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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
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Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Semana de la Movilidad en Rosario
Rosario ya celebra la Semana de la Movilidad con múltiples actividades
Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se inició con el Park(ing) Day, que consiste en intervenir espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones.
Con múltiples actividades que se desarrollarán en toda la ciudad hasta el 22 de septiembre, Rosario celebra, una vez más, la Semana de la Movilidad. El objetivo de las distintas propuestas organizadas por el municipio, y que comenzaron ayer, es incentivar la participación de la ciudadanía en el cuidado del ambiente y fomentar la movilidad sostenible, a través del modo peatonal, o con el uso de la bicicleta, tanto con rodados particulares como de la red pública "Mi bici tu bici".
Las actividades buscan generar un compromiso ciudadano hacia una ciudad más humana, menos congestionada y contaminada, en línea con sostenidas políticas de movilidad que aportan en el mismo sentido; según datos de la Encuesta Origen-Destino, el 58.8% de los rosarinos se moviliza caminando, en bici y en transporte urbano de pasajeros, y en función de ello es imprescindible planear un uso del espacio público que priorice los modos de movilidad elegidos por las personas en su cotidaneidad.
Compartir el espacio público, repensar su uso y generar lugares para el encuentro con una mirada más amigable con el ambiente son algunos de los disparadores que los ciudadanos podrán vivenciar en las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Movilidad Sostenible, establecida por el Concejo Municipal (ordenanza Nº 8.495). Estas celebraciones se realizan mundialmente del 16 al 22 de septiembre.
Este año la Semana de la Movilidad Sostenible abrió con el ya tradicional Park(ing) Day, que consiste en intervenir de forma temporal espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones. La actividad se desarrolló, de 8 a 16, en calle Córdoba, desde calle España hasta calle Paraguay.
Algunas de las actividades que se realizaron son:
• Arreglo de bicicletas junto a la Cooperativa El Aprendiz: reparaciones básicas, pinchaduras, cambio de cámaras, ajuste y cambio de frenos, ajuste de cadena, regulación de asientos, ajuste de pedales.
• Promoción de la Escuela Ciclista: talleres teóricos sobre las buenas prácticas al momento de andar en bici y la invitación a participar en los cursos abiertos a la comunidad.
• Clases de zumba: coordinadores municipales dieron una clase para incentivar el ejercicio físico y divertido.
Este año, el Ente de la Movilidad puso en marcha la Escuela Ciclista, primera experiencia de esta índole en la ciudad, cuyo principal objetivo es generar un punto de encuentro para aquellos vecinos que no saben andar en bici o para quienes necesitan profundizar sus conocimientos sobre esta materia. Hoy, desde las 10.30, en Oroño 2361 (Museo de la Ciudad), habrá una clase especial en la que se sumará un taller de movilidad sustentable.
También se realizará un sorteo con todos los alumnos que han pasado por las clases de la Escuela Ciclista, como incentivo para seguir rodando por la ciudad.
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Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se inició con el Park(ing) Day, que consiste en intervenir espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones.
Con múltiples actividades que se desarrollarán en toda la ciudad hasta el 22 de septiembre, Rosario celebra, una vez más, la Semana de la Movilidad. El objetivo de las distintas propuestas organizadas por el municipio, y que comenzaron ayer, es incentivar la participación de la ciudadanía en el cuidado del ambiente y fomentar la movilidad sostenible, a través del modo peatonal, o con el uso de la bicicleta, tanto con rodados particulares como de la red pública "Mi bici tu bici".
Las actividades buscan generar un compromiso ciudadano hacia una ciudad más humana, menos congestionada y contaminada, en línea con sostenidas políticas de movilidad que aportan en el mismo sentido; según datos de la Encuesta Origen-Destino, el 58.8% de los rosarinos se moviliza caminando, en bici y en transporte urbano de pasajeros, y en función de ello es imprescindible planear un uso del espacio público que priorice los modos de movilidad elegidos por las personas en su cotidaneidad.
Compartir el espacio público, repensar su uso y generar lugares para el encuentro con una mirada más amigable con el ambiente son algunos de los disparadores que los ciudadanos podrán vivenciar en las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Movilidad Sostenible, establecida por el Concejo Municipal (ordenanza Nº 8.495). Estas celebraciones se realizan mundialmente del 16 al 22 de septiembre.
Este año la Semana de la Movilidad Sostenible abrió con el ya tradicional Park(ing) Day, que consiste en intervenir de forma temporal espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones. La actividad se desarrolló, de 8 a 16, en calle Córdoba, desde calle España hasta calle Paraguay.
Algunas de las actividades que se realizaron son:
• Arreglo de bicicletas junto a la Cooperativa El Aprendiz: reparaciones básicas, pinchaduras, cambio de cámaras, ajuste y cambio de frenos, ajuste de cadena, regulación de asientos, ajuste de pedales.
• Promoción de la Escuela Ciclista: talleres teóricos sobre las buenas prácticas al momento de andar en bici y la invitación a participar en los cursos abiertos a la comunidad.
• Clases de zumba: coordinadores municipales dieron una clase para incentivar el ejercicio físico y divertido.
Este año, el Ente de la Movilidad puso en marcha la Escuela Ciclista, primera experiencia de esta índole en la ciudad, cuyo principal objetivo es generar un punto de encuentro para aquellos vecinos que no saben andar en bici o para quienes necesitan profundizar sus conocimientos sobre esta materia. Hoy, desde las 10.30, en Oroño 2361 (Museo de la Ciudad), habrá una clase especial en la que se sumará un taller de movilidad sustentable.
También se realizará un sorteo con todos los alumnos que han pasado por las clases de la Escuela Ciclista, como incentivo para seguir rodando por la ciudad.
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Jujuy sigue con el programa edificios públicos sustentables
Avanza con éxito el programa edificios públicos más sustentables
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Proyecto para limitar las fumigaciones en poblaciones
Pretenden penalizar las fumigaciones próximas a una población
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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El costo de los edificios sustentables en contra
Polémica por el costo de los edificios sustentables
Fecha de Publicación: 26/08/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las oficinas sustentables son más baratas de mantener, contribuyen a mejorar el medio ambiente e incrementan su valor inmobiliario, sin embargo hay quienes opinan que es una construcción cara.
Un edificio “sustentable” es el que tiene un diseño y una construcción que reducen su impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes. Las normas LEED lideran la certificación de calidad sustentable, pero hace dos años se creó la certificación WELL que también mira el bienestar de la gente.
A pesar de todos los beneficios de este tipo de construcción, alcanzar una sustentabilidad mínima cuesta dinero y no todos están dispuestos a gastarlo. Durante la celebración de los diez años que lleva en el país el Argentina Green Building Council (AGBC) tuvo lugar un intenso debate entre profesionales de la arquitectura que trabajaron para las certificaciones de importantes edificios.
El moderador fue Lucas Clariá, Director General de Spósito & Asociados, quién preguntó al panel si cambió la forma de pensar la arquitectura desde la perspectiva sustentable.
Abrió la discusión el arquitecto Rodolfo Miani y confesó que sólo recurre a normativas sustentables como las LEED, cuando su cliente lo pide.
Miani, que es socio fundador de BMA Arquitectos y Asociados (uno de los estudios más grandes del país y autor de importantes obras, como la torre del Banco BBVA), amplió, afirmando que si no hay un marco normativo de premios y penalizaciones, solo habría motivaciones surgidas desde políticas de marketing o de Responsabilidad Social Empresaria de las firmas. “A mi juicio, las certificaciones generan un sobre precio que podría llegar al 13% del costo total. Ser sustentables en Argentina se convierte en una decisión voluntarista ya que no hay penalidades o incentivos”.
A su turno, el arquitecto Juan Martín Urgell (socio de Urgell Penedo Urgell) subrayó: “El edificio corporativo para el banco Santander no nació LEED, sino como un edificio de gran calidad arquitectónica y de hábitat. Por eso, no resulta costoso certificarlo como Silver y, con poco esfuerzo adicional, llegaría a la categoría Gold”. La obvia respuesta a Miani se completó con la sentencia: “Los edificios corporativos permiten un beneficio energético mucho más mensurable”.
En otro momento de la charla, el arquitecto Juan Bautista Frigerio (asociado en el estudio inglés Foster + Partners) agregó: “Desde hace 40 años, en el estudio de Norman Foster pensamos los edificios desde la sustentabilidad. La buena arquitectura desde su concepción debe ser sustentable. Las certificaciones LEED y WELL deben actuar también como instrumentos de comunicación a la sociedad y a los gobiernos sobre la importancia de promover la sustentabilidad”. Frigerio fue la mano derecha del estudio inglés en el diseño y la construcción de la actual Sede de Gobierno porteña, edificio que nació para el Banco Ciudad y cambió su destino a último momento.
“Para la nueva sede del Galicia, impulsamos la certificación LEED como política de Responsabilidad Social Empresaria, por imagen empresarial y porque tenemos la convicción de que la arquitectura sustentable influye en que la gente tenga una mejor experiencia de vida”, confesó la ingeniera Romina Fittipaldi, Jefa de Gestión de Espacios Corporativos en Banco Galicia.
El 10º aniversario de AGBC sirvió de ocasión para presentar la nueva Certificación WELL. El CEO de U.S. Green Building Council, Rick Fedrizzi, presentó la nueva norma que recurre a una concepción holística.
El estadounidense destacó que estamos en una segunda ola de sustentabilidad, donde la primera tenía que ver con las certificaciones LEED, en las que se construía para minimizar los problemas medioambientales.
“La segunda ola, WELL, viene con un enfoque centrado en el ser humano, estableciendo un marco para diseñar y construir edificios que prioricen el bienestar y la felicidad de los ocupantes. El diseño WELL se centra en siete claves: aire, agua, luz, nutrición, fitness, confort y lo cognitivo-emocional. Pasamos un 90% de nuestras vidas en espacios interiores, y WELL es especialmente valiosa en los espacios de trabajo, donde los costos para las empresas debido al estrés de los empleados son millonarios”, dijo.
A continuación, la colombiana Cristina Gamboa (CEO de Colombia Green Building Council) se refirió a la necesidad de trabajar con alianzas regionales en proyectos globales de World Green Building Council, como “Better Places For People”, “Advancing Net Zero” y “Building Efficiency Accelerator”.
La oportunidad sirvió para entregar premios a empresas y profesionales que certifican LEED. Recibieron distinciones los estudios ESARQ, Mario Roberto Álvarez y Asociados, y las empresas CRIBA, OSDE, Sudamericana, Altman, RAGHSA y la arquitecta Nicole Michel.
