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El impenetrable chaqueño con más desmonte
09:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Campesinos denuncian más desmontes y amenazas en el impenetrable chaqueño
Fecha de Publicación: 22/12/2014
Fuente: BTI
Provincia/Región: Chaco
Oscar Roldán, presidente de la Asociación Río Teuco, denunció nuevas talas ilegales e indiscriminadas del bosque nativo de algarrobos en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, en pleno Impenetrable chaqueño.
En diálogo con Radio Ciudad, el campesino relató que la semana pasada un grupo de obrajeros se presentó en el paraje Bolsa de Tigre –donde se encuentra el domicilio de su familia- y comenzó con tareas de desmonte.
Si bien Roldán realizó la denuncia en la comisaría de la localidad de El Espinillo, los desmontes no solo continuaron, sino que ahora los obrajeros intentaron sacar equipos cargados con madera de forma ilegal del lugar, amenazando con armas de fuego.
Roldán develó que, cuando tomó conocimiento de que habían ingresado al predio donde se encuentra con su familia, fue recibido “con más de treinta disparos” y que informó sobre el hecho al secretario de Seguridad del Chaco, Marcelo Churín.
“Tenía miedo de morirme, radiqué la denuncia. Tardaron dos días y me tumbaron más de 200 árboles. Sacaron un permiso de madera dentro de mi posesión, cuando hay alambres y todo”, describió.
El hombre fue duro al referirse sobre la falta de medidas de control de las autoridades provinciales, así como también apuntó a una presunta connivencia entre el gobierno del Chaco y la Asociación de la etnia qom.
“Acá lo que falta es voluntad política, que la justicia tome las riendas en el asunto, que la Corte o quién sea se tome las cosas como corresponde. Si hay errores, los errores se pueden solucionar. Ahora cuando hay una vida de por medio, eso ya no se puede solucionar. Aparte, el rencor que viene produciendo esto hace mucho tiempo: esto va a terminar siendo como Palestina e Israel”, aseguró Roldán.
Roldan, que pertenece a un grupo de vecinos criollos que tienen posesión histórica y piden al gobierno la regularización dominial de sus tierras, consideró que “hay una mafia de la madera que accedió en el gobierno de Angel Rozas que, por acuerdos políticos y plata de por medio, entregaron nuestra posesión a una asociación Meguesoxochi, que teóricamente iba a hacer una reserva del monte nativo, de la flora y la fauna”.
En este sentido, describió: “aquí se taló mucha madera. Únicamente queda algarrobo, que es la planta principal de la alimentación de toda la fauna silvestre, y ha sido depredada por lo que los animales están sucumbiendo totalmente”.
Denuncias
Roldan realizó esta denuncia ante la Secretaría Privada de la gobernación; al ministro de la Producción, al Director de Bosques, y al delegado de Bosques de Castelli.
“Las asociaciones nos juntamos entre todas e hicimos la denuncia. Vino una mediadora, ellos querían entregar la madera y nosotros les dijimos que no, que es algo ilógico, cómo la justicia va a estar amparando algo que es ilegal”, advirtió. “Nos dijo que la fiscal tenía resuelto entregar la madera porque había un permiso”, agregó.
Asimismo, “imploró” al presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Raúl John París, que impulse las acciones de lesividad para que regularizar la tenencia de tierra de las comunidades criollas asentadas históricamente del Interfluvio.
“Hay una lesividad muy grande que avasalla nuestros derechos como trabajadores porque somos gente que vive muy lejos, tenemos luz de candil, no tenemos agua, pero nunca molestamos, al Estado siempre le salimos gratis”, sostuvo.
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Fecha de Publicación: 22/12/2014
Fuente: BTI
Provincia/Región: Chaco
Oscar Roldán, presidente de la Asociación Río Teuco, denunció nuevas talas ilegales e indiscriminadas del bosque nativo de algarrobos en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, en pleno Impenetrable chaqueño.
En diálogo con Radio Ciudad, el campesino relató que la semana pasada un grupo de obrajeros se presentó en el paraje Bolsa de Tigre –donde se encuentra el domicilio de su familia- y comenzó con tareas de desmonte.
Si bien Roldán realizó la denuncia en la comisaría de la localidad de El Espinillo, los desmontes no solo continuaron, sino que ahora los obrajeros intentaron sacar equipos cargados con madera de forma ilegal del lugar, amenazando con armas de fuego.
Roldán develó que, cuando tomó conocimiento de que habían ingresado al predio donde se encuentra con su familia, fue recibido “con más de treinta disparos” y que informó sobre el hecho al secretario de Seguridad del Chaco, Marcelo Churín.
“Tenía miedo de morirme, radiqué la denuncia. Tardaron dos días y me tumbaron más de 200 árboles. Sacaron un permiso de madera dentro de mi posesión, cuando hay alambres y todo”, describió.
El hombre fue duro al referirse sobre la falta de medidas de control de las autoridades provinciales, así como también apuntó a una presunta connivencia entre el gobierno del Chaco y la Asociación de la etnia qom.
“Acá lo que falta es voluntad política, que la justicia tome las riendas en el asunto, que la Corte o quién sea se tome las cosas como corresponde. Si hay errores, los errores se pueden solucionar. Ahora cuando hay una vida de por medio, eso ya no se puede solucionar. Aparte, el rencor que viene produciendo esto hace mucho tiempo: esto va a terminar siendo como Palestina e Israel”, aseguró Roldán.
Roldan, que pertenece a un grupo de vecinos criollos que tienen posesión histórica y piden al gobierno la regularización dominial de sus tierras, consideró que “hay una mafia de la madera que accedió en el gobierno de Angel Rozas que, por acuerdos políticos y plata de por medio, entregaron nuestra posesión a una asociación Meguesoxochi, que teóricamente iba a hacer una reserva del monte nativo, de la flora y la fauna”.
En este sentido, describió: “aquí se taló mucha madera. Únicamente queda algarrobo, que es la planta principal de la alimentación de toda la fauna silvestre, y ha sido depredada por lo que los animales están sucumbiendo totalmente”.
Denuncias
Roldan realizó esta denuncia ante la Secretaría Privada de la gobernación; al ministro de la Producción, al Director de Bosques, y al delegado de Bosques de Castelli.
“Las asociaciones nos juntamos entre todas e hicimos la denuncia. Vino una mediadora, ellos querían entregar la madera y nosotros les dijimos que no, que es algo ilógico, cómo la justicia va a estar amparando algo que es ilegal”, advirtió. “Nos dijo que la fiscal tenía resuelto entregar la madera porque había un permiso”, agregó.
Asimismo, “imploró” al presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Raúl John París, que impulse las acciones de lesividad para que regularizar la tenencia de tierra de las comunidades criollas asentadas históricamente del Interfluvio.
“Hay una lesividad muy grande que avasalla nuestros derechos como trabajadores porque somos gente que vive muy lejos, tenemos luz de candil, no tenemos agua, pero nunca molestamos, al Estado siempre le salimos gratis”, sostuvo.
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Rincón de los Sauces sigue sufriendo a YPF
Denuncian contaminación por un derrame en un pozo de YPF
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Rincón de los Sauces.- Los integrantes de la comunidad mapuche Auca Huenú denunciaron la contaminación ocasionada por un derrame de material proveniente de una instalación en el yacimiento Cerro Hamaca, operado por YPF, en Rincón de los Sauces.
Según manifestaron, cerca de las 5:20 registraron que algunos animales estaban manchados con una especie de aceite. Al recorrer el lugar, notaron que desde las instalaciones de la petrolera se expandía una mancha que ocupaba un área de aproximadamente unos 700 metros cuadrados.
Desde YPF confirmaron que se derramaron unos 500 litros de petróleo en el pozo CHO 39, del yacimiento Cerro Hamaca, tras una falla en una válvula que ocasionó que el líquido saliera en forma de "spray", y aseguraron que el lugar ya fue remediado. Por otro lado, replicaron que ayer a las 13, miembros de la comunidad realizaron un bloqueo sobre la ruta que impidió el acceso rápido para sanear el inconveniente.
Fuentes de la empresa, manifestaron que la actividad está parada en 10 pozos debido a una protesta de la comunidad Auca Huenú, desde el derrame.
