los uruguayos y los argentinos resolvemos el conflicto a beneficio de ambos o va a ser en contra de ambos", subrayó Timerman por Radio 10 y agregó que la presencia de Mujica no estaba prevista pero "fue un buen gesto" del gobierno uruguayo.
Si bien se negó a dar detalles de la propuesta que llevó a Montevideo, para que la misma sea analizada con tranquilidad por el gobierno, explicó que se realizó en base al fallo del Tribunal de La Haya y que propone una solución "en base a la ciencia" donde el monitoreo sea realizado por científicos y no por gobiernos.
Agregó que recién en una semana se conocerá la respuesta uruguaya que podrá incluir observaciones y propuestas. "No puede ser que uno gane y el otro pierda, el beneficio es para los dos o para ninguno", subrayó el canciller.
Por otro lado, señaló que corresponde al Ministerio del Interior expedirse sobre el levantamiento de la querella que exigen los piqueteros de Gualeguaychú.
Fecha de Publicación: 30/06/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El canciller Héctor Timerman dijo por Radio 10 que por el momento esa idea no está en la agenda argentina, aunque no descartó sea debatida en el futuro
El flamante canciller confirmó por Radio 10 que la inclusión de Brasil en el monitoreo del Río Uruguay y la pastera Botnia no está comprendida en la propuesta que la Argentina acercó a Uruguay, ni en la agenda de política exterior del país.
Señaló que la inclusión de ese país no está comprendida en el fallo de La Haya y de ser pedida será definida por los presidentes de Uruguay y la Argentina.
"Hoy me reúno con el canciller brasileño y no figura en la agenda el fallo de La Haya", ejemplificó.
Timerman habló por Radio 10 sobre la reunión que mantuvo en Montevideo con el presidente José Mujica y su par uruguayo Luis Almagro.
Expuso que la propuesta argentina para el monitoreo conjunto del Río Uruguay fue bien acogida por el gobierno uruguayo y se mostró confiado en que el conflicto binacional "se va a resolver".
"O los uruguayos y los argentinos resolvemos el conflicto a beneficio de ambos o va a ser en contra de ambos", subrayó Timerman por Radio 10 y agregó que la presencia de Mujica no estaba prevista pero "fue un buen gesto" del gobierno uruguayo.
Si bien se negó a dar detalles de la propuesta que llevó a Montevideo, para que la misma sea analizada con tranquilidad por el gobierno, explicó que se realizó en base al fallo del Tribunal de La Haya y que propone una solución "en base a la ciencia" donde el monitoreo sea realizado por científicos y no por gobiernos.
Agregó que recién en una semana se conocerá la respuesta uruguaya que podrá incluir observaciones y propuestas. "No puede ser que uno gane y el otro pierda, el beneficio es para los dos o para ninguno", subrayó el canciller.
Por otro lado, señaló que corresponde al Ministerio del Interior expedirse sobre el levantamiento de la querella que exigen los piqueteros de Gualeguaychú.
Triplicaron los casos de leucemia en cinco años
Denuncian que se triplicaron los casos de leucemia en cinco años
Fecha de Publicación: 29/06/2010
Fuente: Informe Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Un médico de Basavilbaso criticó al titular de Medioambiente de la Provincia por "reconocer tardíamente que no hay laboratorios para análisis toxicológicos". Dijo que se triplicaron en cinco años los casos de leucemia por agropquímicos.
El Dr. Roberto Lescano criticó al Secretario de Medio Ambiente, Ingeniero Fernando Raffo porque “tardíamente reconoce que no hay laboratorios en la provincia para hacer análisis toxicológicos”. Le endilgó al funcionario haber dicho “falencias” durante mucho tiempo, y además de no permitirle acceder a información pública que le requirió hace más de un mes. El médico advirtió que en los últimos cinco años aumentó de manera exponencial el número de casos de leucemia y que no tiene dudas que esto se relaciona con los agrotóxicos.
