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Salta: hermano del gobernador se adueñó de mil has
10:44 | 
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Facundo Urtubey se adueñó de mil hectáreas del chaco salteño
Fecha de Publicación: 27/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Catalina Molina tiene muchos hijos. Dice que más de diez, pero es reacia a revelar la cifra exacta. Habla en wichi, pero sabe castellano. Distraerla de su tarea es algo difícil.
Cuando El Tribuno conquistó su atención, en la comunidad wichi San Ignacio de Loyola, a unos 15 kilómetros de Hickmann, sobre la ruta nacional 81, Catalina levantó la mirada y dejó de martillar. Estaba machacando el chaguar, esa planta de apariencia desértica que las mujeres arrancan del monte, a kilómetros de sus casas, para hacer tejidos. Así viven los vecinos de Facundo Urtubey.
El hermano del gobernador, a través de una empresa que maneja el cuestionado titular del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, se apropió allí de más de 1.000 hectáreas. Un alambrado, un cartel que dice “Propiedad Privada” y una tranquera, que corta el paso a criollos y aborígenes en un camino vecinal, separa las tierras ocupadas por SAN SRL del territorio wichi donde vive Catalina.
En marzo de 2012, esa población originaria recibió el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. “Primero desmontaron, luego pusieron un portón y ahora un cartel dice que la propiedad es privada y ya nadie puede pasar. Los vecinos criollos que sabían vivir desde antes ahí tampoco pueden pasar ni a caballo. Les cerraron el camino y tienen que venir caminando”, aseguró Catalina.
Aunque no lo conocen, en la comunidad todos tienen como dueño de esas tierras a “un tal Urtubey”. Se trata de Facundo Norberto, quien se quiere quedar con 1.036 hectáreas de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy. Por eso, la extensa fracción, a la que Mendoza y Urtubey echaron mano en octubre de 2009, jamás tuvo número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles. No obstante, están siendo arrendadas desde 2012 a Hijos de Salvador Muñoz SRL para la producción de poroto, por tres campañas hasta
2014. El arriendo dejará cerca de 50 mil dólares por cosecha a SAN SRL.
Funcionarios públicos
Desde febrero de 2008, Facundo Urtubey dirige la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. Como funcionario público, el hermano del gobernador omitió informar en sus declaraciones juradas los negocios que tiene con Mendoza en esas y otras tierras del norte salteño.
Lo propio cabe para el titular del Enreja, a quien el Gobierno provincial mantiene aferrado a ese alto cargo, pese a las probadas inconductas e incompatibilidades en que recayó el máximo responsable del control del juego en Salta.
La sociedad en la que tiene intereses el hermano del gobernador manifestó, en un expediente judicial, que ejerce la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Pero eso resulta imposible, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, según consta en registros públicos. Mendoza recibe la remuneración más alta de la administración pública provincial. Sus funciones, con dedicación exclusiva, tienen las mismas incompatibilidades que rigen para los jueces.
Para el director del Enreja está prohibido cualquier otra negocio, interés u ocupación que no sea controlar los casinos, tragamonedas, loterías, bingos y demás juegos de azar.
.Sin embargo, maneja la empresa arrendataria de la fracción que Facundo Urtubey pretende obtener por posesión veinteañal (usucapión). A la par de esa vía, que encontró obstáculos insalvables en la Justicia, Urtubey litiga desde 2005 contra titulares de tierras vecinas.
Uno de esos catastros es el 17.045, que pertenece a la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola.
Las voces en la comunidad
En la comunidad wichi, sobre el kilómetro 1.837 de la ruta 81, que conduce a Formosa, viven 18 familias originarias. Son más de 100 personas, en su mayoría niños. El 16 de marzo de 2012 recibieron el título comunitario de esas tierras. El cacique es Dino Salas, uno de los aborígenes que, con una demanda ante la Corte Suprema, hicieron frenar los desmontes en el norte salteño entre 2009 y 2011. Fue durante ese período de prohibición, según recuerdan aborígenes del lugar, que se hicieron los desmontes en la fracción que SAN SRL tiene arrendada a Hijos de Salvador Muñoz, desde enero de 2012. “Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques”, le dijo a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi.
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Fecha de Publicación: 27/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Catalina Molina tiene muchos hijos. Dice que más de diez, pero es reacia a revelar la cifra exacta. Habla en wichi, pero sabe castellano. Distraerla de su tarea es algo difícil.
