Trabajan para que Argentina sea reconocida por la UE como país sin riesgo de deforestación

Fecha de Publicación: 13/06/2023
Fuente: Portal economis.com.ar
Provincia/Región: Nacional


El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se reunió con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para elaborar en conjunto un documento de Declaración País para que la Unión Europea reconozca a la Argentina como país sin riesgo de deforestación.
Bahillo coincidió con el pedido de la SRA y sostuvo “nuestros altos estándares ambientales son reconocidos a nivel mundial en cada misión que realizamos”, y agregó “vamos a trabajar en conjunto con la SRA para poder acelerar los tiempos del reconocimiento por parte de la Unión Europea”.
Participaron de la reunión también el vicepresidente, Marcos Pereda; y el subcoordinador de la Comisión de Sostenibilidad, Andrés Costamagna.
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¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?

Fecha de Publicación: 12/06/2023
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La trazabilidad es un aspecto clave para evitar la sobrepesca y minimizar el impacto ambiental. Según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, al que accedió AIM, los sistemas de trazabilidad de diferentes tipos de productos están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando.
Entonces, ¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?
1) Porque el 36 por ciento del pescado comercializado en las principales ciudades de la Argentina está mal etiquetado o es sustituido x otras especies no declaradas, como tiburones y rayas.
2) Porque la trazabilidad es una herramienta que permite diferenciar en los mercados de destino a los productos legales de los de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que practican las flotas de aguas distantes, mayoritariamente chinas.
3) Porque tres los principales mercados de destino de la pesca argentina, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ya cuentan exigencias de rastreo y están haciendo más estrictas sus políticas de trazabilidad.
4) Porque las flotas que realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada están asociadas al crimen organizado, la violación de los derechos humanos de sus tripulaciones y a la devastación del mar.

Qué es la trazabilidad
Según el estudio, al que accedió AIM, existe una vasta experiencia en trazabilidad en diferentes sectores de la industria alimenticia. En la pesca, estos esquemas implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y cómo atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo, dónde y cuándo (se) pesca, procesa y transporta.
Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la rastreabilidad o el seguimiento de productos; pueden ser en formato impreso, pero en la actualidad se avanza rápidamente hacia sistemas informáticos y la utilización de Blockchain.
Existe una bibliografía especializada que contiene múltiples descripciones detalladas de los sistemas de rastreabilidad existentes en varios sectores alimentarios, y existe un consenso general sobre qué atributos podrían o deberían poseer dichos sistemas.
Un sistema de rastreabilidad para productos alimentarios debería ser capaz de:
· dar acceso a todos los atributos2 de un producto alimentario, no solamente aquellos que se pueden verificar en forma analítica;
· dar acceso a los atributos de un producto alimentario o un ingrediente en todas sus formas y en todos los eslabones de la cadena de suministro, no solamente a nivel de lote de producción; facilitar la rastreabilidad hacia atrás (¿de dónde proviene el producto?) y hacia adelante (¿a dónde fue?)
Cabe destacar que se prevé que el segmento de la pesca sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de trazabilidad de alimentos en los próximos años. Según las directrices recientes de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, la trazabilidad es ahora (y cada vez más) un mandato para todas las empresas que operan en el mercado de productos del mar y la pesca.
La industria alimentaria está cada vez más impulsada por la demanda de los clientes que buscan alimentos seguros y, frente a ello, establecer un sistema de trazabilidad sólido para minimizar la producción y distribución de alimentos inseguros o de mala calidad resulta una respuesta adecuada.
En el caso de los productos del mar, además, la ocurrencia y las implicancias de la captura ilegal y el etiquetado incorrecto se han vuelto más visibles en los últimos años debido a la mayor atención de los medios y los esfuerzos de la industria, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los gobiernos para combatir estos problemas.
Además, se han documentado abusos de los derechos humanos, como la trata de personas y el trabajo forzoso, en algunas cadenas de suministro de productos del mar. Las oportunidades de fraude, como etiquetar incorrectamente a sabiendas del nombre de la especie o el método de captura, también están aumentando a medida que se desarrollan nuevas pesquerías y las cadenas de suministro se vuelven más complejas.
En el mercado mundial de alimentos altamente globalizado de hoy, el pescado sigue un largo y sinuoso camino desde el océano hasta el consumidor. A menudo se envía a grandes distancias, visita múltiples puertos y cambia de manos entre varios corredores, procesadores y minoristas antes de que finalmente llegue al plato del consumidor
El fraude de los productos del mar se presenta en diferentes formas:
· la sustitución de especies, a menudo un artículo de bajo valor o menos deseable es vendido en lugar de una opción más costosa o deseable ya que, una vez que el pescado está fileteado, su especie puede ser difícil de determinar;
· el etiquetado incorrecto, que incluye ocultar el verdadero origen de los productos -se etiqueta incorrectamente el nombre de la especie, el país de origen, para evitar regulaciones y tarifas, o incluso para colar pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro-;
· el agregado de empanizado, agua u otros a los productos del mar para aumentar su peso aparente -los procesadores suelen agregar una capa de hielo o un conservante para mantener fresco un producto de mar, una práctica normal y legal. Sin embargo, cuando un procesador usa exceso de hielo o aditivos -remojo- e incluye ese peso con el peso neto de los productos, eso es un fraude-.

Trazabilidad en Argentina
Existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas en nuestro país que han avanzado en la trazabilidad de los productos de la pesca.
Sin embargo, la Argentina no cuenta con un sistema unificado, institucionalizado y establecido en su legislación nacional para la totalidad de la cadena. En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado dos proyectos de ley que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría de los puntos esenciales. A diferencia de cualquier otro tipo de instrumento, una ley marco elaborado a partir de la participación de todos los sectores involucrados contribuiría a dar seguridad a todos los actores de la cadena sobre las implicancias del sistema, y colocaría al país entre las naciones más responsables en la actividad pesquera, lo que redundaría en beneficios económicos, ambientales y reputacionales.
Dicho de otro modo, una ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura dotaría al Estado argentino de un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no reglamentada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico.
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El Ministerio de Ambiente y el Banco Nación crearán una línea de financiamiento para la transición ecológica en empresas