Desde la comunidad, hoy realizaron una denuncia en la Fiscalía donde solicitaron a YPF que remedie el lugar y por incumplimiento del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo y por no respetar los protocolos ambientales.
"Esto provoca un daño socioambiental y perjudica a los integrantes de la comunidad. La remediación va a demorar años", expresó Liliana Sánchez, werken de la comunidad.
En junio, YPF debió cementar un pozo donde operaba la empresa Petreven y donde se perdió una pastilla radioactiva, en cercanías al lugar donde la comunidad Auca Huenú denuncia el derrame de ayer.
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Nativos de Salta contra política territorial
El Consejo de Participación Indígena rechaza creación de Unidad Provincial de Relevamiento Territorial
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Mocase denuncia ataque de paramilitares
Los violentos son ellos: la empresa Manaos contrató paramilitares
Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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Wichis solicitan a Urtubey que pare los desmontes
Comunidades Wichis piden a Urtubey que cancele los permisos de desmonte
Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Aborígenes salteños se instalan en zona de un desmonte
Aborígenes se instalan en las zonas donde se hará un desmonte de más de 6 mil has
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Salta sigue haciendo lo que quiere con los bosques
Ambiente solicita a Salta que mantenga la categoría de conservación de Bosque Nativo
Fecha de Publicación: 09/07/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS) participó en la audiencia pública realizada el 19 de junio en el Salón de la Delegación Municipal de Dragones del departamento salteño de San Martín. Esta Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley de Bosques 26.331 le solicitó a la Autoridad Local de Aplicación (ALA) del gobierno provincial explicaciones por un cambio de categoría de conservación de uso del suelo previsto en su mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El objetivo de la audiencia pública es el de estudiar el impacto ecológico y social que provocaría la implementación de una solicitud que pretende la provincia para modificar el plan de ordenamiento predial y el cambio de uso de suelo con fines agroganaderos en un sitio del Departamento de Rivadavia que es una zona con presencia de familias campesinas y Wichí.
Según la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), Rivadavia es uno de los cuatro departamentos que registra mayores pérdidas de bosque nativo de esta provincia en el período 2006-2013. Además, es una zona de bosque nativo con palo santo –especie incluida en el Apéndice II de la Convención CITES-, lo que determina la relevancia de la permanencia de la Finca Establecimiento Pluma de Pato en la categoría II para manejo sustentable (amarillo). Se trata de una superficie de 5.234 ha. para habilitar para desmonte y 5.741 ha. de protección y reserva.
Por ello, y por antecedentes de la misma índole, la SAyDS/ANA le solicitó a la ALA en diversas oportunidades la documentación que dé cuenta de los mecanismos para cambiar la categoría de conservación en todos los cambios de categoría aprobados, sin recibir hasta el momento respuesta a esta solicitud, lo que motivó la concurrencia de la cartera nacional a la audiencia pública.
Para el departamento en cuestión se desarrollaron ocho convocatorias a Audiencias Públicas, cuyo objeto ha sido la recategorización y el cambio de uso del suelo, lo cual en principio abarcaría la posibilidad de transformación de 78.564,76 ha categorizadas inicialmente como categoría I de conservación (roja) y II de manejo sustentable (amarilla). Al respecto, esta Autoridad Nacional desconoce el alcance de las autorizaciones otorgadas, así como los procedimientos y criterios que sustentaron tales decisiones.
Además, debe considerarse el Impacto Ambiental Acumulativo producto de las diferentes recategorizaciones a nivel predial, debido a que se desvirtúa el OTBN acreditado.
Resulta relevante considerar la ubicación relativa del predio, dado que se encuentra contiguo a una extensa zona bajo categoría I (roja) que funciona como corredor biológico y respecto de la cual el predio en cuestión actúa como amortiguador de los impactos por las transformaciones de predios vecinos (zona buffer).
El Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado en el marco de la Ley 26.331 por la Ley provincial N° 7543 y el Decreto N° 2785/09, fue acreditado ante la ANA, por la cual esta provincia recibe parte del Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.
La participación en los beneficios económicos que la Ley prevé estar condicionada a la constatación periódica por parte de la SAyDS del mantenimiento de las superficies de bosque nativo declaradas por cada jurisdicción; consecuentemente, la provincia está obligada a mantener la superficie declarada de bosques nativos (art. 34, Ley N° 26.331).
De acuerdo a la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) Nº 236/2012, los cambios prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. En esos casos excepcionales deberá mantenerse la coherencia a escala de paisaje con el fin de evitar la fragmentación de los bosques nativos. Esto se refiere al manteniendo de bosques de categoría II (amarilla) como áreas de amortiguamiento entre bosques de categoría I (rojo) y III (verde).
Las familias locales serían reubicadas dentro del límite del predio, en la zona de Cortinas, que es la que indica el plan de cambio de uso de suelo como zona de protección y reserva.
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Fecha de Publicación: 09/07/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS) participó en la audiencia pública realizada el 19 de junio en el Salón de la Delegación Municipal de Dragones del departamento salteño de San Martín. Esta Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley de Bosques 26.331 le solicitó a la Autoridad Local de Aplicación (ALA) del gobierno provincial explicaciones por un cambio de categoría de conservación de uso del suelo previsto en su mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El objetivo de la audiencia pública es el de estudiar el impacto ecológico y social que provocaría la implementación de una solicitud que pretende la provincia para modificar el plan de ordenamiento predial y el cambio de uso de suelo con fines agroganaderos en un sitio del Departamento de Rivadavia que es una zona con presencia de familias campesinas y Wichí.
Según la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), Rivadavia es uno de los cuatro departamentos que registra mayores pérdidas de bosque nativo de esta provincia en el período 2006-2013. Además, es una zona de bosque nativo con palo santo –especie incluida en el Apéndice II de la Convención CITES-, lo que determina la relevancia de la permanencia de la Finca Establecimiento Pluma de Pato en la categoría II para manejo sustentable (amarillo). Se trata de una superficie de 5.234 ha. para habilitar para desmonte y 5.741 ha. de protección y reserva.
Por ello, y por antecedentes de la misma índole, la SAyDS/ANA le solicitó a la ALA en diversas oportunidades la documentación que dé cuenta de los mecanismos para cambiar la categoría de conservación en todos los cambios de categoría aprobados, sin recibir hasta el momento respuesta a esta solicitud, lo que motivó la concurrencia de la cartera nacional a la audiencia pública.
Para el departamento en cuestión se desarrollaron ocho convocatorias a Audiencias Públicas, cuyo objeto ha sido la recategorización y el cambio de uso del suelo, lo cual en principio abarcaría la posibilidad de transformación de 78.564,76 ha categorizadas inicialmente como categoría I de conservación (roja) y II de manejo sustentable (amarilla). Al respecto, esta Autoridad Nacional desconoce el alcance de las autorizaciones otorgadas, así como los procedimientos y criterios que sustentaron tales decisiones.
Además, debe considerarse el Impacto Ambiental Acumulativo producto de las diferentes recategorizaciones a nivel predial, debido a que se desvirtúa el OTBN acreditado.
Resulta relevante considerar la ubicación relativa del predio, dado que se encuentra contiguo a una extensa zona bajo categoría I (roja) que funciona como corredor biológico y respecto de la cual el predio en cuestión actúa como amortiguador de los impactos por las transformaciones de predios vecinos (zona buffer).
El Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado en el marco de la Ley 26.331 por la Ley provincial N° 7543 y el Decreto N° 2785/09, fue acreditado ante la ANA, por la cual esta provincia recibe parte del Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.
La participación en los beneficios económicos que la Ley prevé estar condicionada a la constatación periódica por parte de la SAyDS del mantenimiento de las superficies de bosque nativo declaradas por cada jurisdicción; consecuentemente, la provincia está obligada a mantener la superficie declarada de bosques nativos (art. 34, Ley N° 26.331).
De acuerdo a la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) Nº 236/2012, los cambios prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. En esos casos excepcionales deberá mantenerse la coherencia a escala de paisaje con el fin de evitar la fragmentación de los bosques nativos. Esto se refiere al manteniendo de bosques de categoría II (amarilla) como áreas de amortiguamiento entre bosques de categoría I (rojo) y III (verde).