Carlos Grinberg (presidente y miembro fundador de AGBC) se refirió al cambio de paradigma en la construcción de edificios en Argentina. “Con los cuadros tarifarios a valores regionales, está creciendo la demanda de edificios LEED, llegando a la categoría Platinum. La brecha de precio entre un edificio común y uno sustentable se acortó a partir de nuevos proveedores de materiales verdes. Para construir una Argentina más sustentable, debemos aplicar el sentido común, que el edificio ahorre agua, energía, tenga menos emisiones y use más materiales nobles”, y destacó a quiénes lo acompañaron en la fundación de AGBC, los ingenieros Eduardo Spósito y Sohrab Yazdani, así como el arquitecto Guillermo Simón-Padrós, actual director.
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Fecha de Publicación: 26/08/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las oficinas sustentables son más baratas de mantener, contribuyen a mejorar el medio ambiente e incrementan su valor inmobiliario, sin embargo hay quienes opinan que es una construcción cara.
Un edificio “sustentable” es el que tiene un diseño y una construcción que reducen su impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes. Las normas LEED lideran la certificación de calidad sustentable, pero hace dos años se creó la certificación WELL que también mira el bienestar de la gente.
A pesar de todos los beneficios de este tipo de construcción, alcanzar una sustentabilidad mínima cuesta dinero y no todos están dispuestos a gastarlo. Durante la celebración de los diez años que lleva en el país el Argentina Green Building Council (AGBC) tuvo lugar un intenso debate entre profesionales de la arquitectura que trabajaron para las certificaciones de importantes edificios.
El moderador fue Lucas Clariá, Director General de Spósito & Asociados, quién preguntó al panel si cambió la forma de pensar la arquitectura desde la perspectiva sustentable.
Abrió la discusión el arquitecto Rodolfo Miani y confesó que sólo recurre a normativas sustentables como las LEED, cuando su cliente lo pide.
Miani, que es socio fundador de BMA Arquitectos y Asociados (uno de los estudios más grandes del país y autor de importantes obras, como la torre del Banco BBVA), amplió, afirmando que si no hay un marco normativo de premios y penalizaciones, solo habría motivaciones surgidas desde políticas de marketing o de Responsabilidad Social Empresaria de las firmas. “A mi juicio, las certificaciones generan un sobre precio que podría llegar al 13% del costo total. Ser sustentables en Argentina se convierte en una decisión voluntarista ya que no hay penalidades o incentivos”.
A su turno, el arquitecto Juan Martín Urgell (socio de Urgell Penedo Urgell) subrayó: “El edificio corporativo para el banco Santander no nació LEED, sino como un edificio de gran calidad arquitectónica y de hábitat. Por eso, no resulta costoso certificarlo como Silver y, con poco esfuerzo adicional, llegaría a la categoría Gold”. La obvia respuesta a Miani se completó con la sentencia: “Los edificios corporativos permiten un beneficio energético mucho más mensurable”.
En otro momento de la charla, el arquitecto Juan Bautista Frigerio (asociado en el estudio inglés Foster + Partners) agregó: “Desde hace 40 años, en el estudio de Norman Foster pensamos los edificios desde la sustentabilidad. La buena arquitectura desde su concepción debe ser sustentable. Las certificaciones LEED y WELL deben actuar también como instrumentos de comunicación a la sociedad y a los gobiernos sobre la importancia de promover la sustentabilidad”. Frigerio fue la mano derecha del estudio inglés en el diseño y la construcción de la actual Sede de Gobierno porteña, edificio que nació para el Banco Ciudad y cambió su destino a último momento.
“Para la nueva sede del Galicia, impulsamos la certificación LEED como política de Responsabilidad Social Empresaria, por imagen empresarial y porque tenemos la convicción de que la arquitectura sustentable influye en que la gente tenga una mejor experiencia de vida”, confesó la ingeniera Romina Fittipaldi, Jefa de Gestión de Espacios Corporativos en Banco Galicia.
El 10º aniversario de AGBC sirvió de ocasión para presentar la nueva Certificación WELL. El CEO de U.S. Green Building Council, Rick Fedrizzi, presentó la nueva norma que recurre a una concepción holística.
El estadounidense destacó que estamos en una segunda ola de sustentabilidad, donde la primera tenía que ver con las certificaciones LEED, en las que se construía para minimizar los problemas medioambientales.
“La segunda ola, WELL, viene con un enfoque centrado en el ser humano, estableciendo un marco para diseñar y construir edificios que prioricen el bienestar y la felicidad de los ocupantes. El diseño WELL se centra en siete claves: aire, agua, luz, nutrición, fitness, confort y lo cognitivo-emocional. Pasamos un 90% de nuestras vidas en espacios interiores, y WELL es especialmente valiosa en los espacios de trabajo, donde los costos para las empresas debido al estrés de los empleados son millonarios”, dijo.
A continuación, la colombiana Cristina Gamboa (CEO de Colombia Green Building Council) se refirió a la necesidad de trabajar con alianzas regionales en proyectos globales de World Green Building Council, como “Better Places For People”, “Advancing Net Zero” y “Building Efficiency Accelerator”.
La oportunidad sirvió para entregar premios a empresas y profesionales que certifican LEED. Recibieron distinciones los estudios ESARQ, Mario Roberto Álvarez y Asociados, y las empresas CRIBA, OSDE, Sudamericana, Altman, RAGHSA y la arquitecta Nicole Michel.
Carlos Grinberg (presidente y miembro fundador de AGBC) se refirió al cambio de paradigma en la construcción de edificios en Argentina. “Con los cuadros tarifarios a valores regionales, está creciendo la demanda de edificios LEED, llegando a la categoría Platinum. La brecha de precio entre un edificio común y uno sustentable se acortó a partir de nuevos proveedores de materiales verdes. Para construir una Argentina más sustentable, debemos aplicar el sentido común, que el edificio ahorre agua, energía, tenga menos emisiones y use más materiales nobles”, y destacó a quiénes lo acompañaron en la fundación de AGBC, los ingenieros Eduardo Spósito y Sohrab Yazdani, así como el arquitecto Guillermo Simón-Padrós, actual director.
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Santa Fe quiere que sus balnearios sean sustentables
Balnearios sustentables: el eje de un plan para las playas de Santa Fe
Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El programa establece criterios de manejo ambiental, de uso del espacio y de seguridad, entre otras medidas. Se analizó en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, con la participación de funcionarios de Medio Ambiente y del sindicato de guardavidas.
Con cientos de kilómetros de costa, las playas de Santa Fe son uno de los principales recursos turísticos de la provincia. Por eso en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, que se realizaron, recientemente, en el Hotel UNL-ATE de Santa Fe, se presentó el Programa de Balnearios Sustentables.
En el evento, Sergio Berardi, referente del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara) en Santa Fe, presentó el Programa de Balnearios Sustentables. “Compartimos la visión con la gestión de gobierno provincial de que la fortaleza del turismo depende, en gran medida, de la salud del ambiente”, explicó Berardi.
A partir de las inquietudes de los propios guardavidas, se desarrolló el programa, que también toma en cuenta las experiencias que se realizaron en playas de la Costa Atlántica (por ejemplo, en Villa Gessell), con certificaciones IRAM de la calidad del balneario. “En Santa Fe el único balneario certificado a nivel nacional y provincial es La Florida en Rosario, que fue tomado en muchos aspectos como modelo a imitar”, contó Berardi.
A partir de esta iniciativa surgieron los convenios de colaboración entre el gremio, la Dirección de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, que llevaron luego a incorporar a la Secretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia y con todos se desarrollaron capacitaciones específicas para que los balnearios puedan transformarse en espacio de recreación para todos.
Los ejes del plan
El Programa de Balnearios Sustentables tiene como objetivo conformar playas y balnearios sustentables, comprometidos con el medioambiente, con el desarrollo local, con la profesionalización del capital humano y la inclusión en su más amplia concepción.
Establece una calificación de tres soles (la más alta), de acuerdo a la cantidad de requisitos que cumple un balneario (para obtener un sol hay que respetar el 40% de las normas). Se establecen auditorias para verificar el nivel y grado de cumplimiento del programa.
Los principales puntos a cumplir son:
— Contar con una planificación del uso del espacio y la limpieza. Entre otras cosas, estos supone definir la capacidad de carga, ubicación de sombrillas, carpas y estructuras.
— Establecer protocolos de gestión ambiental, que incluyen a la fauna que puede aparecer en las playas (víboras, yacarés, etc.) y a la conservación del paisaje autóctono, entre otras normas. El plan de gestión ambiental es indispensable para obtener un sol.
— Los proveedores deben cumplir requisitos legales (carnet de manipulación de alimentos, libreta sanitaria, otros) y la playa contar con señalización de los accesos, el estado del río, la calidad del agua y los precios de los productos que se comercializan.
— Los guardavidas, que deben estar claramente identificados con ropa específica y elementos de seguridad, también deben estar capacitados para informar sobre los servicios y atractivos turísticos de la localidad.
— Se debe establecer un criterio de manejo responsable de materiales y sustancias.
— Procedimientos de seguridad, que van desde contar con las herramientas y capacitación para realizar primeros auxilios, seguridad naútica y realizar simulacros para prevenir accidentes y saber cómo actuar.
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Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El programa establece criterios de manejo ambiental, de uso del espacio y de seguridad, entre otras medidas. Se analizó en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, con la participación de funcionarios de Medio Ambiente y del sindicato de guardavidas.
Con cientos de kilómetros de costa, las playas de Santa Fe son uno de los principales recursos turísticos de la provincia. Por eso en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, que se realizaron, recientemente, en el Hotel UNL-ATE de Santa Fe, se presentó el Programa de Balnearios Sustentables.
En el evento, Sergio Berardi, referente del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara) en Santa Fe, presentó el Programa de Balnearios Sustentables. “Compartimos la visión con la gestión de gobierno provincial de que la fortaleza del turismo depende, en gran medida, de la salud del ambiente”, explicó Berardi.
A partir de las inquietudes de los propios guardavidas, se desarrolló el programa, que también toma en cuenta las experiencias que se realizaron en playas de la Costa Atlántica (por ejemplo, en Villa Gessell), con certificaciones IRAM de la calidad del balneario. “En Santa Fe el único balneario certificado a nivel nacional y provincial es La Florida en Rosario, que fue tomado en muchos aspectos como modelo a imitar”, contó Berardi.
