Qué es el Agujero Azul del Atlántico Sudoccidental y por qué es clave para preservar la biodiversidad

Fecha de Publicación: 24/10/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Está más allá de las 200 millas marinas y sobre la plataforma continental. Se busca establecer un Área Marina Protegida Bentónica. Cuáles son las opiniones de los expertos
Hasta 2030 el mundo en las Naciones Unidas se puso de acuerdo con celebrar la Década de los Océanos, como una manera aumentar la investigación y la conservación de sus ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible.
Una zona que ganó atención es el llamado Agujero Azul, un área del Océano Atlántico Sudoccidental que se encuentra localizada aproximadamente unos 500 kilómetros al este del golfo San Jorge, a la altura de las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz.
Está por afuera de la Zona Económica Exclusiva. Es decir, que el área de Agujero Azul está más allá de una distancia de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base, pero en la plataforma continental.
En el Agujero, se ha encontrado una alta concentración de algas unicelulares, que forman parques de “pasto marino”. Su dinámica es monitoreada por satélites como los SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que han permitido identificar patrones que se repiten con bastante regularmente año tras año.
“En el Agujero Azul han sido identificados ecosistemas marinos vulnerables. Algunas especies habitan en las profundidades. Se incluyen esponjas, jardines de diversas especies de corales de agua fría, estrellas de mar, anémonas, gusanos poliquetos. En cuanto a los peces, en el área hay merluza austral, merluza negra o róbalo, la faneca plateada o marujito, el congrio, entre otros. Es también una zona muy relevante para el calamar argentino”, dijo a Infobae la licenciada en biología Valeria Falabella, directora de Conservación Costero-Marina de la organización no gubernamental Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, conocida como WCS Argentina.
Además, habría otros recursos importantes en Agujero Azul. Sobre los niveles sedimentarios más profundos, podría haber reservas de hidrocarburos, aunque aún no se han perforado pozos exploratorios, según ha reconocido la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. También según el Servicio Geológico Minero, habría nódulos polimetálicos, que son concentraciones de metales, en esa zona.
Sobre qué hacer con respecto al Agujero Azul, hay diferentes posiciones. Desde el sector ambientalista, se impulsa una ley nacional que declararía a la zona como una área marina protegida estricta bentónica o de fondo.
“El área protegida solo abarcaría a los fondos marinos, que son los de jurisdicción nacional. Con la norma, se busca evitar la pesca de arrastre de fondo de países extranjeros en la zona. Así se intensificaría la presencia de la Prefectura Naval y la Armada para colaborar con la conservación de Agujero Azul”, opinó Esteban Frere, doctor en ciencias biológicas e investigador del Centro de Investigaciones Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y del Conicet en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
Sin embargo, hay otras posturas que no coinciden con el proyecto de ley, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Una de las objeciones es que al declararse como un área protegida estricta, implicaría que se prohibiría solo la pesca de arrastre así como cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino. Mientras tanto, en la columna de agua, cualquier buque puede pescar sin problema alguno, tanto nacional como extranjero.
Para Milko Schvartzman, miembro del Círculo de Políticas Ambientales de Argentina, “en la región del Agujero Azul hay que crear un área marina que proteja la columna de agua, que es alta mar, o sea aguas internacionales, a través del Acuerdo para la Conservación de la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional de Naciones Unidas”.
Especificó su posición a Infobae: “El área marina protegida debe tener diferentes zonificaciones, una estricta en la que no se puedan hacer actividades extractivas, y otra que permita cierta explotación regulada y controlada.
Allí hay mucha riqueza, incluyendo al calamar, que es una de las especies fundamentales de la cadena trófica marina. Es el principal alimento de la merluza común, que a su vez sirve de alimento a delfines, elefantes y lobos marinos, aves como pingüinos y albatros, entre otras”, precisó Schvartzman.
Señaló que el Agujero Azul “es la zona más depredada del borde exterior de la zona económica exclusiva de la Argentina, ya que el 90% de las embarcaciones que allí operan lo hacen en la columna de agua”.
En tanto, Alejandro Canio, doctor en derecho especializado en administración de espacios marítimos e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional en Chubut, explicó que “el Agujero azul se encuentra sobre la plataforma continental. La Argentina ejerce derechos de soberanía sobre esa plataforma y tiene facultad para regular las actividades vinculadas con sus recursos. Hoy ya el país tiene herramientas para proteger el área que se reconoce como Agujero Azul. Es decir, esa área no está desprotegida”.
Canio señaló que el proyecto de ley “incluiría un área que está en disputa con el Reino Unido, que podría generar un impacto negativo en la política exterior. Se podría producir una situación espejo: el Reino Unido podría disponer la misma medida, y eso podría afectar el reclamo del país por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
También advirtió que el proyecto de ley no especifica presupuestos asignados para llevar a cabo la protección de la zona ni tampoco cómo se financiarán las investigaciones y el control.
“En lugar de declarar una área protegida estricta, -sostuvo el doctor Canio- hoy el país debería enfocarse más en investigar en profundidad al Agujero Azul y hacer un mejor relevamiento de los recursos que hay allí para luego tomar decisiones”.
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Denuncian el desmonte de 200 hectáreas en Luján: qué dijo el Gobierno

Fecha de Publicación: 10/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Fundación Cullunche denunció que se estaba procediendo a un desmonte en una superficie que se buscaba declarar como área protegida. Desde la Secretaría de Ambiente, dieron explicaciones.
Durante el viernes, la Fundación Cullunche, una ONG mendocina dedicada a la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente, compartió de manera pública un comunicado donde se denunciaba que se estaba produciendo un "atropello" contra el monte natural conocido como “El Jarillal”. Este lugar se encuentra ubicado sobre el margen de la ruta 7 entre Aguas del Pizarro y el cauce del Río Mendoza y abarca 200 hectáreas de oeste a este. Fuentes oficiales, aseguran que las obras se deben a la construcción de un Parque Solar en la zona.
En el comunicado, la ONG, aseguraba que desde hace varios años, diversos sectores ambientalistas y de la sociedad civil, llevan adelante la protección de dicho monte natural  porque lo consideran "único en su tipo por la cercanía a la ciudad, y por su gran aporte y servicio ecosistémico". Al mismo tiempo, el anuncio afirma que el desmonte se estaría llevando a cabo de manera "totalmente inconclusa" y "sin ningún tipo de sensibilidad a la época en la que todas las aves silvestres están haciendo sus nidos".
Si bien desde la Fundación Cullunche se manifiestan a favor de la construcción del Parque Solar, argumentan que no debería ser ese el lugar indicado para su realización. En este marco, se le exigió al gobierno provincial explicaciones al respecto, ya que anteriormente, se había presentado un proyecto para declarar esa zona como reserva natural. "No sabemos si se ha realizado el pertinente estudio de impacto ambiental, que muestren el procedimiento de aprobación de desmonte" exigieron en el comunicado.
La respuesta emitida por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza se publicó de manera online durante la tarde viernes y manifiesta que en la denuncia presentada por la Fundación Cullunche se realizan dos acusaciones que carecen de fundamentos técnicos y legales sobre la construcción que se está realizando en el área. "La primera es en referencia a la ubicación, objetando que se encuentra dentro los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal, presentado por la misma Fundación. La segunda acusación es sobre la necesidad de emisión de una Declaración de Impacto Ambiental para su construcción" menciona el comunicado emitido por la Secretaría y agrega que "ambas acusaciones son incorrectas, ya que el Parque Fotovoltaico se está construyendo fuera de los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal y que la obra ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental emitida".
De esta manera, en el comunicado, la cartera defiende el accionar en la zona y argumenta que toda intervención que pueda estar ejecutando la empresa Aconcagua Energía Renovable SA en el  proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Lujan de Cuyo, se encuentra con todas las aprobaciones y permisos necesarios para su inicio de obra, el permiso de desmonte otorgado por la DRNR y además no hay superposición en el área denominada El Jarillal con el proyecto de parque solar.
A pesar de las declaraciones emitidas por el organismo oficial, en las últimas horas, la Fundación Cullunche emitió nuevos comunicados mediante su página de Facebook donde se comparten fotos que evidencian el avance de las construcciones del Parque Solar en la zona. "Lo que están haciendo no es ilegal pero es inmoral" afirman en el texto de la publicación y al mismo mencionan que "No tienen moral, ni ética ni respeto por el ambiente. Poner un parque solar no los hace verdes. Verde es la jarilla que están destruyendo y desmontando. La naturaleza no olvida ni perdona. Y nosotros, tampoco" argumentaron.
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Sancionaron a dos barrios privados por dañar el ambiente y la ecología del piedemonte

