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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
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Eco Sitio |
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Chaco prohibió todo tipo de caza por el año
Por la emergencia hídrica, el gobierno prohibió la caza mayor y menor en el Chaco
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Treater: no se halló hidrocarburos en el predio
Cómo sigue el caso de las piletas de Añelo
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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El PI quiere derogar la ley antiminera mendocina
Este es el proyecto del PI que plantea derogar la ley 7722
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Justicia del Chaco suspendió más de 50 permisos de desmonte
La Justicia del Chaco ordenó frenar desmontes en zonas protegidas
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Agua Rica: 15 días para presentar pruebas
Amparo ambiental: otorgan plazo de 15 días para presentar pruebas
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
El juez Rodolfo Cecenarro pide que las partes presenten pruebas para hacer valer sus derechos.
El juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
Hay que recordar que en enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
En marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo. El recurso volvió al juzgado de Andalgalá. En septiembre de 2016, el juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Volvió de nuevo el año pasado.
En noviembre de 2018, una comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá, visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Ahora el magistrado pide que se presenten pruebas. Recuerda que ya pasaron 9 años desde la presentación del recurso. Sostiene que ante la naturaleza de la cuestión planteada, la prioridad es el "deber de prevención, sin perjuicio de las medidas cautelares ya adoptadas en el momento conforme a las circunstancias existentes en ese momento, atento al nuevo escenario fáctico y de posible afectación de intereses colectivos y consecuente impacto socio económico, se impone la adopción de medidas razonables".
Cecenarro sostiene que a fin de "conjugar el interés general con el legítimo derecho de las partes, siendo necesario, contar con bases científicas, asegurando la participación ciudadana, estimo beneficioso para el caso que las partes ofrezcan la prueba que consideren conducentes e idóneas a fin de hacer valer sus derechos". Para su dictamen, Cecenarro recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las cuestiones en debate involucran "el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futura" y por eso recomendaba el acceso a la Justicia.
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Por rotura de cloacas y contaminación, una multa millonaria
Multa millonaria por la contaminación en un barrio de Roca
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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Santa Fe quiere controla fumigaciones pero en base a BPA
Santa Fe procura regularizar las aplicaciones de agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Agroquímicos en Pergamino, fiscal pidió mayor intervención
Contaminación en Pergamino: un fiscal federal pidió mayor intervención y compromiso de organismos del Estado
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Matías Di Lello firmó un dictamen en el que pide al juez de la causa convocar a autoridades nacionales y provinciales. En Pergamino se encontraron más de 18 tóxicos en el agua de tres barrios
Cáncer, leucemia, asma, problemas de tiroides, irritaciones en la piel. Niños y adultos sufren en los barrios de Pergamino dolencias y enfermedades que la Justicia Federal investiga en relación con el uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos linderos.
En el marco de esa causa, que apunta específicamente a cuatro propietarios de campos de la zona a partir de la denuncia de una vecina con graves problemas de salud en su familia, pero que puede interpretarse como un drama amenazante en gran parte del país, un fiscal federal pidió en un dictamen incorporado al expediente mayor compromiso e intervención de diversos organismos del Estado para saber qué pasa en esta ciudad bonaerense de fuerte impronta agrícola.
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, firmó y elevó el dictamen al juez que investiga el caso, Carlos Villafuerte Ruzo. "Subyacen en las cuestiones que se plantean en la causa circunstancias vinculadas estrictamente a verdaderas políticas de Estado –en todas sus esferas: municipal, provincial y nacional- que conciernen a la salud, la economía, cuidado del medioambiente (…) para las cuales existen organismos públicos que deben dar respuesta precisa y/o adoptar las medidas que al respecto les incumbe", escribió el fiscal, en el documento, fechado el 23 de mayo pasado.
Di Lello reclamó así la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que en la ley de su creación -advierte el fiscal- se establece que debe "formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes".