A partir de esta iniciativa surgieron los convenios de colaboración entre el gremio, la Dirección de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, que llevaron luego a incorporar a la Secretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia y con todos se desarrollaron capacitaciones específicas para que los balnearios puedan transformarse en espacio de recreación para todos.
Los ejes del plan
El Programa de Balnearios Sustentables tiene como objetivo conformar playas y balnearios sustentables, comprometidos con el medioambiente, con el desarrollo local, con la profesionalización del capital humano y la inclusión en su más amplia concepción.
Establece una calificación de tres soles (la más alta), de acuerdo a la cantidad de requisitos que cumple un balneario (para obtener un sol hay que respetar el 40% de las normas). Se establecen auditorias para verificar el nivel y grado de cumplimiento del programa.
Los principales puntos a cumplir son:
— Contar con una planificación del uso del espacio y la limpieza. Entre otras cosas, estos supone definir la capacidad de carga, ubicación de sombrillas, carpas y estructuras.
— Establecer protocolos de gestión ambiental, que incluyen a la fauna que puede aparecer en las playas (víboras, yacarés, etc.) y a la conservación del paisaje autóctono, entre otras normas. El plan de gestión ambiental es indispensable para obtener un sol.
— Los proveedores deben cumplir requisitos legales (carnet de manipulación de alimentos, libreta sanitaria, otros) y la playa contar con señalización de los accesos, el estado del río, la calidad del agua y los precios de los productos que se comercializan.
— Los guardavidas, que deben estar claramente identificados con ropa específica y elementos de seguridad, también deben estar capacitados para informar sobre los servicios y atractivos turísticos de la localidad.
— Se debe establecer un criterio de manejo responsable de materiales y sustancias.
— Procedimientos de seguridad, que van desde contar con las herramientas y capacitación para realizar primeros auxilios, seguridad naútica y realizar simulacros para prevenir accidentes y saber cómo actuar.
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Pensar el periurbano como opción de producción orgánica
La conquista del periurbano: un plan para la producción sustentable
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos lanzado semanas atrás por el gobierno provincial extiende su alcance y cobertura con nuevos servicios y gestiones. Junto a Agricultores Federados Argentinos (AFA), se intentará multiplicar la experiencia de reconvertir el uso de tierras para la producción local y regional de alimentos de forma sana, segura y sustentable. Bajo este cometido, también se valúa implementar un seguro para garantizar un sostén para los campos agrícolas de mayores dimensiones donde se implemente el cambio.
El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, explicó que la iniciativa arrancó el año pasado como una prueba piloto cuando se lanzó el cinturón verde en Rosario. La experiencia se fue replicando en municipios y comunas cercanos a esta ciudad y a la capital provincial, donde directamente el gobierno prevé plantear un parque hortícola. Otras 23 localidades también se irán sumando al programa y ya firmaron un contrato con la provincia para desarrollar en sus zonas periurbanas determinadas alternativas de producción convencional, considerando y repensando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
El proyecto está orientado a las actividades primarias y a procesos que incluyan un agregado de valor, fomentando la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización, de manera que las poblaciones accedan a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por pequeños y medianos productores locales.
El proceso, que se recomienda que realicen los productores asentados en las áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y contempla cuatro niveles: incrementar la eficiencia en el uso de fitosanitarios para reducir las aplicaciones, con el objetivo de eliminarlas; sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más benignas desde el punto de vista ecológico; rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos y una transición en la orientación de valores y en la ética que orienta las decisiones de producción y consumo.
Así, el programa contempla a tres tipos de producciones diferentes según la zona: "el área del departamento Garay y San Cristóbal es un área evidentemente ganadera, los terrenos periurbanos son hortícolas en su mayoría y la zona núcleo explota la producción de granos", detalló el funcionario.
En la zona hortícola, los participantes del programa son productores principalmente de Rosario y de Santa Fe que explotan de una a cinco hectáreas, en su mayoría arrendatarios o titulares que mixturan entre la producción de soja y la hortícola. "Muchos son de la colectividad boliviana que arriendan. Esta es una característica del sector y no sólo del programa", acotó Casella. En cuanto a la producción extensiva, la experiencia se realiza en campos pequeños, de no más de cien hectáreas, de las cuales entre 25 y 50 hectáreas se dedican a la producción de trigo y maíz.
En tanto, la producción de carne se da en campos de diez a cincuenta hectáreas, "donde se hacen pasturas y carnes a través de un sistema de pastoreo rotativo intensivo, sobre pastos naturales de engorde de ganado, haciéndolo rotar entre distintos potreros y con una especie de engorde a corral preparado para pequeños productores", señaló Casella. En todos los casos, el objetivo es "tratar de disminuir la presión de la agricultura intensiva en insumos y químicos, por lo que se promueven pasturas naturales en casos de carnes y producción agroecológica en verduras y granos".
En toda la provincia actualmente hay cerca de cuarenta productores participantes en los distintos rubros, de los cuales una veintena pertenecen a Rosario y su zona periurbana, principalmente horticultores de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini. También hay extensivos en Zavalla, Casilda Bouquet, y hacia el norte en Monte Vera. En tanto, en el departamento San Cristóbal, en localidades como Ersilia y Suardi y en el departamento Garay, en Cayastá y Laguna Paiva, hay producción de pasturas naturales y de carne en el marco del programa.
"Hay muchas experiencias de diferentes tipos de producciones que se hacen en estas zonas que son sustentables ambientalmente y productivamente sostenibles en el tiempo, es decir, no son experiencias sociales", aclaró el funcionario.
Para promover y expandir la iniciativa, funcionarios del área de Desarrollo Territorial y Economía Social se reunieron recientemente con miembros de AFA "para poder trabajar con sus productores que están en las localidades que firmaron convenio con la provincia, y fomentar algunas de las experiencias de producción extensiva de manera que se replique rápidamente", explicó Casella. Incluso, la idea es que el plan se implemente para la próxima campaña.
Potencialmente, el proyecto podría desarrollarse en un total de 18 mil hectáreas en toda la provincia. El cálculo de esta extensión deriva de los terrenos disponibles en los 23 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio con la provincia y en base a las ordenanzas locales que regulan la aplicación de agroquímicos, es decir, la zona de exclusión total o franja verde y demás aplicaciones terrestres. "Es allí donde estamos proponiendo la reconversión productiva de las tierras de los productores que ya la tengan en posesión o las quieran arrendar para este tipo de producciones", apuntó el responsable de Desarrollo Territorial y Economía Social.
En ese sentido, Casella aclaró que esas tierras donde podría aplicarse la reconversión no son fiscales, aunque "en algunos de los municipios firmantes hay parques productivos como los que están en Rosario, Zavalla y Correa. En Arequito querían armar algo similar, pero son experiencias que no alcanzan a una hectárea en la mayoría de los casos, por lo que son más demostrativas o educativas antes que productivas". Sin embargo, "en la mayoría de los casos es al revés: el programa se desarrolla en tierras propias o arrendadas".
Financiamiento. El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos ofrece dos formas de financianciación: una para los espacios asociativos que se trabajan a través de los municipios y comunas adherentes, vinculados a la producción de insumos. "Se trata de aportes no reembolsables, por ejemplo, para hacer un centro de producción de insumos o para comprar una maquinaria entre dos o tres productores en la zona hortícola", explicó Casella. La otra línea para los productores que se reconviertan son créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo provincial para la zona hortícola, de hasta 75 mil pesos, es decir, unos 20 mil pesos por hectárea reconvertida aproximadamente. En tanto, para la ganadería y agricultura extensiva se otorgan hasta 350 mil pesos para insumos y laboreo básico.
La ayuda económica ya llegó a emprendimientos en zonas hortícolas y "en breve vamos a presentar una línea de créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo Hortícola, que totaliza 8 millones de pesos", anunció el funcionario. Además, "estamos evaluando crear un seguro para campos agrícolas más grandes, para garantizar un precio sostén por el riesgo que asumen quienes se lanzan a reconvertir la producción".
Comercialización. El programa contempla un circuito de comercialización de la producción, del cual ya está en marcha la oferta hortícola, en numerosas ferias, ventas directas en Rosario, y mercados específicos de productos agroecológicos de venta al paso en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini, Quinteros, Santa Fe y próximamente en el Centro Operativo Experimental Angel Gallardo, en esta capital. También "estamos evaluando más alternativas de comercialización y cambién con la futura apertura del Mercado del Patio (en el Patio de la Madera, en Rosario), se prevé tener algunas góndolas diferenciadas", adelantó Casella.
Finalmente, el proyecto ofrece instrucción para los productores y técnicos, "apuntando fuertemente con las facultades de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos a la formación en todo lo que es el paradigma de producción sustentable y agroecológica", remató.
"El programa para el gobierno de Santa Fe es una apuesta por la positiva, para brindar alternativas productivas en zonas periurbanas que usualmente se ven como conflictivas entre la urbanización y la producción tradicional. Queremos promocionar otro tipo de producción, que los alimentos se hagan localmente, regionalmente, como en todas partes del mundo y de forma sana, segura y sustentable. Que no sea contradictorio con un modelo de producción que está instalado, pero que sí discuta fuertemente lo que es la matriz de la producción de alimentos en Santa Fe. Hacia eso vamos y creemos que los periurbanos son un territorio propicio para empezar este tipo de experiencia. Ya tiramos la primera piedra y esperamos que podamos seguir creciendo en los próximos dos años", auguró.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos lanzado semanas atrás por el gobierno provincial extiende su alcance y cobertura con nuevos servicios y gestiones. Junto a Agricultores Federados Argentinos (AFA), se intentará multiplicar la experiencia de reconvertir el uso de tierras para la producción local y regional de alimentos de forma sana, segura y sustentable. Bajo este cometido, también se valúa implementar un seguro para garantizar un sostén para los campos agrícolas de mayores dimensiones donde se implemente el cambio.
El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, explicó que la iniciativa arrancó el año pasado como una prueba piloto cuando se lanzó el cinturón verde en Rosario. La experiencia se fue replicando en municipios y comunas cercanos a esta ciudad y a la capital provincial, donde directamente el gobierno prevé plantear un parque hortícola. Otras 23 localidades también se irán sumando al programa y ya firmaron un contrato con la provincia para desarrollar en sus zonas periurbanas determinadas alternativas de producción convencional, considerando y repensando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
El proyecto está orientado a las actividades primarias y a procesos que incluyan un agregado de valor, fomentando la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización, de manera que las poblaciones accedan a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por pequeños y medianos productores locales.
