La biodiversidad perdida

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Litoral Argentino


Al menos 46 especies de plantas y 39 de vertebrados resultaron afectadas por los incendios en los humedales del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, durante 2020. Se estima que, en esa oportunidad, el suelo ardía en profundidades que oscilaron de hasta 12 centímetros, mientras que las alturas de las llamas se elevaron hasta más de cuatro metros metros, debido a la presencia de especies leñosas. Los datos surgen de un relevamiento desarrollado por una decena de investigadores de distintas disciplinas, del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que fue recientemente publicado por la revista científica Oecologia Australis.
“Es el primer trabajo en la Argentina que describe y cuantifica a campo la mortalidad de flora y de fauna, y la afectación del suelo en humedales”, dice la investigadora Paola Peltzer, del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y del CONICET, que estudia el impacto de las actividades humanas en los humedales del Paraná desde hace más de dos décadas.
“Encontramos 85 especies afectadas a lo largo de los años, porque se multiplicaron los incendios y su repetitividad en los mismos sitios”, advierte Peltzer, y aclara que son tierras que no solo fueron quemadas en invierno para facilitar la ganadería, sino que los incendios también se intensificaron y reprodujeron en verano, debido al aumento de la temperatura y la gran sequía histórica que hubo en el río Paraná.
“Eso hizo que, al no estar adecuadas evolutivamente a tener fuego en sus ambientes, las especies de plantas no puieran rebrotar y las de animales no pudieran reproducirse”, afirma la especialista. Y agrega: “Si esto se hubiera extendido más en el tiempo, realmente hubiera sido una catástrofe y una declinación casi regional de estos humedales. Gracias a las inundaciones posteriores, el fuego se frenó pero quedó demostrado que los humedales ya no funcionan como barreras o como esponjas de grandes inundaciones, que es una de sus características y funciones”.
La recopilación de los datos fue a partir de “observación in situ”, que no es otra cosa que ir personalmente al territorio para poder medir la profundidad de la quema y enumerar las distintas especies de plantas y animales vertebrados que resultaron quemados, y en los casos en los que las condiciones no les permitían determinar el tipo de especie que estaban detectando, las registraron fotográficamente y las identificaron luego en el laboratorio.
“El trabajo de campo requiere un esfuerzo muy grande, muchas cosas se hacen realmente a pulmón, sumado a la impotencia de estar viendo animales quemados y no poder hacer nada”, dice Peltzer y destaca la dedicación de todo su equipo, que desde hace años se dedica a esta tarea para estudiar y tratar de proteger la biodiversidad de los humedales, no solo de la región del Paraná Medio, ya que también colaboraron como voluntarios en otras zonas afectadas por incendios, como en Corrientes.
“Es algo desolador y muy triste, volvíamos llorando e incluso con secuelas físicas, como broncoespasmos y ampollas en los pies”, recuerda la investigadora, y agrega que, además de ver animales quemados y plantas afectadas enteramente o árboles muertos en pie, también se encontraron con un suelo “que era prácticamente el de un desierto, no un humedal: había grietas de 10 a 15 centímetros de profundidad en los suelos, que habían roto la microbiota tan importante para esos lugares”, dice la especialista. También destaca la importancia de contar con ayuda de personas que habitan en esas regiones, que facilitaron el traslado con sus propias lanchas y canoas hasta los lugares afectados.
Para este trabajo, específicamente, los y las investigadoras de este equipo recorrieron 18 humedales (entre islas y tierras continentales) distribuidas a lo largo del denominado Paraná medio, que se expande desde la localidad santafesina de Los Zapallos hasta la entrerriana de Diamante, durante tres meses. En algunos sitios también hicieron un seguimiento en distintos momentos posteriores a los incendios, para evaluar las posibilidades de remediación de la biodiversidad en las zonas afectadas.
“Nos encontramos con la no regeneración y la no restauración pasiva de la flora y de la fauna, es decir, que no había posibilidades de que la fauna y la flora pudieran volver al estado anterior sin la ayuda del hombre”, advierte Peltzer, y explica que los humedales no tienen como perturbación natural al fuego, como sí la tienen otros ecosistemas pampeanos, lo que hace que se genere lo que se conoce como “muerte ecológica”. En las plantas, esto implica que, si bien los ejemplares no mueren, se ven afectados de manera tal quedan expuestos a enfermedades e infecciones y no pueden producir flores, por ejemplo, lo que impide que se produzca la polinización y den frutos para reproducirse. En el caso de los animales ocurre algo similar, ya que no pueden regresar o algunas de sus tres funciones vitales, que son alimentarse, reproducirse y encontrar sitio de refugio, resulta alterada.
Para analizar los impactos de los incendios ocurridos durante 2020, los investigadores también determinaron, con información satelital, lo que se conoce como índice de quemado diferenciado normalizado (dNBR) y el índice de vegetación diferenciada normalizada (NDVI), antes y después del incendio. En el caso del dNBR, registró un valor moderado de quemas de 17,64%, que se elevó a un 52,94% de quemaduras de alta gravedad. En cuanto a los valores de NDVI, disminuyeron a la mitad en comparación con los valores registrado en las imágenes de control, inmediatamente después del incendio, y mostraron una posterior revegetación baja a mediano plazo, de tres a cuatro meses. “No nos podíamos quedar solo con lo que vimos en el terreno, también quisimos complementarlo con la información satelital disponible, para comprender mejor cómo impacta el fuego en estos territorios”, dice Peltzer.
La investigación busca comprender el impacto del fuego en la biodiversidad de los humedales y a pensar en modos más efectivos para remediarlos y protegerlos, ya que estos cumplen funciones esenciales contra el cambio y la crisis climática, que generan eventos extremos como los tornados y las fuertes tormentas que se vivieron recientemente en la provincia de Buenos Aires.
“Se espera cierto tiempo para que la naturaleza se recupere sola y evaluar si se debe intervenir o no, a corto, mediano o largo plazo. En general, se espera que con las primeras lluvias primaverales se produzca una regeneración de las plantas herbáceas, por ejemplo, y que eso lleve a que, por sucesión ecológica, vuelvan los animales, se creen microambientes, microclimas y se permita también las sucesión ecológica en cuanto a arbustos y especies arbóreas”, agrega Peltzer, pero advierte que ]”eso no se dio”.
Todo esto evidencia la relevancia de contar con políticas y regulaciones que ayuden a proteger estos ambientes y la biodiversidad contenida en ellos. “Necesitamos más de 60 años para recuperar un ambiente quemado. Si se deroga la Ley de Manejo de Fuego, como intenta el actual Gobierno, se da pie a que se pueda quemar cualquier tipo de tierra y de ecosistema, y permite hacer un uso posterior del suelo quemado, independientemente de si es o no un área natural protegida”, cuestiona la investigadora. Esto último es lo que se conoce como “ley de irreductibilidad”, a lo que también hay que sumarle los riesgos de derogar la Ley de Presupuestos Mínimos, que le quitaría los subsidios a los bomberos nacionales para que puedan actuar frente a los incendios en los diversos ecosistemas del país.
“Es terrible, se está condenando a que perdamos no solamente las tierras, sino también la biodiversidad. No sé si se logra ver lo que eso implica en términos de flora y de fauna, pero realmente asusta”, concluye la investigadora.
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Avanza la ley para aprobar el acuerdo por Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Jujuy