Fecha de Publicación: 28/09/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza multó a dos emprendimientos que realizaron desmontes y movimientos irregulares de suelo en la zona del piedemonte lasherino. Se trata de dos propietarios diferentes que fueron emplazados y obligados a paralizar sus obras en reiteradas oportunidades por el organismo gubernamental, cuyo titular es Humberto Mingorance.
Sin embargo, los dueños de los barrios desoyeron los pedidos oficiales y ahora deberán afrontar multas que se aproximan a los 2 millones de pesos y en ambos casos se evaluará si corresponde una denuncia penal por daños ambientales. Se trata de los desarrollos inmobiliarios Villa Adolfina y Lares del Challao.

Incumplimientos a la ley del ambiente
La Ley provincial Nº5961 es la normativa que establece la obligatoriedad de realizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de todos aquellos proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos pueden causar modificaciones a las condiciones del equilibrio ecológico del Ambiente. Dicha normativa fue reglamentada mediante el Decreto Nº2109/94 y su ampliatorio Decreto Nº809/13.
Bajo esta ley, en Villa Adolfina Eco Country se determinaron dos incumplimientos clave. El primero es que carecen del informe de impacto ambiental. Y el segundo es que el emprendimiento está emplazado en una zona de riesgo "de media y alta peligrosidad, con cauces aluvionales – áreas de muy alta peligrosidad (color rojo) atravesando el terreno; todo ello implica la existencia de riesgo aluvional, encuadrando la zona en un área urbanizable/no urbanizable, lo que califica aún más la trascendencia de la infracción observada".
A pesar de ser advertidos sobre el tema, cuando se inspeccionó el lugar en mayo pasado ya había "obras de portal de acceso y SUM ejecutadas, apertura de caminos, replanteo y excavaciones en diversas parcelas y la presencia de maquinaria trabajando al momento de la inspección, realizando excavaciones y movimientos de suelos; asimismo se comprobó la afectación y degradación ambiental al eliminar flora nativa, realizar desmontes, afectar e invadir cauces aluvionales, entre otros impactos".
Con este historial de irregularidades, al Proyecto Villa Adolfina Eco Country, Matrícula Nº413.970/1, Nomenclatura 01-01-88-2300-470720-0000-3, propuesto por el Fideicomiso Villa Adolfina Country Hípico, se le impuso una multa que asciende a $1.012.000.
En el segundo caso, Lares de El Challao también se pueden contar un sinfín de idas y vueltas con el expediente. Pero tampoco el barrio cuenta con la declaración de impacto ambiental y también está emplazada en una zona aluvional peligrosa.

La palabra de Mingorance
“Seguimos llevando a cabo estrictos controles en todo el piedemonte mendocino, con el objetivo de desarrollar políticas de ordenamiento territorial que ayuden a mejorar el desarrollo de la zona de forma ordenada y fundamentalmente preservando el ambiente y la biodiversidad”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
Ante los reiterados emplazamientos y paralizaciones impuestas por la Secretaría de Ambiente, dado al incumplimiento de las leyes vigentes, ambos propietarios anteriormente mencionados corren el riesgo de ser demandados penalmente por el Gobierno, ya que la Provincia cuenta con las facultades de recurrir a la Justicia para que intervenga el juzgado correspondiente, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 9414 “Pautas de Manejo y Disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza".
Los desarrolladores, y de conformidad con el artículo 150 de la Ley N° 9003, podrán recurrir los términos de la decisión oficial en el plazo de 15 días desde la notificación de la sanción.
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Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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Pueblos originarios piden transición justa para último río glaciar de Argentina

Fecha de Publicación: 08/09/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Agencia IPS


La construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en el sur de Argentina, interrumpe el cauce del río Santa Cruz desde el glaciar hasta el océano y mutila la espiritualidad de 15 comunidades mapuche, al tiempo que extreman aún más la presencia del ave macá tobiano.
Imagínese sí, de repente, dos megaobras arrasan con un cementerio en el que estaban sus abuelos o padres. Imagínese, además, que el último de los ríos glaciares, que conecta hielos eternos con olas urgentes, se ve mutilado por dos moles que prometen generar energía limpia en un país de raigambre en hidrocarburos.
Por último, imagine que todo eso fue en vano, que las lluvias se retiran, y que el potencial hidroeléctrico imaginado al principio, quede reducido a unas gotas, en gran medida por acción del cambio climático.
Eso es lo que puede ocurrir en el sur de la Patagonia argentina con el río Santa Cruz, el último de los canales glaciares, distinguido por un caudal turquesa que es identidad y fuente de recursos para muchas personas, en particular, 15 comunidades originarias que desde 2017 reclaman la interrupción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Argentina las levanta con una inversión de 4700 millones de dólares aportados por la empresa china Gezhouba Group, sancionada por el Banco Mundial en 2015 por mala praxis en proyectos de infraestructura sobre agua.
“Hay toda una publicidad acerca del cambio climático. Por un lado, se habla de eso y, por el otro, las políticas que se desarrollan están totalmente de desacuerdo con esa preocupación que tienen todas las personas, incluso también nosotros como pueblos originarios. Y tiene que ver con esta cuestión del extractivismo”.
La que habla es Silvia Saldivia, una de las mapuches que integran la mesa coordinadora conformada tras una demanda ganada por los indígenas en 2017 y que, en teoría, busca que la transición energética no atropelle sus costumbres, economías, formas de vida y espiritualidad. Aunque, de momento, sin resultados.

