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Avanza en el Senado el nuevo PN Ciervo de los Pantanos
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La creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos tuvo dictamen positivo en el Senado
Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Buenos Aires
Uno de los promotores de la iniciativa es Javier Pereira, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
El proyecto de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos obtuvo el pasado 12 de septiembre dictamen positivo en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. En el marco de la misma tuvo lugar la exposición de Javier Pereira, investigador adjunto del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET), quien expuso argumentos a favor de la propuesta que en julio ya recibió media sanción de diputados.
En caso de ser aprobado en el recinto de la Cámara Alta, el nuevo Parque Nacional integrará las actuales 4.088 hectáreas de la Reserva Natural Otamendi con otras 1.500 de la Reserva Natural Río Luján, que se encontraba bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
“Este parque será un espacio significativo para la conservación de la biodiversidad y de la sustentabilidad de los servicios ambientales del humedal, que permitirá desarrollar un nuevo enfoque para la protección de este ecosistema. La utilización del ciervo de los pantanos como emblema del parque implicará también un paso más en la puesta en valor de esta especie, cuyo futuro en el delta es incierto”, afirma el investigador.
En el año 2015 un equipo dirigido por Pereira, conformado por investigadores y becarios del CONICET, integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de organizaciones ambientalistas no gubernamentales y del sector productivo, ya había puesto en marcha un proyecto integral de conservación de este cérvido en el delta, denominado Proyecto Pantano, con el propósito de compatibilizar las actividades productivas de ese humedal -fundamentalmente la forestación comercial- con la conservación de la biodiversidad regional.
Además de Pereira estuvieron presentes en la reunión de comisiones de la Cámara de Senadores, Emiliano Ezcurra (Vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales) y Hernán Casañas (Director Ejecutivo de Aves Argentinas).
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Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Buenos Aires
Uno de los promotores de la iniciativa es Javier Pereira, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
El proyecto de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos obtuvo el pasado 12 de septiembre dictamen positivo en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. En el marco de la misma tuvo lugar la exposición de Javier Pereira, investigador adjunto del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET), quien expuso argumentos a favor de la propuesta que en julio ya recibió media sanción de diputados.
En caso de ser aprobado en el recinto de la Cámara Alta, el nuevo Parque Nacional integrará las actuales 4.088 hectáreas de la Reserva Natural Otamendi con otras 1.500 de la Reserva Natural Río Luján, que se encontraba bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
“Este parque será un espacio significativo para la conservación de la biodiversidad y de la sustentabilidad de los servicios ambientales del humedal, que permitirá desarrollar un nuevo enfoque para la protección de este ecosistema. La utilización del ciervo de los pantanos como emblema del parque implicará también un paso más en la puesta en valor de esta especie, cuyo futuro en el delta es incierto”, afirma el investigador.
En el año 2015 un equipo dirigido por Pereira, conformado por investigadores y becarios del CONICET, integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de organizaciones ambientalistas no gubernamentales y del sector productivo, ya había puesto en marcha un proyecto integral de conservación de este cérvido en el delta, denominado Proyecto Pantano, con el propósito de compatibilizar las actividades productivas de ese humedal -fundamentalmente la forestación comercial- con la conservación de la biodiversidad regional.
Además de Pereira estuvieron presentes en la reunión de comisiones de la Cámara de Senadores, Emiliano Ezcurra (Vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales) y Hernán Casañas (Director Ejecutivo de Aves Argentinas).
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Defensoría del Pueblo también se proncia por quemas en islas
La Defensoría advierte por la quema de pastizales
Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La institución, que hace más de diez años trabaja en el tema, expresó su preocupación por los efectos que el incendio de pastizales tiene en la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad vial.
Envío notas a las autoridades nacionales y provinciales competentes requiriendo información sobre las acciones adoptadas e instándolas a encontrar soluciones integrales.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, manifestó su profunda preocupación por los efectos nocivos que tiene en la calidad de vida de los santafesinos la quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, a la vez que remitió notas a las autoridades competentes, tanto del ámbito nacional como provincial, instándolas a adoptar medidas para terminar con esta práctica.
En ese sentido, recordó que la institución que conduce viene trabajando hace más de una década en esta problemática, que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin encontrar hasta ahora una solución.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios se repiten e incrementan año a año, paralelamente a la cantidad de ganado que hay en las islas, donde la explotación agrícola suele desecharse por ser una zona inundable, y quienes crían ganado apelan al fuego como método para la renovación del pasto.
Es por ello que desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realiza diferentes gestiones, en concordancia con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para terminar con la quema indiscriminada de pastizales, ya que los perjuicios no se limitan solamente a molestias ocasionadas por el humo y cenizas lanzados al aire ocasionando dificultades para respirar e irritación, entre otros, sino que según algunos especialistas pueden producir graves perjuicios a largo plazo, además importante impacto ambiental.
Asimismo, la quema afecta la seguridad vial de quienes se desplazan por el puente Rosario-Victoria, traza que en condiciones normales ya tiene un importante índice de siniestralidad y cuya peligrosidad se ve incrementada por la presencia de humo sobre la ruta.
En este contexto, y habida cuenta de que el problema presenta diversas dificultades, ya que entran en juego un conjunto de cuestiones jurisdiccionales, culturales, económicas e incluso legales, la Defensoría del Pueblo remitió notas a las autoridades competentes tanto de la Nación, como de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, requiriendo que se informe que medidas de contingencias se han adoptado tendientes a encontrar soluciones integrales a la problemática, tanto para reducir riegos en la siniestralidad vial, en la salud de las personas y la afectación directa al ecosistema.
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Fecha de Publicación: 24/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La institución, que hace más de diez años trabaja en el tema, expresó su preocupación por los efectos que el incendio de pastizales tiene en la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad vial.
