Chaco y Corrientes acuerdan un control de pesca y buscan sumar a Formosa y Paraguay

Fecha de Publicación: 06/03/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes


Agustín Portela confirmó a El Litoral que hay coincidencias en las normas a aplicar.
El director de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes, Agustín Portela, confirmó a El Litoral que lograron ponerse de acuerdo con las autoridades de Chaco para la fiscalización conjunta de la pesca comercial y deportiva. Buscan ahora sumar a Formosa y Paraguay.
“Logramos ponernos de acuerdo en las normas. Las medidas de las redes y los días de pesca y veda. Hasta fiscalizamos juntos. Trabajamos mucho y ahora queremos que se sumen Formosa y Paraguay. La idea es realizar una reunión en la Isla del Cerrito, a la que asistan todos: hoteleros, guías de pesca, operadores turísticos y avanzar en un acuerdo general”, detalló Portela.
“No es fácil reunir a todos. Estamos tratando de coincidir en una agenda y eso lleva tiempo, pero la intención está”, agregó.
“Desde que asumí, hace ya un año, hemos trabajado en conjunto con las autoridades chaqueñas”, develó Portela.
En tanto, las autoridades de Chaco aseguraron que avanzaron en una unificación de criterios de fiscalización de pesca y monitoreo de fauna con Corrientes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible informó que se reunió con la Dirección de Recursos Naturales de esta provincia para dialogar sobre trabajos conjuntos en la cuenca del Paraná.
El subsecretario de Ambiente y Biodiversidad, Tomás Camarasa, y el coordinador de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), Marcelo Churín, realizaron una reunión con los representantes de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes con el fin de avanzar en la unificación de criterios del régimen pesquero de ambas provincias y poner en común la experiencia de cada jurisdicción.
Churín detalló que los criterios de diálogo pasan por dos temáticas: el monitoreo de fauna íctica y la fiscalización y control. “En el monitoreo somos pioneros como provincia del Chaco y la ex Dirección de Fauna con su equipo de biólogos tiene estudios de hace más de 15 años en todo lo que es la fauna íctica de la cuenca y, por sobre todas las cosas, la provincia. Estas reuniones ameritan que esto se intensifique y los resultados son muy buenos”, explicó.
El coordinador de la BOA mencionó que estos intercambios además sirven para unificar criterios para mesas nacionales e internacionales de las que son parte ambas provincias, como la Comisión de Pesca Intercontinental y la Comisión Internacional de Pesca con Paraguay. “En estas cuestiones trabajamos y ahora se intensificó mucho la labor científica y técnica de lo que es la fauna íctica”, dijo.
En tanto, en lo que respecta a la fiscalización y medidas de pesca señaló que las reuniones, que son periódicas con la dirección correntina, evalúan el trabajo de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) con los inspectores de fauna de Corrientes y Formosa. “Empezamos a compartir criterios en estas cosas en medidas, medidas de redes para explotación de pesca comercial, la pesca deportiva, la unificación de licencias, vedas, semaforización y actividades con las barras de pescas”, mencionó.
Churín además insistió en que uno de los temas de más importancia es la “concientización e información de los pescadores deportivos con devolución que visitan nuestras provincias”. “Corrientes tiene mucho trabajo con el turismo y nosotros también lo estamos haciendo con la Isla del Cerrito y todo el margen del Paraná”, insistió.
La provincia de Chaco posee una semaforización de veda de pesca. “Sigue vigente, estamos con veda restringida y veda extendida. Tenemos la altura de los ríos de acuerdo al kilómetros de Barranqueras”, cerró al respecto el funcionario provincial.
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Informe sobre la pesca ilegal china en Argentina: advierten por un saqueo que podría agotar la presencia de especies

Fecha de Publicación: 11/01/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país asiático no sanciona a aquellos barcos que rompen el límite de la milla 200 y entran en las aguas nacionales. Las características del suelo marítimo en esa zona permiten técnicas sencillas para capturar calamares, poniendo en peligro a su población
A pesar de los múltiples reclamos internacionales y del trabajo de la Armada para intentar evitarlo, cientos de buques chinos continúan pescando ilegalmente en el mar argentino y su accionar representa un saqueo que podría agotar la presencia del calamar dientuso en la zona.
Así lo revela un informe publicado por el sitio InSight Crime, que forma parte de una serie de reportes sobre la pesca no reglamentada, que se elaboró en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS).
El estudio da cuenta de la actividad que los barcos del país asiático realizan a unas 201 millas marítimas de la costa, en el límite de la línea de Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde es territorio de aguas internacionales y capturan toneladas de calamar.
Sin embargo, tal como detalló Infobae en varias oportunidades, cientos de estos navíos utilizan diferentes maniobras para traspasar ese límite y continuar pescando más allá del área permitida, sin que las autoridades chinas implementen ninguna sanción efectiva hasta el momento.
“Muchos hablan de una ciudad flotante, pero por el ruido y las luces yo la veo más como un juego de aspiradoras dentro de una máquina gigante”, explicó al mencionado medio un experto pesquero argentino que pidió permanecer en el anonimato por su trabajo en el sector.
De acuerdo con Daniel Coluccio, jefe del Observatorio Marítimo Naval de Argentina, “más allá de la milla 200 no hay control” y estos barcos aprovechan para pescar allí “lo que pueden día y noche”, por lo que consideró que “en algún momento el recurso va a disminuir”.
En este sentido, el especialista comentó que, por ejemplo, cuando escucha la radio en el mar, le llega una gran variedad de idiomas: portugués, ruso y, sobre todo, chino. “Realmente uno no sabría si estás a 300 kilómetros de Argentina o a 300 kilómetros de China”, señaló.
En esta misma línea, el informe también cita un estudio de la ONG Oceana, que indica que la mitad de las capturas mundiales de calamar dientuso provienen de aguas argentinas, por lo que la pesca ilegal podría estar afectando a su población.
Al respecto, advirtieron que, sumado a que esta especie tiene un ciclo de vida muy corto, la sobreexplotación de sus ejemplares más jóvenes podría hacer que su presencia en esta zona disminuya o incluso que se agote.
Por otra parte, Coluccio detalló que la extensa plataforma marina de la Argentina proporciona zonas de alimentación fértiles para la vida debajo del agua y, además, tiene una profundidad relativamente poco profunda de 200 metros.
En este lugar, donde suele haber grandes cantidades de plancton, prosperan el bacalao del sur, también conocido como merluza negra, la langosta, el calamar y otras valiosas especies.
Además, esta condición facilita el trabajo de los buques, que pueden utilizar métodos fáciles para atrapar a los peces: “Nadie pescaría con una red de arrastre a 5.000, 6.000 metros, pero a 200, 250 metros, sí”, dijo Coluccio.
Asimismo, el portal detalló que estos navíos apagan regularmente sus sistemas de identificación automática (AIS), que transmiten la identidad y la posición, para así poder ingresar a la ZEE argentina si ser detectados ni dejar rastros, lo cual es ilegal.
Según datos de Oceana, basados en registros satelitales, alrededor de 433 embarcaciones con bandera china pescaron entre enero de 2018 y abril de 2021 durante 679.067 horas a lo largo de ese límite y desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4.000 veces.
“Argentina simplemente no puede vigilarlo”, lamentó Coluccio a InSight Crime, que también recordó algunos episodios en los que la Armada intentó interceptar a algunos de estos infractores e incluso tuvo que disparar contra ellos por la negativa de estos de acatar las órdenes.
“No hay autoridad para aplicar porque no hay ley, no hay límites claros. El vacío legal da lugar a un montón de barcos sin escrúpulos y sin ningún tipo de seguimiento, especialmente chinos, que hacen lo que quieren”, cuestionó el Dr. Rodolfo Werner, asesor principal de Argentina para la Coalición Antártica y del Océano Austral, una alianza internacional de organizaciones que trabajan en la conservación de las especies.
Por su parte, según publicó InSight Crime, las autoridades chinas son conocidas por no vigilar la flota de su país que opera en aguas distantes, a pesar de que la ley marítima internacional dice que deben hacerlo, y solamente afirmó imponer sanciones y normas más estrictas, endureciendo los requisitos de informes de transbordo y prohibiendo la pesca de calamar fuera de temporada, lo cual no se estaría cumpliendo.
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Nuevas medidas para que los buques reduzcan la contaminación por desechos de pesquería

