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Justicia tucumana, confirma procesamiento de empresario
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Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos ambientales
Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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Acumar realiza 49 intervenciones de limpieza de basurales
ACUMAR retiró en el mes de julio más de 5 mil toneladas de residuos de la Cuenca
Fecha de Publicación: 14/08/2019
Fuente: La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo
Durante julio realizaron 49 intervenciones de limpieza de basurales, puntos de arrojo y espejo de agua. ACUMAR complementa la gestión local de residuos con la entrega de camiones recolectores.
ACUMAR continúa con las acciones de limpieza de basurales, puntos de arrojo, márgenes y espejo de agua, asistiendo y complementando el trabajo municipal en la gestión de residuos.
Como resultado, en julio se retiraron 5009.07 toneladas de residuos sumando en lo que va del año un total de 26691.57.
La limpieza se realiza sobre los sitios definidos en la Línea de Base 2017, y en aquellos puntos que se suman por denuncias, reclamos puntuales y/o recomendaciones de los inspectores del organismo.
También se efectúan intervenciones en los municipios de Cuenca Media y Baja con especial énfasis en los caminos ribereños que bordean el Riachuelo en toda su traza.
Este servicio se lleva a cabo con un equipo compuesto por diez camiones volcadores, una retropala y un camión hidrante de 14000 litros que rota por los municipios conforme se van ejecutando las tareas programadas.
Además, la labor se completa con la limpieza del espejo de agua, que se ocupa de retirar los residuos sobrenadantes desde Ruta 4 hasta la desembocadura del Riachuelo en La Boca.
De esta forma se extrajeron 171.92 toneladas durante los meses de Junio-Julio, acumulando durante 2019 un total de 1354.2.
Finalmente una vez recolectados, los residuos son enviados para su disposición en los predios del CEAMSE.
Asistencia a la Gestión Municipal de Residuos Sólidos Urbanos
Además, ACUMAR asiste el trabajo de los municipios fortaleciendo a las gestiones locales en materia de residuos.
Entre otras acciones llevadas a cabo siguiendo esta línea, el organismo cedió en comodato varios camiones de residuos a Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Morón y San Vicente.
Estas unidades, tanto recolectores como bateas, se utilizan para reforzar las capacidades de cada partido, ampliando la cobertura y alcanzando barrios y localidades que hasta hoy no contaban con recolección domiciliaria.
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Fecha de Publicación: 14/08/2019
Fuente: La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo
Durante julio realizaron 49 intervenciones de limpieza de basurales, puntos de arrojo y espejo de agua. ACUMAR complementa la gestión local de residuos con la entrega de camiones recolectores.
ACUMAR continúa con las acciones de limpieza de basurales, puntos de arrojo, márgenes y espejo de agua, asistiendo y complementando el trabajo municipal en la gestión de residuos.
Como resultado, en julio se retiraron 5009.07 toneladas de residuos sumando en lo que va del año un total de 26691.57.
La limpieza se realiza sobre los sitios definidos en la Línea de Base 2017, y en aquellos puntos que se suman por denuncias, reclamos puntuales y/o recomendaciones de los inspectores del organismo.
También se efectúan intervenciones en los municipios de Cuenca Media y Baja con especial énfasis en los caminos ribereños que bordean el Riachuelo en toda su traza.
Este servicio se lleva a cabo con un equipo compuesto por diez camiones volcadores, una retropala y un camión hidrante de 14000 litros que rota por los municipios conforme se van ejecutando las tareas programadas.
Además, la labor se completa con la limpieza del espejo de agua, que se ocupa de retirar los residuos sobrenadantes desde Ruta 4 hasta la desembocadura del Riachuelo en La Boca.
De esta forma se extrajeron 171.92 toneladas durante los meses de Junio-Julio, acumulando durante 2019 un total de 1354.2.
Finalmente una vez recolectados, los residuos son enviados para su disposición en los predios del CEAMSE.
Asistencia a la Gestión Municipal de Residuos Sólidos Urbanos
Además, ACUMAR asiste el trabajo de los municipios fortaleciendo a las gestiones locales en materia de residuos.
Entre otras acciones llevadas a cabo siguiendo esta línea, el organismo cedió en comodato varios camiones de residuos a Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Morón y San Vicente.
Estas unidades, tanto recolectores como bateas, se utilizan para reforzar las capacidades de cada partido, ampliando la cobertura y alcanzando barrios y localidades que hasta hoy no contaban con recolección domiciliaria.
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Otro derrame de YPF en Chubut
Sanearon los derrames pero continúan las denuncias cruzadas
Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Rubén Faisca denunció derrames y contaminación por parte de la empresa YPF en "Cañadón Perdido" y la empresa respondió que no la dejaban entrar a realizar los saneamientos correspondientes.
En la jornada de ayer El Patagónico visibilizó la denuncia de Rubén Faisca por contaminación ambiental en “Cañadón Perdido” por parte de la empresa estatal YPF, e indicaba que eran numerosos los casos de derrames y en esa zona.
Además indicó que en 2008 había iniciado un juicio de usucapión (*por error se colocó usurpación), a la empresa por realizar trabajo adentro del ejido del campo que pertenece a su familia y en 2016 la justicia se expidió a su favor.
Por ambas denuncias la empresa respondió que “(YPF) se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular” y que “inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.
Ante la primera respuesta por parte de la empresa, Faisca indicó a éste medio que nunca se los imposibilitó de realizar las tareas de saneamiento y que la notificación a la que hacen alusión llegó el día de hoy y que la sentencia no está firme “por lo que va a ser apelada y si no está firme la sentencia no tengo obligación de cumplirla”.
Finalmente en relación a la discusión por la titularidad de la tierra “se agarraron de una palabra mal expresada, porque era usucapión en vez de usurpación, hay un fallo del año 2016 sobre usucapión firme y consentida en mí favor”.
Para finalizar Faisca sentencia “mi denuncia fue por los constantes derrames y contaminación que hay en la zona, no es de ahora, tengo 18 denuncias de contaminación ambiental, la empresa agarró una palabra mal dicha y se agarró de eso pero reconoce la contaminación al decir que no lo dejamos entrar para que saneen, lo importante es que dejen de contaminar".
