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La justicia vedó el acceso público a un lago
11:42 | 
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La justicia vedó el acceso público a un lago
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Tompkins quiere crear un parque nacional
Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
FAA fue por la tierra
FAA fue por la tierra
Fecha de Publicación: 22/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Federación Agraria presentó un proyecto de ley para regular el acceso a la tierra. La iniciativa busca crear un instituto nacional que “administre, redistribuya y regularice” la posesión. En relación con el proyecto de ley del Frente para la Victoria que busca limitar la extranjerización de la tierra, el titular de la entidad rural, Eduardo Buzzi, justificó su falta de apoyo porque la iniciativa oficial utilizaría “un concepto parcial y mezquino que no aborda un instrumento democratizador”. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados organizó, para analizar el tema, una reunión con especialistas en derecho constitucional a la que los diputados del bloque del Frente para la Victoria no concurrieron, argumentando que el debate debería realizarse en un plenario de las tres comisiones que trabajan sobre el tema.
Fecha de Publicación: 22/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Federación Agraria presentó un proyecto de ley para regular el acceso a la tierra. La iniciativa busca crear un instituto nacional que “administre, redistribuya y regularice” la posesión. En relación con el proyecto de ley del Frente para la Victoria que busca limitar la extranjerización de la tierra, el titular de la entidad rural, Eduardo Buzzi, justificó su falta de apoyo porque la iniciativa oficial utilizaría “un concepto parcial y mezquino que no aborda un instrumento democratizador”. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados organizó, para analizar el tema, una reunión con especialistas en derecho constitucional a la que los diputados del bloque del Frente para la Victoria no concurrieron, argumentando que el debate debería realizarse en un plenario de las tres comisiones que trabajan sobre el tema.
Periodismo que invisibiliza
Periodismo que invisibiliza
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Primer round por la ley de tierras
Primer round por la ley de tierras del Gobierno
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Tierras: cuestionan proyecto de topes de compra
Cuestionan el proyecto oficial que pone topes a las compras
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Soja: los chinos ya trabajan en Río Negro
En medio de la polémica, los chinos ya trabajan en Río Negro
Fecha de Publicación: 25/08/2011
Fuente: iEco (Clarín)
Provincia/Región: Río Negro
Invertirán US$ 1.500 millones en irrigación e infraestructura a cambio de alimentos.
Una avanzada de técnicos de China ya se encuentra en Río Negro planificando el que será el mayor plan de irrigación agrícola desarrollado en el país en más de medio siglo . El gobernador Miguel Saiz, al dar ayer la noticia, aseguró que la iniciativa apunta a poner a producir unas 330.000 hectáreas y podría generar unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Todavía más: aseguró que “en diez años esperamos duplicar la población de la provincia”, actualmente de 633.000 personas.
El desembarco de la gigantesca empresa estatal Heilongjiang Beidahuang, que en su país produce alimentos para el 10% de la población china, unos 150 millones de habitantes, se vio opacado por las protestas de militantes ambientalistas del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que ayer irrumpieron en la presentación de Saiz. El presidente de la Cámara Internacional de Comercio China y titular de la flamante Beidahuang Argentina SA, Yue Gang Weng, se sorprendió cuando los cruces verbales llegaron a ser trompadas aisladas .
Y es que el proyecto es de tal envergadura que divide aguas. Río Negro cuenta hasta hoy con una superficie regada de unas 100.000 hectáreas, ubicadas sobre todo en el Alto Valle y dedicadas a la producción de peras y manzanas. Los planes de irrigación abarcan cinco nuevas áreas en los Valles Medio e Inferior del caudaloso Río Negro, que aportará el agua necesaria para regar. Según Saiz, ese curso está arrojando al océano 900 metros cúbicos de agua por segundo.
En la discusión, debe decirse, hay varios mitos. Por caso, que las empresa china se apoderará de las tierras hoy casi ociosas que pertenecen a unos 400 productores.