El Senado otorgó media sanción al proyecto que envió el Ejecutivo provincial y ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
En la última sesión del año el Senado otorgó media sanción a la ley que envió el Ejecutivo para aprobar el acuerdo interprovincial que rubricaron los Gobiernos de Salta y Jujuy para la gestión integral de la cuenca hídrica en la zona minera de Salinas Grandes.
El aval que dio el Senado y que también hará lo propio en el próximo período ordinario la Cámara de Diputados avala el Decreto 714 a través del cual el Gobierno de Salta aprobó el acuerdo interprovincial para la gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes y documentación al Estado Nacional, también a las provincias de Salta y Jujuy, sobre concesiones para la explotación de litio y borato en estas salinas.
De esta manera se respondió a un amparo ambiental que presentaron comunidades de pueblos originarios en resguardo de derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.
A través del convenio, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, acordaron la creación de una comisión interjurisdiccional para la gestión ambiental integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
La integrarán autoridades de ambas provincias en materia ambiental, en asuntos hídricos, minería y comunidades indígenas. Esta comisión encomendará la realización de estudios hidrogeológicos con la finalidad de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología y capacidad.
Además, arbitrará mecanismos para la relación de una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región y analizará la legislación existente que rige la exploración y explotación de la actividad minera y propondrá eventuales modificaciones a los fines de armonizar el marco normativo;
El Decreto 714 fue emitido por el Gobierno de Salta en cumplimiento de las facultades que confieren los artículos 140 y 144 de la Constitución de la Provincia y lo dispuesto en la Ley 8171 del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado y que fue modificada por su similar 8274.
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Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Se presentó el Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 27/12/2023
Fuente: Portal el1digital.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo


Por primera vez, se cuenta con una publicación que delimita, caracteriza y tipifica los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, una herramienta clave para la gestión de estos ecosistemas. Se trata de un trabajo conjunto entre la ACuMaR y el CONICET, en articulación con los ministerios de Ambiente de la Nación y la provincia de Buenos Aires.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), en el marco del Convenio de Investigación y Desarrollo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), publicó el primer Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, un documento para avanzar en la identificación, delimitación y caracterización de estos ecosistemas.
Los humedales son ecosistemas, distintos de los terrestres y acuáticos, que se encuentran en las márgenes de arroyos o lagunas, con presencia de agua temporaria o permanente, y son hábitat para diversas especies. Se conforman como áreas ecológicamente estratégicas ya que, entre otros beneficios, contribuyen a mitigar inundaciones, purificar el agua y preservar la fauna y la flora.
Según indicó Prensa ACuMaR, la información obtenida tendrá aplicación en distintos campos que la institución debe abordar tales como la identificación de zonas ecológicamente estratégicas, el sistema de medición de calidad del agua, suelo, aire y biodiversidad de la Cuenca, los planes de manejo de áreas protegidas, el manejo sostenible de los recursos naturales vivos y los servicios ecosistémicos, la propuesta de medidas no estructurales en materia hídrica, la educación ambiental, la propuesta y ejecución de acciones tendientes a la protección del patrimonio natural, entre otros.
Luego de su validación, el Mapa de Humedales de la Cuenca conformará una capa de datos georreferenciada de carácter público, ampliando así el repositorio de datos disponible en el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental Territorial de ACUMAR (SIOAT) y será un insumo básico para mejorar la gestión del organismo y los municipios que lo integran.
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Desequilibrio en el ecosistema y foco de enfermedades: este es el ciervo que Corrientes quiere declarar plaga

Fecha de Publicación: 25/12/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Corrientes


