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Documental muestra los efectos de los agroquímicos
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Las 'monstruosas' deformaciones infantiles causadas por los agroquímicos en Argentina
Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Un impactante documental expone las consecuencias de los agroquímicos en manos de grandes empresas.
En el sitio Mercola, el doctor especialista en enfermedades causadas por productos del agro, detalló un extenso informe sobre las consecuencias de esta atroz industria que no para de causar enfermedades y muertes.
El impactante documental "Genetically Modified Children" revela los horrores de décadas de prácticas agrícolas intensivas en productos químicos en Argentina, donde la mayoría de los cultivos son transgénicos (GM) y rociados de forma cotidiana con agroquímicos peligrosos.
Además, muestra el control absoluto que ejercen las grandes empresas de semillas y sustancias químicas, y las tabacaleras como Philip Morris sobre los agricultores afectados por la pobreza, desesperados por ganar un sustento para vivir.
El documental, producido por Juliette Igier y Stephanie Lebrun, demuestra los efectos devastadores que el sector agrícola ha generado en la salud de los niños de esta región,1 ya que cada vez hay un mayor número de nacimientos con monstruosas deformidades físicas. Algunos de los casos son tan graves que, sin una intervención médica, podría resultar en la muerte de los niños antes de los 5 años de edad.
Este filme comienza cuando el equipo viaja desde el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, hasta la frontera brasileña, una región agrícola que fue una de las primeras del país en comenzar a cultivar transgénicos (GMOs) a mediados de los años 90.
En este aparece Ricardo Rivero, jefe regional de la compañía local de electricidad; quien supo que, la razón por la cual las familias no pueden pagar sus cuentas es porque a menudo tienen un niño enfermo o discapacitado, y no reciben asistencia del gobierno argentino.
El documental los presenta cuando visitan la humilde casa de un productor de tabaco, donde conocen a Lucas Texeira, un niño de 5 años de edad con una enfermedad genética de la piel incurable. La familia cree que fue causada por la exposición de la madre al herbicida Roundup de Monsanto al inicio de su gestación, quien indicó que nadie le informó que era tóxico.
La mutación genética que causó el padecimiento de su hijo lo dejó sin poros en su piel, lo que significa que no transpira. El calor de su cuerpo permanece dentro, lo cual le provoca picazón intensa y dolorosa, así como frecuentes ataques de llanto. El Sr. Texeira expresa su tristeza por la enfermedad de Lucas, así como su temor de tener otro hijo con una malformación similar.
Los agroquímicos incrementan los defectos congénitos y deformidades en niños argentinos. Al igual que muchas familias en las zonas rurales de Argentina, durante años, la familia Texeira ha cultivado tabaco transgénico en sus tierras, con un sin número de diversos agroquímicos necesarios para producir un cultivo que sea certificado por Philip Morris, una multinacional estadounidense que fabrica cigarrillos y tabaco (que es una división de Altria Company, desde 2003).
Philip Morris le proporciona a los agricultores semillas de tabaco burley transgénico para el fabricante de cigarrillos de tabaco light. Cada año, los agricultores argentinos se ven obligados a utilizar más de 100 sustancias químicas diferentes para desarrollar un cultivo de tabaco de aspecto perfecto--si esperan obtener beneficios monetarios.
La familia Texeira no es la excepción. Durante más de una década, han tratado sus cultivos de tabaco con glifosato y otros agroquímicos--sin ningún tipo de protección. Sin embargo, después de observar un incremento en los defectos de nacimiento entre los niños de la comunidad, incluso en su propio hijo, comenzaron a temer por su seguridad y se mudaron de sus tierras de cultivo, lejos de los productos químicos tóxicos.
"No es fácil, pero uno tiene que vivir la vida como es", dijo el Sr. Texeira. "Gracias a Dios, el problema de Lucas solo es en su piel. Él está sano y puede comer casi cualquier cosa". Lucas es un milagro, indica el narrador del documental. En esta región, hay una cantidad desproporcionada de niños que nacen con deformidades.
En Argentina, cada año se aplican 300 millones de litros de glifosato en los campos de cultivo. Los cultivos transgénicos empezaron a desarrollarse por primera vez en el país en la provincia Misiones en Argentina, después de que el gobierno autorizó su uso desde 1996, una decisión basada únicamente en estudios realizados por Monsanto y sin investigaciones que lo contradijeran.
Durante más de dos décadas, la tierra fue rociada con glifosato y otros agroquímicos, que contaminaron el suelo y agua de la región. Para 2013, más de 24 millones de hectáreas (59.3 millones de acres)2 de transgénicos fueron cultivadas en Argentina, incluyendo la soya, maíz, algodón y tabaco.