Fecha de Publicación: 31/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Entre ellas, se destaca la reglamentación publicada hoy en Boletín Oficial que fortalece el control de los residuos pesqueros en las costas marinas.
En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para controlar los residuos pesqueros, el Gobierno nacional publicó hoy en Boletín Oficial la Disposición 28/2022 que establece a propietarios o locatarios de buques pesqueros contar a bordo con herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que floten caídos al mar.
A través de esta medida será obligatoria la presencia de grampines y bicheros a bordo para facilitar la recuperación de las artes de pesca y cajones que caen al mar, siempre que queden flotando en la superficie. Si bien la actividad pesquera no constituye una de las principales fuentes de contaminación marina por plásticos, su uso directo en el ecosistema acuático exige tomar acciones al respecto para fortalecer la preservación de la biodiversidad marina. Los elementos de pesca abandonados o descartados pueden alterar los fondos marinos y el ambiente oceánico, así como generar dificultades para la seguridad de la navegación.
La disposición fue aprobada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entrará en vigencia a los 30 días de la publicación mencionada. A partir de esa fecha, todas las embarcaciones que salgan a mareas bajo jurisdicción nacional y en el área adyacente a la zona económica exclusiva, estarán obligadas a llevar a bordo herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que queden flotando en la superficie del mar.
La medida es el resultado de un trabajo articulado que lleva adelante el titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, junto con el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y diversas ONG ambientales.
Cabe recordar que la cartera ambiental de la Nación realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 jornadas de inspección vinculadas a la limpieza de residuos de la industria pesquera en Península Valdés.
También se inició un esquema de recolección de desechos en distintas zonas de playa Cormoranes, ubicada en la mencionada península, que contó con la colaboración de personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA), de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y la Administración de Parques Nacionales —todos ellos, organismos que forman parte de la cartera nacional de Ambiente—; de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut; y de la Fundación Vida Silvestre, entre otras ONG.
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Argentina busca consenso internacional para proteger la biodiversidad del Atlántico Sur

Fecha de Publicación: 06/12/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


En Hobart, Australia, se llevó a cabo la 41ª reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en la que nuestro país impulsó la defensa de los stocks de merluza negra y otras especies en peligro en las aguas antárticas y sus adyacencias.
La Argentina busca consensos internacionales para regular en parámetros sostenibles la actividad pesquera al sur de las Islas Georgias del Sur, donde la ocupación ilegal del Reino Unido otorgó permisos para pesca de merluza negra sin el necesario acuerdo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), mientras que en simultáneo trabaja para armonizar la pesca de krill al norte de la Península Antártica con el proyecto de Área Marina protegida que impulsa junto a Chile para esa región.
Diplomáticos y científicos argentinos viajaron en noviembre a la ciudad australiana de Hobart, sede de la CCRVMA, para participar de la 41º reunión de ese mecanismo multilateral creado para proteger la biodiversidad de las aguas antárticas y sus adyacencias.
Ese encuentro fue el primero en el que las delegaciones de los 26 países miembros, la Unión Europea y los 10 adherentes volvieron a verse cara a cara después de dos años de gestiones virtuales a causa de la pandemia de Covid-19.
En ese ámbito, la Argentina trabaja para proteger los stocks de merluza negra en el Atlántico Sur, afectados por la decisión unilateral del Reino Unido de otorgar permisos de pesca en aguas sobre las que los reglamentos de CCRVMA no le reconocen derechos soberanos y en donde el consenso del resto de los integrantes de este mecanismo multilateral es el de evitar la actividad pesquera sin establecer antes medidas de protección para la biodiversidad marina.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, afirmó en diálogo con Télam que "lo que en estos momentos sucede con la pesca de merluza negra al sur de las Islas Georgias es un episodio que da cuenta de la situación crítica de CCRVMA como ámbito multilateral porque estamos ante una flagrante violación de este mecanismo por parte del Reino Unido".
El director de Política Exterior Antártica, Fausto López Crozet, que participó de la reunión en Hobart, indicó a Télam que "el Tratado Antártico alcanza todo al sur del paralelo 60, pero CCRVMA lo que busca es seguir la convergencia antártica que es el área donde chocan las aguas más frías del sur con las más cálidas del norte y crean todo un ecosistema específico; entonces en el caso de la zona de las Islas Georgias del Sur alcanza las aguas que las rodean lo mismo que a las Islas Sandwich del Sur".
"Todos los países que forman parte del sistema de CCRVMA reconocen su funcionamiento, dentro del sistema hay islas que pertenecen a Francia, otras que pertenecen a Australia, otras de Noruega y en todas en las que hay una soberanía reconocida por todos los integrantes cada país puede aplicar normas nacionales, mientras que el único caso en el que no se pueden aplicar medidas nacionales es en las Islas Georgias del Sur porque ahí no hay una soberanía de estado reconocida por todos porque el Reino Unido no reconoce nuestra soberanía y Argentina junto a otros países no reconoce la del Reino Unido", señaló.
El funcionario recordó que "hace 40 años que para administrar la pesca en las Islas Georgias del Sur se trabaja con el régimen de la CCRVMA, los franceses o los australianos pueden tomar medidas unilaterales en sus islas, pero el Reino Unido no puede hacer lo mismo en las nuestras".
López Crozet señaló que el conflicto surge "el año pasado cuando Rusia no dio consenso para que hubiese una medida de conservación que determine los límites de captura en esa zona con lo que el entendimiento del resto de los miembros de CCRVMA era que si no había consenso en medidas de conservación no se podía pescar, sin embargo, los británicos consideraron que por su pretensión de soberanía podían tomar medidas unilaterales y se largaron a pescar ellos solos".
"Los que estaban pescando ahí, que eran Uruguay, Chile y Nueva Zelanda dejaron de hacerlo porque entendieron que no había medida de conservación que lo habilite e incluso Estados Unidos, principal importador de merluza negra, no aceptó importaciones provenientes de esa área porque no había medida de conservación multilateral que valide la pesca", contrastó.
El diplomático añadió que "en esa zona quedaron operando cuatro buques pesqueros de bandera británica financiados por capitales británicos y noruegos, no es casual que en la reunión el único país miembro que salió a apoyar al Reino Unido fue Noruega, a la que en la segunda semana se le sumo Ucrania de manera sorpresiva".
"En CCRVMA todas las decisiones se toman por consenso, tanto Argentina como otros países entendieron que lo que estaba haciendo el Reino Unido era pesca ilegal y mandamos los buques a la lista provisional de pesca ilegal, hay un procedimiento en el que señalamos que hubo un incumplimiento de grado 3, el más grave y los únicos que se opusieron fueron el Reino Unido y Noruega; pero como la decisión solo es por consenso y tienen que estar todos de acuerdo no hubo sanción contra el Reino Unido", agregó.
Respecto de las posibles sanciones, el funcionario apuntó: "mandamos notas durante todo el año a la secretaría de CCRVMA contando la situación, hablamos con los principales importadores y la mayoría de los países tienden a tener la posición nuestra; hay un sistema de documentación de captura y pedimos que los británicos no tengan acceso, pero como es por consenso tampoco se pudo, por eso estamos hablando con los importadores para pedirles que no les compren".
Lo que ofrece la Argentina, explicó Carmona, es organizar una campaña científica para analizar el stock de merluza negra en la zona y sobre la base de ese conocimiento científico avanzar en el ámbito de la CCRVMA con las medidas de conservación que sean necesarias.
"El Instituto Nacional de Investigación Pesquera (Inidep) hace años que investiga en esa misma zona los stocks de peces de hielo, así que sumar a esa experiencia la tarea de monitorear la merluza negra sería una herramienta para regresar la situación al mecanismo de gestión multilateral", destacó.
En ese sentido, Carmona remarcó que "la objeción planteada por Rusia no habilitaba al Reino Unido a romper las reglas del juego, los británicos vulneraron ese principio que tanto mentan del 'orden internacional basado en reglas' y además de romper con la lógica de CCRVMA también violan la resolución de Naciones Unidas que prohíbe acciones unilaterales en un área donde hay una disputa de soberanía".
"Argentina está comprometida históricamente con las reglas del multilateralismo y esa consistencia y previsibilidad la convierte en un factor de estabilidad en el sistema del Tratado Antártico y también en CCRVMA; alentamos los consensos, rechazamos medidas unilaterales y manifestamos preocupación por la degradación de ámbitos multilaterales por las tensiones geopolíticas", finalizó el funcionario.
La delegación argentina en Hobart estuvo presidida por López Crozet, y conformada por el Embajador argentino en la Mancomunidad de Australia, Máximo Gowland, la Consejera Cynthia Mulville, el Secretario Javier de Cicco, la licenciada Paola Gucioni, así como las científicas Marina Abas y Emilce Rombolá, entre otros científicos y científicas de la Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino, y el experto Enrique Marschoff.
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Ambientalista advierte sobre la depredación de peces en el Río Paraná

Fecha de Publicación: 18/04/2022
Fuente: Diario El Libertador
Provincia/Región: Corrientes