Transición justa
Comunidades mapuches y tehuelches, junto con otros integrantes de la sociedad civil, demandaron al Estado en 2017 por la ausencia de una consulta previa a la proyección e inicio de las obras, tal como rige en el convenio 169 de la OIT y la Constitución argentina por la construcción de las presas que, en un principio, iban a llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernik.
El informe Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica advierte que “el proyecto compromete un ecosistema natural de alto valor de preservación, tendrá varios impactos en la vida y cultura de pueblos indígenas tehuelches- mapuches y constituye una amenaza para el acceso al agua de generaciones futuras, además de poner en peligro de extinción a un ave endémica, el macá tobiano”.
También afirma que se vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas afectados y señala que «aunque la etapa de ejecución de sentencia está vigente la consulta no se ha realizado”.
En la mesa de diálogo “se pensó y se habló de proyectos de desarrollo para las comunidades, en resarcimiento por no haber hecho la consulta previa. Estuvimos como cuatro años escribiendo estos proyectos de desarrollo para cada una de las comunidades y la última respuesta que tuvimos de una autoridad de energía del gobierno nacional fue que lo que nos podían dar eran planes sociales”, relata Silvia.
Y añade: “Deja mucho que desear esta cuestión y no estaba pautada esta forma de trabajo, porque el plan social o el plan que da la nación es insuficiente y es limitado con respecto a lo que piden las comunidades originarias”.
Las consultas a la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, que representa a la provincia en la mesa de diálogo, no pudieron ser resueltas.
Los indígenas reclaman, en primer lugar, acceso a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales, mucho antes del genocidio conocido como “Campaña del Desierto”, que entre 1878 y 1885 anexionó a la República Argentina la extensa Patagonia, cuna productiva de yacimientos hidrocarburíferos, pesca industrial y ganado ovino y caprino.
Poder tener su propio territorio, desarrollar turismo sostenible y producir alimentos sin agroquímicos en sus huertas, son las actividades que las comunidades mapuche y tehuelche quieren realizar en su lugar de pertenencia. Actividades que han ido a contramano de los intereses extractivistas de autoridades y empresas.
En marzo de 2020, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) y representantes  originarios presentaron una denuncia y solicitaron medidas cautelares a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que consideran al sistema de cuencas de ríos patagónicos como sujeto de derechos ambientales y humanos.
“La realidad es que siempre la visión que se tiene de pueblos originarios o de la gente indígena es que estamos sumidos en la pobreza. En realidad muchos de nosotros estamos empobrecidos, pero no porque seamos pobres intelectualmente, sino que ha habido un plan sistemático para despojarnos de nuestros lugares, para despojarnos de lo que se llaman ‘recursos naturales’, que para nosotros no solamente son recursos naturales, sino seres vivientes. El agua, el río es un ser viviente, la tierra también”, exclama Saldivia.
El pedido a la CIDH para que ordene la suspensión de las obras que levantan Cóndor Cliff y La Barrancosa solo fue cumplido por una interrupción en los pagos por parte de China, que ya se restablecieron, al punto que en estos días llegará un nuevo desembolso.

Proyecciones climáticas
El río Santa Cruz conforma la tercera cuenca más importante de Argentina, detrás de la cuenca Del Plata y la del Río Negro. Tiene una longitud de 385 kilómetros, aunque sumando a sus afluentes alcanza los 543.
Nace en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas son de origen glacial, del deshielo de los ventisqueros del parque nacional Los Glaciares. Desemboca en el océano Atlántico, en un estuario que comparte con el río Chico.
Las construcciones de las represas hidroeléctricas están ubicadas a 150 kilómetros de la ciudad de El Calafate, al este de Santa Cruz. Según los planes de obra, Cóndor Cliff tendrá 68 metros de altura máxima, 1613 metros de longitud y contendrá cinco turbinas que generarán por año 3167 gigavatios- hora (Gwh).
Será una represa de concreto, con materiales sueltos presentes en el entorno del lugar y con pantalla de hormigón.
La Barrancosa, en tanto, tendrá una de 41 metros en su punto máximo, una extensión de 2.445 metros y contará con tres turbinas que abastecerán 1780 Gwh por año. Se generará un lago que conecte a las estructuras cuando comiencen a funcionar.
Si todo sale tal cual la empresa china lo tiene previsto en su plan de acción, en abril de 2024, cuando se instale la última de las ocho turbinas previstas, ambas obras estarán en condiciones de comenzar a proveer energía en su máxima capacidad, equivalente al 4,5 % de la oferta de energía eléctrica nacional, lo cual alcanzaría para abastecer a unas 700 000 familias.
Todo eso, si el clima lo permite. Originalmente, el clima predominante en la región conocida como “fin del mundo” es semidesértico patagónico, con frío seco y vientos constantes procedentes del Pacífico que, en el caso de Santa Cruz, son filtrados por la majestuosa cordillera de los Andes.
Por su abundancia de ríos interiores, América del Sur -y en particular Brasil y Argentina- experimentó la tasa de crecimiento de energía hidroeléctrica más rápida y se convirtió en la región con la segunda mayor capacidad añadida en el mundo.
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la energía hidroeléctrica es la principal fuente de generación de electricidad en la mayoría de los países de América Latina y representa 45 % del suministro total de electricidad de la región.
Sin embargo, los impactos del cambio climático podrían perturbar el correcto funcionamiento al aumentar la variabilidad en el caudal, cambiar los caudales estacionales e incrementar las pérdidas por evaporación de los embalses.
Asimismo, la escasez de agua proyectada debido al derretimiento de los glaciares junto con las sequías podría afectar la generación de energía hidroeléctrica en regiones donde las plantas dependen, en gran medida, del agua de los glaciares, como es el caso del río Santa Cruz.
“Los cambios en las precipitaciones también alterarán el potencial, la producción de generación, el nivel máximo y las variaciones estacionales de la energía hidroeléctrica. Los patrones de precipitación erráticos podrían provocar escasez de agua y preocupaciones sobre la interrupción de la generación de energía hidroeléctrica”, indica el informe.
Y hace dudar si la megaobra es o no una buena idea.
En su plan oficial de Transición Energética, con vistas a 2030, Argentina aspira a generar 57 % de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables, construir 5000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, y reducir en 8 % la demanda total de energía, entre otras cosas.
Para lograrlo, debe reducir el empleo de combustibles fósiles 35 % antes del final de década por medio de la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar.
Argentina tiene más de 20 000 megas en proyectos hidroeléctricos y un plan diseñado para que parte de la renta de las hidroeléctricas vaya a un fondo que permita potenciar aún más ese desarrollo.
“Aumentar la capacidad de generación de centrales hidroeléctricas de gran escala (mayores a 50 MW) conectados a la red.
Se trabajará en diversas políticas que incluye la extensión de la vida útil de las centrales existentes, la renovación y modernización de su tecnología con acciones de repotenciación, y el diseño, proyección, construcción y puesta en marcha de nuevos complejos hidroeléctricos, como los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, actualmente en construcción”, dice el plan. Y advierte: “Se incluyen proyecciones climáticas para la evaluación de nuevos proyectos hidroeléctricos”.
La disminución general en la disponibilidad de agua en todas las regiones es un impacto también identificado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
“En todas las regiones se identifica también el riesgo de limitación de la generación hidroeléctrica por disminución en la disponibilidad de agua, que también está relacionado con vulnerabilidades previas existentes como la insuficiente diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica y falta de participación provincial en las políticas energéticas nacionales”, aduce el informe.
En diálogo con Climate Tracker, la ministra de Energía de Argentina, Flavia Royon, admite que “el rol de la hidroeléctrica es prioritario y estratégico, porque más allá de la energía limpia que produce la hidroeléctrica, también hoy es fundamental por un tema de gestión del agua. Hoy la gestión del agua es un tema preponderante en la agenda y la energía hidroeléctrica también te posibilita eso”.
El gobierno argentino espera que la primera turbina inicie operaciones en el primer trimestre de 2025, al tiempo que las comunidades afectadas esperan la resolución de las obras y que se les respeten sus peticiones, consagradas en la Justicia.
Ante la consulta sobre si puede llegar a ser una complicación para el futuro del proyecto tener sequías impensadas en Patagonia, la ministra respondió que «en cambio climático, así como hay años de sequía, hay años de inundaciones, entonces lo importante acá es justamente la gestión del recurso».
Es justamente ese recurso, el agua, el que está más que nunca en discusión, a la sombra de la transición energética. Un recurso que para los indígenas es un ser viviente, al igual que la tierra.
Sea en Jujuy, donde le acecha el litio; en la Patagonia norte, con los pozos y las secas de Vaca Muerta; o cerca del fin del mundo, donde navegan los espíritus de nuestros ancestros.
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Para recomponer el daño ambiental