La acumulación de evidencia científica que relaciona el incremento del número de abortos espontáneos, defectos congénitos y cáncer por los transgénicos y agroquímicos no disuadió al gobierno argentino de subsidiar los cultivos transgénicos. Tal vez, en parte esa decisión se deba al 35 % de los impuestos que Argentina recibe de las exportaciones de soya transgénica.
A pesar de los peligros, nadie les advirtió a los productores de tabaco sobre los riesgos. De hecho, fue todo lo contrario. Los agricultores en la provincia de Misiones fueron bombardeados con diversas formas de publicidad, incluyendo comerciales de empresas químicas que insistían en que los agroquímicos eran la clave de la prosperidad.
Los anuncios televisivos promocionaban los beneficios del herbicida Roundup de Monsanto, incluyendo su capacidad para acabar con todo, excepto los transgénicos; y en efecto, el marketing funcionó. Hoy en día, en Argentina se vierten más de 300 millones de litros (79.2 millones de galones) de glifosato cada año en más de 28 millones de hectáreas (69.1 millones de acres) de campos de cultivo.3
Deserción total
El documental muestra cuando el equipo visitó la casa de otro niño enfermo. Lucas Krauss nació con microcefalia congénita, sufre de epilepsia, retraso en el desarrollo motor y mental, atrofia muscular múltiple y muchas otras patologías relacionadas.
El primer médico que consultó la familia dijo que el padecimiento de su hijo se debía a la falta de oxígeno; sin embargo, el neurólogo tuvo una opinión diferente. Al principio, estuvo de acuerdo y dijo que era debido a la falta de oxígeno.
No obstante, cuando lo presionaron más, admitió que la falta de oxígeno no era la única causa, pero se negó a decir lo que creía que era la verdadera causa de la enfermedad de Lucas. Ni siquiera le realizaron exámenes médicos, dijo la madre del niño.
La familia entiende que el padecimiento de Lucas, al igual que muchos otros en la comunidad, probablemente esté vinculado a los agroquímicos utilizados para cultivar el tabaco. Pero la familia no puede abandonar su negocio porque es la principal fuente de ingresos en su área, y lo más importante, es el único sector que brinda seguro social a sus trabajadores.
Sin la ayuda financiera de la industria tabacalera, el padre teme que no pueda atender a su hijo con necesidades especiales.
En 2010, la situación empezó a cambiar. Un grupo de abogados de los Estados Unidos viajó a Misiones para visitar a las familias con niños gravemente discapacitados. Uno de sus destinos incluía la casa de William Núñez, de 17 años de edad, que nació con una grave discapacidad.
No puede hablar ni caminar, y tiene que ser alimentado a través de un tubo de alimentación directo a su estómago. La familia no ha recibido ayuda del gobierno para el tratamiento médico que William requiere; en cambio, han aprendido por sí solos cómo cuidar a su hijo discapacitado.
Ignorancia y explotación
La familia Núñez indica que fueron visitados por abogados de los Estados Unidos, de cuatro a cinco veces en un período de seis meses, así como también por algunos médicos de México y los Estados Unidos. A la familia Núñez se le dijo que no tenían la culpa de usar agroquímicos y que se les podía otorgar hasta US$ 3 millones--en el caso de William.
Los abogados le solicitaron a la familia que firmara un contrato con el compromiso de no discutir su caso con nadie. Y hasta ahora, habían respetado el contrato. Pero no han tenido noticias de los abogados en más de cuatro años y no quieren permanecer callados por más tiempo.
Posteriormente, el documental presenta a un hombre llamado Emilio, hijo de un productor de tabaco que ha creado un sindicato independiente para lidiar con las dos empresas tabacaleras de la región, que a menudo apoyan a las grandes tabacaleras.
El cultivo de tabaco es un trabajo arduo, señaló Emilio, y agregó que las personas sufren mucho porque trabajan todo el año y el incentivo financiero no es muy bueno. Emilio describe a la industria del tabaco en San Jacinto, Argentina, como un sistema de esclavitud, encapsulado por la ignorancia y explotación.
El equipo de filmación visitó un almacén donde todos los productores de tabaco de la región acuden a vender su producto. La cosecha de tabaco de los agricultores es transportada hasta allí al final del ciclo de cultivo, que incluye la siembra, tratamiento, cosecha, secado y clasificación.
