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Venta de tierras: en junio inician debate
23:55 | 
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Venta de tierras: en junio inician debate de la ley
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Principio de solución para los Qom
Día de Primavera en pleno otoño
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Limita el Gobierno la compra de tierras
Limita el Gobierno la compra de tierras
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta envió al Congreso un proyecto que impide a los extranjeros acceder a más de un 20% de la superficie agropecuaria
La presidenta Cristina Kirchner utilizó ayer la transmisión por cadena nacional para anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y sociedades extranjeras, las que no podrán adquirir más del 20% de la superficie agropecuaria del territorio nacional.
La iniciativa, en el artículo 7°, establece en el 20% el límite a toda titularidad de dominio foráneo de tierras rurales en el territorio nacional. Además se impondrá un tope de 1000 hectáreas para cada propietario del exterior, sea persona física o jurídica.
Serán así la Nación, las provincias y los municipios las autoridades de aplicación de la ley, que afectará a personas físicas y jurídicas que exploten producciones agropecuarias, forestales, turísticas o otros usos rurales. "El objetivo de esta ley es conservar para el dominio nacional y no estatal, atención a la diferencia, las tierras nacionales de la propiedad extranjera", dijo Cristina Kirchner en un acto en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada.
El encuentro, al que fueron convocados empresarios y sindicalistas, sirvió en realidad para que la Presidenta lanzara también un nuevo diálogo entre la UIA y la CGT, para que criticara la conflictividad social de la central que conduce Hugo Moyano y para que evocara los seis meses del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
El tope del 20% regirá tanto para el territorio nacional como para las provincias y los municipios. Aunque la propia Presidenta indicó que se respetarán los derechos adquiridos.
En el artículo 8° se estipula que en ningún caso las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el 30% de aquel 20% asignado a propietarios de otros países. Además, en el artículo 9° se impone el límite de 1000 hectáreas para cada propietario extranjero, sean empresas o personas físicas, cualquiera sea su lugar de ubicación.
El proyecto establece que se considerará extranjera a toda persona jurídica cuyo capital superior al 51% de la sociedad esté en manos foráneas. Según dijo ayer la Presidenta, el nuevo régimen no tendrá efectos retroactivos.
"Nos hemos copiado de los países del primer mundo dedicados al sector primario, con lo cual no somos originales", dijo la jefa del Estado. Planteó, además, que la iniciativa "quiere ser un instrumento muy importante para los hombres y mujeres con capacidad de inversión en la Argentina".
Del acto participó el gabinete en su totalidad. En la mesa junto a la Presidenta se sentaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, además del senador José Pampuro y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.
La Presidenta consideró que "esta ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales es una demanda largamente acariciada por muchísimos sectores de la vida nacional". Dijo, además, que "se trata de la protección de un recurso estratégico no renovable".
La jefa del Estado, previendo posibles conflictos, señaló una diferenciación en la terminología del texto de la ley. "Fíjense que no digo dominio estatal, digo nacional, para que no haya ninguna confusión y que después empiecen a decir estatismo."
La ley creará la necesidad de un Registro Unico Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisar el límite del dominio extranjero del 20% de la totalidad de las tierras rurales. "No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda objeto, por ejemplo, de compra venta con sujetos extranjeros. Eso los argentinos todavía no lo sabemos", dijo la Presidenta.
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“El dominio de la tierra es una cuestión estratégica”
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La propuesta que ayer anunció la Presidenta impone límite a la venta de tierras a extranjeros. Además establece que no puede ser considerada inversión privada la compra de tierras por extranjeros, por su condición de recurso natural no renovable.
“El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 por ciento. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.
El otro eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.
“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.
“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.
Si bien el proyecto evita avanzar en una definición de “uso social de la tierra”, como sí ocurre en Brasil, la normativa enviada ayer al Parlamento se fundamenta en una serie de tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional (artículo 75, inciso 22), que avanzan en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica indica que “si bien toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
“Esta es una ley que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, una cuestión que es de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad de producir e invertir en esa tierra que tiene beneficios para todos”, agregó la Presidenta. Este proyecto había sido anunciado por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y fue citado nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo).
Uno de los aspectos más complejos para definir tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. El registro deberá comenzar a partir de las operaciones realizadas el 1º de enero de 2010. “Sin este relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera”, explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Por otro lado, en el artículo 3 de la norma se especifican todos los tipos jurídicos que podrían ser considerados titulares extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga más del 51 por ciento de su capital en manos extranjeras quedará incluida dentro de este régimen. También quedarán comprendidas las UTE, los fideicomisos y las empresas vinculadas que no respeten los límites establecidos.
El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.
“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, resumió a este diario Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.
Además de los límites generales, se estipula que una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. “Seguramente en el debate parlamentario se definirá la equivalencia para otras regiones del país. Por ejemplo, si 1000 hectáreas equivalen a 15 millones de dólares en la pampa húmeda, se podría fijar que el límite para un inversor extranjero en la Patagonia sean esos 15 millones de dólares”, explicó a este diario un asesor legal de Agricultura.
Como otro dato clave de la iniciativa, no se afectarán las adquisiciones ya realizadas. Así lo manifestó Fernández de Kirchner. “Con este proyecto procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, concluyó Domínguez.