Fecha de Publicación: 30/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Una  ONG local reclamó ante la Corte Suprema remediar el daño causado en el humedal por el fuego en el delta del Paraná.
Reparar el daño ambiental causado por los incendios en los humedales. Esa es la demanda impulsada ante la Corte Suprema de Justicia por Equística Defensa del Medio Ambiente, una organización ambiental de Rosario que reclama al Estado la restauración de la flora y la fauna arrasada por el fuego durante tres años. Desde la entidad señalaron que existen antecedentes en la materia y también recordaron que vienen pidiendo la creación de la figura del “interventor” para proteger a los humedales. “La idea es que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño causado en el humedal, que haya una reparación”, explicó Pablo Arino, uno de los integrantes de la organización en declaraciones a Rosario/12.
La demanda está dirigida contra el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y los municipios de Rosario y Victoria, por su “inacción” ante los incendios que generaron repercusiones ambientales en la zona del humedal. En el documento, la organización de cuenta que desde junio de 2020 se viene produciendo “una quema indiscriminada” en todo ese territorio, que impulsó a la organización a presentar un primer amparo solicitando el cese del fuego.
Esa solicitud fue aceptada por la Corte, que dispuso la creación de un comité integrado por los poderes ejecutivos de las distintas jurisdicciones afectadas, para que “adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares”, tomando como base el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) en el Delta del Paraná. Sin embargo, desde Equística denuncian que el comité no solo que no funcionó, sino que rara vez llegó a reunirse con todos sus integrantes. “Se constituyó el comité, pero no pasó nada. Y en estos tres años que transcurrieron el humedal se devastó. Entonces consideramos que era momento de empezar a remediar esto de alguna manera. Creemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer todas las tareas y obras necesarias para remediar el daño causado en el humedal lo más rápido posible”, sostuvo Arino, abogado especializado en temas ambientales.
Para el integrante de Equística, el comité no funcionó porque los demandados “siempre buscaron excusas” para terminar de darle forma a la iniciativa: “Nunca hubo un representante de cada una de las provincias y de los municipios sentados en una mesa discutiendo un plan de trabajo, a pesar de que estaba la orden de la Corte Suprema para que se hiciera. Jurídicamente hay un incumplimiento a esa orden”.
Desde la organización detallaron que los incendios en el humedal tienen consecuencias que van desde la extinción de especies, hasta la pérdida de fertilidad de los suelos y las alteraciones del clima. Y, en base a evaluaciones realizadas por especialistas en ecología, estiman que se necesitarían entre 300 y 400 años para recuperar las 20 mil hectáreas de humedal que se incendiaron.
Ante ese escenario, consideraron que la regeneración debe pensarse de manera “interdisciplinaria”, con el aporte de distintos especialistas y de diversos sectores de la sociedad. “Tiene que ser sometido a una consulta pública, como establece la Ley General del Ambiente. Eso tiene que ser aprobado y después avanzar operativamente en la remediación”, explicó Arino.

Antecedentes
La demanda cuenta con un antecedente directo en 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño a sanear la cuenca del Riachuelo. En aquella sentencia, además, se establecieron plazos para llevar a cabo las obras correspondientes y multas ante posibles incumplimientos en los tiempos previstos. “La idea es emular esa experiencia -comentó Arino- que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño tanto en la salud de los vecinos como en el medio ambiente, en este caso toda la zona del humedal”.
Por su parte, Sebastián Farina, vocal y representante legal de la organización ambiental, recordó que en la demanda también se solicita una multa a los Estados demandados de forma diaria, hasta que se ponga en marcha un plan de reparación. “Desgraciadamente si vos no hacés un seguimiento cotidiano a esto, no termina pasando nada”, comentó a este medio. “Yo sé que hay un montón de problemas cotidianos que quizás son más urgentes, pero no por eso son más importantes”, agregó.
En ese marco, recordó que otro de los reclamos que vienen sosteniendo desde Equística es la creación de la figura del interventor. Para Farina se trata de una “decisión política” que podría ayudar como medida precautoria para que los incendios ocurridos en toda la franja del Delta del Paraná no se repitan. Lo que pedimos en su momento fue la designación de un interventor del humedal, que cuente con una serie de atribuciones que le permitan exigir que se cumplan y se hagan determinadas tareas para preservar toda la zona”. Según indicó el abogado, el pedido fue realizado tanto ante la Corte Suprema de Justicia, como ante las diversas provincias afectadas por la problemática ambiental.
En ese sentido, Farina dejó en claro que se trata de una medida que está al alcance del gobierno nacional y que podría resultar sumamente beneficiosa. “Esta es una decisión política que hay que tomar, pero lamentablemente no se avanza en nada”, cuestionó.  
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Denuncian que un nuevo oleoducto para Vaca Muerta pone en riesgo al golfo San Matías y Península Valdés

Fecha de Publicación: 19/08/2023
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