La especie fue declarada como “exótica invasora” en el país, compite con la fauna autóctona y una de las posibles soluciones en la provincia es habilitar la “caza plaguicida”
El Senado provincial correntino dio media sanción a un proyecto de ley para declarar al ciervo axis como plaga ante el daño que provoca esta especie exótica en el ecosistema de la región. Señalaron que compite con fauna autóctona y que es un potencial reservorio de enfermedades, además de que trae consecuencias en rutas de la provincia porque se mueve en manada. Una de las soluciones que menciona la normativa es habilitar la caza para frenar el crecimiento de la población.
A mitad de noviembre, el Senado correntino dio media sanción a un proyecto de ley que declara a los ejemplares de ciervo axis salvajes como plaga “teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva”, por lo cual serán “susceptibles de caza plaguicida”.
El ciervo axis es oriundo de Asia (India, Sri Lanka y Nepal) y se introdujo en Corrientes en la década de 1990. La situación estaba controlada hasta hace algunos años, que pasó de verse marginalmente en ciertos sectores a mostrarse en ciudades y conurbanos. La situación, aseguraron en la Dirección de Fauna de la provincia, tiene especial atención en el centro y el sur.
Fue declarado en 2021 por el entonces Ministerio de Ambiente Nacional como “especie exótica invasora, categoría 2″. Este tipo de especies precisan, según la Lista oficial de especies exóticas, de políticas para minimizar sus impactos y toda acción sobre los ejemplares deben implementarse adoptando medidas de prevención, control o mitigación.
Al no tener un depredador natural, en la actualidad configura un problema por sus perjuicios sobre disputa de pasturas con otras especies y forrajes de maíz, así como en rutas ya que es un animal rápido, que se mueve en manadas grandes y tiene actividad nocturna.
La ruptura del equilibrio del ecosistema es uno de los principales problemas a atender, según contó a a TN el investigador Sebastián Cirignoli, del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba): “Las especies nativas tienen un montón de presiones externas que ocasionan, principalmente, la pérdida y fragmentación de sus hábitats, como para que se le agregue una amenaza más”.
Uno de los principales perjuicios recae en las enfermedades que puedan portar estos ciervos. Hay dos potenciales peligros: la tuberculosis bovina y un tipo específico de garrapata que puede ser vector de patologías que la fauna autóctona no pueda combatir.
“Tenemos bastantes problemas porque se reproduce mucho y ya tenemos una pequeña invasión en los esteros del Iberá que perjudica a las especies autóctonas”, agregó a TN el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela. Aseguró también que hay ejemplares que “están entrando en territorio misionero”.
Además, Cirignoli hizo foco en los peligros que significan cruzarse con una manada en las rutas correntinas. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, se mueven en grupos de 5 a 10 ejemplares, número que puede alcanzar, ocasionalmente, los 200 individuos. “Cada vez hay más accidentes en la Ruta Nacional 14, hasta hubo muertes. El ciervo axis se mueve en grandes manadas y de noche ya que son bastante nocturnos”, detalló el investigador.

Caza para “equilibrar”
La única medida hoy, admite Portela, es el incremento de la cantidad de ejemplares de ciervos axis que se pueden cazar por día: lo aumentaron de uno a tres por jornada de caza. “Es en forma paliativa y es la única medida para poder equilibrar la superpoblación, pero nunca es suficiente”, afirma.
La posible sanción de la ley, anticipa, podrá “ayudar” a aumentar incluso más ese cupo por jornada, aunque pretenden llegar a un consenso “con dueños de campos y con ambientalistas”. El funcionario indica que en la zona centro y sur de la provincia “hay muchos cotos de caza como única medida para equilibrar la sobrepoblación”, aunque remarca la necesidad de “ordenar los cotos por una cuestión de seguridad”.
“Estamos trabajando en un plan de manejo con intendentes que están donde más se dio el crecimiento de la población de ciervos axis. Produjo mucho daño en competencia por la pastura y en algunas siembras de maíz, pero no queremos que sea simplemente un exterminio”, explica Portela.

Sin estudios
Para Cirignoli, el ciervo axis representa una especie que compite con la fauna autóctona: “Sumamos una amenaza de peligro de extinción porque traen enfermedades que las especies nativas no están preparadas para recibir. Los programas de erradicación de (especies) exóticas cuestan millones de dólares”.
El investigador aclara que, a pesar de los “daños tangibles” que ocasiona este animal y los riesgos de introducir una especie exótica en un ecosistema determinado, “no hay un trabajo científico que haya estudiado el impacto del ciervo axis en la fauna nativa en nuestro país”.
De todos modos, destaca que sí encontraron, en los esteros del Iberá, que los ciervos axis son un “reservorio de enfermedades que están en el ambiente pero que habría menos si no estuviesen los animales para mantenerse y amplificarse”. Y remarca: “Un ecosistema o comunidad funciona de manera armónica. Si a esa red le agregás una pieza de más, estás rompiéndola”.
En tanto, aclara que elaborar un programa de “captura y traslado de animales a un santuario o a su lugar de origen no es practicable y costaría muchísimo dinero”.
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La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego La Delegación de la Unión Europea en Argentina anunció la firma de un contrato de subvención por 630.000 euros a favor de ICLEI (Red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), en el marco de la "Agenda Verde". La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, fue el encargado de difundir esta información a través de las redes oficiales del organismo europeo. Según explicaron, el proyecto tiene como objetivo central la valorización de bosques y humedales en la región de Tierra del Fuego, apuntando a fortalecer la conciencia ambiental y la sustentabilidad en estos ecosistemas vitales.
El financiamiento de 630.000 euros está destinado al trabajo de ICLEI, una red global compuesta por más de 2,500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. ICLEI detalla en su web oficial estar presente en más de 125 países, para influir en las políticas de sostenibilidad y promover la acción local para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular.
Lo notable de este proyecto es que, según el sitio web oficial de ICLEI (https://americadosul.iclei.org/es/asociados/), la red de incidencia enumera a los referentes locales asociados de Argentina donde explican tener relación con socios de las ciudades de Avellaneda, Buenos Aires, Córdoba, Esteban Echeverría, Godoy Cruz, La Plata, Misiones, Pérez, Rosario y Santa Fe, aunque no figuran asociados de la Patagonia ni de Tierra del Fuego, ya sea de la parte chilena o argentina.
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Monitoreo en la Cuenca del Río Reconquista