Envío notas a las autoridades nacionales y provinciales competentes requiriendo información sobre las acciones adoptadas e instándolas a encontrar soluciones integrales.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, manifestó su profunda preocupación por los efectos nocivos que tiene en la calidad de vida de los santafesinos la quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, a la vez que remitió notas a las autoridades competentes, tanto del ámbito nacional como provincial, instándolas a adoptar medidas para terminar con esta práctica.
En ese sentido, recordó que la institución que conduce viene trabajando hace más de una década en esta problemática, que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin encontrar hasta ahora una solución.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios se repiten e incrementan año a año, paralelamente a la cantidad de ganado que hay en las islas, donde la explotación agrícola suele desecharse por ser una zona inundable, y quienes crían ganado apelan al fuego como método para la renovación del pasto.
Es por ello que desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realiza diferentes gestiones, en concordancia con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para terminar con la quema indiscriminada de pastizales, ya que los perjuicios no se limitan solamente a molestias ocasionadas por el humo y cenizas lanzados al aire ocasionando dificultades para respirar e irritación, entre otros, sino que según algunos especialistas pueden producir graves perjuicios a largo plazo, además importante impacto ambiental.
Asimismo, la quema afecta la seguridad vial de quienes se desplazan por el puente Rosario-Victoria, traza que en condiciones normales ya tiene un importante índice de siniestralidad y cuya peligrosidad se ve incrementada por la presencia de humo sobre la ruta.
En este contexto, y habida cuenta de que el problema presenta diversas dificultades, ya que entran en juego un conjunto de cuestiones jurisdiccionales, culturales, económicas e incluso legales, la Defensoría del Pueblo remitió notas a las autoridades competentes tanto de la Nación, como de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, requiriendo que se informe que medidas de contingencias se han adoptado tendientes a encontrar soluciones integrales a la problemática, tanto para reducir riegos en la siniestralidad vial, en la salud de las personas y la afectación directa al ecosistema.
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Santa Fe
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Continúa el apriete minero por la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares y el futuro de la minería
Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En un par de oportunidades, la secretaria de Minería de la Nación, Ing. Carolina Sánchez, ha respondido de manera poco satisfactoria las preguntas relacionadas con la Ley de Glaciares Nº 26.639.
Tanto empresarios como periodistas saben que esa ley introdujo un factor de inseguridad jurídica para los inversores mineros, y por eso está cuestionada desde el momento mismo de su promulgación. El tema es de conocimiento público a través de innumerables notas publicadas desde el 2010 hasta el presente.
Es probable que, por cierta ignorancia en la temática minera, la nueva funcionaria todavía no se haya dado cuenta de que esa ley afecta a las posibilidades de inversión en el área de gobierno que es de su específica responsabilidad. Sería conveniente que se asesore al respecto porque siendo la máxima autoridad política de la minería del país, y teniendo al Consejo Federal de Minería como órgano asesor, debe darle respuestas correctas y precisas a empresarios e inversores que se reúnan con ella y le pregunten, por ejemplo, si un determinado proyecto está adentro o afuera de las áreas prohibidas por la Ley.
San Juan, por ejemplo, es una provincia que posee reservas de cobre y de otros metales para proyectar un formidable desarrollo minero e industrial desde el presente hasta el siglo que viene, pero sus yacimientos se ubican en zonas cordilleranas que podrían considerarse parte del denominado ambiente periglaciar en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Glaciares, en cuya extensión la misma ley prohibe las actividades mineras.
En notas anteriores hemos explicado que el aludido párrafo de la ley está de más y debería derogarse porque los glaciares están suficientemente protegidos sin ese párrafo. Fue incluido por la presión de grupos ecologistas que no responden al interés nacional, con una definición intencionalmente ambigua que impide fijar donde están sus límites en el terreno, pero con la explícita finalidad de prohibir la actividad minera en esa desconocida extensión. Tan es así que, a pesar de que la ley lleva 8 años de vigencia, nadie ha podido explicar dónde queda el límite de esa particular prohibición.
Si a esto le agregamos que, con una interpretación propia de la Ley de Glaciares, un juez federal ya procesó a un eminente científico argentino por la información que produjo en un sector de la cordillera sanjuanina y hoy está haciendo esfuerzos por intervenir y posiblemente cerrar la principal mina de la provincia, surge claramente que estamos hablando de un tema irresuelto, de enorme importancia política, económica y social pero con riesgos jurídicos reales y concretos.
Por eso, la Secretaría de Minería de la Nación debería ocuparse de procurar una solución al problema planteado o de gestionar las reformas legales que sean pertinentes para esa finalidad. En el caso que nos ocupa, y para ser bien concretos, debería poder asegurar a empresarios e inversores si los yacimientos Pachón, Altar, Los Azules, Del Carmen, Veladero, Lama, Josemaría y Filo del Sol están adentro o están afuera del denominado "ambiente periglaciar'' de la Ley de Glaciares. De la respuesta que se dé a este interrogante depende la mayor parte del futuro desarrollo minero e industrial de la provincia de San Juan.
Eddy Lavandaio, Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas.
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Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En un par de oportunidades, la secretaria de Minería de la Nación, Ing. Carolina Sánchez, ha respondido de manera poco satisfactoria las preguntas relacionadas con la Ley de Glaciares Nº 26.639.
Tanto empresarios como periodistas saben que esa ley introdujo un factor de inseguridad jurídica para los inversores mineros, y por eso está cuestionada desde el momento mismo de su promulgación. El tema es de conocimiento público a través de innumerables notas publicadas desde el 2010 hasta el presente.