Este es el único lugar donde pueden vender su producto, indicó Emilio. El equipo de filmación estuvo ahí el día en que los productores supieron cuánto valdría su trabajo de todo el año. El cultivo debe cumplir con los estrictos estándares establecidos por la cooperativa, que inspecciona cada paquete con rapidez. Examinan la textura, anchura y color de las hojas. El tabaco en su estado natural nunca pasaría la prueba--solo utilizar los agroquímicos podría garantizar un buen resultado.
Las grandes tabacaleras dominan la industria
En el documental aparece la entrevista de uno de los agricultores sobre su sentir acerca de sus ganancias. Indica que recibió $ 11 575 pesos mexicanos (o aproximadamente $ 610 dólares estadounidenses) por 975 kilos de tabaco. Eso es alrededor de $ 3.50 dólares estadounidenses por libra de tabaco. Es un precio bajo, señala. "Para mí, es como un robo. Es injusto".
Los productores señalan que sus ingresos fueron especialmente bajos este año como resultado de los costosos insumos químicos que fueron obligados a utilizar. Las empresas químicas los cobran en dólares estadounidenses, pero pagan en pesos, indica un agricultor frustrado, y agrega que no tiene la manera de abandonar su negocio porque no puede arriesgarse a perder su seguro social.
Las grandes tabacaleras dominan la industria en San Jacinto, Argentina, de tal manera que las empresas como Philip Morris han cambiado por completo el cultivo del tabaco. Hoy en día, los agricultores se encuentran esclavizados por las empresas que producen y venden los agroquímicos necesarios para desarrollar un cultivo que pueda ser certificado por Philip Morris.
El equipo de filmación logró capturar imágenes dentro de un almacén donde los agricultores acuden a comprar pesticidas. Ahí, había estantes altos con herbicidas, fungicidas e insecticidas alineados en las paredes y todo era manipulado con las manos sin guantes.
Entre los insecticidas había un producto químico fabricado por Bayer llamado Confidor, que contiene los insecticidas clotianidina, imidacloprid, tiametoxam y methiocarb,4 que a excepción de methiocarb, pertenecen a una clase de pesticidas para matar abejas, conocidos como neonicotinoides, y que hace poco tiempo fueron prohibidos en todos los cultivos que se producen al aire libre en Europa.5
Tóxico: una palabra constante en Argentina
Antes de abandonar la región, el equipo de filmación hizo una última parada para visitar a Raul Gómez, de 50 años de edad, quien ha creado una lista de todas las sustancias químicas que ha tenido que manipular en las últimas dos décadas, ahora la mayoría están prohibidas debido a su toxicidad.
A Gómez le preocupa tener almacenadas tales sustancias químicas en su propiedad, ya que muchas son demasiado peligrosas para poder eliminarlas. Según comenta, se le había dicho que alguien vendría para llevárselas, pero nadie acudió, por lo que construyó chozas para almacenarlas. Gomez indica que cree que definitivamente fue un conejillo de indias porque se vio obligado a trabajar con sustancias tóxicas muy peligrosas sin tener conocimiento de las implicaciones para la salud de su familia.
Tanto él como otros agricultores señalan que la pregunta no es si se enfermarán, sino cuándo ocurrirá. Todos en esta región tienen sustancias tóxicas presentes en sus cuerpos, indica, y aunque ahora no lo siente, en algunos años sí lo hará. "Así es como sucede. Las consecuencias ocurren después".
Luego, el equipo de filmación viajó a Posadas, la capital de la provincia de Misiones, donde los médicos consideraron una hipótesis aterradora; es decir que, exposición a los agroquímicos en realidad podría modificar el genoma humano.
Se entrevistaron con el Dr. Hugo Gomez Demaio, de 73 años de edad, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico de Posadas, y el Dr. Mario Barrera, neurocirujano de la Facultad de Medicina del Nordeste (ambas instituciones se encuentran en Buenos Aires). Los médicos están dedicados a destacar y tratar la relación entre la exposición al glifosato y otros agroquímicos con los defectos congénitos causados por el daño en el ADN.
Con los años, Demaio ha sido testigo de un número de niños cada vez mayor que padece malformaciones. "Ya no son solo observaciones empíricas, sino una estadística ineludible que ha elaborado con su sucesor, el Dr. Barrera", indicó el narrador del documental.
El 100 % de estos niños con deformidades graves podría morir antes de los 5 años de edad si no se les realiza una intervención médica, señaló Demaio. El documental presenta a dos niñas que padecen hidrocefalia, un padecimiento relacionado con una anomalía que afecta al cromosoma X. La hidrocefalia es la acumulación de fluidos en las profundidades del cerebro.