“La verdad puede doler pero no deja de ser verdad y siempre he hablado sobre los que han hecho mala aplicación o abuso afectando a personas, priorizando más el interés económico que la salud de los vecinos”, se apresura en decir el Dr. Roberto Lescano. El médico oriundo de Basavilbaso opina que debe darse un debate por el tema del monocultivo y el uso de agroquímicos, que requiere de una pronta definición en el marco de las políticas de Estado.
Lescano está preocupado por el aumento de enfermedades oncohematológicas y malformaciones.
“Mi presencia en los medios es al solo efecto de alertar a la comunidad para que se interiorice, y se comprometa ante la problemática que representa para la salud humana el uso de agrotóxicos”, dice el profesional para quién está demostrado y “cada día es más evidente” la “ausencia total del Estado” en cuanto a la defensa de la salud de las personas. Además apuntó contra los funcionarios que “distraen con verdades a media” o con “falsedades”. “Lo que está pasando es grave, y no sólo en nuestra provincia”, advierte.
Lescano denunció que las autoridades “hacen la mirada para el costado” ante los resultados contundentes de estudios científicos y epidemiológicos que demuestran lo que pasa con los efectos de la aplicación de agroquímicos.
“Hay fallos judiciales que ratifican esto y en hora buena que se esté empezando a aplicar el Principio Precautorio”, dice más adelante con la esperanza que la historia pueda cambiar a partir de esto. Luego cita la demanda penal del grupo denominado “Las Madres de Ituzaingó”, de la provincia de Córdoba, que después de más de 8 años de lucha judicial, logró llevar a juicio a ex funcionarios municipales, provinciales y productores/aplicadores para que respondan por daños provocados, situación que precipitó que la Presidente, Cristina Kirchner firmara en forma urgente el Decreto 21/2009 mediante el cual crea la comisión para investigar el impacto de los agroquímicos en la salud humana.
El profesional de Basavilbaso criticó las recientes declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Ingeniero Fernando Raffo, porque “tardíamente reconoce que no hay laboratorios en la provincia para hacer análisis toxicológicos”. Y le endilga al funcionario haber dicho “falacias” durante mucho tiempo.
Por otra parte el Dr. Lescano dijo que el 14 de mayo, en el marco de derecho a acceder a la información pública, establecida por el Decreto 1169/05 y su reglamentación, hizo un pedido de copia del Expediente 5553883 que contiene el último episodio de mortandad de peces en el arroyo Calá y que hasta la fecha no fue respondido a pesar de que los plazos legales están vencidos. “Se está violando una norma”, se quejó, pero aún más señaló que el Ingeniero Raffo “dijo falsedades sobre el episodio, lo cual es sumamente preocupante. ¿Qué confianza le podemos tener?”.
Lescano dice que para corroborar lo que está pasando con la salud de la población “hay que revisar las estadísticas del hospital de niños de Paraná, ver las estadísticas sobre malformaciones y el aumento de enfermedades oncohematológicas ,y recabar información en los centros oncológicos donde se pueden sacar perfectamente las estadísticas de los últimos diez años, ver el incremento y la relación que hay entre los agrotóxicos y los distintos tipos de cáncer”. Haciendo una mirada sobre la realidad local el profesional advierte que en los últimos cinco años aumentó de manera exponencial el número de casos de leucemia, “se han triplicado, afirma y “no hay ninguna duda que los casos están relacionados con los agrotóxicos”, y se apresura en aclarar que “no tenés que estar debajo de un aplicador para que te afecten los químicos...todos estamos bombardeados”, enfatizó al tiempo que advierte que producen “efecto acumulativo y en el tiempo provocan enfermedades oncológicas”.
Fecha de Publicación: 29/06/2010
Fuente: Informe Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Un médico de Basavilbaso criticó al titular de Medioambiente de la Provincia por "reconocer tardíamente que no hay laboratorios para análisis toxicológicos". Dijo que se triplicaron en cinco años los casos de leucemia por agropquímicos.
El Dr. Roberto Lescano criticó al Secretario de Medio Ambiente, Ingeniero Fernando Raffo porque “tardíamente reconoce que no hay laboratorios en la provincia para hacer análisis toxicológicos”. Le endilgó al funcionario haber dicho “falencias” durante mucho tiempo, y además de no permitirle acceder a información pública que le requirió hace más de un mes. El médico advirtió que en los últimos cinco años aumentó de manera exponencial el número de casos de leucemia y que no tiene dudas que esto se relaciona con los agrotóxicos.