Para frenar los desalojos en el campo
Para frenar los desalojos en el campo
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
El proyecto sobre extranjerización de la tierra
El proyecto de Verónica Benas sobre extranjerización de la tierra
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Las tierras de los wichís
Las tierras de los wichís
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Recursos naturales protegidos por ley
Recursos naturales protegidos por ley
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
Cuando la regulación es urgente y necesaria
Cuando la regulación es urgente y necesaria
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Limitarán la venta de tierra a extranjeros
El Gobierno limitará la venta de tierra a extranjeros
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Árabes quieren "producir" en El Impenetrable
Árabes quieren producir alimento para su país en tierras de El Impenetrable
Fecha de Publicación: 23/02/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Con una inversión superior a los 400 millones de dólares, el grupo el saudí Al-Khorayef ofrece transformar terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Ayer anunció que proyecta derivar agua de la cuenca del Bermejo hacia una porción de terrenos del Estado en El Impenetrable. Para la ejecución de la iniciativa, la Legislatura deberá aprobarla por ley.
La provincia firmó ayer un convenio de entendimiento que prevé el desarrollo de un emprendimiento productivo privado en 30 mil hectáreas fiscales.
La superficie representa un séptimo de la extensión disponible (200 mil has) y el Chaco seguirá siendo el propietario de las tierras después de la explotación.
En una primera etapa se destinarán 400 millones de dólares y el grupo árabe se comprometió a volcar parte de sus ganancias a una mejor infraestructura para la provisión de agua en la zona.
Ayer el gobierno anunció la noticia como el primer punto en Latinoamérica donde desembarca el grupo saudí. Aunque no trascendió qué tipo de cultivos se realizarán, sí se difundió que se trata de un proyecto “agroalimentario”.
El primer acercamiento se produjo en octubre de 2010, en Buenos Aires, cuando el sheik Mohammed Al-Khorayef, le planteó a Jorge Capitanich su interés por invertir en la Argentina, en especial el Chaco.
Ventajas anunciadas
El Ejecutivo considera que el acuerdo permitirá reconvertir terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Según lo expresado ayer a la prensa, el proyecto comprende en principio a una zona de 30.000 hectáreas -de 200.000 disponibles en la zona-.
Al plan se adicionará capacidad de riego a través de proyectos de la Comisión de Recuperación del Bermejo (Corebe), en una iniciativa que “busca fortalecer la producción, sumar inversiones y alcanzar un desarrollo sustentable para un fuerte impacto social en una zona muy vulnerable”.
Para garantizar el desarrollo del proyecto, a los inversores la provincia les ofrecerá seguridad jurídica a partir de la sanción de una ley en el Poder Legislativo, según adelantó el vice gobernador.
Intereses foráneos
A la mesa de negociaciones estaba sentado Daniel Tardito, director de Siasa Latinoamericana, pero más conocido en la provincia por su función como CEO de Unitec Bio, firma productora de biocombustibles con aceite de soja.
Tardito acumula experiencia y peso en el norte del país, con campos en Chaco, Formosa y, por medio de ARG Natural Beef, y a través de Cabaña Don Panos de Eurnekián, exporta genética ganadera -embriones y semen- a Venezuela.
Ayer, al término de la reunión en Casa de Gobierno, remarcó la importancia histórica del acuerdo. “Estamos ante una gran oportunidad. Ahora dependerá del equipo técnico de la provincia la confección un proyecto rentable, ambientalmente amigable y que cubra socialmente las necesidades de la zona”, enumeró. También valoró la alianza que se gestó con el grupo desarrollador de tierras más grande del mundo.
“El Chaco es el primer punto en Latinoamérica donde se desarrollará un proyecto de estas características”, dijo José Fernando Tomás, presidente de Aisco, una de las empresas del grupo saudí y que se especializa en equipos de riego y proyectos de desarrollo agrícola.
Próximos pasos
A partir de la firma del acuerdo de entendimiento ahora se aguarda conformar un equipo de trabajo para la diagramación ejecutiva del proyecto.
El grupo estará encabezado por el gobernador, con técnicos y funcionarios de varias áreas de gobierno, y representantes del grupo extranjero.
Con el objetivo de transformar áreas improductivas en áreas de generación agroalimentaria, analizarán cómo dotarlas de obras de infraestructura y riego.
El acuerdo de entendimiento fue firmado por el gobernador Jorge Capitanich y José Fernando Tomas, apoderado del grupo Al Khorayef y presidente de Al Khorayef Industries Europa (Aisco).
También estuvieron el agregado de la embajada del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Saif SS Alotaibi y Arnaud Inchauspe, presidente de Siasa Latinoamericana y representante del Grupo Al Khorayef para Latinoamérica.
Por el Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff; los ministros de Economía, Eduardo Aguilar, y de la Producción, Enrique Orban; el subsecretario de Agricultura, Pedro Luis Jover; el subsecretario de Ambiente, Raúl Fernández; directivos de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) y la titular de la Administración Provincial del Agua, Cristina Magnano.
Fecha de Publicación: 23/02/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Con una inversión superior a los 400 millones de dólares, el grupo el saudí Al-Khorayef ofrece transformar terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Ayer anunció que proyecta derivar agua de la cuenca del Bermejo hacia una porción de terrenos del Estado en El Impenetrable. Para la ejecución de la iniciativa, la Legislatura deberá aprobarla por ley.
La provincia firmó ayer un convenio de entendimiento que prevé el desarrollo de un emprendimiento productivo privado en 30 mil hectáreas fiscales.
La superficie representa un séptimo de la extensión disponible (200 mil has) y el Chaco seguirá siendo el propietario de las tierras después de la explotación.
En una primera etapa se destinarán 400 millones de dólares y el grupo árabe se comprometió a volcar parte de sus ganancias a una mejor infraestructura para la provisión de agua en la zona.
Ayer el gobierno anunció la noticia como el primer punto en Latinoamérica donde desembarca el grupo saudí. Aunque no trascendió qué tipo de cultivos se realizarán, sí se difundió que se trata de un proyecto “agroalimentario”.
El primer acercamiento se produjo en octubre de 2010, en Buenos Aires, cuando el sheik Mohammed Al-Khorayef, le planteó a Jorge Capitanich su interés por invertir en la Argentina, en especial el Chaco.