La respuesta de YPF
“YPF aclara que se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Las tareas de saneamiento y remediación de los incidentes ocurridos pudieron ser realizadas recién a partir de que la empresa se presentara en el lugar con un escribano público, teniendo en cuenta que quien ocupa el inmueble no permitió durante días que las cuadrillas de trabajo ejecutaran los trabajos, circunstancia que fue oportunamente denunciada ante las autoridades de aplicación correspondientes.
Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular. La compañía obtuvo una resolución favorable por parte de la Justicia Federal, en virtud de la cual se le prohíbe al ocupante realizar cualquier acción que le impida u obstaculice a YPF o sus contratistas desarrollar su actividad hidrocarburífera en el yacimiento.
Además, YPF inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.
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Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Rubén Faisca denunció derrames y contaminación por parte de la empresa YPF en "Cañadón Perdido" y la empresa respondió que no la dejaban entrar a realizar los saneamientos correspondientes.
En la jornada de ayer El Patagónico visibilizó la denuncia de Rubén Faisca por contaminación ambiental en “Cañadón Perdido” por parte de la empresa estatal YPF, e indicaba que eran numerosos los casos de derrames y en esa zona.
Además indicó que en 2008 había iniciado un juicio de usucapión (*por error se colocó usurpación), a la empresa por realizar trabajo adentro del ejido del campo que pertenece a su familia y en 2016 la justicia se expidió a su favor.
Por ambas denuncias la empresa respondió que “(YPF) se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular” y que “inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.
Ante la primera respuesta por parte de la empresa, Faisca indicó a éste medio que nunca se los imposibilitó de realizar las tareas de saneamiento y que la notificación a la que hacen alusión llegó el día de hoy y que la sentencia no está firme “por lo que va a ser apelada y si no está firme la sentencia no tengo obligación de cumplirla”.
Finalmente en relación a la discusión por la titularidad de la tierra “se agarraron de una palabra mal expresada, porque era usucapión en vez de usurpación, hay un fallo del año 2016 sobre usucapión firme y consentida en mí favor”.
Para finalizar Faisca sentencia “mi denuncia fue por los constantes derrames y contaminación que hay en la zona, no es de ahora, tengo 18 denuncias de contaminación ambiental, la empresa agarró una palabra mal dicha y se agarró de eso pero reconoce la contaminación al decir que no lo dejamos entrar para que saneen, lo importante es que dejen de contaminar".
La respuesta de YPF
“YPF aclara que se vio imposibilitada de atender adecuadamente las instalaciones que opera en la zona de Cañadón Perdido en la Provincia de Chubut, como consecuencia del ilegal accionar de quien ocupa parcialmente los lotes propiedad de YPF. Las tareas de saneamiento y remediación de los incidentes ocurridos pudieron ser realizadas recién a partir de que la empresa se presentara en el lugar con un escribano público, teniendo en cuenta que quien ocupa el inmueble no permitió durante días que las cuadrillas de trabajo ejecutaran los trabajos, circunstancia que fue oportunamente denunciada ante las autoridades de aplicación correspondientes.
Esta situación llevó a la compañía a iniciar una acción legal ante el Juzgado Federal para lograr que el ocupante de ese sector desista de impedir que YPF y sus contratistas puedan desarrollar con normalidad sus actividades en el yacimiento Cañadón Perdido de cuya Concesión es titular. La compañía obtuvo una resolución favorable por parte de la Justicia Federal, en virtud de la cual se le prohíbe al ocupante realizar cualquier acción que le impida u obstaculice a YPF o sus contratistas desarrollar su actividad hidrocarburífera en el yacimiento.
Además, YPF inició en forma paralela una acción de reivindicación ante la Justicia Provincial, contra el ocupante discutiéndole la titularidad de la tierra, que el mismo reconoce haberle usurpado a la compañía”.
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Agua contaminada y una muestra de lo que ocasiona
El drama de Pergamino: toda una familia tiene daño genético por tomar agua con agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Aguas Bonaerense quiere seguir dando agua con arsénico
En Monte, el agua potable viene con arsénico
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Cementerio de autos cercano al Riachuelo eliminado
Eliminaron un cementerio de autos abandonados a metros del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Riachuelo: extenderían la emergencia por cinco años
Buscan extender por cinco años la emergencia de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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El agua de Pergamino tiene agroquímicos y arsénico
Un combo tóxico en el agua de Pergamino: agroquímicos y arsénico
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido.
Nuevos análisis sobre el agua de Pergamino, en la que fueron hallados este año residuos de 18 agroquímicos, ratificaron la presencia de arsénico en aquella ciudad. Advierten que la combinación de los dos tipos de contaminación potencia la toxicidad.
En el marco de la causa penal que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás en relación a las fumigaciones con agroquímicos de los barrios La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad, la abogada querellante Sabrina Ortiz pidió que la Autoridad del Agua (ADA) realice un estudio pormenorizado sobre la presencia de arsénico en el agua de la ciudad.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido por el Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro), al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.230.
La situación es realmente dramática en Pergamino si se tiene en cuenta que este año un estudio elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, advirtió que la combinación de glifosato y arsénico en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
En la misma línea, el científico alertó sobre «un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración».
Tal como viene publicando DIB, en el agua de Pergamino hay tanto presencia de restos de químicos utilizados para el agro como de arsénico. Esta última forma de contaminación se da por un proceso natural y afecta a granparte del territorio provincial.
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Demanda colectiva contra el glifosato
Denuncia: el paso a paso de la investigación contra el glifosato
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Un polo curtidor para aliviar al Riachuelo
Construyen en Lanús un polo curtidor para relocalizar empresas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Remediación de Sierra Pintada tuvo su aval ambiental
Aval ambiental a la remediación de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La secretaría de Ambiente provincial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita a la CNEA a iniciar los trabajos en el complejo minero fabril de San Rafael.
A través de la Resolución 259, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (Sayot) de la provincia otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (Cmfsr) – Fase 1.
Según lo establece la resolución emitida hoy por la Provincia, la CNEA deberá proceder a gestionar las tareas de remediación del agua de cantera, los residuos sólidos y los efluentes contenidos en el dique de evaporación DN3B hacia los diques DN 8 y 9. Además, se designa a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), San Rafael, como auditor de las tareas que se realicen.
Para llegar a esta instancia, la CNEA cumplió con distintos requerimientos, cumpliendo con el procedimiento de Evaluación Ambiental, incluyendo la realización de una Audiencia Pública el día 9 de enero de 2019 y una Audiencia Pública Complementaria el 30 de abril de 2019, donde más de 120 oradores presentaron su posición respecto al proyecto de remediación ambiental.