El proceso, que se recomienda que realicen los productores asentados en las áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y contempla cuatro niveles: incrementar la eficiencia en el uso de fitosanitarios para reducir las aplicaciones, con el objetivo de eliminarlas; sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más benignas desde el punto de vista ecológico; rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos y una transición en la orientación de valores y en la ética que orienta las decisiones de producción y consumo.
Así, el programa contempla a tres tipos de producciones diferentes según la zona: "el área del departamento Garay y San Cristóbal es un área evidentemente ganadera, los terrenos periurbanos son hortícolas en su mayoría y la zona núcleo explota la producción de granos", detalló el funcionario.
En la zona hortícola, los participantes del programa son productores principalmente de Rosario y de Santa Fe que explotan de una a cinco hectáreas, en su mayoría arrendatarios o titulares que mixturan entre la producción de soja y la hortícola. "Muchos son de la colectividad boliviana que arriendan. Esta es una característica del sector y no sólo del programa", acotó Casella. En cuanto a la producción extensiva, la experiencia se realiza en campos pequeños, de no más de cien hectáreas, de las cuales entre 25 y 50 hectáreas se dedican a la producción de trigo y maíz.
En tanto, la producción de carne se da en campos de diez a cincuenta hectáreas, "donde se hacen pasturas y carnes a través de un sistema de pastoreo rotativo intensivo, sobre pastos naturales de engorde de ganado, haciéndolo rotar entre distintos potreros y con una especie de engorde a corral preparado para pequeños productores", señaló Casella. En todos los casos, el objetivo es "tratar de disminuir la presión de la agricultura intensiva en insumos y químicos, por lo que se promueven pasturas naturales en casos de carnes y producción agroecológica en verduras y granos".
En toda la provincia actualmente hay cerca de cuarenta productores participantes en los distintos rubros, de los cuales una veintena pertenecen a Rosario y su zona periurbana, principalmente horticultores de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini. También hay extensivos en Zavalla, Casilda Bouquet, y hacia el norte en Monte Vera. En tanto, en el departamento San Cristóbal, en localidades como Ersilia y Suardi y en el departamento Garay, en Cayastá y Laguna Paiva, hay producción de pasturas naturales y de carne en el marco del programa.
"Hay muchas experiencias de diferentes tipos de producciones que se hacen en estas zonas que son sustentables ambientalmente y productivamente sostenibles en el tiempo, es decir, no son experiencias sociales", aclaró el funcionario.
Para promover y expandir la iniciativa, funcionarios del área de Desarrollo Territorial y Economía Social se reunieron recientemente con miembros de AFA "para poder trabajar con sus productores que están en las localidades que firmaron convenio con la provincia, y fomentar algunas de las experiencias de producción extensiva de manera que se replique rápidamente", explicó Casella. Incluso, la idea es que el plan se implemente para la próxima campaña.
Potencialmente, el proyecto podría desarrollarse en un total de 18 mil hectáreas en toda la provincia. El cálculo de esta extensión deriva de los terrenos disponibles en los 23 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio con la provincia y en base a las ordenanzas locales que regulan la aplicación de agroquímicos, es decir, la zona de exclusión total o franja verde y demás aplicaciones terrestres. "Es allí donde estamos proponiendo la reconversión productiva de las tierras de los productores que ya la tengan en posesión o las quieran arrendar para este tipo de producciones", apuntó el responsable de Desarrollo Territorial y Economía Social.
En ese sentido, Casella aclaró que esas tierras donde podría aplicarse la reconversión no son fiscales, aunque "en algunos de los municipios firmantes hay parques productivos como los que están en Rosario, Zavalla y Correa. En Arequito querían armar algo similar, pero son experiencias que no alcanzan a una hectárea en la mayoría de los casos, por lo que son más demostrativas o educativas antes que productivas". Sin embargo, "en la mayoría de los casos es al revés: el programa se desarrolla en tierras propias o arrendadas".
Financiamiento. El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos ofrece dos formas de financianciación: una para los espacios asociativos que se trabajan a través de los municipios y comunas adherentes, vinculados a la producción de insumos. "Se trata de aportes no reembolsables, por ejemplo, para hacer un centro de producción de insumos o para comprar una maquinaria entre dos o tres productores en la zona hortícola", explicó Casella. La otra línea para los productores que se reconviertan son créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo provincial para la zona hortícola, de hasta 75 mil pesos, es decir, unos 20 mil pesos por hectárea reconvertida aproximadamente. En tanto, para la ganadería y agricultura extensiva se otorgan hasta 350 mil pesos para insumos y laboreo básico.
La ayuda económica ya llegó a emprendimientos en zonas hortícolas y "en breve vamos a presentar una línea de créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo Hortícola, que totaliza 8 millones de pesos", anunció el funcionario. Además, "estamos evaluando crear un seguro para campos agrícolas más grandes, para garantizar un precio sostén por el riesgo que asumen quienes se lanzan a reconvertir la producción".
Comercialización. El programa contempla un circuito de comercialización de la producción, del cual ya está en marcha la oferta hortícola, en numerosas ferias, ventas directas en Rosario, y mercados específicos de productos agroecológicos de venta al paso en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini, Quinteros, Santa Fe y próximamente en el Centro Operativo Experimental Angel Gallardo, en esta capital. También "estamos evaluando más alternativas de comercialización y cambién con la futura apertura del Mercado del Patio (en el Patio de la Madera, en Rosario), se prevé tener algunas góndolas diferenciadas", adelantó Casella.
Finalmente, el proyecto ofrece instrucción para los productores y técnicos, "apuntando fuertemente con las facultades de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos a la formación en todo lo que es el paradigma de producción sustentable y agroecológica", remató.
"El programa para el gobierno de Santa Fe es una apuesta por la positiva, para brindar alternativas productivas en zonas periurbanas que usualmente se ven como conflictivas entre la urbanización y la producción tradicional. Queremos promocionar otro tipo de producción, que los alimentos se hagan localmente, regionalmente, como en todas partes del mundo y de forma sana, segura y sustentable. Que no sea contradictorio con un modelo de producción que está instalado, pero que sí discuta fuertemente lo que es la matriz de la producción de alimentos en Santa Fe. Hacia eso vamos y creemos que los periurbanos son un territorio propicio para empezar este tipo de experiencia. Ya tiramos la primera piedra y esperamos que podamos seguir creciendo en los próximos dos años", auguró.
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Córdoba: audiencia de conciliación por polémica empresa
Vecinos pidieron el cierre de la planta de Porta
Fecha de Publicación: 09/08/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Ni la empresa ni la Nación asistieron a la audiencia de conciliación. Un total de 15 habitantes de barrio San Antonio relataron ante el juez Vaca Narvaja las consecuencias para su salud que trajo aparejadas la instalación de la empresa de bioetanol
Sin la presencia de funcionarios del Gobierno nacional ni representantes de Porta Hermanos, se desarrolló ayer la audiencia pública en el marco del amparo contra la habilitación de una planta de bioetanol en barrio Parque San Antonio de esta ciudad.
Un total de 15 vecinos pasaron por Tribunales Federales para relatar ante el juez federal Hugo Vaca Narvaja las consecuencias que ha tenido en la salud de la población la instalación de esta empresa.
El abogado de los amparistas, Carlos González Quintana, pidió al juez que ordene el cese de la producción de la empresa por no contar con estudios de impacto ambiental ni haber pasado una audiencia ambiental.
También solicitó que se llame a declarar a los técnicos que realizaron estudios ambientales en el barrio y pudieron dar cuenta del impacto que la planta de bioetanol ha tenido en la salud de la población.
A su turno, el defensor de menores, José Belisle, pidió que se cite a declarar a los seis niños que han visto afectada su salud y que forman parte del amparo presentado por una treintena de vecinos.
En la audiencia también hizo uso de la palabra la fiscal Federal Nº3 Graciela López de Filoñuk, quien le pidió al juez que actúe con celeridad y eficacia.
Faltazo
Al término de la audiencia de conciliación, el abogado de los amparistas criticó la ausencia de los funcionarios del Gobierno nacional.
“Los vecinos siempre han denunciado la ausencia del Estado y en esta audiencia esto dejó de ser una metáfora, lo vimos concretamente; en una audiencia donde deberían haber estado no están”, remarcó el letrado.
González Quintana recordó que el amparo lleva muchos años y que los vecinos necesitan que la justicia resuelva rápidamente.
“Ahora habrá que esperar la decisión del juez sobre el pedido de las partes y luego se abre la etapa de prueba y resolución”.
Para ordenar el cese definitivo de la planta de bioetanol, Vaca Narvaja deberá llegar a la conclusión de que la producción de la empresa tiene un impacto negativo en la salud de la población y que, además, no cuenta con licencia ambiental para funcionar.
Cabe recordar que, según el relevamiento realizado en octubre de 2016 por la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Médicos de Pueblos Fumigados, hay un alto incremento de casos de cáncer, principalmente de piel; abortos espontáneos y malformaciones en recién nacidos entre los vecinos de barrio San Antonio.
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Fecha de Publicación: 09/08/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Ni la empresa ni la Nación asistieron a la audiencia de conciliación. Un total de 15 habitantes de barrio San Antonio relataron ante el juez Vaca Narvaja las consecuencias para su salud que trajo aparejadas la instalación de la empresa de bioetanol
Sin la presencia de funcionarios del Gobierno nacional ni representantes de Porta Hermanos, se desarrolló ayer la audiencia pública en el marco del amparo contra la habilitación de una planta de bioetanol en barrio Parque San Antonio de esta ciudad.
Un total de 15 vecinos pasaron por Tribunales Federales para relatar ante el juez federal Hugo Vaca Narvaja las consecuencias que ha tenido en la salud de la población la instalación de esta empresa.
El abogado de los amparistas, Carlos González Quintana, pidió al juez que ordene el cese de la producción de la empresa por no contar con estudios de impacto ambiental ni haber pasado una audiencia ambiental.
También solicitó que se llame a declarar a los técnicos que realizaron estudios ambientales en el barrio y pudieron dar cuenta del impacto que la planta de bioetanol ha tenido en la salud de la población.
A su turno, el defensor de menores, José Belisle, pidió que se cite a declarar a los seis niños que han visto afectada su salud y que forman parte del amparo presentado por una treintena de vecinos.