El activista ambiental Luis Martínez advirtió, a través de sus redes sociales, por la depredación del Río Paraná. En la última semana se realizaron procedimientos donde se incautaron pescados capturados ilegalmente. En comunicación con EL LIBERTADOR, se lamentó por el uso de medidas que considera «viejas» para intentar frenar esta problemática.
El primero de estos operativos se realizó en Manuel Derqui, departamento de Empedrado. Allí se decomisaron 500 kilos de pescados, 21 surubíes y 2 manguruyúes. “El manguruyú está en peligro de extinción, por lo que está totalmente su pesca y captura”, resaltó el activista.
Por otro lado, en Goya y Bella Vista se realizaron otras diligencias donde se requisaron peces capturados con mallones, lo que está prohibido en dichas zonas.
“Venimos teniendo el mismo panorama, el mismo escenario, desde hace dos años, donde se viene realizando una pesca extractivista, de depredación”, se lamenta Martínez, agregando que “no se toman en cuenta las consecuencias que esto podría traer a futuro”.
“Nuestra fauna íctica ha atravesado un periodo de sequía, en el que el caudal no permitió su desplazamiento ni su reproducción, por lo que la población de especies del Río Paraná ha descendido en el último tiempo”, indicó. “No sabemos en qué condiciones están nuestros dorados, nuestros surubíes, nuestros manguruyúes, especies importantes para el río”, continuó.
“Está bien que se hagan las incautaciones, pero creo que no es la forma, es un método muy viejo y debemos modernizarnos”, expresó. Resaltó, además, la importancia de ir “hacia un uso más sostenible de nuestros recursos naturales”, para lo que es fundamental velar por la fauna íctica.
“Es una problemática preocupante que no se le está dando su debida importancia”, concluyó el activista.
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Depredación pesquera: “El Estado se mantiene inactivo y no defiende nuestro mar”

Fecha de Publicación: 27/11/2021
Fuente: ANDigital
Provincia/Región: Nacional


El diputado nacional Alberto Asseff solicitó que el Gobierno “termine de subsidiar” a esta práctica. Expectativa por la Conferencia de la OMC en Ginebra.
Desde la bancada de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno que se brinde “información clara” sobre la marcha y resultados de la próxima Conferencia Ministerial que realizará la Organización Mundial de Comercio (OMC) la semana a realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximos, en Ginebra, Suiza.
Los legisladores Alberto Asseff, Jorge Enríquez, y Lidia Inés Ascarate, entre otros, quieren saber “si el Gobierno nacional incluirá en la redacción final del texto un acuerdo para prohibir y restringir las subvenciones y subsidios estatales para la pesca en gran escala”.
“Es un tema de fundamental interés para nuestro país, que sufre diariamente la depredación de sus recursos marítimos a manos de flotas pesqueras extranjeras que en muchos casos cuentan con el respaldo estatal de sus gobiernos para actuar, mientras que nuestro Estado se mantiene inactivo y no defiende nuestro mar”, disparó Asseff.
Así las cosas, el titular del Partido UNIR sostuvo que “es de suma importancia para nuestro país que se reglamente la subvención a la Pesca No Declarada y no Reglamentada (INRR) y ciertas formas de subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y sobrepesca de especies y que contempla también un trato diferenciado para los países en desarrollo y países menos adelantados”.
“Se estima que los resultados de las prácticas pesqueras depredatorias, no sólo ponen en riesgo de extinción a especies completas sino que también afectan la seguridad alimentaria de poblaciones menos adelantadas para las cuáles la pesca constituye un recurso nutricional esencial, así como también que sin dichos subsidios esas prácticas extractivas serían económicamente inviables. Por lo que es de suma necesidad para la Argentina que dicha situación se termine”, remató el parlamentario opositor.
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Gustavo Menna pide conocer la situación del calamar ante la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva

Fecha de Publicación: 25/06/2021
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional


Para ello, el diputado nacional de Chubut presentó un pedido de informes al Gobierno Nacional. Fundamentó el proyecto en la necesidad de que se respeten acuerdos internacionales, que el recurso se maneje de manera sustentable ambientalmente, y que se garantice la sostenibilidad de las economías regionales, en especial de la Patagonia.
El diputado nacional Gustavo Menna presentó un pedido de informes al Gobierno Nacional para que detalle la situación del recurso pesquero del calamar, en relación con las incursiones ilegales de la flota pesquera china en la Zona Económica Exclusiva y la pesca en el área adyacente.
Menna volvió a manifestar así su preocupación por el cuidado del recurso pesquero, con el foco puesto en la sustentabilidad ambiental de las capturas y en la necesidad de garantizar el desarrollo de las economías regionales argentinas, en especial de la Patagonia, a partir de esta industria.
El legislador chubutense contó en la presentación del proyecto de Resolución con el acompañamiento de los diputados Jorge Vara (Corrientes), Héctor Stefani (Tierra del Fuego), Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Juan Aicega (Buenos Aires), Alberto Asseff (Buenos Aires), Gustavo Hein (Entre Ríos), Mariana Zuvic (Santa Cruz) y José Cano (Tucumán).

Preocupación
“Vemos con preocupación la amenaza que significa para la pesca argentina en general y la pesca del illex argentinus en particular, el accionar de diversas flotas, pero especialmente la de bandera china, a la luz de la información que proviene de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, y que dan cuenta de prácticas reñidas con los convenios internacionales, afectando a la Argentina, a sus empresas y sus trabajadores”, dijo Menna al fundamentar el proyecto.
Agregó que la Argentina “cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global y para la economía de la Patagonia la actividad reviste una importancia crucial. Especialmente, el calamar constituye una de las capturas más relevantes”.
“No se trata de un tema menor -remarcó- en el marco de la situación económica imperante, que nos impone proteger más celosamente nuestros recursos, procurando que se encuentren disponibles en cantidad y calidad, de modo que la industria pesquera resulte sostenible”.
Y enfatizó que “la recuperación económica de nuestro país debe mirar también a las economías regionales, cooperando para que puedan sostenerse y ampliarse en beneficio de todos”.

El pedido de información
Entre los puntos del proyecto, Menna pidió a Nación conocer “si existe registro de las incursiones ilegales de pesqueros de bandera de la República Popular China a la Zona Económica Exclusiva argentina”, así como “si existen estimaciones del volumen de la pesca que la flota china realiza de la especie illex argentinus durante 2020 y los meses transcurridos de 2021, acompañando la documentación pertinente”.
En este sentido solicitó saber “si existen estudios oficiales sobre el impacto ambiental y de sustentabilidad del recurso illex argentinus”; y si “en el marco del compromiso internacional de la Argentina para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) se han planificado y/o ejecutado medidas, especialmente en relación a la pesca” del mencionado recurso.
Otros de los puntos de los cuales Menna solicitó el detalle es “si la Argentina ha efectuado ante China reclamos relativos a la pesca de calamar en el área adyacente a la milla 200”; así como el detalle de “las medidas ejecutadas y proyectadas para dar cumplimiento a la obligación de la República Argentina como estado ribereño, respecto de la conservación de las poblaciones de illex argentinus en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículo 63 inciso 2, y el artículo 22 de la Ley Federal Pesca, como así también informe si existen acuerdos en tal sentido” con China.
Para dejar en claro la preocupación por la conservación del recurso, el legislador solicitó conocer “el presupuesto aprobado y ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) durante 2020 y el transcurso de 2021” en relación con el calamar, “señalando con precisión las actividades e informes elaborados”. Y, por último, el detalle de “las actividades proyectadas por el INIDEP hasta fines de 2021, en relación al estado del illex argentinus, especialmente respecto al stock del recurso”, así como “el presupuesto necesario para realizar tales actividades y el presupuesto efectivamente asignado”.

Decisiones transparentes
Menna agregó entre los fundamentos del proyecto que “lograr el desarrollo sustentable es una manda constitucional, y como tal, debemos llevarla a la práctica con medidas concretas basadas en decisiones públicas transparentes e informadas”.
“No solo la Constitución sino también la Ley General del Ambiente (LGA) prescriben un enfoque que debe equilibrar las dimensiones ambiental, social y económica, y que por lo tanto requiere la aplicación -al menos- de los principios preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional”, indicó.
Además, finalizó, “de acuerdo a la LGA, la política ambiental nacional debe promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, mantener el equilibrio y dinámica de los ecosistemas y asegurar la conservación de la biodiversidad”.
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Potente campaña de pescadores deportivos solicitó la veda total a las provincias costeras

Fecha de Publicación: 16/06/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


Señalaron la falta de coordinación entre los gobiernos para tratar la extrema bajante y se sumaron al pedido de los ambientalistas de prohibir toda extracción de peces.     
Potente campaña de pescadores deportivos solicitó la veda total a las provincias costeras La Asociación de Pescadores del Litoral (Apdl) publicó ayer una carta de reclamo de políticas coordinadas con el propósito de proteger la biodiversidad del río Paraná ante la bajante extrema que persiste desde 2019. Criticaron la negativa de Corrientes a aplicar una veda de pesca total.
Solicitaron que “se quiten del río las redes y se prohíba cualquier tipo de extracción que genere un daño ambiental irreparable”. “También le pedimos a la sociedad civil que abra los ojos, es hora de movilizarse para defender nuestros recursos, esto dejó de ser un problema local para transformarse en algo de interés nacional que afecta nuestro desarrollo económico y social”, señalaron los pescadores deportivos indignados por la venta esta semana en Buenos Aires de especies protegidas.
También advirtieron que “se están licuando efluentes cloacales, desagües, químicos, pesticidas e infinidad de elementos contaminantes en el 40 % del caudal promedio, en el agua que toman más de cinco millones de argentinos”.
Apuntaron a la negativa del Ministerio de Turismo de Corrientes de modificar la veda extendida vigente. Una solicitud parecida a la de esta organización de pescadores la realizó semanas atrás el ambientalista Luis Martínez al gobernador correntino.
“No solo levantaron las medidas de veda extraordinarias que habían sido ejemplo, sino que permitieron que se siga desarrollando la pesca comercial; y ni el festival de matanzas ilegales que vio medio país siquiera sensibilizó a sus funcionarios”, manifestaron en relación al reclamo que hicieron los pescadores comerciales esta semana en la Capital Federal, que también fue rechazado por la Apdl por vender a precios económicos ejemplares de especies protegidas.