El exceso de líquidos presiona el cerebro y daña el tejido cerebral. Los síntomas de la hidrocefalia incluyen una cabeza inusualmente grande, aumento rápido en el tamaño de la cabeza y un área abultada en la parte superior.6
'Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades'
Las madres de las dos niñas con hidrocefalia dijeron que estuvieron expuestas a agroquímicos, pero de forma indirecta. Aunque los productos agroquímicos no fueron almacenados en su hogar, indicaron que estuvieron expuestas a ellos por medio de la ropa contaminada de los miembros de la familia que cultivan tabaco. Las mujeres lavan la ropa de los hombres en un arroyo cercano, que también sirve como fuente de agua potable.
Demaio indica que la exposición a agroquímicos podría causar daño genético que puede transmitirse a la descendencia de una persona y causar una modificación en la herencia genética. Barrera explica:
"Aun si todo el entorno local está contaminado, no significa que todos los niños se enfermarán". Pero, cuando el padre está expuesto a herbicidas, son absorbidos por su cuerpo, pueden alterar el ADN y luego pasar esa mutación genética a sus hijos".
Al principio, Demaio y Barrera trabajaron solos, pero pronto otros médicos que habían hecho observaciones similares empezaron a colaborar en su investigación. En 2009, publicaron resultados que demostraban que los abortos espontáneos y defectos congénitos entre los recién nacidos eran seis veces más altos que lo normal, y el cáncer en niños pequeños era cinco veces más común que en cualquier otro lugar.7
Los médicos señalaron que los agroquímicos pasaban de las madres a sus hijos y causaban daños en los primeros 28 días de embarazo, lo que generaba monstruosas deformidades que son difíciles de solucionar.
La expresión más común es mielomeningocele,8 un defecto de nacimiento en la columna vertebral y médula espinal. Es la lesión más grave del sistema nervioso central con la que una persona podría vivir. Demaio indicó que el gobierno argentino se ha negado a escucharlo, por lo que ha dedicado su tiempo a educar a los jóvenes en las universidades, muchos han crecido en familias que cultivan tabaco y cerca de pesticidas, pero saben muy poco sobre estos químicos.
Les dijeron que los agroquímicos eran seguros y necesarios para alimentar a las personas. "Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades", expresó Demaio, en referencia a las empresas químicas y ganancias que han obtenido de agricultores desprevenidos, forzados a depender de sustancias químicas.
David contra Goliath: Una batalla con grandes desventajas
El equipo de filmación visitó la oficina en Buenos Aires de los abogados que visitaron a las familias hace cuatro años, quienes nunca hicieron el seguimiento posterior. Allí no estaban muy bien informados sobre el caso, por lo que el equipo de filmación visitó la oficina en Nueva York donde los abogados habían trabajado en el archivo hace años.
Hablaron con Steven J. Phillips de la oficina LLP de Phillips & Paolicelli, que se especializa en defender a los niños de los productos tóxicos. Phillips indicó creer que tenía un caso bien sustentado contra Monsanto y Philip Morris. Monsanto diseñó y vendió glifosato a personas en Sudamérica bajo condiciones en las que sabía que habría mujeres embarazadas mezclando las sustancias químicas.
Monsanto sabía que era extremadamente peligroso, pero de todos modos los vendió y obtuvo grandes ganancias económicas, señaló Phillips. Philip Morris insistió en que los productores cultivasen el tabaco de una manera tan específica que incluyera el uso de glifosato, y si no lo hacían, Philip Morris no compraría el tabaco. Entonces, los agricultores no tuvieron otra opción.
"Si obliga a alguien a actuar de forma riesgosa, lo engaña al respecto, y luego sus hijos son afectados, entonces esa es una razón para llevarlos a los tribunales", indicó Phillips. Si bien, los abogados reconocen que esta podría ser una batalla con grandes desventajas, como del tipo David contra Goliat, también saben que la verdad está de su lado.
A menudo, la verdad prevalece, como es el caso del reciente veredicto de culpabilidad en el histórico juicio contra Monsanto. Un jurado en San Francisco, California, otorgó al demandante Dewayne Johnson US$ 289 millones como compensación por daños y perjuicios, después de determinar que su cáncer era causado por estar expuesto al herbicida Roundup de Monsanto.9 La Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) informó:
"La decisión del jurado fue unánime; Monsanto fue culpable de fabricar y vender un producto que había causado el cáncer de Johnson. Además, la empresa sabía que su producto podría causar cáncer y, sin embargo, ocultó de forma intencional este hecho a Johnson y la población".