Las familias locales serían reubicadas dentro del límite del predio, en la zona de Cortinas, que es la que indica el plan de cambio de uso de suelo como zona de protección y reserva.
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Reserva de biósfera Yabotí en la agenda de Misiones
La Legislatura trata manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí
Fecha de Publicación: 01/06/2014
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Será hoy durante una reunión informativa sobre Alianza Multicultural público privada. La reserva está ubicada en el departamento San Pedro. Allí viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní.
Será a las 10.00 hs en el Salón de las Dos Constituciones. Tratará sobre la alianza multicultural pública y privada para el manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí, departamento San Pedro.
El lote 8 está ubicado dentro de la reserva de Biósfera Yaboty reconocida por la UNESCO, representa el 22 por ciento de la superficie del Bosque Atlántico actual. El objetivo de la Biosfera es la integración de las actividades productivas con la conservación del ambiente.
Allí, viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní: Tekoa Yma, Kapi´i Yvaté e Ita O Miri, que intentan preservar su identidad cultural y tradicional modo de vida: su Reko. La presencia de ellas resulta de un valor cultural extraordinario para la Provincia de Misiones.
El plan de conservación para el Lote 8 busca que la utilización de los saberes guaraní se complemente con las capacidades del Estado para que ese territorio sea un polo dinamizador de un mayor desarrollo humano.
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Fecha de Publicación: 01/06/2014
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Será hoy durante una reunión informativa sobre Alianza Multicultural público privada. La reserva está ubicada en el departamento San Pedro. Allí viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní.
Será a las 10.00 hs en el Salón de las Dos Constituciones. Tratará sobre la alianza multicultural pública y privada para el manejo sostenible del lote 8 en la reserva de biósfera Yabotí, departamento San Pedro.
El lote 8 está ubicado dentro de la reserva de Biósfera Yaboty reconocida por la UNESCO, representa el 22 por ciento de la superficie del Bosque Atlántico actual. El objetivo de la Biosfera es la integración de las actividades productivas con la conservación del ambiente.
Allí, viven tres comunidades de la Nación Mbya Guaraní: Tekoa Yma, Kapi´i Yvaté e Ita O Miri, que intentan preservar su identidad cultural y tradicional modo de vida: su Reko. La presencia de ellas resulta de un valor cultural extraordinario para la Provincia de Misiones.
El plan de conservación para el Lote 8 busca que la utilización de los saberes guaraní se complemente con las capacidades del Estado para que ese territorio sea un polo dinamizador de un mayor desarrollo humano.
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Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Los wichí a punto de ser historia por los desmontes
Desmontes ponen al borde de la extinción a la comunidad wichí en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 12/05/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo señala un informe de la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, en el marco del cumplimiento de la sentencia en la causa por bosques nativos que monitoreaba la jueza Iride Isabel Grillo.
“La degradación y desaparición del bosque nativo por su utilización con fines productivos por parte de terceros pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, la comunidad wichi y personas que la integran”. Así lo señala un fragmento del informe preliminar elaborado por un equipo encabezado por la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo para la justicia provincial. Fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en el marco del cumplimiento de una sentencia en una acción de amparo colectivo impulsada hace diez años por tres asociaciones comunitarias indígenas de El Impenetrable relacionada a la defensa del bosque nativo.
Bergallo sugirió, además, que “se tomen medidas urgentes para paliar la situación actual por el impacto social y cultural del desmonte en el territorio wichi de Nueva Pompeya”. Y recalca que “la población pide que se suspenda con urgencia la extracción de árboles en el territorio, para analizar y decidir de modo comunitario su destino”.
“Problema ambiental grave”
La idónea designada por Iride Grillo -por entonces titular del Juzgado Civil 6, hoy jueza del Superior Tribunal de Justicia- recalcó que “si bien este informe es preliminar, se advierten actualmente indicadores de un problema ambiental grave que está impactando social y culturalmente de diversas maneras a la comunidad wichi de Nueva Pompeya, que por diversos factores se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
En ese sentido, el informe enumera:
- Conflicto entre miembros de la propia comunidad que antes no existía en las dimensiones actuales, con desconocimiento sobre el origen de lo que está aconteciendo, ausencia de consulta que debiera respetar los modos culturales y sistemas internos de representación, desinformación, sensación de avasallamiento con total impunidad del territorio propio, y violación de sus derechos fundamentales. El diputado Orlando Charole reconoce que está en proceso un proyecto de reglamentación referido a los sistemas de participación y de representación, para evitar que actividades o proyectos elaborados externamente y sin consultas a comunidades indígenas impacten sobre ellas y sus territorios.
- Desconocimiento de quienes son los responsables de la destrucción del monte, en territorio wichi. Se apunta a agentes externos a la comunidad. El objetivo es la extracción del algarrobo (una de las fuentes más importantes de alimento y árbol sagrado para los wichi) en la zona más significativa histórica, cultural y vitalmente para la población wichi. Advierten que el territorio y la comunidad están siendo lesionados.
- Ampliación y destrucción de sendas tradicionales de comunicación que usa la gente especialmente hacia las zonas próximas a las fuentes de agua (totuinek) donde se efectúa la caza y recolección de alimentos, y de elementos para la producción de artesanías, y otros cuidados para la salud y la vida cotidiana. Se observó un desmonte en actividad (ver fotografías en Anexos) en un sitio considerablemente próximo a un paraje wichi (Las Maravillas) donde funciona una escuela.
- Lo que los wichi llaman playones, son espacios que se desmontan para ubicar los troncos, que luego serán transportados. Tienen un radio de aproximadamente doscientos metros. El impacto es mucho mayor ya que la tala del algarrobo se efectúa por fuera de ese radio, donde se destruyen otras especies usadas por la población con la caída de los árboles, el arrastre de los troncos, residuos dejados en los sitios usados como campamento y luego abandonados. En una extensión de seis a ocho kilómetros se observaron más de doce playones abiertos sobre las antiguas sendas de la gente.
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Fecha de Publicación: 12/05/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo señala un informe de la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, en el marco del cumplimiento de la sentencia en la causa por bosques nativos que monitoreaba la jueza Iride Isabel Grillo.
“La degradación y desaparición del bosque nativo por su utilización con fines productivos por parte de terceros pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, la comunidad wichi y personas que la integran”. Así lo señala un fragmento del informe preliminar elaborado por un equipo encabezado por la antropóloga social Graciela Elizabeth Bergallo para la justicia provincial. Fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 en el marco del cumplimiento de una sentencia en una acción de amparo colectivo impulsada hace diez años por tres asociaciones comunitarias indígenas de El Impenetrable relacionada a la defensa del bosque nativo.
Bergallo sugirió, además, que “se tomen medidas urgentes para paliar la situación actual por el impacto social y cultural del desmonte en el territorio wichi de Nueva Pompeya”. Y recalca que “la población pide que se suspenda con urgencia la extracción de árboles en el territorio, para analizar y decidir de modo comunitario su destino”.
“Problema ambiental grave”
La idónea designada por Iride Grillo -por entonces titular del Juzgado Civil 6, hoy jueza del Superior Tribunal de Justicia- recalcó que “si bien este informe es preliminar, se advierten actualmente indicadores de un problema ambiental grave que está impactando social y culturalmente de diversas maneras a la comunidad wichi de Nueva Pompeya, que por diversos factores se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
En ese sentido, el informe enumera:
- Conflicto entre miembros de la propia comunidad que antes no existía en las dimensiones actuales, con desconocimiento sobre el origen de lo que está aconteciendo, ausencia de consulta que debiera respetar los modos culturales y sistemas internos de representación, desinformación, sensación de avasallamiento con total impunidad del territorio propio, y violación de sus derechos fundamentales. El diputado Orlando Charole reconoce que está en proceso un proyecto de reglamentación referido a los sistemas de participación y de representación, para evitar que actividades o proyectos elaborados externamente y sin consultas a comunidades indígenas impacten sobre ellas y sus territorios.
