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107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
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En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Pescado podrido sin solución en Río Negro
Pescado podrido, no respetan los acuerdos por el basurero de langostinos
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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Avances en la causa contra la empresa Treater
Investigan contaminación de subsuelo por los desechos del fracking en Añelo
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
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Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
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Río Grande: toman muestras para analizar la contaminación
Contaminación en el río Grande: “El Municipio contrató al mejor laboratorio de Argentina para que tome muestras y las analice”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Municipio de Río Grande a través de la Secretaria Obras y Servicios Públicos en un trabajo mancomunado con personal de la Prefectura Naval con asiento en la ciudad realizaron tomas de muestras del mar y del rio para ser analizadas y descartar las versiones de contaminación en agua.
En este sentido, la titular de la mencionada cartera, Gabriela Castillo explicó los motivos de los trabajos: “La Provincia a través de la Secretaria de Medio ambiente realizó un sumario administrativo al Municipio de Río Grande porque entiende que el vuelco de los efluentes estaría pasado de parámetros y esto es una relación directa con que habría contaminación supuestamente del mar y del río”.
La secretaria de Obras Públicas además agregó que “por otro lado hay denuncias que ha hecho en la justicia la DPOSS donde señalan que el Municipio estaría infringiendo las normas ambientales a causa de esta situación que mencioné anteriormente”.
Por todo lo expuesto, la secretaria Castillo indicó que: “el Municipio entiende técnicamente que no hay que analizar el vuelco, sino que hay que analizar y saber cuál es la incidencia en la masa de agua, es decir en ese volumen de agua y en el sedimento”, explicó.
“Esto que estamos planteando acá es la misma lógica que usa la DPOSS para analizar los vuelcos en la ciudad de Ushuaia”, reveló la secretaria, y criticó que “solo que para Río Grande ponen énfasis en la salida, y no en la masa de agua”.
En relación a los análisis de la calidad del agua, la secretaria subrayó que “si bien se nos planteó que debíamos pedir autorización a Recursos Hídricos para hacer estos estudios, y donde ellos afirman que es una responsabilidad de ellos el control de la calidad del agua, nosotros luego de pedir autorización, vamos a analizar al agua y demostrar que no estamos dañando el medio ambiente”.
“Para eso, el Municipio ha contratado al mejor laboratorio de la Argentina para que venga, realice las muestras, haga el análisis, y determine si hay impacto o no en el medio ambiente”, disparó Castillo.
Al respecto, Castillo destacó el trabajo que se realizó con los efectivos de la Prefectura, hemos estado trabajando desde día martes, hemos estado embarcados en lanchas de la Prefectura y agradecemos por su colaboración.
En relación a los lugares donde se han tomado muestras, Castillo detalló que “se han tomado muestras en distintos puntos, que son la salida de los caños de efluentes ubicados en las colectoras máxima norte y planta de tratamientos de la Margen Sur, más puntos ciegos, uno cerca de cabo Peñas, otro en el Río cerca del puente, y otros puntos más de la costa de la ciudad”.
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Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Municipio de Río Grande a través de la Secretaria Obras y Servicios Públicos en un trabajo mancomunado con personal de la Prefectura Naval con asiento en la ciudad realizaron tomas de muestras del mar y del rio para ser analizadas y descartar las versiones de contaminación en agua.
En este sentido, la titular de la mencionada cartera, Gabriela Castillo explicó los motivos de los trabajos: “La Provincia a través de la Secretaria de Medio ambiente realizó un sumario administrativo al Municipio de Río Grande porque entiende que el vuelco de los efluentes estaría pasado de parámetros y esto es una relación directa con que habría contaminación supuestamente del mar y del río”.
La secretaria de Obras Públicas además agregó que “por otro lado hay denuncias que ha hecho en la justicia la DPOSS donde señalan que el Municipio estaría infringiendo las normas ambientales a causa de esta situación que mencioné anteriormente”.
Por todo lo expuesto, la secretaria Castillo indicó que: “el Municipio entiende técnicamente que no hay que analizar el vuelco, sino que hay que analizar y saber cuál es la incidencia en la masa de agua, es decir en ese volumen de agua y en el sedimento”, explicó.
“Esto que estamos planteando acá es la misma lógica que usa la DPOSS para analizar los vuelcos en la ciudad de Ushuaia”, reveló la secretaria, y criticó que “solo que para Río Grande ponen énfasis en la salida, y no en la masa de agua”.
En relación a los análisis de la calidad del agua, la secretaria subrayó que “si bien se nos planteó que debíamos pedir autorización a Recursos Hídricos para hacer estos estudios, y donde ellos afirman que es una responsabilidad de ellos el control de la calidad del agua, nosotros luego de pedir autorización, vamos a analizar al agua y demostrar que no estamos dañando el medio ambiente”.
“Para eso, el Municipio ha contratado al mejor laboratorio de la Argentina para que venga, realice las muestras, haga el análisis, y determine si hay impacto o no en el medio ambiente”, disparó Castillo.
Al respecto, Castillo destacó el trabajo que se realizó con los efectivos de la Prefectura, hemos estado trabajando desde día martes, hemos estado embarcados en lanchas de la Prefectura y agradecemos por su colaboración.
En relación a los lugares donde se han tomado muestras, Castillo detalló que “se han tomado muestras en distintos puntos, que son la salida de los caños de efluentes ubicados en las colectoras máxima norte y planta de tratamientos de la Margen Sur, más puntos ciegos, uno cerca de cabo Peñas, otro en el Río cerca del puente, y otros puntos más de la costa de la ciudad”.
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Catamarca también sufre la lluvia de agroquímicos
Catamarca: “Están fumigando sobre las escuelas”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Catamarca
La provincia tiene una ley, que no se respeta, que impide fumigar cerca de zonas pobladas y crecen los casos de enfermedades asociadas a los agrotóxicos. La asamblea vecinal que logró frenar los desmontes en Santa Rosa filmó las avionetas fumigando sobre el pueblo.
Desde hace 15 años en el departamento de Santa Rosa, Catamarca, con el avance de los cultivos de soja y trigo en la zona avanzó también el desmonte. Y con él las inundaciones, y las fumigaciones.
Desde el Ministerio de Producción provincial anunciaron controles y convenios, pero nada pasó. Hartos de la situación, los vecinos se organizaron y filmaron las avionetas fumigando sobre los pueblos, que rondan los 10 mil habitantes.