“La verdad puede doler pero no deja de ser verdad y siempre he hablado sobre los que han hecho mala aplicación o abuso afectando a personas, priorizando más el interés económico que la salud de los vecinos”, se apresura en decir el Dr. Roberto Lescano. El médico oriundo de Basavilbaso opina que debe darse un debate por el tema del monocultivo y el uso de agroquímicos, que requiere de una pronta definición en el marco de las políticas de Estado.
Lescano está preocupado por el aumento de enfermedades oncohematológicas y malformaciones.
“Mi presencia en los medios es al solo efecto de alertar a la comunidad para que se interiorice, y se comprometa ante la problemática que representa para la salud humana el uso de agrotóxicos”, dice el profesional para quién está demostrado y “cada día es más evidente” la “ausencia total del Estado” en cuanto a la defensa de la salud de las personas. Además apuntó contra los funcionarios que “distraen con verdades a media” o con “falsedades”. “Lo que está pasando es grave, y no sólo en nuestra provincia”, advierte.
Lescano denunció que las autoridades “hacen la mirada para el costado” ante los resultados contundentes de estudios científicos y epidemiológicos que demuestran lo que pasa con los efectos de la aplicación de agroquímicos.
“Hay fallos judiciales que ratifican esto y en hora buena que se esté empezando a aplicar el Principio Precautorio”, dice más adelante con la esperanza que la historia pueda cambiar a partir de esto. Luego cita la demanda penal del grupo denominado “Las Madres de Ituzaingó”, de la provincia de Córdoba, que después de más de 8 años de lucha judicial, logró llevar a juicio a ex funcionarios municipales, provinciales y productores/aplicadores para que respondan por daños provocados, situación que precipitó que la Presidente, Cristina Kirchner firmara en forma urgente el Decreto 21/2009 mediante el cual crea la comisión para investigar el impacto de los agroquímicos en la salud humana.
El profesional de Basavilbaso criticó las recientes declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Ingeniero Fernando Raffo, porque “tardíamente reconoce que no hay laboratorios en la provincia para hacer análisis toxicológicos”. Y le endilga al funcionario haber dicho “falacias” durante mucho tiempo.
Por otra parte el Dr. Lescano dijo que el 14 de mayo, en el marco de derecho a acceder a la información pública, establecida por el Decreto 1169/05 y su reglamentación, hizo un pedido de copia del Expediente 5553883 que contiene el último episodio de mortandad de peces en el arroyo Calá y que hasta la fecha no fue respondido a pesar de que los plazos legales están vencidos. “Se está violando una norma”, se quejó, pero aún más señaló que el Ingeniero Raffo “dijo falsedades sobre el episodio, lo cual es sumamente preocupante. ¿Qué confianza le podemos tener?”.
Lescano dice que para corroborar lo que está pasando con la salud de la población “hay que revisar las estadísticas del hospital de niños de Paraná, ver las estadísticas sobre malformaciones y el aumento de enfermedades oncohematológicas ,y recabar información en los centros oncológicos donde se pueden sacar perfectamente las estadísticas de los últimos diez años, ver el incremento y la relación que hay entre los agrotóxicos y los distintos tipos de cáncer”. Haciendo una mirada sobre la realidad local el profesional advierte que en los últimos cinco años aumentó de manera exponencial el número de casos de leucemia, “se han triplicado, afirma y “no hay ninguna duda que los casos están relacionados con los agrotóxicos”, y se apresura en aclarar que “no tenés que estar debajo de un aplicador para que te afecten los químicos...todos estamos bombardeados”, enfatizó al tiempo que advierte que producen “efecto acumulativo y en el tiempo provocan enfermedades oncológicas”.
Avanzan proyectos de energía renovable
Avanzan proyectos de energía renovable
Fecha de Publicación: 29/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional, a través de Enarsa, preadjudicará mañana los proyectos presentados por empresas para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, los que permitirán sumar más de 1400 MW a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), según cálculos oficiales.