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia.
El gobierno bonaerense inició acciones de monitoreo de calidad del aire en distintos puntos de la Cuenca del Río Reconquista para evaluar la calidad del aire en la Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia, se informó oficialmente.
El proyecto tiene como objetivo principal "evaluar el estado de la calidad del aire" en la Cuenca del Río Reconquista y "fortalecer las capacidades municipales en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIS)", señala el comunicado.
En este sentido, se indicó que se trata de la colocación de instrumental analítico en ocho sitios que registran 24 horas seguidas, en tanto se informó que los resultados estarán disponibles en aproximadamente 20 días.
Se trata de una labor coordinada entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que busca incentivar a todos los municipios a generar un inventario de Gases de Efecto Invernadero.
Al respecto se informó que el Proyecto de Monitoreo y Fiscalización de la Calidad del Aire de la Cuenca del Río Reconquista consta de 4 Unidades Operativas, independientes y complementarias pertenecientes al Ministerio de Ambiente y al COMIREC, entre ellas la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (RMMA) de la Dirección de Laboratorios de Análisis Industriales y Ambientales de Ministerio de Ambiente del gobierno bonaerense.
Según se informó, las tareas de recolección de muestras en forma manual se realizan a través de la RMMA, y cuentan con equipamientos especializados e insumos, como una Unidad Móvil Analizadora de Calidad de Aire y una microbalanza de alta precisión.
A su vez, prevé la capacitación del personal técnico para el correcto uso y mantenimiento de los equipos de monitoreo y sistematización de los datos registrados.
Desde el organismo destacaron su importancia del monitoreo como una manera de proteger la salud de la población, la gestión en materia de contaminación atmosférica y la difusión a la comunidad del estado de la calidad del aire.
De este modo, se pretende generar información continua sobre el estado del aire en la Cuenca del Río Reconquista para contar con estadísticas propias y conformar un repositorio que permita su uso como herramienta de gestión.
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Incendios en Mendoza: seria preocupación de ambientalistas por los animales afectados y en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 05/12/2023
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Mendoza


Vía Mendoza dialogó con la presidente de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, para informarnos cuáles son las consecuencias de los incendios, con respecto a la fauna de los montes.
Después de la seguidillas de incendios forestales en los cerros de Mendoza y desmontes, los ambientalistas quedaron seriamente preocupados por cuánto afectó el fuego en grandes dimensiones a los animales de la zona. Se trata de la fauna silvestre, de los cuales algunos están en peligro de extinción.
Para interiorizarnos sobre las posibles bajas de estos animalitos que viven en los cerros de la provincia, recientemente afectados por los incendios forestales causados por negligencia de la gente, Vía Mendoza consultó a una de las referentes y presidente de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, quien dio detalles de la problemática que este siniestro causó a la fauna autóctona.
“Los incendios en zona de cerros (los dos anteriores en El Challao y el último de ruta 13) impactó todo lo que es la fauna silvestre se ha visto afectada porque se han quemado las plantas donde estaban los nidos de diferentes especies, en plantas como chañales o algarrobos pequeños. Entonces todo eso seguro murió, y posiblemente sean los casos de pequeñas lagartijas, arañas pollitos, pequeños roedores como cuises y tunduques, y aves pequeñas que no deben haber tenido tiempo de huir. Seguramente, animales más grandes como zorros y guanacos sí o pudieron hacer, pero el resto, debe haber sido una gran pérdida”, expresó al médica veterinaria.
Y enumeró, afirmando que “en esas zonas existen jilgueros, jilgueros mixtos, siete cuchillo, calandrias, cacholotes, yal, teste boquense, cabecitas negras, jilguero negrillo -éste último en peligro de extinción- que se debe haber visto afectado. Además, serpientes como culebras, yararás, alacranes, que para la gente en buena hora que se mueran, pero son animales que cumplen un rol en el ecosistema y son alimento de otros, a su vez”.
Ibarra sostuvo además que estos incendios también causaron una tremenda pérdida de cobertura vegetal que impactan en el suelo del piedemonte mendocino porque “no habrá platas que lo sujeten, por lo que existirá voladura del suelo y en el caso de lluvias hasta aluviones porque no hay nada que retenga el agua. Y si bien en Mendoza no llueve nunca, cuando sucede lo hace repentinamente y tiene serias consecuencias”.

El impacto de los desmontes, otro problema a resolver
La titular de la Fundación Cullunche explicó además que el problema de los desmontes por emprendimientos inmobiliarios es otro de los serios problemas que afecta al ecosistema en los cerros.
Y si bien desde el Gobierno se viene controlando e imponiendo sanciones a quienes desarrollaron barrios o condominios por incumpliendo con las regulaciones ambientales, desde la Fundación Cullunche entienden que existen algunas “incoherencias”.
“Al problema de los desmontes como consecuencia de los incendios, no dejo de decir que se le suman las hectáreas que han desmontado frente a la cárcel por ruta 7 para hacer un Parque Fotovoltáico. Fueron 54 hectáreas y piensan desmontar un total de 240 ha. en todo lo que inicialmente iba a ser para la Fundación Cullunche un proyecto de Reserva Provincial que le habíamos puesto de nombre El Jarillal. Eso también es pérdida de cobertura vegetal”, sostuvo considerando que “es muy grave lo que ha pasado y está pasando”.
“Es muy difícil porque el Gobierno debe aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial de manera más agresiva y que se ejecute la ley ante emprendimientos inmobiliarios que atentan con seguir desmontando el monte nativo. Si bien han parado algunos de esos proyectos, hay bastante incoherencia en el accionar”, agregó.
-¿Por qué no se concretó lo de El Jarillal?
-Porque no llegamos a tiempo y ellos tenían pensado desmontar esas hectáreas para hacer el Parque Fotovoltaico en vez de buscar algún lugar una zona que ya estuviera degradado e impactado. Usaron ese precioso manto de 240 ha. que estaba impecable. Y fiscalía de Estado se expidió a favor del Gobierno diciendo que no estábamos a tiempo y era improcedente nuestra denuncia.