Ventajas anunciadas
El Ejecutivo considera que el acuerdo permitirá reconvertir terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Según lo expresado ayer a la prensa, el proyecto comprende en principio a una zona de 30.000 hectáreas -de 200.000 disponibles en la zona-.
Al plan se adicionará capacidad de riego a través de proyectos de la Comisión de Recuperación del Bermejo (Corebe), en una iniciativa que “busca fortalecer la producción, sumar inversiones y alcanzar un desarrollo sustentable para un fuerte impacto social en una zona muy vulnerable”.
Para garantizar el desarrollo del proyecto, a los inversores la provincia les ofrecerá seguridad jurídica a partir de la sanción de una ley en el Poder Legislativo, según adelantó el vice gobernador.
Intereses foráneos
A la mesa de negociaciones estaba sentado Daniel Tardito, director de Siasa Latinoamericana, pero más conocido en la provincia por su función como CEO de Unitec Bio, firma productora de biocombustibles con aceite de soja.
Tardito acumula experiencia y peso en el norte del país, con campos en Chaco, Formosa y, por medio de ARG Natural Beef, y a través de Cabaña Don Panos de Eurnekián, exporta genética ganadera -embriones y semen- a Venezuela.
Ayer, al término de la reunión en Casa de Gobierno, remarcó la importancia histórica del acuerdo. “Estamos ante una gran oportunidad. Ahora dependerá del equipo técnico de la provincia la confección un proyecto rentable, ambientalmente amigable y que cubra socialmente las necesidades de la zona”, enumeró. También valoró la alianza que se gestó con el grupo desarrollador de tierras más grande del mundo.
“El Chaco es el primer punto en Latinoamérica donde se desarrollará un proyecto de estas características”, dijo José Fernando Tomás, presidente de Aisco, una de las empresas del grupo saudí y que se especializa en equipos de riego y proyectos de desarrollo agrícola.
Próximos pasos
A partir de la firma del acuerdo de entendimiento ahora se aguarda conformar un equipo de trabajo para la diagramación ejecutiva del proyecto.
El grupo estará encabezado por el gobernador, con técnicos y funcionarios de varias áreas de gobierno, y representantes del grupo extranjero.
Con el objetivo de transformar áreas improductivas en áreas de generación agroalimentaria, analizarán cómo dotarlas de obras de infraestructura y riego.
El acuerdo de entendimiento fue firmado por el gobernador Jorge Capitanich y José Fernando Tomas, apoderado del grupo Al Khorayef y presidente de Al Khorayef Industries Europa (Aisco).
También estuvieron el agregado de la embajada del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Saif SS Alotaibi y Arnaud Inchauspe, presidente de Siasa Latinoamericana y representante del Grupo Al Khorayef para Latinoamérica.
Por el Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff; los ministros de Economía, Eduardo Aguilar, y de la Producción, Enrique Orban; el subsecretario de Agricultura, Pedro Luis Jover; el subsecretario de Ambiente, Raúl Fernández; directivos de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) y la titular de la Administración Provincial del Agua, Cristina Magnano.
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Dueños de la Patagonia
Dueños de la Patagonia
Fecha de Publicación: 21/02/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina - RENACE
Provincia/Región: Patagonia
"Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía."
Cada vez es mayor el territorio de la Patagonia que se encuentra en posesión de extranjeros.
Con su millón de kilómetros cuadrados en tierras, la Patagonia es la región más extensa y despoblada de la Argentina. Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía.
Hagamos un poco de memoria: en la década del ´90, el diario francés Le Monde ya incluía varias notas referidas al crecimiento de la compra de tierras argentinas por parte de millonarios extranjeros conocidos mundialmente. Nombres como el inglés Joseph (Joe) Lewis –quien ocupa el sexto lugar entre las fortunas privadas del Reino Unido-, Ted Turner, dueño de la norteamericana CNN y los hermanos italianos Benetton –Luciano, Gilberto, Carlo y Giuliana, dueños desde 1965 de la famosa fábrica de telas y ropa, cabeza del Benetton Group, cuyo valor en Bolsa supera los 16 mil millones de euros- desembarcaron en nuestra Patagonia en provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut, respectivamente. Todo, de la mano de una política nacional encabezada en ese entonces por el riojano Carlos Saúl Menem.
Vienen por todo
¿Por qué vienen los extranjeros a comprar tierras, especialmente en el sur? “Vienen por todo: por el agua, la tierra, los minerales, hidrocarburos y la biodiversidad”, no dudó en afirmar Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. “Lo increíble es que estos bienes naturales son ofrecidos en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales” agregó la investigadora. Dijo que “allí se afirma que el país ofrece oportunidades de inversión rentables para satisfacer las demandas del mundo actual y que las excelentes perspectivas de negocios se sustentan, entre otras cosas, en la variedad de recursos naturales y de tierras de extraordinaria productividad”.
“Allí también dice que el sistema legal argentino reconoce trato nacional para las inversiones e inversionistas extranjeros y que se permite la libre remesa de utilidades y capitales al exterior” siguió explicando Bruzzone, quien demostrando mucha indignación, nos dijo que “en esa página oficial se lee que nuestro país está dotado de un incalculable patrimonio natural, como son tierras extraordinariamente fértiles, principalmente en nuestra Pampa Húmeda, cuantiosos recursos forestales, en su mayoría en el Nordeste; yacimientos mineros a lo largo de los 4.500 kilómetros de la Cordillera de los Andes; ricos depósitos acuíferos e importantes recursos pesqueros a lo largo de nuestra costa atlántica. Y que los Estados Nacional, provincial y municipales cuentan con programas de incentivos diseñados para promover la inversión y mejorar la rentabilidad empresaria para quienes quieran venir al país”. “Creo que sobran los comentarios, no?” expresó nuestra entrevistada, quien es miembro del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), donde actualmente se desempeña como su secretaria a nivel nacional.