Es probable que, por cierta ignorancia en la temática minera, la nueva funcionaria todavía no se haya dado cuenta de que esa ley afecta a las posibilidades de inversión en el área de gobierno que es de su específica responsabilidad. Sería conveniente que se asesore al respecto porque siendo la máxima autoridad política de la minería del país, y teniendo al Consejo Federal de Minería como órgano asesor, debe darle respuestas correctas y precisas a empresarios e inversores que se reúnan con ella y le pregunten, por ejemplo, si un determinado proyecto está adentro o afuera de las áreas prohibidas por la Ley.
San Juan, por ejemplo, es una provincia que posee reservas de cobre y de otros metales para proyectar un formidable desarrollo minero e industrial desde el presente hasta el siglo que viene, pero sus yacimientos se ubican en zonas cordilleranas que podrían considerarse parte del denominado ambiente periglaciar en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Glaciares, en cuya extensión la misma ley prohibe las actividades mineras.
En notas anteriores hemos explicado que el aludido párrafo de la ley está de más y debería derogarse porque los glaciares están suficientemente protegidos sin ese párrafo. Fue incluido por la presión de grupos ecologistas que no responden al interés nacional, con una definición intencionalmente ambigua que impide fijar donde están sus límites en el terreno, pero con la explícita finalidad de prohibir la actividad minera en esa desconocida extensión. Tan es así que, a pesar de que la ley lleva 8 años de vigencia, nadie ha podido explicar dónde queda el límite de esa particular prohibición.
Si a esto le agregamos que, con una interpretación propia de la Ley de Glaciares, un juez federal ya procesó a un eminente científico argentino por la información que produjo en un sector de la cordillera sanjuanina y hoy está haciendo esfuerzos por intervenir y posiblemente cerrar la principal mina de la provincia, surge claramente que estamos hablando de un tema irresuelto, de enorme importancia política, económica y social pero con riesgos jurídicos reales y concretos.
Por eso, la Secretaría de Minería de la Nación debería ocuparse de procurar una solución al problema planteado o de gestionar las reformas legales que sean pertinentes para esa finalidad. En el caso que nos ocupa, y para ser bien concretos, debería poder asegurar a empresarios e inversores si los yacimientos Pachón, Altar, Los Azules, Del Carmen, Veladero, Lama, Josemaría y Filo del Sol están adentro o están afuera del denominado "ambiente periglaciar'' de la Ley de Glaciares. De la respuesta que se dé a este interrogante depende la mayor parte del futuro desarrollo minero e industrial de la provincia de San Juan.
Eddy Lavandaio, Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas.
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recursos hídricos
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Chubut: legisladores piden conocer el ordenamiento de bosques
Diputados ponen bajo la lupa el ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En la última sesión de la Legislatura de Chubut, pasó a Comisión, luego de un amplio debate, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear las Áreas Naturales Protegidas las “Nacientes de Río Tigre”, “HuemulHielo” y “Río Engaño”.
En la oportunidad desde la oposición solicitaron la presencia del Subsecretario de Bosque para que explique el ordenamiento territorial de bosques, y hubo además un requerimiento para que se anexen todas las otras áreas boscosas que no están dentro de las Áreas Protegidas. A su turno, el diputado Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones), resaltó que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Provincial y sus cuadros técnicos tiene antecedentes de conservación y de trabajo de campo importante “ya que pretende poner en resguardo más de 150 mil hectáreas de bosques nativos”.
El legislador explicó que “elevar el estatus jurídico de conservación a través el manejo conjunto de la subsecretaría de Bosque y de Áreas Protegidas está enmarcado en una historia muy importante de conservación”.
En ese sentido resaltó que la zona a conservar integra la zona y la fauna endémica, bosques nativos y el nacimiento de tres importantes cuencas hídricas y glaciares vinculados a parques nacionales como los de Futalaufquen y Puelo”, dijo y aclaró que surgió una duda por el artículo 11 del proyecto y que habría que proponer una modificación.
Caminoa: “el IAC no puede otorgar títulos”
Por su parte, la diputada Jacqueline Caminoa (Cambiemos), compartió la creación de las áreas protegidas pero que le preocupa los artículos 10, 11 y 12 de los pobladores que estaban asentados dentro de esas reservas.
“No puede ser el IAC quien otorgue los títulos de esos pobladores sin que pasen por legislatura”, dijo y agregó que “necesitamos volver a aplicar los cuatro quintos que manda el artículo 105 de la Constitución que para crear las áreas protegidas tiene que haber mayoría especial de 18 diputados, ese artículo no se estaría cumpliendo si se permitiera que el IAC, sin la autorización de los cuatro quintos de la Legislatura, no aprobara ese perfeccionamiento de los títulos”.
Anden agradecida
La diputada Zulema Anden (ChuSoTo), agradeció el compromiso de su par Leandro Espinosa “que recorrió la zona y le está dando respuesta a un reclamo cordillerano a igual que Alfredo Di Filippo quien con celeridad accedió a tratar este tema”.
Por su parte, el diputado Alejandro Albaini indicó que los pobladores que están en un área protegida deben tener los mismos derechos que los que están afuera. Escuchar a los pobladores En su intervención el diputado José Grazzini (PJ-FpV), dijo que sería muy bueno que los pobladores estén presentes, “porque después surgen los problemas como ocurre en el parque Los Alerces y en otros parques nacionales, Es bueno el avance en parques nacionales, pero deben ser escuchados los pobladores”. Además, Grazzini que no cree en los manejos que ha tenido en IAC solicitó un registro de pobladores, “quiero que la ley la acompañe un registro con los verdaderos pobladores, quiñen vive, quien reside, quienes serán los beneficiados y que la ley nunca pueda ser modificada”.
Límites al IAC
La diputada Gabriela Dufour (PJ-FpV), sostuvo que hay que marcarle los límites al IAC “cuando se les pide al IAC la mensura rápidamente aparece, cuando lo que hay acá detrás es un negocio inmobiliario porque con migajas lo convencen al poblador que está pasando por una situación de riesgo, entonces rápidamente le dan unos pesos, se acelera el circuito en el IAC e inmediatamente vemos la transferencia a esos grandes inversores inmobiliarios en nuestra cordillera”.