Fecha de Publicación: 07/06/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La medida es parte de la labor de la Gerencia de Transición Ecológica, la primera en el sistema bancario del país que busca facilitar el pasaje hacia la economía baja en carbono y proporcionar líneas de crédito e instrumentos de inversión basados en principios de sustentabilidad.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y la presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis, firmaron un convenio de colaboración para generar una línea de financiamiento con bonificación de tasa a proyectos privados que reconviertan estructuras productivas, minimicen su impacto ambiental, implementen medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mitiguen o remedien pasivos ambientales resultantes de su propia actividad, en el marco de la creación de la primera Gerencia de Transición Ecológica de la entidad bancaria.
Cabandié y Batakis, junto a Mauro Steve, director ejecutivo de la empresa Nexina S.A., realizaron una recorrida por las instalaciones de la firma ubicada en Benavidez, provincia de Buenos Aires, dedicada a la producción y comercialización de electrodomésticos, movilidad y afines.
Luego de la rúbrica, Cabandié felicitó a la empresa Nexina por su visión de producción y generación de empleo, además de promover la sostenibilidad en su línea productiva. En ese marco dijo: "Para nosotros no hay nada más lindo que abrazar en conjunto ideas que se marcan en el peronismo que son el empleo, el trabajo y la producción”. Y resaltó el trabajo de Batakis: “Silvina va a ser la primera presidenta del BNA que generó la Gerencia de Transición Ecológica y la que más impulsó una línea vinculada a la sostenibilidad en la agenda del presente y del futuro”.
Además, el ministro sumó: “Hoy no podemos pensarnos si no atravesamos el concepto de sostenibilidad. El banco dio un primer un primer paso muy importante. La gerencia no solo está pensada en pos de mejorar la eficiencia energética, la captación quizás de un edificio de aguas grises para no utilizar agua corriente, la captación solar, sino también en algo que nos interpelan como un desafío”. En tanto, remarcó que junto con la Gerencia de Transición Ecológica: “Vamos a financiar la tasa que va a otorgar el BNA a los proyectos de producción nacional que tengan criterios de sostenibilidad en su línea productiva. Eso es un hito, nunca se había hecho y creo que este tiempo nos obliga, nos interpela a seguir con esta agenda. Sigamos en este camino de pensar en el presente y en el futuro”.
En tanto Batakis expresó: "Como banca pública asumimos el compromiso y el cuidado del ambiente, y pretendemos tener un rol protagónico en el cambio hacia la sustentabilidad, uno de los requisitos que empiezan a ser exigidos en todas partes del mundo”.
A su turno, Steve agradeció el apoyo recibido y expresó: “Empezamos a construir una planta en Campana para producir termotanques eléctricos y solares con tecnología de punta”, y agregó: "Este proyecto nos ubicará en la vanguardia tecnológica en lo que refiere al calentamiento del agua. Creemos en la sustentabilidad, en que tenemos que dejar algo mejor para nuestros hijos. Debemos seguir avanzando y materializar la visión de empresa que tenemos como propósito. Vamos por mas industria nacional sustentable”.
El objetivo del convenio es establecer la colaboración entre ambas instituciones, en acciones de cooperación, complementación e intercambio de información y promover la elaboración de programas de gestión conjunta para la promoción del desarrollo sostenible.
Las beneficiarias serán micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con el certificado MiPyME y sean clientes del BNA. En tanto, la cartera ambiental de la Nación subsidiará la tasa de interés de préstamos para proyectos de reconversión industrial. Para ello, le transferirá al BNA el monto correspondiente al subsidio de tasa de los proyectos aprobados por ambas partes.
También estuvieron presentes por parte del Ministerio de Ambiente el Director General de Administración y Finanzas, Federico Waltos; funcionarias de la Secretaría de Energía de la Nación; por parte del Banco de la Nación Argentina participaron la gerenta general, María Barros, el gerente de Transición Ecológica, Cristian Deus y Karina Angeletti , gerenta de Investigaciones Económicas.
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Alfredo Aydar: "Presentamos una nueva denuncia por daño ambiental en la cuenca del río Salí Dulce"

Fecha de Publicación: 03/06/2023
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


En una entrevista para Libertad de Opinión, el abogado informa la denuncia que realizaron a la Sociedad de Aguas de Tucumán.
El Abogado Alfredo Aydar, expresó sus fundamentos para presentar una nueva denuncia contra la contaminación ambiental y como afecta a la sociedad.
"Realizamos la presentación ante la Justicia Federal de Santiago del Estero, ya que es el lugar donde tengo mi domicilio y soy oriundo, y donde los efectos de este daño ambiental recaen principalmente en la cuenca del río debido a los residuos que provienen de San Miguel de Tucumán", afirmó Alfredo.
"Un informe realizado por especialistas demuestra de manera contundente la contaminación del agua, incluso con restos de excrementos, siendo este el objeto de estudio en nuestra institución. Esperamos que la justicia tome las medidas pertinentes. Es crucial tomar conciencia en este momento en el que otras provincias no le otorgan la suficiente importancia a los delitos ambientales", dijo el abogado.
Para finalizar afirmó: "Esperamos que la justicia tome las medidas pertinentes. Es crucial tomar conciencia en este momento en el que otras provincias no le otorgan la suficiente importancia a los delitos ambientales. Denunciamos a la Sociedad de Aguas de Tucumán y a todos sus directivos, quienes son solidariamente responsables. También señalamos a todos los funcionarios tucumanos que tienen esa responsabilidad y no la han cumplido."
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Más de 7 años de prisión para un empresario tucumano acusado de contaminación

Fecha de Publicación: 25/05/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero dará a conocer este martes el veredicto en un juicio histórico contra un empresario tucumano acusado por la contaminación del pueblo El Palomar, departamento Jiménez, con el vuelco de millones de litros de vinaza del ingenio La Florida, un hecho por el cual la Fiscalía pidió una condena a 7 años y 6 meses de prisión.
Se trata del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, quien es juzgado junto a otros acusados en el marco de un debate que proseguirá con los alegatos de la defensa, las últimas palabras de los imputados y el veredicto.
En la jornada del lunes, la fiscal general federal Indiana Garzón, acompañada por el auxiliar fiscal Pablo Álvarez, solicitó la pena de prisión de 7 años y 6 meses para Rocchia Ferro, mientras que, para el gerente de esa planta fabril, José Ramón Coronel, pidió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados infringieron los artículos 55 y 57 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos por el vuelco de los desechos, que resultaron perjudiciales para el medio ambiente.
Además, se solicitó una reparación integral económica, tomando como antecedente el ofrecimiento millonario que había realizado Rocchia Ferro en 2018 para que le aceptaran una 'probation'.
Ese ofrecimiento incluía obras en la comunidad de El Palomar, y realizar una inversión para dotar de elementos a los equipos técnicos que monitorean que no haya contaminación en la Cuenca Salí-Dulce, y para el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología Ing. Néstor René Ledesma de Las Termas.
Tanto al pedido de pena, como al de reparación, realizado por la fiscal Garzón, adhirió la querella, representada por los abogados Ricardo Pérez Neme y Marcelo Acuña.
Tanto a Rocchia Ferro como a Coronel se los responsabiliza por el vuelco de 80 millones de litros de vinaza en el canal público interprovincial del Este y que desemboca en el pueblo El Palomar, departamento Jiménez.
El tribunal que conduce este debate está compuesto por los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez.
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Un fallo podría reabrir el proceso de remediación del plomo en San Antonio Oeste