Qué hacer desde la población para cuidar nuestro ecosistema en cerros
Desde la Fundación Cullunche recomiendan tomar conciencia que somos parte de estos cerros y montes, y que en ellos hay un ecosistema que conservar.
Por lo que cada mendocino y turista debe “ser respetuosa del ambiente, ser cuidadosos. Principalmente cuando acampamos, no hacer asados en montes nativos y menos con la sequía que hay y las altas temperaturas. Cualquier chispa es propicia para generar un incendio. Y se debe tener en cuenta que donde vos estás, hay seres vivientes y sintiente cuyo hogar es el monte nativo”, concluyó Ibarra.
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Humedales, al detalle: Santa Fe amplía el inventario provincial

Fecha de Publicación: 29/11/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Es una de las pocas provincias que cuenta con esta herramienta, que desarrolla en conjunto con investigadores y funcionarios de Provincia y Nación. Seguirá en desarrollo para determinar cada ecosistema de este tipo
Luego de tres años, la provincia tiene su inventario de humedales en el cuarto nivel y ya está revisando territorios específicos para continuar ampliando esta herramienta. Investigadores, especialistas y funcionarios que participaron de su confección remarcaron la importancia de este insumo clave para el ordenamiento territorial, ante una nueva gestión nacional que, por ahora, no contempla a Ambiente en el organigrama de gobierno ni siquiera como Secretaría.
Santa Fe es una de las provincias más atravesadas por los humedales y una mala conservación de los mismos se traduce en pérdidas de funciones ecosistémicas, como aire limpio, purificación del agua y biodiversidad. A pesar de su importancia, la extensión a nivel mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71 por ciento. Su pérdida y degradación aún continúan a escala global a una tasa estimada de hasta el 1,5% anual.
El inventario busca hacer un mapa sobre estos ecosistemas, que están en constante cambio. Para lograr el documento, que apunta a ser una herramienta imprescindible para tomar decisiones sobre el territorio y que sigue en desarrollo, trabajaron profesionales de los ministerios de Ambiente de la provincia y de la nación, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), además de la Fundación Humedales. Los recursos fueron desde visitas e investigación en diversos rincones de la provincia hasta el uso de imágenes satelitales. De la presentación del documento participó, además, el futuro secretario de Recursos Naturales, Alejandro Luciani.
En palabras de la directora de Conservación y Regeneración de la provincia, Clara Mitchell, se trata de estipular qué superficies entran en la categoría de humedales y cuáles son los usos que se le pueden dar. "Es más complicado que hacer uno de bosques o de glaciares", comentó.
Los humedales no sólo son dinámicos en cuanto a su composición sino que pueden contener otros ecosistemas y, además, en palabras del ingeniero agrónomo Néstor Di Leo, se trata de los territorios más sensibles al cambio climático.

Provincias adheridas
Los inventarios de humedales se dividen en niveles y Santa Fe ya se encuentra explorando el cuarto, que toma humedales a escala individual. Los investigadores abocados a la confección del inventario provincial señalaron la importancia de que esta herramienta avance a la par de una similar a nivel nacional.
Según detalló Laura Benzaquen, de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua, siete provincias hicieron convenios con el Estado nacional para sumarse al inventario nacional; entre ellas, Santa Fe. Entre las seis restantes no mencionó a Entre Ríos, que tiene bajo su jurisdicción una importante porción de territorio frente a Rosario y alrededores, el cual ardió durante meses en 2020 y en 2022, arrasando con cientos de miles de hectáreas.
“Dentro de un humedal puede haber otro ecosistema, por eso es de los más complicados de inventariar”, sostuvo, en consonancia con Mitchell. Para la especialista, la importancia de este instrumento es que se continúe en el tiempo y que los humedales “se incorporen al territorio y no se vean como algo lejano”.
En cuanto a la biodiversidad existente en los humedales santafesinos, el técnico Andrés Pautasso, del Ministerio de Ambiente provincial, detalló que “los bajos submeridionales (centro-norte provincial) contienen especies en peligro a escala global”.
“De Santa Fe a Chaco, tenemos el humedal más extenso, biodiverso y de más aprovechamiento económico”, agregó el geólogo e investigador de la UNL Carlos Ramonell.

“Escenario oscuro”
La ministra de Ambiente provincial, Érika Gonnet, destacó que el inventario es un documento base que quedará a futuro y deberá continuarse para que sirva como herramienta para las gestiones futuras, en un período en el que “el ambiente está bastante cuestionado”. “(Hacer el inventario) también es el Estado. Puede gustar más o menos, pero está. Nos esperan grandes desafíos, hay un escenario que hoy parece oscuro pero hay que seguir hablando de ambiente”, manifestó.
Por su parte, Gastón Fulquet, de Fundación Humedales, dijo: “El inventario sirve para saber cómo funcionan y cómo se caracterizan los humedales. Es una herramienta de gestión que, los países que la tienen, llevan 50 años trabajando sobre ellas”.
A su vez, destacó que este tipo de herramientas significan “el inicio de una agenda sobre la importancia del río, tanto por lo humano como por lo no humano. Y cómo repercute sobre nosotros por las actividades humanas”.
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Acumar: Inscriben para participar en la Audiencia Pública sobre restauración ecológica