- Desconocimiento de quienes son los responsables de la destrucción del monte, en territorio wichi. Se apunta a agentes externos a la comunidad. El objetivo es la extracción del algarrobo (una de las fuentes más importantes de alimento y árbol sagrado para los wichi) en la zona más significativa histórica, cultural y vitalmente para la población wichi. Advierten que el territorio y la comunidad están siendo lesionados.
- Ampliación y destrucción de sendas tradicionales de comunicación que usa la gente especialmente hacia las zonas próximas a las fuentes de agua (totuinek) donde se efectúa la caza y recolección de alimentos, y de elementos para la producción de artesanías, y otros cuidados para la salud y la vida cotidiana. Se observó un desmonte en actividad (ver fotografías en Anexos) en un sitio considerablemente próximo a un paraje wichi (Las Maravillas) donde funciona una escuela.
- Lo que los wichi llaman playones, son espacios que se desmontan para ubicar los troncos, que luego serán transportados. Tienen un radio de aproximadamente doscientos metros. El impacto es mucho mayor ya que la tala del algarrobo se efectúa por fuera de ese radio, donde se destruyen otras especies usadas por la población con la caída de los árboles, el arrastre de los troncos, residuos dejados en los sitios usados como campamento y luego abandonados. En una extensión de seis a ocho kilómetros se observaron más de doce playones abiertos sobre las antiguas sendas de la gente.
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Salta desmonta y con polémica
Ambientalistas aclararon por la campaña contra un desmonte
Fecha de Publicación: 06/05/2014
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Frente a las declaraciones de uno de los caciques que lideró el reclamo contra los desmontes, Dino Salas, quien criticó la actuación de la entidad, desde Greenpeace se salió a responder.
Salas salió a hacer las declaraciones en el marco de una campaña que la entidad lanzó contra Molinos Cañuelas por un desmonte a realizar en el norte salteño, indicando que este es un caso particular y que los ambientalistas no pueden hablar en su nombre.
Al indicar que en ningún momento se usó a la comunidad de San Ignacio de Loyola, que es liderada por Salas.
A ello sumó que "el grave impacto que la deforestación está generando en las comunidades indígenas de la región es algo que hace tiempo vienen denunciando organizaciones sociales nacionales y de la provincia, académicos y las propias comunidades". Se destacó el amparo judicial del que la comunidad de Salas fue una de las presentantes y por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación "suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la provincia realice un Estudio de Impacto Ambiental acumulativo de la deforestación y presente el mapa de Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley Nacional de Bosques (26.331".
Que se impida el desmonte que Molinos Cañuelas quiere hacer en Finca El Carmen, dijeron, no es solo un reclamo de Greenpeace, sino "lo que dicta la Ley Nacional de Bosques", en tanto la finca "fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II - amarillo, donde según el artículo 14 de la normativa nacional 'no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos'". Pese a ello, reiteraron, se recategorizó la zona al verde para que se pueda desmontar.
En Salta, ya se han realizado "recategorizaciones por más de 125.000 hectáreas en fincas con bosques nativos originalmente zonificados en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde el desmonte está prohibido....Debido a la magnitud de la superficie recategorizada, nos enfrentamos ya con un cambio estructural del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos original".
Explicaron que "las normativas ambientales no deben ser modificadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad; lo cual está establecido en forma clara en la Ley General del Ambiente y por el Congreso Mundial de la Naturaleza".
Indicaron que ninguna empresa o persona pueden decidir ajustarse a la norma más flexible para poder arrasar con las topadoras donde claramente no está permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacional y está por encima de cualquier reglamentación provincial".
Indicaron que en la finca la Ley Nacional de Bosques permite realizar actividades que mantengan al bosque nativo en pie, como el manejo forestal responsable, la ganadería bajo monte, la recolección de frutos y otros productos no madereros, la caza y la pesca. Por estas actividades, además, tanto la empresa como la comunidad indígena pueden acceder al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
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Fecha de Publicación: 06/05/2014
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Frente a las declaraciones de uno de los caciques que lideró el reclamo contra los desmontes, Dino Salas, quien criticó la actuación de la entidad, desde Greenpeace se salió a responder.
Salas salió a hacer las declaraciones en el marco de una campaña que la entidad lanzó contra Molinos Cañuelas por un desmonte a realizar en el norte salteño, indicando que este es un caso particular y que los ambientalistas no pueden hablar en su nombre.
Al indicar que en ningún momento se usó a la comunidad de San Ignacio de Loyola, que es liderada por Salas.
A ello sumó que "el grave impacto que la deforestación está generando en las comunidades indígenas de la región es algo que hace tiempo vienen denunciando organizaciones sociales nacionales y de la provincia, académicos y las propias comunidades". Se destacó el amparo judicial del que la comunidad de Salas fue una de las presentantes y por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación "suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la provincia realice un Estudio de Impacto Ambiental acumulativo de la deforestación y presente el mapa de Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley Nacional de Bosques (26.331".
Que se impida el desmonte que Molinos Cañuelas quiere hacer en Finca El Carmen, dijeron, no es solo un reclamo de Greenpeace, sino "lo que dicta la Ley Nacional de Bosques", en tanto la finca "fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II - amarillo, donde según el artículo 14 de la normativa nacional 'no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos'". Pese a ello, reiteraron, se recategorizó la zona al verde para que se pueda desmontar.
En Salta, ya se han realizado "recategorizaciones por más de 125.000 hectáreas en fincas con bosques nativos originalmente zonificados en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde el desmonte está prohibido....Debido a la magnitud de la superficie recategorizada, nos enfrentamos ya con un cambio estructural del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos original".
Explicaron que "las normativas ambientales no deben ser modificadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad; lo cual está establecido en forma clara en la Ley General del Ambiente y por el Congreso Mundial de la Naturaleza".
Indicaron que ninguna empresa o persona pueden decidir ajustarse a la norma más flexible para poder arrasar con las topadoras donde claramente no está permitido. La Ley de Bosques es una normativa nacional y está por encima de cualquier reglamentación provincial".
Indicaron que en la finca la Ley Nacional de Bosques permite realizar actividades que mantengan al bosque nativo en pie, como el manejo forestal responsable, la ganadería bajo monte, la recolección de frutos y otros productos no madereros, la caza y la pesca. Por estas actividades, además, tanto la empresa como la comunidad indígena pueden acceder al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
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Mapuches hicieron escuchar su voz en el Senado
Fuerte cruce entre mapuches y Pichetto por acuerdo YPF-Repsol
Fecha de Publicación: 19/03/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional - Río Negro
"Dentro de todo este arreglo, ¿está incorporada la remediación de nuestro espacio, de nuestros hijos, o sólo están contemplados los intereses del Estado?", dijo Gabriel Cherqui, integrante de la comunidad Kaxipayin. Conocé la respuesta del senador del Frente para la Victoria por Río Negro.
Gabriel Rolando Cherqui, de la comunidad mapuche "Kaxipayin", desató una polémica con el bloque kirchnerista al denunciar que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con Repsol sin contemplar los intereses de los pueblos originarios y la preservación del medio ambiente.
"Dentro de todo este arreglo, ¿está incorporada la remediación de nuestro espacio, de nuestros hijos, o sólo están contemplados los intereses del Estado?", cuestionó y aseguró que "todo lo que están haciendo va en contra de nuestro principio como pueblo y como vida". También pidió "saber si (en el convenio) está incluida la remediación de nuestro espacio territorial y se si descontó el daño ambiental, como dijo la presidenta".
Además, afirmó que "es necesario que tengamos en claro que se sanee el espacio territorial de las comunidades y que se haga la consulta antes del ingreso (de las petroleras) a nuestro espacio para no corromper una filosofía y manera de vida".
En tal sentido, el representante indígena advirtió que "venimos diciendo desde hace 14 años que Repsol contaminaba y siempre el Gobierno provincial y el nacional lo defendió", al tiempo que le pidió a los senadores que "se acuerden de nosotros, hay mucha gente que se está muriendo".
"Siempre dijimos que estamos en contra de la explotación, no de la extracción. Pero obviamente el país necesita el progreso y necesitamos convivir. Pero ese progreso se está llevando la vida no solo de los mapuches", reforzó el mapuche y continuó: "hoy hablan de los pasivos ambientales y de la plata que va a entrar al país, pero no se ponen a pensar en los miles y millones de litros de agua que se contaminan día a día por la explotación hidrocarburífera".