Por su lado, Javier Rodríguez Pardo, otro reconocido especialista en temas ambientales, minería y ecología – principal dirigente del histórico Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y uno de los fundadores y actual miembro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas)- afirmó que “El 75 por ciento de la biodiversidad existente en el mundo se concentra en las regiones de los pueblos del Sur del mundo, ya que los países del Norte han agotado sus recursos, caladeros, bosques nativos y humedales. Y Estados Unidos tomó la delantera: dividió el mapamundi de la biodiversidad en zonas para explorar y explotar, especialmente Argentina, uno de los países más importantes en biodiversidad templada-fría”.
El autor de “Vienen por el oro. Vienen por Todo” fue aún más allá en su información: “Hace algunos años los norteamericanos han ubicado casi una docena de equipos técnicos en siete estados con sus universidades y laboratorios para concentrar todos los datos. Así la de Georgia se ocupó de la región maya; Virginia de Madagascar y Surinam; los de Minnesota coparon Camerún y Nigeria y otras más se concentraron en Vietnam y Laos. Cada una de estas naciones cede a sus mejores científicos e investigadores como mano de obra académica barata. Y Argentina y Chile cayeron en las garras de la Universidad de Arizona, que se nutre del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia, el CENPAT (Centro Nacional Patagónico, argentino), la Universidad Pontificia Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, entre otros institutos y casas académicas”.
“Bosques nativos, selvas y océanos en nuestro país y en tantos otros del Sur guardan más de cien millones de especies aún desconocidas, hongos, plantas vasculares, insectos, microorganismos, etcétera. En definitiva, para ellos son futuras patentes” concluyó Rodríguez Pardo, quien durante mucho tiempo residió en la ciudad chubutense de Trelew, lugar donde por primera vez, hace unos cuantos años, el autor de esta nota escuchó de su boca una de sus tesis premonitorias de lo que iba a venir en estos tiempos que hoy corren: “El robo de la biodiversidad es otro nudo del ovillo de la dependencia de países como el nuestro”.
¿Qué hacer entonces?
Esa es la pregunta que trasladamos a nuestros entrevistados. “Debemos restituir toda la legislación que impedía que la venta de tierras a extranjeros ocurriera y que fue derogada o cambiada por otra totalmente más permisiva” opinó Bruzzone, quien dio su ejemplo a seguir: “Todas las Constituciones Provinciales tendrían que seguir lo que se decidió y actualmente rige en Corrientes, donde en su Constitución se prohíbe que extranjeros, solos o en empresas, adquieran o posean bienes naturales, especialmente tierra y agua, en todo el territorio de esa provincia litoraleña”.
“La única forma de evitar la acumulación de tierras en la Patagonia es prohibir el latifundismo” contestó Rodríguez Pardo, agregando que “yo sé que dicen que no es negocio tener campos para dos o tres mil ovejas, lo cual es cierto, pero habrá que legislar… Sin lugar a dudas que con la prohibición de compra a los extranjeros se bloqueará gran parte de la venta de tierras, pero se tirarán encima legislaciones internacionales y los compromisos que hubiere”.
“Hay que resistir” terminó diciendo este militante por la vida, quien no quiso despedirse sin decir que “la Patagonia ofrece vastedad de territorios vírgenes en explotación agropecuaria y especialmente en la región del oeste cordillerano, agua en abundancia. Y no se debe olvidar que el latifundismo, que en los países del Norte no se puede ejercer prácticamente, se puede llevar a cabo en la Patagonia argentino-chilena, que cuenta con las hectáreas suficientes para cubrir todo el territorio europeo”.
Fecha de Publicación: 21/02/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina - RENACE
Provincia/Región: Patagonia
"Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía."
Cada vez es mayor el territorio de la Patagonia que se encuentra en posesión de extranjeros.
Con su millón de kilómetros cuadrados en tierras, la Patagonia es la región más extensa y despoblada de la Argentina. Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía.
Hagamos un poco de memoria: en la década del ´90, el diario francés Le Monde ya incluía varias notas referidas al crecimiento de la compra de tierras argentinas por parte de millonarios extranjeros conocidos mundialmente. Nombres como el inglés Joseph (Joe) Lewis –quien ocupa el sexto lugar entre las fortunas privadas del Reino Unido-, Ted Turner, dueño de la norteamericana CNN y los hermanos italianos Benetton –Luciano, Gilberto, Carlo y Giuliana, dueños desde 1965 de la famosa fábrica de telas y ropa, cabeza del Benetton Group, cuyo valor en Bolsa supera los 16 mil millones de euros- desembarcaron en nuestra Patagonia en provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut, respectivamente. Todo, de la mano de una política nacional encabezada en ese entonces por el riojano Carlos Saúl Menem.
Vienen por todo
¿Por qué vienen los extranjeros a comprar tierras, especialmente en el sur? “Vienen por todo: por el agua, la tierra, los minerales, hidrocarburos y la biodiversidad”, no dudó en afirmar Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. “Lo increíble es que estos bienes naturales son ofrecidos en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales” agregó la investigadora. Dijo que “allí se afirma que el país ofrece oportunidades de inversión rentables para satisfacer las demandas del mundo actual y que las excelentes perspectivas de negocios se sustentan, entre otras cosas, en la variedad de recursos naturales y de tierras de extraordinaria productividad”.