Cuando El Tribuno conquistó su atención, en la comunidad wichi San Ignacio de Loyola, a unos 15 kilómetros de Hickmann, sobre la ruta nacional 81, Catalina levantó la mirada y dejó de martillar. Estaba machacando el chaguar, esa planta de apariencia desértica que las mujeres arrancan del monte, a kilómetros de sus casas, para hacer tejidos. Así viven los vecinos de Facundo Urtubey.
El hermano del gobernador, a través de una empresa que maneja el cuestionado titular del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, se apropió allí de más de 1.000 hectáreas. Un alambrado, un cartel que dice “Propiedad Privada” y una tranquera, que corta el paso a criollos y aborígenes en un camino vecinal, separa las tierras ocupadas por SAN SRL del territorio wichi donde vive Catalina.
En marzo de 2012, esa población originaria recibió el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. “Primero desmontaron, luego pusieron un portón y ahora un cartel dice que la propiedad es privada y ya nadie puede pasar. Los vecinos criollos que sabían vivir desde antes ahí tampoco pueden pasar ni a caballo. Les cerraron el camino y tienen que venir caminando”, aseguró Catalina.
Aunque no lo conocen, en la comunidad todos tienen como dueño de esas tierras a “un tal Urtubey”. Se trata de Facundo Norberto, quien se quiere quedar con 1.036 hectáreas de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy. Por eso, la extensa fracción, a la que Mendoza y Urtubey echaron mano en octubre de 2009, jamás tuvo número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles. No obstante, están siendo arrendadas desde 2012 a Hijos de Salvador Muñoz SRL para la producción de poroto, por tres campañas hasta
2014. El arriendo dejará cerca de 50 mil dólares por cosecha a SAN SRL.
Funcionarios públicos
Desde febrero de 2008, Facundo Urtubey dirige la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. Como funcionario público, el hermano del gobernador omitió informar en sus declaraciones juradas los negocios que tiene con Mendoza en esas y otras tierras del norte salteño.
Lo propio cabe para el titular del Enreja, a quien el Gobierno provincial mantiene aferrado a ese alto cargo, pese a las probadas inconductas e incompatibilidades en que recayó el máximo responsable del control del juego en Salta.
La sociedad en la que tiene intereses el hermano del gobernador manifestó, en un expediente judicial, que ejerce la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Pero eso resulta imposible, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, según consta en registros públicos. Mendoza recibe la remuneración más alta de la administración pública provincial. Sus funciones, con dedicación exclusiva, tienen las mismas incompatibilidades que rigen para los jueces.
Para el director del Enreja está prohibido cualquier otra negocio, interés u ocupación que no sea controlar los casinos, tragamonedas, loterías, bingos y demás juegos de azar.
.Sin embargo, maneja la empresa arrendataria de la fracción que Facundo Urtubey pretende obtener por posesión veinteañal (usucapión). A la par de esa vía, que encontró obstáculos insalvables en la Justicia, Urtubey litiga desde 2005 contra titulares de tierras vecinas.
Uno de esos catastros es el 17.045, que pertenece a la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola.
Las voces en la comunidad
En la comunidad wichi, sobre el kilómetro 1.837 de la ruta 81, que conduce a Formosa, viven 18 familias originarias. Son más de 100 personas, en su mayoría niños. El 16 de marzo de 2012 recibieron el título comunitario de esas tierras. El cacique es Dino Salas, uno de los aborígenes que, con una demanda ante la Corte Suprema, hicieron frenar los desmontes en el norte salteño entre 2009 y 2011. Fue durante ese período de prohibición, según recuerdan aborígenes del lugar, que se hicieron los desmontes en la fracción que SAN SRL tiene arrendada a Hijos de Salvador Muñoz, desde enero de 2012. “Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques”, le dijo a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi.
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Campesinos en el Congreso, sin ser muy escuchados
Audiencia campesina con sabor a poco
Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
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Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
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Córdoba: zona de conflictos por la tierra
Crece la lucha por la tierra
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.
Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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Reclamos del Movimiento Campesino de Córdoba
Movimiento Campesino reclamó por la sequía
Fecha de Publicación: 10/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se concentraron en la Plaza de la Intendencia y en horas del mediodía llegaron al Centro Cívico. Denuncian falta de políticas públicas del gobierno provincial en el marco de la sequía en el noroeste de Córdoba.
Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba concretaron esta mañana y hasta el mediodía una marcha en contra de los "desalojos" y de los "desmontes" que concreta o facilita el gobierno de José Manuel de la Sota.
La convocatoria, que comenzó en la Plaza de la Intendencia y finalizó en el Centro Cívico, tuvo por objeto denunciar que "el estado cordobés viene promoviendo el desmonte y permite el desalojo" de las familias campesinas.
Según los organizadores de la manifestación, el gobierno cordobés "impulsa políticas de emergencia agropecuaria que no llegan a las familias campesinas y sólo reparte alimentos balanceados entre los punteros de las campañas (electorales) y las sociedades rurales".
Los campesinos promueven que, para combatir "el efecto de la sequía y el avance de la desertificación", se derogue "la Ley 9814 (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), para que los recursos económicos lleguen a los verdaderos guardianes del monte, las familias campesinas, y no a los empresarios del desmonte".
Una de las demandas de la marcha es la sanción de una "ley (provincial) que impida los desalojos y que declare la emergencia del campo cordobés", sobre la base de un proyecto presentado en 2009 por el propio movimiento.
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Fecha de Publicación: 10/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se concentraron en la Plaza de la Intendencia y en horas del mediodía llegaron al Centro Cívico. Denuncian falta de políticas públicas del gobierno provincial en el marco de la sequía en el noroeste de Córdoba.Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba concretaron esta mañana y hasta el mediodía una marcha en contra de los "desalojos" y de los "desmontes" que concreta o facilita el gobierno de José Manuel de la Sota.
La convocatoria, que comenzó en la Plaza de la Intendencia y finalizó en el Centro Cívico, tuvo por objeto denunciar que "el estado cordobés viene promoviendo el desmonte y permite el desalojo" de las familias campesinas.
Según los organizadores de la manifestación, el gobierno cordobés "impulsa políticas de emergencia agropecuaria que no llegan a las familias campesinas y sólo reparte alimentos balanceados entre los punteros de las campañas (electorales) y las sociedades rurales".
Los campesinos promueven que, para combatir "el efecto de la sequía y el avance de la desertificación", se derogue "la Ley 9814 (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), para que los recursos económicos lleguen a los verdaderos guardianes del monte, las familias campesinas, y no a los empresarios del desmonte".
Una de las demandas de la marcha es la sanción de una "ley (provincial) que impida los desalojos y que declare la emergencia del campo cordobés", sobre la base de un proyecto presentado en 2009 por el propio movimiento.
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El 5,93 % de la tierra rural es de extranjeros
El 5,9% de las tierras rurales está en manos extranjeras
Fecha de Publicación: 24/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta presentó ayer un relevamiento oficial que informa que el 5,93 por ciento de la tierra rural es de extranjeros.
De acuerdo al informe hecho en el marco de la ley nacional de tierras, la cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros no supera el 15 por ciento permitido por la norma en el país ni en ninguna de las provincias, pero sí en 49 de las 569 divisiones subprovinciales.
El total de hectáreas propiedad de extranjeros es de 15.881.069, el 5,93 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional, según se desprende del informe realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación que detalla que la Argentina es el octavo país del mundo con una superficie total de 279.181.000 hectáreas, de las que el 95,88 por ciento son rurales.
De acuerdo al relevamiento detallado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, Córdoba (1,04 por ciento), Formosa (1,71 por ciento) y Río Negro (2,03 por ciento) son las provincias con menor porcentaje de tierras extranjerizadas y Misiones (13,87 por ciento), Corrientes (13,65 por ciento) y Catamarca (12,08 por ciento), las que más hectáreas registran en manos foráneas.
A partir de las 569 divisiones subprovinciales consensuadas con las provincias, se determinó que 49 pasaron el límite de 15 por ciento que establece la ley -sancionada en diciembre de 2011– y por lo tanto no podrán venderse más hectáreas a extranjeros en estos distritos.
El informe detalla que del total de tierras en manos extranjeras, el 77 por ciento, 12.363.601 hectáreas, están en manos de personas jurídicas, y el 23 por ciento, 3.667.468 hectáreas, de físicas.
De ese total, 3.042.680,69 hectáreas están en manos de estadounidenses, 2.310.384,94, de italianos y 2.135.340,68, de españoles, en tanto que le siguen con un porcentaje bastante inferior los suizos, uruguayos, chilenos, canadienses, franceses, holandeses y británicos.