Cherqui aprovechó la situación para llevarle a los senadores una botella de agua natural de Neuquén, supuestamente contaminada, y lanzó duras críticas al acuerdo con Chevron por "su reputación en el mundo" en lo relacionado al medio ambiente. "Y aparte de eso la economía del país se está yendo al carajo", completó.
Ante estas palabras, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, no tardó en recoger el guante y, de manera templada, preguntó "por qué no podemos compatibilizar los intereses de los pueblos originarios, los del país y el cuidado del medio ambiente". Acto seguido, el senador le recordó al representante mapuche que su comunidad tiene acuerdos de trabajo con Repsol, algo que Cherqui reconoció porque "no nos han dejado ninguna otra forma de vida". "Estamos de acuerdo en defender la economía del país pero no a costa de nosotros", insistió.
Fue entonces cuando Pichetto descalificó a los pueblos originarios al decir no entender que "prefieran vivir con una economía pastoril". "Es la forma de vida que elegimos", le respondió Cherqui.
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Fecha de Publicación: 19/03/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional - Río Negro
"Dentro de todo este arreglo, ¿está incorporada la remediación de nuestro espacio, de nuestros hijos, o sólo están contemplados los intereses del Estado?", dijo Gabriel Cherqui, integrante de la comunidad Kaxipayin. Conocé la respuesta del senador del Frente para la Victoria por Río Negro.
Gabriel Rolando Cherqui, de la comunidad mapuche "Kaxipayin", desató una polémica con el bloque kirchnerista al denunciar que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con Repsol sin contemplar los intereses de los pueblos originarios y la preservación del medio ambiente.
"Dentro de todo este arreglo, ¿está incorporada la remediación de nuestro espacio, de nuestros hijos, o sólo están contemplados los intereses del Estado?", cuestionó y aseguró que "todo lo que están haciendo va en contra de nuestro principio como pueblo y como vida". También pidió "saber si (en el convenio) está incluida la remediación de nuestro espacio territorial y se si descontó el daño ambiental, como dijo la presidenta".
Además, afirmó que "es necesario que tengamos en claro que se sanee el espacio territorial de las comunidades y que se haga la consulta antes del ingreso (de las petroleras) a nuestro espacio para no corromper una filosofía y manera de vida".
En tal sentido, el representante indígena advirtió que "venimos diciendo desde hace 14 años que Repsol contaminaba y siempre el Gobierno provincial y el nacional lo defendió", al tiempo que le pidió a los senadores que "se acuerden de nosotros, hay mucha gente que se está muriendo".
"Siempre dijimos que estamos en contra de la explotación, no de la extracción. Pero obviamente el país necesita el progreso y necesitamos convivir. Pero ese progreso se está llevando la vida no solo de los mapuches", reforzó el mapuche y continuó: "hoy hablan de los pasivos ambientales y de la plata que va a entrar al país, pero no se ponen a pensar en los miles y millones de litros de agua que se contaminan día a día por la explotación hidrocarburífera".
Cherqui aprovechó la situación para llevarle a los senadores una botella de agua natural de Neuquén, supuestamente contaminada, y lanzó duras críticas al acuerdo con Chevron por "su reputación en el mundo" en lo relacionado al medio ambiente. "Y aparte de eso la economía del país se está yendo al carajo", completó.
Ante estas palabras, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, no tardó en recoger el guante y, de manera templada, preguntó "por qué no podemos compatibilizar los intereses de los pueblos originarios, los del país y el cuidado del medio ambiente". Acto seguido, el senador le recordó al representante mapuche que su comunidad tiene acuerdos de trabajo con Repsol, algo que Cherqui reconoció porque "no nos han dejado ninguna otra forma de vida". "Estamos de acuerdo en defender la economía del país pero no a costa de nosotros", insistió.
Fue entonces cuando Pichetto descalificó a los pueblos originarios al decir no entender que "prefieran vivir con una economía pastoril". "Es la forma de vida que elegimos", le respondió Cherqui.
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Intento de desmontes en Jujuy, suspendió la Audiencia
Continúa preocupación por intento de desmontes en Palma Sola
Fecha de Publicación: 19/03/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Si bien se suspendió la Audiencia Pública convocada por la Secretaria de Gestión Ambiental para autorizar el desmonte en Palma Sola, prevista para el pasado martes 12 de marzo, comunidades de Pueblos Originarios y Campesinos continúan preocupados y se mantienen en estado de alerta y movilización. Un corte de ruta realizado por quienes se verían afectados por el proyecto impidió que el encuentro tuviera lugar, aunque no descartan que intenten realizarlo nuevamente a pesar de las irregularidades.
Ante todo, el área que se pretende desmontar y sobre la cual se haría la Audiencia Pública, se encuentra dentro del Departamento Santa Bárbara, zona en la que se solicitó se suspendan los desmontes dado las serias falencias de que adolece el Plan de Ordenamiento Territoriales para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy.
Desde la Asociación Tierra Fértil de Palma Sola criticaron además que desde el gobierno intentaron evitar que participaran de la audiencia 600 referentes de comunidades originarias, iglesia, instituciones públicas del pueblo de Palma Sola que solicitaron expresar su punto de vista. Pero por otra parte, señalaron que “genera incertidumbre la convocatoria realizada en tanto existen dictámenes contrarios del Comisión Evaluadora de Bosques (CEB) y de los técnicos y asesores legales de la Secretaria de Gestión Ambiental de la provincia, sobre la viabilidad de un proyecto de las magnitudes de lo solicitado y de los críticos impactos que generaría su realización. Según la propia CEB correspondería una *habilitación parcial en forma escalonada a través de parcelas pilotos* y propuso que sólo se autoricen 600 hectáreas. No se comprende entonces por qué se somete a la consulta pública una superficie de 12.439.23 hectáreas”.
A su vez, desde la agrupación que nuclea a las familias de la zona denunciaron que no se aseguró el acceso a la información ni se notificó a los pueblos indígenas y campesinos. “Las familias campesinas que viven en el lugar pidieron acceso al expediente en varias oportunidades desde enero de 2012, constituyeron domicilio y acreditaron representación, agregaron informes antropológicos y ofrecieron prueba de la posesión. Sin embargo sus notas no fueron agregadas al expediente y se negó el acceso a la información”.
Las comunidades campesinas e indígenas realizaran reclamos administrativos para que se garantice al consentimiento Previo Libre e Informado y se tomen medidas para proteger el monte chaqueño.
Acompañan el reclamo los diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, ATE, integrantes de la Intersindical, la Red de Organizaciones Sociales y organismos de DDHH, entre otros.
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Fecha de Publicación: 19/03/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Si bien se suspendió la Audiencia Pública convocada por la Secretaria de Gestión Ambiental para autorizar el desmonte en Palma Sola, prevista para el pasado martes 12 de marzo, comunidades de Pueblos Originarios y Campesinos continúan preocupados y se mantienen en estado de alerta y movilización. Un corte de ruta realizado por quienes se verían afectados por el proyecto impidió que el encuentro tuviera lugar, aunque no descartan que intenten realizarlo nuevamente a pesar de las irregularidades.
Ante todo, el área que se pretende desmontar y sobre la cual se haría la Audiencia Pública, se encuentra dentro del Departamento Santa Bárbara, zona en la que se solicitó se suspendan los desmontes dado las serias falencias de que adolece el Plan de Ordenamiento Territoriales para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy.
Desde la Asociación Tierra Fértil de Palma Sola criticaron además que desde el gobierno intentaron evitar que participaran de la audiencia 600 referentes de comunidades originarias, iglesia, instituciones públicas del pueblo de Palma Sola que solicitaron expresar su punto de vista. Pero por otra parte, señalaron que “genera incertidumbre la convocatoria realizada en tanto existen dictámenes contrarios del Comisión Evaluadora de Bosques (CEB) y de los técnicos y asesores legales de la Secretaria de Gestión Ambiental de la provincia, sobre la viabilidad de un proyecto de las magnitudes de lo solicitado y de los críticos impactos que generaría su realización. Según la propia CEB correspondería una *habilitación parcial en forma escalonada a través de parcelas pilotos* y propuso que sólo se autoricen 600 hectáreas. No se comprende entonces por qué se somete a la consulta pública una superficie de 12.439.23 hectáreas”.