Coordinación
La misiva está dirigida al gobernador Gustavo Valdés, a Jorge Capitanich, de Chaco, a Omar Perotti, de Santa Fe, y a Gustavo Bordet, de Entre Ríos; así como a los funcionarios con responsabilidad directa en el cuidado de los recursos naturales en cada provincia, como Sebastián Slobayen, Pedro Cassani (h) y Carlos Bacqué en Corrientes; Marta Soneira, Marcelo Churin, María Lila Garrafa y Edgardo Wilcheski de Chaco; Erika Gonnet, Oreste Blangini y Gaspar Borra de Santa Fe; Juan José Bahillo, Lucio Amavet, Daniela García, Mariano Farall, Manuel Maza y Sebastián Vergara de Entre Ríos.
En cuanto a la gestión de la provincia de Chaco, los pescadores deportivos indicaron que son “funcionarios más abiertos al diálogo y comprometidos; más allá de todas las deficiencias que tienen en sus sistemas de controles y la falta de recursos, hay interés y compromiso”. A fines de mayo en Chaco la mesa pesquera decidió por consenso aplicar una veda total, pero tuvieron que dar marcha atrás ante los reclamos de la Asociación de Pescadores de Chaco (Asopecha). Una situación similar plantean los funcionarios correntinos: la pesca de los malloneros no daña en gran medida a la población de peces y es necesaria para la subsistencia cotidiana de los ciudadanos ribereños.
Este pedido de coordinación entre las cuatro provincias costeras que lanzó ayer la Apdl fue advertido anteriormente por el Instituto de Ictiología del Nordeste (Unne). Si bien sus integrantes apoyaron el consenso por la veda total en Chaco, señalaron que una medida aislada es poco efectiva.
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Piden que los delitos ambientales sean incluidos en el Código Penal

Fecha de Publicación: 15/04/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Se busca regular de forma directa delitos contra el medio ambiente que no están tipificados como incendios intencionales, pesca ilegal y tráfico de fauna.
En las últimas horas, distintas organizaciones, fundaciones, abogados y activistas ambientales iniciaron un pedido para que los delitos ambientales sean incluidos dentro del Código Penal argentino.
Incendios intencionales, caza y tráfico de fauna, pesca ilegal y relleno de humedales son algunos de los crímenes que hoy no están tipificados de forma directa y por los cuales se pide que haya condenas de prisión efectiva.
“El Código Penal de la República Argentina se encuentra vigente desde 1921 y no regula de manera directa, concreta y autónoma delitos contra el ‘bien jurídico ambiente’ en términos colectivos”, indica el comunicado que se preparó para el pedido. Y agrega al respecto: “Existen conductas tipificadas que se refieren al ambiente de modo indirecto pero no tipifican conductas que agredan al medio ambiente de manera autónoma. Esto quiere decir que en Argentina no existen delitos ambientales”.   
Jóvenes por el clima, Eco House, Consciente Colectivo y Alianza x el clima son algunas de las organizaciones que pidieron la inclusión de los delitos ambientales en el código penal. Desde FARN (Fundación ambiente y recursos naturales) también impulsaron la petición y comentaron que “actualmente quien produce un daño al medio ambiente no es sancionado penalmente y que la máxima pena es una multa”.  
“Se necesitan de herramientas que permitan perseguir a quienes intencionalmente generan daño ambiental y para eso necesitamos de figuras penales específicas que describan la acción punible”, explicó Nahuel Cáceres, coordinador de las clínicas jurídicas de FARN a PERFIL. “El derecho penal es muy específico respecto a las acciones que sanciona y por eso requiere de figuras penales específicas, si no detallamos que la acción de pescar o talar ilegalmente, incendiar o contaminar es una falta penal no tenemos los instrumentos para investigar quienes son los responsables de dicho daño, mucho menos aplicarles una pena que sea proporcional al daño que ocasionaron y desincentive esas prácticas”, finalizó Cáceres en su explicación.

Medio ambiente en el Código Penal de Argentina
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y México son algunos de los países que cuentan con delitos ambientales tipificados. “Tenemos que entender que en la Argentina el actual código tiene cien años y se hizo en un contexto pero el actual es totalmente distinto. La agenda socioambiental, la crisis climática y la crisis económica es transversal y tenemos que abordarlo también desde la justicia”, reflexiona Mijael Kaufman de Consciente Colectivo. “Cuando vemos los incendios, la deforestación y lo que pasa en el mar argentino, nos preguntamos qué clase de justicia tenemos. La realidad es que si después eso no está enmarcado en el código penal, nadie va a la cárcel. Hoy quien roba un chicle va a la cárcel y quien deforesta miles de hectáreas de bosque que no se van a recuperar, no va a la cárcel”, ejemplifica Kaufman.

Proyectos para incluir los delitos ambientales en el Código Penal
En esa misma línea, PERFIL consultó con Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, sobre posibles modificaciones del actual Código Penal. “Hay dos proyectos de reforma que ya contemplan un Capítulo Penal – Ambiental y también otros proyectos con estado parlamentario oportunamente presentados en el Congreso de la Nación”, explicó Colombo.
El abogado destaca que uno de ellos fue impulsado por el entonces senador Pino Solanas. “El mismo propone precisamente incorporar un Capítulo sobre Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza, donde se plantea no solo una protección sino también una penalización de aquellos actos o conductas que refieren al envenenamiento, adulteración, contaminación y/o emisión de radiaciones, contra el suelo, la atmósfera, el agua, perjudicando los sistemas naturales o el ambiente en general”, añade Rafael Colombo.
Para finalizar, advierte la importancia de considerar a este tipo de delitos como de “cuello blanco” o “de los poderosos”. “Es decir, crímenes que involucran a empresas y funcionarios estatales que poseen posiciones privilegiadas  desde el punto de vista económico, político, social y en muchas ocasiones, también mediático, por lo general marcado por fuertes dosis de organización y persistencia en el tiempo”, finaliza Colombo.
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Presentan amparo ambiental para frenar "pesca ilegal y depredadora" en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 09/04/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La causa judicial solicita al Estado Nacional tomar medidas preventivas con el objeto de poner fin al gravísimo daño que genera esta actividad depredadora, desarrollada durante años por flotas  industriales.
El Dr. Pablo Ferrara y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, el Dr. Jonatan Baldiviezo, pidieron se ordene al Estado Nacional a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de obtener el cese del gravísimo daño que genera esta actividad depredadora, desarrollada durante años por flotas industriales.
Asimismo, abogan porel impacto que dicho accionar tiene sobre el Mar, amenazando letalmente el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas en una Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La causa judicial aspira a la reversión del escenario descripto porque "posibilita la generación de daño al ecosistema marino nacional, provincial y en la zona adyacente a la ZEE" y "pone en peligro la
existencia y desarrollo de especies marinas presentes y futuras".
Además, se alega que "pone en peligro el bienestar económico de los habitantes de nuestro país que dependen de la explotación de los recursos vivos marinos como su medio de subsistencia" e"impide conservar los ecosistemas marinos y garantizar que las generaciones futuras puedan contar con los productos de la pesca para su seguridad alimentaria".
Hace hincapié también en la conservación y protección de la especie calamarIllex Argentinus, capturada con total impunidad a la vez que poniendo en peligro su existencia y debida reproducción.
Dicha especie es considerada fundamental en tanto es la base de la cadena alimenticia de las demás especies marinas que habitan en la ZEE. Asimismo, indica que la sobrepesca de los calamares representa una amenaza para todo el ecosistema en general.
Acto seguido, recuerda que la actividad de pesca de especies marinas como calamar, escalandrún, caballito de mar, delfín franciscana, gatuzo (Mustelus Schmitti yFasciatus), así como de otras especies, está altamente regulada y casi completamente prohibida.
Dicho accionar delictivo se vio incrementada de manera exponencial en los últimos 10 años. Sin embargo, Prefectura Naval Argentina reconoce en su página web llevar capturados solo 80 buques en 34 años, es decir, poco más de dos por año.
Se ha calculado que el volumen total de la pesca ilegal, llevada a cabo por unos 300 buques extranjeros,llega a 500.000 a 1.000.000 toneladas al año de recursos pesqueros. Con respecto al Illex Argentinus, y en términos económicos, equivale a una pérdida aproximada de USD 818.5 millones (el PBI de la Provincia de Tierra del Fuego).
Resalta que la República Argentina no ha coordinado de forma íntegra una política pesquera regional con los otros Estados aledaños, específicamente Uruguay y Brasil.
Tampoco se establecieron acuerdos dichas naciones para que estos puedan tomar medidas que impidan, o al menos no faciliten la pesca ilegal. Estos deberían de ser tenidos en cuentaya que, en la mayoría de los casos, los barcos extranjeros restablecen combustible en Uruguay.
Finalmente, expone que no se realizaron denuncias ante organizaciones internacionales, como la ONU o la OEA, o reclamos a los países de los que son dichas flotas (China, Taiwán, Corea, España, etc.).
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Buscan que el Agujero Azul sea un santuario para proteger la biodiversidad marina