La legisladora coincide en que hay que limitar la acción el IAC y respetar el artículo 105 de las Constitución, “es muy doloroso ver como se aprovechan de esos pequeños pobladores que muchos tienen 80 o 90 años viviendo en esos lugares y luego llegan estos empresarios que por migajas le sacan esos pequeños derechos”, dijo e instó Instó a que no se siga cometiendo más errores y que se permita que los inversores extranjeros y de otras provincias se aprovechen de nuestra naturaleza quitándoles el derecho de acceso a los ríos, a los lagos cercenando la posibilidad de disfrutarlos”.
Anular el Decreto 74/05
El presidente Alfredo Di Filippo (Convergencia), dijo que el decreto 74/05 modificó la Constitución por decreto, “se permitió por ese decreto, que todos estos personajes se quedaran con tierras con bosques, se las sacaban a los pobladores y traían mensuras que parecían hechas por la NASA. Pobladores que tenían cien, doscientas hectáreas con animales, pobladores muy respetuosos del medio ambiente y aparecían estos personajes con una mensura descomunal, y se quedaban con mil o mil quinientas hectáreas”.
Di Filippo explicó que “esos personajes agarraban un poblador, lo conversaban, le daban 50 o 100 mil pesos y se quedaban con las tierras y aumentaban de 100 a 1000 hectáreas y esto se permitió por un decreto por lo que debemos anularlo y se anulan todas esas operaciones”.
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Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En la última sesión de la Legislatura de Chubut, pasó a Comisión, luego de un amplio debate, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear las Áreas Naturales Protegidas las “Nacientes de Río Tigre”, “HuemulHielo” y “Río Engaño”.
En la oportunidad desde la oposición solicitaron la presencia del Subsecretario de Bosque para que explique el ordenamiento territorial de bosques, y hubo además un requerimiento para que se anexen todas las otras áreas boscosas que no están dentro de las Áreas Protegidas. A su turno, el diputado Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones), resaltó que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Provincial y sus cuadros técnicos tiene antecedentes de conservación y de trabajo de campo importante “ya que pretende poner en resguardo más de 150 mil hectáreas de bosques nativos”.
El legislador explicó que “elevar el estatus jurídico de conservación a través el manejo conjunto de la subsecretaría de Bosque y de Áreas Protegidas está enmarcado en una historia muy importante de conservación”.
En ese sentido resaltó que la zona a conservar integra la zona y la fauna endémica, bosques nativos y el nacimiento de tres importantes cuencas hídricas y glaciares vinculados a parques nacionales como los de Futalaufquen y Puelo”, dijo y aclaró que surgió una duda por el artículo 11 del proyecto y que habría que proponer una modificación.
Caminoa: “el IAC no puede otorgar títulos”
Por su parte, la diputada Jacqueline Caminoa (Cambiemos), compartió la creación de las áreas protegidas pero que le preocupa los artículos 10, 11 y 12 de los pobladores que estaban asentados dentro de esas reservas.
“No puede ser el IAC quien otorgue los títulos de esos pobladores sin que pasen por legislatura”, dijo y agregó que “necesitamos volver a aplicar los cuatro quintos que manda el artículo 105 de la Constitución que para crear las áreas protegidas tiene que haber mayoría especial de 18 diputados, ese artículo no se estaría cumpliendo si se permitiera que el IAC, sin la autorización de los cuatro quintos de la Legislatura, no aprobara ese perfeccionamiento de los títulos”.
Anden agradecida
La diputada Zulema Anden (ChuSoTo), agradeció el compromiso de su par Leandro Espinosa “que recorrió la zona y le está dando respuesta a un reclamo cordillerano a igual que Alfredo Di Filippo quien con celeridad accedió a tratar este tema”.
Por su parte, el diputado Alejandro Albaini indicó que los pobladores que están en un área protegida deben tener los mismos derechos que los que están afuera. Escuchar a los pobladores En su intervención el diputado José Grazzini (PJ-FpV), dijo que sería muy bueno que los pobladores estén presentes, “porque después surgen los problemas como ocurre en el parque Los Alerces y en otros parques nacionales, Es bueno el avance en parques nacionales, pero deben ser escuchados los pobladores”. Además, Grazzini que no cree en los manejos que ha tenido en IAC solicitó un registro de pobladores, “quiero que la ley la acompañe un registro con los verdaderos pobladores, quiñen vive, quien reside, quienes serán los beneficiados y que la ley nunca pueda ser modificada”.
Límites al IAC
La diputada Gabriela Dufour (PJ-FpV), sostuvo que hay que marcarle los límites al IAC “cuando se les pide al IAC la mensura rápidamente aparece, cuando lo que hay acá detrás es un negocio inmobiliario porque con migajas lo convencen al poblador que está pasando por una situación de riesgo, entonces rápidamente le dan unos pesos, se acelera el circuito en el IAC e inmediatamente vemos la transferencia a esos grandes inversores inmobiliarios en nuestra cordillera”.
La legisladora coincide en que hay que limitar la acción el IAC y respetar el artículo 105 de las Constitución, “es muy doloroso ver como se aprovechan de esos pequeños pobladores que muchos tienen 80 o 90 años viviendo en esos lugares y luego llegan estos empresarios que por migajas le sacan esos pequeños derechos”, dijo e instó Instó a que no se siga cometiendo más errores y que se permita que los inversores extranjeros y de otras provincias se aprovechen de nuestra naturaleza quitándoles el derecho de acceso a los ríos, a los lagos cercenando la posibilidad de disfrutarlos”.