A su vez, desde la agrupación que nuclea a las familias de la zona denunciaron que no se aseguró el acceso a la información ni se notificó a los pueblos indígenas y campesinos. “Las familias campesinas que viven en el lugar pidieron acceso al expediente en varias oportunidades desde enero de 2012, constituyeron domicilio y acreditaron representación, agregaron informes antropológicos y ofrecieron prueba de la posesión. Sin embargo sus notas no fueron agregadas al expediente y se negó el acceso a la información”.
Las comunidades campesinas e indígenas realizaran reclamos administrativos para que se garantice al consentimiento Previo Libre e Informado y se tomen medidas para proteger el monte chaqueño.
Acompañan el reclamo los diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, ATE, integrantes de la Intersindical, la Red de Organizaciones Sociales y organismos de DDHH, entre otros.
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Comunidad Mapuche obtiene cautelar por su territorio
Fallo histórico a favor de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas
Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
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Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
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Otra represión en Chaco contra indígenas y campesinos
Represión en Chaco
Fecha de Publicación: 05/03/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
El reclamo de indígenas y campesinos por agua, asistencia sanitaria y alimentos terminó con una feroz represión y con cinco detenidos en Pampa del Indio (Chaco). El gobierno provincial acusó a los indígenas de una “emboscada” y señaló que hubo policías heridos de bala. Ramona Pinay, del Movimiento Originarios en Lucha, afirmó todo lo contrario: “Fue una cacería, había saña para pegarles a indígenas, es parte del genocidio que nos toca”. Es la cuarta represión del año en Chaco. En lo que va de 2014, pueblos indígenas y campesinos de la Argentina sufrieron al menos ocho hechos de violencia por reclamos territoriales y sociales.
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
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Fecha de Publicación: 05/03/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
El reclamo de indígenas y campesinos por agua, asistencia sanitaria y alimentos terminó con una feroz represión y con cinco detenidos en Pampa del Indio (Chaco). El gobierno provincial acusó a los indígenas de una “emboscada” y señaló que hubo policías heridos de bala. Ramona Pinay, del Movimiento Originarios en Lucha, afirmó todo lo contrario: “Fue una cacería, había saña para pegarles a indígenas, es parte del genocidio que nos toca”. Es la cuarta represión del año en Chaco. En lo que va de 2014, pueblos indígenas y campesinos de la Argentina sufrieron al menos ocho hechos de violencia por reclamos territoriales y sociales.
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
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Hecha la trampa para desmontar en Salta
Avanza el desmonte por los agronegocios
Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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Obligados a consultarlos
Consulta obligatoria
Fecha de Publicación: 30/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.
La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).
Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”
El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”
“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.
El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.
La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.
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Fecha de Publicación: 30/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.
La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).
Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”
El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”
“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.
El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.
La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.
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Salta llama a dos audiencias para seguir desmontando
Impulsan un desmonte que condenaría a las comunidades a un encierro
Fecha de Publicación: 21/12/2013
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente de la provincia, convocó para el próximo lunes a dos audiencias públicas que involucran un desmonte de cerca de 10 mil hectáreas en Ballivián (departamento San Martín), lo cual dejaría a las comunidades en una situación de encierro ante la cantidad de desmontes existentes en la zona. A ello se suma que existe un recurso de amparo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se proclamó incompetente, por lo que debe ser resuelto por la Corte de Justicia de Salta.
Ya en su informe, el defensor oficial ante la CSJN, Julián Horacio Langevin, en representación de las comunidades perjudicadas San José y Cuchuy, había sostenido que tanto ellos como los miembros de El Chaguaral y Corralito “se hallan inmersos en una alarmante situación socioeconómica agravada por la vulneración sistemática de sus derechos humanos. Las poblaciones relevadas sufren falta de alimentación, de acceso al agua potable, vivienda digna, educación y salud pública”. A ello sumó que “esa situación se ve agravada por las dificultades ocasionadas por agentes particulares a las comunidades para poder circular libremente por su territorio, así como para poder salir e ingresar del mismo por la existencia de tranqueras ubicadas sobre los caminos de acceso a la comunidad y que son manejadas por particulares”. Al introducir la posibilidad de reseñar las “paupérrimas condiciones de vida”, señaló que “los problemas en los que se ven inmersos son producto del despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de particulares con la anuencia de los estados provincial y nacional”.
Sin registro
Pese a que en más de una ocasión se presentaron notas al secretario de Ambiente, Gustavo Paul, invalidando un ‘convenio’ firmado entre algunas familias de una de las comunidades y los titulares que solicitan el desmonte, de apellidos Larrán y Braun Peña, Ambiente siguió adelante con el expediente sin poner en consideración el tema. De esa firma, en la cual los indígenas rubricaron el acta con su huella digital, y que aseguraron, no se les tradujo en su idioma de que se trataba. Estuvieron presentes las autoridades del IPPIS y del CPI durante 2012.
Las comunidades, en tanto, ya fueron rodeadas por desmontes legales e ilegales en un departamento que desde la Sanción de la Ley de Bosques, a fin de 2007, y hasta hoy, ha perdido más de 90 mil hectáreas de bosque nativo. Ello según el monitoreo de la REDAF.
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Fecha de Publicación: 21/12/2013
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente de la provincia, convocó para el próximo lunes a dos audiencias públicas que involucran un desmonte de cerca de 10 mil hectáreas en Ballivián (departamento San Martín), lo cual dejaría a las comunidades en una situación de encierro ante la cantidad de desmontes existentes en la zona. A ello se suma que existe un recurso de amparo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se proclamó incompetente, por lo que debe ser resuelto por la Corte de Justicia de Salta.
Ya en su informe, el defensor oficial ante la CSJN, Julián Horacio Langevin, en representación de las comunidades perjudicadas San José y Cuchuy, había sostenido que tanto ellos como los miembros de El Chaguaral y Corralito “se hallan inmersos en una alarmante situación socioeconómica agravada por la vulneración sistemática de sus derechos humanos. Las poblaciones relevadas sufren falta de alimentación, de acceso al agua potable, vivienda digna, educación y salud pública”. A ello sumó que “esa situación se ve agravada por las dificultades ocasionadas por agentes particulares a las comunidades para poder circular libremente por su territorio, así como para poder salir e ingresar del mismo por la existencia de tranqueras ubicadas sobre los caminos de acceso a la comunidad y que son manejadas por particulares”. Al introducir la posibilidad de reseñar las “paupérrimas condiciones de vida”, señaló que “los problemas en los que se ven inmersos son producto del despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de particulares con la anuencia de los estados provincial y nacional”.
Sin registro
Pese a que en más de una ocasión se presentaron notas al secretario de Ambiente, Gustavo Paul, invalidando un ‘convenio’ firmado entre algunas familias de una de las comunidades y los titulares que solicitan el desmonte, de apellidos Larrán y Braun Peña, Ambiente siguió adelante con el expediente sin poner en consideración el tema. De esa firma, en la cual los indígenas rubricaron el acta con su huella digital, y que aseguraron, no se les tradujo en su idioma de que se trataba. Estuvieron presentes las autoridades del IPPIS y del CPI durante 2012.
Las comunidades, en tanto, ya fueron rodeadas por desmontes legales e ilegales en un departamento que desde la Sanción de la Ley de Bosques, a fin de 2007, y hasta hoy, ha perdido más de 90 mil hectáreas de bosque nativo. Ello según el monitoreo de la REDAF.
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Mapuches remedian tierras con hidrocarburos
Mapuches remedian tierras
Fecha de Publicación: 17/12/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel, visitó el proyecto que lleva adelante la comunidad mapuche Gelay Ko para revegetar suelos degradados por la actividad hidrocarburífera y de sobrepastoreo. Se trata de caminos en desuso, picadas y locaciones abandonadas. El funcionario estuvo acompañado por la Lonco de la comunidad, Silvia Claleo.