“Allí también dice que el sistema legal argentino reconoce trato nacional para las inversiones e inversionistas extranjeros y que se permite la libre remesa de utilidades y capitales al exterior” siguió explicando Bruzzone, quien demostrando mucha indignación, nos dijo que “en esa página oficial se lee que nuestro país está dotado de un incalculable patrimonio natural, como son tierras extraordinariamente fértiles, principalmente en nuestra Pampa Húmeda, cuantiosos recursos forestales, en su mayoría en el Nordeste; yacimientos mineros a lo largo de los 4.500 kilómetros de la Cordillera de los Andes; ricos depósitos acuíferos e importantes recursos pesqueros a lo largo de nuestra costa atlántica. Y que los Estados Nacional, provincial y municipales cuentan con programas de incentivos diseñados para promover la inversión y mejorar la rentabilidad empresaria para quienes quieran venir al país”. “Creo que sobran los comentarios, no?” expresó nuestra entrevistada, quien es miembro del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), donde actualmente se desempeña como su secretaria a nivel nacional.
Por su lado, Javier Rodríguez Pardo, otro reconocido especialista en temas ambientales, minería y ecología – principal dirigente del histórico Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y uno de los fundadores y actual miembro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas)- afirmó que “El 75 por ciento de la biodiversidad existente en el mundo se concentra en las regiones de los pueblos del Sur del mundo, ya que los países del Norte han agotado sus recursos, caladeros, bosques nativos y humedales. Y Estados Unidos tomó la delantera: dividió el mapamundi de la biodiversidad en zonas para explorar y explotar, especialmente Argentina, uno de los países más importantes en biodiversidad templada-fría”.
El autor de “Vienen por el oro. Vienen por Todo” fue aún más allá en su información: “Hace algunos años los norteamericanos han ubicado casi una docena de equipos técnicos en siete estados con sus universidades y laboratorios para concentrar todos los datos. Así la de Georgia se ocupó de la región maya; Virginia de Madagascar y Surinam; los de Minnesota coparon Camerún y Nigeria y otras más se concentraron en Vietnam y Laos. Cada una de estas naciones cede a sus mejores científicos e investigadores como mano de obra académica barata. Y Argentina y Chile cayeron en las garras de la Universidad de Arizona, que se nutre del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia, el CENPAT (Centro Nacional Patagónico, argentino), la Universidad Pontificia Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, entre otros institutos y casas académicas”.
“Bosques nativos, selvas y océanos en nuestro país y en tantos otros del Sur guardan más de cien millones de especies aún desconocidas, hongos, plantas vasculares, insectos, microorganismos, etcétera. En definitiva, para ellos son futuras patentes” concluyó Rodríguez Pardo, quien durante mucho tiempo residió en la ciudad chubutense de Trelew, lugar donde por primera vez, hace unos cuantos años, el autor de esta nota escuchó de su boca una de sus tesis premonitorias de lo que iba a venir en estos tiempos que hoy corren: “El robo de la biodiversidad es otro nudo del ovillo de la dependencia de países como el nuestro”.
¿Qué hacer entonces?
Esa es la pregunta que trasladamos a nuestros entrevistados. “Debemos restituir toda la legislación que impedía que la venta de tierras a extranjeros ocurriera y que fue derogada o cambiada por otra totalmente más permisiva” opinó Bruzzone, quien dio su ejemplo a seguir: “Todas las Constituciones Provinciales tendrían que seguir lo que se decidió y actualmente rige en Corrientes, donde en su Constitución se prohíbe que extranjeros, solos o en empresas, adquieran o posean bienes naturales, especialmente tierra y agua, en todo el territorio de esa provincia litoraleña”.
“La única forma de evitar la acumulación de tierras en la Patagonia es prohibir el latifundismo” contestó Rodríguez Pardo, agregando que “yo sé que dicen que no es negocio tener campos para dos o tres mil ovejas, lo cual es cierto, pero habrá que legislar… Sin lugar a dudas que con la prohibición de compra a los extranjeros se bloqueará gran parte de la venta de tierras, pero se tirarán encima legislaciones internacionales y los compromisos que hubiere”.
“Hay que resistir” terminó diciendo este militante por la vida, quien no quiso despedirse sin decir que “la Patagonia ofrece vastedad de territorios vírgenes en explotación agropecuaria y especialmente en la región del oeste cordillerano, agua en abundancia. Y no se debe olvidar que el latifundismo, que en los países del Norte no se puede ejercer prácticamente, se puede llevar a cabo en la Patagonia argentino-chilena, que cuenta con las hectáreas suficientes para cubrir todo el territorio europeo”.
Garantizaron el libre acceso al Lago Escondido
Garantizaron el libre acceso al Lago Escondido
Fecha de Publicación: 19/02/2011
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
El Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro (CODEMA) realizó una inspección ocular en el camino público de acceso al Lago Escondido, en El Bolsón. A través de la firma de un acta de acuerdo, ratificó y garantizó el libre acceso al mismo. Durante dos días, una comitiva conformada por funcionarios de CODEMA, de Vial Rionegrina Sociedad del Estado VIARSE, representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de Fiscalía de Estado, legisladores y miembros de la empresa Hidden Lake, realizaron la inspección encomendada por el máximo cuerpo judicial. Al respecto, el titular del CODEMA, Oscar Echeverría, explicó que “durante dos días, corroboramos en el marco del amparo presentado ante la Justicia, la obligación que tenía el CODEMA, que era la construcción de un sendero de montaña que permita el libre acceso al Lago Escondido, cumplimentando de esta manera el pedido del STJ”.
Echeverría se refirió a la señalización y a las medidas de seguridad en el lugar. Aseguró que “hay que mejorar la señalización y que por este motivo, estamos llevando adelante un programa con un grupo de pobladores de señalización de este sendero y aspiramos a instalar cartelería además a todos los senderos del Aérea Protegida Río Azul Lago Escondido”.