Desde el 1° de junio de 2012 funciona el Registro Nacional de Tierras Rurales.
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Fecha de Publicación: 24/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta presentó ayer un relevamiento oficial que informa que el 5,93 por ciento de la tierra rural es de extranjeros.De acuerdo al informe hecho en el marco de la ley nacional de tierras, la cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros no supera el 15 por ciento permitido por la norma en el país ni en ninguna de las provincias, pero sí en 49 de las 569 divisiones subprovinciales.
El total de hectáreas propiedad de extranjeros es de 15.881.069, el 5,93 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional, según se desprende del informe realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación que detalla que la Argentina es el octavo país del mundo con una superficie total de 279.181.000 hectáreas, de las que el 95,88 por ciento son rurales.
De acuerdo al relevamiento detallado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, Córdoba (1,04 por ciento), Formosa (1,71 por ciento) y Río Negro (2,03 por ciento) son las provincias con menor porcentaje de tierras extranjerizadas y Misiones (13,87 por ciento), Corrientes (13,65 por ciento) y Catamarca (12,08 por ciento), las que más hectáreas registran en manos foráneas.
A partir de las 569 divisiones subprovinciales consensuadas con las provincias, se determinó que 49 pasaron el límite de 15 por ciento que establece la ley -sancionada en diciembre de 2011– y por lo tanto no podrán venderse más hectáreas a extranjeros en estos distritos.
El informe detalla que del total de tierras en manos extranjeras, el 77 por ciento, 12.363.601 hectáreas, están en manos de personas jurídicas, y el 23 por ciento, 3.667.468 hectáreas, de físicas.
De ese total, 3.042.680,69 hectáreas están en manos de estadounidenses, 2.310.384,94, de italianos y 2.135.340,68, de españoles, en tanto que le siguen con un porcentaje bastante inferior los suizos, uruguayos, chilenos, canadienses, franceses, holandeses y británicos.
Desde el 1° de junio de 2012 funciona el Registro Nacional de Tierras Rurales.
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Las pretenciones sobre la tierras para extractivismo
Los conflictos por las tierras ajenas
Fecha de Publicación: 22/07/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.
En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
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Fecha de Publicación: 22/07/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
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Triste declaración de Yahuar sobre los pueblos originarios
Yahuar: “Los pueblos originarios se están llenando de plata con la soja”
Fecha de Publicación: 19/07/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura de la Nación lanzó esta polémica frase en una entrevista aunque luego desde su cartera dijeron que fue "tergiversado con mala intención". Además se definió como "un defensor de la minería".
El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, aseguró hoy que "muchos pueblos originarios se están llenando de plata con la soja" y se definió como "un defensor de la minería".
En declaraciones a la radio comunitaria FM Kalewche de Esquel, Yahuar definió su política como de "soja a fondo" y consideró que el modelo del gobierno no es extractivo sino que "es productivo".
Ante la repercusión de sus dichos, por la noche, el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado en el que sostuvo que Yahuar fue "tergiversado con mala intención" y que "lo que verdaderamente expresé es que con las políticas activas desde el Estado nacional, hemos dado a los pueblos originarios y a las economías familiares, la posibilidad de incorporarse al sistema económico y con ello poder producir cultivos de alto precio, valor agregado y rentabilidad, como la soja o la quinoa, por ejemplo".
Sin embargo, en la grabación de la nota se escucha claramente a Yahuar decir textualmente: "Muchos pueblos originarios, te sorprendés la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja".
En defensa de la soja y en rechazo a la idea de que el gobierno impulsa un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, dijo que a la soja "hay que sembrarla" por lo que aclaró que "no se extrae".
Al responder que para plantar soja se desmonta y se corren a pueblos originarios de sus tierras, Yahuar consideró que "hay que lograr mayor tecnología".
"Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayor parte del país. Tenemos en el Ministerio de Agricultura un programa con 150 pueblos para restitución de derechos, para restituirles la tierra", prosiguió Yahuar.
En ese sentido, apuntó que "muchos pueblos originarios se están llenado de plata con la soja".
"La soja es para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a 550 dólares la tonelada, no importa a quien se la venden sino cuánto cobra", indicó. El ministro consideró que "éste es un proyecto de 40 millones y nos repartimos entre todos".