En la audiencia también hizo uso de la palabra la fiscal Federal Nº3 Graciela López de Filoñuk, quien le pidió al juez que actúe con celeridad y eficacia.
Faltazo
Al término de la audiencia de conciliación, el abogado de los amparistas criticó la ausencia de los funcionarios del Gobierno nacional.
“Los vecinos siempre han denunciado la ausencia del Estado y en esta audiencia esto dejó de ser una metáfora, lo vimos concretamente; en una audiencia donde deberían haber estado no están”, remarcó el letrado.
González Quintana recordó que el amparo lleva muchos años y que los vecinos necesitan que la justicia resuelva rápidamente.
“Ahora habrá que esperar la decisión del juez sobre el pedido de las partes y luego se abre la etapa de prueba y resolución”.
Para ordenar el cese definitivo de la planta de bioetanol, Vaca Narvaja deberá llegar a la conclusión de que la producción de la empresa tiene un impacto negativo en la salud de la población y que, además, no cuenta con licencia ambiental para funcionar.
Cabe recordar que, según el relevamiento realizado en octubre de 2016 por la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Médicos de Pueblos Fumigados, hay un alto incremento de casos de cáncer, principalmente de piel; abortos espontáneos y malformaciones en recién nacidos entre los vecinos de barrio San Antonio.
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Pensar en construir de manera responsable
Construir pensando en el medioambiente
Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: Mincyt
Provincia/Región: Nacional
Tres representantes del sector público, de la academia y del sector privado y emprendedor se reunieron para conversar sobre la importancia de construir de manera sustentable para alcanzar una mejor calidad de vida en la población.
El impacto ambiental de la construcción y del uso de las viviendas es enorme. Ellas son responsables del 40% del consumo global de energía, del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la impermeabilización del suelo. En este contexto, la arquitectura sustentable insta a construir pensando en el aprovechamiento de los recursos naturales, estudiando las características climáticas y geográficas de cada lugar; promueve las energías limpias y el uso racional del agua; y tiene una postura consciente frente a la generación de residuos, para lograr una mayor armonía entre sus usuarios, las obras y el medioambiente.
María José Leveratto es arquitecta y docente de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Durante la charla, brindó una mirada introductoria a la construcción sustentable y explicó que durante gran parte de la historia de la humanidad la construcción fue sustentable, “con la revolución industrial aparecieron nuevas tecnologías y materiales, como el vidrio y el hierro, y la energía fósil se ubicó como el eje para la solución de todos nuestros problemas”.
“La construcción de ciudades y edificios se sumó a este paradigma que perdura aún hoy y que se basa en el consumo indiscriminado de recursos”, afirmó la arquitecta; pero se mostró optimista con la posibilidad de revertir esta situación ya que “el sector de la construcción tiene el mayor potencial de reducción de impactos”. En esta línea, se refirió a las buenas prácticas que se pueden tomar, como recuperar y refuncionalizar terrenos y edificios existentes, priorizar pavimentos y superficies de suelo permeable, incorporar criterios de diseño bioambiental, favorecer el uso de luz natural, hacer un uso eficiente del agua, e incorporar nuevos materiales sustentables y energías renovables, entre tantos otros.
La Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación crea y financia planes de vivienda social a lo largo de todo el país. El director de Tecnología y Producción, Alejandro Bottoli, también participó del encuentro y habló sobre el trabajo que lleva adelante la Dirección. Allí, remarcó la importancia de la planificación para pensar en espacios de intercambio: “La falta de planificación en viviendas afecta la sustentabilidad y hace que creemos espacios diversificados, cerrados, que no interactúan entre sí”.
Por último, Guillermo Durán, arquitecto y fundador de varias empresas relacionadas con la construcción sustentable, se preguntó ¿hacia dónde se dirige la arquitectura sustentable y qué cambios deberá tomar para ser sustentable en los próximos años? “Estamos en el momento en donde se generan la mayor cantidad de cambios en la menor cantidad de tiempo”, aseguró. Se refirió a la importancia de optar por la arquitectura bioclimática “que es económica y posible de desarrollar, responde a las necesidades ambientales de cada contexto y es coherente con las características geográficas de cada lugar”.
Además habló sobre los diferentes materiales existentes para la construcción sustentable y la importancia del diseño teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los recursos disponibles: “Una vivienda bien orientada tiene una eficiencia energética de entre 25 y 35%”. Al finalizar, remarcó que el cambio de paradigma hacia una construcción sustentable, “que se basa en la eficiencia y prevención como primera medida y en la incorporación de sistemas alternativos, es cada vez más acelerado”.
Moderaron el encuentro la coordinadora del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable (CITIDES) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Carrizo, y el director de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), Prem Zalzman.
El ciclo de charlas “Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sustentable” se orientaa generar un espacio de reflexión y debate sobre problemáticas, desafíos y oportunidades asociadas al desarrollo sustentable que posibilite el diálogo entre actores provenientes del sector público, el científico-tecnológico, el emprendedor y productivo, y la sociedad civil. Está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, tomadores de decisiones, gestores, activistas, emprendedores, empresarios y público en general interesado en la temática. La próxima charla, a realizarse a fines de agosto, se propondrá reflexionar sobre tecnologías para el desarrollo sustentable. Más adelante, los encuentros comenzarán a realizarse en distintos puntos del país.
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Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: Mincyt
Provincia/Región: Nacional
Tres representantes del sector público, de la academia y del sector privado y emprendedor se reunieron para conversar sobre la importancia de construir de manera sustentable para alcanzar una mejor calidad de vida en la población.
El impacto ambiental de la construcción y del uso de las viviendas es enorme. Ellas son responsables del 40% del consumo global de energía, del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la impermeabilización del suelo. En este contexto, la arquitectura sustentable insta a construir pensando en el aprovechamiento de los recursos naturales, estudiando las características climáticas y geográficas de cada lugar; promueve las energías limpias y el uso racional del agua; y tiene una postura consciente frente a la generación de residuos, para lograr una mayor armonía entre sus usuarios, las obras y el medioambiente.
María José Leveratto es arquitecta y docente de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Durante la charla, brindó una mirada introductoria a la construcción sustentable y explicó que durante gran parte de la historia de la humanidad la construcción fue sustentable, “con la revolución industrial aparecieron nuevas tecnologías y materiales, como el vidrio y el hierro, y la energía fósil se ubicó como el eje para la solución de todos nuestros problemas”.
“La construcción de ciudades y edificios se sumó a este paradigma que perdura aún hoy y que se basa en el consumo indiscriminado de recursos”, afirmó la arquitecta; pero se mostró optimista con la posibilidad de revertir esta situación ya que “el sector de la construcción tiene el mayor potencial de reducción de impactos”. En esta línea, se refirió a las buenas prácticas que se pueden tomar, como recuperar y refuncionalizar terrenos y edificios existentes, priorizar pavimentos y superficies de suelo permeable, incorporar criterios de diseño bioambiental, favorecer el uso de luz natural, hacer un uso eficiente del agua, e incorporar nuevos materiales sustentables y energías renovables, entre tantos otros.
La Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación crea y financia planes de vivienda social a lo largo de todo el país. El director de Tecnología y Producción, Alejandro Bottoli, también participó del encuentro y habló sobre el trabajo que lleva adelante la Dirección. Allí, remarcó la importancia de la planificación para pensar en espacios de intercambio: “La falta de planificación en viviendas afecta la sustentabilidad y hace que creemos espacios diversificados, cerrados, que no interactúan entre sí”.
Por último, Guillermo Durán, arquitecto y fundador de varias empresas relacionadas con la construcción sustentable, se preguntó ¿hacia dónde se dirige la arquitectura sustentable y qué cambios deberá tomar para ser sustentable en los próximos años? “Estamos en el momento en donde se generan la mayor cantidad de cambios en la menor cantidad de tiempo”, aseguró. Se refirió a la importancia de optar por la arquitectura bioclimática “que es económica y posible de desarrollar, responde a las necesidades ambientales de cada contexto y es coherente con las características geográficas de cada lugar”.
Además habló sobre los diferentes materiales existentes para la construcción sustentable y la importancia del diseño teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los recursos disponibles: “Una vivienda bien orientada tiene una eficiencia energética de entre 25 y 35%”. Al finalizar, remarcó que el cambio de paradigma hacia una construcción sustentable, “que se basa en la eficiencia y prevención como primera medida y en la incorporación de sistemas alternativos, es cada vez más acelerado”.
Moderaron el encuentro la coordinadora del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable (CITIDES) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Carrizo, y el director de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), Prem Zalzman.
El ciclo de charlas “Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sustentable” se orientaa generar un espacio de reflexión y debate sobre problemáticas, desafíos y oportunidades asociadas al desarrollo sustentable que posibilite el diálogo entre actores provenientes del sector público, el científico-tecnológico, el emprendedor y productivo, y la sociedad civil. Está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, tomadores de decisiones, gestores, activistas, emprendedores, empresarios y público en general interesado en la temática. La próxima charla, a realizarse a fines de agosto, se propondrá reflexionar sobre tecnologías para el desarrollo sustentable. Más adelante, los encuentros comenzarán a realizarse en distintos puntos del país.
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Industria controvertida en Santa Fe suma un incendio
El incendio de una industria reavivó denuncias de vecinos y ambientalistas
Fecha de Publicación: 24/07/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El miércoles se prendió fuego un sector de la firma Pelco, de Puerto San Martín. La acusan de contaminar. Apuntan al gobierno por no controlar.
El incendio desatado el miércoles por la noche en la planta que la firma Pelco posee en el límite entre Puerto San Martín y Timbúes, y que obligó a la actuación de varias dotaciones de bomberos, reavivó los reclamos de vecinos de las zonas aledañas y organizaciones ecologistas que hace tiempo vienen denunciando la contaminación ambiental causada por la actividad de esta empresa que se dedica a la incineración de residuos industriales.
Alrededor de las 20 del miércoles último se desató un incendio en el sector de "blending" de la planta industrial que la firma Pelco (ex Termosan) posee en calle Antártida Argentina, entre Vucetich y Héroes de Malvinas, una zona semirrural de Puerto San Martín en el límite con Timbúes. "El suceso ocurrió donde se procesan residuos industriales", reconoció Grupo Pelco a través de un comunicado oficial.
"Se activaron inmediatamente los sistemas de alerta y contingencia previstos para estos casos y las llamas fueron controladas inmediatamente, sin víctimas ni mayores daños. El incendio se generó en el sector de blending y fue rápidamente controlado, primero por la propia brigada de la empresa, y luego por los bomberos de la zona, que lograron apagar las llamas", agregaron.