Este caso es inquietantemente similar al de los productores y sus familias que sufren por la exposición a los agroquímicos, incluyendo al glifosato, en Argentina. Y los productores de tabaco no son los únicos afectados, hay otra región en Argentina que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los agroquímicos.
Córdoba, la tierra de la soja transgénica
El equipo de filmación viajó a Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y el último destino de su investigación. Córdoba se caracteriza por la siembra de soja transgénica, donde se aplica glifosato por medio de fumigación aérea.
La ciudad está llena de grafitis contra Monsanto. En 2012, se obtuvo un veredicto histórico10 cuando un agricultor y dueño de un avión de fumigación en Córdoba fueron condenados a tres años de prisión por fumigación aérea ilegal. Habían rociado glifosato a menos de 2 500 metros de un área muy poblada.
El documental presenta a la activista anti-agroquímicos, Sofia Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó,11 un grupo de madres que trabaja para detener el uso indiscriminado de agroquímicos que han intoxicado a los niños de la región. Gatica perdió a su hija pequeña por una malformación renal, y su hijo perdió su capacidad para caminar después de estar expuesto a una fumigación local de agroquímicos.
Gatica es reconocida por su trabajo en el seguimiento de tasas anormales de cáncer, enfermedad renal y otros padecimientos en áreas cercanas donde el glifosato se fumigó a los cultivos de soja transgénica. Las Madres de Ituzaingó realizaron análisis sanguíneos en sus hijos y descubrieron que 3 de cada 4 niños que vivían en su comunidad tenían rastros de agroquímicos en su sangre, incluyendo pesticidas, cromo, plomo y arsénico.
Con la esperanza de obtener ayuda del gobierno, el grupo presentó los resultados ante funcionarios argentinos, quienes les dijeron que solo mejorarían el agua si las familias renunciaban por escrito a su derecho para demandar por la contaminación del agua.
Gatica ha sido amenazada y agredida físicamente en repetidas ocasiones por sus esfuerzos en la lucha contra las empresas químicas. En una ocasión, en 2014, fue amenazada con un arma de fuego y un hombre le dijo que si no dejaba de manifestarse contra Monsanto, le "volaría los sesos".
Los avances hasta el momento
A pesar de la batalla a contracorriente, las Madres de Ituzaingó y otros activistas han progresado mucho. Como informó OCA:12 "En 2008, el presidente de Argentina le solicitó al ministro de salud que investigara el impacto del uso de pesticidas en Ituzaingó.
El Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio y los resultados se corroboraron con la investigación que las madres habían realizado, que vinculaba la exposición a los pesticidas con muchos de los problemas de salud que padecían las personas de la comunidad.
Además, Gatica logró que se aprobara un decreto municipal que prohibía la fumigación aérea en Ituzaingó, a una distancia menor a 2 500 metros de los hogares.
Y también obtuvieron una gran victoria, ya que un fallo de la Corte Suprema de 2010 prohibió la fumigación de agroquímicos cerca de áreas pobladas y modificó la carga de evidencia--ahora el gobierno y los productores de soja deben probar que las sustancias químicas que utilizan son seguras, en vez de que los habitantes tengan que demostrar que la fumigación los enferma".
A pesar de las victorias, las personas que viven en Argentina y otras regiones saturadas con transgénicos y agroquímicos tienen un camino largo y sinuoso que recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 3 millones de personas son intoxicadas con pesticidas.13 Pero los agroquímicos valen US$ 40 mil millones por año, y se prevé que alcancen los US$ 308 mil millones para el año 2025.14
¿Acaso las empresas químicas multinacionales sacrificarán sus ganancias para proteger la salud pública? Solo el tiempo lo dirá; sin embargo, probablemente la solución se encuentre en el sistema legal, que ha dado grandes pasos a nivel mundial para proteger a la población de los agroquímicos nocivos.
Las empresas de biotecnología han obtenido poder para controlar al gobierno
No tengo ninguna duda de que los transgénicos y químicos tóxicos que se utilizan en combinación representan una grave amenaza para el medio ambiente y nuestra salud, sin embargo, las agencias gubernamentales lo omiten y se niegan a actuar--y la razón es muy evidente, favorecen los intereses de los gigantes biotecnológicos.