Al ser cuestionado porque en Esquel y en la Unión de Asambleas Patagónicas lo declararon persona no grata, por respaldar la minería, reclamó -según dijo con "humor"- el nombre de los que lo acusaron.
"Quiero la lista de los que me declararon persona no grata por el modelo extractivo para que nunca más puedan viajar por Aerolíneas o cualquier línea aérea porque el avión es de metal", dijo.
Yahuar agregó que "yo defiendo la minería" y consideró de "ilógicos" a los que lo critican porque "cuando hablan no saben lo que es un modelo extractivo".
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Fecha de Publicación: 19/07/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura de la Nación lanzó esta polémica frase en una entrevista aunque luego desde su cartera dijeron que fue "tergiversado con mala intención". Además se definió como "un defensor de la minería". El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, aseguró hoy que "muchos pueblos originarios se están llenando de plata con la soja" y se definió como "un defensor de la minería".
En declaraciones a la radio comunitaria FM Kalewche de Esquel, Yahuar definió su política como de "soja a fondo" y consideró que el modelo del gobierno no es extractivo sino que "es productivo".
Ante la repercusión de sus dichos, por la noche, el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado en el que sostuvo que Yahuar fue "tergiversado con mala intención" y que "lo que verdaderamente expresé es que con las políticas activas desde el Estado nacional, hemos dado a los pueblos originarios y a las economías familiares, la posibilidad de incorporarse al sistema económico y con ello poder producir cultivos de alto precio, valor agregado y rentabilidad, como la soja o la quinoa, por ejemplo".
Sin embargo, en la grabación de la nota se escucha claramente a Yahuar decir textualmente: "Muchos pueblos originarios, te sorprendés la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja".
En defensa de la soja y en rechazo a la idea de que el gobierno impulsa un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, dijo que a la soja "hay que sembrarla" por lo que aclaró que "no se extrae".
Al responder que para plantar soja se desmonta y se corren a pueblos originarios de sus tierras, Yahuar consideró que "hay que lograr mayor tecnología".
"Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayor parte del país. Tenemos en el Ministerio de Agricultura un programa con 150 pueblos para restitución de derechos, para restituirles la tierra", prosiguió Yahuar.
En ese sentido, apuntó que "muchos pueblos originarios se están llenado de plata con la soja".
"La soja es para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a 550 dólares la tonelada, no importa a quien se la venden sino cuánto cobra", indicó. El ministro consideró que "éste es un proyecto de 40 millones y nos repartimos entre todos".
Al ser cuestionado porque en Esquel y en la Unión de Asambleas Patagónicas lo declararon persona no grata, por respaldar la minería, reclamó -según dijo con "humor"- el nombre de los que lo acusaron.
"Quiero la lista de los que me declararon persona no grata por el modelo extractivo para que nunca más puedan viajar por Aerolíneas o cualquier línea aérea porque el avión es de metal", dijo.
Yahuar agregó que "yo defiendo la minería" y consideró de "ilógicos" a los que lo critican porque "cuando hablan no saben lo que es un modelo extractivo".
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Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Bosque nativo: "Hecha la ley, hecho el desmonte"
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
A pesar de la sanción de la Ley de Bosques, la deforestación avanza en la Argentina.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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Una buena entrevista a Tompkins
Tompkins: "No es bueno para la sociedad que los dueños de la tierra tengan enormes extensiones"
Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectos
n 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
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Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectosn 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
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El parque Perito Moreno se agranda por Tompkins
Se amplía el parque argentino Perito Moreno por una donación particular
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.
La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Neuquén: fallo judicial favorable a pueblo Mapuche
Fallo judicial protegió territorio Mapuche
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén protegió territorio mapuche en base a un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un tribunal de Argentina se atiene en materia indígena a una decisión de la CIDH.
La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
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La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
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El lago Escondido ya no estará tan escondido
Justicia obliga a abrir un camino para acceder a lago Escondido
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.
El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Audiencia por el Lago Escondido de Lewis
Realizaron audiencia para garantizar acceso al lago Escondido
Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.
Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
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Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
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Piden declarar emergencia por las tierras rurales
Por la tierra
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.
La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Mapuches obtienen fallo favorable por sus tierras
Fallo judicial reconoce Derechos Mapuche frente a terrateniente
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Reclamaron por el proyecto de “emergencia territorial”
En defensa de los campesinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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