Fecha de Publicación: 17/11/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) convocó a una nueva Audiencia Pública para este 29 de noviembre con el fin de planificar acciones en virtud de una agenda ambiental que se proponga proteger y enriquecer la biodiversidad y la calidad ambiental en este territorio.
La audiencia, que se realizará en el Polideportivo Municipal Gorki Grana-Casa de la Memoria, ubicado en Santa María de Oro 3530, en la localidad de Castelar, Morón, será para debatir el documento "Restauración Ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo",.
Se trata de la segunda Audiencia Pública que tendrá lugar este año, luego del encuentro desarrollado en julio sobre calidad de agua, en el Municipio de Avellaneda.
"Al acercarnos a una nueva etapa en el saneamiento de la Cuenca, desde Acumar, convocamos una vez más a sumar todas las voces, a aportar miradas para delinear de la mejor forma cómo implementar un plan de restauración de los ecosistemas que la conforman. El compromiso ciudadano fue esencial para dar inicio a la recuperación ambiental del Riachuelo, y debe seguir siendo protagonista en su futuro", resaltó el titular de Acumar, Martín Sabbatella.
Las personas interesadas en exponer en la Audiencia Pública, sean humanas o jurídicas, podrán inscribirse hasta las 10 horas del día 27 de noviembre en el siguiente enlace. Para asistir al encuentro no es necesario inscripción previa.
El evento se desarrollará de modo presencial, pero se podrá exponer también en forma virtual, dado que será transmitido de manera simultánea a través del canal de YouTube de Acumar.
"La restauración de los ecosistemas es una oportunidad de regenerar el mundo natural del que todos dependemos. En un contexto de claras muestras de un cambio climático que avanza y demuestra sus impactos con distintas nuevas realidades, y ante la amenaza concreta de la desaparición de especies, las acciones concretas y orientadas en restauración ecológica son una necesidad urgente", destaca el documento de consulta.
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La restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo: el próximo objetivo de la ACUMAR

Fecha de Publicación: 06/11/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Riachuelo


La ACUMAR convocó a una audiencia pública para comenzar a pensar en la restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo. ¿De qué se trata este proyecto?
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para promover la participación ciudadana de su próximo objetivo: la restauración ecológica de todo el ecosistema. El proyecto tiene argumentos ambientales, pero también productivos y sociales. ¿En qué consiste?
Según el documento sobre la consulta pública al que accedió a INFOCIELO, el objetivo es "incrementar la biodiversidad en toda la Cuenca". Es que a 10 años de la presentación del Plan de Saneamiento Ambiental, las autoridades de la ACUMAR reconocen que hay un "déficit sustancial en su biodiversidad" que "incide en la calidad de vida de las personas que la habitan". "Las acciones concretas y orientadas en restauración ecológica son una necesidad urgente", aseguraron.
En concreto, esto implicaría implantar vegetación autóctona para favorecer la presencia de fauna silvestre y también de funga asociada. La propuesta de la ACUMAR, que será presentada en la audiencia pública del 29 de noviembre, contempla crear viveros en los que se produzcan esas plantas nativas del espinal, la pampa y el delta del Paraná. Es decir, en paralelo a la restauración ecológica se estaría incentivando la producción agroecológica y la generación de los llamados empleos verdes.
Desde la ACUMAR estiman que el 2024 servirá para "ampliar y ajustar" el proyecto de restauración ecológico con el resultado de la audiencia pública. Posteriormente, hacia fines de ese año quedarán establecidos los objetivos y, ya en 2025, comenzarán las tareas para restaurar la ecología de toda la Cuenca Matanza Riachuelo.

Un caso testigo en Marcos Paz
Esta no es la primera vez que la ACUMAR se embarca en un proyecto de restauración ecológica. Un antecedente que destacan como exitoso es el del predio Batalla de Villamayor, ubicado en Marcos Paz, que comenzaron en diciembre de 2018.
Se trata de unas 7 hectáreas ubicadas sobre un borde del arroyo Morales, un afluente del río Matanza Riachuelo. Ahí había un basural a cielo abierto que se terminó de sanear en junio de 2018. Ese mismo año plantaron 371 especies nativas y ya hacia 2021 llegaron los primeros resultados.
Los especialistas observaron "una mejora en todas las zonas, con gran presencia en cantidad y variedad de flora y fauna". El informe realizado por dos doctoras de la Universidad Nacional de San Martín en abril de 2022, concluyó que el exbasural ya tenía 25 especies vegetales de 13 familias distintas desarrollándose. Desde el municipio, además, estiman que alcanzaron cubrir el 95 por ciento de la superficie con vegetación.
Actualmente, el predio Batalla de Villamayor es un paseo que tiene, entre otras cosas, un sendero para ciclistas de 3,5 kilómetros. De eso se tratan los proyectos de restauración ecológica: convertir un basural en un paseo natural.
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Qué es el Agujero Azul del Atlántico Sudoccidental y por qué es clave para preservar la biodiversidad