El titular del CODEMA destacó que “el lugar es visitado por más de 35 mil personas al año, quienes ingresan diariamente y que tienen la obligación de no ensuciar, de acampar en los lugares permitidos, respetar los horarios correspondientes”. Asimismo, el funcionario confirmó que finalmente el Gobierno de Río Negro construirá dos nuevas pasarelas, una sobre el Encanto Blanco y otra sobre el río Azul, que es el inicio del sedero de montaña que une con el Lago Escondido.
Echeverría dijo que “el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos aportará los recursos y que la obra se realizará a través del Departamento Provincial de Aguas DPA, cumplimentando la sugerencia del STJ”.
Finalmente, el titular del CODEMA destacó “esta gran noticia para los pobladores y para los miles de turistas que visitan este maravilloso lugar” y subrayó que “nuestro objetivo central es la conservación y el cuidado del lugar. Somos rectores de un Area Natural Protegida que es invaluable y vamos a hacer todo lo posible para que sea recorrida, visitada y sea accesible para todos”.
Fecha de Publicación: 19/02/2011
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
El Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro (CODEMA) realizó una inspección ocular en el camino público de acceso al Lago Escondido, en El Bolsón. A través de la firma de un acta de acuerdo, ratificó y garantizó el libre acceso al mismo. Durante dos días, una comitiva conformada por funcionarios de CODEMA, de Vial Rionegrina Sociedad del Estado VIARSE, representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de Fiscalía de Estado, legisladores y miembros de la empresa Hidden Lake, realizaron la inspección encomendada por el máximo cuerpo judicial. Al respecto, el titular del CODEMA, Oscar Echeverría, explicó que “durante dos días, corroboramos en el marco del amparo presentado ante la Justicia, la obligación que tenía el CODEMA, que era la construcción de un sendero de montaña que permita el libre acceso al Lago Escondido, cumplimentando de esta manera el pedido del STJ”.
Echeverría se refirió a la señalización y a las medidas de seguridad en el lugar. Aseguró que “hay que mejorar la señalización y que por este motivo, estamos llevando adelante un programa con un grupo de pobladores de señalización de este sendero y aspiramos a instalar cartelería además a todos los senderos del Aérea Protegida Río Azul Lago Escondido”.
El titular del CODEMA destacó que “el lugar es visitado por más de 35 mil personas al año, quienes ingresan diariamente y que tienen la obligación de no ensuciar, de acampar en los lugares permitidos, respetar los horarios correspondientes”. Asimismo, el funcionario confirmó que finalmente el Gobierno de Río Negro construirá dos nuevas pasarelas, una sobre el Encanto Blanco y otra sobre el río Azul, que es el inicio del sedero de montaña que une con el Lago Escondido.
Echeverría dijo que “el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos aportará los recursos y que la obra se realizará a través del Departamento Provincial de Aguas DPA, cumplimentando la sugerencia del STJ”.
Finalmente, el titular del CODEMA destacó “esta gran noticia para los pobladores y para los miles de turistas que visitan este maravilloso lugar” y subrayó que “nuestro objetivo central es la conservación y el cuidado del lugar. Somos rectores de un Area Natural Protegida que es invaluable y vamos a hacer todo lo posible para que sea recorrida, visitada y sea accesible para todos”.
"El mejor indio sigue siendo el indio muerto"
Para los poderes feudales provinciales "el mejor indio sigue siendo el indio muerto"
Fecha de Publicación: 30/11/2010
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Nacional
"La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, sino tenemos dinero carne y un pedazo de tabaco no nos has de faltar, cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. (…) La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver la patria enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín. Mendoza, 1819".
Salta, Río Negro y ahora Formosa muestran que la actitud racista genocida y exterminadora de nuestros pueblos originarios vigente en nuestro país desde hace quinientos años, no ha podido ser erradicada ni siquiera bajo un gobierno nacional y popular, que se caracterizó por no reprimir en ningún momento al conflicto social. Habrá que pensar que para los poderes provinciales, eso funciona si es para los blancos y no para ‘nuestros paisanos los indios’ como llamaba el Libertador San Martín a nuestros hermanos originarios.
El asesinato de un cacique Diaguita en 2009 en Salta, había sido precedido por palabras del folklorista Chaqueño (Del Chaco salteño) Palavecino (Hombre del ex gobernador Romero) quien defendía la apropiación de sus campos sojeros, señalando ‘que ya le habían dado demasiada tierra a los indios, que ahora era tiempo de que se la dieran a los criollos’. Palavecino defendía las miles de hectáreas de soja de su propiedad sembradas en tierras de desmonte robadas a los pueblos originarios. En Río Negro la policía provincial y el gobierno que la manda, en una actitud permanente, se especializan en reprimir, torturar y matar a nuestros hermanos de la etnia mapuche que han logrado recomponer parte de de su hermosa cultura (la del general Perón, por ejemplo) luego del genocidio roquista de 1879.
Finalmente, en estos días el gobierno de Formosa uno de los mas corruptos en el manejo de la tierra y los negocios públicos del país, empieza a resolver el conflicto con los hermanos Qom (llamados Tobas, despectivamente por españoles y guaraníes) matando a mansalva a pacíficos hermanos que reclaman por tierras otorgadas legalmente en 1940 y que les pertenecen legítimamente desde hace miles de años. Lo notable, es que de la represión participaron civiles que se dicen dueños de la tierra, los terratenientes Celía, acompañando a la policía provincial al mejor estilo de al AAA o de los grupos de tareas de la dictadura. Grupos que dejaron en Formosa una atroz secuela de muerte y terror. Mientras baleaban a mansalva a los pacíficos hermanos de la comunidad La primavera, (mataron a uno pero hay cuatro más en grave estado y varios hombres, mujeres y ancianas que no se atreven a ir al hospital por temor a ser maltratados, o despreciados… vaya con la provincia del amigo Insfrán), la policía y los terratenientes civiles armados se dedicaban ‘patrióticamente’ a quemar las humildes partencias de nuestros paisanos, al mejor estilo de bandas fascistas llenas de odio racial.