“Las fumigaciones constantes sobre las viviendas y las escuelas en forma aérea y también en forma terrestre, a 5 o 6 metros de las escuelas y las casas, han generado que mucha gente se vea a afectada con problemas como la tiroides, cáncer en la piel y una serie de flagelos que están muy relacionados a los agroquímicos”, explica Federico Mercado, miembro de la Asamblea Vecinal por el Medio Ambiente y la Vida, en diálogo con Canal Abierto.
La ley que existe en la provincia data de 1989, pero hasta el momento no ha tenido aplicación efectiva. En ella se establece que no se puede fumigar a una distancia menor de 1500 metros de las zonas pobladas y de los cursos de agua.
“Nosotros lo venimos denunciando. Como asamblea, nos hemos constituido recién a mediados del año pasado, hemos logrado frenar el desmonte y lo que hasta el momento no podemos lograr es que desde el gobierno provincial se haga cumplir la ley de agroquímicos existente en nuestra provincia”, agrega Mercado.
El órgano responsable de hacerla cumplir es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, a donde los vecinos llevaron los reclamos en forma de notas. Como respuesta, el Estado provincial firmó un convenio con los municipios de la zona. “Nosotros nos llegamos a los municipios y ellos nos dicen que los técnicos de la provincia han venido pero no han realizado ningún tipo de inscripción. Así que seguimos en la misma, las fumigaciones continúan y en el día de ayer subimos un video de lo que sucedió, cuando está fumigando arriba de las escuelas”, resume el vecino.
Santa Rosa está en el límite entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y como allí no hay pistas de aterrizaje, mayormente las empresas de fumigación despegan desde territorio tucumano. Pero el problema es más grande, porque las empresas agrícolas instaladas de la zona son de Córdoba, de Buenos Aires, y en muchos casos están arrendadas a las multinacionales Dow y Monsanto.
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San Juan tiene equipamiento para medir la calidad del aire
Una máquina para medir la calidad del aire
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Ayer la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió la primera Estación de Monitoreo de Calidad de Aire de la Argentina, y la segunda en Sudamérica. Está equipada para medir algunos parámetros de calidad de aire como monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, ozono, parámetros meteorológicos como dirección del viento, humedad y radiación solar entre otros.
Como se trata de una estación compacta transportable tendrá la capacidad para realizar monitoreos en distintos puntos de la provincia y poder elaborar una base de datos.
Esta estación se encuentra equipada con un modem celular, con un chip, y una vez instalada en un lugar, debe ser calibrada y automáticamente, a través de un software comienza a arrojar resultados de los parámetros que serán analizados en instalaciones del Observatorio Ambiental San Juan.
Desde ayer, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Ambiente comenzó a capacitarse sobre el manejo de este nuevo equipo.
Con la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca tomar conocimiento del estado de todos los aspectos ambientales de la provincia, para su correcta gestión y desarrollo de líneas de análisis e investigación que permitan implementar planes de mejora en distintos campos. El mismo estará conformado por un Centro de Monitoreo en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
Durante este año, los avances en el Observatorio Ambiental fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. La Sala contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos videowall.
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Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Ayer la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió la primera Estación de Monitoreo de Calidad de Aire de la Argentina, y la segunda en Sudamérica. Está equipada para medir algunos parámetros de calidad de aire como monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, ozono, parámetros meteorológicos como dirección del viento, humedad y radiación solar entre otros.
Como se trata de una estación compacta transportable tendrá la capacidad para realizar monitoreos en distintos puntos de la provincia y poder elaborar una base de datos.
Esta estación se encuentra equipada con un modem celular, con un chip, y una vez instalada en un lugar, debe ser calibrada y automáticamente, a través de un software comienza a arrojar resultados de los parámetros que serán analizados en instalaciones del Observatorio Ambiental San Juan.
Desde ayer, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Ambiente comenzó a capacitarse sobre el manejo de este nuevo equipo.
Con la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca tomar conocimiento del estado de todos los aspectos ambientales de la provincia, para su correcta gestión y desarrollo de líneas de análisis e investigación que permitan implementar planes de mejora en distintos campos. El mismo estará conformado por un Centro de Monitoreo en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
Durante este año, los avances en el Observatorio Ambiental fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. La Sala contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos videowall.
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Chubut: desmanejo de agroquímicos genera acciones
Animales muertos: Municipio intensifica controles en chacras y comercios por el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/03/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Municipalidad de Trelew intensificará desde hoy los controles en comercios y chacras para supervisar el uso y fraccionamiento de agroquímicos.
Cobra cada vez más fuerza la hipótesis de que el mal uso de estos elementos pudo haber provocado las muertes de los peces y nutrias hallados en el canal de drenaje en las chacras. Entre mañana y el miércoles se sabrán los resultados de los estudios de las muestras de agua recabadas en el lugar.
En el Municipio no descartan que algún chacarero pueda haber tenido la mala costumbre de lavar equipos con agroquímicos en los canales. Más allá de los resultados que arrojen los análisis, sospechan que hay productores que podrían estar incurriendo en estas prácticas ilegales.
A partir de hoy, inspectores municipales visitarán las chacras y los comercios locales que se dedican a la venta de estos productos. Las observaciones apuntarán a la metodología que emplean para trabajar y las certificaciones de profesionales que avalan el uso de estos pesticidas.
Los agroquímicos sólo pueden ser utilizados bajo la estricta supervisión de profesionales, según las disposiciones vigentes. Tampoco los comerciantes pueden fraccionar estos productos por su cuenta, sino que deben hacerlo los ingenieros agrónomos.
En el Municipio asumen que es muy difícil identificar a los responsables del mal uso de agroquímicos. La única forma de aplicar sanciones es que los inspectores descubran in fraganti a los culpables. Tampoco descartan que el flujo contaminante pueda haber llegado desde Gaiman. La forma de revertir este problema es con una campaña de concientización, dijeron desde el Municipio.
Desde que el viernes el chacarero Dante Morley alertó sobre los animales muertos en el canal de drenaje, a pocos metros de la Planta Potabilizadora, autoridades provinciales y de la compañía de riego tejieron otras hipótesis al margen del mal uso de los agroquímicos.
Para Morley, quien descubrió el fenómeno, no caben muchas dudas de que este fenómeno nunca antes visto es consecuencia de la presencia de agroquímicos. Reparó en que hay productores que «lavan las mochilas en el canal de riego» luego de fumigar, una práctica que está prohibida.
El ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, fue más precavido y, aunque no descartó que pueda haber agroquímicos, recordó que ya hubo fenómenos similares causados por la excesiva presencia de algas que hicieron que faltara oxígeno, lo que provocó la muerte de algunas especies.
Por último, el gerente de la compañía de riego, Adrián Contreras, indicó que no hay que pasar por alto que estos animales muertos aparecieron luego de las intensas lluvias, que pudieron haber modificado la salinidad del agua causando las muertes.
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Fecha de Publicación: 30/03/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Municipalidad de Trelew intensificará desde hoy los controles en comercios y chacras para supervisar el uso y fraccionamiento de agroquímicos.
Cobra cada vez más fuerza la hipótesis de que el mal uso de estos elementos pudo haber provocado las muertes de los peces y nutrias hallados en el canal de drenaje en las chacras. Entre mañana y el miércoles se sabrán los resultados de los estudios de las muestras de agua recabadas en el lugar.
En el Municipio no descartan que algún chacarero pueda haber tenido la mala costumbre de lavar equipos con agroquímicos en los canales. Más allá de los resultados que arrojen los análisis, sospechan que hay productores que podrían estar incurriendo en estas prácticas ilegales.
A partir de hoy, inspectores municipales visitarán las chacras y los comercios locales que se dedican a la venta de estos productos. Las observaciones apuntarán a la metodología que emplean para trabajar y las certificaciones de profesionales que avalan el uso de estos pesticidas.
Los agroquímicos sólo pueden ser utilizados bajo la estricta supervisión de profesionales, según las disposiciones vigentes. Tampoco los comerciantes pueden fraccionar estos productos por su cuenta, sino que deben hacerlo los ingenieros agrónomos.
En el Municipio asumen que es muy difícil identificar a los responsables del mal uso de agroquímicos. La única forma de aplicar sanciones es que los inspectores descubran in fraganti a los culpables. Tampoco descartan que el flujo contaminante pueda haber llegado desde Gaiman. La forma de revertir este problema es con una campaña de concientización, dijeron desde el Municipio.
Desde que el viernes el chacarero Dante Morley alertó sobre los animales muertos en el canal de drenaje, a pocos metros de la Planta Potabilizadora, autoridades provinciales y de la compañía de riego tejieron otras hipótesis al margen del mal uso de los agroquímicos.
Para Morley, quien descubrió el fenómeno, no caben muchas dudas de que este fenómeno nunca antes visto es consecuencia de la presencia de agroquímicos. Reparó en que hay productores que «lavan las mochilas en el canal de riego» luego de fumigar, una práctica que está prohibida.
El ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, fue más precavido y, aunque no descartó que pueda haber agroquímicos, recordó que ya hubo fenómenos similares causados por la excesiva presencia de algas que hicieron que faltara oxígeno, lo que provocó la muerte de algunas especies.
Por último, el gerente de la compañía de riego, Adrián Contreras, indicó que no hay que pasar por alto que estos animales muertos aparecieron luego de las intensas lluvias, que pudieron haber modificado la salinidad del agua causando las muertes.
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Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Capital Federal es la octava ciudad más ruidosa del mundo
La ciudad de la furia
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La consultora ambiental CitiQuiet, de Nueva York, la ubicó entre las diez metrópolis con mayor nivel de ruido. Gran parte de la ciudad tiene casi 80 decibeles durante el día.
Buenos Aires es la octava ciudad más ruidosa del mundo. El dato se desprende de un estudio reciente de la consultora ambiental CitiQuiet, con sede en Nueva York. Además, es la única ciudad de América Latina que integra el ranking de las diez ciudades más ruidosas y que completan Bombay, Calcuta, El Cairo, Nueva Delhi, Tokio, Madrid, Nueva York, Shanghai y Karachi.
El caos vehicular, las permanentes obras en construcción, los cortes de calles y el ruido de bares y boliches convierten a Buenos Aires en la verdadera ciudad de la furia. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sonidos que superan los 70 decibeles son considerados molestos mientras que aquellos que están por encima de los 90 decibeles son dañinos, sobre todo si se trata de una exposición a largo plazo como ocurre, por ejemplo, entre aquellos que viven en las zonas cercanas a autopistas o los trabajadores del subte. Además, esa organización establece como “deseable” los 50 decibeles y recomienda no estar expuesto a más de 55 decibeles durante la noche ya que puede dañar la salud.
“La contaminación sonora impacta en la capacidad auditiva, pero también tiene consecuencias sobre la salud en otros niveles como el aumento del estrés, aumento de la presión arterial, fatiga crónica, trastornos del sueño y alteraciones respiratorias, entre otros”, dijo Eduardo Hocsman, médico otólogo de la Fundación Favaloro y jefe del sector de otología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Además, subrayó que “aunque los pacientes suelen decir que sí, el oído nunca se acostumbra al ruido”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la presión sonora está regulada por la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica, que clasifica a las distintas áreas de la ciudad según su sensibilidad acústica y establece rangos de entre 60 y 80 decibeles para el horario diurno y de entre 50 y 75, para el nocturno. Sin embargo, el Mapa del Ruido elaborado por el gobierno porteño muestra que gran parte de la ciudad se mantiene cerca de los 80 decibeles durante el día y que las diferencias entre los valores del día y la noche, mayoritariamente, no superan los 5 decibeles. Consultados por PáginaI12, desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad reconocieron “la superación de los límites máximos permisibles en un importante porcentaje de la ciudad” pero señalan que “en el momento en el que la ley fue reglamentada no existía un diagnóstico sobre la situación sonora de la ciudad, razón por la que los límites fueron establecidos de manera arbitraria”. Como es de esperar, las zonas con mayor caudal de tránsito son las más ruidosas y es por esto que desde dicho organismo aseguran que no se puede identificar barrios o comunas particularmente ruidosas sino “ejes viales con importantes emisiones sonoras”, como la avenida Corrientes o la General Paz.
Por su parte, según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo junto con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los puntos más ruidosos de la ciudad se destacan las intersecciones de la avenida 9 de Julio y Corrientes (76,18 db), Rivadavia y Callao (71,55 db), y Cabildo y Juramento (72,54 db). Estos resultados superan incluso las mediciones realizadas en las cercanías del Aeroparque Metropolitano, donde los resultados fueron de 69,45 db. El panorama es realmente ensordecedor.
“Si a todo ese ruido cotidiano, le sumamos el ruido de los boliches –que suelen estar entre 90 y 100 decibeles– y el permanente uso de auriculares, estamos viendo cada vez más jóvenes con oídos de viejos. Hoy vemos pacientes de 25 años con la audición de uno de 70”, contó Hocsman.