Fecha de Publicación: 05/04/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


En noviembre pasado se presentó un proyecto de ley específico para la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la  "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul con el objetivo de defender la fauna oceánica y evitar la depredación de los pesqueros internacionales.
 En una porción de la zona de aguas internacionales conocida como Agujero Azul, unos 4.300 kilómetros cuadrados sobre la plataforma continental argentina y al límite de su zona económica exclusiva (ZEE), se enciende cada noche una ciudad de luces que desde el espacio se ve como otra Área Metropolitana de Buenos Aires, superándola incluso en tamaño.
La luminosidad la producen barcos pesqueros de diferentes banderas que operan allí con técnicas destructivas del medioambiente y en situación de dudosa legalidad, a cuya acción intenta poner coto un proyecto de ley para crear un "área marítima protegida bentónica" (del lecho marino) y otro "superador" que está en proceso de elaboración en el marco de la iniciativa interministerial Pampa Azul, en consonancia con uno de los lineamientos del futuro Tratado Global de los Océanos que Argentina impulsa junto a otros países en la ONU.
La magnitud de la actividad pesquera que allí se desarrolla -involucra tanto prácticas legales como ilegales- quedó demostrada en imágenes satelitales de la NASA, difundidas por la organización ambientalista Greenpeace, que el pasado 23 de febrero contabilizó 470 buques concentrados en una superficie de 4.300 kilómetros cuadrados, a 500 kilómetros del Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur.
"El Agujero Azul es una zona del mar que tiene una pequeña porción dentro de la ZEE y el resto afuera. Se llama así porque es un corredor biológico del Mar Argentino, muy rico en biodiversidad", dijo a Télam la coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección del Mar Argentino, Luisina Vueso.
El área es poco profunda (con áreas inferiores a 200 metros), dado que "tiene la particularidad" de que allí la plataforma continental argentina se extiende más allá del final de su ZEE, lo que la transforma en "un vivero de poblaciones como el calamar" por la enorme disponibilidad de alimento y condiciones que facilitan la reproducción.
Además es el lugar elegido por "muchos mamíferos en sus migraciones", algunos de ellos en estado vulnerable de conservación, como los rorcuales y cachalotes.
Pero esta misma riqueza hace del Agujero Azul "un foco de atracción" para los buques pesqueros de aguas distantes que encuentran allí uno de los dos únicos lugares del mundo donde pueden aplicar la técnica de "pesca de arrastre de fondo" en aguas internacionales, y por eso se han convertido en "un caladero muy importante" para la obtención de calamar, merluza común y merluza negra.
Otro problema es que "están destruyendo ecosistemas que son muy frágiles y muy importantes", señaló Vueso.
Es que la pesca de arrastre empleada para la merluza "es muy poco selectiva" y "devasta todo el suelo (marino)" arrasando con corales, esponjas y muchos peces que luego son descartados; mientras que la otra técnica, denominada "de palangre", usada para los calamares, si bien es más selectiva, usa anzuelos y carnadas a nivel superficial, lo que "afecta también a las aves".
Ocurre que las aguas internacionales, es decir, aquellas que se extienden más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país, están reguladas sólo por organismos o acuerdos regionales para la pesca denominados Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP).
No obstante, están avanzadas las conversaciones en la ONU para la elaboración de un Tratado Internacional de Aguas Profundas -o Tratado Global del Mar- que "sería el primer instrumento vinculante bajo la Convención sobre el Derecho del Mar (1982) y abarcaría la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas fuera de jurisdicciones nacionales", según describe Naciones Unidas.
Voceros de Cancillería recordaron que en 2017 la Asamblea General de la ONU convocó una conferencia diplomática para la elaboración de este tratado que "regulará aspectos relacionados con los recursos genéticos marinos, las áreas marinas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental, entre otros"; y cuya cuarta y última reunión fue postergada en marzo pasado por la pandemia.
"La Argentina participa activamente en este proceso, abogando por la elaboración de un tratado universal, balanceado y efectivo que permita cerrar las brechas que existen actualmente en la protección del medio marino", dijeron.
A nivel internacional, el Gobierno argentino "coordina posición con el G77 y China, y el grupo de países latinoamericanos afines", mientras que "en el plano interno, la posición nacional es consensuada entre la Cancillería y los organismos competentes del Estado".
 "La negociación del tratado 'BBNJ' (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) es actualmente la más importante en el ámbito del derecho del mar y cobra especial importancia para nuestro país teniendo en cuenta su extenso litoral marítimo que incluye una plataforma continental cuyo límite recientemente demarcado la proyecta como una de las más extensas de la región", dijeron.
 Y como "el principal desafío en la gestión de los ecosistemas marinos es integrar los diferentes intereses económicos y sociales garantizando la salud del mar y su biodiversidad y promoviendo la utilización sustentable de sus recursos", la apuesta argentina es por "un tratado que refleje un equilibrio entre los diferentes intereses, a la vez que resguarde la soberanía, jurisdicción y derechos de los Estados ribereños".
Por su parte, Vueso consideró que el tratado "permitiría crear santuarios marinos" en hábitats críticos como el Agujero Azul y la expectativa es "salga este año, pero depende de los gobiernos del mundo".
 El llamado de atención de Greenpeace sobre esta área específica hace referencia también al hecho de que algunos buques pesqueros internacionales "desactivan sus sistemas de posicionamiento satelital" para adentrarse en la ZEE argentina, incurriendo en pesca ilegal, una actividad que combaten de modo sinérgico los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Agricultura.
 Una iniciativa específica para la protección del Agujero Azul es el proyecto de ley presentado por los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y Leonardo Grosso (Frente de Todos) en noviembre pasado, para la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la porción de 164.000 kilómetros cuadrados de "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul, pero al ser de carácter "bentónica" involucra solo el lecho marino excluyendo la columna de agua superior.
"El problema allí no es solo la pesca ilegal sino el tipo de pesca que arrasa con todo, afectando a las especies que buscan refugio para su reproducción y cría en sus cañones submarinos, algunas de ellas amenazadas regional o globalmente", dijo a Télam Camaño.
Por otro lado, agregó, "están las explosiones que se generan en el área para la búsqueda del petróleo", lo que "también es altamente perjudicial" para los ecosistemas marinos.
 Este proyecto fue abordado en la última reunión del Comité de la Iniciativa Pampa Azul que integran los ministerios de Ciencia, Ambiente, Agricultura, Defensa, Seguridad, Turismo y Relaciones Exteriores.
Fuentes de este espacio explicaron que en función de los resultados de esa reunión, "se está conformando una comisión especial para elaborar un proyecto alternativo y superador", que mantenga el espíritu del original pero "que se apoye en Parques Nacionales como autoridad de aplicación", que recoja la opinión de "los organismos especializados en las distintas materias" y que tengan en cuenta todos los "intereses involucrados", incluyendo los pesqueros e hidrocarburíferos.
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Una “ciudad” al borde del Mar Argentino: las increíbles imágenes nocturnas de la depredación pesquera en el Atlántico Sur

Fecha de Publicación: 02/03/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Como en años anteriores, unos 300 buques extranjeros, mayormente chinos, llegados a fin de 2020 apuntan principalmente al calamar. Estiman entre 2.000 y 3.000 millones de dólares el valor de captura “en bodega”
El espectáculo es impresionante. Por la luminosidad, parece el sobrevuelo de una ciudad de mediano porte. Pero no. Son los aproximadamente 300 buques extranjeros -chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, portugueses- pescando en la llamada “Milla 201”, en el borde exterior del Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) reservada para la pesca de los buques con bandera argentina.
La imagen de arriba es de esta semana, desde un Turbotracker de la Armada Argentina. La luminosidad es parte de la técnica de pesca: atraer los cardúmenes de Calamar Illex, una especie migratoria y fotosensible, de modo que se refugien de la luz debajo, precisamente, del casco de los barcos poteros, diseñados específicamente para la pesca del calamar, que con sus potas comienzan la captura.
Así lo explica el capitán de Corbeta Ricardo Schroeder, en el video adjunto, en este caso desde un Super King Air 200, de Beechcraft, a fines de enero, en una operación de control de la Armada que pudo registrar Infobae. Es una nave modificada en los 90s, por un trabajo conjunto entre la Armada y la entonces secretaría (hoy Ministerio) de Agricultura y Ganadería, de la que depende la Subsecretaría de Pesca.