Esquivel indicó que "hemos convenido con la comunidad Gelay Ko observar las tareas que están ejecutando. En este caso se trata de un adelanto de las tareas que vienen llevando a cabo con la finalidad de promover la restauración de todos los sitios que se afectan o se impactan por el ejercicio de la actividad hidrocarburífera".
El titular de Medio Ambiente explicó que "estamos promoviendo la restauración de esos sitios a través de la reimplantación de especies autóctonas. Para esto se establece, en la misma disposición, que deben implantarse 1.600 plantines de las especies de mayor referencia en el lugar". Esquivel expresó que esta actividad "promueve la conciencia ambiental, el cuidado y la conservación del ambiente, establece relaciones cordiales entre la empresa y la comunidad que coexisten en el predio y en el marco de sus concesiones y esto es lo que la provincia alienta".
La Lonco Silvia Claleo explicó que la comuna de Gelay Ko se ubica "en la zona centro de la provincia del Neuquén y es una de las comunidades que está impactada por la actividad hidrocarburífera".
Dijo que "es posible una convivencia entre la industria extractiva y la comunidad; con todo lo que implica una comunidad mapuche: con una fuerte identidad hacia un pueblo, una cultura y una forma de ver y entender el mundo que no es el de la industria extractiva, como en este caso una empresa petrolera".
La comunidad Gelay Ko tiene 16 años de vida institucional y está conformada por 28 familias que están asentadas en la zona de Ramón Castro, Charco La Guanaca, Barda Negra y Santo Domingo Centro.
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Fecha de Publicación: 17/12/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel, visitó el proyecto que lleva adelante la comunidad mapuche Gelay Ko para revegetar suelos degradados por la actividad hidrocarburífera y de sobrepastoreo. Se trata de caminos en desuso, picadas y locaciones abandonadas. El funcionario estuvo acompañado por la Lonco de la comunidad, Silvia Claleo.
Esquivel indicó que "hemos convenido con la comunidad Gelay Ko observar las tareas que están ejecutando. En este caso se trata de un adelanto de las tareas que vienen llevando a cabo con la finalidad de promover la restauración de todos los sitios que se afectan o se impactan por el ejercicio de la actividad hidrocarburífera".
El titular de Medio Ambiente explicó que "estamos promoviendo la restauración de esos sitios a través de la reimplantación de especies autóctonas. Para esto se establece, en la misma disposición, que deben implantarse 1.600 plantines de las especies de mayor referencia en el lugar". Esquivel expresó que esta actividad "promueve la conciencia ambiental, el cuidado y la conservación del ambiente, establece relaciones cordiales entre la empresa y la comunidad que coexisten en el predio y en el marco de sus concesiones y esto es lo que la provincia alienta".
La Lonco Silvia Claleo explicó que la comuna de Gelay Ko se ubica "en la zona centro de la provincia del Neuquén y es una de las comunidades que está impactada por la actividad hidrocarburífera".
Dijo que "es posible una convivencia entre la industria extractiva y la comunidad; con todo lo que implica una comunidad mapuche: con una fuerte identidad hacia un pueblo, una cultura y una forma de ver y entender el mundo que no es el de la industria extractiva, como en este caso una empresa petrolera".
La comunidad Gelay Ko tiene 16 años de vida institucional y está conformada por 28 familias que están asentadas en la zona de Ramón Castro, Charco La Guanaca, Barda Negra y Santo Domingo Centro.
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En Jujuy los nativos advierten sobre la minería
Minería en Jujuy: aborígenes aseguran que “si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”
Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Jorge Iglesias, representante legal del Colectivo Apacheta de Susques, comunidad aborigen de la zona, e integrantes de la comunidad, Carlos Guzmán y Eusebia Soriano, denunciaron el avasallamiento de sus derechos por el gobierno provincial y por la empresa Sales de Jujuy debido a la falta de cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en relación a los proyectos de explotación de litio, y señalaron que por dichos incumplimientos “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando a cabo en la zona”.
Asimismo mostraron su preocupación sobre el daño que se originaría en el ambiente debido a los procesos mineros y reclamaron su participación en el mismo, ya que han sido dejados afuera.
Según manifestó Jorge Iglesias a JUJUY AL DÍA®, “la situación que se vive en Susques es de gran preocupación porque el grupo que represento siente que es avasallado en sus derechos, que desde el gobierno de la provincia y desde la empresa minera Sales de Jujuy no se le ha dado participación en todos los procedimientos que han venido desarrollando para la actividad minera actual de explotación de litio, y esto es porque se han hecho informes de impacto ambiental donde la comunidad no ha participado y además estos informes de la empresa Sales de Jujuy datan del 2010 y fueron presentados con posterioridad en el año 2012, lo que da cuenta a las claras que no le dieron ninguna participación”.
Continuo “también pueden ver el manejo de las políticas del gobierno provincial, con respecto a las otras comunidades, donde hacen dos o tres reuniones informativas, que no alcanzan para informar a nadie, sin comunicar ni notificar a los todos integrantes de la comunidad para la participación de las mismas y se reúnen con un pequeño grupo de residentes que militan en partidos políticos o pertenecen a la Comisión Municipal y así se produce la aprobación de los proyectos mineros”.
Además mencionó que “según el fallo que acaba de emitir la doctora Gils Carbó, marca claramente que este es un procedimiento irregular y por lo tanto nulo, porque se violan determinadas leyes nacionales, incluso la Constitución Nacional y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Es decir que de ninguna manera alcanzan dos o tres reuniones con una parte reducida de la comunidad para aprobar un proyecto de semejante envergadura”
“Para la ley nacional e internacional es un procedimiento nulo, irregular y manifiesto, la nulidad se manifiesta porque convocan a un pequeño grupo de personas de la comunidad a dos o tres reuniones, aparte los que aprueban estos proyecto o a quienes les hacen las preguntas es un grupo de militantes del partido político tradicional e integrantes de la comisión municipal”, añadió.
En este contexto, JUJUY AL DÍA® consultó al representante legal del colectivo Apacheta de Susques si estos procesos de exploración y explotaron de litio podrían continuar avanzando, y dijo que “para nada, de ninguna manera, porque es un procedimiento que se está llevando y avanzando a partir de los hechos, y podría decir a partir de la fuerza tanto física e intelectual, ya que venimos denunciando una serie de aprietes que han realizado a la comunidad, y también a través de un engaño manifiesto”.
Recalcó que “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando adelante en la zona, porque con la exploración que hicieron las empresas mineras que son transnacionales en su mayoría en sociedad con JEMSE y Toyota, no se ha visto beneficiada la comunidad”.
Acerca de las presentaciones realizadas por dichas irregularidades, Iglesias comentó que “desde agosto de este año hemos realizado 6 amparos administrativos ante el Juzgado de Minas, ante la Dirección provincial de Minería, ante la Secretaria de Minería, ante el Ministerio de Producción, ante el Gobernador, y solo hemos recibido la contestación del Ministerio de Producción, requiriendo formalidades, las cuales se han presentado y ahora estamos esperando una respuesta mientras preparamos todo para ir a la vía judicial y organizando al colectivo en la lucha social en la región contando con el apoyo de las 33 comunidades”.
Además, Jorge Iglesias se refirió en declaraciones a JUJUY AL DÍA®, a la denuncia sobre el traspaso de terrenos de las comunidades originarias y expresó que “tenemos varias denuncias sobre que se han transmitido terrenos con escrituras firmadas por el gobernador antes de entregar los títulos comunitarios, esto fue aproximadamente en el año 98. Tenemos el caso particular de la señora Eusebia Soriano donde el gobernador de la provincia ha firmado la escritura transmitiéndole la propiedad de esta señora al Walter Pedicone”.
Señaló que “esto es algo que no se podría haber hecho de ninguna manera ya que las tierras comunitarias no pueden ser transmitidas ni cedidas a terceros ya que corresponden a los poseedores ancestrales, y en este caso es claro que el señor Pedicone no puede probar de ninguna manera su posesión ancestral porque no es integrante de la comunidad”.