Fecha de Publicación: 24/05/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El pasivo ambiental pertenece a una firma que dejó de existir, la fundidora Geotécnica. Aseguran que las partículas en suspensión afectan la salud de vecinos.
La remediación del plomo y otros metales pesados abandonados en San Antonio desde hace décadas podría retomarse, si prosperase un fallo de la Cámara Federal de General Roca. Para que eso ocurra, esa decisión debería ser refrendada por el juzgado federal de Viedma, en el que ahora está subrogando el juez Ezequiel Andreani.
El pasivo ambiental que contamina pertenece a una firma que dejó de existir, que es la exempresa fundidora Geotécnica. Sus partículas se aspiran constantemente junto al polvo en suspensión y afectan a la salud de toda la población, aunque influyen más que nada en las embarazadas y en los niños.
Es que éstos últimos las metabolizan como si fueran calcio y las fijan a sus huesos. Eso provoca baja talla, dolencias en los riñones, en la médula ósea, bajo coeficiente intelectual y dificultades de aprendizaje.
Se comprobó también (mediante estudios realizados por los ministerios de salud de Nación y de Río Negro) que son muchos los chicos que tienen plomo circulando en su sangre, producto de esa fuente nociva.
Luego de años de reclamos, el saneamiento del plomo se inició en 2017, pero se interrumpió abruptamente. Se hizo mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fue abordado de manera conjunta por el municipio, la Provincia y la Nación. Sin embargo, la firma Taym SA, que fue la elegida para su ejecución, alegó que los fondos otorgados eran insuficientes, y abandonó las obras sin completarlas.
La remoción parcial acrecentó el problema, porque el movimiento de suelos hizo que las partículas tóxicas se difundiesen más. En 2018, la multisectorial de vecinos que se había conformado presentó un recurso de amparo ante la justicia federal, pidiendo retomar la obra. Tuvieron que esperar cuatro años para que ese fuero se expidiera. Lo hizo mediante un fallo del juzgado federal de Viedma, en el que por entonces subrogaba el juez Hugo Greca.
El magistrado rechazó la petición, analizándola desde un punto de vista que ahora cuestionó la cámara federal de Roca. Es que Greca alegó que ya existía un pedido similar en la justicia rionegrina, que oportunamente le ordenó al municipio y al Ejecutivo provincial que arbitraran los medios para quitar los contaminantes.
Esa orden a la que el juez aludía, sin embargo, se había hecho pública en la instancia en la que se tramitaban los fondos con los que luego el Estado pagó la remediación fallida. La negativa de Greca fue apelada por la multisectorial porque incluso, como si tratara de un castigo, en ella obligaba a cuatro de las vecinas que firmaron el amparo a pagar por las costas del proceso judicial iniciado. Sobre esa apelación se pronunció el fuero de Roca, que pidió que Nación remedie.
Ahora toda la expectativa de la comunidad de San Antonio está puesta nuevamente en el juzgado federal de Viedma. Se espera que el juez que actualmente lo subroga comparta el criterio de Roca, y le ordene a Nación que el saneamiento se reinicie.

Plomo en San Antonio Oeste: “Mientras no se actúe, los chicos seguirán expuestos”
“No sabemos cuánto tardará en expedirse el juzgado federal de Viedma. Pero esperemos que sea en breve, porque mientras no se actúe, más chicos seguirán expuestos al plomo. No es lo mismo hacerlo ahora que dentro de dos años”, alertó la ingeniera Patricia Llonch en diálogo con Río Negro Radio. La mujer integra la multisectorial de vecinos que aboga por el saneamiento del pasivo ambiental que compromete la salud de los residentes de San Antonio.
Llonch se mostró complacida con la remediación que se retomó en las dos manzanas dónde décadas atrás funcionó la ex empresa fundidora y recordó que “el saneamiento que quedó inconcluso no había logrado intervenir para nada en las calles y veredas que fueron parte de ese sector”. “Ahora, pese a que el avance es lento, se está ejecutando un adoquinado. Una vez finalizado, esos metales no van a estar disponibles tal como ocurre hoy”, destacó la ingeniera.

Plomo en San Antonio Oeste: un saneamiento parcial que avanza en dos manzanas
El recurso de amparo que sigue tramitándose en la justicia incluyó una medida cautelar que, oportunamente, fue aprobada. Lo que pedía era retomar, inicialmente, la remediación de dos manzanas en las que décadas atrás funcionó la planta fundidora Geotécnica.
Pese a que esa cautelar fue aprobada poco tiempo después, la obra recién se puso en marcha en octubre del año pasado. Aún no se terminó de ejecutar, pero sigue avanzando.
Se trata de la pavimentación con adoquines de los sectores que están poco después del acceso. La está realizando la empresa Step Energy, que primero hará una remoción del suelo contaminado para luego aislar el área adoquinándola, ya que la polución se aspira junto con el polvo en suspensión.
Las tareas tienen un presupuesto de 188 millones de pesos e incluyen la realización de una capa cementicia sobre la que se pondrá arena antes de cementar. Además, se trabajará en una ordenanza que determinará de qué modo tendrán que manejarse los frentistas que, a futuro, quieran realizar innovaciones.
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Empresarios azucareros tucumanos irán a prisión por contaminación

Fecha de Publicación: 16/05/2023
Fuente: Tucumán a las Siete
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Dos empresarios fueron condenados por contaminación con residuos peligrosos en el ambiente en general y de aguas fluviales de la cuenca Salí Dulce.
Dos empresarios fueron condenados en las últimas horas por la contaminación de agua en la cuenca Salí-Dulce en la provincia de Tucumán, a raíz de la actividad de azucarero La Trinidad. Fue una investigación iniciada por el fiscal Pablo Camuña ante el Tribunal Oral Federal que tuvo a cargo el juicio, por denuncias de contaminación en el ambiente y las aguas de la cuenca Salí-Dulce desde el 2007.
Por la actividad azucarera, en noviembre de 2011 murieron cuatro toneladas de peces en el embalse de Río Hondo, principalmente por los líquidos peligrosos que fueron vertidos en la cuenca.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Oral Federal de Tucumán, María Noel Costa, Abelardo Basbús y Enrique Bothamley, condenaron a cuatro años al empresario Luis Alberto Drube y de cuatro años y seis meses para Santiago Daniel Gasep, por contaminación con residuos peligrosos en el ambiente en general y de aguas fluviales.
En el juicio, la fiscalía los acusó por haber vertido efluentes industriales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca Salí-Dulce.
Es la tercera vez que el Ministerio Público Fiscal requiere condena en este caso, luego de dos sentencias absolutorias, ya dictadas por el tribunal con otra integración, y que fueron revocadas en reiteradas veces por la Cámara Federal de Casación Penal.
Así en este tercer juicio sí se impusieron las condenas pedidas por la fiscalía. Para la fiscalía se acreditó que los residuos industriales de La Trinidad (vinaza) eran residuos peligrosos y que para 2007 no eran debidamente tratados por parte del ingenio pese a la normativa y los planes de producción limpia y de reconversión suscriptos desde antes, según el sitio fiscales.gob.ar.
En el expediente, el fiscal sostuvo que fue acreditado que los residuos peligrosos circulaban por un canal a cielo abierto por distintas poblaciones y se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas sobre seguridad e higiene.
“También precisó que tanto el canal como la laguna desbordaban y que esos vertidos terminaban en el río Chico o Medina, y que al menos una vez durante 2009 se volcó directamente al río Gastona. Ambos ríos forman parte de la cuenca Salí-Dulce y terminan su trayecto en el dique Frontal de Santiago del Estero”, sostuvo la fiscalía.
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Atanor deberá pagar una millonaria indemnización al Estado argentino por contaminar el río Paraná