Volúmenes en juego
Hoy en día cada uno de esos barcos está capturando entre 10 y 20 toneladas de calamar por día, dice Juan Redini, presidente de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), la parte de la industria pesquera argentina dedicada al calamar. En diez días, estima Redini, esa ciudad marina de buques extranjeros pesca unas 30.000 toneladas, en un mes 90.000, en dos meses 180.000, con lo que ya supera lo que en todo el año pasado pescaron los poteros argentinos, 170.000 toneladas.
La flota extranjera, mayormente china, llegó al Atlántico Sur a mediados de diciembre, después de incursionar primero frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile y cruzar por el Estrecho de Magallanes para llegar a la Argentina justo al inicio de la zafra del Calamar Illex, que sigue hasta julio/agosto.
En los últimos años, la zafra del calamar se fue adelantando, precisamente para intentar achicar el daño de la pesca de buques extranjeros, pero este año, por el protocolo covid-19, empezó el 17 de enero. El daño económico es difícil de mensurar, pero es inmenso. “Los poteros acá somos 70 barcos, y vendemos a los mismos mercados; si ellos (por los buques extranjeros) pescan bien, los precios pueden caer de un rango de entre USD 2.700 y 3.000 la tonelada debajo de los USD 2.000. Y los costos nuestros son mucho más altos, en una proporción de 10 a 1, explica Redini.
Parece exagerado, pero el titular de CAPA explica que muchos buques extranjeros operan con combustible subsidiado por el Estado y pagan unos salarios de USD 200 mensuales. Para un promedio de 30 tripulantes, son unos USD 6.000 mensuales, mientras para un buque argentino descargar 700 toneladas en puerto sale $12 millones, precisa Redini, más de USD 120.000 al tipo de cambio oficial.
“Es una competencia totalmente desleal”, dice Redini. “Lo venimos hablando en Congresos, en la FAO; lo que decimos nosotros es que hay que regular de una vez por todas esas aguas”.
Eduardo Pucci, director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur (Opras) dice que si bien con la Ley 27.564, sancionada en octubre de 2020, aumentaron fuertemente las penalidades para los buques extranjeros detectados pescando dentro de las 200 millas (de un máximo de $10 millones, que había quedado desactualizado por la inflación y la devaluación del peso, se pasó a un régimen variable según el costo del combustible, desde un mínimo de 500.000 litros de gasoil hasta un máximo de 3 millones de litros) y se mejoró el control del espacio marítimo, la “Milla 201” sigue siendo agua de nadie.
“Era algo de esperar. Los esfuerzos que hace la Argentina, con alto costo económico y operativo, no impiden que el escenario se repita fuera de la ZEE y con los mismos protagonistas. Desde el punto de vista de cooperación con los buques extranjeros no se avanzó. No hay nada nuevo”, dijo Pucci a Infobae.
“La Argentina está comprometida con su política de resolver la controversia de soberanía de Malvinas y las posibilidades de cooperación están limitadas por eso. Vamos a tener efectos sobre el recurso y sobre la posibilidad de captura de la flota argentina, sobre los precios y sobre el mercado. Las consecuencias son graves y no hay señales de que la situación pueda cambiar a breve plazo”, dijo Pucci, quien estimó en unos USD 3.000 millones el valor “en bodega, en Alta Mar” de las capturas de los buques extranjeros (para todas las especies), con un valor de mercado superior y claramente dañino para la industria pesquera argentina, que en el caso del calamar está casi enteramente enfocada a la exportación, principalmente a Europa y China.

No sólo el calamar
El fenómeno afecta no solo al calamar, sino a todo el ecosistema, explica Pucci, porque además la flota extranjera viene con una parafernalia logística de buques de combustibles, víveres y factoría para hacer trasbordos en Alta Mar, de modo de minimizar la necesidad de un centro logístico, como es el puerto de Montevideo.
La depredación pesquera en el Atlántico Sur es un tema que ya ha sido reconocido por Brasil y Uruguay, porque afecta a toda la región, aunque Uruguay mantiene una posición ecléctica, explica Pucci: apoya a la Argentina por Malvinas, pero sigue dando apoyo logístico a buques que asolan el Mar Argentino. El nuevo gobierno uruguayo (de Luis Lacalle Pou) “parece tener otro criterio”, dice Pucci. Al fin y al cabo, explica, Argentina y Uruguay ven afectada una zona común de pesca, aunque la industria pesquera uruguaya sea de mucho menor peso que en la Argentina.
“Desde Uruguay mismo están pidiendo que se revea la política y se respete el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), auspiciado por la FAO, una agencia de Naciones Unidas, para limitar la Pesca Ilegal, no Reglamentada y no Declarada (Irrnd). La Argentina no firmó el Amerp, para que no se interprete como un reconocimiento implícito de soberanía británica sobre las Islas Malvinas, pero respeta sus normas, en tanto Uruguay lo firmó, pero lo ha respetado poco, aunque últimamente la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Uruguay) lo está implementando, dice Pucci.
La operación de buques extranjeros en el puerto de Montevideo llevó en varias ocasiones a incendios y muertes de bomberos uruguayos (el más reciente, en junio de 2020), pero ya en 2018 la organización Healthy Oceans (Océanos Sanos) citó, en base a un informe internacional, que el puerto de la capital uruguaya “está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de transbordo sospechada de ser Indnr”. Además, denunció que “la flota de barcos Lu Rong Yuan Yu, reconocida por innumerables accidentes de pesca ilegal en todo el mundo, es sin embargo una de las principales clientes del puerto de Montevideo”.
El informe también citó el caso del Yun Mayo 168, un pesquero taiwanés que se negó a evacuar un tripulante en Alta Mar, afectado inicialmente por un fortísimo dolor de muelas y lo descargó muerto en Montevideo. Otro caso, de 2014, mencionaba la fuga en Montevideo de 28 tripulantes africanos de un pesquero chino que denunciaron condiciones de semiesclavitud y tenían marcas de grilletes en los tobillos. “Lo que resta aún conocer es cuál es el destino de cada cadáver que los buques pesqueros extranjeros descargan en el Puerto de Montevideo, una vez al mes, cuáles son los costos, y cuáles son los procesos legales y administrativos”, resaltó el demoledor informe.
Pero volviendo al Mar Argentino, el impacto inmediato de los cerca de 300 pesqueros operando en su borde, no es sólo sobre la industria local del calamar. “Lo que nos pasa a nosotros no es muy distinto”, dice Darío Sócrates, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), que agrupa a empresas dedicadas a la merluza Hubbsi. “Nosotros pescamos todo el año, porque a diferencia del calamar, que tiene un ciclo de vida anual, la merluza llega a vivir entre 8 y 10 años. Los peces no saben de fronteras, lo que se pesca en la milla 199 es lo mismo que en la milla 201. La merluza es una especie de fondo, de profundidad; todo lo que sea sobrecaptura no declarada y no reglamentada, más allá de infligir las normas, tiene un impacto sobre las capturas que hacemos en la Zona Económica Exclusiva, respetando las normas, pero con la competencia desleal de los que pescan afuera”.
Igual en el caso del calamar, también para la merluza el principal mercado es externo. La variedad Hubbsi se exporta a Europa, algo a Rusia y bastante a Brasil. Según datos de la subsecretaría de Pesca, en los primeros once meses de 2020 se exportaron 90.000 toneladas, por USD 199 millones, mientras que del Calamar Hillex se destinaron al exterior 188.400 toneladas, por USD 388 millones.
Otro factor que afecta la pesca en el Atlántico Sur son las licencias otorgadas desde Malvinas. El pasado 12 de febrero, por caso, “Penguin News” informó que el gobierno de las Islas ya había autorizado 36 de las 105 embarcaciones que pidieron permiso para la pesca del Calamar, para hacerlo desde el 15 de febrero hasta el 15 de junio. En la misma nota se precisa que la captura total de los pesqueros con “licencia Falklands” capturan unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% (unas 150.000 toneladas) son de calamar illex.
Datos que se suman a ese enorme ciudad flotante de la Milla 201. “No solo abusan en número; vienen con logística de buques mercantes, de combustible, víveres, todo muy desarrollado y con apoyo del Estado de pabellón”, dice Pucci.
Algunas cosas están reguladas por la Organización Marítima Internacional (OMI, la agencia de la ONU responsable de la seguridad y protección de la navegación y prevención de la contaminación marítima) y la Convención de Derechos del Mar, pero no está prohibido el trasbordo en Alta Mar.
“Hay gente trabajando en la FAO con la OMI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque en muchos casos las condiciones de trabajo son casi de esclavitud, sobre estos temas”, explica Pucci. “La pesca en Alta Mar tiene que ser materia de un instrumento nuevo que refuerce la Convención de los Derechos del Mar. Una nueva ley es la única forma de salvar los océanos de la depredación”, concluye.
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La pandemia agudizó la pesca ilegal en el mar argentino

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Se alerta sobre la presencia de buques pesqueros de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo.
En el contexto de la pandemia que atravesó gran parte del 2020, la gravísima problemática de la pesca ilegal en diversas costas de la región se acentuó con el correr de los meses.
Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron en los últimos meses la presencia de cientos de buques y barcos, que expandieron su actividad industrial en la región incumpliendo todo tipo de normas y arrasando con el ecosistema marino.