Formosa es famosa por muchas cosas, ninguna parecida al peronismo liberador y emancipador que se dio en otras latitudes. Cuando la Constitución de 1994 (no casualmente la inversa de 1949) transfirió las tierras ‘públicas’ es decir de los pueblos originarias a jurisdicción provincial, se produjeron allí negociados increíbles. Se vendieron lotecitos de 70.000, 80.000 hasta de 300.000 has de monte nativo a senadores provinciales o amigos del poder a 70 u 80 centavos la ha. Se trataba de tierras de monte nativo que serían desmontadas salvajemente para así participar del boom sojero. Está claro que Formosa junto a Chaco, Santiago del Estero, Norte de Córdoba y Salta son las provincias donde el monte nativo ha desaparecido casi completamente, para ser reemplazado por la forrajera cancerígena que alimenta a los cerdos de China y la India. Ya durante le dictadura genocida ésta intentó destruir el Impenetrable (bosque xerofítico que se extendía por Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Santiago del Estero) ya que según los sabios estrategas de Viola y Galtieri servía solo de ‘refugio subversivo’, fue entonces que entregaron cientos de miles de hectáreas a terratenientes amigos de los militares. Para muestra, uno de esos amigos resultó ser el dirigente radical Ricardo Buraylle, actual Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la acción de los compañeros de Proyecto Sur (que por entonces participaban del espejismo de confundir a Biolcatti con Mao Tsé Tung), quien fuera beneficiado por el dictador Roberto Viola con 8000 hectáreas liberadas al accionar subversivo. Pero Buraylle no solo es famoso por haber dicho en medio del conflicto con los sojeros, ‘que si el Congreso aprobaba la resolución 125 había que cerrarlo’, rara expresión de fe democrática para alguien que luego fuera electo diputado nacional y eyectado a la presidencia de una comisión parlamentaria.
En Formosa es más conocido por usar mano de obra esclava traída de prepo del Paraguay, o de las comunidades originarias, ‘total para que otra cosa sirven estos indios de mierda...’ En 2005 hubo que entrar con la Gendarmería para rescatar a 150 familias paraguayas esclavizadas por este gran demócrata miembro del partido Centenario, ya que la policía provincial se negaba a actuar contra este socio del poder. Así que la cosa viene de lejos, de muy lejos pero la represión actual se pasó de maduro y exige una respuesta del campo popular y del gobierno nacional. Las oligarquías locales, en complicidad con jueces repugnantes y antidemocráticos que deberían ser expulsados del poder Judicial, se niegan a cumplir con la ley que impide cualquier desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias y de hecho siguen prefiriendo la máxima que supieron acuñar los terratenientes y los genocidas de la generación del ’80: ‘El mejor indio es el indio muerto’. Pero nuestros hermanos no están solos, muchos tenemos mucho que decir y hacer, pero el gobierno nacional debe hacer lo que tiene que hacer y Gildo Insfrán debe seguir el camino de Juárez, Sobisch, Saadi y demás delincuentes provinciales cuya expulsión del poder permitió avances democráticos en sus provincias, tal como lo reclamara el compañero D ‘Elía o la compañera Hebe de Bonafini. El INAI, la Secrertaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Corte suprema y el Poder Ejecutivo Nacional, tienen unas cuantas cosas para hacer si es que se quiere de verdad incorporar a nuestros ‘paisanos los indios’ a la nación argentina y no seguir considerándolos como partes del paisaje a ser exterminados. La línea iniciada por Rivadavia, Rosas, Mitre, Sarmiento y Roca (con matanzas posteriores bajo los gobiernos de Quintana, Irigoyen, Alvear, Justo y Perón) de exterminio de nuestros paisanos debe concluir de una vez y para siempre.
En su lugar hay que recuperar la línea fundacional de la Patria de Castelli, Belgrano, Moreno, Artigas y San Martín de construir la nación con nuestros hermanos originarios y no contra ellos. Debemos devolverles tierra, territorios, permitiéndoles desarrollar sus culturas y acabar con el atropello continuo de los terratenientes que desde el fondo de nuestra historia han considerado al indio material de caza, estupro y esclavitud. Hay que recordar, que como dice la tradición Inka, América es India y del Sol…
Desde el primer descubrimiento de estas Américas comenzó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Mariano Moreno, 1802.
Fecha de Publicación: 30/11/2010
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Nacional
"La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, sino tenemos dinero carne y un pedazo de tabaco no nos has de faltar, cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. (…) La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver la patria enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín. Mendoza, 1819".
Salta, Río Negro y ahora Formosa muestran que la actitud racista genocida y exterminadora de nuestros pueblos originarios vigente en nuestro país desde hace quinientos años, no ha podido ser erradicada ni siquiera bajo un gobierno nacional y popular, que se caracterizó por no reprimir en ningún momento al conflicto social. Habrá que pensar que para los poderes provinciales, eso funciona si es para los blancos y no para ‘nuestros paisanos los indios’ como llamaba el Libertador San Martín a nuestros hermanos originarios.
El asesinato de un cacique Diaguita en 2009 en Salta, había sido precedido por palabras del folklorista Chaqueño (Del Chaco salteño) Palavecino (Hombre del ex gobernador Romero) quien defendía la apropiación de sus campos sojeros, señalando ‘que ya le habían dado demasiada tierra a los indios, que ahora era tiempo de que se la dieran a los criollos’. Palavecino defendía las miles de hectáreas de soja de su propiedad sembradas en tierras de desmonte robadas a los pueblos originarios. En Río Negro la policía provincial y el gobierno que la manda, en una actitud permanente, se especializan en reprimir, torturar y matar a nuestros hermanos de la etnia mapuche que han logrado recomponer parte de de su hermosa cultura (la del general Perón, por ejemplo) luego del genocidio roquista de 1879.