Fecha de Publicación: 15/05/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás impuso a la empresa productora de herbicidas Atanor SCA el pago de 150 millones de pesos de indemnización al Estado Argentino por contaminar de manera "irreversible" el río Paraná.
El monto será destinado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que lo invierta en programas de control, protección y conservación del ecosistema dañado, indicó el dictamen judicial.
El fallo se conoció, luego de que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, aceptara el pedido de indemnización sustitutiva solicitada en una demanda ambiental interpuesta por la Asociación Civil Foro Medio Ambiente (Fomea).
"Se trata del primer fallo de la historia que impone una condena de indemnización sustitutiva de estas características por el daño causado al río Paraná", afirmó a Télam, el abogado patrocinante, Fabian Maggi.
Para fijar el monto de la indemnización que la empresa deberá pagar, la Cámara ponderó en su fallo que fue probado que el daño al río Paraná es "irreparable o irreversible".
A su vez, precisó que la empresa mantuvo un accionar ilegal de manera sostenida durante varios años, "pese a las medidas cautelares que se dictaron, a los apercibimientos de aplicar sanciones pecuniarias para disuadirla y para evitar el agravamiento en el recurso natural del Río Paraná que baña las costas de importantes zonas urbanas, exhibiendo un obrar negligente por parte de una empresa".
En ese sentido, Maggi apuntó: "La conducta negativa de la empresa que lejos de buscar solucionar el problema, siempre presentó trabas dentro del expediente con falsedades y datos erróneos", y consideró que "en definitiva, siempre trató de ocultar la contaminación que ellos sabían que generaban".
Durante los ocho años que tramitó la causa judicial, los numerosos análisis realizados por el Conicet, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Policía Federal Argentina, determinaron que Atanor funcionaba en un marco de "ilegalidad", y que la contaminación del río Paraná se produjo a través del vuelco de los efluentes líquidos industriales.
La prueba recabada demostró la presencia de la sustancia química Atrazina "en valores superiores a los permitidos para protección de la biota acuática en aguas superficiales del río Paraná".
La pericia llegó a la conclusión de que la planta de agroquímicos volcó "desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática", todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003) que establece el nivel guía de calidad para Atrazina en cursos de aguas superficiales.
"La reciente sentencia de la Cámara va a traer repercusiones a nivel productivo en muchas industrias que están ubicadas sobre el río Paraná y que sabemos que contaminan -muchas de ellas ya están judicializadas- de igual manera que Atanor o incluso con mayor gravedad", apuntó Maggi.
Para el abogado de Fomea, la importancia de la sentencia judicial, "permitirá trabajar con mayor potencia en la protección del medioambiente y el cuidado de los recursos naturales".
"Se sienta un precedente judicial, pero que también extiende su influencia a otros campos, porque presuponemos que muchas de las empresas importantes sobre las que pesan denuncias por contaminación, tendrán que reevaluar su situación ante la consolidación de este tipo de penalidades", indicó.
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Pocos avances a siete años de la Ley de Envases Vacíos de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 12/05/2023
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Los referentes del tema resaltaron la importancia de no volver atrás, sin embargo hay provincias que todavía no se adhirieron a la ley. En 2022 se rescataron casi 4 mil toneladas de bidones de los campos del país.
Allá por 2016 se reglamentó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, dado su nombre, que establece un orden respecto de los residuos de los envases de productos fitosanitarios, principalmente usados en la agroindustria de nuestro país.
Dicha ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada, quedando comprendidos en los alcances de la presente ley todos los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el territorio nacional, los que deberán ingresar a un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el articulado siguiente.
Entre otras cosas, la ley tiene como objetivo garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente y asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente.
A poco de cumplirse 7 años desde su reglamentación, la Asociación Civil Campo Limpio, junto a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) realizó un cónclave donde participaron diversos integrantes de la cadena productiva argentina para evaluar la implementación de dicha ley y los pasos a seguir.
Durante el mismo, disertaron el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky; el presidente del INTA, Mariano Garmendia, el presidente de AIDIS Argentina, Christian Taylor, y el director ejecutivo de Campo Limpio, Ignacio Stegmann. También estuvieron presentes del debate la senadora nacional Gladys González, la jefa de gabinete de la Secretaría de Control Ambiental de la Nación, Candela Nassi; y el diputado Nacional Jorge Vara.
En este contexto, Sergio Federovisky remarcó que la Ley establece una necesidad ambiental inocultable, pero adolece de algunos aspectos: “Cómo hacemos para lograr la responsabilidad extendida del productor, y que todos los envases sean tratados como corresponde. Veníamos de la nada y hoy levantamos toneladas de plástico junto a Campo Limpio. Es responsabilidad de todos no volver atrás”, subrayó.
El titular del INTA, Mariano Garmendia habló de la necesidad de trabajar de manera integral. Sobre eso declaró: “Necesitamos un sistema de trazabilidad para los productores. Es responsabilidad de todos que se cumpla la Ley y que el plástico no quede en el juguete de un chico”.
El presidente de AIDIS, Christian Taylor comentó: “Tenemos el desafío de reducir los residuos. Hay que pensar en reciclar, en reutilizar y en descarbonizar para pensar en la sostenibilidad futura”.
Por su parte, Ignacio Stegmann, director Ejecutivo de Campo Limpio contó que hoy cuentan con más de 60 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios en todo el país. “Los productores tienen que dejarnos los envases triple lavados así nos aseguramos de que no contaminen. Ya recuperamos más de un millón de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en lo que va del año, y cada año esperamos recuperar más, con trabajo articulado y en cumplimiento de la Ley” explicó.
Hasta el momento, 111 empresas del sector ya están adheridas al Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de Campo Limpio, que representan más del 90% de los envases que se utilizan en el campo.

Casi 4 mil toneladas en 2022
Casi 4 mil toneladas de envases plásticos de agroquímicos fueron recolectados en todo el país durante el año 2022 por el Programa de Gestión Ambiental Campo Limpio, cuyo material reciclado -luego- es utilizado por la industria plástica para fabricar distintos insumos-.
Campo Limpio es un Programa de Gestión Ambiental de envases vacíos de fitosanitarios, que se implementa a partir de la Ley 27.279, sancionada en 2016 y reglamentada en 2018.
La organización nace del trabajo conjunto de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Ministerio de Agricultura de Nación, la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (que fiscalizan el sistema) y las provincias.
“Con la recuperación de los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino promovemos la sustentabilidad y el cuidado del ambiente”, comentó a la agencia Télam el gerente de Relaciones Institucionales de Campo Limpio, Juan Manuel Medina.
“Nos faltan que nos aprueben dos provincias significativas en términos agropecuarios como Santa Fe y Santiago del Estero. Hoy tenemos además 70 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases en todo el país”, precisó.
Luego reveló que desde su creación en 2019, hasta diciembre del año pasado “se recuperaron más de 7,1 millones de kilos de envases vacíos de agroquímicos”.
Explicó que los bidones vacíos de fitosanitarios, terminan “en los usos habilitados por la Ley Nacional Nro. 27279, es decir, en varillas, postes, tejas para techos, cañería para electrificación, tritubos para fibra óptica y video”.
“Actualmente estamos en 18 provincias, faltan que nos aprueben el plan dos provincias significativas en términos agropecuarias como Santa Fe y Santiago del Estero. También Chubut, Tierra del Fuego y CABA”.
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Piden cuatro años de prisión para dos empresarios azucareros por contaminar ríos

Fecha de Publicación: 10/05/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para dos empresarios azucareros tucumanos por verter residuos peligrosos que afectaron ríos que llegan hasta la provincia de Santiago del Estero mientras eran los encargados de explotar el ingenio La Trinidad entre 2007 y 2009, y el veredicto se conocerá este viernes, se informó este lunes oficialmente.
Se trata de los empresarios Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, que están acusados de verter efluentes industriales "sin tratamiento o con tratamiento deficiente" en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca Salí-Dulce, con incidencia en la provincia de Santiago del Estero.
Así lo consideraron el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, que solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán la imposición de penas de 4 años y 4 años y 6 meses de prisión para Drube y Gasep, respectivamente.
Es la tercera vez que el Ministerio Público Fiscal requiere condena en este caso, tras dos sentencias absolutorias dictadas por el mismo tribunal con conformaciones distintas, que fueron revocadas y anuladas por la Cámara Federal de Casación Penal en 2016 y 2019.
Para este juicio, el tribunal está compuesto por María Noel Costa, Abelardo Basbús y Enrique Bothamley, quienes darán a conocer el veredicto el viernes próximo, indico el MPF.
En la jurisdicción, no hay antecedente de un juicio que haya tenido que realizarse tres veces.