"Todo lo expuesto conlleva a la necesidad de que este organismo, en el marco de sus funciones, produzca, como consecuencia del análisis que deberá hacer, un informe que permita a esta jurisdicción tener las herramientas que la ley prevé como obligatorias y válidas para la consideración de las cuestiones ambientales", reclamó Di Lello, quien además le pidió al juez Villafuerte Ruzo que convoque a una reunión con ambos a las autoridades del Cofema.
Por su condición de "organismo por excelencia en estas cuestiones", el fiscal federal de San Nicolás dictaminó que también se llame a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Di Lello quiere saber si, al estar en conocimiento de los problemas en Pergamino, esta dependencia del Gobierno nacional "adoptó –en función de la gravedad de la cuestión- alguna medida para estudiar el asunto y en tal caso, conclusiones a las que se arribó".
También el dictamen incluye la incorporación en el expediente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación ya que, explica el fiscal federal, "uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es lo concerniente a la salud de los denunciantes, quienes alegaron un claro perjuicio a la misma como consecuencia de la utilización de pesticidas, y que por otra parte, a la fecha no existen certezas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino".
Además, Di Lello sostiene en su dictamen la importancia de la intervención del Senasa, a cargo de la reglamentación y uso de los agroquímicos; de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por sugerencia de uno de los peritos de la causa, ya que este área coordina el Plan Nacional del Agua.
El fiscal federal de San Nicolás amplió en el dictamen la convocatoria a organismos del Estado provincial. Más allá de que ya intervinieron la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud bonaerenses, Di Lello solicitó la inclusión en la investigación de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.
El punto de la calidad del agua es fundamental en esta investigación. Los análisis incorporados al expediente son contradictorios. Un estudio del INTA-Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y estableció que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema nacional.
Sin embargo, la Autoridad del Agua (ASA) de la Provincia opinó en sentido contrario. De esta forma, Di Lello consideró que "resulta necesario que se le otorgue inmediata intervención para que se aboque a la cuestión, a los fines de que participe de la discusión, produzca un informe de las actividades que ha desarrollado en la zona de Pergamino en los últimos años y/o en la actualidad; cuales son las estrategias de protección que se han establecido".
También el fiscal federal de San Nicolás pidió citar a una reunión a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ya que en "el caso se advierten cuestiones de salud pública que conllevan aspectos mucho más complejos" y quiere saber qué medidas adoptó esta cartera al respecto.
"En especial interesa saber si se han adoptado directivas para los centros asistenciales del sistema de salud –ya sea público y/o privado- en orden a que se observen determinadas pautas en el diagnóstico y/o atención que se realiza a los pacientes de la ciudad de Pergamino para dilucidar médicamente si existe algún patrón y/o causas comunes en el origen de determinadas enfermedades que padecen, considerando que los denunciantes en estas actuaciones lo atribuyen a la utilización que se está efectuando de plaguicidas".
Es que los vecinos de Pergamino denunciaron tanto en la Justicia como en las notas que publicó Infobae al respecto que en los centros de salud público de Pergamino minimizan los problemas que llevan a las consultas. Sin embargo, una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió a este medio un mes atrás que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media.
"Algunos denunciantes han tenido que recurrir a centros de salud muy alejados de sus hogares para lograr diagnósticos y estudios médicos apropiados", remarcó Di Lello en su dictamen.
Para el fiscal, a partir de la denuncia y de la investigación que abrió Villafuerte Ruzo "se advierten cuestiones sumamente preocupantes que están generando intranquilidad" en Pergamino.
A principios de abril, el juez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean los tres barrios mencionados de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable, algo que el intendente Javier Martínez activó, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido. Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas contra cuatro propietarios y que desencadenó la intervención de la Justicia.