Finalmente, en estos días el gobierno de Formosa uno de los mas corruptos en el manejo de la tierra y los negocios públicos del país, empieza a resolver el conflicto con los hermanos Qom (llamados Tobas, despectivamente por españoles y guaraníes) matando a mansalva a pacíficos hermanos que reclaman por tierras otorgadas legalmente en 1940 y que les pertenecen legítimamente desde hace miles de años. Lo notable, es que de la represión participaron civiles que se dicen dueños de la tierra, los terratenientes Celía, acompañando a la policía provincial al mejor estilo de al AAA o de los grupos de tareas de la dictadura. Grupos que dejaron en Formosa una atroz secuela de muerte y terror. Mientras baleaban a mansalva a los pacíficos hermanos de la comunidad La primavera, (mataron a uno pero hay cuatro más en grave estado y varios hombres, mujeres y ancianas que no se atreven a ir al hospital por temor a ser maltratados, o despreciados… vaya con la provincia del amigo Insfrán), la policía y los terratenientes civiles armados se dedicaban ‘patrióticamente’ a quemar las humildes partencias de nuestros paisanos, al mejor estilo de bandas fascistas llenas de odio racial.
Formosa es famosa por muchas cosas, ninguna parecida al peronismo liberador y emancipador que se dio en otras latitudes. Cuando la Constitución de 1994 (no casualmente la inversa de 1949) transfirió las tierras ‘públicas’ es decir de los pueblos originarias a jurisdicción provincial, se produjeron allí negociados increíbles. Se vendieron lotecitos de 70.000, 80.000 hasta de 300.000 has de monte nativo a senadores provinciales o amigos del poder a 70 u 80 centavos la ha. Se trataba de tierras de monte nativo que serían desmontadas salvajemente para así participar del boom sojero. Está claro que Formosa junto a Chaco, Santiago del Estero, Norte de Córdoba y Salta son las provincias donde el monte nativo ha desaparecido casi completamente, para ser reemplazado por la forrajera cancerígena que alimenta a los cerdos de China y la India. Ya durante le dictadura genocida ésta intentó destruir el Impenetrable (bosque xerofítico que se extendía por Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Santiago del Estero) ya que según los sabios estrategas de Viola y Galtieri servía solo de ‘refugio subversivo’, fue entonces que entregaron cientos de miles de hectáreas a terratenientes amigos de los militares. Para muestra, uno de esos amigos resultó ser el dirigente radical Ricardo Buraylle, actual Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la acción de los compañeros de Proyecto Sur (que por entonces participaban del espejismo de confundir a Biolcatti con Mao Tsé Tung), quien fuera beneficiado por el dictador Roberto Viola con 8000 hectáreas liberadas al accionar subversivo. Pero Buraylle no solo es famoso por haber dicho en medio del conflicto con los sojeros, ‘que si el Congreso aprobaba la resolución 125 había que cerrarlo’, rara expresión de fe democrática para alguien que luego fuera electo diputado nacional y eyectado a la presidencia de una comisión parlamentaria.
En Formosa es más conocido por usar mano de obra esclava traída de prepo del Paraguay, o de las comunidades originarias, ‘total para que otra cosa sirven estos indios de mierda...’ En 2005 hubo que entrar con la Gendarmería para rescatar a 150 familias paraguayas esclavizadas por este gran demócrata miembro del partido Centenario, ya que la policía provincial se negaba a actuar contra este socio del poder. Así que la cosa viene de lejos, de muy lejos pero la represión actual se pasó de maduro y exige una respuesta del campo popular y del gobierno nacional. Las oligarquías locales, en complicidad con jueces repugnantes y antidemocráticos que deberían ser expulsados del poder Judicial, se niegan a cumplir con la ley que impide cualquier desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias y de hecho siguen prefiriendo la máxima que supieron acuñar los terratenientes y los genocidas de la generación del ’80: ‘El mejor indio es el indio muerto’. Pero nuestros hermanos no están solos, muchos tenemos mucho que decir y hacer, pero el gobierno nacional debe hacer lo que tiene que hacer y Gildo Insfrán debe seguir el camino de Juárez, Sobisch, Saadi y demás delincuentes provinciales cuya expulsión del poder permitió avances democráticos en sus provincias, tal como lo reclamara el compañero D ‘Elía o la compañera Hebe de Bonafini. El INAI, la Secrertaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Corte suprema y el Poder Ejecutivo Nacional, tienen unas cuantas cosas para hacer si es que se quiere de verdad incorporar a nuestros ‘paisanos los indios’ a la nación argentina y no seguir considerándolos como partes del paisaje a ser exterminados. La línea iniciada por Rivadavia, Rosas, Mitre, Sarmiento y Roca (con matanzas posteriores bajo los gobiernos de Quintana, Irigoyen, Alvear, Justo y Perón) de exterminio de nuestros paisanos debe concluir de una vez y para siempre.
En su lugar hay que recuperar la línea fundacional de la Patria de Castelli, Belgrano, Moreno, Artigas y San Martín de construir la nación con nuestros hermanos originarios y no contra ellos. Debemos devolverles tierra, territorios, permitiéndoles desarrollar sus culturas y acabar con el atropello continuo de los terratenientes que desde el fondo de nuestra historia han considerado al indio material de caza, estupro y esclavitud. Hay que recordar, que como dice la tradición Inka, América es India y del Sol…
Desde el primer descubrimiento de estas Américas comenzó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Mariano Moreno, 1802.
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