Fecha de Publicación: 24/10/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Está más allá de las 200 millas marinas y sobre la plataforma continental. Se busca establecer un Área Marina Protegida Bentónica. Cuáles son las opiniones de los expertos
Hasta 2030 el mundo en las Naciones Unidas se puso de acuerdo con celebrar la Década de los Océanos, como una manera aumentar la investigación y la conservación de sus ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible.
Una zona que ganó atención es el llamado Agujero Azul, un área del Océano Atlántico Sudoccidental que se encuentra localizada aproximadamente unos 500 kilómetros al este del golfo San Jorge, a la altura de las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz.
Está por afuera de la Zona Económica Exclusiva. Es decir, que el área de Agujero Azul está más allá de una distancia de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base, pero en la plataforma continental.
En el Agujero, se ha encontrado una alta concentración de algas unicelulares, que forman parques de “pasto marino”. Su dinámica es monitoreada por satélites como los SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que han permitido identificar patrones que se repiten con bastante regularmente año tras año.
“En el Agujero Azul han sido identificados ecosistemas marinos vulnerables. Algunas especies habitan en las profundidades. Se incluyen esponjas, jardines de diversas especies de corales de agua fría, estrellas de mar, anémonas, gusanos poliquetos. En cuanto a los peces, en el área hay merluza austral, merluza negra o róbalo, la faneca plateada o marujito, el congrio, entre otros. Es también una zona muy relevante para el calamar argentino”, dijo a Infobae la licenciada en biología Valeria Falabella, directora de Conservación Costero-Marina de la organización no gubernamental Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, conocida como WCS Argentina.
Además, habría otros recursos importantes en Agujero Azul. Sobre los niveles sedimentarios más profundos, podría haber reservas de hidrocarburos, aunque aún no se han perforado pozos exploratorios, según ha reconocido la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. También según el Servicio Geológico Minero, habría nódulos polimetálicos, que son concentraciones de metales, en esa zona.
Sobre qué hacer con respecto al Agujero Azul, hay diferentes posiciones. Desde el sector ambientalista, se impulsa una ley nacional que declararía a la zona como una área marina protegida estricta bentónica o de fondo.
“El área protegida solo abarcaría a los fondos marinos, que son los de jurisdicción nacional. Con la norma, se busca evitar la pesca de arrastre de fondo de países extranjeros en la zona. Así se intensificaría la presencia de la Prefectura Naval y la Armada para colaborar con la conservación de Agujero Azul”, opinó Esteban Frere, doctor en ciencias biológicas e investigador del Centro de Investigaciones Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y del Conicet en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
Sin embargo, hay otras posturas que no coinciden con el proyecto de ley, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Una de las objeciones es que al declararse como un área protegida estricta, implicaría que se prohibiría solo la pesca de arrastre así como cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino. Mientras tanto, en la columna de agua, cualquier buque puede pescar sin problema alguno, tanto nacional como extranjero.
Para Milko Schvartzman, miembro del Círculo de Políticas Ambientales de Argentina, “en la región del Agujero Azul hay que crear un área marina que proteja la columna de agua, que es alta mar, o sea aguas internacionales, a través del Acuerdo para la Conservación de la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional de Naciones Unidas”.
Especificó su posición a Infobae: “El área marina protegida debe tener diferentes zonificaciones, una estricta en la que no se puedan hacer actividades extractivas, y otra que permita cierta explotación regulada y controlada.
Allí hay mucha riqueza, incluyendo al calamar, que es una de las especies fundamentales de la cadena trófica marina. Es el principal alimento de la merluza común, que a su vez sirve de alimento a delfines, elefantes y lobos marinos, aves como pingüinos y albatros, entre otras”, precisó Schvartzman.
Señaló que el Agujero Azul “es la zona más depredada del borde exterior de la zona económica exclusiva de la Argentina, ya que el 90% de las embarcaciones que allí operan lo hacen en la columna de agua”.
En tanto, Alejandro Canio, doctor en derecho especializado en administración de espacios marítimos e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional en Chubut, explicó que “el Agujero azul se encuentra sobre la plataforma continental. La Argentina ejerce derechos de soberanía sobre esa plataforma y tiene facultad para regular las actividades vinculadas con sus recursos. Hoy ya el país tiene herramientas para proteger el área que se reconoce como Agujero Azul. Es decir, esa área no está desprotegida”.
Canio señaló que el proyecto de ley “incluiría un área que está en disputa con el Reino Unido, que podría generar un impacto negativo en la política exterior. Se podría producir una situación espejo: el Reino Unido podría disponer la misma medida, y eso podría afectar el reclamo del país por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
También advirtió que el proyecto de ley no especifica presupuestos asignados para llevar a cabo la protección de la zona ni tampoco cómo se financiarán las investigaciones y el control.
“En lugar de declarar una área protegida estricta, -sostuvo el doctor Canio- hoy el país debería enfocarse más en investigar en profundidad al Agujero Azul y hacer un mejor relevamiento de los recursos que hay allí para luego tomar decisiones”.
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Denuncian el desmonte de 200 hectáreas en Luján: qué dijo el Gobierno