Entre los componente tóxicos encontrados en el agua del barrio donde creció Ortiz encontraron atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas. El glifosato -y su metabolito AMPA-, que es altamente cancerígeno, tal como tuvo que reconocerlo la empresa Bayer Monsanto en Estados Unidos tras un fallo de la Justicia de ese país, y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; el imidaclopir, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; y la tetrametrina, también vedada en aquel continente, que afecta las hormonas sexuales.
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Richuelo: socializan el control a industrias
Los vecinos podrán controlar a las industrias del Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/05/2019
Fuente: Agencia El Vigía
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo lanzó un mapa online que les permitirá identificar a las empresas de la Cuenca y monitorear su actividad industrial.
A partir de hoy, todo aquel que quiera ver y controlar lo que hacen los establecimientos que están sobre el Riachuelo podrá acceder al mapa online de control de establecimientos que dispuso la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organismo que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
De acuerdo a lo establecido por la disposición 55/2019, ACUMAR pone a disposición de la comunidad esta plataforma que permite detectar alertas ambientales, vuelcos y el nivel de incidencia ambiental de cada industria radicada en la Cuenca.
El portal funciona como plataforma informativa para la ciudadanía y como espacio de gestión para las industrias y establecimientos empadronados en ACUMAR, ya que desde la misma web las industrias deberán gestionar sus informes de modificaciones, vuelcos de efluentes, como así también están obligados a informar las contingencias ambientales que se traduce en un alerta dentro del mapa.
Esta herramienta de control ciudadano es el resultado de la convocatoria al nuevo empadronamiento que lanzó el año pasado el organismo y en el que ya se inscribieron más de 5.000 establecimientos.
“El empadronamiento permitió obtener información actualizada y datos de producción que hasta el momento se desconocían de la mayoría de las industrias de la Cuenca. Además, por primera vez, pudimos calcular el Nivel de Incidencia Ambiental, o sea, el potencial efecto en el ambiente de cada empresa”, expresó Nicolás Bardella, director General Ambiental de ACUMAR.
Este índice se utiliza, de maneras similares, tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires y sirve al organismo para categorizar a los establecimientos, definir valores de multas y plazos para cumplimientos de planes de adecuación ambiental.
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Chaco: justicia ordena parar desmontes en zonas amarillas
Tras una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Justicia ordenó suspender desmontes en “zonas amarillas”
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La medida fue dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, Julián Benito Flores. Se trata de una medida cautelar innovativa que tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la acción de amparo impulsada por el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido. La resolución apunta a frenar los desmontes autorizados en zona Amarilla, según la ley Nacional de Bosques
La Defensoría del Pueblo del Chaco promovió una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y/o el Ejecutivo chaqueño con el fin de declarar la nulidad de los permisos otorgados a la fecha para desmontes en zona amarilla –Categoría II- y ordenar el cumplimiento de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- en cuanto a la participación ciudadana para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Bosques Nativos.
Pero además también se solicitó que mientras se resuelve la cuestión principal, se decrete una medida cautelar innovativa para suspender los desmontes.
Cabe destacar que según la Ley de Bosques la zona amarilla –Categoría II- corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
En ese sentido, la Justicia chaqueña hizo lugar a la medida cautelar innovativa en tanto se sigue tramitando la acción de amparo, por lo que queda suspendida la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgados hasta la fecha para desmontes en zonas amarillas de la provincia.
También quedan suspendidos “los permisos otorgados antes de la interposición y notificación de la presente acción hasta tanto se resuelvan la acción de amparo pertinente”.
La Justicia determinó también que se debe informar cumplimiento en el término de diez días corridos, a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones por la suma de $30.000 por cada día de demora.
Criterio de precaución
En sus fundamentos, el juez Flores menciona declaraciones de la diputada provincial por el Justicialismo y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura chaqueña, Andrea Charole, quién afirmó que “siguen los desmontes en el Impenetrable chaqueño” y que los mismos eran una de la principales causas de las grandes inundaciones en la región. Por otro lado, el magistrado remarcó que en cuestiones ambientales “prevalece el criterio de precaución, de forma que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto será así siempre que haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente”.