El origen del incendio es materia de análisis y será establecido por los peritajes oficiales, aunque trascendió que el siniestro se desató a partir de una chispa ocasionada por el roce de algún dispositivo móvil. En el sector que se denomina de blending se almacenan productos muy inflamables, ya que allí se realiza el proceso industrial destinado a la obtención de combustibles procedentes de residuos, tales como aceites, disolventes, pinturas y barnices, entre otros.
La rápida intervención de los bomberos contuvo las llamas luego de un esforzado y riesgoso trabajo, dados los materiales allí presentes, y no hubo que lamentar víctimas fatales. A causa del incendio solo resultó lesionado un operario, quien presentaba quemaduras superficiales en el rostro y parte de su cuerpo, quien fue atendido en el Instituto Médico Regional, en San Lorenzo, fue dado de alta luego de las curaciones y controles.
También tomó intervención la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que informó que seguirán "de cerca" los motivos que generaron el incendio, y para ello, aguardarán por los resultados de las pericias que llevan adelante los bomberos.
Pobladores alarmados
En ese sentido, al siniestro reavivó los reclamos de vecinos de la zona y organizaciones ambientalistas. Al respecto, el Taller Ecologista emitió un comunicado en el cual manifestaron que "desde hace años el funcionamiento de la empresa Pelco afecta la calidad de vida de los vecinos, principalmente de los barrios San Sebastián, Iturralde y Fátima, en Puerto San Martín, pero también de Timbúes, de los barrios Petrolera, Villa Adriana, Las Quintas y Gauchito Gil".
"Problemas en las vías respiratorias y en la piel, escasos controles del Estado, están entre los principales reclamos, a los cuales ahora se suma el incendio sucedido esta semana. No tardaron en llegar los problemas respiratorios, irritación en los ojos e inflamación en los labios, y el desconcierto de los vecinos sobre posibles planes de contingencia, frente a una empresa cuya actividad no está debidamente controlada como corresponde", sostuvo Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos del Taller Ecologista.
"Nuevamente queda a la vista la desprotección de las comunidades frente a los intereses empresariales. Una realidad compleja frente a la hegemonía empresarial y la falta de políticas públicas en pos del derecho a la salud social y ambiental", indicaron desde la organización.
Tóxicos de todo tipo
Los ambientalistas denunciaron que "la lista de las sustancias a incinerar por Pelco y autorizada por la provincia de Santa Fe, es larga, por ejemplo están los desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos; de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios; desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple, residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. Y como componente menor de una matriz: compuestos de cromo exavalente, de cobre, de plomo".
Los ecologistas se preguntaron: "¿Qué respiraron los vecinos? dados los síntomas que estaban teniendo ¿Por qué nadie les dijo qué hacer? ¿Por qué el subdirector de policía no dio detalles del hecho a quienes lo consultaban? No se entiende el apego al secreto cuando se trata de sustancias químicas tóxicas", continuó Bianco.
Una recorrida por los archivos de diversos medios de comunicación exhibe que la preocupación de los vecinos no es nueva. En ese sentido, desde el Taller Ecologista recordaron que "vienen denunciando las irregularidades en el funcionamiento con emanaciones de humo negro, humo que sale por otros lugares de la estructura del horno, además de la chimenea".
Ante esto, es poco lo que se ha hecho desde los organismos de control oficial, tal como lo denuncian los ambientalistas: "La provincia no realiza mediciones de emisiones ni de calidad de aire. Todo queda en manos de la empresa. Esta forma de gestión del ambiente por parte de la provincia ha fracasado. Los vecinos y vecinas, siguen siendo damnificados ante una empresa irresponsable y las autoridades provinciales serían cómplices", alertaron.
Un historial preocupante
Pelco SA es una empresa creada en 1993 dedicada al tratamiento de residuos industriales, y posee plantas en Benavídez y Tigre, al norte de Capital Federal, y esta de Puerto San Martín. La empresa fue clausurada hace dos años en Tigre, y en 2011 ocurrió un incendio de grandes proporciones en esta misma planta de Puerto San Martín que luego derivó en una clausura temporal.
En septiembre de 2016, un grupo de vecinos pudo reunirse con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe para tratar de encontrar algún tipo de solución a la problemática que los aqueja.
"Desde septiembre del año pasado, a posteriori de la reunión que tuvimos con Medio Ambiente, el humo que sale de Pelco es más negro y espeso. Parece como si le hubieran dado vía libre para contaminarnos, hay vecinos que se ahogan al respirar y los problemas que se vienen sucediendo son los de público conocimiento", dijo hace un par de meses a la prensa Daniel Núñez, vecino de Puerto San Martín y miembro del grupo Vecinos Autoconvocados por la Vida.
Ahora, José Febre, de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Timbúes, dijo al portal de noticias Conclusión que "la primera explosión fue en la chimenea a las 18, y a las 19 fue en el galpón contiguo, y posteriormente el tercer galpón". Manifestó que "lo que se está quemando acá es terrible. Necesitamos que la provincia nos dé una explicación, incluso que haga un impacto ambiental en cuanto a la salud".
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El miércoles se prendió fuego un sector de la firma Pelco, de Puerto San Martín. La acusan de contaminar. Apuntan al gobierno por no controlar.
El incendio desatado el miércoles por la noche en la planta que la firma Pelco posee en el límite entre Puerto San Martín y Timbúes, y que obligó a la actuación de varias dotaciones de bomberos, reavivó los reclamos de vecinos de las zonas aledañas y organizaciones ecologistas que hace tiempo vienen denunciando la contaminación ambiental causada por la actividad de esta empresa que se dedica a la incineración de residuos industriales.
Alrededor de las 20 del miércoles último se desató un incendio en el sector de "blending" de la planta industrial que la firma Pelco (ex Termosan) posee en calle Antártida Argentina, entre Vucetich y Héroes de Malvinas, una zona semirrural de Puerto San Martín en el límite con Timbúes. "El suceso ocurrió donde se procesan residuos industriales", reconoció Grupo Pelco a través de un comunicado oficial.
"Se activaron inmediatamente los sistemas de alerta y contingencia previstos para estos casos y las llamas fueron controladas inmediatamente, sin víctimas ni mayores daños. El incendio se generó en el sector de blending y fue rápidamente controlado, primero por la propia brigada de la empresa, y luego por los bomberos de la zona, que lograron apagar las llamas", agregaron.
El origen del incendio es materia de análisis y será establecido por los peritajes oficiales, aunque trascendió que el siniestro se desató a partir de una chispa ocasionada por el roce de algún dispositivo móvil. En el sector que se denomina de blending se almacenan productos muy inflamables, ya que allí se realiza el proceso industrial destinado a la obtención de combustibles procedentes de residuos, tales como aceites, disolventes, pinturas y barnices, entre otros.
La rápida intervención de los bomberos contuvo las llamas luego de un esforzado y riesgoso trabajo, dados los materiales allí presentes, y no hubo que lamentar víctimas fatales. A causa del incendio solo resultó lesionado un operario, quien presentaba quemaduras superficiales en el rostro y parte de su cuerpo, quien fue atendido en el Instituto Médico Regional, en San Lorenzo, fue dado de alta luego de las curaciones y controles.
También tomó intervención la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que informó que seguirán "de cerca" los motivos que generaron el incendio, y para ello, aguardarán por los resultados de las pericias que llevan adelante los bomberos.
Pobladores alarmados
En ese sentido, al siniestro reavivó los reclamos de vecinos de la zona y organizaciones ambientalistas. Al respecto, el Taller Ecologista emitió un comunicado en el cual manifestaron que "desde hace años el funcionamiento de la empresa Pelco afecta la calidad de vida de los vecinos, principalmente de los barrios San Sebastián, Iturralde y Fátima, en Puerto San Martín, pero también de Timbúes, de los barrios Petrolera, Villa Adriana, Las Quintas y Gauchito Gil".
"Problemas en las vías respiratorias y en la piel, escasos controles del Estado, están entre los principales reclamos, a los cuales ahora se suma el incendio sucedido esta semana. No tardaron en llegar los problemas respiratorios, irritación en los ojos e inflamación en los labios, y el desconcierto de los vecinos sobre posibles planes de contingencia, frente a una empresa cuya actividad no está debidamente controlada como corresponde", sostuvo Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos del Taller Ecologista.
"Nuevamente queda a la vista la desprotección de las comunidades frente a los intereses empresariales. Una realidad compleja frente a la hegemonía empresarial y la falta de políticas públicas en pos del derecho a la salud social y ambiental", indicaron desde la organización.
Tóxicos de todo tipo
Los ambientalistas denunciaron que "la lista de las sustancias a incinerar por Pelco y autorizada por la provincia de Santa Fe, es larga, por ejemplo están los desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos; de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios; desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple, residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. Y como componente menor de una matriz: compuestos de cromo exavalente, de cobre, de plomo".
Los ecologistas se preguntaron: "¿Qué respiraron los vecinos? dados los síntomas que estaban teniendo ¿Por qué nadie les dijo qué hacer? ¿Por qué el subdirector de policía no dio detalles del hecho a quienes lo consultaban? No se entiende el apego al secreto cuando se trata de sustancias químicas tóxicas", continuó Bianco.
Una recorrida por los archivos de diversos medios de comunicación exhibe que la preocupación de los vecinos no es nueva. En ese sentido, desde el Taller Ecologista recordaron que "vienen denunciando las irregularidades en el funcionamiento con emanaciones de humo negro, humo que sale por otros lugares de la estructura del horno, además de la chimenea".
Ante esto, es poco lo que se ha hecho desde los organismos de control oficial, tal como lo denuncian los ambientalistas: "La provincia no realiza mediciones de emisiones ni de calidad de aire. Todo queda en manos de la empresa. Esta forma de gestión del ambiente por parte de la provincia ha fracasado. Los vecinos y vecinas, siguen siendo damnificados ante una empresa irresponsable y las autoridades provinciales serían cómplices", alertaron.
Un historial preocupante
Pelco SA es una empresa creada en 1993 dedicada al tratamiento de residuos industriales, y posee plantas en Benavídez y Tigre, al norte de Capital Federal, y esta de Puerto San Martín. La empresa fue clausurada hace dos años en Tigre, y en 2011 ocurrió un incendio de grandes proporciones en esta misma planta de Puerto San Martín que luego derivó en una clausura temporal.