Sobre el proyecto
La remediación ambiental del CMFSR se desarrollará en el sitio ubicado en el Distrito de Cuadro Benegas, Departamento de San Rafael. Tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la concentración de uranio, radio y arsénico y gestionar en forma segura y definitiva los residuos sólidos.
Los pasivos ambientales están controlados a través de exhaustivos monitoreos radiológicos y convencionales – que incluyen agua superficial y subterránea, sedimentos, suelo y aire - , pero que son necesarios sanear para asegurar la protección de las personas y el ambiente a largo plazo, en forma segura y sostenible.
Estas medidas, esencialmente, son la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales.
La remediación ambiental propuesta por la CNEA constituye una continuidad de la política institucional en la materia, ya que se aplicarán técnicas, metodologías y procedimientos que están a la vanguardia de la gestión de sitios donde se realizaron actividades mineras.
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Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La secretaría de Ambiente provincial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita a la CNEA a iniciar los trabajos en el complejo minero fabril de San Rafael.
A través de la Resolución 259, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (Sayot) de la provincia otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (Cmfsr) – Fase 1.
Según lo establece la resolución emitida hoy por la Provincia, la CNEA deberá proceder a gestionar las tareas de remediación del agua de cantera, los residuos sólidos y los efluentes contenidos en el dique de evaporación DN3B hacia los diques DN 8 y 9. Además, se designa a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), San Rafael, como auditor de las tareas que se realicen.
Para llegar a esta instancia, la CNEA cumplió con distintos requerimientos, cumpliendo con el procedimiento de Evaluación Ambiental, incluyendo la realización de una Audiencia Pública el día 9 de enero de 2019 y una Audiencia Pública Complementaria el 30 de abril de 2019, donde más de 120 oradores presentaron su posición respecto al proyecto de remediación ambiental.
Sobre el proyecto
La remediación ambiental del CMFSR se desarrollará en el sitio ubicado en el Distrito de Cuadro Benegas, Departamento de San Rafael. Tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la concentración de uranio, radio y arsénico y gestionar en forma segura y definitiva los residuos sólidos.
Los pasivos ambientales están controlados a través de exhaustivos monitoreos radiológicos y convencionales – que incluyen agua superficial y subterránea, sedimentos, suelo y aire - , pero que son necesarios sanear para asegurar la protección de las personas y el ambiente a largo plazo, en forma segura y sostenible.
Estas medidas, esencialmente, son la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales.
La remediación ambiental propuesta por la CNEA constituye una continuidad de la política institucional en la materia, ya que se aplicarán técnicas, metodologías y procedimientos que están a la vanguardia de la gestión de sitios donde se realizaron actividades mineras.
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Vaca Muerta y el lento traslado de los residuos
El "lado B" de Vaca Muerta: el lento traslado de los residuos petroleros
Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El cierre de las plantas tratadoras en el Parque Industrial descomprimió las críticas y la presión social, pero la mudanza demandará no menos de cinco años. Se moverán 200 mil toneladas de áridos por las rutas de la región para su disposición final.
El “lado B” de Vaca Muerta es ese que huele mal, el de los piletones viscosos y las chimeneas de humaredas ennegrecidas. Son las empresas tratadoras de residuos peligrosos las que deben ocuparse de la “basura” que genera la industria hidrocarburífera y las que aún siguen bajo escrutinio vecinal por las consecuencias que generó una ubicación incómoda en el ejido de la ciudad.
Las principales firmas de este tipo en el Parque Industrial de Neuquén, Comarsa e Indarsa, ya mudaron el grueso de sus instalaciones a Añelo, aunque el proceso de traslado se les viene haciendo lento a los vecinos de la capital. Recién en el 2022, se promete, estará completo.
En las afueras de Comarsa, los paredones no alcanzan a cubrir los 300.000 metros cúbicos de material contaminado que la empresa tiene que tratar para completar el saneamiento del predio y concentrarse en su nueva planta, a unos 100 kilómetros de allí. En Indarsa, aún se apilan tachos y bidones con líquidos y aceites que dejó el tratamiento. Aún mantiene un horno de incineración para ocuparse del stock remanente que “sí, está tirando humo”, reconocieron desde la Subsecretaría de Ambiente. No es del tipo que se emanaba en Comarsa, empresa que también se ocupa del proceso de desorción del “cutting” (recortes de perforación), de mayor volumen y peligrosidad.
“Ya tenemos cerrado el PIN, lo único que nos quedó es la actividad de remediación y en Añelo ya estamos con los hornos pirolíticos funcionando y estamos encendiendo el horno desorbedor y tratando líquidos”, explicó Héctor Basilotta, director de Comarsa. Dijo que hace unos tres meses están tratando residuos sólidos contaminados y que comenzaron “hace poco” a recibir el “cutting”, pero recién podrán comenzar a tratarlo dentro de unos 30 días.
A la empresa le quedaron 300.000 metros cúbicos acopiados que dividirá en dos técnicas para completar el desalojo en la capital. Unos 100.000 se tratarán a través de biorremediación, proceso que, según Ambiente, “es muy aceptado pero lleva años y no es el mejor para zonas frías como esta”. Los otros 200.000 metros cúbicos se enviarán al relleno de seguridad que la empresa Servicios Ambientales Neuquén montó a 10 kilómetros de Añelo, en la zona conocida como Bajada de Mono.
Cada camión tiene capacidad para transportar un máximo de 23 metros cúbicos, por lo que serán unos 8.700 los que se subirán a las rutas petroleras en los próximos tres años para trasladar el material.
Basilotta que cuando las tierras queden saneadas decidirán qué hacer con el predio desocupado. “Esas tierras son nuestras y lo que hagamos ahí no tendrá nada que ver con esta actividad de ahora”, planteó.
El empresario dijo que la inversión para mudarse fue “millonaria” y todavía no concluyó. “Sufrimos una presión social importante, en muchos casos injusta, que conllevó al cierre. En Añelo somos la única planta que está dentro de la normativa vigente de estar a 8 kilómetros del ejido urbano”, aseguró.
Esto es así porque otra de las empresas remediadoras, Treater, se encuentra dentro del ejido de Añelo y lo mismo ocurre con Indarsa, cuyo traslado fue al Parque Industrial de esa ciudad.