El “velorio del yaguareté”
Vale recordar que ayer la organización ambientalista Greenpeace, junto a la agrupación chaqueña Somos Monte realizaron una intervención frente a Casa de Gobierno con el velatorio simbólico de un yaguareté asociándolo con la destrucción de su hábitat natural que, justamente, son los bosques chaqueños y solicitando al gobernador Domingo Peppo que frente de los desmontes que continúan en zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
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Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La medida fue dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, Julián Benito Flores. Se trata de una medida cautelar innovativa que tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la acción de amparo impulsada por el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido. La resolución apunta a frenar los desmontes autorizados en zona Amarilla, según la ley Nacional de Bosques
La Defensoría del Pueblo del Chaco promovió una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y/o el Ejecutivo chaqueño con el fin de declarar la nulidad de los permisos otorgados a la fecha para desmontes en zona amarilla –Categoría II- y ordenar el cumplimiento de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- en cuanto a la participación ciudadana para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Bosques Nativos.
Pero además también se solicitó que mientras se resuelve la cuestión principal, se decrete una medida cautelar innovativa para suspender los desmontes.
Cabe destacar que según la Ley de Bosques la zona amarilla –Categoría II- corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
En ese sentido, la Justicia chaqueña hizo lugar a la medida cautelar innovativa en tanto se sigue tramitando la acción de amparo, por lo que queda suspendida la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgados hasta la fecha para desmontes en zonas amarillas de la provincia.
También quedan suspendidos “los permisos otorgados antes de la interposición y notificación de la presente acción hasta tanto se resuelvan la acción de amparo pertinente”.
La Justicia determinó también que se debe informar cumplimiento en el término de diez días corridos, a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones por la suma de $30.000 por cada día de demora.
Criterio de precaución
En sus fundamentos, el juez Flores menciona declaraciones de la diputada provincial por el Justicialismo y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura chaqueña, Andrea Charole, quién afirmó que “siguen los desmontes en el Impenetrable chaqueño” y que los mismos eran una de la principales causas de las grandes inundaciones en la región. Por otro lado, el magistrado remarcó que en cuestiones ambientales “prevalece el criterio de precaución, de forma que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no sea utilizada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto será así siempre que haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente”.
El “velorio del yaguareté”
Vale recordar que ayer la organización ambientalista Greenpeace, junto a la agrupación chaqueña Somos Monte realizaron una intervención frente a Casa de Gobierno con el velatorio simbólico de un yaguareté asociándolo con la destrucción de su hábitat natural que, justamente, son los bosques chaqueños y solicitando al gobernador Domingo Peppo que frente de los desmontes que continúan en zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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San Juan podría prohibir el glifosato en San Juan
Evaluarán prohibir el glifosato en San Juan
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Primera Hora
Provincia/Región: San Juan
La Legislatura Municipal de la Capital realizará vistas públicas sobre la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan, trascendió el martes.
“El glifosato es un veneno que se ha utilizado para desyerbar carreteras y terrenos que causa a los seres humanos y a los animales múltiples enfermedades, padecimientos, e incluso cáncer. Varias personas conocedoras del tema depondrán en las vistas", dijo Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan en comunicación escrita.
El primer deponente será el Dr. Fernando Cabanillas, distinguido oncólogo de Puerto Rico. También están invitados: Nada Santo sobre Monsanto, la educadora etnobotánicaMaría Benedetti, la organización Mi Pueblo sin Yerbicida, la Fundación Médica del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y su Departamento de Salud Ambiental, Departamento de Agricultura, la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Colegio de Químicos, PRABIA y la nutricionista Dra. Vilma Calderón”, expresó
Las vistas públicas al Proyecto de Ordenanza Número 43, Serie 2016-2017, que prohibiría el uso de este químico, se realizarán el jueves, 23 y viernes, 24 de mayo de 2019, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal de San Juan en el segundo piso de la Casa Alcaldía.