Anular el Decreto 74/05
El presidente Alfredo Di Filippo (Convergencia), dijo que el decreto 74/05 modificó la Constitución por decreto, “se permitió por ese decreto, que todos estos personajes se quedaran con tierras con bosques, se las sacaban a los pobladores y traían mensuras que parecían hechas por la NASA. Pobladores que tenían cien, doscientas hectáreas con animales, pobladores muy respetuosos del medio ambiente y aparecían estos personajes con una mensura descomunal, y se quedaban con mil o mil quinientas hectáreas”.
Di Filippo explicó que “esos personajes agarraban un poblador, lo conversaban, le daban 50 o 100 mil pesos y se quedaban con las tierras y aumentaban de 100 a 1000 hectáreas y esto se permitió por un decreto por lo que debemos anularlo y se anulan todas esas operaciones”.
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Misiones: conservar la selva con alianza de privados
Buscan conservar los sectores de la selva misionera en tierras privadas
Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Fundación Vida Silvestre intercede en la obtención de subsidios destinados por la Ley de Bosques mediante el Ministerio de Ecología. Las compensaciones están arriba de los 100 mil pesos.
Bajo la consigna “por más yaguaretés, acciones estratégicas para su conservación en la selva misionera”, se gestiona la intervención en propiedades privadas que contengan una porción de bosque nativo. Es así que se han ocupado de informar a propietarios sobre la posibilidad de aportar a la protección de los corredores de la biodiversidad que forman parte del hábitat de animales silvestres.
José María Chávez, coordinador de la Fundación Vida Silvestre, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “este proyecto está centrado básicamente en acciones de conservación para el yaguareté, bajo tres componentes. Uno tiene que ver con el tema de evitar la pérdida y fragmentación del habitad donde estamos trabajando con la Ley de Bosques y con productores privados bajo un plan de conservación de bosques nativos. Otro componente tiene que ver con prevenir la cacería furtiva, donde se trabaja fuertemente con el Ministerio de Ecología y Guardaparques. Una tercer pata, tiene que ver con el conflicto yaguareté- ganadería, donde estamos trabajando con productores ganaderos”.
En Misiones, este plan se conservación se centra “principalmente es en la zona norte de la provincia. En el caso de los trámites de conservación de bosques nativos, se ubica en las áreas cercanas de San Pedro, entre Tobuna y Cruce Caballero, para asegurar los corredores entre estos dos grandes porciones de bosques del norte y el sur”, detalló. Con estas acciones, “queremos asegurar una conectividad, basándonos en investigaciones que identifican cuales son los corredores del yaguareté”, añadió.
Chávez indicó que con este proyecto “tenemos contratada a una consultora con quien se realiza el trabajo de campo. Lo que hacemos es identificar la zona, llegar allá y contactar a todos los propietarios de estas tierras que tengan bosques nativos. Nuestra linea forestal consiste en hacerle explicaciones sobre los planes de conservación, cuáles serían las actividades y los compromisos a asumir para poder recibir los fondos de compensación que los otorga la Ley de Bosques, vía Ministerio de Ecología, otro aliado del proyecto”.
Sobre cómo marcha el trabajo en estas áreas contó que “aunque todavía no han sido asignados los fondos a todos los propietarios ya han sido entregados los certificados de aprobación del Ministerio de Ecología a 594 hectáreas. Ahora tenemos en proceso con unas 2,050 hectáreas, en distintas etapas, algunas aprobadas, otras en revisión, otras en información con los propietarios”.
En materia de la compensación económica, José María Chávez aclaró que “no hay un monto fijo establecido, básicamente lo que se hace es realizar un plan operativo anual con los propietarios y establecer cuáles serían las actividades que se desarrollarían dentro de su predio, principalmente actividades productivas, entre otras actividades de crecimiento de bosque. Entonces se hace el cálculo en función del tamaño del predio y de las actividades, luego se pide un monto, se detalla en que se gastaría para ser evaluado. Dependiendo de la superficie que estemos hablando, están por encima de los 100 mil pesos por año”.
Conflicto yaguareté-ganado
Chávez aseguró que “ahora no se están dando situaciones conflictivas. Existen experiencias en el trabajo que ha hecho la Red Yaguareté en la zona del Salto Encantado, donde han llegado a dar una compensación por la pérdida de ganado. Actualmente está en proceso de aprobación una Ley de Grandes Felinos que se la está modificando para reglamentarla, en ella se prevé una retribución por la pérdida de ganado por el ataque de grandes felinos como yaguaretés y pumas. Una vez aprobada la Ley, la compensación será una más de las opciones a las que pueda recurrir un productor ganadero cuando tenga una pérdida por ataques”.
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Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Fundación Vida Silvestre intercede en la obtención de subsidios destinados por la Ley de Bosques mediante el Ministerio de Ecología. Las compensaciones están arriba de los 100 mil pesos.
Bajo la consigna “por más yaguaretés, acciones estratégicas para su conservación en la selva misionera”, se gestiona la intervención en propiedades privadas que contengan una porción de bosque nativo. Es así que se han ocupado de informar a propietarios sobre la posibilidad de aportar a la protección de los corredores de la biodiversidad que forman parte del hábitat de animales silvestres.
José María Chávez, coordinador de la Fundación Vida Silvestre, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “este proyecto está centrado básicamente en acciones de conservación para el yaguareté, bajo tres componentes. Uno tiene que ver con el tema de evitar la pérdida y fragmentación del habitad donde estamos trabajando con la Ley de Bosques y con productores privados bajo un plan de conservación de bosques nativos. Otro componente tiene que ver con prevenir la cacería furtiva, donde se trabaja fuertemente con el Ministerio de Ecología y Guardaparques. Una tercer pata, tiene que ver con el conflicto yaguareté- ganadería, donde estamos trabajando con productores ganaderos”.