La acusación
Para la fiscalía se acreditó que los residuos industriales de La Trinidad eran "residuos peligrosos" y que para 2007 no eran "debidamente tratados" por parte del ingenio pese a la normativa y los planes de producción limpia y de reconversión suscriptos con anterioridad.
La fiscalía consideró comprobado que para el 2007 esos efluentes peligrosos eran además conducidos por un canal a cielo abierto por distintas poblaciones y se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas sobre seguridad e higiene, aseguraron.
También se precisó que tanto el canal como la laguna desbordaban y que esos vertidos "terminaban en el río Chico o Medina" y, al menos una vez durante 2009, se volcó directamente al río Gastona.
Ambos ríos forman parte de la cuenca Salí-Dulce y terminan su trayecto en el dique Frontal de Santiago del Estero.
Los empresarios imputados, encargados de la explotación del ingenio durante esos años, habían sido sancionados administrativamente en varias oportunidades, según indicó la fiscalía, que también apuntó que con "su accionar doloso adulteraron y contaminaron el suelo, las aguas y el ambiente, con lo cual generaron un riesgo a la salud pública".
Además del pedido de penas, la fiscalía también solicitó que se investigue a Alfredo Montalbán, secretario de Medioambiente de la provincia de Tucumán, que declaró como testigo en la causa, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
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Piden indagatoria para directivos de Atanor y funcionarios por contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/05/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires


El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello pidió el llamado a declaración indagatoria de seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales, a quienes imputó por su presunta responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona, se informó hoy oficialmente.
En la presentación realizada al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, el fiscal responsabilizó a los seis integrantes de la firma química (de quienes no se difundió sus identidades), en sus calidades de directivos y encargados de la planta nicoleña, por “haber contaminado -por lo menos- hasta el 16 de julio de 2020 el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire”.
El fiscal advirtió que esa contaminación se realizó mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual “puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León” de la localidad de San Nicolás.
Durante la investigación, que se inició en junio de 2014 por la denuncia de habitantes de San Nicolás, se detectó presencia de herbicidas e insecticidas: atrazina en las muestras químicas del agua, y cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo, según se informó en la web oficial del Ministerio Público Fiscal.
Hace nueve años, los denunciantes solicitaron que se investigara a la firma química por “infracción a la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, Ley N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre y por la comisión de delitos contra la salud pública previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación”.
Entonces, las y los vecinos manifestaron que, desde hacía varios años, la planta de Atanor “generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados” y también denunciaron que “abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas”.
En ese marco, las personas denunciantes expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.
El fiscal además de culpar a los directivos de Atanor, imputó cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control por “haber incumplido” con la misión que le competía por las funciones desempeñadas, entre las que menciona “la fiscalización, ejecución de la política ambiental y preservación de los recursos naturales y al desarrollo de acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo”.
Y agregó: “Y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental; y a la fiscalización de los organismos que tengan a su cargo aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo”.
Di Lello también pidió la declaración indagatoria de tres presidentes de un organismo de supervisión provincial “por haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N° 12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua”.
En su presentación, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua” y advirtió que “tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes”.
El Ministerio Público Fiscal no informó los nombres de los funcionarios provinciales imputados.
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Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para nacionalizar el litio

Fecha de Publicación: 05/05/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La propuesta busca declarar "de interés público nacional" todos los actos relativos al mineral y sus derivados. Fue presentada por Juan Carlos Alderete y cuenta con el apoyo de una decena de diputados oficialistas.
Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone nacionalizar las reservas naturales de litio y sus derivados debido al carácter estratégico que tiene el mineral para el desarrollo del país. Argentina es uno de los principales actores en el mercado del mundo ya que posee cerca del 20% de las reservas globales.
La iniciativa es encabezada por el líder de la Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, y cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.
El texto refiere "a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio económico e industrial de la República Argentina" y declara "de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados".
"Está en marcha una feroz disputa entre potencias hegemónicas que, a través de sus empresas monopólicas, saquean el litio argentino y profundizan la dependencia", dijo el diputado en el proyecto, en el que aludió al proyecto presentado la semana pasada por el presidente chileno, Gabriel Boric, que otorga al Estado un papel protagónico en la explotación del litio.

Triángulo del litio
Chile, junto con Bolivia y Argentina, constituye el llamado triángulo del litio por la abundancia de sus reservas del llamado "oro blanco", esencial para las baterías de los vehículos eléctricos.
Alderete consideró que es "imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios".
Ante quienes cuestionan la inviabilidad de la propuesta, Alderete dijo que "esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía".
Al mismo tiempo, el legislador oficialista dijo estar convencido de que "hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles y nos exige estar a la altura, y sobre todo tomar las medidas que se deban tomar".
Respecto de las concesiones vigentes otorgadas a las empresas privadas, establece que estarán "plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación".
Argentina integra junto a Chile y Bolivia el denominado "Triangulo del litio" donde se concentran el 65% de los recursos mundiales de dicho mineral. Se trata de uno de los cuatro grandes productores mundiales de derivados de litio y cuenta con más del 20% de las reservas globales.
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Comenzó el juicio contra el empresario tucumano Rocchia Ferro en Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 05/05/2023
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Santiago del Estero


El dueño del ingenio La Florida está acusado del vuelco de millones de litros de vinaza en el canal de drenaje conocido como "Canal del Este".
Con el testimonio del ex Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval, comenzó este martes el juicio que la Justicia Federal lleva a cabo contra el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, dueño del ingenio y destilería La Florida.
El hecho que se investiga y por el cual está acusado Rocchia Ferro es el derrame de más de 80 millones de litros de vinaza entre fines de 2012 y principios de 2013 en el Canal del Este, un canal de drenaje interprovincial. Esto afectó a las localidades de El Palomar y El Arenal, de la vecina provincia.
Díaz Achaval, quien hace siete años dejó de ser Defensor del Pueblo y pasó a presidir el Tribunal de Cuentas de Santiago, dio declaraciones a la prensa luego de su declaración testimonial. Según narró, "la contaminación de Tucumán terminó en Santiago por fuera de la cuenca del Salí Dulce; a partir del acta que se labró en ese momento (2013), en la que participé personalmente y participaron autoridades de Tucumán, no volvieron a ser utilizados como reservorios de vinaza". Díaz Achaval explicó la magnitud de la contaminación: "En ese momento este ingenio (La Florida) nomás producía 30 mil metros cúbicos de biocombustible, hoy produce 140 mil; así que si no hubiésemos hecho esa actuación administrativa, imaginemos lo que hubiese sido si en estos diez años seguían teniendo ese lugar". Si bien lamentó "que la Justicia llegue diez años después" destacó que "más vale tarde que nunca, hoy se lleva a juicio esta situación".
Sobre lo ocurrido hace una década, el denunciante afirmó que "Tucumán tenía una demanada civil, habían ordenado que no depositen en estos canales públicos, el gobierno de Tucumán había hecho actas de inspección, habían intimado a que no lo hagan más y (los ingenios) tenían medio millón de litros de vinaza almacenada". En aquellos meses, noviembre y diciembre de 2012, "detectamos un fuerte vuelco en Santiago, constatamos que podría ser vinaza y dos o tres días después, Tucumán nos informa de este medio millón que ellos mismos habían constatado que había una baja". Luego de esto, "pusimos en vistas a la Fiscalía de Estado, que lleva la denuncia a sede penal, constituyéndose como querelllante". Sin embargo, aquel vuelco fue el primero pero no el único: luego de las investigaciones y las constataciones, "vuelve a haber otro vuelco, se vuelve a constatar, y a fines de enero se labra el acta, que ya no quedaban reservorios y que habían logrado evacuar medio millón de litros de vinaza en treinta días". "Si nosotros no hubiésemos hecho las gestiones administrativas en ese momento, toda esa vinaza hubiese terminado en el lago de Las Termas", enfatizó Díaz Achaval.
Finalmente, señaló que "han pasado un montón de cosas en el camino y por fin llega a juicio, esperemos que las otras causas deriven en algún momento en las sanciones penales que correspondan, mientras tanto podemos afirmar que no hay la cantidad de vinaza en el embalse que había antes".
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El Riachuelo en estado crítico: en 2022 se retiraron 3.500 toneladas de basura