Es bien sabido que existe un tráfico de influencias entre las agencias gubernamentales y empresas de biotecnología como Monsanto. Si se considera la hipocresía de la FDA; en teoría, los Estados Unidos podría tener las leyes de seguridad alimenticia más estrictas a nivel mundial que regulan los nuevos aditivos alimenticios, pero esta agencia ha permitido una y otra vez que los transgénicos y los pesticidas que los acompañan--como el Roundup--evadan estas leyes.
De hecho, el único sustento legal para permitir que los alimentos transgénicos se comercialicen en los Estados Unidos es la afirmación de la FDA de que estos alimentos son inherentemente seguros, una afirmación bastante ridícula.
Los documentos publicados como resultado de una demanda contra la FDA revelan que los propios científicos de la agencia advirtieron a sus superiores sobre los riesgos perjudiciales de los alimentos transgénicos; pero sus advertencias fueron ignoradas.
La influencia de los gigantes de la biotecnología no se limita a los Estados Unidos. En un artículo publicado en junio de 2017, GMWatch reveló que 26 de los 34 miembros del Comisión Nacional Asesora en Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) de Argentina eran ya sea empleados de empresas de tecnología química o tenían importantes conflictos de interés.
Es posible que sepa que Argentina es uno de los países donde los campos de monocultivo de algodón, maíz y soya transgénicos son predominantes. Asimismo, Argentina es un país que enfrenta una destrucción ambiental severa. Los argentinos están plagados de problemas de salud, que incluyen enfermedades degenerativas y deformidades físicas.
Todo parece indicar que la rápida expansión de los cultivos transgénicos y la posterior disminución en los indicadores nacionales de salud están intrínsecamente relacionados.
¡No se deje engañar por los cómplices de la industria!
El descarado intento de las empresas de biotecnología para lograr sus intereses corporativos se extienden mucho más allá de los pasillos de gobierno. Ahora, en un esfuerzo adicional para engañar al público, Monsanto y sus cómplices les suministran celosamente y a cuenta gotas a los científicos, académicos y periodistas estudios cuestionables que los representan de una manera positiva.
Al contratar a "expertos externos", las empresas de biotecnología podrían tomar información de validez dudosa y presentarla como independiente y autorizada. Esta es una práctica vergonzosa que es mucho más común de lo que podría pensarse.
Un ejemplo notable es Henry Miller, quien fue exhibido completamente como cómplice de Monsanto durante la campaña de la Propuesta 37 sobre etiquetado de GMOs en California. Miller, se hizo pasar falsamente por profesor de Stanford, promocionó alimentos transgénicos durante esta campaña. En 2015, publicó un artículo en la revista Forbes que atacaba los hallazgos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una división de la Organización Mundial de la Salud, después de clasificar al glifosato como un probable carcinógeno humano.
Después de que se reveló que el trabajo de Miller había sido escrito de forma anónima por Monsanto, Forbes no solo lo despidió, sino que también eliminó todo su trabajo de su sitio. Asimismo, la industria cuenta con muchos grupos de fachada. El Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano Sobre Ciencia y Salud son financiados por Monsanto.
Incluso WebMD, un sitio web que a menudo es presentado como una fuente confiable de información de salud "independiente y objetiva", actúa como lacayo de Monsanto al usar su influencia para promover estrategias y productos de salud respaldados por corporaciones, a través de mostrar anuncios publicitarios y editoriales en nombre de Biotech, lo cual puede impulsar la agenda de la industria biotecnológica--todo por el bien de los beneficios monetarios.
Monsanto ha adoptado tácticas engañosas para comercializar sus productos tóxicos, pero la empresa no puede ocultar la verdad; es decir que, la ingeniería genética, de ninguna manera, podrá moldear ni hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir, no resolverá el hambre, no mejorará los medios de subsistencia de los productores y sin duda no será de utilidad para la salud--de hecho podría ser perjudicial.
No hay mejor momento para actuar que AHORA. Y esto es lo que puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá apoyando este sistema alimenticio corrupto, tóxico e insostenible que Monsanto, sus cómplices de la industria y lacayos hambrientos por obtener ganancias económicas han elaborado minuciosamente?
En gran medida depende de todos nosotros como consumidores, disminuir y destruir el estricto control de Monsanto sobre nuestro suministro de alimentos. La buena noticia es que los vientos han cambiado.
A medida que los consumidores de todo el mundo se vuelven cada vez más conscientes de los problemas relacionados con los cultivos transgénicos, sustancias químicas tóxicas y pesticidas que se utilizan, más personas se niegan proactivamente a consumir estos alimentos. También, ha habido un fuerte crecimiento en los sectores mundiales de alimentos orgánicos y criados con pastura.