YPF necesita empezar a construirlo ya. Es una inversión de 2 mil millones de dólares. Pero ONGs, ambientalistas y vecinos de Sierra Grande se oponen por temor a derrames en una zona de alta biodiversidad del Mar Argentino.
Como ocurrió antes con el gasoducto Néstor Kirchner, ahora la construcción de un oleoducto que atravesará la meseta de Río Negro y permitirá sacar por mar el petróleo de Vaca Muerta, está provocando una áspera controversia ambiental que amenaza con escalar a niveles de mayor conflictividad.
La obra es clave para el desarrollo económico de la Argentina y desde YPF plantean que provocará además un derrame de fuentes de trabajo en localidades olvidadas del Sur del país. Pero para un grupo nutrido de organizaciones ambientales, vecinos y activistas el costo será extremadamente alto. No hablan de valor económico, sino del riesgo que implicará para la naturaleza misma. Denuncian que se verán afectados el Golfo San Matías, la Península Valdés y una multiplicidad de especies de aves y mamíferos que habitan los ecosistemas del Mar Argentino.
Ese contrapunto de época, que enfrenta al desarrollismo con la defensa de la ecología, opera como base para la audiencia que se llevará a cabo este mismo jueves en la ciudad de Sierra Grande, extremo sur de la costa de Río Negro.
Durante el encuentro, se analizará el informe de Impacto Ambiental presentado por YPF. El proyecto, conocido como Oleoducto Vaca Muerta Sur, contempla la construcción de un puerto y necesita contar con licencia social. Pero solo pueden asistir a la reunión vecinos locales y las ONG que integran el Foro de Conservación del Mar Patagónico dicen que de este modo quedan afuera decenas de expertos en lucha contra el Cambio Climático que podrían ofrecer argumentos científicos que justifican la oposición al proyecto.
Andrea Michelson, coordinadora regional del Foro, dice: “Estamos muy preocupados por la intención de instalar una terminal portuaria para trasladar hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta. Está en riesgo toda la biodiversidad costera del Golfo San Matías. Incluso la ballena franca austral, que es una especie protegida por ley y que habita la zona para socializar y reproducirse. También se verían afectadas especies de pingüinos Magallanes, presentes en el área, defines de todo tipo, rayas , tiburones, entre otras especies vulnerables. Los micro derrames son inevitables en experiencias industriales de este tipo, pero también aumentaría el tráfico marítimo en la zona y el riesgo de colisiones con cetáceos. El riesgo mayor es el de un derrame de gran escala”.
Michelson dice que se modificaron leyes de espaladas a la sociedad para acelerar el proyecto. “El área estaba protegida por ley, no se permitía la instalación de ductos y terminales de este tipo. El año pasado se modificó un artículo de la ley 3308 y la zona quedó habilitada, de un día para otro, sin participación de la ciudadanía”.
El golfo San Matías está localizado en la costa del océano Atlántico. Se extiende entre punta Bermeja, al norte, en Río Negro, y punta Norte, al sur, en el extremo de la península Valdés, provincia de Chubut. Desde 1999 la Ley 3308 brindó protección al Golfo San Matías y la Península de Valdés de la contaminación por hidrocarburos prohibiendo proyectos petroleros.
Esa ley fue modificada de manera exprés e inconsulta por la legislatura rionegrina en septiembre de 2022, según denuncian los ambientalistas. Mediante una nueva ley, la 5.594, se permitió la instalación de ductos para el transporte de hidrocarburos. Para quienes se oponen al proyecto, ello vulnera el principio de no regresión previsto en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ratificado por la Ley Nacional 27.566.
En la víspera de la audiencia en Sierra Grande hubo marchas a favor y en contra del proyecto. “La participación de la ciudadanía a esa audiencia y a la documentación que será analizada ha sido restringida exclusivamente a personas con residencia en Río negro, cuando este megaproyecto incluye y afecta también en forma directa a los territorios de las provincias de Neuquén y Chubut, ya que sus impactos repercutirían adicionalmente en esas provincias en caso de accidentes, derrames y siniestros”, dicen desde el Foro.
Para ellos el oleoducto tendrá también impactos negativos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
 Según informa el diario Río Negro, La petrolera YPF evaluó cuatro alternativas a la hora de seleccionar el mejor punto para la construcción de un nuevo puerto petrolero al cual llegarán con un oleoducto de 565 kilómetros de extensión. El objetivo de la compañía era lograr que ingresen buques de tipo Suezmax, los cargueros más grandes que eficientizan las exportaciones pero que hoy no pueden llegar a Argentina por las falencias de los puertos.
Cuando presentó el proyecto ante legisladores rionegrinos, el presidente de YPF, Pablo González, señaló que “este proyecto es para hacerlo ahora, no es a largo plazo”. A su vez, remarcó: “Lo vamos a hacer rápido para cumplir el objetivo estratégico de poder exportar para sustituir importaciones y compensar la fuga de divisas”. La obra demanda una inversión de 2.000 millones de dólares. Estaría lista en 2025 y sería una vía de salida para evitar el cuello de botella que amenaza con producir la pujanza del yacimiento neuquino. “Somos muy optimistas que para 2025 podamos tenerlo operativo”, indicó días atrás el CEO de la compañía Pablo Iuliano.
En Sierra Grande viven 8 mil personas, según datos oficiales.
Es una ciudad prácticamente paralizada desde que la minera china MCC detuvo sus operaciones de extracción de hierro. Habían adquirido en 2010 los derechos de explotación por 99 años y llegaron a tener un plantel de 400 empleados. Sin embargo, se retiraron del negocio por las condiciones económicas argentinos que hicieron imposible la viabilidad comercial del proyecto.
El desembarco del proyecto de YPF alienta las esperanzas de prosperidad de muchos vecinos de la localidad. Pero otro sector, como queda en evidencia, ve en la maniobra “un remedio peor que la enfermedad”. La audiencia de este jueves en el gimnasio municipal promete ser acalorada: hay más de 150 personas anotadas que comenzarán a expresarse a partir de las 9.30.
Entre las organizaciones que se oponen al proyecto aparecen Aves Argentinas, ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina), Global Penguin Society (GPS), Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), AquaMarina, Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN) y Greenpeace Argentina. “Por un golfo sin petróleo: no hay licencia social para el oleoducto”, reza la petición creada en la plataforma Change.org. Hasta este miércoles llevaba juntadas 26.500 firmas de oposición al proyecto.
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Usan la ciencia de datos para crear más espacios verdes

Fecha de Publicación: 15/08/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


Investigadores estudian cómo planificar mejor los espacios públicos en el conglomerado de Neuquén, Cipolletti y Plottier
Para la planificación de las ciudades es muy importante tener en cuenta el entorno en donde se encuentran. El conglomerado que forman las ciudades de Neuquén, Plottier y Cipolletti posee características propias que lo distingue de otras zonas del país. También entre las localidades también hay particularidades por su urbanización.
El conglomerado está siendo parte de la mirada de investigadores de la Universidad de Flores (UFLO). Estudian sus rasgos porque resultan relevantes ante el escenario actual en el que ya se siente los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas del planeta.
Los investigadores forman parte del laboratorio de Ecología de Bordes y se dedican a estudiar las relaciones de las ciudades con sus entornos urbanos y rurales. Actualmente llevan adelante cuatro proyectos de investigación. Abordan el estudio de humedales urbanos, el uso mixto del suelo entre zonas rurales y urbanas, la flora nativa en espacios urbanos, y las redes de biotopo, es decir, sobre áreas de condiciones ambientales uniformes que dan un espacio vital para un conjunto de flora y fauna.
Este último proyecto fue uno de los seis ganadores del concurso Datos Abiertos y Ciudades Verdes, impulsado por la Fundación Bunge & Born en Buenos Aires.
Leonardo Datri, docente y coordinador del Laboratorio de Ecología de Bordes de la UFLO, contó que consiste en conocer las infraestructuras verde-azul de las ciudades del valle. Significa que detallan todos aquellos componentes urbanos y rurales encargados de proveer de espacios verdes y de drenajes a las ciudades.
El investigador explicó que en la infraestructura urbana «se piensa no sólo las redes de agua potable, las redes viales, la provisión de energía eléctrica, gas, servicios sino también incorporar a la naturaleza que hace que las personas en las ciudades vivan mejor y que la ciudad funcione mejor. Eso tiene mucho que ver últimamente por el fenómeno del cambio climático, la necesidad de adaptar los drenajes y los espacios verdes», indicó.
Datri lo vinculó con los biotopos, que es una unidad que estudia la ecología que está compuesta por la parte física de los ecosistemas. El suelo, el relieve, los cuerpos de agua son así parte del biotopo. Todo esto llevó a que se indague sobre los biotopos que hay en las ciudades de Neuquén, Plottier y Cipolletti.
Lo primero que hicieron los investigadores fue identificar «unidades de biotopo específicas», ya que no todo es de manera homogénea.
Algunas de las que se detectaron fueron la barda (regionalismo que hace referencia al talud del valle), los humedales ribereños, pedemonte (parte inferior de barda donde se depositan sedimentos que se erosionan desde la barda), meseta (planicie de inundación de los ríos) y el valle, donde por ejemplo se encuentran las chacras.
Señaló que son unidades que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la ciudad. Todo fue mapeado, y se marcó dónde están ubicados los espacios verdes públicos y aquellos lugares en donde no hay, pero que podrían contar con ellos.
«A cada espacio verde le hemos relevado atributos, por ejemplo, de accesibilidad, qué cantidad de servicios se le ofrece al visitante, como juegos infantiles,bancos o bicicleteros, entre otros. Hemos caracterizado la vegetación y el estado de mantenimiento de esos espacios verdes y hemos también estimado el tipo de biotopo sobre el cual está construido», agregó.
Todo esto llevó a diseñar propuestas. A partir de la información recabada, se crearon modelos de diseño de cómo esos espacios verdes podrían ser más sustentables.
«¿Cuáles son las bases para esos diseños? Por ejemplo, que no se alteren los humedales naturales. Que si hay humedales artificiales -como de hecho lo hay en las chacras- se debería sacar provecho de esa vegetación y de ese sistema artificial», expuso el biólogo.
Por otro lado, en cuanto a la distribución de espacios verdes en las tres ciudades, se calculó la distancia entre un espacio verde y las personas. Se tomó como parámetro lo que demora una persona en llegar caminando. Se puso diez minutos como umbral de tiempo.
«Todas las personas que viven a menos de diez minutos de un espacio verde estarían dentro del óptimo. Y los que están por encima de ese tiempo, marca una carencia de espacios verdes en ese sector», afirmó.
Marcó que ese criterio de diez minutos se está adoptando en muchas partes del mundo. Porque es lo que se considera que una persona, por ejemplo, con niños o una persona adulta mayor, demora en llegar si se encuentra a una distancia razonable que podría ser entre 300 y 500 metros, explicó.
Algunas de las conclusiones que se obtuvieron es que la mayor densidad de espacios verdes está en torno a los centros urbanos, y que hay más déficit hacia las periferias.
Además marcó otro punto a tener en cuenta: «Un patrón común a las tres ciudades es que el nivel de mantenimiento de los espacios verdes disminuye a partir de los 3.000 metros de los centros urbanos. Ofrecen servicios de menor calidad y presentan algún problema de mantenimiento», expuso.
Por otro lado, se detectó que Cipolletti tiene un mayor potencial «para incorporar infraestructuras verdes-azules a partir de soluciones basadas en naturaleza, en comparación de Neuquén o Plottier que han urbanizado humedales y planicies de inundación», indicó.
El experto agregó: “Las tres ciudades tienen los mismos biotopos. Pero en los biotopos de lo que llamamos el valle, el proceso urbano en Neuquén y en Plottier está avanzando justamente sobre esos sectores. Mientras que en Cipolletti todavía hay una franja bastante importante donde incluso hay actividad productiva intensa muy próxima a lo que sería la matriz urbana más densa».
Sobre las diferencias entre las ciudades sumó que en Neuquén y en Plottier el proceso de urbanización es muy disperso y en Cipolletti es más compacto.
«Estas son dos palabras muy importantes porque hoy en día en todo el mundo se está discutiendo qué conviene más, si ciudades compactas (con más densidad poblacional) o ciudades más dispersas. En términos de eficiencia energética e incluso de huella de carbono, las ciudades compactas son mucho más eficientes y sustentables que las ciudades dispersas. ¿Por qué? Porque los medios de transporte insumen más combustible y por ende aumentan la huella de carbono, el tránsito de las personas empieza a concentrarse en autopistas, en avenidas y la dependencia de los vehículos es mayor, y encima suprimen biotopos. O sea, suprimen suelo que podría producir alimentos o superficie donde el verde, fije carbono y aporte a la fijación de carbono atmosférico», describió.
De esta manera, al ser Cipolletti más compacta, «todavía existe un enorme potencial de una planificación de espacios verdes basados en la naturaleza». Esto le da mayor posibilidad de contrarrestar los efectos de cambio climático, por ejemplo, reduciendo el riesgo de inundación, mejorar lo que se llama la isla de calor urbana (en las ciudades, los materiales de construcción tienden a calentar el aire de la atmósfera urbana, y la vegetación es el gran atenuante).