Fecha de Publicación: 03/05/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


Un relevamiento marcó la actualidad del río, que se encuentra lejos de volver a su estado natural. Sólo en diciembre del año pasado se extrajeron más de 500 toneladas.
El Riachuelo continúa en un estado de sufrimiento por los residuos volcados o arrojados a su cauce y los números relevados en 2022 marcan que está lejos de volver a su estado natural: el año pasado se retiraron casi 3.500 toneladas de residuos del agua, principalmente plásticos y ramas.
Según los datos de la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR), el año pasado se retiraron y dispusieron un total de 3.402 toneladas del espejo de agua del cauce principal, desde la Ruta Provincial N.º 4 hasta el límite hidrográfico aprobado por Resolución Acumar N.º 1113/2013.
Mientras tanto, el organismo a cargo de Martín Sabatella lleva a cabo diversas tareas con el objetivo de mejorar las condiciones del Riachuelo: se emplean barreras de retención, embarcaciones (barcazas con grúas y grampa tipo almeja y catamaranes con pala cargadora frontal) y guinches de arrastre giratorio con grampa almeja (grúas) ubicados en los obradores de Puente Bosch y Alsina.
Acumar indica que las herramientas dispuestas lograron la extracción de ramas, restos forestales y desmalezado, plástico, pañales y apósitos, neumáticos fuera de uso, textiles, madera, envases metálicos, vidrio y otros, como cartón o telgopor, en ese orden de abundancia.

Riachuelo: ¿cuántas toneladas se extraen por mes?
Según un informe elaborado por Acumar, sólo en diciembre pasado se extrajeron 550 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes del cause principal, en lo que representó el mes con mayor colección de basura del agua en todo 2022.

¿Cómo llega esa basura al Riachuelo?
Gran parte de los desechos provienen de distintos arroyos: Arroyo del Rey, Arroyo Mujica, Arroyo Ortega, Canal Huergo, Arroyo Santa Catalina, Arroyo Aguirre, Arroyo Dupi, Arroyo Susana, Arroyo Don Mario, Arroyo Las Víboras, Arroyo Morales, el Viejo Cauce Matanza sobre el Barrio José Hernández y sus afluentes, ubicados en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría y Merlo.
Acumar lleva a cabo estudios que tienen como objetivo conocer detalles sobre el tipo de residuos extraídos del agua para establecer determinadas políticas que pueden llevar al saneamiento del agua.
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Argentina "repiensa" acuerdo con FMI por cláusula de cambio climático

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El presidente argentino, Alberto Fernández, explicó este lunes que su Gobierno está "repensando" el programa con el FMI porque el acuerdo tenía una cláusula de "cambio climático", que en Argentina se tradujo en una sequía histórica y que impide cumplir con las condiciones acordadas con el organismo.
"Es el enorme trabajo que está haciendo" el ministro de Economía, Sergio Massa, "en función de aquella cláusula", dijo Fernández en un acto en la localidad de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires, después de que el titular de la cartera volviera de una gira por Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Fernández recordó que el programa con el FMI acordado en marzo de 2022 para refinanciar deudas por 45.000 millones de dólares tiene una cláusula que indica que si las condiciones económicas que ese programa proyectan no se cumplen por razones ajenas a la voluntad argentina, es necesario "repensar el programa".
"Específicamente", se estipuló que "el cambio climático" es una de las razones que pueden producir un desfase en el programa y que en Argentina se llama "sequía", explicó Fernández.
Un déficit de lluvias por tercer año consecutivo en el verano (austral) redujo la producción de uno de los principales productores y exportadores agropecuarios del mundo, por lo que podría perder unos 20.000 millones de dólares en exportaciones, en un país con escasez de divisas, y la consecuente caída en la recaudación, que podría profundizar su déficit fiscal.
Massa estuvo desde el jueves pasado en Washington donde se reunió con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, y la subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath, también funcionarios del Gobierno estadounidense y de organismos multilaterales, que le permitió lograr financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del BM y del fondo soberano saudí.
El principal logro de la misión de Massa es que el "puente" para llegar al año próximo que acordó Fernández con Biden en la bilateral del 29 de marzo pasado "comenzó a fortalecerse de modo concreto: apoyo en los multilaterales y en el propio gobierno de EE.UU. para aumentar acceso a financiamiento y crédito, incorporando claramente el tema sequía como factor que modificó las condiciones", indicaron a EFE fuentes oficiales.
"Ese cambio de condiciones implica que también deban reverse algunos parámetros de cumplimiento y metas", agregaron.
El FMI ya había modificado las metas de reservas netas para este año, al reducir en 1.800 millones el monto de acumulación para fin de año, pero mantuvo la meta de déficit primario en 1,9 % del PBI, en tanto Argentina deberá hacer un pago neto al organismo de cerca de 4.000 millones de dólares este año.
"Se nota una actitud de mayor comprensión y apoyo de parte de Washington, tanto en lo bilateral como en lo multilateral", afirmaron las fuentes oficiales.
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Por 3° vez empresarios del ingenio La Trinidad irán a juicio por contaminación

Fecha de Publicación: 08/04/2023
Fuente: Canal 10 de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán


El fiscal Pablo Camuña, confirmó que este jueves se realizará por tercera vez el juicio contra dos de los directivos del Ingenio La Trinidad por contaminación ambiental, los cuales habían sido absueltos por los magistrados del Tribunal Oral Federal en dos oportunidades: primero en el 2015 y luego en el 2017.
Camuña explicó en su cuenta personal de Twitter “que se trata de un caso verdaderamente inédito y escandaloso” por parte de la justicia que decidió no condenar a Santiago Daniel Gasepa y a Luis Alberto Drube, quienes estaban acusados de verter desechos industriales a las aguas de la cuenca Salí Dulce y afectar la salud de los habitantes de la zona.
En un hilo de Twitter, detalló el desarrollo de la historia judicial que tuvo esta causa iniciada durante el proceso penal de 2015 en el que el TOF Tucumán, conformado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, absolvió a los imputados al considerar que no se violaba el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos.
El fallo fue apelado por los fiscales y en el 2016 la Cámara Federal de Casación, haciendo lugar al recurso interpuesto, mandó a dictar un nuevo fallo al considerar considerar de manera unánime, que los camaristas habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente.
Por tal motivo, la causa fue reenviada para que el TOF, con otra composición -integrada por los jueces Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla– dicte un nuevo fallo acorde a derecho. Sin embargo, este Tribunal volvió a exculpar, en el año 2017, a ambos empresarios, sin analizar los señalamientos de Casación y amparándose en los mismos argumentos de los magistrados anteriores.
Nuevamente, Camuña interpuso otro recurso contra el segundo fallo que absolvió a los imputados sin considerarlos responsables por contaminación de aguas y ríos, mediante el vertido de efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad, que superaron -según las pruebas- más de diez veces los valores permitidos de contaminación.
Finalmente, Casación consideró que la segunda sentencia del Tribunal Oral Federal se basó en la primera dando lugar a “un acto jurisdiccional de naturaleza escandalosa”.
“La celeridad que el caso impone, fueron 4 años más de espera, hasta que finalmente el TOFTuc fijó nueva fecha para el 3° juicio”, escribió Camuña criticando la lentitud que caracteriza siempre a la justicia y resalta irónicamente, en el último párrafo de su hilo de Twitter: “Mientras esto pasa, se habla y escribe mucho sobre la protección del ambiente”.
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Proponen crear un “fondo verde” para mitigar el cambio climático en la Ciudad