“Buenos Aires es una ciudad superruidosa. Toda la ciudad es una conjunción de situaciones de ruido permanente y esto tiene que ver con una combinación de factores: parques automotores que emiten mucho ruido y no están en condiciones, calles que no mejoran el tránsito, edificios que no están preparados para absorber el impacto sonoro, sistemas constructivos que no exigen eso ni prestan atención sobre lo que significa la insonorización, entre otros”, aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde el gobierno porteño aseguraron que “se han implementado medidas globales”, como la peatonalización del microcentro y la implementación del metrobús sobre avenidas principales, así como también medidas de intervención acústica y repavimentación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la contaminación sonora. Sin embargo, los especialistas no son tan optimistas. Napoli vinculó la problemática con la falta de espacios verdes, dato no menor si se tiene en cuenta que Buenos Aires cuenta con seis metros cuadrados de espacio verde por habitante, menos de lo que recomienda Naciones Unidas, y que se perdieron 300 hectáreas de espacio verde desde el desembarco del PRO en la jefatura de gobierno de la Ciudad. “Los espacios verdes absorben los impactos ambientales en general, tanto contaminación atmosférica como la sonora. Y el sonido es vibración, entonces, a medida que se le agrega cada vez más cemento y se venden espacios verdes, lo que se produce es que haya cada vez más reverberancia. Si seguimos en este camino, vamos a tener una ciudad cada vez más ruidosa”, manifestó el especialista en Derecho Ambiental.
En esa misma línea, señaló la falta de control estatal y las escasas políticas públicas para mejorar la situación. Además, subrayó que “cuando se realizan acciones judiciales por esta problemática, es muy difícil conseguir medidas de protección” y recordó la demanda iniciada por Pedro Barragán —”un quijote de la lucha contra la contaminación sonora”— por el ruido en la autopista 25 de Mayo. “Él logró una sentencia que obliga a AUSA y al gobierno porteño a llevar adelante las acciones necesarias para disminuir el ruido en la autopista 25 de Mayo. Ese fallo está incumplido y tenemos una justicia que entiende realmente muy poco del tema y tampoco se esfuerza mucho por entender. Entonces, no se avanza en estos procesos e incumplir la norma no parece tener ningún tipo de costo”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado señaló la necesidad de encontrar una “normativa adecuada” y aumentar el control del Estado. “La norma vigente no es adecuada ni para el control ni para las sanciones. Es necesario encontrar mecanismos en los que sea más grave incumplir las normas y eso tiene que ver con la falta de control. En la medida en que no exista control, va a ser difícil que esto se resuelva”, aseguró.
“Hay una idea generalizada de que como uno vive en una gran ciudad, hay que aguantarse el ruido. Es la misma explicación que uno puede recibir de alguien que vive en la vera del Riachuelo, que te dice siempre estuvo contaminado y lo naturaliza. Pero eso no es así y no tiene por qué ser así. La contaminación sonora es superinvisible, pero hay que tomar conciencia de que la situación existe y es grave”, concluyó Napoli.
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Nuevo derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia
Derrame de petróleo en Bella Vista Norte llegó al arroyo Belgrano
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Cosecharás abortos, malformaciones y cáncer
Cosecharás enfermedades
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: Agencia Nex (UBA)
Provincia/Región: Córdoba
Un equipo de investigadores realizó dos estudios en un pueblo agrícola de Córdoba severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas y detectó altas frecuencias de cáncer, abortos espontáneos y anormalidades congénitas que superan ampliamente el promedio nacional. Si bien el trabajo, por sus características, no permite realizar asociaciones directas, sí sugiere la aplicación de medidas preventivas para proteger a la población de esta exposición ambiental.
En Argentina las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Básicamente, esta modificación genética le otorga a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso de estas semillas ha crecido, año tras año, debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Actualmente, se utilizan en unas 25 millones de hectáreas donde viven alrededor de 12 millones de personas. Este fenómeno trae aparejado un constante aumento en el uso de glifosato como consecuencia de la resistencia creciente que desarrollan las plantas a este herbicida, lo que genera la necesidad de mayores dosis por hectárea y su uso combinado con otros agrotóxicos. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.
Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola, de unos 8 mil habitantes, ubicada a 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 tn de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato de las viviendas.
Con el correr de los años, médicos, vecinos y autoridades locales comenzaron a percibir un incremento en el número de personas que enfermaban de cáncer. Por esta razón solicitaron una evaluación de estado sanitario a profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se conformó entonces un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 70 personas encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas de la UNC. Los especialistas llevaron a cabo un un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico sustentado en un relevamiento poblacional con una encuesta dirigida a los habitantes del pueblo. Y, por otro, un análisis ambiental que apuntó a la detección de fuentes de contaminación como basureros, torres de antenas de telefonía móvil, transformadores de energía eléctrica, plantas industriales, acopios de granos, depósitos de pesticidas y de máquinas fumigadoras. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Ellos nos vinieron a ver porque intuían que estaban frente a una situación muy grave”, recuerda Ávila Vázquez. Y agrega: “En Monte Maíz pudimos hacer un trabajo profundo porque el intendente, que es médico, y un grupo muy movilizado de vecinos nos abrieron las puertas del pueblo. En otros lugares esto no suele ocurrir”.
Los resultados de la investigación fueron publicados en el International Journal of Clinical Medicine en febrero de 2017. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en Argentina que es publicado por una revista científica internacional con referato. Además de Ávila Vázquez, también son autores del artículo Flavia Difilippo, Bryan Mac Lean, Eduardo Maturano y Agustina Etchegoyen.
Mucho glifosato
El análisis ambiental realizado por los investigadores permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo, e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas. Además, se observaron enormes silos de cereales y granos de los que se desprende polvillo de soja y de maíz.
De acuerdo con la información reunida por los científicos, para cultivar semillas de soja y de maíz genéticamente modificadas, se utilizan 10 kg de glifosato por hectárea, por año. Esto significa que 650 tn de ese herbicida son aerolizadas en la zona, lo que implica una carga general de exposición ambiental al glifosato de 79 kg por persona por año.
Los análisis realizados fueron contundentes: se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, glifosato es el más relevante.
“Ese cascarilla del grano que sale de los silos se aspira. Es material particulado que vuela y se va depositando sobre los autos, en la ropa que pone la gente a secar en la soga. El viento lo va acumulando contra el cordón de las veredas, de ahí tomamos las muestras. Es impresionante”, dice el investigador con preocupación.