En septiembre de 2016, un grupo de vecinos pudo reunirse con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe para tratar de encontrar algún tipo de solución a la problemática que los aqueja.
"Desde septiembre del año pasado, a posteriori de la reunión que tuvimos con Medio Ambiente, el humo que sale de Pelco es más negro y espeso. Parece como si le hubieran dado vía libre para contaminarnos, hay vecinos que se ahogan al respirar y los problemas que se vienen sucediendo son los de público conocimiento", dijo hace un par de meses a la prensa Daniel Núñez, vecino de Puerto San Martín y miembro del grupo Vecinos Autoconvocados por la Vida.
Ahora, José Febre, de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Timbúes, dijo al portal de noticias Conclusión que "la primera explosión fue en la chimenea a las 18, y a las 19 fue en el galpón contiguo, y posteriormente el tercer galpón". Manifestó que "lo que se está quemando acá es terrible. Necesitamos que la provincia nos dé una explicación, incluso que haga un impacto ambiental en cuanto a la salud".
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Riachuelo: prometen relocalizar las familias en dos años
Larreta promete mudar a todas las familias de la orilla del Riachuelo para 2019
Fecha de Publicación: 24/07/2017
Fuente: LPO
Provincia/Región: Riachuelo
Horacio Rodríguez Larreta planea trasladar en los próximos dos años a todas las familias que viven en el Camino de Sirga, a la vera del contaminado Riachuelo . "Nuestro objetivo es que no quede nadie para 2019", adelantaron a LPO desde el gobierno porteño. El IVC tiene más de 1400 casas en carpeta.
La cuenca del Riachuelo es uno de los puntos más complicados de la Ciudad. El río se transformó en una de los cauces más contaminados del mundo luego de décadas en que las empresas y municipios vertieron todo tipo de desechos en sus aguas.
En 2008 el fallo Mendoza, dictado por la Corte Suprema obligó a los gobiernos nacional, porteño, bonaerense y a todos los municipios que están sobre la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo a participar del saneamiento del río.
El fallo también exige que todos los habitantes del camino de Sirga sean relocalizados, una tarea que marchó muy lentamente durante las dos gestiones de Mauricio Macri al frente de la Ciudad. Hasta ahora 566 familias dejaron sus hogares a la vera del Riachuelo y aún 1294 familias están a la espera.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene a cargo la relocalización de los pobladores y la construcción de las nuevas viviendas. El organismo gestionado por el joven Ignacio Maquieyra está construyendo 675 viviendas, tiene 421 licitadas y hay otras 421 que están aún en proyecto.
El camino de Sirga es la franja de 15 metros desde la orilla de un río que estar liberada para uso público. En el caso del Riachuelo hay varios asentamientos como El Pueblito, Luján, Magaldi, Villa 26 y, el principal, la Villa 21-24.
Algunas familias fueron reubicadas en los barrios de Pompeya y Lugano, en los complejos San Francisco, Padre Mugica, Piletones.
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Fecha de Publicación: 24/07/2017
Fuente: LPO
Provincia/Región: Riachuelo
Horacio Rodríguez Larreta planea trasladar en los próximos dos años a todas las familias que viven en el Camino de Sirga, a la vera del contaminado Riachuelo . "Nuestro objetivo es que no quede nadie para 2019", adelantaron a LPO desde el gobierno porteño. El IVC tiene más de 1400 casas en carpeta.
La cuenca del Riachuelo es uno de los puntos más complicados de la Ciudad. El río se transformó en una de los cauces más contaminados del mundo luego de décadas en que las empresas y municipios vertieron todo tipo de desechos en sus aguas.
En 2008 el fallo Mendoza, dictado por la Corte Suprema obligó a los gobiernos nacional, porteño, bonaerense y a todos los municipios que están sobre la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo a participar del saneamiento del río.
El fallo también exige que todos los habitantes del camino de Sirga sean relocalizados, una tarea que marchó muy lentamente durante las dos gestiones de Mauricio Macri al frente de la Ciudad. Hasta ahora 566 familias dejaron sus hogares a la vera del Riachuelo y aún 1294 familias están a la espera.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene a cargo la relocalización de los pobladores y la construcción de las nuevas viviendas. El organismo gestionado por el joven Ignacio Maquieyra está construyendo 675 viviendas, tiene 421 licitadas y hay otras 421 que están aún en proyecto.
El camino de Sirga es la franja de 15 metros desde la orilla de un río que estar liberada para uso público. En el caso del Riachuelo hay varios asentamientos como El Pueblito, Luján, Magaldi, Villa 26 y, el principal, la Villa 21-24.
Algunas familias fueron reubicadas en los barrios de Pompeya y Lugano, en los complejos San Francisco, Padre Mugica, Piletones.
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Inicio de una obra clave para sanear el Riachuelo
Cómo será la red cloacal que permitiría finalmente limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
La obra impactará en la limpieza del río porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Los trabajos incluyen 40 kilómetros de túneles que llevarán, a través de un emisario de 12 kilómetros, lejos de la costa del Río de la Plata, los residuos cloacales tratados en la planta de saneamiento de Dock Sud.
Actualmente, los desechos se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres cloacas máximas que están saturadas. Dos empezaron a funcionar a fines del siglo XIX y principios del XX y la restante en 1946. Y se calcula que más de un 95 por ciento de la contaminación del río es consecuencia del vuelco sin restricción de aguas no tratadas y líquidos cloacales.
¿Cómo impactará?
La obra ayudará en la limpieza del Riachuelo porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Eso tendrá una marca incidencia en las condiciones ambientales y en la salud de la población que vive cerca de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo curso hídrico se encuentra en proceso de saneamiento.
También posibilitará alivianar el trabajo de la Planta de Berazategui, con lo cual a futuro se van a poder incorporar 1,5 millones personas al servicio de cloacas.
El Sistema Riachuelo forma parte del Plan Nacional del Agua, que tiene como principal objetivo llegar con agua potable al 100 por ciento y con cloacas al 75 por ciento de las ciudades de todo el país hacia 2022.
Una vez en funcionamiento, el sistema contará con una capacidad de transporte y tratamiento de 2,3 millones de m3/día (27m3/seg) para beneficio directo e inmediato de la calidad de vida de millones de habitantes que viven en la margen izquierda del Riachuelo en términos de salud pública, impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo social efectivo.
La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un conducto de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5 km de longitud y 4300 mm de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta Riachuelo con una dirección general Sudoeste-Noreste; y un tramo de difusión de 1,5 km, que tendrá 31 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima del efluente con el agua del Río de la Plata para completar el tratamiento.
¿Cómo se construirá?
La totalidad de los 12 kilómetros de túnel serán construidos mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.
Para muchos de los elementos se empleará una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63 centímetros de diámetro y una longitud aproximada de 28 metros hasta aflorar sobre el lecho del río.
A posteriori se instalarán las rosetas con seis puertos cada una que posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Como parte integrante del alcance de este contrato, se ha desarrollado el acondicionamiento del predio de aproximadamente 450 metros por 250 metros donde se construirá la futura Planta de Pretratamiento.
Para ello, fue necesario construir una defensa costera de seis metros de altura sobre el frente del Río de la Plata y posterior relleno por detrás de esta y hasta la línea de costa preexistente, que involucra más de 350 mil metros cúbicos de arena, suelo de aporte y rocas de distinta graduación.
La ejecución de la obra tendrá un plazo mínimo de 5 años y generará 1500 puestos de trabajo entre obreros, técnicos y profesionales de distintas áreas.
Las obras del Sistema Riachuelo se desarrollan en tres lotes. El primero, que transporta efluentes servidos, comienza en el límite entre CABA y La Matanza y recorre toda la ciudad hasta Dock Sud. Descomprime las cloacas máximas con más de 30 kilómetros de túneles.
Los otros dos se encuentran en Dock Sud. El segundo abarca la planta de tratamiento y las estaciones elevadoras de entrada y salida, mientras que el tercero es el emisario, en la planta Riachuelo.
Las obras de los lotes 1 y 3 son financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial, mientras que los trabajos del lote 2 son íntegramente financiados por el Estado.
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Fecha de Publicación: 22/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
La obra impactará en la limpieza del río porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Los trabajos incluyen 40 kilómetros de túneles que llevarán, a través de un emisario de 12 kilómetros, lejos de la costa del Río de la Plata, los residuos cloacales tratados en la planta de saneamiento de Dock Sud.
Actualmente, los desechos se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres cloacas máximas que están saturadas. Dos empezaron a funcionar a fines del siglo XIX y principios del XX y la restante en 1946. Y se calcula que más de un 95 por ciento de la contaminación del río es consecuencia del vuelco sin restricción de aguas no tratadas y líquidos cloacales.
¿Cómo impactará?
La obra ayudará en la limpieza del Riachuelo porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Eso tendrá una marca incidencia en las condiciones ambientales y en la salud de la población que vive cerca de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo curso hídrico se encuentra en proceso de saneamiento.
También posibilitará alivianar el trabajo de la Planta de Berazategui, con lo cual a futuro se van a poder incorporar 1,5 millones personas al servicio de cloacas.
El Sistema Riachuelo forma parte del Plan Nacional del Agua, que tiene como principal objetivo llegar con agua potable al 100 por ciento y con cloacas al 75 por ciento de las ciudades de todo el país hacia 2022.
Una vez en funcionamiento, el sistema contará con una capacidad de transporte y tratamiento de 2,3 millones de m3/día (27m3/seg) para beneficio directo e inmediato de la calidad de vida de millones de habitantes que viven en la margen izquierda del Riachuelo en términos de salud pública, impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo social efectivo.
La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un conducto de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5 km de longitud y 4300 mm de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta Riachuelo con una dirección general Sudoeste-Noreste; y un tramo de difusión de 1,5 km, que tendrá 31 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima del efluente con el agua del Río de la Plata para completar el tratamiento.
¿Cómo se construirá?
La totalidad de los 12 kilómetros de túnel serán construidos mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.
Para muchos de los elementos se empleará una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63 centímetros de diámetro y una longitud aproximada de 28 metros hasta aflorar sobre el lecho del río.
A posteriori se instalarán las rosetas con seis puertos cada una que posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Como parte integrante del alcance de este contrato, se ha desarrollado el acondicionamiento del predio de aproximadamente 450 metros por 250 metros donde se construirá la futura Planta de Pretratamiento.