Esto solo demuestra una cosa, que podemos hacer la diferencia si trabajamos constantemente con el mismo objetivo. Una de las mejores medidas que puede implementar es comprar sus alimentos a un productor local que tenga una pequeña empresa y utilice diversos métodos que promuevan la agricultura regenerativa.
También, puede unirse a un programa de agricultura asistida por la comunidad (CSA), donde puede comprar un "porcentaje" de los vegetales producidos en granja, para que pueda obtener un suministro regular de alimentos frescos. Considero que unirse a CSA es una inversión poderosa no solo para su propio bienestar, sino también para su comunidad y economía local.
Además, también debe adoptar estrategias preventivas que puedan ayudar a disminuir la contaminación química tóxica que afecta a su cuerpo.
Monsanto y sus aliados quieren hacerle pensar que controlan todo, pero no es así. Somos nosotros, la población, los que tenemos el poder. Trabajemos todos juntos para derrocar el poderío de la industria de biotecnología. Recuerde--que todo comienza con hacer compras inteligentes y realizar las mejores compras de alimentos para usted y su familia.
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Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Un impactante documental expone las consecuencias de los agroquímicos en manos de grandes empresas.
En el sitio Mercola, el doctor especialista en enfermedades causadas por productos del agro, detalló un extenso informe sobre las consecuencias de esta atroz industria que no para de causar enfermedades y muertes.
El impactante documental "Genetically Modified Children" revela los horrores de décadas de prácticas agrícolas intensivas en productos químicos en Argentina, donde la mayoría de los cultivos son transgénicos (GM) y rociados de forma cotidiana con agroquímicos peligrosos.
Además, muestra el control absoluto que ejercen las grandes empresas de semillas y sustancias químicas, y las tabacaleras como Philip Morris sobre los agricultores afectados por la pobreza, desesperados por ganar un sustento para vivir.
El documental, producido por Juliette Igier y Stephanie Lebrun, demuestra los efectos devastadores que el sector agrícola ha generado en la salud de los niños de esta región,1 ya que cada vez hay un mayor número de nacimientos con monstruosas deformidades físicas. Algunos de los casos son tan graves que, sin una intervención médica, podría resultar en la muerte de los niños antes de los 5 años de edad.
Este filme comienza cuando el equipo viaja desde el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, hasta la frontera brasileña, una región agrícola que fue una de las primeras del país en comenzar a cultivar transgénicos (GMOs) a mediados de los años 90.
En este aparece Ricardo Rivero, jefe regional de la compañía local de electricidad; quien supo que, la razón por la cual las familias no pueden pagar sus cuentas es porque a menudo tienen un niño enfermo o discapacitado, y no reciben asistencia del gobierno argentino.
El documental los presenta cuando visitan la humilde casa de un productor de tabaco, donde conocen a Lucas Texeira, un niño de 5 años de edad con una enfermedad genética de la piel incurable. La familia cree que fue causada por la exposición de la madre al herbicida Roundup de Monsanto al inicio de su gestación, quien indicó que nadie le informó que era tóxico.
La mutación genética que causó el padecimiento de su hijo lo dejó sin poros en su piel, lo que significa que no transpira. El calor de su cuerpo permanece dentro, lo cual le provoca picazón intensa y dolorosa, así como frecuentes ataques de llanto. El Sr. Texeira expresa su tristeza por la enfermedad de Lucas, así como su temor de tener otro hijo con una malformación similar.
Los agroquímicos incrementan los defectos congénitos y deformidades en niños argentinos. Al igual que muchas familias en las zonas rurales de Argentina, durante años, la familia Texeira ha cultivado tabaco transgénico en sus tierras, con un sin número de diversos agroquímicos necesarios para producir un cultivo que sea certificado por Philip Morris, una multinacional estadounidense que fabrica cigarrillos y tabaco (que es una división de Altria Company, desde 2003).
Philip Morris le proporciona a los agricultores semillas de tabaco burley transgénico para el fabricante de cigarrillos de tabaco light. Cada año, los agricultores argentinos se ven obligados a utilizar más de 100 sustancias químicas diferentes para desarrollar un cultivo de tabaco de aspecto perfecto--si esperan obtener beneficios monetarios.
La familia Texeira no es la excepción. Durante más de una década, han tratado sus cultivos de tabaco con glifosato y otros agroquímicos--sin ningún tipo de protección. Sin embargo, después de observar un incremento en los defectos de nacimiento entre los niños de la comunidad, incluso en su propio hijo, comenzaron a temer por su seguridad y se mudaron de sus tierras de cultivo, lejos de los productos químicos tóxicos.