En Misiones, este plan se conservación se centra “principalmente es en la zona norte de la provincia. En el caso de los trámites de conservación de bosques nativos, se ubica en las áreas cercanas de San Pedro, entre Tobuna y Cruce Caballero, para asegurar los corredores entre estos dos grandes porciones de bosques del norte y el sur”, detalló. Con estas acciones, “queremos asegurar una conectividad, basándonos en investigaciones que identifican cuales son los corredores del yaguareté”, añadió.
Chávez indicó que con este proyecto “tenemos contratada a una consultora con quien se realiza el trabajo de campo. Lo que hacemos es identificar la zona, llegar allá y contactar a todos los propietarios de estas tierras que tengan bosques nativos. Nuestra linea forestal consiste en hacerle explicaciones sobre los planes de conservación, cuáles serían las actividades y los compromisos a asumir para poder recibir los fondos de compensación que los otorga la Ley de Bosques, vía Ministerio de Ecología, otro aliado del proyecto”.
Sobre cómo marcha el trabajo en estas áreas contó que “aunque todavía no han sido asignados los fondos a todos los propietarios ya han sido entregados los certificados de aprobación del Ministerio de Ecología a 594 hectáreas. Ahora tenemos en proceso con unas 2,050 hectáreas, en distintas etapas, algunas aprobadas, otras en revisión, otras en información con los propietarios”.
En materia de la compensación económica, José María Chávez aclaró que “no hay un monto fijo establecido, básicamente lo que se hace es realizar un plan operativo anual con los propietarios y establecer cuáles serían las actividades que se desarrollarían dentro de su predio, principalmente actividades productivas, entre otras actividades de crecimiento de bosque. Entonces se hace el cálculo en función del tamaño del predio y de las actividades, luego se pide un monto, se detalla en que se gastaría para ser evaluado. Dependiendo de la superficie que estemos hablando, están por encima de los 100 mil pesos por año”.
Conflicto yaguareté-ganado
Chávez aseguró que “ahora no se están dando situaciones conflictivas. Existen experiencias en el trabajo que ha hecho la Red Yaguareté en la zona del Salto Encantado, donde han llegado a dar una compensación por la pérdida de ganado. Actualmente está en proceso de aprobación una Ley de Grandes Felinos que se la está modificando para reglamentarla, en ella se prevé una retribución por la pérdida de ganado por el ataque de grandes felinos como yaguaretés y pumas. Una vez aprobada la Ley, la compensación será una más de las opciones a las que pueda recurrir un productor ganadero cuando tenga una pérdida por ataques”.
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Restauran zonas incendiadas del Cerro Otto
Ambiente apoya la restauración de áreas incendiadas del Cerro Otto
Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: Secretar ía de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Río Negro
En el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable liderada por Sergio Bergman, participó en el día de hoy del lanzamiento del proyecto “Restauración de áreas incendiadas en la ladera sur del Cerro Otto”, que integra el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos.
El acto se realizó en el centro de esquí Piedras Blancas del Cerro Otto, en Bariloche y fue encabezado por el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, junto a la secretaria de Ambiente de Río Negro, Beatriz Marqués; el subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo; y autoridades provinciales y locales.
El proyecto “Restauración de áreas incendiadas en la ladera sur del Cerro Otto”, tiene por objetivo restaurar las zonas afectadas por los incendios en las laderas del Cerro Otto, mejorar la inestabilidad de pendientes provocadas por las avalanchas de nieve, los deslizamientos y caídas de rocas, debido a que la erosión hídrica sobre las laderas y las inundaciones constituyen los principales factores de peligrosidad.
“Celebramos que toda la diversidad de actores locales, INTA, el municipio y el programa Hacemos Futuro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, hayan realizado un trabajo mancomunado para la ejecución de este proyecto seleccionado en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos y del ForestAr 2030”, afirmó Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques. Además agregó: “En la actualidad existen más de 5.000 ha bajo restauración con fines ambientales y de producción sustentable en el marco del Plan Nacional de Restauración”.
Cabe señalar que, para el mencionado proyecto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable prevé una inversión de $1.178.350, a través del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos.
Durante la jornada se plantaron 7.500 plantines de lenga, ciprés de la cordillera, coihue, maitén y ñire, con el objetivo de contribuir a la recuperación del valor paisajístico y recreativo del área y potenciar otros servicios ecosistémicos como la conservación de la biodiversidad, ampliando el área de hábitat para especies de fauna y flora asociada al bosque.
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Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: Secretar ía de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Río Negro
En el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable liderada por Sergio Bergman, participó en el día de hoy del lanzamiento del proyecto “Restauración de áreas incendiadas en la ladera sur del Cerro Otto”, que integra el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos.
El acto se realizó en el centro de esquí Piedras Blancas del Cerro Otto, en Bariloche y fue encabezado por el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, junto a la secretaria de Ambiente de Río Negro, Beatriz Marqués; el subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo; y autoridades provinciales y locales.
El proyecto “Restauración de áreas incendiadas en la ladera sur del Cerro Otto”, tiene por objetivo restaurar las zonas afectadas por los incendios en las laderas del Cerro Otto, mejorar la inestabilidad de pendientes provocadas por las avalanchas de nieve, los deslizamientos y caídas de rocas, debido a que la erosión hídrica sobre las laderas y las inundaciones constituyen los principales factores de peligrosidad.
“Celebramos que toda la diversidad de actores locales, INTA, el municipio y el programa Hacemos Futuro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, hayan realizado un trabajo mancomunado para la ejecución de este proyecto seleccionado en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos y del ForestAr 2030”, afirmó Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques. Además agregó: “En la actualidad existen más de 5.000 ha bajo restauración con fines ambientales y de producción sustentable en el marco del Plan Nacional de Restauración”.
Cabe señalar que, para el mencionado proyecto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable prevé una inversión de $1.178.350, a través del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos.