Treater fue puesta en la mira el último año a raíz de las denuncias de Greenpeace y la Confederación Mapuche por supuestas irregularidades en la impermeabilización de los piletones donde se descargan los residuos peligrosos. Las primeras pericias ordenadas por la justicia arrojaron valores normales de contaminación, por debajo de lo tolerable, aunque la fiscalía anticipó que ordenaría “contrapruebas”.
En el caso de Indarsa, si bien esta empresa no fue la que concentró los rechazos de vecinos de la meseta cuando se reclamaron los traslados, sí tuvo un episodio crítico cuando, en 2014, ocurrió un derrame de líquidos con hidrocarburos que se extendió por un “río” de más de 300 metros. Por ese incidente se le cobró una multa de 2 millones de pesos que, luego de recurrirse en varias instancias, quedó firme y “fue ejecutada por la fiscalía de Estado”, según informaron desde Ambiente.
Los funcionarios consultados aclararon que el predio de la empresa en Añelo era preexistente a la norma que previó la distancia de 8 kilómetros para las tratadoras. “No se le puede exigir a una empresa que se vaya por una ley anterior a su instalación”, plantearon.
Indarsa fue una de las empresas que aportó a la campaña a gobernador de Omar Gutiérrez. Fueron 50.000 pesos a través de diez aportes de 5.000, según informó el Movimiento Popular Neuquino en su rendición de gastos a la justicia electoral.
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Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El cierre de las plantas tratadoras en el Parque Industrial descomprimió las críticas y la presión social, pero la mudanza demandará no menos de cinco años. Se moverán 200 mil toneladas de áridos por las rutas de la región para su disposición final.
El “lado B” de Vaca Muerta es ese que huele mal, el de los piletones viscosos y las chimeneas de humaredas ennegrecidas. Son las empresas tratadoras de residuos peligrosos las que deben ocuparse de la “basura” que genera la industria hidrocarburífera y las que aún siguen bajo escrutinio vecinal por las consecuencias que generó una ubicación incómoda en el ejido de la ciudad.
Las principales firmas de este tipo en el Parque Industrial de Neuquén, Comarsa e Indarsa, ya mudaron el grueso de sus instalaciones a Añelo, aunque el proceso de traslado se les viene haciendo lento a los vecinos de la capital. Recién en el 2022, se promete, estará completo.
En las afueras de Comarsa, los paredones no alcanzan a cubrir los 300.000 metros cúbicos de material contaminado que la empresa tiene que tratar para completar el saneamiento del predio y concentrarse en su nueva planta, a unos 100 kilómetros de allí. En Indarsa, aún se apilan tachos y bidones con líquidos y aceites que dejó el tratamiento. Aún mantiene un horno de incineración para ocuparse del stock remanente que “sí, está tirando humo”, reconocieron desde la Subsecretaría de Ambiente. No es del tipo que se emanaba en Comarsa, empresa que también se ocupa del proceso de desorción del “cutting” (recortes de perforación), de mayor volumen y peligrosidad.
“Ya tenemos cerrado el PIN, lo único que nos quedó es la actividad de remediación y en Añelo ya estamos con los hornos pirolíticos funcionando y estamos encendiendo el horno desorbedor y tratando líquidos”, explicó Héctor Basilotta, director de Comarsa. Dijo que hace unos tres meses están tratando residuos sólidos contaminados y que comenzaron “hace poco” a recibir el “cutting”, pero recién podrán comenzar a tratarlo dentro de unos 30 días.
A la empresa le quedaron 300.000 metros cúbicos acopiados que dividirá en dos técnicas para completar el desalojo en la capital. Unos 100.000 se tratarán a través de biorremediación, proceso que, según Ambiente, “es muy aceptado pero lleva años y no es el mejor para zonas frías como esta”. Los otros 200.000 metros cúbicos se enviarán al relleno de seguridad que la empresa Servicios Ambientales Neuquén montó a 10 kilómetros de Añelo, en la zona conocida como Bajada de Mono.
Cada camión tiene capacidad para transportar un máximo de 23 metros cúbicos, por lo que serán unos 8.700 los que se subirán a las rutas petroleras en los próximos tres años para trasladar el material.
Basilotta que cuando las tierras queden saneadas decidirán qué hacer con el predio desocupado. “Esas tierras son nuestras y lo que hagamos ahí no tendrá nada que ver con esta actividad de ahora”, planteó.
El empresario dijo que la inversión para mudarse fue “millonaria” y todavía no concluyó. “Sufrimos una presión social importante, en muchos casos injusta, que conllevó al cierre. En Añelo somos la única planta que está dentro de la normativa vigente de estar a 8 kilómetros del ejido urbano”, aseguró.
Esto es así porque otra de las empresas remediadoras, Treater, se encuentra dentro del ejido de Añelo y lo mismo ocurre con Indarsa, cuyo traslado fue al Parque Industrial de esa ciudad.
Treater fue puesta en la mira el último año a raíz de las denuncias de Greenpeace y la Confederación Mapuche por supuestas irregularidades en la impermeabilización de los piletones donde se descargan los residuos peligrosos. Las primeras pericias ordenadas por la justicia arrojaron valores normales de contaminación, por debajo de lo tolerable, aunque la fiscalía anticipó que ordenaría “contrapruebas”.
En el caso de Indarsa, si bien esta empresa no fue la que concentró los rechazos de vecinos de la meseta cuando se reclamaron los traslados, sí tuvo un episodio crítico cuando, en 2014, ocurrió un derrame de líquidos con hidrocarburos que se extendió por un “río” de más de 300 metros. Por ese incidente se le cobró una multa de 2 millones de pesos que, luego de recurrirse en varias instancias, quedó firme y “fue ejecutada por la fiscalía de Estado”, según informaron desde Ambiente.
Los funcionarios consultados aclararon que el predio de la empresa en Añelo era preexistente a la norma que previó la distancia de 8 kilómetros para las tratadoras. “No se le puede exigir a una empresa que se vaya por una ley anterior a su instalación”, plantearon.
Indarsa fue una de las empresas que aportó a la campaña a gobernador de Omar Gutiérrez. Fueron 50.000 pesos a través de diez aportes de 5.000, según informó el Movimiento Popular Neuquino en su rendición de gastos a la justicia electoral.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Riachuelo: presentaron avances en obras de saneamiento
Gobierno y AySA presentaron avances de la megaobra Sistema Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, presentaron en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo". Se mostraron los avances de una obra que beneficiará a más de 4,3 millones de personas.
La empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) presentó este jueves en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo" junto a los avances del plan Emisario. En el acto estuvieron el ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, entre otras autoridades de la firma. Allí Frigerio subrayó la importancia de la construcción: "Es una obra que tiene que ver con cumplir con la Justicia, con lo que nos ha impuesto en tanto la obligación de la limpieza del Riachuelo".
"Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años", afirmó Frigerio y remarcó que "tiene que terminarse en el próximo mandato", ya que el 2021 es la fecha prevista de la finalización de la obra que marcha en tiempo y forma. Sin embargo, a un mes de las PASO, sus palabras se vinculan con la necesidad del Gobierno de salir a difundir los logros de la administración en los últimos cuatro años de gestión, más teniendo en cuenta que esta obra es una presea que pese a su importancia estructural y su impacto social aún no está finalizada y es difícil de exhibir a los votantes.
El plan Emisario Sistema Riachuelo, encarado por AySA, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, continúa al día de hoy su avance: llevan construidos 16 km (de 30 km) del mega túnel, 19% de la planta de tratamiento de y más de 9 km de los 12 km del túnel emisario que discurre bajo el Río de la Plata.
Impacto, financiamiento y continuidad
La obra hidráulica es en tamaño y costo de las más importantes que se realizan en el país. Se trata de una red de túneles subterráneos de más de 40 km que transportará y tratará los residuos cloacales de 4,3 millones de personas. Adicionalmente, traerá alivio al Riachuelo, donde se vierten en la actualidad muchos de esos efluentes. Tiene un presupuesto total de u$s1.200 millones, u$s840 millones financiados por el Banco Mundial y u$s360 millones por el Gobierno nacional.
"Hubo una decisión política de continuar esta obra más allá de las dificultades. Este es un ejemplo de cómo somos capaces de tomar un curso de acción para resolver problemas históricos”, dijo el presidente de AySA durante el encuentro. Luego, en diálogo con Ámbito, Inglese, destacó la importancia del Sistema Riachuelo: "Tiene impacto en la salud, en el medioambiente y en el desarrollo urbano". "Vamos a poder darle conexiones cloacales a un millón y medio más de personas", expresó y apuntó que va a solucionar un 80% de los contaminantes que se vierten al Riachuelo (los orgánicos), a la vez que auguró que muchas zonas postergadas en desarrollo urbano se potenciarán a nivel económico, social y urbanístico.
Consultado sobre si el cambio de signo político del Gobierno podría significar un obstáculo, Inglese fue enfático al sostener que "de ninguna manera" afectaría al plan Emisario. "Estas son obras que significan políticas de Estado y no política partidaria. Por otro lado, el apoyo y la supervisión del Banco Mundial que financia esto le da una continuidad, una seriedad, una transparencia a este tipo de obras que trascienden los cambios de gobierno".
"Desde que nos hicimos cargo en enero de 2016 hemos logrado llevar a la empresa al equilibro operativo. Cuando nos hicimos cargo, de cada $100 que salían de la empresa sólo $12 entraban por recaudación tarifaria y los otros $88 los tenía que aportar el Estado Nacional. Hoy con los aumentos en términos reales de las tarifas a valores razonables, con la recaudación tarifaria y recupero fiscal estamos en equilibrio operativo", explicó el presidente de AySA sobre la situación económica de la empresa y detalló que sí administran fondos gubernamentales con destino a obras de infraestructura.
Por último, Inglese insistió en la importancia a futuro de las obras maestras "que no se ven". "Nos hemos hecho cargo de nuevos municipios desde 2016. Tenemos que darle agua segura a 4 millones de personas y cloacas a más 7 millones de personas. Hay que seguir haciendo las grandes obras y las 'obras finas', que son en definitiva las que le dan el servicio a la gente".
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, presentaron en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo". Se mostraron los avances de una obra que beneficiará a más de 4,3 millones de personas.
La empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) presentó este jueves en el Palacio de Aguas el documental "Sistema Riachuelo" junto a los avances del plan Emisario. En el acto estuvieron el ministro Rogelio Frigerio y el presidente de AySA, José Luis Inglese, entre otras autoridades de la firma. Allí Frigerio subrayó la importancia de la construcción: "Es una obra que tiene que ver con cumplir con la Justicia, con lo que nos ha impuesto en tanto la obligación de la limpieza del Riachuelo".
"Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años", afirmó Frigerio y remarcó que "tiene que terminarse en el próximo mandato", ya que el 2021 es la fecha prevista de la finalización de la obra que marcha en tiempo y forma. Sin embargo, a un mes de las PASO, sus palabras se vinculan con la necesidad del Gobierno de salir a difundir los logros de la administración en los últimos cuatro años de gestión, más teniendo en cuenta que esta obra es una presea que pese a su importancia estructural y su impacto social aún no está finalizada y es difícil de exhibir a los votantes.
El plan Emisario Sistema Riachuelo, encarado por AySA, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, continúa al día de hoy su avance: llevan construidos 16 km (de 30 km) del mega túnel, 19% de la planta de tratamiento de y más de 9 km de los 12 km del túnel emisario que discurre bajo el Río de la Plata.
Impacto, financiamiento y continuidad
La obra hidráulica es en tamaño y costo de las más importantes que se realizan en el país. Se trata de una red de túneles subterráneos de más de 40 km que transportará y tratará los residuos cloacales de 4,3 millones de personas. Adicionalmente, traerá alivio al Riachuelo, donde se vierten en la actualidad muchos de esos efluentes. Tiene un presupuesto total de u$s1.200 millones, u$s840 millones financiados por el Banco Mundial y u$s360 millones por el Gobierno nacional.
"Hubo una decisión política de continuar esta obra más allá de las dificultades. Este es un ejemplo de cómo somos capaces de tomar un curso de acción para resolver problemas históricos”, dijo el presidente de AySA durante el encuentro. Luego, en diálogo con Ámbito, Inglese, destacó la importancia del Sistema Riachuelo: "Tiene impacto en la salud, en el medioambiente y en el desarrollo urbano". "Vamos a poder darle conexiones cloacales a un millón y medio más de personas", expresó y apuntó que va a solucionar un 80% de los contaminantes que se vierten al Riachuelo (los orgánicos), a la vez que auguró que muchas zonas postergadas en desarrollo urbano se potenciarán a nivel económico, social y urbanístico.