El componente químico que ha sido objeto de protestas y de al menos dos veredictos recientes de los tribunales de Estados Unidos, que han otorgado reclamos multimillonarios a hombres que culpan al glifosato por su linfoma.
Bayer, que adquirió el fabricante de Roundup Monsanto el año pasado, ha informó a los inversionistas a mediados de abril que enfrentó las demandas de 13,400 personas en Estados Unidos por supuesta exposición al herbicida, que usa el glifosato.
“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de evaluar este extenso cuerpo de ciencia continúen llegando a conclusiones favorables", sostuvo la empresa en declaraciones escritas.
La Agencia Federal de protección Ambiental (EPA) ha expresado que el glifosato "no es probable que sea carcinogénico para los humanos".
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Chubut: gobernador anunció veto a prohibición del glifosato
Arcioni anunció el veto de la prohibición del glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Más pruebas contra la planta Treater en Neuquén
Presentan nuevas pruebas contra un basural petrolero
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace y abogados ambientales ampliaron la denuncia contra la planta Treater de Añelo.
La organización internacional ecologista Greenpeace junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y la Confederación Mapuche realizaron ante el fiscal Maximiliano Breid Obeid una ampliación de la denuncia y sumaron evidencias científicas sobre la contaminación ambiental en la planta Treater ubicada en el Parque Industrial de Añelo.
Emmanuel Guagliardo, abogado de las organizaciones, aseguró que “esta información es valiosa y consideramos de interés que el fiscal evalúe estos datos, de forma simultánea con los informes y pericias ordenados en el marco de la investigación”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas aseguró que la próxima semana pedirán nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación y continuar recabando evidencias de los delitos que se reprochan, tanto funcionarios públicos como a los gerentes de las operadoras, quienes son los principales responsables”.
En febrero pasado activistas de Greenpeace Argentina realizaron una protesta en un basural de la empresa petrolera, ubicada a cinco kilómetros de Añelo, para denunciar la contaminación. Al mismo tiempo reclamaron a las empresas de Vaca Muerta que “dejen de contaminar la Patagonia con residuos tóxicos”.
Leonel Mingo, miembro del programa de Clima y Energía de la organización, pidió que las empresas petroleras “dejen de contaminar el ecosistema de la Patagonia con sus residuos tóxicos y se cierre este basurero que viola leyes provinciales y nacionales”. Según Greenpeace, el “vertedero tóxico” es un predio de 13,6 hectáreas en el que se depositan “residuos peligrosos que no son tratados con las regulaciones correspondientes que exige la Ley Provincial de Neuquén 1875”.
Además habían denunciado que la descarga de los residuos se realiza en el suelo “sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” y que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores”.
Detallaron que en los residuos se hallaron “hidrocarburos, componentes volátiles y metales pesados que podrían alcanzar a comunidades cercanas al vertedero”.
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Más fallos contra las fumigaciones cerca de los colegios
Sin fumigaciones cerca de los colegios
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Entre Ríos
El STJ de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, contra la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto que flexibilizó las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia, mediante la cual se declaró la nulidad parcial el decreto 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos "Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno - Acción de Amparo".
De este modo, la Sala del STJ rechazó el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18 que estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas a quinientos metros.
Cabe recordar que, en abril último, el camarista Andrés Marfil resolvió que el decreto era inconstitucional por violación de la “cosa juzgada” al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado primero por el integrante de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, y ratificado por el STJ. Dicha decisión prohibió la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial, a fin de que se declare la nulidad y se revoque el decreto 4407/2018, por el cual el Poder Ejecutivo estableció distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales.
Los amparistas esgrimieron que el texto "viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos". Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
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Fumigaciones: repudiables declaraciones del agro entrerriano
Entre Ríos: insólita defensa de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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