Fecha de Publicación: 08/04/2023
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Capital Federal


Se trata de una iniciativa de Hernán Reyes (VJ) mediante la cual se buscará financiar políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.
Buscando mitigar el cambio climático, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un “Fondo verde”, el cual tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.
El texto recientemente presentado se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.
De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.
Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.
Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.
Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, Reyes aseveró que “a día de hoy, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y ese número no hará más que incrementarse con el paso del tiempo. En Argentina, la concentración es aún mayor: un 92% de la población se concentra en ciudades” e indicó que “las ciudades, pese a ocupar tan sólo el 3% de la superficie del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo de energía, el 75% del consumo de recursos y de las emisiones de carbono a la atmósfera, y el 50% de la generación de residuos”.
“En ese sentido, resulta menester hoy, más que nunca, tener la creatividad y la audacia de idear nuevos mecanismos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las 3 aristas del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la ciudad futura que anhelamos”, sentenció.
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La justicia ordenó frenar las obras de ampliación del puerto de Dock Sud

Fecha de Publicación: 07/04/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires


Un juez de Morón hizo lugar a una cautelar presentada por la Fundación Biosfera, que denuncia la falta de estudios de impacto ambiental. El polémico proyecto suma un nuevo revés.
La polémica reforma del puerto de Dock Sud sumó un nuevo revés esta semana, cuando la Justicia ordenó paralizar las obras del muelle 1 al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Biosfera, que denunció que no se realizaron los estudios de impacto ambiental pertinentes para avanzar en las refacciones.
A las críticas por la celeridad con la que la empresa Exolgan S.A., actual operadora del puerto, obtuvo la licitación para ampliar las instalaciones, se suma ahora la sentencia del juez federal de Morón Jorge Eduardo Rodríguez, quien ordenó la suspensión de las obras hasta que no se realicen los estudios requeridos.
Puntualmente, en su fallo, Rodríguez ordenó que el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud suspenda el proceso de iniciativa privada presentado por Exolgan S.A. hasta no contar con el visto bueno de las autoridades, en este caso el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Al mismo tiempo, instruyó a ACUMAR, autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a realizar un control exhaustivo de la situación y notificar al juzgado.
Ante la consulta de Ámbito, el titular de la Fundación Biósfera, Horacio de Beláustegui, comentó: "La Justicia dio instrucciones al órgano de control del puerto, a ACUMAR, a la Provincia y a la empresa. Vamos a ver cómo reaccionan. Es ir avanzando gradualmente, pero tiene que haber una comprensión de la importancia que tiene el medioambiente en nuestra vida".
"No es una cosa que debemos ir expoliando permanentemente y no tenerla en cuenta. Justamente eso es el bienestar, no solamente de la población humana, sino del resto de las poblaciones", detalló De Beláustegui a este medio.
En referencia a la situación del puerto de Dock Sud, el profesor de Ecología de la Universidad de Luján explicó: "Es preservar el bien común. Debemos poner blanco sobre negro. Los proyectos se pueden hacer, pero de una manera que no impacten negativamente al bien común".
Y agregó: "La idea es preservar el biotopo y los ecosistemas, tanto naturales como urbanos. La idea es trabajar de la forma posible. No estamos en 1800: estamos en 2023, con serios problemas de cambio climático y de extinción masiva de especies".
En esa tónica, consideró que "tenemos que hacer las cosas de la forma más apropiada para no impactar negativamente, sobre todo pensando qué se puede hacer y qué se hace. De ninguna forma se trata de estar en contra del progreso y del desarrollo, para nada, pero sí dentro de un desarrollo sustentable".
"En nuestro país estamos un poco desprolijos en la gestión ambiental. En la política y en las acciones, el tema ambiental está de lado. No se mensura ni se revaloriza con la importancia que tiene. Así son los problemas que tenemos de cambio climático, de erosión de suelos, de pérdidas de biodiversidad y de falta agua, cuando realmente destruimos los humedales", añadió el especialista.
Por último, sostuvo: “No estamos desarticulados: estamos todos articulados. Debe haber una armonía entre la biocenosis, el conjunto de la capa y el biotopo, que son los servicios ambientales que recibimos naturalmente. No podemos hacernos los distraídos”.
Esta disputa no es la única en torno al puerto de Dock Sud. A comienzos de año, el Consorcio de Gestión de esa terminal publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una propuesta para reemplazar el muelle 1 por uno nuevo, con el objetivo de poder recibir a buques de mayor calado, cuyo destino actual es Brasil y Uruguay.
A raíz de esta convocatoria, distintas operadoras del sector portuario protestaron, ya que, según entendieron, se beneficiaba a Exolgan S.A., empresa perteneciente a los grupos PSA (Puertos de Singapur) y MSC (Mediterranean Shiping Company). El problema reside en que muchas de las obras a realizarse serían linderas a predios de esa compañía, lo que se traduce en una ventaja competitiva imposible de equiparar.
La licitación, que estuvo a cargo de la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Carla Monrabal, suscitó pedidos de informes ante distintos organismos por parte del diputado del PRO Héctor Stefani y también del bloque de legisladores de la UCR en Avellaneda.
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Los dueños del litio: nombres ocultos, fondos de inversión y bancos extranjeros, detrás del boom minero en Argentina

Fecha de Publicación: 05/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Nacional


Cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los principales dueños de las empresas que extraen y exportan el mineral. Además, las compañías se montaron sobre un complejo entramado de accionistas. Cuánto pagan de regalías en Catamarca y Jujuy y cuan transparentes son las gobernaciones en relación a la actividad. Una investigación de los periodistas de Ruido y Fundeps, en elDiarioAR.
El litio se ha convertido en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo, debido a su utilización en baterías para celulares, tablets, computadoras portátiles y, más recientemente, en vehículos eléctricos e híbridos.
Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de productos derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales.
 Y si bien ya existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, hasta ahora sólo dos de ellos producen y exportan los productos derivados de este mineral (carbonato y cloruro de litio).
¿Cuán transparente es esta actividad en esos dos casos, constituidos en Jujuy y en Catamarca?
elDiarioAR publica en esta nota algunas de las conclusiones del informe “Litio y transparencia en Argentina”, una investigación de periodistas de la red Ruido y Fundeps sobre la legislación nacional y provincial que rige en estas dos provincias, además de la accesibilidad a información de contratos, regalías, beneficiarios finales y otros indicadores de transparencia relacionados con esta industria extractiva.