Consultado sobre si el cambio de signo político del Gobierno podría significar un obstáculo, Inglese fue enfático al sostener que "de ninguna manera" afectaría al plan Emisario. "Estas son obras que significan políticas de Estado y no política partidaria. Por otro lado, el apoyo y la supervisión del Banco Mundial que financia esto le da una continuidad, una seriedad, una transparencia a este tipo de obras que trascienden los cambios de gobierno".
"Desde que nos hicimos cargo en enero de 2016 hemos logrado llevar a la empresa al equilibro operativo. Cuando nos hicimos cargo, de cada $100 que salían de la empresa sólo $12 entraban por recaudación tarifaria y los otros $88 los tenía que aportar el Estado Nacional. Hoy con los aumentos en términos reales de las tarifas a valores razonables, con la recaudación tarifaria y recupero fiscal estamos en equilibrio operativo", explicó el presidente de AySA sobre la situación económica de la empresa y detalló que sí administran fondos gubernamentales con destino a obras de infraestructura.
Por último, Inglese insistió en la importancia a futuro de las obras maestras "que no se ven". "Nos hemos hecho cargo de nuevos municipios desde 2016. Tenemos que darle agua segura a 4 millones de personas y cloacas a más 7 millones de personas. Hay que seguir haciendo las grandes obras y las 'obras finas', que son en definitiva las que le dan el servicio a la gente".
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San Martín de los Andes: residuos desbocados
El dramático problema de la basura en San Martín de los Andes
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Pablo Saracco, habitante de la ciudad neuquina, recoge el crudo testimonio de vecinas de Chacra 32 sobre las graves consecuencias de vivir al lado de un basural a cielo abierto y su larga lucha para frenar la contaminación.
La desesperación y la angustia que genera convivir con un basural a cielo abierto sintetizada en el testimonio de Julieta, acompañada por un grupo de vecinas de Chacra 32. En la zona viven unas 5.000 personas, a 18 km del casco urbano de San Martín de los Andes.
A continuación, el posteo de Pablo Saracco, autor del video, en Facebook. Es el anterior al de la publicación del video. "Te voy a contar un secreto: tu basura no desaparece. Fui a ver con mis propios ojos, donde va mi basura y la tuya, y ver qué hacen con ella (solo la apilan, para luego taparla con tierra y armar otra montaña). A observarla de cerca, pisarla, olerla, sentirla".
"Estar parado arriba una montaña de basura de todo tipo, de 50 metros de altura, condimentada con pilas de excrementos humanos, era algo necesario para mi. Suena raro. Pero era necesario.
"Estuve haciendo un vídeo con algunos vecinos. Muy pocos se acercaron, porque la mayoría se desentiende del problema. (y además jugaba la selección... dejémoslo ahí mejor)".
"Les recomiendo que vayan y visiten el lugar en donde la basura que generan ustedes mismos, termina. Van a comprender muchas cosas, aunque sospecho que muchos seguirán sin comprender nada en absoluto.
Hasta en un descuido, enterré mi pié izquierdo hasta el tobillo, en uno de los depósitos de "barros" provenientes de la planta de tratamiento cloacal, que no es otra cosa que mierda humana. Pero les puedo asegurar que aprendí mucho el día de hoy. Ah sí, ganó Argentina. Todos contentos".
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Pablo Saracco, habitante de la ciudad neuquina, recoge el crudo testimonio de vecinas de Chacra 32 sobre las graves consecuencias de vivir al lado de un basural a cielo abierto y su larga lucha para frenar la contaminación.
La desesperación y la angustia que genera convivir con un basural a cielo abierto sintetizada en el testimonio de Julieta, acompañada por un grupo de vecinas de Chacra 32. En la zona viven unas 5.000 personas, a 18 km del casco urbano de San Martín de los Andes.
A continuación, el posteo de Pablo Saracco, autor del video, en Facebook. Es el anterior al de la publicación del video. "Te voy a contar un secreto: tu basura no desaparece. Fui a ver con mis propios ojos, donde va mi basura y la tuya, y ver qué hacen con ella (solo la apilan, para luego taparla con tierra y armar otra montaña). A observarla de cerca, pisarla, olerla, sentirla".
"Estar parado arriba una montaña de basura de todo tipo, de 50 metros de altura, condimentada con pilas de excrementos humanos, era algo necesario para mi. Suena raro. Pero era necesario.
"Estuve haciendo un vídeo con algunos vecinos. Muy pocos se acercaron, porque la mayoría se desentiende del problema. (y además jugaba la selección... dejémoslo ahí mejor)".
"Les recomiendo que vayan y visiten el lugar en donde la basura que generan ustedes mismos, termina. Van a comprender muchas cosas, aunque sospecho que muchos seguirán sin comprender nada en absoluto.
Hasta en un descuido, enterré mi pié izquierdo hasta el tobillo, en uno de los depósitos de "barros" provenientes de la planta de tratamiento cloacal, que no es otra cosa que mierda humana. Pero les puedo asegurar que aprendí mucho el día de hoy. Ah sí, ganó Argentina. Todos contentos".
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Afirman que es escasa la exposición a radiación en las antenas
Descubren escasa radiación en las antenas de celulares
Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Indagatoria por contaminación de la papelera de La Plata
Indagarán a responsables de una papelera de La Plata acusados de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Nuevo (y reiterado) reclamo de La Pampa por el Atuel
Río Atuel: La Pampa reclama en la CIAI
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un derrame de «agua de producción» en un yacimiento petrolero de la provincia de Mendoza, habría llegado hasta el cauce de arroyos que desembocan en el río Atuel y generó preocupación en el gobierno de La Pampa, en el marco de la pelea por la recuperación del río interprovincial.
«Esto muestra que justamente el gobierno mendocino nos priva de las aguas del Atuel y no la cuida como debiera hacerlo. Nos roban el río y lo contaminan, esa es la reflexión que nos queda de lo que trascendió en los medios», afirmó el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.
El funcionario pampeano comentó que «el río Atuel tiene el último embalse grande en río Valle Grande, el agua que nos llega es agua de lluvia, mezclada con agua de drenaje e igualmente se hacen los estudios para ver si hay contaminación en Puente Vinchuqueros -en La Pampa-. En días tendremos análisis de estos días».