“No hay venta de tierras” , se apuró a aclarar el gobernador, que de todos modos admitió que ya con riego esos terrenos podrían pasar a valer unos 10.000 dólares por hectárea, contra los 150 dólares actuales . Es decir, la iniciativa podría desatar un fabuloso negocio inmobiliario.
Saiz explicó que el pacto con los chinos se limitan a que estos financiarán los US$ 1.500 millones necesarios para tender los canales de riego, levantar una planta aceitera y ampliar el puerto de San Antonio Oeste. A cambio tendrán la prioridad para comprar los nuevos alimentos producidos durante 20 años , aunque “a precios de mercado”. Eso sí, Beidahuang recuperará el dinero en el mismo lapso, con un interés de 5% anual.
Otro mito es que básicamente allí se plantará soja, cuando es algo muy difícil de lograr por las condiciones agronómicas de la zona. Lo más probable es que las nuevas tierras agrícolas se dediquen a cereales como maíz y trigo, o a hortalizas como la cebolla.
Saiz, que dejará su cargo en diciembre próximo, subrayó que una vez que los 12 técnicos chinos que llegaron al país finalicen los estudios se podrán licitar algunas obras, y que quizás a principios de 2012 se podrían comenzar los primeros cultivos. “Será toda mano de obra argentina”, aclaró.
Fecha de Publicación: 25/08/2011
Fuente: iEco (Clarín)
Provincia/Región: Río Negro
Invertirán US$ 1.500 millones en irrigación e infraestructura a cambio de alimentos.
Una avanzada de técnicos de China ya se encuentra en Río Negro planificando el que será el mayor plan de irrigación agrícola desarrollado en el país en más de medio siglo . El gobernador Miguel Saiz, al dar ayer la noticia, aseguró que la iniciativa apunta a poner a producir unas 330.000 hectáreas y podría generar unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Todavía más: aseguró que “en diez años esperamos duplicar la población de la provincia”, actualmente de 633.000 personas.
El desembarco de la gigantesca empresa estatal Heilongjiang Beidahuang, que en su país produce alimentos para el 10% de la población china, unos 150 millones de habitantes, se vio opacado por las protestas de militantes ambientalistas del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que ayer irrumpieron en la presentación de Saiz. El presidente de la Cámara Internacional de Comercio China y titular de la flamante Beidahuang Argentina SA, Yue Gang Weng, se sorprendió cuando los cruces verbales llegaron a ser trompadas aisladas .
Y es que el proyecto es de tal envergadura que divide aguas. Río Negro cuenta hasta hoy con una superficie regada de unas 100.000 hectáreas, ubicadas sobre todo en el Alto Valle y dedicadas a la producción de peras y manzanas. Los planes de irrigación abarcan cinco nuevas áreas en los Valles Medio e Inferior del caudaloso Río Negro, que aportará el agua necesaria para regar. Según Saiz, ese curso está arrojando al océano 900 metros cúbicos de agua por segundo.
En la discusión, debe decirse, hay varios mitos. Por caso, que las empresa china se apoderará de las tierras hoy casi ociosas que pertenecen a unos 400 productores.
“No hay venta de tierras” , se apuró a aclarar el gobernador, que de todos modos admitió que ya con riego esos terrenos podrían pasar a valer unos 10.000 dólares por hectárea, contra los 150 dólares actuales . Es decir, la iniciativa podría desatar un fabuloso negocio inmobiliario.
Saiz explicó que el pacto con los chinos se limitan a que estos financiarán los US$ 1.500 millones necesarios para tender los canales de riego, levantar una planta aceitera y ampliar el puerto de San Antonio Oeste. A cambio tendrán la prioridad para comprar los nuevos alimentos producidos durante 20 años , aunque “a precios de mercado”. Eso sí, Beidahuang recuperará el dinero en el mismo lapso, con un interés de 5% anual.
Otro mito es que básicamente allí se plantará soja, cuando es algo muy difícil de lograr por las condiciones agronómicas de la zona. Lo más probable es que las nuevas tierras agrícolas se dediquen a cereales como maíz y trigo, o a hortalizas como la cebolla.
Saiz, que dejará su cargo en diciembre próximo, subrayó que una vez que los 12 técnicos chinos que llegaron al país finalicen los estudios se podrán licitar algunas obras, y que quizás a principios de 2012 se podrían comenzar los primeros cultivos. “Será toda mano de obra argentina”, aclaró.
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Ley de tierras: las empresas pueden comprar
Ley de tierras: empresas podrían comprar millones de hectáreas más
Fecha de Publicación: 17/08/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
La bocanada de aire que produjo el amplio margen de votos logrado por Cristina en las primarias sirvió de envión al oficialismo para avanzar en la sanción de un proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, más conocido como la ley contra la extranjerización de la tierra.
Según afirmó la mandataria meses atrás, “es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”. Ahora bien, contrastando el proyecto enviado por el Ejecutivo con la situación actual, vemos que la iniciativa oficial no sólo no frena el avance extranjero sobre los recursos naturales, sino que habilita a que los pulpos multinacionales puedan adquirir miles de hectáreas más del suelo nacional.
Según un informe realizado por la Federación Agraria en la Argentina, existen entre 17 y 20 millones de hectáreas (alrededor del 10% del total de las tierras agropecuarias del país) en manos de empresarios extranjeros, muchas de las cuales fueron compradas de forma irregular. En ese plano, el proyecto del kirchnerismo no limita el desenvolvimiento de los grandes capitales, ya que el tope que figura en la propuesta enviada al Congreso doblega la cantidad de tierras que pueden quedar bajo la tutela de conglomerados foráneos. El artículo 7° del proyecto de ley, al que Hoy tuvo acceso, asegura que “se establece en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos”, lo cual genera que al 10% (del total del territorio) que ya poseen las multinacionales se les permita obtener idéntico porcentaje.
Como viene adelantando este diario, la extranjerización de la tierra está creciendo de forma incontrolada en los últimos diez años, cuestión que no se modificaría si la propuesta del Ejecutivo no es sometida a modificaciones importantes en el tratamiento que reciba en el Congreso. De no ser así, la ley venidera no representará más que una política de tipo discursivo, y hasta contribuiría a profundizar la enajenación del territorio nacional, codiciado por magnates y potencias.
La discusión llegaría al Congreso a fin de mes
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados citaría a fin de mes una reunión conjunta con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería para discutir el proyecto de ley con el fin de limitar la venta de tierras a extranjeros, cuya sanción reclamó ayer la presidenta Cristina Fernández.
El tratamiento de la iniciativa que en abril envió el Poder Ejecutivo al Congreso quedó “planchada” en las últimas semanas luego de que fracasaran un par de reuniones convocadas por la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), pero, a la luz del resultado electoral de las primarias, las posibilidades de que prospere han aumentado significativamente.
Por su parte, el diputado nacional Ariel Basteiro declaró que “es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que, ante la crisis mundial, la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio”.
Los principales dueños del 10% del país
- El italiano Luciano Benetton posee poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia
- Douglas Tompkins (Estados Unidos) dispone de 400 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego
- Empresa Alto Paraná (Chile) tiene el dominio de 175 mil hectáreas en Misiones
- GCN Combustible (Estados Unidos) gestiona 700 mil hectáreas en Catamarca para la extracción de oro y uranio.
- Charles Joe Lewis (Gran Bretaña) es propietario de alrededor de 20 mil hectáreas en Río Negro.
- Ted Turner (Estado Unidos) es dueño de 10 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group compró 200 mil hectáreas en Río Negro.
Fecha de Publicación: 17/08/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
La bocanada de aire que produjo el amplio margen de votos logrado por Cristina en las primarias sirvió de envión al oficialismo para avanzar en la sanción de un proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, más conocido como la ley contra la extranjerización de la tierra.
Según afirmó la mandataria meses atrás, “es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”. Ahora bien, contrastando el proyecto enviado por el Ejecutivo con la situación actual, vemos que la iniciativa oficial no sólo no frena el avance extranjero sobre los recursos naturales, sino que habilita a que los pulpos multinacionales puedan adquirir miles de hectáreas más del suelo nacional.
Según un informe realizado por la Federación Agraria en la Argentina, existen entre 17 y 20 millones de hectáreas (alrededor del 10% del total de las tierras agropecuarias del país) en manos de empresarios extranjeros, muchas de las cuales fueron compradas de forma irregular. En ese plano, el proyecto del kirchnerismo no limita el desenvolvimiento de los grandes capitales, ya que el tope que figura en la propuesta enviada al Congreso doblega la cantidad de tierras que pueden quedar bajo la tutela de conglomerados foráneos. El artículo 7° del proyecto de ley, al que Hoy tuvo acceso, asegura que “se establece en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos”, lo cual genera que al 10% (del total del territorio) que ya poseen las multinacionales se les permita obtener idéntico porcentaje.
Como viene adelantando este diario, la extranjerización de la tierra está creciendo de forma incontrolada en los últimos diez años, cuestión que no se modificaría si la propuesta del Ejecutivo no es sometida a modificaciones importantes en el tratamiento que reciba en el Congreso. De no ser así, la ley venidera no representará más que una política de tipo discursivo, y hasta contribuiría a profundizar la enajenación del territorio nacional, codiciado por magnates y potencias.
La discusión llegaría al Congreso a fin de mes
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados citaría a fin de mes una reunión conjunta con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería para discutir el proyecto de ley con el fin de limitar la venta de tierras a extranjeros, cuya sanción reclamó ayer la presidenta Cristina Fernández.
El tratamiento de la iniciativa que en abril envió el Poder Ejecutivo al Congreso quedó “planchada” en las últimas semanas luego de que fracasaran un par de reuniones convocadas por la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), pero, a la luz del resultado electoral de las primarias, las posibilidades de que prospere han aumentado significativamente.
Por su parte, el diputado nacional Ariel Basteiro declaró que “es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que, ante la crisis mundial, la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio”.
Los principales dueños del 10% del país
- El italiano Luciano Benetton posee poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia
- Douglas Tompkins (Estados Unidos) dispone de 400 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego
- Empresa Alto Paraná (Chile) tiene el dominio de 175 mil hectáreas en Misiones
- GCN Combustible (Estados Unidos) gestiona 700 mil hectáreas en Catamarca para la extracción de oro y uranio.
- Charles Joe Lewis (Gran Bretaña) es propietario de alrededor de 20 mil hectáreas en Río Negro.
- Ted Turner (Estado Unidos) es dueño de 10 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group compró 200 mil hectáreas en Río Negro.
Justicia a favor de pueblos originarios
Justicia detiene proyectos extractivos en territorios indígenas
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Venta de tierras: en junio inician debate
Venta de tierras: en junio inician debate de la ley
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Principio de solución para los Qom
Día de Primavera en pleno otoño
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Limita el Gobierno la compra de tierras
Limita el Gobierno la compra de tierras
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta envió al Congreso un proyecto que impide a los extranjeros acceder a más de un 20% de la superficie agropecuaria
La presidenta Cristina Kirchner utilizó ayer la transmisión por cadena nacional para anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y sociedades extranjeras, las que no podrán adquirir más del 20% de la superficie agropecuaria del territorio nacional.
La iniciativa, en el artículo 7°, establece en el 20% el límite a toda titularidad de dominio foráneo de tierras rurales en el territorio nacional. Además se impondrá un tope de 1000 hectáreas para cada propietario del exterior, sea persona física o jurídica.
Serán así la Nación, las provincias y los municipios las autoridades de aplicación de la ley, que afectará a personas físicas y jurídicas que exploten producciones agropecuarias, forestales, turísticas o otros usos rurales. "El objetivo de esta ley es conservar para el dominio nacional y no estatal, atención a la diferencia, las tierras nacionales de la propiedad extranjera", dijo Cristina Kirchner en un acto en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada.
El encuentro, al que fueron convocados empresarios y sindicalistas, sirvió en realidad para que la Presidenta lanzara también un nuevo diálogo entre la UIA y la CGT, para que criticara la conflictividad social de la central que conduce Hugo Moyano y para que evocara los seis meses del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
El tope del 20% regirá tanto para el territorio nacional como para las provincias y los municipios. Aunque la propia Presidenta indicó que se respetarán los derechos adquiridos.
En el artículo 8° se estipula que en ningún caso las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el 30% de aquel 20% asignado a propietarios de otros países. Además, en el artículo 9° se impone el límite de 1000 hectáreas para cada propietario extranjero, sean empresas o personas físicas, cualquiera sea su lugar de ubicación.
El proyecto establece que se considerará extranjera a toda persona jurídica cuyo capital superior al 51% de la sociedad esté en manos foráneas. Según dijo ayer la Presidenta, el nuevo régimen no tendrá efectos retroactivos.
"Nos hemos copiado de los países del primer mundo dedicados al sector primario, con lo cual no somos originales", dijo la jefa del Estado. Planteó, además, que la iniciativa "quiere ser un instrumento muy importante para los hombres y mujeres con capacidad de inversión en la Argentina".
Del acto participó el gabinete en su totalidad. En la mesa junto a la Presidenta se sentaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, además del senador José Pampuro y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.
La Presidenta consideró que "esta ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales es una demanda largamente acariciada por muchísimos sectores de la vida nacional". Dijo, además, que "se trata de la protección de un recurso estratégico no renovable".
La jefa del Estado, previendo posibles conflictos, señaló una diferenciación en la terminología del texto de la ley. "Fíjense que no digo dominio estatal, digo nacional, para que no haya ninguna confusión y que después empiecen a decir estatismo."
La ley creará la necesidad de un Registro Unico Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisar el límite del dominio extranjero del 20% de la totalidad de las tierras rurales. "No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda objeto, por ejemplo, de compra venta con sujetos extranjeros. Eso los argentinos todavía no lo sabemos", dijo la Presidenta.
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“El dominio de la tierra es una cuestión estratégica”
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La propuesta que ayer anunció la Presidenta impone límite a la venta de tierras a extranjeros. Además establece que no puede ser considerada inversión privada la compra de tierras por extranjeros, por su condición de recurso natural no renovable.
“El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 por ciento. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.
El otro eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.
“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.
“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.
Si bien el proyecto evita avanzar en una definición de “uso social de la tierra”, como sí ocurre en Brasil, la normativa enviada ayer al Parlamento se fundamenta en una serie de tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional (artículo 75, inciso 22), que avanzan en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica indica que “si bien toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
“Esta es una ley que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, una cuestión que es de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad de producir e invertir en esa tierra que tiene beneficios para todos”, agregó la Presidenta. Este proyecto había sido anunciado por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y fue citado nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo).
Uno de los aspectos más complejos para definir tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. El registro deberá comenzar a partir de las operaciones realizadas el 1º de enero de 2010. “Sin este relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera”, explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Por otro lado, en el artículo 3 de la norma se especifican todos los tipos jurídicos que podrían ser considerados titulares extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga más del 51 por ciento de su capital en manos extranjeras quedará incluida dentro de este régimen. También quedarán comprendidas las UTE, los fideicomisos y las empresas vinculadas que no respeten los límites establecidos.
El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.
“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, resumió a este diario Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.
Además de los límites generales, se estipula que una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. “Seguramente en el debate parlamentario se definirá la equivalencia para otras regiones del país. Por ejemplo, si 1000 hectáreas equivalen a 15 millones de dólares en la pampa húmeda, se podría fijar que el límite para un inversor extranjero en la Patagonia sean esos 15 millones de dólares”, explicó a este diario un asesor legal de Agricultura.
Como otro dato clave de la iniciativa, no se afectarán las adquisiciones ya realizadas. Así lo manifestó Fernández de Kirchner. “Con este proyecto procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, concluyó Domínguez.
Para frenar los desalojos en el campo
Para frenar los desalojos en el campo
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
El proyecto sobre extranjerización de la tierra
El proyecto de Verónica Benas sobre extranjerización de la tierra
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Las tierras de los wichís
Las tierras de los wichís
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
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