Medidas en abril
En abril pasado, a raíz de las denuncias radicadas sobre la existencia de actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la "Zona Económica Exclusiva Argentina" (ZEEA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización
Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo por aquel entonces fue el de reforzar el control y el patrullaje en el mar Argentino tomando en cuenta que las acciones denunciadas "no sólo son depredatorias de los recursos naturales nacionales sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores del sector". Pero las denuncias siguieron.

Depredación silenciosa
Según afirma el informe de Greenpeace "The Wild West Atlantic Report" (2019), el Atlántico Sur Occidental, zona de aguas internacionales también conocida como el "Agujero Azul", tiene un rol ecológico central dentro de los océanos globales: proporciona importantes áreas para el desove y alimentación de mamíferos marinos y aves, a la vez que es el hogar de importantes especies comerciales. El área también es un lugar de alimentación para especies clave, como la ballena franca austral y otras cuyo estado de conservación es vulnerable.

Sin embargo, la zona en cuestión sufre de un vacío legal: actualmente, la única organización regional de relevancia para la gestión pesquera que allí opera es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT) que sólo se ocupa de la pesca dirigida al atún y especies afines. Por lo que otras actividades enfocadas en especies como calamares, merluza o merluza negra no están cubiertas por un organismo internacional.

A mediados del 2020, se alertó sobre la presencia de una flota de entre 350 y 400 buques pesqueros en la región. En su mayoría, se trata de barcos de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo. Suelen ser tangoneros (únicamente dedicados a la pesca de calamar) y de arrastre (pesca con red), y se instalan en las zonas elegidas por períodos superiores a un año.
Un dato alarmante sobre el trayecto de la flota que desde el pasado julio ha recorridolas costas de Ecuador, Colombia, Perú y Chile es que se mantuvo por aproximadamente dos meses en el límite de las áreas marinas protegidas del Parque Nacional Galápagos, depredando gran parte de su biodiversidad marina y poniendo en peligro este lugar único en el mundo. Tomando en cuenta que sobre finales del año varios de los buques pertenecientes a esta flota cruzaron el estrecho de Magallanes con
dirección al océano Atlántico, todo indicaría que el mar Argentino correría la misma suerte.
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Pescadores cortan rutas en Santa Fe contra la veda impuesta por la Justicia

Fecha de Publicación: 06/01/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe


Grupos de pescadores cortaban desde las primeras horas de hoy el tránsito en varios puntos de la provincia de Santa Fe, entre ellos la autopista que une la ciudad capital con Rosario, para repudiar la prohibición de la pesca hasta el 31 de marzo, dispuesta por un juez.
Los pescadores interrumpían el tránsito en el acceso a Puerto Reconquista,sobre la ruta nacional 11 a la altura de Tacuarendí, en el kilómetro 51 de la autopista Brigadier López (Santa Fe-Rosario), en la ruta provincial 1, en el puente Rosario-Victoria, y se iban a manifestar frente a los Tribunales de Santa Fe y de Rosario.
La protesta es contra la resolución del Juez en lo Civil y Comercial de la 11 Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, quien declaró "veda total para la pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a la provincia de Santa Fe".
La medida rige entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y exceptúa solo la pesca denominada de subsistencia.
Carbajo dio lugar a una medida cautelar que realizaron diputados provinciales y las organizaciones "El Paraná no se toca" e "Identidad Ecológica".
Voceros de esas ONGs indicaron que se trata de proteger la fauna ictícola del sistema Río Paraná, golpeado por la extraordinaria bajante y la actividad de sobrepesca en toda su cuenca.
El juez Carbajo le ordenó al Gobierno de la provincia que "arbitre los medios necesarios para intensificar la fiscalización y control en procura del estricto cumplimiento" de su resolución y que "en un plazo no mayor a 90 días" informe a la Justicia los resultados.
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La flota depredadora china viene en camino: el desastre ambiental y económico que sufrirá Argentina, según un experto clave

Fecha de Publicación: 15/12/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Una armada diseñada para saquear los mares ya se dirige hacia la Argentina. Se trata de la flota de pesqueros ilegales que, patrocinados por el gobierno de China, busca apropiarse de la enorme reserva de calamares que todavía subsiste en esta parte del planeta.
Apostados hasta el mes pasado frente las costas de Perú, los navíos que la integran ya iniciaron el viaje con destino al Atlántico Sur para intensificar las capturas en el transcurso de diciembre. Esto último, mediante una estrategia depredatoria que incluye la pesca furtiva en la zona económica exclusiva de nuestro país.
Conformada por más de 300 buques, la flota de pesca en aguas distantes de la potencia asiática reúne en un solo actor los peores atributos en cuanto a métodos extractivistas para el saqueo de la biodiversidad marina: pesca a gran escala en áreas específicas por períodos que pueden superar el año, movimientos a escondidas de los satélites, violación de las restricciones para operar en aguas territoriales.
La actividad ilícita que llevan a cabo estas embarcaciones genera pérdidas económicas para la Argentina del orden de los 1.200 millones de dólares al año.
La armada china encuentra en la tibieza de la legislación local un humus para seguir adelante con la devastación: las normativas vigentes, en caso de ocurrir la captura de un pesquero operando en la zona económica exclusiva, apenas fijan multas con un tope que no alcanza a los 150.000 dólares.
Especialista en conservación marina, derechos humanos en la pesca, colaborador del Círculo de Políticas Ambientales y asesor en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 2011 y 2015, Milko Schvartzman es uno de los expertos que mejor estudia y analiza el circuito de la pesca ilegal en esta parte del mundo.
En diálogo con iProfesional, brindó detalles de los movimientos de la flota china, su estructura y financiamiento, el rol de Chile y Uruguay, y cuáles son los países que también han hecho del mar argentino un área de saqueo permanente, entre otros tópicos.
Lo que sigue es el intercambio que Schvartzman mantuvo con este medio.

-¿Cuál es la actualidad de la flota china hoy? Este año fue un escándalo lo que ocurrió en torno a las islas Galápagos...
-Está viniendo para acá. Según lo que muestra el satélite, hoy se pueden observar 30 barcos. Pero estimo que ya son cerca de 90 porque más de la mitad se traslada con los sistemas de identificación satelital apagados. En tiempo real ya se puede ver un movimiento sostenido hacia el Atlántico Sur.

-¿Dónde está concentrado el grueso de la flota en estos momentos?
-La mayoría sigue frente a las costas de Perú, pescando el calamar gigante. La gran mayoría de los barcos chinos estarán ubicados al borde de la zona económica exclusiva de Argentina para fines de este mes. Hay docenas de barcos en camino.

-¿No hay posibilidades de que Chile demore el arribo de esos barcos?
-Existe una normativa internacional llamada "Paso inocente" que obliga a los países a permitir el paso sin ningún impedimento. Mientras ellos no pesquen, Chile no les puede prohibir el paso. Lo que están haciendo los barcos es atravesar la zona económica exclusiva de ese país y luego se meten en Mar Argentino a través del Estrecho de Magallanes. Chile, igualmente, vigila ese tránsito con dos barcos y un avión desplegados.

-Además de la pesca ilegal ¿qué otros delitos o atropellos comete esta flota?
-La flota china no cumple con regulaciones de ningún tipo. Que navegue con los aparatos de identificación satelital apagados ya marca que se dedican a actividades ilícitas. Por otro lado, son enormes las prácticas de abuso de los derechos humanos que ocurren a bordo. Se han comprobado hasta situaciones de esclavitud en las tripulaciones, que la mayoría de las veces ni siquiera son chinas.

-Detrás está el Estado chino apadrinando estas prácticas...
-Por supuesto. Todos los barcos de la flota están subsidiados por ese Estado. El gobierno de ese país hasta se ocupa de garantizarles el combustible. Muchos barcos incluso son propiedad del mismo Estado chino. Estas embarcaciones tienen subsidios pero sólo pueden acceder a ese beneficio si pasan al menos 8 meses en alta mar. Dicho de otra forma, el mismo Estado chino los presiona para que hagan esta tarea y lleven a cabo la sobre pesca.