Fecha de Publicación: 10/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Fundación Cullunche denunció que se estaba procediendo a un desmonte en una superficie que se buscaba declarar como área protegida. Desde la Secretaría de Ambiente, dieron explicaciones.
Durante el viernes, la Fundación Cullunche, una ONG mendocina dedicada a la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente, compartió de manera pública un comunicado donde se denunciaba que se estaba produciendo un "atropello" contra el monte natural conocido como “El Jarillal”. Este lugar se encuentra ubicado sobre el margen de la ruta 7 entre Aguas del Pizarro y el cauce del Río Mendoza y abarca 200 hectáreas de oeste a este. Fuentes oficiales, aseguran que las obras se deben a la construcción de un Parque Solar en la zona.
En el comunicado, la ONG, aseguraba que desde hace varios años, diversos sectores ambientalistas y de la sociedad civil, llevan adelante la protección de dicho monte natural  porque lo consideran "único en su tipo por la cercanía a la ciudad, y por su gran aporte y servicio ecosistémico". Al mismo tiempo, el anuncio afirma que el desmonte se estaría llevando a cabo de manera "totalmente inconclusa" y "sin ningún tipo de sensibilidad a la época en la que todas las aves silvestres están haciendo sus nidos".
Si bien desde la Fundación Cullunche se manifiestan a favor de la construcción del Parque Solar, argumentan que no debería ser ese el lugar indicado para su realización. En este marco, se le exigió al gobierno provincial explicaciones al respecto, ya que anteriormente, se había presentado un proyecto para declarar esa zona como reserva natural. "No sabemos si se ha realizado el pertinente estudio de impacto ambiental, que muestren el procedimiento de aprobación de desmonte" exigieron en el comunicado.
La respuesta emitida por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza se publicó de manera online durante la tarde viernes y manifiesta que en la denuncia presentada por la Fundación Cullunche se realizan dos acusaciones que carecen de fundamentos técnicos y legales sobre la construcción que se está realizando en el área. "La primera es en referencia a la ubicación, objetando que se encuentra dentro los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal, presentado por la misma Fundación. La segunda acusación es sobre la necesidad de emisión de una Declaración de Impacto Ambiental para su construcción" menciona el comunicado emitido por la Secretaría y agrega que "ambas acusaciones son incorrectas, ya que el Parque Fotovoltaico se está construyendo fuera de los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal y que la obra ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental emitida".
De esta manera, en el comunicado, la cartera defiende el accionar en la zona y argumenta que toda intervención que pueda estar ejecutando la empresa Aconcagua Energía Renovable SA en el  proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Lujan de Cuyo, se encuentra con todas las aprobaciones y permisos necesarios para su inicio de obra, el permiso de desmonte otorgado por la DRNR y además no hay superposición en el área denominada El Jarillal con el proyecto de parque solar.
A pesar de las declaraciones emitidas por el organismo oficial, en las últimas horas, la Fundación Cullunche emitió nuevos comunicados mediante su página de Facebook donde se comparten fotos que evidencian el avance de las construcciones del Parque Solar en la zona. "Lo que están haciendo no es ilegal pero es inmoral" afirman en el texto de la publicación y al mismo mencionan que "No tienen moral, ni ética ni respeto por el ambiente. Poner un parque solar no los hace verdes. Verde es la jarilla que están destruyendo y desmontando. La naturaleza no olvida ni perdona. Y nosotros, tampoco" argumentaron.
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Sancionaron a dos barrios privados por dañar el ambiente y la ecología del piedemonte

Fecha de Publicación: 28/09/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza multó a dos emprendimientos que realizaron desmontes y movimientos irregulares de suelo en la zona del piedemonte lasherino. Se trata de dos propietarios diferentes que fueron emplazados y obligados a paralizar sus obras en reiteradas oportunidades por el organismo gubernamental, cuyo titular es Humberto Mingorance.
Sin embargo, los dueños de los barrios desoyeron los pedidos oficiales y ahora deberán afrontar multas que se aproximan a los 2 millones de pesos y en ambos casos se evaluará si corresponde una denuncia penal por daños ambientales. Se trata de los desarrollos inmobiliarios Villa Adolfina y Lares del Challao.

Incumplimientos a la ley del ambiente
La Ley provincial Nº5961 es la normativa que establece la obligatoriedad de realizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de todos aquellos proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos pueden causar modificaciones a las condiciones del equilibrio ecológico del Ambiente. Dicha normativa fue reglamentada mediante el Decreto Nº2109/94 y su ampliatorio Decreto Nº809/13.
Bajo esta ley, en Villa Adolfina Eco Country se determinaron dos incumplimientos clave. El primero es que carecen del informe de impacto ambiental. Y el segundo es que el emprendimiento está emplazado en una zona de riesgo "de media y alta peligrosidad, con cauces aluvionales – áreas de muy alta peligrosidad (color rojo) atravesando el terreno; todo ello implica la existencia de riesgo aluvional, encuadrando la zona en un área urbanizable/no urbanizable, lo que califica aún más la trascendencia de la infracción observada".
A pesar de ser advertidos sobre el tema, cuando se inspeccionó el lugar en mayo pasado ya había "obras de portal de acceso y SUM ejecutadas, apertura de caminos, replanteo y excavaciones en diversas parcelas y la presencia de maquinaria trabajando al momento de la inspección, realizando excavaciones y movimientos de suelos; asimismo se comprobó la afectación y degradación ambiental al eliminar flora nativa, realizar desmontes, afectar e invadir cauces aluvionales, entre otros impactos".
Con este historial de irregularidades, al Proyecto Villa Adolfina Eco Country, Matrícula Nº413.970/1, Nomenclatura 01-01-88-2300-470720-0000-3, propuesto por el Fideicomiso Villa Adolfina Country Hípico, se le impuso una multa que asciende a $1.012.000.
En el segundo caso, Lares de El Challao también se pueden contar un sinfín de idas y vueltas con el expediente. Pero tampoco el barrio cuenta con la declaración de impacto ambiental y también está emplazada en una zona aluvional peligrosa.

La palabra de Mingorance
“Seguimos llevando a cabo estrictos controles en todo el piedemonte mendocino, con el objetivo de desarrollar políticas de ordenamiento territorial que ayuden a mejorar el desarrollo de la zona de forma ordenada y fundamentalmente preservando el ambiente y la biodiversidad”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
Ante los reiterados emplazamientos y paralizaciones impuestas por la Secretaría de Ambiente, dado al incumplimiento de las leyes vigentes, ambos propietarios anteriormente mencionados corren el riesgo de ser demandados penalmente por el Gobierno, ya que la Provincia cuenta con las facultades de recurrir a la Justicia para que intervenga el juzgado correspondiente, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 9414 “Pautas de Manejo y Disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza".
Los desarrolladores, y de conformidad con el artículo 150 de la Ley N° 9003, podrán recurrir los términos de la decisión oficial en el plazo de 15 días desde la notificación de la sanción.
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Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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