Sorprendentemente, las concentraciones detectadas en el interior del pueblo fueron varias veces más elevadas que las encontradas en los suelos de los campos cultivados. Así, por ejemplo, las muestras obtenidas junto a una plaza de juegos infantiles presentan una concentración de 2297 ppb, unas 68 veces mayor que la obtenida de una muestra de tierra de un campo de maíz resistente a glifosato (41 ppb). La concentraciones más elevadas provienen de las muestras recogidas en la vereda peatonal lindante con un depósito de pesticida (3868 ppb).
“El agroquímico se concentra en los pueblos, porque los pueblos se han convertido en centros de operaciones. Los productores van a los campos y aplican los agrotóxicos cada quince o veinte días dependiendo del momento del año y de la situación del cultivo, pero en la ciudad la máquina va y viene todos los días con los agroquímicos para fumigar distintos lotes. La circulación de los agroquímicos adentro del pueblo, son un elemento de enfermedad”, asegura Ávila Vázquez. Y agrega: “En estos pueblos no se trata solamente de la nube de agrotóxicos fumigados por un avión que el viento lleva sobre el pueblo, sino que aquí tenés el depósito de agrotóxicos al lado de tu casa y al tractor fumigador pasando por tu puerta”.
Por otro lado, tanto el manejo de la basura sólida urbana (que es recogida por un servicio municipal que la deposita en un basural), como el sistema de cloacas (que alcanza a todos los hogares), y la buena calidad del agua que beben, libre de arsénico desde hace 16 años, no constituyen factores de contaminación que puedan influir en las patologías estudiadas. El informe subraya que el glifosato y, en menor medida, otros pesticidas, son el elemento principal de contaminación ambiental de Monte Maíz.
Mucho cáncer
El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. Los resultados son, a todas luces, alarmantes.
La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000). Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en Monte Maíz, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.
“Entre los casi 5 mil habitantes que pudimos investigar, había 900 personas que formaban parte de 170 familias vinculadas directamente al campo. Son las familias del operario de la máquina de fumigar, de los peones rurales, de los agrónomos y de los productores. Son las personas que manipulan directamente los agroquímicos y su entorno. Este grupo tiene 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos”, detalla Ávila Vázquez.
En cuanto a la estructura de edad de los casos reportados, el trabajo señala que del total de los enfermos de cáncer en Monte Maíz surgidos entre 2010 y 2014, un 22% tenían menos de 44 años. Mientras que en Córdoba, ese valor (entre 2002 y 2009) sólo alcanzó al 11%. “Estos hallazgos son consistentes con las observaciones hechas por los médicos locales en dos caminos: un aumento absoluto de los casos de cáncer y una mayor presencia de pacientes oncológicos más jóvenes que lo habitual”, consigna el informe.
Otro dato inquietante que revela la investigación es que la tasa de mortalidad por cáncer en Monte Maíz es un 299% más elevada que en Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital de la provincia. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014. Asimismo, el área urbana que contaba con los depósitos de pesticidas más importantes, mostraba una mayor tasa de prevalencia de la enfermedad comparada con las otras áreas del pueblo.
El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.
Muchos abortos, muchas malformaciones congénitas
Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos, en especial el glifosato, en una ciudad agrícola como Monte Maíz. El estudio fue publicado el año pasado en el Journal of Environmental Protection con revisión de pares y rankeado internacionalmente.
En el marco del mismo escenario ambiental y con un estudio epidemiológico sobre la base de una metodología similar al trabajo anterior, los científicos alcanzaron resultados realmente preocupantes.
En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva 79 sufrieron abortos espontáneos. Ahora bien, 62 de ellas tuvieron una sola pérdida, 15 tuvieron dos y 2 tuvieron tres episodios, lo que implica que, en total, a lo largo de 5 años, se produjeron 98 abortos espontáneos, sobre 981 nacimientos ocurridos durante el mismo período.
Estos número indican que la tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%) informado por el Ministerio de Salud de la Nación.
También es más alta que la que surge de un relevamiento llevado a cabo en un barrio de Córdoba en 2016 donde la prevalencia de abortos espontáneos fue del 3,7% en 5 años.
El trabajo asegura que “ni la edad materna, ni los hábitos tóxicos ni la pobreza pueden explicar la alta tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz”. Y desliza: “Parece haber un vínculo claro entre la exposición a pesticidas, incluido el glifosato, y la pérdida del embarazo”.
Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 fueron los niños que presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período habría que sumar, se calcula, unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.
En todo el país el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que, en 2014, entre los 281.249 niños nacidos se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.
“Yo hace 30 años que soy neonatólogo y todavía trabajo en una terapia intensiva. He visto por mi propia experiencia como, año tras año, el número de chicos con malformaciones fue aumentando, sobre todo en niños provenientes de familias agrícolas”, relata Ávila Vázquez, y completa: “Es realmente muy impactante cómo los agrotóxicos afectan los mecanismos genéticos. El mismo mecanismo por el cual provocan las mutaciones que van a producir cáncer, cuando afectan a un espermatozoide o un óvulo terminan produciendo malformaciones o abortos”.
Para finalizar, este trabajo vuelve a señalar que “dado que este estudio es exploratorio y el diseño es observacional no puede hacer aseveraciones causales directas. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud colectiva, este vínculo requiere recomendar la aplicación preventiva de medidas para proteger a la población de esta exposición ambiental”.
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El mercurio del alumbrado sigue siendo una amenaza
Sigue la amenaza de contaminación con mercurio del alumbrado público: Hurlingham donó lámparas viejas a dos municipios
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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Riachuelo: UBA propone bioremediación con humedales
Testean humedales artificiales como mitigadores de la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Una serie de humedales artificiales basados en especies vegetales nativas fueron diseñados y puestos a prueba en las cuencas alta y media del río Matanza-Riachuelo por un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), que busca reducir el impacto de los contaminantes agroindustriales y agropecuarios.
El servicio de divulgación "Sobre La Tierra" de la Fauba publicó un informe en el que sostiene que por medio de un sistema de plantas acuáticas nativas, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA logró reducir la concentración de diversos contaminantes típicos de los efluentes agroindustriales y agropecuarios que se vierten en la cuenca.
Los investigadores diseñaron y pusieron a prueba humedales artificiales basados en especies vegetales nativas simulando vertidos a partir de excremento animal y, con esta técnica, disminuyeron la concentración de los principales contaminantes hasta los valores que establece la normativa vigente.
"En las cuencas alta y media del Río Matanza-Riachuelo hay fuentes puntuales de contaminación agropecuaria y agroindustrial, como mataderos y feedlots, que no suelen tratar sus efluentes de manera adecuada. Cuando estos vertidos llegan al río reducen notablemente la calidad de las aguas. Por eso, pensamos en los humedales artificiales como alternativa para disminuir la carga contaminante de esos residuos líquidos", explicó Roberto Serafini, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la Fauba.
"Entre los principales contaminantes de estos efluentes se destacan el fósforo (P) y el nitrógeno (N), que provienen de las excretas animales, y la materia orgánica. Si bien estos elementos son fundamentales para el desarrollo de las plantas, provocan múltiples problemas ecológicos cuando se vierten en exceso. Por ejemplo, se acelera la eutrofización, se promueve el crecimiento de bacterias productoras de toxinas y se pierde biodiversidad acuática", contó Nicolás Arakaki, docente en la misma cátedra que Serafini.
La eutrofización es un proceso natural que se caracteriza por el aumento de la concentración de nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo, en ecosistemas acuáticos. Tal incremento promueve el crecimiento masivo de algas y genera condiciones de escasez de oxígeno en aguas y sedimentos de ríos, lagos y arroyos.
La eutrofización antrópica ocurre a velocidades mayores al arrojarse desechos líquidos, ricos en nutrientes y materia orgánica, a los cuerpos de agua.
Serafini contó que, tras verificar la capacidad de la técnica para disminuir las concentraciones de estos contaminantes en condiciones controladas, quieren probarla a mayores escalas y profundizar en el estudio de su funcionamiento.
Al respecto, agregó: "Los humedales artificiales pueden ser una alternativa interesante para los establecimientos agropecuarios y agroindustriales que generan estos tipos de efluentes".
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Otras escuelas brutalmente fumigadas con agrotóxicos
Agrotóxicos sobre dos escuelas rurales
Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
El lunes los alumnos debieron dejar las escuelas por los efectos tóxicos de los insecticidas, que les irritaron los ojos y les causaron vómitos. Tras dos días sin clases, recién hoy retomaron las actividades. La fumigación incumple la ley provincial que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados.
Una avioneta fumigadora con agrotóxicos sobrevoló el lunes dos escuelas rurales en Exaltación de la Cruz y pulverizó insecticidas por encima de los techos de los establecimientos educativos, donde los chicos estaban teniendo clases. A pesar de que los maestros del lugar advirtieron en varias oportunidades sobre la aplicación ilegal a la jefatura distrital, la avioneta voló y fumigó desde la mañana hasta la tarde a 150 metros del predio en el que se ubican los colegios de Educación Primaria N° 4 y de Educación Secundaria Técnica N° 1. Por los efectos tóxicos de los insecticidas, que irritaron los ojos y causaron vómitos a algunos docentes y alumnos, las escuelas estuvieron cerradas dos días seguidos y recién hoy retomaron las actividades. “Niños niñas, jóvenes y trabajadoras/es de la educación han sido envenenadas/os, registrándose afecciones en vías respiratorias, irritación en ojos, vómitos y malestar general en varios/as de ellos/as”, denunciaron desde la Multisectorial contra el Agronegocio- la 41, que esta tarde realizará una asamblea para evaluar los pasos a seguir.
Un docente de la escuela N° 1, quien también es ingeniero agrónomo, advirtió el lunes por la mañana a las autoridades de la escuela que sintió un olor particular al ingresar al establecimiento, ubicado aproximadamente en el Km. 78 de la ruta nacional 8, en Parada Robles. Las clases continuaron, los directivos siguieron averiguando la causa del hedor, aunque alrededor del mediodía no necesitaron más pruebas para verificar lo que estaba pasando: vieron cómo un avión estaba desperdigando fitosanitarios a 150 metros de los establecimientos educativos. “Llamé por teléfono a la Jefatura Distrital y a la Policía Ecológica para dar aviso. Me dijeron que ya habían presentado una denuncia y que la Guardia Urbana estaba yendo para el lugar. Dijeron que estaba todo bien. Pero después volvimos a sentir el ruido de la avioneta pasado el mediodía”, contó a Página/12 el ingeniero Gonzalo Sánchez Correa.
En una segunda comunicación de las autoridades escolares, el municipio aclaró que ya habían dado con el dueño del campo y que le habían advertido sobre la ilegalidad de sus acciones, pero de acuerdo al testimonio del docente “en ese mismo momento la avioneta ya estaba justo por arriba de la escuela”. La Provincia no hizo nada para evitar la intoxicación, sólo llamó al poco tiempo para contar que aplicarán una multa al dueño del campo y quitarán la matrícula al piloto de la avioneta.a. “Hubo chicos con vómitos, una de las madres contó que fue a buscar a su nene y que vio a un compañerito y a la maestra con los ojos irritados, fue bastante grave”, relató por su parte Leonardo “Leo” Moreno, docente de la Técnica N° 1 y miembro de la multisectorial.
“La deriva de la pulverización llegó hasta las mismísimas aulas. Es decir, que los químicos que no quedaron en los campos, llovieron literalmente sobre las cabezas de quienes estaban en las instituciones y en los barrios aledaños”, alertó la Multisectorial en un comunicado, que puntualizó que el foco de la fumigación se concretó en un campo que se encuentra a menos de 300 metros de las escuelas, pero luego se acercó hacia los establecimientos educativos.
La pulverización de agrotóxicos incumple concretamente la ley provincial 1069, que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados, pero también viola la ordenanza municipal 101/12, que indica que se debe informar previamente a las instituciones educativas ante cada fumigación que se vaya a realizar.
El ingeniero Sánchez Correa evaluó que el veneno desperdigado fue un insecticida, el “más peligroso de los fitosanitarios”. ”Lo peor fue que para mi es una insecticida dentro de la gama de agroquímicos , los más fuertes porque los insectos son los que actúan por vía respiratoria, como nosotros”, explicó, al detallar que los síntomas que causan van desde intoxicaciones crónicas hasta agudas. “El insecticida está hecho para actuar por contacto o por aire, es decir por la dermis del insecto o por vía respiratoria, que también nos puede penetrar a nosotros”, puntualizó.
Uno de los grandes problemas que atraviesan las escuelas, de acuerdo a Moreno, es que no cuentan con protocolos de actuación para estos casos ni con un plan de Prevención de Riesgo. "No sé cómo habrán actuado los docentes porque no hay un protocolo en el caso de fumigación con agrotoxicos. La provincia lo deja a merced de cada institución y no todos lo sabemos", se quejó.
El caso tomó estado público por medio de la denuncia en Twitter del secretario general de Suteba , Roberto Baradel, quien apuntó contra la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de su reclamo por “Escuelas Seguras”. “¿No le importa a la gobernadora? Ah no, ahora entiendo, nombró como ministro de agroindustria a Leonardo Sarquís ex gerente de Monsanto”, denunció el dirigente sindical.
El ministerio de agroindustria provincial aclaró que presentó una denuncia contra el productor y la empresa fumigadora. Ambos fueron imputados y se resolvió clausurar el hangar en el que se alojaba la avioneta fumigadora.
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En Chubut también hay conflicto por agroquímicos
Denuncian el uso de agroquímicos en campos de Chubut
Fecha de Publicación: 14/03/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Un grupo de productores de Cholila está de pie en contra del uso de aqroquímicos, y denunciaron que hay un establecimiento rural, con distinciones nacionales, que manipula el ambiente a la vista de todos, reclamando la aplicación de las leyes en un tema tan complejo y delicado.
Daniel Nataine, en diálogo con Radio 3, contó que “hace dos meses nos enteramos” de que una cabaña “del ejido de Cholila aplicaba agroquímicos en una tarea de fumigación; esto dicho por los propios vecinos que vieron la maquinaria”.
“Nos convocamos en el municipio, le pedimos una entrevista al intendente Silvio Boudargham y también al intendente del Parque Nacional Los Alerces. Efectivamente, funcionarios municipales y provinciales nos confirmaron que en ese establecimiento se utilizan agroquímicos, lo que fue verificado en los galpones de la estancia, de acuerdo a un informe que nos hicieron llegar“, señaló.
Remarcó que “esto generó una preocupación en el pueblo porque Cholila tiene una tradición de producción orgánica, tanto ganadera como de tipo agropecuaria”, remarcó el vecino.
“La utilización de agroquímicos no tiene nada que ver con lo que se requiere en la zona y el agravante que este establecimiento es vecino del Parque Nacional Los Alerces que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por su estado de conservación”, señaló Nataine en Radio 3.
Por su parte, Roxana Bernardi, otra productora del sector, indicó que “había una persona que trabaja o trabajaba en la estancia que tiene leucemia y otros casos de intoxicación, precisamente en la gente que operaba la maquinaria de fumigación. También han visto los vecinos, y nos han comentado, que no se utilizan ningún tipo de protección para fumigar”.
“No queremos ser un pueblo fumigado como los del norte,como Entre Ríos, Córdoba o Buenos Aires, Sabemos que es una problemática a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que el uso indiscriminado de agroquímicos genera en primer lugar cáncer, sobre todo leucemia, malformaciones, abortos espontáneos; las consecuencias pueden ser muy graves”, sostuvo la vecina.
Respecto de una ordenanza ya aprobada, Bernardi señaló que “es del año 2015, pero no está reglamentada, o sea no se ha establecido cómo se hace cumplir. La semana pasada le enviamos una nota al intendente en la que pedimos que se agregue a la ordenanza la prohibición de todos los agro tóxicos porque sólo habla de glifosato, que se reformule y se reglamente para seguir avanzando”.
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Fecha de Publicación: 14/03/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Un grupo de productores de Cholila está de pie en contra del uso de aqroquímicos, y denunciaron que hay un establecimiento rural, con distinciones nacionales, que manipula el ambiente a la vista de todos, reclamando la aplicación de las leyes en un tema tan complejo y delicado.
Daniel Nataine, en diálogo con Radio 3, contó que “hace dos meses nos enteramos” de que una cabaña “del ejido de Cholila aplicaba agroquímicos en una tarea de fumigación; esto dicho por los propios vecinos que vieron la maquinaria”.
“Nos convocamos en el municipio, le pedimos una entrevista al intendente Silvio Boudargham y también al intendente del Parque Nacional Los Alerces. Efectivamente, funcionarios municipales y provinciales nos confirmaron que en ese establecimiento se utilizan agroquímicos, lo que fue verificado en los galpones de la estancia, de acuerdo a un informe que nos hicieron llegar“, señaló.
Remarcó que “esto generó una preocupación en el pueblo porque Cholila tiene una tradición de producción orgánica, tanto ganadera como de tipo agropecuaria”, remarcó el vecino.
“La utilización de agroquímicos no tiene nada que ver con lo que se requiere en la zona y el agravante que este establecimiento es vecino del Parque Nacional Los Alerces que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por su estado de conservación”, señaló Nataine en Radio 3.
Por su parte, Roxana Bernardi, otra productora del sector, indicó que “había una persona que trabaja o trabajaba en la estancia que tiene leucemia y otros casos de intoxicación, precisamente en la gente que operaba la maquinaria de fumigación. También han visto los vecinos, y nos han comentado, que no se utilizan ningún tipo de protección para fumigar”.
“No queremos ser un pueblo fumigado como los del norte,como Entre Ríos, Córdoba o Buenos Aires, Sabemos que es una problemática a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que el uso indiscriminado de agroquímicos genera en primer lugar cáncer, sobre todo leucemia, malformaciones, abortos espontáneos; las consecuencias pueden ser muy graves”, sostuvo la vecina.
Respecto de una ordenanza ya aprobada, Bernardi señaló que “es del año 2015, pero no está reglamentada, o sea no se ha establecido cómo se hace cumplir. La semana pasada le enviamos una nota al intendente en la que pedimos que se agregue a la ordenanza la prohibición de todos los agro tóxicos porque sólo habla de glifosato, que se reformule y se reglamente para seguir avanzando”.
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Anulan absoluciones por contaminación (nuevamente)
Por segunda vez, anulan absoluciones por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Biorremediación en lago porteño
Así se recuperan la biodiversidad del lago Lugano y el arroyo Cildáñez a través de la biorremediación
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Se trata de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los altos índices de contaminación industrial y cloacal de las aguas encendieron la alarma hace años. La acción conjunta entre 600 voluntarios, el gobierno porteño y vecinos está logrando reconstituir parte de su flora y la fauna nativa
La actividad humana genera gran cantidad de contaminantes no biodegradables que a menudo son desechados al ambiente sin tratamiento previo. En nuestro país fueron numerosos los ríos, lagos y lagunas que sufrieron las consecuencias y la cuenca Matanza-Riachuelo fue una de las víctimas más perjudicadas.
A pocos metros de ese cauce, en el barrio de Villa Soldati, la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño detectó hace años que el lago Lugano contenía un alto índice de contaminación provocada por desechos provenientes tanto de la industria como de efluentes cloacales.
Este espejo de agua artificial forma parte de un área mayor llamado Parque Natural Lago Lugano que rodea al propio lago y a las costas del arroyo Cildáñez. Hoy este predio de 36 hectáreas se ha convertido en un área protegida sobre la que se está ejecutando una fuerte tarea de descontaminación.
La importancia de aumentar la protección de los recursos naturales y de remediar sitios contaminados es fundamental para mantener los servicios ecosistémicos. Por eso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha tanto en el lago como en el arroyo un intenso plan de biorremediación, una técnica que usa seres vivos para restaurar los ambientes afectados.
El procedimiento es bastante simple: se basa en la construcción e instalación de humedales y balsas artificiales flotantes sobre las que se trasplantan distintas especies de plantas autóctonas palustres o acuáticas. Esto mejora la calidad del agua del arroyo ya que aumenta el oxígeno, absorbe los contaminantes orgánicos y los metales pesados.
La forma elegida para desarrollar eficientemente la actividad de biorremediación es un logro en sí mismo ya que ha conseguido que unos 600 voluntarios participen semana tras semana en la iniciativa. Los resultados han sido muy buenos: la limpieza ha logrado duplicar la oxigenación del agua tratada, aumentó en un 33% su transparencia y disminuyó unas 10 veces la presencia de bacterias en el lugar.
Como en casi todas las acciones de voluntariado, la convocatoria y los encuentros en el lago Lugano generan mucho compromiso. Hay participantes de todas las edades, algunos de los cuales trabajan o estudian en algo relacionado; pero muchos otros son simples vecinos que tomaron conciencia sobre la degradación de su propio hábitat y se decidieron a hacer algo al respecto.
Aunque técnicamente debemos seguir considerando al Cildáñez como un cuerpo de agua contaminado y esta experiencia está en etapa piloto, los resultados son alentadores. La aparición de fauna asociada a las balsas es toda una señal de recuperación del entorno. En los márgenes del arroyo ya se observan, también, aves que utilizan los bordes de las balsas y de a poco van apareciendo nidos de insectos, arácnidos y tortugas.
Esta nueva biodiversidad está permitiendo también la polinización de semillas de otras especies, lo que produjo una revegetación de las costas del Cildáñez con nuevas plantas nativas, que habían desaparecido de allí hace décadas.
La zona sur de la ciudad fue viendo crecer un nuevo reservorio de biodiversidad situado sobre un antiguo meandro del Riachuelo, uno de los cauces más contaminados del mundo. Una demostración, sin dudas, de la capacidad de regeneración y revegetación que puede tener un sitio contaminado si se hacen bien las cosas.
Y una prueba, también, de que la naturaleza devuelve con creces el trato que las personas le brindan.
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Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Se trata de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los altos índices de contaminación industrial y cloacal de las aguas encendieron la alarma hace años. La acción conjunta entre 600 voluntarios, el gobierno porteño y vecinos está logrando reconstituir parte de su flora y la fauna nativa
La actividad humana genera gran cantidad de contaminantes no biodegradables que a menudo son desechados al ambiente sin tratamiento previo. En nuestro país fueron numerosos los ríos, lagos y lagunas que sufrieron las consecuencias y la cuenca Matanza-Riachuelo fue una de las víctimas más perjudicadas.
A pocos metros de ese cauce, en el barrio de Villa Soldati, la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño detectó hace años que el lago Lugano contenía un alto índice de contaminación provocada por desechos provenientes tanto de la industria como de efluentes cloacales.
Este espejo de agua artificial forma parte de un área mayor llamado Parque Natural Lago Lugano que rodea al propio lago y a las costas del arroyo Cildáñez. Hoy este predio de 36 hectáreas se ha convertido en un área protegida sobre la que se está ejecutando una fuerte tarea de descontaminación.
La importancia de aumentar la protección de los recursos naturales y de remediar sitios contaminados es fundamental para mantener los servicios ecosistémicos. Por eso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha tanto en el lago como en el arroyo un intenso plan de biorremediación, una técnica que usa seres vivos para restaurar los ambientes afectados.
El procedimiento es bastante simple: se basa en la construcción e instalación de humedales y balsas artificiales flotantes sobre las que se trasplantan distintas especies de plantas autóctonas palustres o acuáticas. Esto mejora la calidad del agua del arroyo ya que aumenta el oxígeno, absorbe los contaminantes orgánicos y los metales pesados.
La forma elegida para desarrollar eficientemente la actividad de biorremediación es un logro en sí mismo ya que ha conseguido que unos 600 voluntarios participen semana tras semana en la iniciativa. Los resultados han sido muy buenos: la limpieza ha logrado duplicar la oxigenación del agua tratada, aumentó en un 33% su transparencia y disminuyó unas 10 veces la presencia de bacterias en el lugar.
Como en casi todas las acciones de voluntariado, la convocatoria y los encuentros en el lago Lugano generan mucho compromiso. Hay participantes de todas las edades, algunos de los cuales trabajan o estudian en algo relacionado; pero muchos otros son simples vecinos que tomaron conciencia sobre la degradación de su propio hábitat y se decidieron a hacer algo al respecto.
Aunque técnicamente debemos seguir considerando al Cildáñez como un cuerpo de agua contaminado y esta experiencia está en etapa piloto, los resultados son alentadores. La aparición de fauna asociada a las balsas es toda una señal de recuperación del entorno. En los márgenes del arroyo ya se observan, también, aves que utilizan los bordes de las balsas y de a poco van apareciendo nidos de insectos, arácnidos y tortugas.
Esta nueva biodiversidad está permitiendo también la polinización de semillas de otras especies, lo que produjo una revegetación de las costas del Cildáñez con nuevas plantas nativas, que habían desaparecido de allí hace décadas.
La zona sur de la ciudad fue viendo crecer un nuevo reservorio de biodiversidad situado sobre un antiguo meandro del Riachuelo, uno de los cauces más contaminados del mundo. Una demostración, sin dudas, de la capacidad de regeneración y revegetación que puede tener un sitio contaminado si se hacen bien las cosas.
Y una prueba, también, de que la naturaleza devuelve con creces el trato que las personas le brindan.
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