El escenario ante el cambio climático
El profesional de la Universidad de Flores explicó que hay modelos de cambio climático sobre cómo van a ser las próximas décadas, no sólo en términos de la temperatura, sino también de cómo se van a comportar los ríos, por ejemplo, y cómo se van a comportar los drenajes naturales de la ciudad en función de cómo cambia el régimen de precipitaciones.
Indicó que ellos trabajan sobre el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Dijo que lo se espera para las próximas décadas en la región Confluencia, es que «aumente la intensidad de las precipitaciones mientras que los ríos que nacen en la cordillera van a tender a reducir el caudal» y sumó que para el conglomerado urbano de Neuquén, Plottier, Cipolletti «van a empezar a tener mucha más trascendencia para nosotros los brazos secundarios de los ríos, como el que se encuentra en la Isla Jordán».
Ante esto, sostuvo que todo lo que se pueda hacer «sobre esos brazos del río, va a ser muy importante para la eficiencia y la gestión del riesgo de las ciudades. Y siempre que tendamos a aumentar la infraestructura verde-azul sobre las riberas y sobre los cauces naturales del río de descarga de la barda, vamos a estar más seguros en el futuro escenario del cambio climático”, señaló.
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Cambio climático en Argentina: la historia del lago que nació porque se derritió un glaciar

Fecha de Publicación: 01/08/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Río Negro