Durante la jornada se plantaron 7.500 plantines de lenga, ciprés de la cordillera, coihue, maitén y ñire, con el objetivo de contribuir a la recuperación del valor paisajístico y recreativo del área y potenciar otros servicios ecosistémicos como la conservación de la biodiversidad, ampliando el área de hábitat para especies de fauna y flora asociada al bosque.
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Sancionarán ante quemas ilegales de islas entrerrianas
Sancionarán a propietarios de campos donde haya quemas sin autorización
Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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La Reserva de la UNL cumplió dos décadas
La Reserva Natural de Ciudad Universitaria cumplió dos décadas
Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
"Debemos desarrollar las Reservas Naturales para que sean un laboratorio más donde estudiar el impacto del crecimiento de las ciudades en el ecosistema y cómo lograr desarrollo sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella, este miércoles, en el acto por los 20 años de la Reserva. En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, hizo entrega de un subsidio para encarar acciones de conservación del patrimonio natural en el espacio verde.
Con cartelería y señalética renovada para visitar sus senderos y conocer de cerca la flora y la fauna litoraleña, la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cumplió 20 años y lo festejó este miércoles con la visita de numerosos alumnos de escuelas primarias que llenaron el espacio con preguntas e inquietudes sobre la vida de las especies locales.
La celebración fue el marco para la entrega de un subsidio de 150 mil pesos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe para la constitución de un Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe, un proyecto que llevarán adelante en forma conjunta con la UNL y Fundación Hábitat, organización que acompaña a la Universidad en el manejo de este espacio verde.
“Aula verde”
“Estamos celebrando estos 20 años de la Reserva y poniéndola en valor porque constituye un espacio académico más de la Universidad que se ha ganado el aprecio de la toda la comunidad. Por eso, nuestro compromiso como universitarios es no sólo conservar las dos Reservas Naturales de la UNL sino ayudar a desarrollarlas, hacerlas más sustentables, que sean un laboratorio más para estudiar el impacto del crecimiento de la ciudad en nuestro medio ambiente y cómo lograr desarrollo de manera sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente provincial Jacinto Speranza realizó un repaso de los logros legislativos en cuanto a protección del medio ambiente que ha registrado Santa Fe en estas dos décadas y destacó la constitución de un fondo para encarar acciones sustentables y de preservación del patrimonio natural.
En nombre de Fundación Hábitat, Fernando Ardura, recordó que esta reserva urbana es una de las pocas existentes en el país, que “al momento de su constitución en la década del 90 fue una instancia novedosa en Argentina y hoy se destaca por ser un área de conservación de las especies”.
Por su parte, Alba Imhof, coordinadora de las Reservas Ecológicas de la UNL y directora de la Licenciatura en Biodiversidad que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias, valoró el trabajo en conjunto con la Fundación Hábitat que permite encarar nuevas acciones de cuidado del espacio natural. Informó que cada año, son 10 mil las visitas formales que recibe la Reserva, además de otros visitantes, y destacó la inauguración de nueva cartelería financiada con fondos de Presupuesto Participativo 2017 de la UNL.
“Las Reservas a su vez han producido cambios dentro de la Universidad, hoy son parte de UNL Verde, es decir de las políticas sustentables de la institución, y dentro de ellas no solamente se enseña y se aprende, sino que desarrollamos proyectos de extensión, de investigación y de docencia: es un aula verde”, definió Alba Imhof.
Reconocimientos
A continuación, el rector de la UNL convocó a los estudiantes a convertirse en guías de la Reserva para reafirmar su compromiso con la ecología, estudiar e investigar sobre los ecosistemas locales. Los alumnos cantaron el feliz cumpleaños por las dos décadas de la Reserva Ecológica y a continuación se realizó un reconocimiento al primer guarda parque de la Reserva Ecológica, Juan Carlos Almirón; a la coordinadora del espacio, Alba Imhof, y en representación de todos los estudiantes que han trabajado como guías y viveristas a Sofía Pierini, profesora en Biología quien finalizó su pasantía de grado en la Reserva.
También estuvieron en el acto, el presidente de la Fundación Hábitat, Fernando Ardura; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana Canal; el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo; autoridades universitarias, representantes de instituciones vinculadas al medio ambiente, alumnos y docentes de 3º grado del Colegio Nuestra señora del Huerto; guías, viveristas voluntarios y guarda parques de la Reserva Ecológica.
La UNL cuenta con dos reservas naturales, una en Ciudad Universitaria y la otra en Esperanza, son parte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y uno de los pilares que dan vida a UNL Verde, el programa con el que la Universidad aborda las problemáticas ambientales y de uso eficiente de los recursos en todas sus políticas institucionales.
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Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
"Debemos desarrollar las Reservas Naturales para que sean un laboratorio más donde estudiar el impacto del crecimiento de las ciudades en el ecosistema y cómo lograr desarrollo sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella, este miércoles, en el acto por los 20 años de la Reserva. En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, hizo entrega de un subsidio para encarar acciones de conservación del patrimonio natural en el espacio verde.
Con cartelería y señalética renovada para visitar sus senderos y conocer de cerca la flora y la fauna litoraleña, la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cumplió 20 años y lo festejó este miércoles con la visita de numerosos alumnos de escuelas primarias que llenaron el espacio con preguntas e inquietudes sobre la vida de las especies locales.
La celebración fue el marco para la entrega de un subsidio de 150 mil pesos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe para la constitución de un Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe, un proyecto que llevarán adelante en forma conjunta con la UNL y Fundación Hábitat, organización que acompaña a la Universidad en el manejo de este espacio verde.