Por su parte, Carlos Guzmán, integrante del Colectivo Apacheta de Susques y productor de la zona, manifestó a JUJUY AL DÍA® que “aún no estamos viendo mucho daño pero simplemente porque esto recién comienza pero sabemos que el gasto de agua que hacen para sacar el litio nos va a perjudicar mucho en nuestra vida cotidiana, tanto en el ganado como a nosotros. Además queremos decirle al gobierno que debemos ser partícipes de esto porque somos los dueños, ¿por qué la multinacional y el gobierno se llevan todos esto mientras que los dueños nos quedamos sin nada?”. Añadió que “no hay ninguna inversión en el pueblo, solo los comuneros participaron en reuniones pero los pequeños productores no, esa es nuestra indignación, porque no nos dan participación”.
Al referirse a las consecuencias del desarrollo de dicha explotación, Guzmán mencionó que “hemos tenido diálogo con una bióloga de Chile y uno de Francia y nos mostraron los daños que hay en la comunidad Chañarcito de Chile, y todo el impacto que generó el litio y es una pena porque de acá a 15 años nuestros hijos y nietos que a van tener si todo va a estar seco, eso queremos aclarar y que además nos tengan respeto como originarios”.
“Nos sentimos muy discriminados y muy enojados porque para ellos no somos humanos, ni nuestros animales sirven. No sé qué es lo que piensa el gobierno, pero si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”, aseguró Guzmán.
Para finalizar, Eusebia Soriano dio su parecer acerca de la situación a la cual calificó de “muy grave, porque el gobierno no nos dio participación, y eso no puede ser, primero tendrían que habernos dado participación a los productores porque somos lo que vivimos en el campo, por el agua, por las plantas, por todo, pero para nosotros no hay ninguna ayuda, nada. No sé qué piensa el gobierno, parece que quiere liquidarnos a todos los productores”, aseguró finalmente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Jorge Iglesias, representante legal del Colectivo Apacheta de Susques, comunidad aborigen de la zona, e integrantes de la comunidad, Carlos Guzmán y Eusebia Soriano, denunciaron el avasallamiento de sus derechos por el gobierno provincial y por la empresa Sales de Jujuy debido a la falta de cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en relación a los proyectos de explotación de litio, y señalaron que por dichos incumplimientos “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando a cabo en la zona”.
Asimismo mostraron su preocupación sobre el daño que se originaría en el ambiente debido a los procesos mineros y reclamaron su participación en el mismo, ya que han sido dejados afuera.
Según manifestó Jorge Iglesias a JUJUY AL DÍA®, “la situación que se vive en Susques es de gran preocupación porque el grupo que represento siente que es avasallado en sus derechos, que desde el gobierno de la provincia y desde la empresa minera Sales de Jujuy no se le ha dado participación en todos los procedimientos que han venido desarrollando para la actividad minera actual de explotación de litio, y esto es porque se han hecho informes de impacto ambiental donde la comunidad no ha participado y además estos informes de la empresa Sales de Jujuy datan del 2010 y fueron presentados con posterioridad en el año 2012, lo que da cuenta a las claras que no le dieron ninguna participación”.
Continuo “también pueden ver el manejo de las políticas del gobierno provincial, con respecto a las otras comunidades, donde hacen dos o tres reuniones informativas, que no alcanzan para informar a nadie, sin comunicar ni notificar a los todos integrantes de la comunidad para la participación de las mismas y se reúnen con un pequeño grupo de residentes que militan en partidos políticos o pertenecen a la Comisión Municipal y así se produce la aprobación de los proyectos mineros”.
Además mencionó que “según el fallo que acaba de emitir la doctora Gils Carbó, marca claramente que este es un procedimiento irregular y por lo tanto nulo, porque se violan determinadas leyes nacionales, incluso la Constitución Nacional y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Es decir que de ninguna manera alcanzan dos o tres reuniones con una parte reducida de la comunidad para aprobar un proyecto de semejante envergadura”
“Para la ley nacional e internacional es un procedimiento nulo, irregular y manifiesto, la nulidad se manifiesta porque convocan a un pequeño grupo de personas de la comunidad a dos o tres reuniones, aparte los que aprueban estos proyecto o a quienes les hacen las preguntas es un grupo de militantes del partido político tradicional e integrantes de la comisión municipal”, añadió.
En este contexto, JUJUY AL DÍA® consultó al representante legal del colectivo Apacheta de Susques si estos procesos de exploración y explotaron de litio podrían continuar avanzando, y dijo que “para nada, de ninguna manera, porque es un procedimiento que se está llevando y avanzando a partir de los hechos, y podría decir a partir de la fuerza tanto física e intelectual, ya que venimos denunciando una serie de aprietes que han realizado a la comunidad, y también a través de un engaño manifiesto”.
Recalcó que “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando adelante en la zona, porque con la exploración que hicieron las empresas mineras que son transnacionales en su mayoría en sociedad con JEMSE y Toyota, no se ha visto beneficiada la comunidad”.
Acerca de las presentaciones realizadas por dichas irregularidades, Iglesias comentó que “desde agosto de este año hemos realizado 6 amparos administrativos ante el Juzgado de Minas, ante la Dirección provincial de Minería, ante la Secretaria de Minería, ante el Ministerio de Producción, ante el Gobernador, y solo hemos recibido la contestación del Ministerio de Producción, requiriendo formalidades, las cuales se han presentado y ahora estamos esperando una respuesta mientras preparamos todo para ir a la vía judicial y organizando al colectivo en la lucha social en la región contando con el apoyo de las 33 comunidades”.
Además, Jorge Iglesias se refirió en declaraciones a JUJUY AL DÍA®, a la denuncia sobre el traspaso de terrenos de las comunidades originarias y expresó que “tenemos varias denuncias sobre que se han transmitido terrenos con escrituras firmadas por el gobernador antes de entregar los títulos comunitarios, esto fue aproximadamente en el año 98. Tenemos el caso particular de la señora Eusebia Soriano donde el gobernador de la provincia ha firmado la escritura transmitiéndole la propiedad de esta señora al Walter Pedicone”.
Señaló que “esto es algo que no se podría haber hecho de ninguna manera ya que las tierras comunitarias no pueden ser transmitidas ni cedidas a terceros ya que corresponden a los poseedores ancestrales, y en este caso es claro que el señor Pedicone no puede probar de ninguna manera su posesión ancestral porque no es integrante de la comunidad”.
Por su parte, Carlos Guzmán, integrante del Colectivo Apacheta de Susques y productor de la zona, manifestó a JUJUY AL DÍA® que “aún no estamos viendo mucho daño pero simplemente porque esto recién comienza pero sabemos que el gasto de agua que hacen para sacar el litio nos va a perjudicar mucho en nuestra vida cotidiana, tanto en el ganado como a nosotros. Además queremos decirle al gobierno que debemos ser partícipes de esto porque somos los dueños, ¿por qué la multinacional y el gobierno se llevan todos esto mientras que los dueños nos quedamos sin nada?”. Añadió que “no hay ninguna inversión en el pueblo, solo los comuneros participaron en reuniones pero los pequeños productores no, esa es nuestra indignación, porque no nos dan participación”.
Al referirse a las consecuencias del desarrollo de dicha explotación, Guzmán mencionó que “hemos tenido diálogo con una bióloga de Chile y uno de Francia y nos mostraron los daños que hay en la comunidad Chañarcito de Chile, y todo el impacto que generó el litio y es una pena porque de acá a 15 años nuestros hijos y nietos que a van tener si todo va a estar seco, eso queremos aclarar y que además nos tengan respeto como originarios”.
“Nos sentimos muy discriminados y muy enojados porque para ellos no somos humanos, ni nuestros animales sirven. No sé qué es lo que piensa el gobierno, pero si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”, aseguró Guzmán.
Para finalizar, Eusebia Soriano dio su parecer acerca de la situación a la cual calificó de “muy grave, porque el gobierno no nos dio participación, y eso no puede ser, primero tendrían que habernos dado participación a los productores porque somos lo que vivimos en el campo, por el agua, por las plantas, por todo, pero para nosotros no hay ninguna ayuda, nada. No sé qué piensa el gobierno, parece que quiere liquidarnos a todos los productores”, aseguró finalmente.
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