-Una vez que esté consolidada la presencia de la flota en el Atlántico Sur ¿de cuántos barcos estaremos hablando?
-Con seguridad, más de 500. Hoy por hoy, como decía, ya tenemos cerca de 90. De los 500 más de 300 serán chinos, luego también se acercan a depredar embarcaciones de Taiwán, Corea, España y hasta Portugal.

-¿Qué es lo que se llevan esos barcos?
-Los españoles hacen pesca de arrastre, están todo el año al borde de la zona económica exclusiva. Se llevan la merluza común, la de cola, y la merluza negra, que es una especie protegida. Aquí cada 2 años se captura algún barco español haciendo pesca ilegal. Los chinos y taiwaneses son poteros, o sea que vienen por el calamar. Los coreanos, en tanto, combinan arrastreros con poteros. En cuanto a los portugueses, son arrastreros y les interesan la merluza y el abadejo. A veces también pescan tiburones y rayas.
En el caso del calamar, los chinos empiezan a pescarlo hasta 2 meses antes de lo que recomiendan las autoridades científicas. Los barcos argentinos, acorde con estas indicaciones, pescan entre fines de enero y el mes de julio. Los chinos, en cambio, comienzan en noviembre y terminan uno o dos meses después que los argentinos. El impacto ambiental es terrible. Extraen calamar de manera intensiva durante más de 7 meses al año.

-Uruguay es parte clave de esta actividad ilegal...
-La mayoría de estos barcos opera en el puerto de Montevideo, donde no reciben sanción alguna ni son controlados. Uruguay incentiva este tipo de pesca mientras pierde a su propia flota de pesqueros, que en los últimos 10 años se redujo a la mitad. Los barcos chinos no pagan ningún tipo de impuesto en Montevideo, ni siquiera el IVA. Y se aprovisionan y descargan permanentemente en su puerto. La gran mayoría no recibe siquiera inspecciones.

-¿Argentina ha planteado alguna queja diplomática, por ejemplo, contra España o China?
-No, no se ha actuado. Con China tampoco. Los barcos españoles están todos subsidiados por la Unión Europea.

-La quietud del Gobierno ante, por volumen, la depredación que lleva a cabo China ¿puede tener relación con el intenso vínculo comercial que hoy sostiene Argentina con ese país?
-Creo que incide. Todos estos acuerdos y relaciones con China inciden, sí, pero no deberían ser una condición para que Argentina no proteste. Somos un estado soberano, no debemos sumisión a ningún otro estado. Y esto por más que tengamos acuerdos comerciales con China o con otros países.

-¿Qué ocurre con las sanciones cuando se captura un barco haciendo pesca ilegal?
-Se les aplica una multa y no mucho más. Pagan y vuelven a pescar. Si bien este año se elevaron los montos, la cifra es irrisoria. No alcanzan los 150.000 dólares. Es una cifra que cualquier barco junta en muy pocos días de pesca.
Fuera de eso, Argentina suele patrullar la zona económica exclusiva. Ahora, por ejemplo, el guardacostas Derbes está en esa función. Ha ocurrido en la última temporada que en algún momento no se patrulló. Esperemos que eso no vuelva a pasar.

-A la par del desastre ambiental que genera ¿cuál es la pérdida económica que sufre la Argentina por la pesca ilegal que encabezan los chinos?
-Según mis últimos cálculos, supera los 1.200 millones de dólares al año.
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Al menos 27 barcos pesqueros chinos llegaron al Atlántico y amenazan los recursos naturales del Mar Argentino: las imágenes satelitales

Fecha de Publicación: 07/12/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La Armada de Chile informó que varios buques cruzaron el Estrecho de Magallanes. Autoridades argentinas aseguran que están fondeados fuera de los límites. Sin embargo, otros se aproximan de todas las latitudes para el saqueo del calamar
Un total de 27 barcos pesqueros chinos permanecen en la milla 201 y amenazan por estas horas los recursos naturales del Mar Argentino. Además, parte de esa armada clandestina que saqueó las aguas en las Islas Galápagos, Perú y Chile, ya cruzaron el Estrecho de Magallanes con destino al Océano Atlántico. Pero no sólo del Pacífico se acercan para permanecer agazapados en la milla 201 del Mar Argentino. Otros buques arribarán desde Sudáfrica, de acuerdo a información reunida por Infobae.
Dos de esas naves eran monitoreadas por autoridades argentinas desde hace varias semanas. Son las que finalmente cruzaron por el sur de Chile con dirección Argentina., según confirmó la marina chilena. En esa zona, un número indeterminado permanecen fondeadas a la espera de la orden para navegar hacia el lugar donde se reunirán con las otras naves.
La Prefectura Naval Argentina cuenta con un Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) que permite obtener desde una única plataforma toda la información disponible de movimientos, datos técnicos y administrativos de los pesqueros que se encuentran navegando por el mundo. Esta herramienta resulta clave para la prevención: los buques ilegales suelen apagar sus radares para no ser monitoreados y poder violar áreas donde está prohibida la pesca. Se las llama embarcaciones “no colaborativas”. A esas trata de localizar el guardacostas GC-28 Prefecto Derbes de esa fuerza de patrullaje marítimo.
Del total de naves identificadas hasta el momento, 26 se mantienen en la milla 201 -lugar en el cual no necesitan permiso-, mientras que otra ya violó la normativa y se encuentra en la zona de las Islas Malvinas. Sumadas a las 10 que navegan desde Sudáfrica, sumarían 37 pesqueros en las próximas semanas. A esas habrá que sumarle las que aguardan en Magallanes. Desplegarán sus redes en esa zona por lo menos hasta marzo, cuando se termina la temporada de pesca de calamar.
Las imágenes satelitales del Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés) son provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Estas permiten ubicar embarcaciones en forma independiente de los sistemas de posicionamiento con los que cuentan a bordo y, así, detectar los buques no colaborativos que intentan eludir las leyes internacionales y los permisos.

La otra armada de Xi Jinping
Las actividades de la flota pesquera del régimen se desarrollan en todo el globo. En total son 17 mil los que navegan en busca de esos recursos. Las noticias en Galápagos -Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo a las Naciones Unidas- comenzaron a conocerse en agosto pasado. Ese lugar cuenta con uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, y China lo puso en peligro. Ahora, algunos de esas embarcaciones están frente a la Argentina.
Para peor, esa voracidad pesquera atenta contra los pobladores locales de aquellas islas y del resto del mundo. Lo mismo se vivió hace pocas semanas en Perú y Chile. Atentan contra sus ya de por sí precarias economías y contra sus platos de comida diarios. Volviendo al ejemplo ecuatoriano, la pesca comercial está permitida en algunas áreas de Galápagos. La langosta, por caso, es una importante fuente de ingresos para la población del lugar. Además, los pescadores de allí viajan regularmente a la zona en busca de dorado, tiburón y atún. A mediados de 2020, si levantaban la vista, podrían divisar un confín de barcos clandestinos.
“El régimen chino actúa como un poder imperial. Explota ilegalmente los recursos naturales a cambio de vender mercadería barata”, se queja un empresario europeo con sede en América Latina que conoce cómo actúan estos grupos ilegales. Teme dar su nombre y hasta el país en el que opera: sabe que su licencia podría verse perjudicada ante la llamada furiosa de un diplomático del Partido Comunista Chino (PCC) a cualquier gobierno.
Liberia, otra nación poco desarrollada, también sufre las consecuencias de la captura descontrolada. A sus costas arribaron “super jabegueros”, unas embarcaciones que arrastran sus redes para cazar en aguas profundas. Su tamaño y capacidad son de una escala previamente desconocida en aquella nación africana. En esas aguas, los marineros de Xi Jinping no tienen competencia: los pescadores autóctonos cuentan con precarios botes de madera, canoas. Eso sí, dependen de ellas para sobrevivir. Allí, el régimen chino consiguió una licencia. La depredación lleva un sello oficial. Al fin.
El IUU Fishing Index -índice que mide la pesca ilegal y la actividad no denunciada y no regulada- es elaborado cada año desde 2013 por Global Initiative, una ONG compuesta por 500 líderes en derechos humanos. Del informe también participó Poseidon Aquatic Resource Management, una firma consultora de pesca y acuicultura. El ranking ayuda a conocer cómo loas naciones se comportan en esta industria y los esfuerzos que hacen para mantenerla bajo regulación internacional. En 2019, Bélgica fue el país mejor calificado; China, el peor.
El régimen de Beijing parece no fijarse en qué aguas pesca: ni se apiada de sus aliados más próximos ni de los más distantes, por más necesitados que estén sus habitantes de algo tan básico como es capturar un pez. O un calamar.
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