En esta historia todo es evidencia y nada es hipótesis. Es pura consecuencia. Donde ahora se ve la superficie espejada de un lago, había antes un glaciar. Un glaciar cubierto por sedimento, que tenía la forma de una escarpada cordillera terrosa. Se llamaba Ventisquero Negro justamente por esa tonalidad. Los turistas que viajaban al Parque Nacional Nahuel Huapi se desplazaban 90 kilómetros para visitarlo. Les parecía asombroso que un glaciar fuera de color negro. Pero no está más. Desapareció. El cambio climático lo devoró.
Es un hallazgo notable de científicos del CONICET, pero sobre todo un elemento que muestra la velocidad con que los ecosistemas están viéndose afectados por el calentamiento global. En un escenario dramático de olas de calor y sequías, en el mes de los récords de temperatura planetarios, la historia del ventisquero negro habla acerca de cómo ningún país puede mantenerse a salvo en la llamada “era de la ebullición”, según definió esta semana el secretario general de la ONU, Antoni Gutiérrez.
Nadie permanece al margen de ese nuevo enemigo global concebido por el afán de progreso de la humanidad, un “Frankenstein” que jaquea de fuego a los europeos y que derrite al mismo tiempo el hielo de la Antártida y los glaciares de Bariloche. La primera fotografía que ilustra este artículo es del verano de 1942. En un playón de estacionamiento se ven varios colectivos que han trasladado viajeros hasta la base misma de la lengua de hielo del Ventisquero Negro. Son los pies del Cerro Tronador, en la zona de Pampa Linda, corazón del Parque Nacional. Es muy nítido que las llamadas “morenas glaciarias” (especie de lomadas) llegan hasta los choferes que posan para la toma.
Para 2009, las formaciones ya no están. En junio de ese año, las lluvias incesantes y la dinámica propia del glaciar provocaron un aluvión descomunal. El casquete de hielo se fracturó, hubo una avalancha que alcanzó zonas pobladas, el lago experimentó primero un vaciamiento y el frente del glaciar se “reacomodó en retroceso”: comenzó una suerte de repliegue. Lo que se ve, entonces, es una fragmentación de pequeños témpanos esparcidos. Pero ya no las inolvidables morenas glaciarias que hasta la década del ’90 los viajeros podían apreciar de cerca.
“El retroceso es muy claro”, dice Beatriz Modenuti, investigadora superior del Conicet. Lidera uno de los equipos de biólogos que lleva adelante investigaciones en la zona. “Las condiciones climáticas fueron cambiando a través de los años. Menos cantidad de precipitaciones y mayor temperatura, en primer lugar. La isoterma del Monte Tronador dejó de estar en 0°, que es el indicador de nieve, y al estar más elevada el ventisquero fue perdiendo capacidad de acumulación de nieve”.
Modenutti es miembro del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) de la Universidad Nacional del Comahue: "En las regiones montañosas, el signo más evidente del acelere que tiene el cambio climático es la pérdida alarmante de glaciares, que lleva a la pérdida de un ecosistema particular, con un trastorno enorme para la biodiversidad. Los cambios en el glaciar impactan directamente en las condiciones de luz y nutrientes para los organismos biológicos que investigamos", dice.
“Lo que sucede en este momento es que, por efecto del hombre y de países como Estados Unidos y China, se emiten gases de tipo invernadero que provocan este calentamiento que actualmente sufre el planeta. Estamos en un período donde el cambio se ha acelerado y realmente es muy alarmante”, avisa Modenutti. “Sin duda son los gobiernos los que tienen que tomar las medidas más importantes a nivel global”, cierra la experta.
El Instituto Argentino de Nivoligía y Glaciares estudia lo que ocurre en Ventisquero Negro desde 2013. “Hoy en día es un glaciar muy grande en volumen. Tiene todavía mucha reserva de hielo. Pero también es uno de los que más masa está perdiendo”, dice Lucas Ruiz, glaciólogo del Conicet y miembro del IANIGLA.
“Los glaciares son muy sensibles al clima. Dependen del clima. El hielo, el agua, la nieve. Cuanto se derrite un glaciar tiene que ver con la temperatura. Cuánta nieve acumula un glaciar tiene que ver con las lluvias. Es así cómo va modificando su volumen. Uno puede explicar lo que está pasando con los glaciares del Monte Tronador a partir de lo que pasa con el clima en la zona. En los últimos diez años, la pérdida de masa aumentó por veranos muy calurosos. El último verano, de 2022/2023 fue de los más calurosos de la historia en la Patagonia”, revela.
Los científicos explican que para que haya un cambio en los glaciares, tiene que haber siempre un indicio climático. Un disparador. Si eso no pasa, el glaciar no avanza ni retrocede. Ruiz estudió el caso del Perito Moreno, en Santa Cruz. En 2015, el glaciar más famoso de la Argentina, empezó un período de pérdida de masa. “Producto de eso, varios años después el glaciar respondió generando un retroceso de casi 700 metros”, explica Ruiz.
Pero en el caso del Tronador, por las elevadas temperaturas, todo puede tornarse más dramático. Además de ser un sitio bellísimo, el Tronador es una de las montañas más altas de la región. Sus picos son una tentación para los andinistas. Es el lugar de la Patagonia Norte donde pueden encontrarse más cantidad de glaciares. La montaña condensa una superficie de 60 kilómetros de hielo, con glaciares de todo tipo en diferentes orientaciones. Sus nombres son célebres: Manso, Castaño Overo, Frías, Alerce, Ventisquero Negro.
“Ha estado sin cambios durante mucho tiempo -explica Ruiz-. Entre los años 1600 y 1850 tuvo lugar el último gran avance de los glaciares en el planeta. Es una era conocida como la pequeña edad de hielo. Desde entonces, el Ventisquero Negro prácticamente no acusó cambios. Donde está el mirador y paran los turistas, hasta el año 2000 se mantuvo igual. Pero a partir de ahí, todo comienza a cambiar”.
Ruiz enumera hitos. En 2005 se empieza a formar el lago. Primero fueron dos laguitos. Luego uno más grande. Cada vez más profundo. En junio de 2009 ocurre el gran alud, que modifica las condiciones de la zona. “Subió el nivel del lago y los témpanos fueron desplazados en avalancha hacia la embocadura del río. Diez millones de metros cúbicos. A los pocos días, el lago parecía como vacío. Pero el glaciar volvió a generar témpanos y en simultáneo aceleró el retroceso, creció la superficie del lago. Hoy el glaciar es mucho más chico. Está perdiendo masa”, dice Ruiz y advierte: “El peligro de que haya un nuevo aluvión es algo que hay que tener en cuenta. Las autoridades de Parques y los guías deben saber que esto puede volver a pasar”.
Mientras tanto, el turismo sigue. Los viajeros se contentan con el espejo de agua de 70 metros de profundidad atravesado por vientos todavía fríos. Toman fotografías ajenos al drama ambiental y regresan, muchos de ellos, sin advertir que la naturaleza se está modificando, peligrosamente, a pasos agigantados.  
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Santa Fe, la primera provincia en verificar producción agropecuaria libre de deforestación

Fecha de Publicación: 29/07/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Santa Fe


La provincia de Santa Fe se convirtió en el primer distrito del país en impulsar la verificación de la producción agropecuaria libre de deforestación mediante un sistema de trazabilidad en los establecimientos, con el objetivo de “frenar los impactos ambientales dañinos y transformar el sistema agroalimentario”, informó este miércoles la Fundación Vida Silvestre.
“Existe la necesidad de redefinir los modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones, a la vez de llevar a cabo prácticas compatibles con la conservación de los ambientes naturales y su biodiversidad”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Con el asesoramiento técnico de la Fundación, a través de los consultores Víctor Tonelli y Mauricio Herzovich, Santa Fe avanzó en los dos últimos años en cruzar información provista por herramientas existentes que monitorean la trazabilidad animal y ambiental en la provincia.
Merced a la Ley de Bosques, el Gobierno federal monitorea los bosques y a través del Sistema de Alerta Temprana, envía información a las provincias sobre la ocurrencia de deforestación cada dos semanas.
Mientras que por otro lado, debido a la trazabilidad animal ya existente en Argentina, el Senasa dispone de información precisa sobre la producción ganadera, incluyendo los movimientos de animales entre establecimientos, destacó la Fundación Vida Silvestre.
A través de un comunicado, indicó que “contar con estos dos sistemas, y que dialoguen entre sí, resulta un gran potencial para la economía del país y un avance en la trazabilidad de la producción en relación a su impacto en la deforestación”.
La coordinadora de Manejo y Producción Sustentable de la Fundación, María Eugenia Periago, destacó “la articulación entre diversos ministerios de la provincia y nuestra organización para lograr la trazabilidad que facilite el cumplimiento de las demandas ambientales vigentes por los mercados internacionales, y poder llevar la teoría a la práctica”.
“Es un resultado alentador para que otras provincias sigan los pasos allanados por Santa Fe”, añadió.
La provincia cuenta hoy con el programa “Santa Fe Proceso Verificado”, implementado a través de dos resoluciones del Ministerio de Producción, Ciencia y Técnica, y el trabajo junto con los productores y la industria.
Según se informó, los requisitos que un establecimiento agropecuario debe cumplir para recibir el certificado de la provincia son la libre de deforestación ilegal (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo provincial); cumplimiento regulación de fuego provincial; y cero deforestación a partir de diciembre 2020.
El plan combina dos objetivos, que son el cuidado del medioambiente a través de la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular, y el surgimiento de exigencias ambientales de los mercados internacionales, fundamentalmente en países de Europa.
La secretaria de Agroalimentos de Santa Fe, María Eugenia Carrizo, señaló que “desde la provincia este proceso ha sido exitoso y pionero en el sentido de articulación ministerial con el sector privado y la sociedad civil para demostrar que Santa Fe está a la altura de las exigencias del mercado”.
En esa línea, añadió que “esperamos seguir avanzando en el desarrollo de la plataforma digital, y que la misma sea confiable y transparente para poder cumplir con la exigencias del mercado”.
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“Argentina en llamas. Voces urgentes para una ecología política del fuego”

Fecha de Publicación: 26/07/2023
Fuente: La Tinta - Por Soledad Sgarella
Provincia/Región: Nacional