Para ello, fue necesario construir una defensa costera de seis metros de altura sobre el frente del Río de la Plata y posterior relleno por detrás de esta y hasta la línea de costa preexistente, que involucra más de 350 mil metros cúbicos de arena, suelo de aporte y rocas de distinta graduación.
La ejecución de la obra tendrá un plazo mínimo de 5 años y generará 1500 puestos de trabajo entre obreros, técnicos y profesionales de distintas áreas.
Las obras del Sistema Riachuelo se desarrollan en tres lotes. El primero, que transporta efluentes servidos, comienza en el límite entre CABA y La Matanza y recorre toda la ciudad hasta Dock Sud. Descomprime las cloacas máximas con más de 30 kilómetros de túneles.
Los otros dos se encuentran en Dock Sud. El segundo abarca la planta de tratamiento y las estaciones elevadoras de entrada y salida, mientras que el tercero es el emisario, en la planta Riachuelo.
Las obras de los lotes 1 y 3 son financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial, mientras que los trabajos del lote 2 son íntegramente financiados por el Estado.
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Es oficial el traslado de más pobladores del Riachuelo
Reubicarán a más familias de la vera del Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Riachuelo: impulsan el Plan Sanitario Ambiental
ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia impulsan el Plan Sanitario Ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Un café para pensar ciudades resilientes al clima
Ciudades resilientes para enfrentar el cambio climático
Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Provincia/Región: Nacional
El ciclo Café de las Ciencias comenzó su recorrido itinerante con una charla en la capital santafecina que tuvo como eje el cambio climático y la resiliencia urbana.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 80% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y todas deben enfrentarse a los nuevos impactos causados por el cambio climático. El desafío que se presenta, entonces, es pensar en enfoques de planificación integrados que contribuyan a generar territorios resilientes. Sobre estas ideas versó la primera charla de Café de las Ciencias realizada fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro se organizó en la sede de la Alianza Francesa de la ciudad de Santa Fe y estuvo a cargo de Gonzalo Sozzo, investigador de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho de Daños; Anne-Julia Rollet, investigadora francesa de la Universidad de Rennes especializada en hidro-geomorfología fluvial; y Andrea Valsagna, representante del Gobierno de la ciudad de Santa Fe para el proyecto de Reserva Natural Urbana realizado en cooperación con el Fondo Francés del Ambiente Mundial (FFEM).
Durante la charla conversaron sobre las modificaciones del medio ambiente originadas por el cambio climático y el crecimiento poblacional en las ciudades, que desembocan en riesgos ambientales –especialmente inundaciones– cada vez más importantes. Remarcaron entonces la importancia de la resiliencia para la recuperación de las ciudades frente a los desastres naturales.
Anne-Julia Rollet expuso sobre “el principal riesgo en el territorio francés: las inundaciones”. Explicó que este riesgo se da fundamentalmente porque la mayoría de las grandes ciudades se construyen al margen de canales de agua: “Este riesgo es multicausal pero principalmente se da por la expansión de las ciudades: a causa de este crecimiento urbano generalmente se construye en zonas que no son aptas en relación a su grado de inundabilidad”.
Expresó además que el cambio climático influye agravando esta situación mediante las sequías intensas o las grandes caídas de lluvia, que se combinan con el aumento del nivel del mar, impidiendo la evacuación del agua continental: “Pero la complicación más grave del cambio climático es nuestra propia dificultad de prever la gravedad del caso, porque conocemos el cambio climático pero no las consecuencuas locales”, afirmó la especialista.
Otro punto importante relacionado con el cambio climático y la resiliencia en las ciudades es la huella humana y su influencia en el mundo natural. De estos temas habló Gonzalo Sozzo, quien sostuvo que las sociedades deben transitar un camino de transformación: “Debemos cambiar nuestra relación con los recursos naturales, tomando conciencia de su escacez y fragilidad”. Frente a la imposibilidad de eliminar los riesgos “lo que podemos hacer es aumentar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de recuperarnos”, afirmó.
Además, se preguntó por el rol que deben ocupar las Ciencias Jurídicas en esta ‘transición ecológica’ y aseguró que el estado de derecho ecológico debe basarse en la protección de los ecosistemas: “A mayor derechos humanos, más resiliencia y menos catástrofes”, reflexionó al finalizar su exposición.
Por último, Andrea Valsagna demostró cómo estas ideas de ciudades resilientes pueden llevarse a cabo, al anunciar la estrategia ‘Santa Fe resiliente’. En ese sentido, expresó la mirada local en relación a los riesgos y la resiliencia, en una región donde las inundaciones son moneda corriente: “Santa Fe ha tenido numerosas inundaciones y la del año 2003 fue la más trágica”, afirmó. El enfoque de resiliencia contempla amenazas múltiples y considera la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros, en este sentido remarcó la importancia de pensar en las vulnerabilidades y en la prevensión de daños: “Debemos actuar antes para disminuir las vulnerabilidades”.
“Este enfoque nos permite no sólo abordar la gestión de riesgos sino también pensar en cuestiones crónicas que también generan mucha vulnerabilidad en las comunidades como la pobreza, la violencia, el acceso a la salud, entre otros”, enfatizó. “La resiliencia urbana es fortalecer la capacidad de las comunidades, los gobiernos, sus sistemas e instituciones de enfrentar desafíos –conocidos o no-, superarlos y crecer a pesar de ellos”, afirmó cerrando su exposición.
El "Café de las Ciencias" es un ciclo de charlas organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación y de la Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional, junto con la Embajada de Francia en Argentina. Un científico argentino y otro francés presentan un tema relacionado con sus investigaciones y dialogan con el público.
Para este año el ciclo tendrá como sedes distintas ciudades del interior del país, con la colaboración de la Alliance Française Argentina, ampliando su alcance y convirtiéndola así en una actividad federal. El próximo encuentro se realizará esta tarde en la ciudad de Buenos Aires y el lunes 26 en la capital mendocina; ambas charlas tendrán como eje el vino y la salud.
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Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Provincia/Región: Nacional
El ciclo Café de las Ciencias comenzó su recorrido itinerante con una charla en la capital santafecina que tuvo como eje el cambio climático y la resiliencia urbana.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 80% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y todas deben enfrentarse a los nuevos impactos causados por el cambio climático. El desafío que se presenta, entonces, es pensar en enfoques de planificación integrados que contribuyan a generar territorios resilientes. Sobre estas ideas versó la primera charla de Café de las Ciencias realizada fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro se organizó en la sede de la Alianza Francesa de la ciudad de Santa Fe y estuvo a cargo de Gonzalo Sozzo, investigador de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho de Daños; Anne-Julia Rollet, investigadora francesa de la Universidad de Rennes especializada en hidro-geomorfología fluvial; y Andrea Valsagna, representante del Gobierno de la ciudad de Santa Fe para el proyecto de Reserva Natural Urbana realizado en cooperación con el Fondo Francés del Ambiente Mundial (FFEM).
Durante la charla conversaron sobre las modificaciones del medio ambiente originadas por el cambio climático y el crecimiento poblacional en las ciudades, que desembocan en riesgos ambientales –especialmente inundaciones– cada vez más importantes. Remarcaron entonces la importancia de la resiliencia para la recuperación de las ciudades frente a los desastres naturales.
Anne-Julia Rollet expuso sobre “el principal riesgo en el territorio francés: las inundaciones”. Explicó que este riesgo se da fundamentalmente porque la mayoría de las grandes ciudades se construyen al margen de canales de agua: “Este riesgo es multicausal pero principalmente se da por la expansión de las ciudades: a causa de este crecimiento urbano generalmente se construye en zonas que no son aptas en relación a su grado de inundabilidad”.
Expresó además que el cambio climático influye agravando esta situación mediante las sequías intensas o las grandes caídas de lluvia, que se combinan con el aumento del nivel del mar, impidiendo la evacuación del agua continental: “Pero la complicación más grave del cambio climático es nuestra propia dificultad de prever la gravedad del caso, porque conocemos el cambio climático pero no las consecuencuas locales”, afirmó la especialista.
Otro punto importante relacionado con el cambio climático y la resiliencia en las ciudades es la huella humana y su influencia en el mundo natural. De estos temas habló Gonzalo Sozzo, quien sostuvo que las sociedades deben transitar un camino de transformación: “Debemos cambiar nuestra relación con los recursos naturales, tomando conciencia de su escacez y fragilidad”. Frente a la imposibilidad de eliminar los riesgos “lo que podemos hacer es aumentar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de recuperarnos”, afirmó.
Además, se preguntó por el rol que deben ocupar las Ciencias Jurídicas en esta ‘transición ecológica’ y aseguró que el estado de derecho ecológico debe basarse en la protección de los ecosistemas: “A mayor derechos humanos, más resiliencia y menos catástrofes”, reflexionó al finalizar su exposición.
Por último, Andrea Valsagna demostró cómo estas ideas de ciudades resilientes pueden llevarse a cabo, al anunciar la estrategia ‘Santa Fe resiliente’. En ese sentido, expresó la mirada local en relación a los riesgos y la resiliencia, en una región donde las inundaciones son moneda corriente: “Santa Fe ha tenido numerosas inundaciones y la del año 2003 fue la más trágica”, afirmó. El enfoque de resiliencia contempla amenazas múltiples y considera la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros, en este sentido remarcó la importancia de pensar en las vulnerabilidades y en la prevensión de daños: “Debemos actuar antes para disminuir las vulnerabilidades”.
“Este enfoque nos permite no sólo abordar la gestión de riesgos sino también pensar en cuestiones crónicas que también generan mucha vulnerabilidad en las comunidades como la pobreza, la violencia, el acceso a la salud, entre otros”, enfatizó. “La resiliencia urbana es fortalecer la capacidad de las comunidades, los gobiernos, sus sistemas e instituciones de enfrentar desafíos –conocidos o no-, superarlos y crecer a pesar de ellos”, afirmó cerrando su exposición.
El "Café de las Ciencias" es un ciclo de charlas organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación y de la Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional, junto con la Embajada de Francia en Argentina. Un científico argentino y otro francés presentan un tema relacionado con sus investigaciones y dialogan con el público.
Para este año el ciclo tendrá como sedes distintas ciudades del interior del país, con la colaboración de la Alliance Française Argentina, ampliando su alcance y convirtiéndola así en una actividad federal. El próximo encuentro se realizará esta tarde en la ciudad de Buenos Aires y el lunes 26 en la capital mendocina; ambas charlas tendrán como eje el vino y la salud.
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