«Se tiene que formar el organismo de toda la cuenca del Atuel para que nosotros podamos observar estas cuestiones porque somos los que vamos a tener la consecuencias. Pedimos participar de las decisiones en el manejo compartido y acordado de toda la cuenca del Atuel», siguió.
Reclamo.
En ese contexto, el 1º de agosto se reunirán las autoridades de La Pampa, de Mendoza y de Nación en el marco del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), que después de años se reactivó por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reestablecimiento del cauce en territorio pampeano.
«Vamos a pedir que informen lo que pasó. En la reunión pasado, en la última, pedimos planes de manejo del Atuel, las normas de manejo de las presas, del sistema de Nihuiles, pero nunca nos escuchan», dijo el secretario Schlegel, confirmando que en agosto La Pampa solicitará un informe a Mendoza por el derrame. «Va a ser un punto importante a tratar y plantear», continuó.
El incidente ocurrió hace una semana en un tubo de conducción de «aguas de producción», que son las aguas que se inyectan en los pozos petroleros y que se recuperan cargadas de los productos químicos que demanda la industria petrolera.
La zona afectada en principio, según trascendió de los medios mendocinos, corresponde al yacimiento El Mollar y las aguas habrían alcanzado el arroyo El Manzano, afluente del arroyo El Alamo, que a su vez descarga en el río Atuel.
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un derrame de «agua de producción» en un yacimiento petrolero de la provincia de Mendoza, habría llegado hasta el cauce de arroyos que desembocan en el río Atuel y generó preocupación en el gobierno de La Pampa, en el marco de la pelea por la recuperación del río interprovincial.
«Esto muestra que justamente el gobierno mendocino nos priva de las aguas del Atuel y no la cuida como debiera hacerlo. Nos roban el río y lo contaminan, esa es la reflexión que nos queda de lo que trascendió en los medios», afirmó el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.
El funcionario pampeano comentó que «el río Atuel tiene el último embalse grande en río Valle Grande, el agua que nos llega es agua de lluvia, mezclada con agua de drenaje e igualmente se hacen los estudios para ver si hay contaminación en Puente Vinchuqueros -en La Pampa-. En días tendremos análisis de estos días».
«Se tiene que formar el organismo de toda la cuenca del Atuel para que nosotros podamos observar estas cuestiones porque somos los que vamos a tener la consecuencias. Pedimos participar de las decisiones en el manejo compartido y acordado de toda la cuenca del Atuel», siguió.
Reclamo.
En ese contexto, el 1º de agosto se reunirán las autoridades de La Pampa, de Mendoza y de Nación en el marco del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), que después de años se reactivó por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reestablecimiento del cauce en territorio pampeano.
«Vamos a pedir que informen lo que pasó. En la reunión pasado, en la última, pedimos planes de manejo del Atuel, las normas de manejo de las presas, del sistema de Nihuiles, pero nunca nos escuchan», dijo el secretario Schlegel, confirmando que en agosto La Pampa solicitará un informe a Mendoza por el derrame. «Va a ser un punto importante a tratar y plantear», continuó.
El incidente ocurrió hace una semana en un tubo de conducción de «aguas de producción», que son las aguas que se inyectan en los pozos petroleros y que se recuperan cargadas de los productos químicos que demanda la industria petrolera.
La zona afectada en principio, según trascendió de los medios mendocinos, corresponde al yacimiento El Mollar y las aguas habrían alcanzado el arroyo El Manzano, afluente del arroyo El Alamo, que a su vez descarga en el río Atuel.
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Antenas: localidades no pueden ordenar traslados
Las comunas no pueden ordenar traslados de antenas celulares
Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Córdoba: toxinas peligrosas en los diques
Detectan la presencia crónica de toxinas graves en los diques
Fecha de Publicación: 04/07/2019
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Un alga microscópica que prolifera en las cuencas hídricas de Córdoba es estudiada en un laboratorio dependiente de la UNC; los investigadores advierten que los métodos tradicionales de potabilización del agua resultan cada vez mas ineficientes; la presencia de estos organismos aumentó un 200% en los últimos dos años
El Dique San Roque y el Dique los Molinos aportan el agua al 70% y al 30% respectivamente de la población; mientras el San Roque provee a la zona norte de la ciudad, Los Molinos lo hace a la zona sur. En los últimos tiempos, investigadores de las cuencas hídricas de la provincia vienen alertando sobre el deterioro que sufren ambos reservorios, una situación que se torna visible cuando parte de sus superficies se vuelve de colores verdes intensos.
En esta oportunidad, el químico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Exequiel Di Tofino resalta dos puntos inquietantes: que el agua del dique Los Molinos se está deteriorando de forma más veloz que el tiempo que le llevó al San Roque; y la presencia de la microcystis, el alga generadora de una toxina calificada como “grave”, llamada microcystina, con alta presencia en ambos diques. “Las mediciones demuestran un marcado deterioro de las condiciones del agua de estos diques y una proliferación cada vez más acentuada de todo tipo de algas, bacterias y algunas variedades de especies fúngicas”, señaló Di Tofino a HOY DÍA CÓRDOBA.
“En la contaminación biológica, lo que vemos superficialmente como un manto verde es lo más inofensivos. Son plantas acuáticas, no algas, las algas son microscópicas y por lo tanto no se ven, y no existe una única variedad, existen al menos siete u ocho, de las cuales yo solo estudio una”, en referencia a la microcystis. Este organismo prolifera a causa de la contaminación química que presentan los diques, provocada por la deforestación, los desagües clandestinos y los efluentes cloacales que desembocan en las cuencas sin ningún tipo de tratamiento o de manera insuficiente.
Como ejemplo, menciona lo que ocurre en el valle de Punilla. “Excepto en Carlos Paz, donde la Coopi supuestamente sí aplica un tratamiento previo a los efluentes que libera al dique, el resto de las localidades aledañas no tienen ni si quiera una cooperativa de tratamiento, y los efluentes van cruditos por el río San Francisco, que luego se convierte en Cosquín y así llegan al San Roque”, dijo el además profesor de la UNC, que desde 2007 estudia el estado del agua.
Además, cuestionó la falta de control, reglamentación y de permisos para el desarrollo inmobiliario y hotelero en los valles de Punilla y Calamuchita como así también de los cultivos en campos, “hemos llegado a encontrar presencia de glifosato y agroquímicos que no deberían porqué estar ahí”, advirtió Di Tofino, aunque aclaró que la principal urgencia es atender la proliferación de la microcystis, que podría volver el agua intratable.