En medio de un fin de semana de incendios, el sábado en La Granja, se presentó una publicación que reúne casi 300 páginas de investigaciones, imágenes y relatos en torno a uno de los temas que más en vilo nos tiene en los últimos años: el fuego. ¿Qué es la ecología política? ¿Por qué escribir sobre esto? ¿Qué se pierde con los incendios, además de todo? El ecocidio, el eco-etnocidio, el despojo y las razones por las cuales seguimos afirmando que “todo fuego es político” en esta charla con una de las coordinadoras del libro, la doctora en Ciencias Sociales, Marina Wertheimer.
Parece mentira: mientras se presentaba “Argentina en llamas. Voces urgentes para una ecología política del fuego”, ardía el cerro Uritorco. Desde el sábado, bomberos, brigadas forestales y habitantes de la zona buscan contener un incendio complicado, no solo por la ladera con una pronunciada pendiente, sino por un intenso viento que vuelve aún más adversas las condiciones.
En los últimos años, no solamente Córdoba se incendia.  El mapa pintado de naranjas y rojos se extiende por todo el país.  Marina Wertheimer y Soledad Fernández Bouzo son las coordinadoras de un libro que reúne más de 20 miradas sobre el significado del fuego, de los incendios, el humo y las estrategias de resistencia ante un contexto que parece empeorar. ¿Por qué Argentina arde, a lo largo y ancho de su territorio, desde los bosques patagónicos al monte cordobés, pasando por los humedales rosarinos? ¿Cómo podemos apagar el fuego, defendernos de este humo que no nos deja respirar?
El sábado, organizada por la Brigada Forestal Colibrí y La Granja Pueblo Monte, la presentación del libro de la Editorial -independiente y autogestiva- El Colectivo colmó el Salón “Iria Berutto” sobre la E53 y contó con muestras de artistas locales que compartieron dibujos, pinturas, bordados, esculturas, fotografías y poesía.
Marina Wertheimer es doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora del CONICET y docente. Investiga conflictos ambientales y procesos extractivistas en áreas protegidas por la Ley de Bosques, tanto en áreas urbanas como rurales de Argentina. “Argentina está incendiada en todo su territorio”, dice en diálogo con La tinta.
En nuestro país, informan en la publicación, el fuego alcanzó cifras récord en los últimos meses. En 2022, se contabilizaron más de 700 mil hectáreas (ha) afectadas por el fuego, más del doble que en 2021, pero considerablemente menos que en 2020, cuando la superficie alcanzada fue mayor a un millón de ha. El año pasado, la provincia con mayor superficie incendiada fue Salta, con 126 mil ha quemadas, seguida por San Luis, con 121 mil ha, y Corrientes, con 89 mil. Durante 2021, la provincia más afectada fue Córdoba, con más de 300 mil ha prendidas fuego.
“Otro dato que ilustra la gravedad de esta oleada de incendios es que se vieron afectadas áreas tradicionalmente ‘húmedas’ de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, particularmente en la zona de humedales”, enfatiza la coordinadora.
Lo que se llama  “ecología política”  es, como conceptualiza Wertheimer, un movimiento teórico, político y social que busca mostrar los problemas ecológicos no como cuestiones naturales, meramente biológicas o que pasan por actos divinos, sino que los problemas ecológicos y las distintas situaciones ambientales tienen que ver con cuestiones sociales y políticas. “Hay muchos autores que teorizaron sobre esto, pero principalmente lo tomamos también de los distintos colectivos y movimientos territoriales, como, por ejemplo, Arde Córdoba que popularizó la frase  ‘Todo fuego es político’,  mostrando la responsabilidad política, productiva, empresarial en la producción de los incendios. Quisimos recoger un poco esa denuncia también y así completamos el título”.
Explica la investigadora que los ejes para compilar el libro fueron, primero, pensar en la cobertura territorial de los incendios y que estuvieran representadas el área norte, centro y sur del país. Después queríamos que los distintos autores que fuimos convocando (académicos o no, pero con trabajo territorial) escribieran específicamente sobre incendios allí donde trabajaban. Son autores que tienen una perspectiva crítica, que articulan mucho con movimientos sociales, con colectivos. Entonces un requisito era ese, que tuvieran esta mirada crítica. También buscamos abordar los distintos ecofeminismos, cómo es el rol de las mujeres en la prevención de los incendios, en el combate, en el cuidado del territorio y un poco también la particularidad que termina teniendo este libro es que, en su gran mayoría, somos mujeres las autoras. Por último, otro de los ejes que quisimos que incluyera el libro es que no fueran solo autores y autoras académicos, sino incluir escritores, fotógrafos, artistas… Quisimos que el libro incluyera una amplia variedad de lenguajes para llegar a un público más amplio y para apelar a distintas subjetividades”.
Aunque el título puntualice en Argentina en llamas, la doctora en Ciencias Sociales aclara que también busca dar una mirada regional: “Por eso, uno de los capítulos transcurre en Bolivia. Queremos mostrar que el problema no es solo de la frontera nacional, sino que es regional. Lo que nos mostraron también los últimos incendios que hubo hace dos meses en Canadá, que se popularizaron y viralizaron las imágenes de Nueva York cubierta en humo y cenizas, es que los incendios se están dando con mayor intensidad y gravedad en todo el mundo.  En Latinoamérica, tienen una dinámica particular que se vincula con pocos presupuestos para el combate del fuego y con el extractivismo, básicamente, con una connivencia política y de distintos tipos de grupos empresarios de usar el fuego a gran escala para distintos proyectos de expansión de la frontera ganadera o de la frontera agrícola, después para usos inmobiliarios en áreas urbanas y periurbanas, y también para fines turísticos”.  

Lo que se pierde, además de todo
Como muestran los distintos autores, explica la coordinadora, cuando arrasa el fuego, las comunidades afectadas también pierden hogares, pertenencias, cultivos, ganado y mascotas. “A veces, a sus seres queridos (humanos y no humanos). Con ello, parte de su presente, de su historia y de su identidad.  Con los incendios no sólo se pierde biodiversidad, sino que se pierden aspectos culturales y estándares de nivel de vida”.
En este sentido, Wertheimer hace foco en el capítulo de Julieta Quirós, de Traslasierra. “Allí los incendios no solo producen la pérdida de biodiversidad, que es lo que suelen salir a demandar las voces del ambientalismo más mainstream, sino que lo que se produce es el despojo: son los pequeños productores a quienes se les queman sus tierras, se desvalorizan, tienen que venderlas a precios viles y muchos de ellos migrar a la ciudad, lo que empeora el signo expulsivo del campo hacia la ciudad”, detalla y agrega: “Entonces lo que dice Julieta Quirós es que lo que se produce no es sólo un ecocidio, sino un eco-etnocidio, porque no se pierde solo biodiversidad, sino calidad de vida”.
La investigadora cierra la conversación con una síntesis:  los incendios, sean en la parte del país y de la región que sean, se relacionan todos con un patrón extractivista,  que tiene que ver con usar el fuego -aprovechando una circunstancia ecológica y ecosocial particular, como son los años de sequía, la bajante del río Paraná, el cambio climático- para provocar grandes incendios y extender la frontera agropecuaria o usar las tierras para el cultivo o para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Argentina en llamas no tiene desperdicios, aborda casi todas las aristas de este panorama que nos afecta a todxs. Es un complejo y necesario compilado para no dejar ningún cabo suelto, y con esto, no fingir demencia a la hora de leer la coyuntura y revisar las responsabilidades. Como escribe en el prólogo el médico Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental Facultad de Ciencias Médicas de la UNRosario: “Para comprender cómo los incendios de los montes nativos, bosques y humedales impactan sobre las poblaciones humanas, debemos analizar también los efectos sobre las demás formas de vida y elementos que coexisten en el territorio”.
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