Las 22 ofertas presentadas el pasado 14 de diciembre para la ejecución de 49 proyectos, que producirían en conjunto unos 1461 megavatios, el equivalente a 6,67% de la capacidad instalada del país, superaron ampliamente el objetivo inicial de 1015 MW que había sido fijado por el Gobierno. La mayor parte de la oferta se concentró en proyectos de energía eólica (con un total de 1203 MW), a los que siguieron los de biocombustibles (155,4 MW), biomasa (54,1MW), pequeñas centrales hidroeléctricas (12,7 MW), energía solar (22,5MW) y desarrollos de biogás (14 MW).
La ley 26.190, que estableció el régimen de fomento para el uso de fuentes renovables de energía, determina que en diez años el 8% del consumo eléctrico del país tiene que ser abastecido a partir de fuentes de energías renovables.
Estos proyectos se encuadran dentro del programa Genren, que prevé el desarrollo de energías "amigables" con el ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la diversificación de la matriz energética, la promoción de las economías regionales y el desarrollo de la industria nacional.
Potenciales beneficiarios
El proceso licitatorio fue encomendado por el Ministerio de Planificación Federal a la empresa estatal de energía Enarsa, que será además la responsable de colocar la nueva energía en el mercado eléctrico argentino, a través de contratos a 15 años de plazo.
En el Gobierno confían en que los emprendimientos tendrán un impacto positivo, especialmente en poblaciones alejadas de las grandes redes de transporte de energía y en aquellas con muy baja demanda de electricidad, por su reducida población.
Fecha de Publicación: 29/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional, a través de Enarsa, preadjudicará mañana los proyectos presentados por empresas para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, los que permitirán sumar más de 1400 MW a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), según cálculos oficiales.
Las 22 ofertas presentadas el pasado 14 de diciembre para la ejecución de 49 proyectos, que producirían en conjunto unos 1461 megavatios, el equivalente a 6,67% de la capacidad instalada del país, superaron ampliamente el objetivo inicial de 1015 MW que había sido fijado por el Gobierno. La mayor parte de la oferta se concentró en proyectos de energía eólica (con un total de 1203 MW), a los que siguieron los de biocombustibles (155,4 MW), biomasa (54,1MW), pequeñas centrales hidroeléctricas (12,7 MW), energía solar (22,5MW) y desarrollos de biogás (14 MW).
La ley 26.190, que estableció el régimen de fomento para el uso de fuentes renovables de energía, determina que en diez años el 8% del consumo eléctrico del país tiene que ser abastecido a partir de fuentes de energías renovables.
Estos proyectos se encuadran dentro del programa Genren, que prevé el desarrollo de energías "amigables" con el ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la diversificación de la matriz energética, la promoción de las economías regionales y el desarrollo de la industria nacional.
Potenciales beneficiarios
El proceso licitatorio fue encomendado por el Ministerio de Planificación Federal a la empresa estatal de energía Enarsa, que será además la responsable de colocar la nueva energía en el mercado eléctrico argentino, a través de contratos a 15 años de plazo.
En el Gobierno confían en que los emprendimientos tendrán un impacto positivo, especialmente en poblaciones alejadas de las grandes redes de transporte de energía y en aquellas con muy baja demanda de electricidad, por su reducida población.
Entrega de CFK ante la Barrick en Canadá
La Presidenta prometió a los canadienses que la ley minera del menemismo no se tocará
Fecha de Publicación: 28/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo dijo hoy el gobernador riojano Luis Beder Herrera, quien la acompañó en la gira. La Ley otorga apenas 3% de regalías y exime de impuestos a las empresas. Aseguran que habrá una “explosión” de desarrollos mineros canadienses.
El gobernador riojano Luis Beder Herrera evaluó hoy como "muy positiva" la visita de la presidenta Cristina Fernández a Canadá, de la que formó parte, durante la cual la delegación argentina mantuvo reuniones con empresarios mineros, y vaticinó un "desarrollo explosivo" de esa cuestionada industria.