Las empresas
Una de las dos empresas investigadas es la estadounidense Livent, que opera el Proyecto Fénix (Salar del Hombre Muerto), en Catamarca.
 La otra es Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%). En la práctica, Allkem es la empresa que controla las operaciones, y a la que remite el sitio web de Sales de Jujuy. El portal de Sales de Jujuy podía ser consultado antes de noviembre de 2022. Desde entonces figura “en construcción” y remite a la empresa australiana. De hecho, desde el área de comunicación de Sales de Jujuy remitieron todas las consultas al portal de Allkem.
Los dos principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos.
En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).
 A su vez, estos cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, directa o indirectamente, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina.
Además, estos cuatro fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Esa misma condición se encontró en al menos tres propietarios de acciones de Allkem (JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management); y en al menos 7 casos de Livent (además de Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunit).

Beneficiarios finales
¿Es posible acceder a los nombres particulares de los principales beneficiarios finales de estas empresas? En Argentina no existe una política uniforme relativa a la solicitud de información sobre personas beneficiarias finales de empresas, es decir, quienes controlan, acceden a una parte de los ingresos o activos de las compañías, dirigen sus actividades, o tienen capacidad de influir en ellas.
Hay canales públicos de los cuales extraer información relativa a estas personas, como el Registro Nacional de Sociedades, la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores. Pero en el caso de las empresas relevadas no se encontró ninguna información allí, ya sea porque se trata de compañías que no están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires o bien porque los registros no están completos.
Del análisis pormenorizado de los reportes anuales de las empresas Allkem, Livent y de sus principales accionistas (Blackrock, The Vanguard Group, HSBC Group y JP Morgan) sí surgen nombres propios de autoridades y directivos que recibieron dividendos como propietarios de acciones de ambas empresas.
 Sin embargo, estos nombres representan un porcentaje mínimo del paquete accionario (menos de 1% sumando todos los nombres, en todas las empresas analizadas) y no se registran detalles de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, que son los grandes fondos de inversión y las empresas mencionadas.

Falta de transparencia en las provincias
Si bien en Jujuy y en Catamarca la legislación relativa a minería se encuentra disponible en las páginas oficiales de los gobiernos provinciales, la misma es de muy difícil acceso y comprensión: se trata de decenas de leyes nacionales y provinciales, decretos y resoluciones que no están sistematizadas ni organizadas.
Esto conlleva que los procesos, organismos, métodos, directivas y demás regulaciones provinciales sean de muy difícil entendimiento para la sociedad en general y para las comunidades afectadas por los proyectos mineros en particular.  
En relación a los dos proyectos específicos que extraen el litio, la información a la que se accede es de muy difícil comprensión debido al lenguaje técnico que es utilizado por las mineras y al volumen de los estudios e informes. Esta información es muchas veces provista por las empresas mineras, sin la intervención y control por parte de las autoridades provinciales o locales. Existen reportes anuales con resultados económicos y financieros de Allkem, Livent y Toyota. Pero no es posible acceder a ninguna información de ese tipo en el caso de Jemse, la empresa propiedad de la provincia de Jujuy, socia de Allkem en Sales de Jujuy.
En ningún caso funcionaron las solicitudes de información efectuadas a distintas dependencias tanto del gobierno de Catamarca como de Jujuy. Sí se realizó una entrevista al ministro de Minería catamarqueño, que aportó datos generales.
Catamarca es una de las cuatro provincias (junto con Santa Cruz, Salta y San Juan) que recientemente adhirió a la Iniciativa EITI de Transparencia para las Industrias Extractivas (Argentina lo hizo en 2019), y en este caso sí es posible acceder al contrato de concesión con Livent (Leyes 4589, 4780 y 5531).
En el caso de Jujuy, no es posible acceder al contrato de concesión con Allke o Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz. Jujuy es, además, una de las pocas provincias mineras que decidió no adherir por ahora a la Iniciativa EITI de Transparencia en la Industria Extractiva para impulsar la rendición pública de sus cuentas en la industria minera. Catamarca sí adhirió a dicha iniciativa, en marzo de 2022, junto a Santa Cruz, Salta y San Juan (Argentina adhirió en 2019).
 En Jujuy, también se dejó sin efecto, por el decreto 9194 del 3 de mayo de 2019 -ratificado luego por ley provincial-, una norma que exigía un análisis extra de los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos mineros de primera categoría, como es el litio. Estaba a cargo de un Comité de Expertos para el Análisis Integral de Proyectos de Litio, pero las autoridades de Jujuy consideraron que esa tarea se superponía con la que realiza la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) como órgano consultivo multidisciplinario, integrado por diversos sectores.
En materia ambiental, los principales cuestionamientos tienen que ver con el uso del agua y el destino de los residuos de la producción y los alcances de los controles ambientales en ambas provincias. También, la dificultad para acceder a informes sobre el impacto de estas actividades, tanto para la ciudadanía en general como para las comunidades afectadas por este tipo de actividades.

Cuánto dejan las empresas en regalías
Por la ley de Inversiones Mineras de 1993, la producción minera está amparada por un amplio sistema de beneficios y exenciones fiscales, con estabilidad de 30 años, devoluciones de ganancias de los gastos de prospección y exploración y de IVA por la compra de bienes y servicios destinados a la exploración, entre otras.
Esta ley establece, además, topes a la percepción de regalías por parte de las provincias que cuentan con proyectos.
En Catamarca, Livent paga un 3,5% sobre el valor de facturación. Ese monto engloba: regalías, canon, aportes adicionales y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Este último ítem se integra a un fideicomiso para obras de infraestructura, proyectos de inversión o desarrollo productivo.
En Jujuy, las regalías son del 3% sobre el valor de boca de mina (tal como es extraído). De todos modos, están reguladas por la Ley Fiscal número 5.791 de 2014, que establece en algunos casos un descuento del 1% cuando el mineral o concentrado se industrializa en la provincia. Se aplica también a las operaciones que industrializan el carbonato de litio, lo que en esos casos llevaría la tasa efectiva a aproximadamente 1,6% sobre el valor de venta (2% boca de mina).
En relación a las retenciones que cobra el Estado nacional, para el litio ese valor es de 4,5% de las exportaciones. La soja, principal commodity argentina, paga entre 30% y 35%.
En Chile, por ejemplo, desde 2018 se establecen regalías a través de una tasa de comisión escalonada, progresiva y marginal, que va del 6,8% al 40%, según los distintos compuestos de litio.

A dónde va el litio argentino
Hasta 2022, el destino de las exportaciones de litio de Argentina estaba más diversificado (a varios países, empezando por Estados Unidos), pero a partir de ese año, el principal comprador pasó a ser China, seguido de Japón.
China es uno de los países que más invierte en litio y en minería en general en Argentina. Es a la vez el origen del 13% de la producción mundial del mineral y el líder global en refinación.
Aun así, estos volúmenes no son suficientes para abastecer a su colosal industria de baterías, que fabrica alrededor del 56% del suministro global, según la firma Abrdn.
Esto explica su creciente presencia a nivel mundial y en Argentina, que se refleja en el incremento de las exportaciones de litio a ese país durante 2022. En conjunto, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292,3 millones de dólares en litio.

*Este informe fue realizado con el apoyo del programa Opening Extractives. Sin embargo, el contenido del mismo es de autoría y responsabilidad exclusiva de Fundeps y de Ruido, y no refleja en modo alguno las opiniones del programa. Cualquier pregunta sobre este artículo o el reporte debe ser dirigida a estas organizaciones.

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