Los métodos convencionales de potabilización han quedado desactualizados en función de la composición actual del agua, incuso los filtros que existen en el mercado no son los suficientemente específicos para retener el alga en estudio y su toxina. Una práctica habitual como la de hervir el agua en la microcystina genera un efecto adverso, es decir, “potencia su toxicidad”.
A esta neurotoxina se la conoce desde hace tiempo, pero hoy se pone nuevamente en agenda por su exponencial proliferación. Se absorbe por piel, es decir que por más que decidamos no tomar el agua corriente, estamos sometidos a ella al bañarnos, higienizarnos y lavar la ropa. Afecta principalmente al nervio óptico y a nivel gastrointestinal. Respecto al grado de contaminación de los diques por su presencia, Di Tofino aclaró que aún no existen valores de referencia porque recién ahora se ha vuelto crónica. Sin embargo, mencionó que en el agua de consumo humano su presencia debería ser cero, pero en los últimos dos años su apariencia aumentó en un 200%: “Existe entre 50 y 100 unidades del organismo por litro de agua relevada”.
Canchas de golf donde había agua
La investigación forma parte del trabajo que desempeña Exequiel Di Tofino en un laboratorio de servicios externos dependiente de la UNC y que lleva adelante junto a un equipo interdisciplinario compuestos por biólogos, químicos e ingenieros. "La evidencia visual indica que nuestros diques se están convirtiendo en verdaderas canchas de golf”, grafica Di Tofino sobre el estado actual de los diques.
Por ello, además de los análisis sobre la composición del agua, el especialista adelantó a este medio que están experimentando un sistema de filtración capaz retener -y en lo posible inactivar- la toxina que genera la microcystis para mejorar las condiciones del agua, especialmente para consumo humano.
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Fecha de Publicación: 04/07/2019
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Un alga microscópica que prolifera en las cuencas hídricas de Córdoba es estudiada en un laboratorio dependiente de la UNC; los investigadores advierten que los métodos tradicionales de potabilización del agua resultan cada vez mas ineficientes; la presencia de estos organismos aumentó un 200% en los últimos dos años
El Dique San Roque y el Dique los Molinos aportan el agua al 70% y al 30% respectivamente de la población; mientras el San Roque provee a la zona norte de la ciudad, Los Molinos lo hace a la zona sur. En los últimos tiempos, investigadores de las cuencas hídricas de la provincia vienen alertando sobre el deterioro que sufren ambos reservorios, una situación que se torna visible cuando parte de sus superficies se vuelve de colores verdes intensos.
En esta oportunidad, el químico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Exequiel Di Tofino resalta dos puntos inquietantes: que el agua del dique Los Molinos se está deteriorando de forma más veloz que el tiempo que le llevó al San Roque; y la presencia de la microcystis, el alga generadora de una toxina calificada como “grave”, llamada microcystina, con alta presencia en ambos diques. “Las mediciones demuestran un marcado deterioro de las condiciones del agua de estos diques y una proliferación cada vez más acentuada de todo tipo de algas, bacterias y algunas variedades de especies fúngicas”, señaló Di Tofino a HOY DÍA CÓRDOBA.
“En la contaminación biológica, lo que vemos superficialmente como un manto verde es lo más inofensivos. Son plantas acuáticas, no algas, las algas son microscópicas y por lo tanto no se ven, y no existe una única variedad, existen al menos siete u ocho, de las cuales yo solo estudio una”, en referencia a la microcystis. Este organismo prolifera a causa de la contaminación química que presentan los diques, provocada por la deforestación, los desagües clandestinos y los efluentes cloacales que desembocan en las cuencas sin ningún tipo de tratamiento o de manera insuficiente.
Como ejemplo, menciona lo que ocurre en el valle de Punilla. “Excepto en Carlos Paz, donde la Coopi supuestamente sí aplica un tratamiento previo a los efluentes que libera al dique, el resto de las localidades aledañas no tienen ni si quiera una cooperativa de tratamiento, y los efluentes van cruditos por el río San Francisco, que luego se convierte en Cosquín y así llegan al San Roque”, dijo el además profesor de la UNC, que desde 2007 estudia el estado del agua.
Además, cuestionó la falta de control, reglamentación y de permisos para el desarrollo inmobiliario y hotelero en los valles de Punilla y Calamuchita como así también de los cultivos en campos, “hemos llegado a encontrar presencia de glifosato y agroquímicos que no deberían porqué estar ahí”, advirtió Di Tofino, aunque aclaró que la principal urgencia es atender la proliferación de la microcystis, que podría volver el agua intratable.
Los métodos convencionales de potabilización han quedado desactualizados en función de la composición actual del agua, incuso los filtros que existen en el mercado no son los suficientemente específicos para retener el alga en estudio y su toxina. Una práctica habitual como la de hervir el agua en la microcystina genera un efecto adverso, es decir, “potencia su toxicidad”.
A esta neurotoxina se la conoce desde hace tiempo, pero hoy se pone nuevamente en agenda por su exponencial proliferación. Se absorbe por piel, es decir que por más que decidamos no tomar el agua corriente, estamos sometidos a ella al bañarnos, higienizarnos y lavar la ropa. Afecta principalmente al nervio óptico y a nivel gastrointestinal. Respecto al grado de contaminación de los diques por su presencia, Di Tofino aclaró que aún no existen valores de referencia porque recién ahora se ha vuelto crónica. Sin embargo, mencionó que en el agua de consumo humano su presencia debería ser cero, pero en los últimos dos años su apariencia aumentó en un 200%: “Existe entre 50 y 100 unidades del organismo por litro de agua relevada”.
Canchas de golf donde había agua
La investigación forma parte del trabajo que desempeña Exequiel Di Tofino en un laboratorio de servicios externos dependiente de la UNC y que lleva adelante junto a un equipo interdisciplinario compuestos por biólogos, químicos e ingenieros. "La evidencia visual indica que nuestros diques se están convirtiendo en verdaderas canchas de golf”, grafica Di Tofino sobre el estado actual de los diques.
Por ello, además de los análisis sobre la composición del agua, el especialista adelantó a este medio que están experimentando un sistema de filtración capaz retener -y en lo posible inactivar- la toxina que genera la microcystis para mejorar las condiciones del agua, especialmente para consumo humano.
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