“Aula verde”
“Estamos celebrando estos 20 años de la Reserva y poniéndola en valor porque constituye un espacio académico más de la Universidad que se ha ganado el aprecio de la toda la comunidad. Por eso, nuestro compromiso como universitarios es no sólo conservar las dos Reservas Naturales de la UNL sino ayudar a desarrollarlas, hacerlas más sustentables, que sean un laboratorio más para estudiar el impacto del crecimiento de la ciudad en nuestro medio ambiente y cómo lograr desarrollo de manera sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente provincial Jacinto Speranza realizó un repaso de los logros legislativos en cuanto a protección del medio ambiente que ha registrado Santa Fe en estas dos décadas y destacó la constitución de un fondo para encarar acciones sustentables y de preservación del patrimonio natural.
En nombre de Fundación Hábitat, Fernando Ardura, recordó que esta reserva urbana es una de las pocas existentes en el país, que “al momento de su constitución en la década del 90 fue una instancia novedosa en Argentina y hoy se destaca por ser un área de conservación de las especies”.
Por su parte, Alba Imhof, coordinadora de las Reservas Ecológicas de la UNL y directora de la Licenciatura en Biodiversidad que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias, valoró el trabajo en conjunto con la Fundación Hábitat que permite encarar nuevas acciones de cuidado del espacio natural. Informó que cada año, son 10 mil las visitas formales que recibe la Reserva, además de otros visitantes, y destacó la inauguración de nueva cartelería financiada con fondos de Presupuesto Participativo 2017 de la UNL.
“Las Reservas a su vez han producido cambios dentro de la Universidad, hoy son parte de UNL Verde, es decir de las políticas sustentables de la institución, y dentro de ellas no solamente se enseña y se aprende, sino que desarrollamos proyectos de extensión, de investigación y de docencia: es un aula verde”, definió Alba Imhof.
Reconocimientos
A continuación, el rector de la UNL convocó a los estudiantes a convertirse en guías de la Reserva para reafirmar su compromiso con la ecología, estudiar e investigar sobre los ecosistemas locales. Los alumnos cantaron el feliz cumpleaños por las dos décadas de la Reserva Ecológica y a continuación se realizó un reconocimiento al primer guarda parque de la Reserva Ecológica, Juan Carlos Almirón; a la coordinadora del espacio, Alba Imhof, y en representación de todos los estudiantes que han trabajado como guías y viveristas a Sofía Pierini, profesora en Biología quien finalizó su pasantía de grado en la Reserva.
También estuvieron en el acto, el presidente de la Fundación Hábitat, Fernando Ardura; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana Canal; el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo; autoridades universitarias, representantes de instituciones vinculadas al medio ambiente, alumnos y docentes de 3º grado del Colegio Nuestra señora del Huerto; guías, viveristas voluntarios y guarda parques de la Reserva Ecológica.
La UNL cuenta con dos reservas naturales, una en Ciudad Universitaria y la otra en Esperanza, son parte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y uno de los pilares que dan vida a UNL Verde, el programa con el que la Universidad aborda las problemáticas ambientales y de uso eficiente de los recursos en todas sus políticas institucionales.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
Misiones,
política ambiental,
pueblos originarios
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Buscan solucionar el problema de quemas en islas del Litoral
El Concejo busca soluciones para las quemas en las islas
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
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El ibuprofeno resulta un problema en los ecosistemas
El efecto colateral inesperado del ibuprofeno
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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San Luis perdió 18 mil hectáreas en los últimos incendios
Los últimos incendios arrasaron con casi 18 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 29/08/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La zona más castigada fue el sur de Zanjitas. Parte del terreno tardará décadas en recuperarse y otro tanto solo podrá hacerlo con tareas de restauración.
La postal es gris; el panorama, desolador. Desde el Medio Ambiente, Campo y Producción informaron que los incendios en la zona sur de Zanjitas y en La Bolsa, entre Río Grande y Nogolí, arrasaron con 17.700 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Y aún resta evaluar el daño que el fuego causó en la zona de Las Chacras y Pampa del Tamboreo.
“A los sectores donde las llamas alcanzaron grandes temperaturas, les tomará varias décadas recuperarse. En otros sectores, por las altas temperaturas que soportaron, no se recuperarán salvo que se realicen acciones de restauración”, explicaron desde el ministerio.
Sin duda, la región que peor padeció el fuego fue Zanjitas, con un total de 14 mil hectáreas quemadas. En La Bolsa fueron 3.700
Desde Medio Ambiente detallaron que continuarán con el relevamiento satelital y en campo “a fin de evaluar y medir de forma detallada el impacto de las llamas en la vegetación que habita las sierras puntanas”.
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Fecha de Publicación: 29/08/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La zona más castigada fue el sur de Zanjitas. Parte del terreno tardará décadas en recuperarse y otro tanto solo podrá hacerlo con tareas de restauración.
La postal es gris; el panorama, desolador. Desde el Medio Ambiente, Campo y Producción informaron que los incendios en la zona sur de Zanjitas y en La Bolsa, entre Río Grande y Nogolí, arrasaron con 17.700 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Y aún resta evaluar el daño que el fuego causó en la zona de Las Chacras y Pampa del Tamboreo.
“A los sectores donde las llamas alcanzaron grandes temperaturas, les tomará varias décadas recuperarse. En otros sectores, por las altas temperaturas que soportaron, no se recuperarán salvo que se realicen acciones de restauración”, explicaron desde el ministerio.
Sin duda, la región que peor padeció el fuego fue Zanjitas, con un total de 14 mil hectáreas quemadas. En La Bolsa fueron 3.700
Desde Medio Ambiente detallaron que continuarán con el relevamiento satelital y en campo “a fin de evaluar y medir de forma detallada el impacto de las llamas en la vegetación que habita las sierras puntanas”.
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Nación afirma que avanza en implementar la Ley de Bosques
La Nación y las provincias avanzan con la implementación de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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La región boscosa del caldenal en peligro
El caldenal pampeano en riesgo
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Avanza la implementación del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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San Juan monitorea los ecosistemas acuáticos
Medio Ambiente comenzó con un monitoreo a ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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