Durante el viaje, la jefa de Estado ratificó ante directivos de varias mineras con intereses en el país, que no habrá cambios en la legislación del sector dictadas durante el gobierno de Carlos Menem y que establece para las provincias un 3 por ciento en regalías.
La semana pasada, antes de viajar a Canadá con la mandataria, Herrera había afirmado que ese porcentaje "no nos conforma porque las provincias somos las dueñas de los recursos naturales y por ese porcentaje no vamos a explotarlos".
El gobernador riojano fue invitado a formar parte de la comitiva presidencial que participó de la reunión del Grupo de los 20, junto a sus pares de Salta, Juan Manuel Urtubey; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Jujuy, Walter Barrionuevo y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Allí, la Presidenta insistió en que "no" cambiarán las reglas de juego para las multinacionales mineras, al entrevistarse en Canadá con representantes de Barrick Gold y otras empresas del sector.
En ese sentido, garantizó a los directivos de empresas de primer nivel de Canadá que "no serán tocadas en absoluto" las leyes que rigen las inversiones en el país.
Herrera, al regresar al país, vaticinó, a través de un parte oficial de la gobernación, que la minería en Argentina tendrá "un desarrollo explosivo" porque, al menos en La Rioja "se comprometieron varias empresas a visitarnos" y "tarde o temprano las empresas van a llegar" porque necesitan de los recursos mineros que posee el país.
Además, el gobernador manifestó que "en Canadá valoran mucho el Gobierno de Cristina y que se haya recuperado el país de la manera que lo hizo".
Sostuvo que al gobierno nacional lo "contrastan con el resto del mundo, porque en nuestro país hay superávit, ventas, la Argentina impresiona y nuestra Presidente vende muy bien al país", por lo cual "ahora se abre la posibilidad de conseguir créditos internacionales más baratos"
Fecha de Publicación: 28/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo dijo hoy el gobernador riojano Luis Beder Herrera, quien la acompañó en la gira. La Ley otorga apenas 3% de regalías y exime de impuestos a las empresas. Aseguran que habrá una “explosión” de desarrollos mineros canadienses.
El gobernador riojano Luis Beder Herrera evaluó hoy como "muy positiva" la visita de la presidenta Cristina Fernández a Canadá, de la que formó parte, durante la cual la delegación argentina mantuvo reuniones con empresarios mineros, y vaticinó un "desarrollo explosivo" de esa cuestionada industria.
Durante el viaje, la jefa de Estado ratificó ante directivos de varias mineras con intereses en el país, que no habrá cambios en la legislación del sector dictadas durante el gobierno de Carlos Menem y que establece para las provincias un 3 por ciento en regalías.
La semana pasada, antes de viajar a Canadá con la mandataria, Herrera había afirmado que ese porcentaje "no nos conforma porque las provincias somos las dueñas de los recursos naturales y por ese porcentaje no vamos a explotarlos".
El gobernador riojano fue invitado a formar parte de la comitiva presidencial que participó de la reunión del Grupo de los 20, junto a sus pares de Salta, Juan Manuel Urtubey; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Jujuy, Walter Barrionuevo y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Allí, la Presidenta insistió en que "no" cambiarán las reglas de juego para las multinacionales mineras, al entrevistarse en Canadá con representantes de Barrick Gold y otras empresas del sector.
En ese sentido, garantizó a los directivos de empresas de primer nivel de Canadá que "no serán tocadas en absoluto" las leyes que rigen las inversiones en el país.
Herrera, al regresar al país, vaticinó, a través de un parte oficial de la gobernación, que la minería en Argentina tendrá "un desarrollo explosivo" porque, al menos en La Rioja "se comprometieron varias empresas a visitarnos" y "tarde o temprano las empresas van a llegar" porque necesitan de los recursos mineros que posee el país.
Además, el gobernador manifestó que "en Canadá valoran mucho el Gobierno de Cristina y que se haya recuperado el país de la manera que lo hizo".
Sostuvo que al gobierno nacional lo "contrastan con el resto del mundo, porque en nuestro país hay superávit, ventas, la Argentina impresiona y nuestra Presidente vende muy bien al país", por lo cual "ahora se abre la posibilidad de conseguir créditos internacionales más baratos"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios