Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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Larreta destruye el ambiente costero para mantener concesiones

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: CABA


Alertan que el gobierno porteño hará un “relleno ilegal” en Costanera Norte para mantener tierras concesionadas.
Organizaciones advirtieron que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hará un “relleno ilegal” en la Costanera Norte del Río de la Plata para construir el “Parque Costero BA”, el cual costará al menos 2.600 millones de pesos y tiene como objetivo mantener privatizadas tierras de la ribera porteña que son públicas.
Así lo manifestaron en una audiencia pública que realizó de manera virtual la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
“Rellenar el río para compensar tierras privatizadas es un delirio urbanístico”, dijo Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agregó que el Plan Urbano Ambiental de CABA establece que “no se puede seguir modificando el perfil costero”.
Luego, consideró que sería “muy sencillo recuperar tierras cuyas concesiones están vencidas o a punto de vencer”, en vez de renovar su privatización.
Por otra parte, lamentó que la audiencia pública para escuchar la opinión de la ciudadanía se realice cuando la licitación de la obra “ya está en marcha”.
Y añadió que en el Boletín Oficial de la Ciudad “ya se publicaron las ofertas de tres empresas” para construir este parque por montos de “entre 2.600 y 2.900 millones de pesos”, que “todos los ciudadanos porteños tendrán que pagar”.
De acuerdo a lo anunciado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el “Parque Costero BA” será una “playa pública para 6.000 personas” que se instalará sobre tierras ganadas al río con cemento, sobre el cual se colocará arena.
Esta playa estará ubicada entre el complejo privado Parque Norte y el espacio público llamado Parque Deportivo o Saint Tropez, donde hay pistas y playones para practicar skate, mountain bike, longboard, bicipolo y palestra, entre otras ­actividades.
En la audiencia intervino también María José Lubertino, exlegisladora, constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y especialista en Derecho Ambiental.
“Estamos ante un ejercicio de cosmética política y ambiental, un simulacro de playa en la que no podremos bañarnos”, dijo, y agregó que, mientras tanto, el gobierno porteño planea “privatizar y vender” tierras públicas.
De ese modo, Lubertino se refirió a la intención del gobierno porteño de vender parte del predio Costa Salguero, operación que se encuentra frenada por dos fallos judiciales, de primera y segunda instancia, en una causa que iniciaron organizaciones y legisladores de la oposición local. “Ni Menem se animó a tanto”, sentenció.
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Nueva Ley de Piedemonte: freno al avance en las zonas de riesgo ambiental y sanciones por desmonte no controlado

Fecha de Publicación: 22/09/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La norma fue aprobada recientemente y crea la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP) en donde serán evaluados los emprendimientos inmobiliarios.
La declaración de la Emergencia Ambiental en el Piedemonte en 2019, suspendiendo la continuación de proyectos inmobiliarios y la nueva construcción indiscriminada de viviendas en el pie de la cordillera, fue el punto de inflexión de una problemática que venía dándose en los últimos 30 años que significó alterar sin parámetro alguno la unidad ambiental sobre todo en sus cauces aluvionales con consecuencias negativas para toda la zona -Luján, Las Heras, Godoy Cruz, Ciudad, como también aguas abajo, como son los municipios de Lavalle, Guaymallén y Maipú.
Luego del fin de la emergencia en 2020 inició un proceso de tratamiento de la Nueva Ley de Piedemonte que vino a armonizar los planes de Ordenamiento Territorial de la provincia con los de los municipios y se sancionó -recientemente- estableciendo pautas claras sobre las zonas de alto, medio y bajo riesgo para el desarrollo urbano.
Resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo pero cuando esté en vigencia cada proyecto de edificación deberá contemplar los parámetros de riesgo aluvional, como ambientales y pasar por la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP), integrada por Las Heras, Luján, Ciudad y Godoy Cruz Irrigación, Hidraúlica y la Secretaría de Ambiente y la Agencia de Ordenamiento Territorial.
Los municipios que integran el Piedemonte estarán involucrados en su análisis, pero también desde el punto de vista de la escala metropolitana, como lo son Maipú, Lavalle y Guaymallén, sobre todo en el caso de propuestas de gran envergadura.
La vocal de la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali explicó lo que representa esta norma de cara al futuro de las construcciones que se hagan en esta área y la precordillera: “Si bien ya existía una legislación, lo que se vino a hacer es armonizar con los municipios distintos procedimientos en uno único y de manera ordenada, entendiendo al piedemonte como una unidad ambiental que no distingue divisiones políticas administrativas”.
El polígono de superficie del piedemonte comprende 76.699 hectáreas, los que para su utilización para diferentes usos deberán estar sujetos a estudios ambientales, según la Ley N° 5961, para lograr la factibilidad ambiental e hidráulica.
El límite de urbanización no puede exceder la curva de nivel de cota 1200 metros sobre el nivel del mar y evita emprendimientos que realicen desmontes sin control.
La funcionaria también apuntó que se agregaron al Código Contravencional de Mendoza un esquema de penalidades ambientales y un régimen sancionatorio a quienes no cumplan con los estudios de impacto ambiental o realicen desmontes no autorizados. Las multas van de un rango de 150.000 a un millón y medio de pesos y se agrava si hay reincidencia.
Lo que ocurría hasta la Emergencia Ambiental es que las construcciones de viviendas se asentaban en la zona más peligrosa, alterando los cauces aluvionales, cambiando las pendientes y generando riesgos frente a las fuertes lluvias en poco tiempo, que se producen esporádicamente, provocan daños en las poblaciones y en la infraestructura existente.
La nueva Ley está respaldada por estudios científicos y técnicos que hasta el momento no se tenían y por un equipo de profesionales del Instituto Nacional del Agua (INA), que elaboraron un informe de riesgos aluvionales en un área de 1.300 kilómetros cuadrados, desde la subida a Villavicencio hasta la zona Agrelo, en la margen derecha del río Mendoza.

El modelo de Luján de Cuyo
Uno de los municipios que ya tiene listo su plan de Ordenamiento Territorial contemplando el piedemonte es Luján de Cuyo, a través de la Ordenanza 13.893/2021, en donde se detalla el Código Urbano Ambiental del Piedemonte.
“Que los objetivos principales de la presente ordenanza son orientar las condiciones de uso del piedemonte, para compatibilizar las características ambientales del Piedemonte con las actividades humanas y tender a la regularización dominial de los parcelamientos existentes en un marco de seguridad aluvional y acceso al agua”, reza la norma que rige para las 11.400 hectáreas que se localizan en este departamento.
La Subdirectora de la Unidad Territorial del Piedemonte, Leyla Mussi Saffie destacó que las pautas claras que tiene el departamento fueron previas a la ley sancionada por la Legislatura y que el marco legal de Luján fue modelo para la urbanización sustentable de la precordillera.
La funcionaria explicó que actualmente hay 103 barrios irregulares de los cuales 74 ya han sido notificados para adecuarse a la ordenanza. Mientras que hay 13 nuevas solicitudes para emprendimientos que deberán ajustarse a los requerimientos ambientales y técnicos en el área que se extiende desde la Ruta Provincial N° 82 al Oeste hasta la cota de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Las Heras actualizará su Código Urbano del Piedemonte
En Las Heras, su Concejo Deliberante ya avanzó con una ordenanza que establece un Código de Edificación para el Piedemonte donde se destaca la zona del Challao, en la cual habitan 10.000 personas y de acuerdo a lo manifestado por el Secretario General de la Intendencia Fabián Tello, “empezamos el proceso de adecuación a la Ley de Piedemonte”.
“Estamos trabajando con una importante obra de agua para abastecer a esta zona que venía con este déficit de infraestructura. Hemos logrado el financiamiento y se empezará a breve”, indicó Tello.
El caótico crecimiento de la población hacia la montaña y los problemas ambientales fueron los factores claves para la norma que se sancionó el pasado 9 de agosto.
Al momento de su votación, el senador Marcelo Rubio, titular de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, subrayó que la norma responde “a la falta de obras que hay en todo el piedemonte en general y ante esta situación igual se lotea y se venden esos espacios que luego no pueden contar con los servicios adecuados. Esta ley, tendrá además sanciones y multas para quienes se manejen de esta manera fuera de la ley y el requerimiento que, desde la sanción final, se pondrá en marcha”.
Y concluyó:“Esta ley viene a cerrar un círculo respecto del Plan de Ordenamiento Territorial, de los Códigos territoriales de cada municipio, sus ordenanzas y leyes. Esto servirá para que la ley se aplique en forma más clara ante las necesidades de la sociedad”.
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Barrio privado provoca inundaciones y debe pagar $200.000 de multa por día

Fecha de Publicación: 13/09/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido hace tres años la "paralización y demolición" del barrio "Amarras", ya que las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y "la evacuación de más de 150 personas" en varias ocasiones.
Un juez de Entre Ríos ordenó que la empresa Altos de Unzué, de la provincia de Entre Ríos y el municipio entrerriano de Pueblo General Belgrano, deberán pagar $200.000 de multa por cada día en el que no se avance en los trabajos para desmantelar un barrio privado donde las obras generaron la crecida del río e inundaciones, informaron fuentes judiciales. La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido hace tres años la «paralización y demolición» del barrio, ya que las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y «la evacuación de más de 150 personas» en varias ocasiones.
De acuerdo a esa denuncia, la crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua. Además, el barrio náutico Amarras «era el único lugar no inundado de toda la zona» y «el agua que desplazaba ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas», según la denuncia.

Un barrio privado problemático
En julio del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había dejado sin efecto una sentencia provincial que permitía continuar los trabajos y en octubre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER) debió realizar un nuevo fallo. Un mes más tarde, la CSJN rechazó el recurso extraordinario interpuesto por ese municipio, la provincia de Entre Ríos, y la empresa constructora del barrio náutico «Amarras», y mantuvo en pie la nueva decisión. En esa sentencia, el STJER ordenó la «demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior» a la construcción del barrio, tras detectar «la alteración negativa del medio ambiente».
Los jueces entrerrianos señalaron que quedó «efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente», y la decisión se basa en «la prevención del daño futuro», en «la recomposición de la polución ambiental ya causada» y en generar «un resarcimiento pecuniario» por los «daños irreversibles». Por ende, la empresa «Altos de Unzué» encargada de la construcción y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tenían 180 días para el desmantelamiento de la zona.
Aún así, no se detectaron cambios ni ninguna actividad que dé cuenta de que la empresa «tenga voluntad de cumplir» con la sentencia, según se indicó. Por eso, ayer el juez civil y comercial de Gualeguaychú Javier Mudrovici estableció llevar adelante el desmantelamiento e impuso una multa de $200.000 a la empresa, el municipio y la provincia como «multa o astreintes» por cada día de atraso en cumplir con el fallo.
Desde 2015 se realizaron charlas, marchas, y presentaciones del documental con testimonios de lugareños, abogados, ambientalistas, especialistas profesionales que realizaron estudios en la zona. Además, más de 2.000 vecinos y vecinas de Gualeguaychú adhirieron a las demandas municipales.
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Ruido infernal: el 84% de los porteños dice padecer la contaminación sonora

Fecha de Publicación: 05/07/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA


Los inconvenientes que el exceso de ruido causa en la salud mental es el objeto de un estudio presentado esta semana. Es la cuarta causa de preocupación de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y más de la mitad asegura que hasta le afecta sus ciclos de sueño. Y ocho de cada diez consultados –más los jóvenes y mujeres– dice que está más nervioso, irritable, menos concentrado y más agresivo. Un habitante promedio tendrá problemas de audición a los 50 años.
La contaminación sonora y los inconvenientes que provoca en materia de salud mental, descanso y calidad de vida viene subiendo entre las inquietudes ciudadanas. Hoy, según una flamante encuesta publicada esta semana, ya ocupa el cuarto lugar en el ranking de “problemas” que más preocupan a los porteños. Este es el llamativo resultado del estudio Los ruidos y sus impactos en la sociedad, realizado por encargo de la Fundación Ciudad, donde se indagó a más de ochocientos porteños de las 15 comunas.
La investigación, técnicamente concretada por la consultora Voices, descubrió nuevos datos sobre un problema que parece ser de bajo perfil, pero que rankea cada vez más alto en la consideración pública. De hecho, el 84% de los consultados categorizó a Buenos Aires como “una ciudad ruidosa”.
Y los expertos en salud sumaron contexto: según Marcelo Cetkovich, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Fundación Ineco. “Entre los datos recopilados veo algunos muy importantes para la salud mental. Por ejemplo, la cantidad de personas que afirma que el ruido afecta sus funciones ‘ejecutivas’ a la hora de tomar decisiones. En otras palabras, cuando pasa bajo la ventana una moto con escape abierto a máxima velocidad, el ruido termina interfiriendo con nuestra atención y haciendo que cometamos errores laborales”.
 El experto –que es profesor en la Universidad Favaloro– también apuntó otro detalle significativo: como “el ruido genera trastornos del sueño que son el puntapié inicial para una serie de padecimientos psíquicos. Con el ruido estamos generando un marco de malas condiciones para la salud mental”. Por otra parte, Cetkovich destacó otro tema que está creciendo en la consideración pública: cómo el ruido afecta especialmente a quienes integran los grupos de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
María Fernanda Tieso, otorrinolaringóloga del Hospital Eva Perón de San Martín, explicó que el ruido –en niveles elevados de decibeles– causa diferentes tipos de daños en nuestro sistema auditivo. “La hipoacusia inducida por ruido es la segunda causa más común de esta condición. Y se hace notar especialmente en espacios contaminados. Por ejemplo, según Tieso, “un habitante promedio de Buenos Aires, de 50 años de edad puede tener su sistema auditivo afectado por el ruido constante y terminar con una capacidad auditiva equivalente al de una persona de 65 años que resida en una geografía más silenciosa”.

Ruido desde edades tempranas
Otro hecho negativo que destacó la profesional es que actualmente se encuentra con mayor frecuencia una alta exposición al ruido desde edades tempranas, especialmente con la alta frecuencia y cantidad de horas de uso de auriculares. “Eso también genera daño auditivo y facilita en el mediano plazo las hipoacusias inducidas por ruidos”. Según Tieso, hay otros dos fenómenos a considerar en este tema: la pérdida auditiva oculta, en la cual la persona no percibe la disminución en el corto plazo sino cuando está ya avanzada. Y el hecho de que no solamente los lógicos ruidos de altísima cantidad de decibeles (martillos neumáticos, trenes, aviones) afectan la audición, sino que de intensidad media, pero constante, también perjudica la audición en el largo plazo.
“Sin duda, uno de los resultados llamativos es que la contaminación sonora integra el top five del ranking de problemas más mencionados por los vecinos, donde la primera preocupación es la inseguridad, seguida por la gente en situación de calle, el mantenimiento de las vías de tránsito y la congestión. Ahí, en cuarto lugar entre los problemas que más preocupan, asoma el ruido ciudadano y sus consecuencias”, explicó Constanza Cilley, directora de Voices, a PERFIL. “El 24% de la gente lo mencionó como un problema importante” destacó. Y mencionó que quienes mayor foco pusieron sobre este problema fueron los vecinos de Caballito, Almagro y Boedo. “Buenos Aires se ha convertido en una ciudad que aturde”, dijeron los vecinos.
Cilley dijo que la encuesta reveló que nueve de cada diez habitantes coinciden en que el ruido impacta en el estado de ánimo y en la salud física de las personas y el 80% de los encuestados refirió haber padecido efectos adversos por esta contaminación. Entre las consecuencias usuales destacaron el “nerviosismo”, la”irritabilidad”, “dolores de cabeza”, “disminución de la concentración”, “trastornos del sueño” y “aumento de la agresividad”, todos estos con algo en común: fueron más mencionados por mujeres y por jóvenes.

Horarios más molestos
¿Cuáles son los momentos más ruidosos del día? Según la percepción ciudadana es la tarde (de 13 a 18), especialmente para quienes viven sobre las avenidas. Luego los momentos más “molestos” son la mañana y finalmente la noche. Los tiempos más silenciosos son el amanecer y las horas de trasnoche.
Nada menos que el 53% afirmó que ésta interrumpió su sueño; el 42% dijo “su descanso” y el 38% debió interrumpir el “estudio y la lectura” por el ruido. Finalmente, no hay dudas de que el alto nivel de ruido en Buenos Aires impacta en la vida cotidiana: 60% afirmó haber tenido alguna reacción significativa ante el ruido, desde analizar la posibilidad de mudarse hasta denunciar o cambiar los horarios de sus actividades.
 
Durante la pandemia, un alivio auditivo
Algo que destacaron los expertos durante la presentación del estudio de cuya presentación participó PERFIL es que el aislamiento, impuesto como una de las medidas antipandémicas, generó un efecto positivo inesperado en esta materia específica: “Durante esos meses de pocas salidas y movimiento urbano, los ruidos ciudadanos disminuyeron. Eso, en muchas personas, hizo disminuir la sensación de alerta y moderó un poco la ansiedad común”, dijo Cilley.
Y agregó que “casi podría decirse que esa “tranquilidad” sonora que provocó la pandemia, hizo que mucha gente valore más el silencio. Y eso influye en que hoy se lo considere como un tema cada vez más importante en la opinión pública.
De hecho, ocho de cada diez entrevistados coincidieron con la siguiente afirmación: “A partir del ambiente menos ruidoso que vivimos como consecuencia del aislamiento por el covid-19, valoro más vivir en un ambiente libre de ruidos”, dice una parte del estudio solicitado por la Fundación Ciudad y realizado por la consultora Voices.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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Ushuaia va en busca de un sistema de movilidad bajo en emisiones de gases de efecto invernadero

Fecha de Publicación: 05/05/2022
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego


A través de una Estrategia de Movilidad Sostenible se busca lograr que en los espacios públicos, tanto el transporte público como peatonal o en bicicleta, sea incluyente, eficiente, responsable, respetuoso y consciente de su impacto en el medio ambiente.
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de la Mujer, presentó la Estrategia de Movilidad Sostenible y promovió un taller para analizar la propuesta junto a diferentes actores de la sociedad, entre ellos participaron representantes del Gobierno nacional, provincial, ONG, instituciones educativas, ciclistas y ambientalistas.
De la presentación participó la legisladora Laura Colazo; el jefe de Gabinete, Omar Becerra; el secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani; la secretaria de la Mujer, Natacha Aldalla; el intendente del Parque Nacional de Tierra del Fuego, Marcelo Ochoa ;y la presidenta de la asociación ABE, Stella Domínguez.
Previo a la exposición del equipo técnico, el jefe de Gabinete Omar Becerra agradeció y destacó “la vocación de quienes redoblan el esfuerzo y están involucrados en esta maravillosa tarea que tiene como objetivo garantizar el cuidado del ambiente. Esta vez, a través de estas jornadas en las que se elaborarán documentos con importantes estrategias”.
Asimismo, el secretario de Medio Ambiente Mauro Pérez Toscani explicó que “este instrumento, integrará diferentes miradas para analizar de qué manera se pueden mejorar las medidas de seguridad en nuestra ciudad, respecto a la peatonalidad, el diseño de la bicisenda, el transporte público y, a su vez, cómo se interrelacionarán estos transportes para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
El funcionario indicó que “buscamos un sistema de movilidad sostenible, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y también con una adaptación social que genere impacto de desarrollo económico para la ciudad”.
A su vez, la secretaria de la Mujer Natacha Aldalla observó que “sostener la perspectiva de género es sumamente importante en todos los ámbitos, pero si la idea es tener una ciudad más segura, debemos pensarla con una mirada ambiental y de género”.
Aldalla recordó que “en 2017 recuperamos el transporte público de pasajeros, y en 2018 se diseñaron garitas de colectivos transparentes, y tal vez este dato puede ser algo irrelevante para algunos, pero había denuncias de abusos en esos espacios, y ahora, con el aporte de esta mirada se contribuye a la construcción de una ciudad más justa y equitativa”.
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Venta de Costa Salguero y Punta Carrasco: ¿democracia ambiental o negocios inmobiliarios?

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: La Noticia Web
Provincia/Región: Capital Federal


Proponen 8 hectáreas de parque, 3 de playa y un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no dicen es que el resto será vendido para emprendimientos de lujo sacrificando este borde costero verde y público.
En los últimos días amanecimos con la feliz noticia que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires convalidó la iniciativa popular que propone un parque público en Costa Salguero y Punta Carrasco y confirmó que nuestra propuesta ciudadana cuenta con 53.709 firmas. Por eso, ahora la Legislatura deberá darle tratamiento a lo que propusimos los vecinos.
Ante la necesidad de dar respuesta a cuestiones ambientales, efectos del calentamiento global en zonas costeras, cuestiones de accesibilidad al espacio público y al contacto con el medio natural, política portuaria y aeroportuaria desde la ciudadanía hemos venido debatiendo estos temas, al menos que yo recuerde, desde 1990 y propiciando la recuperación de la costa como espacio verde y público. Así lo consagramos en 1996 en la Constitución de la Ciudad.
En el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad instituimos:”…Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación….” y que “En su carácter de corribereña …, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas…” que “Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas…”.
Por su parte la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, aún vigente, dice en su art. 9, sobre Espacios públicos: “c) 4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas” y en “6. a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera”; “d) Preservar con carácter de patrimonio natural e impulsar el uso público de los tramos costeros que aún conserven características naturales” y “e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”.
Como legisladora entre el 2010 y el 2014 me opuse a la privatización de espacios públicos y a la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Luego conformamos desde 2015 diferentes movimientos vecinales desde donde articulamos la resistencia a estos procesos. Desde allí participamos en todas las audiencias públicas, judicializamos muchos casos con variados éxitos y fracasos y organizamos marchas, movilizaciones, abrazos y eventos públicos y callejeros de lo más variados.
Recordemos además que después de varias décadas de proyectos frustrados para recuperar la relación con el río, uno de la Fundación Ciudad había contando con el apoyo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires -que integramos cientos de organizaciones de la sociedad civil- y que alcanzó el consenso para llegar a la Legislatura el 6 de mayo de 2020- aunque nunca logramos que se tratara-. Efectivamente al vencerse las cuestionadas, ilegales e irrisorias concesiones del Costa Salguero y Punta Carrasco éramos muchas las voces ciudadanas planteando la recuperación costera y la creación de un gran parque verde y público.
A pesar de nuestras movilizaciones, Larreta envió a la Legislatura un proyecto para hacer todo lo contrario. Participamos en una audiencia pública donde la mayoría abrumadora de los 7500 participantes inscriptos/as nos manifestamos en contra. El Ejecutivo y su domesticada Legislatura siguieron adelante. Por ello el rechazo de distintos sectores de la ciudadanía nos llevó a hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular. Y, el 9 de noviembre de 2021, organizaciones sociales, políticas, ecologistas, de DDHH y agrupaciones profesionales presentamos ante la Legislatura un proyecto que logramos fuera apoyado por un total de 53.709 firmas. A través del mismo, solicitamos la derogación de la ley que habilita la venta de Costa Salguero, y la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en los predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Como la transformación extractivista en la Ciudad no para, el 5 de diciembre de 2021, su mayoría parlamentaria  aprobó la segunda lectura de la ley (Ley 6289) permitiendo construir torres en esos predios sin escuchar el clamor popular en contrario.
Después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. La iniciativa popular cumplió con el procedimiento (“Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”) y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta ciudadana. No pueden seguir ignorando lo que dijimos en las calles y en las movilizaciones.
Paradójicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la misma tarde en la que el TSJ dictaba su resolución se sacaba fotos y subía a sus redes sociales lo que cínicamente llamen el “Plan integral de transformación y recuperación de la costa de la Ciudad para volver a disfrutar el río”. En su estilo disneyficado (donde “lo falso es real”) y gracias a su comunicación prestidigitadora, nos muestran que proponen 8 hectáreas de parque en Costa Salguero con un paseo de usos mixtos (lo que quiere decir que será un patio de comidas y shopping), 3 hectáreas  de playa y cierran con el chantaje moral de un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no muestran es que todo el conjunto en debate es de 63 hectáreas. Y que lo que no dicen es que el resto va a ser vendido para hacer torres y emprendimientos de lujo sacrificando la voluntad popular que defiende como un bien común este borde costero para que todo sea parque verde y público.
Una vez más la ciudadanía en defensa del ambiente y el Buen Vivir urbano ponemos en jaque a la democracia representativa cómplice del extractivismo urbano. Como ocurrió en Mendoza y en Chubut donde el pueblo salió a las calles sin grieta para enfrentar decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo contrarias a su voluntad y que generaban graves e irreversibles daños ambientales. El poder político debió volver atrás sobre sus pasos y revertir sus malas decisiones acorralado por la participación ciudadana.
Debería suponerse que la consagración constitucional de la democracia participativa en nuestra Ciudad debiera evitar que se generen esos conflictos. Sin embargo no es así. De nada valen los textos constitucionales y legales, si la política no se somete a sus reglas. Pero un resorte de reaseguro viene en nuestra ayuda: la iniciativa popular.
A pesar de los escollos que la reglamentación de esta ley plantea que lo han hecho de difícil e infrecuente práctica, en esta oportunidad logramos que funcione. Es la primera vez que se llegan a lograr las firmas suficientes y que el TSJ las convalida. Es un acontecimiento histórico para la participación directa. Ello no hubiera sido posible sin organización política. Un sector de la política escuchó el clamor ciudadano, se sensibilizó y se puso al frente del reclamo. Como debe ser.
Cuando la política escucha avanzamos. Cuando la política se cierra sobre si misma -sean cuales sean sus intereses o motivaciones- y se aparta de la voluntad soberana se quiebra hasta la esencia de la democracia. En estas tensiones estamos.
En la Ciudad, las señales de Larreta y sus acólitos no son buenas. Parecen seguir adelante con su plan privatizador, a pesar de nuestra iniciativa popular, edulcorándonos la venta que se viene marketineando como parque los patios traseros e intersticios de sus edificios de élite. De nuestra capacidad de movilización ciudadana y popular durante este año en el que deben tratar nuestra iniciativa dependerá si podemos torcer el rumbo y ganar la pulseada a los sectores del extractivismo inmobiliario.
En el ámbito nacional son aun pocos los buenos ejemplos de la política que asumen en serio la agenda ambiental y la democracia participativa. Algunos/as han comenzado a aceptar que deben deconstruirse, salir del modelo del falso “progreso” en base a un supuesto “desarrollo” depredador y empiezan a bosquejar algunas acciones para un desarrollo sustentable y sostenible.
Desde el ecofeminismo seguiremos construyendo conciencia ciudadana y apostando a cambiar la política para que escuche, como lo hicimos y logramos con la agenda de género.
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Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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Biodiverciudad: la nueva meta urbana de la gestión Llaryora

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


El intendente de Córdoba Capital fue anfitrión del encuentro nacional organizado por la CAF, que reunió a 30 jefes comunales de todo el país para compartir experiencias de políticas ambientales y de sustentabilidad.
¿Qué son las biodiverciudades? El neologismo acuñado hace tres años en Barranquilla, Colombia, se refiere a la planificación urbana teniendo en cuenta la biodiversidad local y regional, y su incorporación al desarrollo económico de una ciudad a partir del cuidado del ambiente.
Se trata de un paradigma impulsado por el Instituto Alexander von Humboldt, de Colombia, y el Foro Económico Mundial. Con este soporte, la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina apunta a mejorar la calidad de vida en las ciudades proveyendo financiamiento y asesoramiento a los gobiernos locales.
Este martes, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora fue anfitrión del Encuentro Nacional de Biodiverciudades en el Centro Cultural Córdoba (CCC). Allí se concentraron 30 intendentes de todo el país para compartir experiencias vinculadas con estas prácticas e introducir nuevas políticas públicas alineadas con este modelo.
“Este concepto de ciudades en el cual la biodiversidad regional se pone al frente de la planificación de la ciudad es novedoso, pero lo tenemos que trabajar entre todos”, apuntó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica, de la CAF, durante la inauguración del encuentro.
“Queremos que la CAF sea el banco verde de la reactivación de América latina tras la pandemia. El 15 por ciento de nuestra cartera son programas de medio ambiente. En los próximos años pasaremos al 40 por ciento y tendremos 45 mil millones dólares para créditos verdes. Los intendentes son claves para que se plasmen en políticas públicas”, dijo Asinelli.

Economía circular
Por su parte, Llaryora hizo referencia a la necesidad de que las iniciativas y soluciones urbanas al cambio climático surjan de los entornos locales con una mirada global. Lo que se conoce como glocalización.
Allí se detuvo en las experiencias de economía circular que lleva adelante la ciudad de Córdoba, la incorporación de valor agregado y la industria del conocimiento aplicada a los residuos, generando un menor impacto ambiental y un beneficio económico.
Señaló también la necesidad del que el Estado no sólo se convierta en promotor, sino en consumidor de estos bienes.
“Por lo general se espera que las políticas ambientales vengan de los grandes organismos internacionales, los gobiernos nacionales, pero cuando uno se da cuenta ninguna de estas instituciones maneja un basural”, apuntó el intendente.
Y agregó: “Este trabajo no lo podemos hacer solos. Necesitamos que nos ayuden con el financiamiento de obras y compartir know how para mejorar nuestras políticas ambientales”.

Conceptos
A su turno Mario Murcia, especialista colombiano en investigación en bioeconomía dijo que este modelo de la biodiverciudad tiene una función más allá de la preservación de áreas verdes y protegidas. Y planteó tres escalas: pasar de ciudades sostenibles, a nuevas bioeconomías, hasta alcanzar una meta de territorios resilentes, donde la matriz energética pase a ser renovable.
En el panel principal, coordinado por la rectora de la Universidad Siglo 21 (UES21), María Belén Mendé, junto a Asinelli y Llaryora también participó Belén Daghero, gerente de Desarrollo Sostenible de Holcim.
Daghero planteó dos aspectos fundamentales para este paradigma. “La sostenibilidad depende de que se tenga una mirada de triple impacto (económico, social y ambiental), y en segundo término la articulación público-privada”, apuntó.
El evento estuvo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, a cargo de Alejandra Torres, y sumó a intendentes de todo el país. Por Córdoba estuvieron Juan Manuel Llamosas, de Río Cuarto; Myriam Prunotto, de Juárez Celman; Carlos Briner, de Bell Ville; Pedro Dellarossa, de Marcos Juárez; entre otros.
Todos se comprometieron a sumarse al Tratado de Barranquilla de biodiverciduades.
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Denuncian que una máquina vial intentó un desmonte en una reserva urbana de Bariloche

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los vecinos del oeste reclamaron que las inmobiliarias venden lotes sin informar sobre las condiciones de la zona "de tanta sensibilidad ambiental".
Los vecinos de la reserva natural urbana Morenito Ezquerra denunciaron el ingreso de una máquina para desmonte en un lote de la calle Pinsa Huapi, en el barrio Parque Lago Moreno, en proximidades de la laguna Ezquerra.
Según indicaron, la máquina fue contratada por una inmobiliaria de Bariloche para facilitar la venta de un lote en esa zona desconociendo las reglamentaciones en la zona por tratarse de una reserva urbana.
Hicieron una presentación ante la Delegación Lago Moreno y en la Dirección de Bosques. Además, pidieron una multa para la inmobiliaria involucrada y la inhabilitación de la matrícula de la profesional. «Si no hay castigo, queda un precedente«, indicaron.
Al radicar la denuncia, señalaron que «la máquina ingresó a un lote propiedad de Andrea Saslavsky, sin autorización y violando la disposición provincial de uso de maquinaria pesada. Intentó la apertura de esa calle y acceder al lote, arrasando con todo a su paso y formando un talud de casi 3 metros de tierra en su trayecto».
Recordaron que 12 años atrás, Bariloche promulgó la ordenanza que crea la reserva urbana Morenito-Ezquerra, a la altura del kilómetro 19 en la avenida Bustillo. El Plan de Manejo, detallaron, dispone «evitar la remoción en gran escala de especies leñosas y movimiento de tierra masivo ya que provoca un incremento de escorrentía (agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno, lavando los suelos e ingresando materia orgánica los ambientes acuáticos)”.
«Las inmobiliarias, las empresas de alquiler de maquinarias, los colegios de profesionales y los propietarios tienen la obligación de conocer la legislación vigente antes de realizar tareas en un área protegida y de tanta sensibilidad ambiental«, indicaron en la denuncia.
Diego Mamann, uno de los vecinos que intervino, destacó que «la zona es tentadora y hay negocios inmobiliarios muy grandes. Intervienen constantemente sobre el bosque nativo».
En este último caso, Mamann dijo que «la inmobiliaria que administra el predio se tomó la atribución de abrir un camino para tener acceso a ese terreno, con costa de la Laguna Ezquerra, generando un destrozo terrible, haciendo movimientos de tierra y arrasando con la vegetación de la zona. Pero un particular no puede abrir camino a donde quiere. Esto debe ser consensuado con la Municipalidad y Bosques».
El vecino arremetió contra la inmobiliaria: «Cuando se consultó por qué no pidió los permisos correspondientes, de manera prepotente y arrogante, la responsable dijo: ‘No voy a esperar seis meses. Pago la multa y ya está´».
Insistió en que constantemente, las inmobiliarias venden lotes sin informar a los compradores sobre las condiciones de las reservas naturales. «La gente compra de buena fe sin saber qué se puede hacer. Hay un abuso por parte de las inmobiliarias. Estamos expuestos a que cada uno haga lo que quiera», dijo.
Mamann cuestionó, por otro lado, que el Municipio no cumple con la convocatoria a las comisiones mixtas entre diversos actores -entre los que se encuentran las juntas vecinales, por ejemplo- a fin de abordar estos temas. «El municipio no nos convoca desde hace dos meses y esto genera un vacío«, objetó.
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“El cerro no se toca”, vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes en una reserva natural

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Se trata de la zona donde pretende construir un complejo turístico en un área caracterizada como “reserva natural” y que además se encontraría identificada en color amarillo dentro de las clasificaciones de la ley de ordenamiento de territorial de la provincia, en las que están prohibidos los desmontes.
La disputa entre los vecinos, los responsables del proyecto y el Concejo Deliberante comenzó en el 2019. “Venimos haciendo denuncias constantemente a la municipalidad. Nunca se frenaron del todo los trabajos, constantemente vemos tala y desmonte, ayer pudimos filmar a operarios que estaban desmontando la reserva natural del lado del barrio de Ingenieros, yendo para el autódromo”, contó Maximiliano Assaff.
Ya en 2019, desde la subsecretaria de Planificación y Control Urbano, el impacto ambiental de la obra es altamente negativo. “Nos sorprende que la municipalidad no haya tomado ninguna sanción para las personas que están desmontando la reserva natural que está protegida por ley. El proyecto hotelero ya había sido frenado hace un tiempo atrás y ahora en el Concejo Deliberante se volvió a comisión por el petitorio del concejal justicialista Arnaldo Ramos, un proyecto que es aberrante para Salta porque viola un montón de leyes y ordenanzas”.
De acuerdo a lo que señaló Assaff, y según estudios ambientales realizados en el lugar, “la zona tiene una pendiente excesiva, obviamente va a haber deslaves, es una zona donde hay falta de agua y esto se va a incrementar. Pedimos una audiencia con la intendenta y con el gobernador. Vamos a agotar todas las medidas administrativas y si no tenemos respuestas vamos a pedir un amparo”.
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Piden al municipio que frene desmontes y movimiento de suelos en las serranías del este capitalino

Fecha de Publicación: 15/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La resolución la aprobó de forma unánime el Concejo Deliberante de Salta. La zona en cuestión está clasificada como Área Especial-Reserva Natural.
En la última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la capital aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitó a las autoridades municipales que disponga el cese de toda actividad o acción de desmalezado, tala, desmonte y movimiento de suelo, que no estén autorizados, en las matrículas Nº 182.523, 182.524, 167.227, 167.228 y 177.976.
El Ejecutivo Municipal de Salta no tiene registrado el ingreso de documentación técnica que avale actividades de desmonte o limpieza en esas cinco parcelas ubicadas en las serranías del este, un sector extenso de bosque bajo y de variada vegetación, protegido por normas urbanísticas y ambientales.
La resolución fue presentada por el concejal Jorge López Mirau (Unidos por Salta), que expuso la preocupación de los vecinos de la calle Los Carolinos al 700, en el barrio Tres Cerritos de la capital salteña.
El caso no es nuevo para la ciudad y forma parte del permanente conflicto que genera la presión de los desarrolladores inmobiliarios para ocupar suelo urbano.
“Esa zona se encuentra a más de mil metros de altura, si se realiza una modificación, traerá consecuencias negativas para el medio ambiente; no solo degradación, sino los serios problemas para las viviendas que seguro sufrirán las consecuencias de los desmoronamientos e inundación”, dijo López Mirau.
En la legislación municipal la zona figura clasificada como AE-RN (Área Especial-Reserva Natural). Gran parte de esa serranía, una suerte de extenso cordón verde que va de norte a sur en la margen este de la ciudad, es de propiedad privada, sujeta a restricciones de dominio y es un área no urbanizable, con la finalidad de resguardar atributos excepcionales de la naturaleza .
El edil citó todas las normas que aseguran la protección y preservación del ambiente, desde la Constitución Nacional, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales.
Dijo que “se observan trabajos en ese predio hoy cercado por una lona verde que impide la visión hacia el cerro y acciones muchas veces silenciosas, pero que avanzan sin pausa y que hay que frenar; porque aunque sean propiedad privada hay restricciones al dominio que están indicadas en el derecho ambiental, no pueden quitar el pulmón verde a la ciudad”.
José Gauffin (JxC+) explicó que la serranía del este es un área bastante grande. Citó como límites el río Mojotoro en el extremo norte de la ciudad; la Quebrada del Cuarteadero, que va en rumbo norte sur, y luego el acceso a Salta por la ruta nacional 9 hasta el Portezuelo (acceso turístico a la ciudad al pie el Cerro San Bernardo).
El edil dijo que a ello hay que sumar las serranías de Villas Las Rosas y Villa Mitre que tienen categoría de Parque Natural. Destacó que en esas dos categorías (Area Especial- Reserva Natural y Parque Natural) conviven muchas actividades. Que en las áreas agrícolas de esa zona se aprobaron urbanizaciones cerradas, porque lo permite la legislación y que dentro de esa serranía, conviven el barrio Autódromo, el barrio Las Colinas, el Teleférico y el culto a la Virgen del Cerro .
Al apoyar el proyecto dijo que “tenemos que involucrarnos definitivamente porque me parece injusto que solo unos cuantos vecinos tomen a su cargo, carguen en sus espaldas con la lucha por preservar esa área tan importante para la ciudad.
La concejala Paula Benavides (Salta Independiente) dijo: “Ya vimos hace unos años a particulares propietarios de estas tierras presentar proyectos con pedidos de excepción. No podemos ir en contra de la normativa vigente que protege el medio ambiente; la vía de excepción no puede ser una política de trabajo”.
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Especulación inmobiliaria en el Delta: denuncian desmonte ilegal en las islas frente a San Nicolás

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


"Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla", sostuvo el abogado ambientalista Fabián Maggi.
El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció hoy el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, “para generar infraestructura inmobiliaria y turística”.
“El desmonte es masivo y a mucha velocidad. Mientras hablamos, cinco máquinas están acabando con lo que queda del bosque nativo local”, resaltó el abogado.
“Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla”, enfatizó.
Se trata de la zona ubicada en el kilómetro 350 del Río Paraná, conocida como la Isla Ballestero, sobre el lecho de la laguna El Saco.
El lugar está catalogado como bosque nativo, tiene el reconocimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e integra el catastro de la Ley 14.888 de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires.
“Presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Publico Fiscal por el delito de Daño agravado, por tratarse de bienes de uso público”, detalló Maggi.
“La denuncia va dirigida contra los funcionarios del municipio de San Nicolás responsables de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”, señaló.
“También estamos acusando a los empresarios que ejecutan las obras, contratados por el Municipio”, destacó.
En ese sentido, explicó que “la tala es ilegal en la zona, para realizarlo las leyes exigen que previo a la utilización de los bosques nativos tiene que existir una aprobación provincial a través del Ministerio de Medio Ambiente”.
“Tenemos constancia de que no se elevó el pedido a la provincia, por lo tanto están realizando una acción de desmonte ilegal, no pueden realizar ninguna modificación sobre esa zona”, afirmó.
Sin embargo, el especialista contó que se han afectado cuerpos de agua y humedales porque han construido más de 6 kilómetros de terraplenes para elevar la cota del suelo para que no lo afecten las inundaciones y poder urbanizar los humedales.
“En un escenario de incendios devastadores, donde hemos perdido la vegetación y las especies animales autóctonas, y el río sufre una bajante extraordinaria, las autoridades municipales vienen con esta agresión ambiental inexplicable”, se lamentó Maggi.
Organizaciones ambientalistas locales destacaron que la provincia de Buenos Aires conserva solamente el 2 por ciento de su bosque nativo originario y parte de ese porcentaje estaba en el partido de San Nicolás y Ramallo, y las obras que hoy se están ejecutando en la zona de islas lo están destruyendo.
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Advierten sobre la pérdida de aves en las sierras de Córdoba

Fecha de Publicación: 12/01/2022
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Provincia/Región: Córdoba


Una investigación del Instituto Gulich, realizada con imágenes satelitales y datos a campo, determinó cómo los cambios en el uso del suelo, por la deforestación, los incendios y la urbanización, afectaron la biodiversidad en las últimas tres décadas.
Los cambios en la estructura y en la cobertura de los suelos producidos en los últimos 30 años en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, por la urbanización, el desmonte, los incendios y la invasión de árboles exóticos, estarían afectando a las comunidades de aves, especialmente a las denominas especialistas de bosque, que dependen de los recursos que brindan las especies vegetales nativas. Esta tendencia podría acentuarse en los próximos años, a menos que se pongan en marcha estrategias de manejo para conservar y restaurar el monte, y se implementen medidas de planeamiento urbano.
Estas son algunas de las principales conclusiones a las que arribó una investigación del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (IG), creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los estudios estuvieron a cargo de la becaria doctoral de CONICET Luna Silvetti, bajo la dirección de Laura Bellis (CONICET) y Gregorio Gavier (INTA), en el marco del Doctorado de Ciencias Biológicas, de la UNC, con lugar de trabajo en el Instituto Gulich.
El trabajo contempló tres grupos de aves residentes de las sierras de Córdoba, según sus hábitos más característicos: las especialistas de bosques (como el carpintero negro y el anambé común) que habitan principalmente en montes nativos; especies de arbustal (como el corbatita común y el pepitero de collar), que frecuentan hábitats más abiertos; y las aves generalistas (como el chingolo y el benteveo), que se adaptan a cualquier ambiente, ya sea urbano o de bosque.
“Evaluamos cómo se modificó la configuración y la estructura del paisaje en los últimos 30 años, mediante la realización de tres mapas de cobertura correspondientes a los años 1989, 2004 y 2019, en base a imágenes captadas por los satélites Sentinel 2 y Landsat 5. Luego analizamos cómo esos cambios afectaron la biodiversidad, con el aporte de datos tomados a campo”, explicó Silvetti.
Para obtener información a campo se realizaron diferentes puntos de muestreos en las zonas de bosque, entre las localidades de Bajo de Olmos y La Calera. Allí se registró la cantidad y variedad de especies de aves, y se tomaron datos de la estructura del bosque y de la cantidad de especies nativas, así como de la cobertura del dosel (capa superior de un bosque) y del suelo, entre otros aspectos. “El objetivo era complementar los datos locales de la vegetación que tomamos a campo, con información a gran escala de los mapas satelitales de cobertura, a partir de la cual podemos observar el contexto”, detalló. Además destacó los aportes de los becarios Mauro González, Cecilia Fernández y Jimena Albornoz, del IG, entre otros que colaboraron en los estudios.

Resultados
Entre las principales conclusiones de la investigación, se advierte que las especies especialistas de bosques, que son muy sensibles al disturbio humano y a los cambios en el uso del suelo, disminuyeron su presencia en zonas de las sierras donde se expanden los conglomerados urbanos y donde el bosque nativo fue desplazado por especies exóticas, como el Siempreverde y la Acacia Negra.
“El avance de estas especies vegetales invasoras modificó la cobertura y la estructura del bosque, disminuyendo el estrato medio (sotobosque) y haciéndolo más cerrado, dificultando el ingreso de la luz y el acceso a recursos que son básicos para estas aves. Estos cambios no sólo han perjudicado la presencia de aves especialistas, sino también las de arbustal, ya que se alimentan y nidifican en arbustos del estrato medio del bosque, siendo un hábitat clave para su supervivencia. En cuando a las generalistas, si bien se benefician con la presencia de bosque nativo, no se ven tan afectados por otros tipos de cobertura e incluso podrían aumentar su presencia porque se adaptan fácilmente a cualquier tipo de ambiente y a los recursos que pueden aportar”, informó Silvetti.
La investigación también tuvo en cuenta la “deuda de extinción”, un concepto de la Ecología referido al tiempo en el que las especies responden a un cambio en la configuración del paisaje. “Muchas veces hay especies que, pese a un disturbio, no desaparecen inmediatamente, sino que tienen un retraso de tiempo hasta extinguirse a nivel local. Estas extinciones futuras se lo denomina deuda de extinción y lo podemos determinar de acuerdo a si estas especies responden mejor a la configuración del paisaje pasado o del actual. Si responden al paisaje actual, significaría que están en equilibrio. Si en cambio responden mejor al pasado, significa que potencialmente podrían extinguirse localmente, incluso si no hubiera nuevos disturbios”, explicó.
En relación a este aspecto, las especies especialistas de bosque estarían en una deuda de extinción porque responderían mejor a paisajes pasados. “En el mapa de cobertura de 2004 se observa que los bosques estaban más conectados a lo largo del corredor de las Sierras Chicas. Hoy sigue habiendo bosque, pero los incendios, el crecimiento de los árboles exóticos y de la urbanización, provocaron que se vayan generando parches de bosque nativo cada vez más alejados entre sí, y eso ha perjudicado a algunas especies de aves que necesitan grandes extensiones de bosque”, indicó. “Sucede que estas especies de animales se movilizan bastante. Las aves paseriformes (un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo) que habitan en la zona, por ejemplo, tienen un radio de acción acotado en época reproductiva (en primavera y verano), cuando están enfocados en la construcción del nido y búsqueda de alimento. Pero en invierno, esa área aumenta a casi 80 hectáreas a la redonda”, agregó.
El objetivo final de este trabajo es generar una propuesta para las Sierras Chicas que ayude a evitar una mayor pérdida a futuro de estas comunidades de aves. La idea es elaborar mapas con escenarios de aquí a 15 y a 30 años y proponer estrategias de manejo para frenar o revertir la situación actual de pérdida de biodiversidad, con un plan de ordenamiento territorial que contemple la conservación y restauración del bosque nativo, tratando de evitar la expansión de especies exóticas y la urbanización no planificada en el monte.

Un aporte de los satélites a la biología
“Cuando empecé a estudiar Biología en la UNC sólo me imaginaba realizando trabajos a campo porque, hasta ese momento, no conocía cómo funcionaban las imágenes satelitales. Luego me acerqué a esta herramienta por mi profesora Bellis y la incluimos en mi plan de trabajo para la tesis”, recordó Silvetti. Actualmente realiza la investigación con base en imágenes satelitales y datos tomados a campo.
“La información satelital es un gran aporte que se complementa con el trabajo de campo, porque permite observar el entorno del paisaje”, afirmó. Ahora, con la constelación de satélites SAOCOM en órbita, prevé ampliar sus estudios con información radar, para realizar una clasificación más exacta de la cobertura y la densidad de los bosques. “Será útil, por ejemplo, para determinar la altura de los bosques, en algunas zonas de las sierras a las que se me hizo imposible acceder para tomar datos a campo”, adelantó.
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Condenan al Estado y a una empresa a indemnizar a una comunidad guaraní

Fecha de Publicación: 30/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2004, sin pedir autorización, la empresaa Refinor realizó obras en territorio de varias comunidades indígenas, una la demandó. Ahora la firma y el Estado nacional deberán pagar por los daños provocados.
El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a la empresa Refinería del Norte SA (Refinor) a abonar una suma a determinar por daños materiales y al Estado nacional a pagar una indemnización de 2 millones de pesos más intereses a les integrantes de la Comunidad guaraní Caraparí por el “daño moral” provocado al ingresar a su territorio sin pedir permiso, sin informar qué se iba a hacer y realizar obras para el tendido de un gasoducto que provocaron grandes cambios a les habitantes originaries.
El fallo, del pasado 23 de diciembre, se tomó en una demanda por daños y perjuicios iniciada por las comunidades Caraparí y El Arenal en contra de las empresas Refinería del Norte SA y Conta SRL en concepto de reparación de daño ecológico, daños morales y materiales. Con representación del abogado Matías Duarte las comunidades aseguraron que estos daños fueron provocados por el accionar de estas empresas violatorio de derechos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria, la  identidad e integridad cultural y la preexistencia asegurados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gasoducto Pocitos - Campo Durán, destinado a importar gas desde Bolivia, comenzó a construirse en agosto de 2004 y su traza pasaba por territorio de las comunidades indígenas El Arenal, La Bendición y Caraparí, El Obraje y Monte Sinaí. En la demanda se reseñó que esta obra se inició sin autorización de las comunidades, sin haber realizado estudios de impacto ambiental, social y cultural y los relativos a seguridad geodésica para obras de esta magnitud. Luego se amplió la demanda contra del Estado nacional, concretamente la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que autorizó el inicio de las obras sin haber realizado estos estudios.
A la hora de resolver, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda, desestimó el reclamo de El Arenal porque había llegado a un acuerdo con Refinor y dejó de lado a Conta SRL porque era solo una contratista, y condenó a "Refinería del Norte S.A. a abonarle (a Caraparí) el valor que se determine de conformidad a lo establecido en el Considerando IV y VI (el daño provocado); y al Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación) la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral de los integrantes, con más los intereses que correspondan, teniendo en cuenta los lineamientos señalados en el Considerando IV y VI".

La consulta es un proceso
El punto IV de los considerandos de la sentencia es sobre la consulta previa, libre e informada. "No existen constancias que con anterioridad al comienzo de las obras (en agosto de 2004), haya existido una correcta consulta previa a las Comunidades sustentada en una información acabada a fin de lograr su consentimiento pleno, en los términos plasmados por los instrumentos internacionales y nacionales" que reconocen este derecho, sostuvo el magistrado.
En el expediente se probó que les integrantes de las comunidades autorizaron la realización de estudios topográficos, y "luego se vieron sorprendidos en su buena fue cuando comenzaron las obras, con el ingreso de maquinaria pesada, sin aviso previo".
Esto derivó en un conflicto ya con la obra empezada, representantes de la provincia de Salta, de Refinor y de las comunidades "suscribieron un acta notarial de cooperación mutua". Sin embargo,  el juez subrayó que tanto este "acta de cooperación mutua suscripta cuando había empezado la ejecución de la obra, como los denominados 'permisos de ingreso' (...), no pueden ser considerados la 'consulta previa y debidamente informada' que debe requerirse a las comunidades, puesto que como se dijo, las comunidades afectadas deberían poder participar de la preparación de los estudios de impacto medioambiental".
Asimismo, el juez recordó que según el Convenio 169 de la OIT, "es obligatoria la realización de procesos de consulta con las comunidades originarias, con la finalidad de llegar a acuerdos y de obtener el consentimiento sobre las medidas propuestas, respecto de decisiones que afectan a sus integrantes y territorio, tiene que ver con el reconocimiento de su existencia". Y, a pesar de que esta consulta no es vinculante y el Estado podría avanzar con una obra aún sin el acuerdo de las comunidades, "evidentemente, la información previa tiende a otorgar mayor legitimidad a la acción, le otorga un rol protagónico a las comunidades y las ilustra sobre el alcance y consecuencias de la obra", razonó el magistrado.
"En definitiva, en el caso, el procedimiento previo de consulta no se adecuó a los estándares internacionales", concluyó, insistiendo en que "El procedimiento previo de consulta, llevado en legal forma, hubiese permitido a las comunidades deliberar y opinar sobre el proyecto y, aunque no hubieran otorgado el consentimiento, habrían sido parte en el proceso decisorio. Esta omisión estatal y el súbito comienzo de la obra en su territorio, generó perturbaciones en la vida comunitaria", aseguró el juez.
Asimismo, recordó que la consulta "no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación", por lo que el "procedimiento de consulta no puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos meramente formales o limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños". Y aseguró que este proceso de consulta "era una responsabilidad del Estado y no de las empresas que iban a llevar a cabo la construcción".
"La representatividad legítima de las autoridades tradicionales fue pasada por alto en numerosas circunstancias, reduciendo los procesos de Consulta y participación recomendados por el Convenio 169 de OIT a 'Actas Acuerdo'" que "no hicieron más que generar conflictos intra e inter comunitarios", recriminó. Por esto, fijó "una indemnización por la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral, cuyo obligado al pago es el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación)".

Reparación de daños
En el punto VI Bavio consideró que "se han producido daños que merecen ser reparados. Estos perjuicios son por un lado de índole material, consecuencia directa e inmediata de la construcción del gasoducto, y moral por la omisión de la consulta previa e informada que debió llevar adelante la demandada antes de comenzar la obra".
En cuanto a los daños materiales, el juez se basó en un informe del perito oficial Pfister Oliver, "del cual se desprende que la instalación del gasoducto causó perjuicios a los integrantes de la comunidad", sobre todo diez familias fueron directamente afectadas por la destrucción de su área de cultivo, y algunas hasta dejaron de ser productoras agrícolas luego de estos destrozos.
La traza del gasoducto dentro de territorio guaraní fue por casi dos kilómetros (1740 metros) con un ancho de 30 metros, ocupando una superficie 5,22 hectáreas. El perito dijo que la obra destruyó flora de árboles (como variedades de algarrobos) y arbustos, y que "es indudable que las familias y las zonas de cultivo tuvieron que ser trasladadas luego de la obra". Incluso desde que se comenzó con la obra "muchas de estas familias abandonaron el área de cultivos; y que muchas de éstas áreas tienen renovales de por lo menos 2 años de arbustos y árboles, prueba clara del abandono efectuado, algunas familias trasladaron sus áreas de cultivos a zonas que no están afectadas por la traza”.
En cuanto al daño moral, "configurado por la omisión de realización de algún tipo de proceso o procedimiento tendiente a informar previa y debidamente a la comunidad sobre la obra que se iba a llevar a cabo", el magistrado dijo que del informe de la pericia antropológica realizada por la antropóloga Mónica Flores Klarik "surge que la obra del gasoducto afectó profundamente la vida de la Comunidad Caraparí, en dos aspectos: uno, material y otro, en sus relaciones socio-políticas".
En efecto, "su economía de subsistencia se vio alterada, en razón de la afectación de la subsistencia de algunas familias del paraje de Madrejones, por la destrucción de cercos de cultivos y predios en donde existían frutales plantados; la destrucción de la vivienda de la familia de Marcos González que estaba en el camino de la traza; la eliminación de árboles de especies autóctonas; y la modificación topográfica que alteró al sentido de la escorrentía del agua".
Y las relaciones sociales fueron alteradas porque "la Comunidad también sufrió por la perturbación de la vida comunitaria y familiar; por la desestabilización de las autoridades tradicionales de la Comunidad; por la ruptura de lazos comunitarios, de relaciones de parentesco e intercomunitarias; y por la alteración de la tranquilidad y armonía comunitaria", como también lo había explicado en su momento el mburuvicha (cacique) Hilario Vera, histórico referente de Caraparí, impulsor de esta demanda que ahora recibió la alegría de esta decisión judicial.
Si bien finalmente el gasoducto no fue construido en tierras de Caraparí, el juez concluyó en que "su traza y su pretendida construcción provocaron daños a la Comunidad Caraparí, que deben ser indemnizados por la Refinería", y para eso consideró "apropiado que las partes inicien y lleven a cabo el procedimiento establecido en la Resolución ENARGAS 3562/2015 (sobre las afectaciones provocadas por instalaciones gasíferas) para la determinación del monto del valor real del bien afectado (tierra) y de los perjuicios directos acreditados y ocasionados por la servidumbre sobre ese espacio".
Para el caso de que "no hubiere acuerdo al respecto dentro del plazo de 20 días de notificada o de quedar firme la sentencia, se requerirá a ENARGAS que establezca el canon 'provisorio', que servirá para cumplimentar con la exigencia de la 'previa indemnización', el que deberá ser abonado junto con los intereses que se calculen tomando la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (art. 5 de la Resolución), desde el momento en el cual Refinerías del Norte SA. ingresó al predio (junio de 2004) para la construcción de las instalaciones", manda la sentencia.
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