"No es fácil, pero uno tiene que vivir la vida como es", dijo el Sr. Texeira. "Gracias a Dios, el problema de Lucas solo es en su piel. Él está sano y puede comer casi cualquier cosa". Lucas es un milagro, indica el narrador del documental. En esta región, hay una cantidad desproporcionada de niños que nacen con deformidades.
En Argentina, cada año se aplican 300 millones de litros de glifosato en los campos de cultivo. Los cultivos transgénicos empezaron a desarrollarse por primera vez en el país en la provincia Misiones en Argentina, después de que el gobierno autorizó su uso desde 1996, una decisión basada únicamente en estudios realizados por Monsanto y sin investigaciones que lo contradijeran.
Durante más de dos décadas, la tierra fue rociada con glifosato y otros agroquímicos, que contaminaron el suelo y agua de la región. Para 2013, más de 24 millones de hectáreas (59.3 millones de acres)2 de transgénicos fueron cultivadas en Argentina, incluyendo la soya, maíz, algodón y tabaco.
La acumulación de evidencia científica que relaciona el incremento del número de abortos espontáneos, defectos congénitos y cáncer por los transgénicos y agroquímicos no disuadió al gobierno argentino de subsidiar los cultivos transgénicos. Tal vez, en parte esa decisión se deba al 35 % de los impuestos que Argentina recibe de las exportaciones de soya transgénica.
A pesar de los peligros, nadie les advirtió a los productores de tabaco sobre los riesgos. De hecho, fue todo lo contrario. Los agricultores en la provincia de Misiones fueron bombardeados con diversas formas de publicidad, incluyendo comerciales de empresas químicas que insistían en que los agroquímicos eran la clave de la prosperidad.
Los anuncios televisivos promocionaban los beneficios del herbicida Roundup de Monsanto, incluyendo su capacidad para acabar con todo, excepto los transgénicos; y en efecto, el marketing funcionó. Hoy en día, en Argentina se vierten más de 300 millones de litros (79.2 millones de galones) de glifosato cada año en más de 28 millones de hectáreas (69.1 millones de acres) de campos de cultivo.3
Deserción total
El documental muestra cuando el equipo visitó la casa de otro niño enfermo. Lucas Krauss nació con microcefalia congénita, sufre de epilepsia, retraso en el desarrollo motor y mental, atrofia muscular múltiple y muchas otras patologías relacionadas.
El primer médico que consultó la familia dijo que el padecimiento de su hijo se debía a la falta de oxígeno; sin embargo, el neurólogo tuvo una opinión diferente. Al principio, estuvo de acuerdo y dijo que era debido a la falta de oxígeno.
No obstante, cuando lo presionaron más, admitió que la falta de oxígeno no era la única causa, pero se negó a decir lo que creía que era la verdadera causa de la enfermedad de Lucas. Ni siquiera le realizaron exámenes médicos, dijo la madre del niño.
La familia entiende que el padecimiento de Lucas, al igual que muchos otros en la comunidad, probablemente esté vinculado a los agroquímicos utilizados para cultivar el tabaco. Pero la familia no puede abandonar su negocio porque es la principal fuente de ingresos en su área, y lo más importante, es el único sector que brinda seguro social a sus trabajadores.
Sin la ayuda financiera de la industria tabacalera, el padre teme que no pueda atender a su hijo con necesidades especiales.
En 2010, la situación empezó a cambiar. Un grupo de abogados de los Estados Unidos viajó a Misiones para visitar a las familias con niños gravemente discapacitados. Uno de sus destinos incluía la casa de William Núñez, de 17 años de edad, que nació con una grave discapacidad.
No puede hablar ni caminar, y tiene que ser alimentado a través de un tubo de alimentación directo a su estómago. La familia no ha recibido ayuda del gobierno para el tratamiento médico que William requiere; en cambio, han aprendido por sí solos cómo cuidar a su hijo discapacitado.
Ignorancia y explotación
La familia Núñez indica que fueron visitados por abogados de los Estados Unidos, de cuatro a cinco veces en un período de seis meses, así como también por algunos médicos de México y los Estados Unidos. A la familia Núñez se le dijo que no tenían la culpa de usar agroquímicos y que se les podía otorgar hasta US$ 3 millones--en el caso de William.
Los abogados le solicitaron a la familia que firmara un contrato con el compromiso de no discutir su caso con nadie. Y hasta ahora, habían respetado el contrato. Pero no han tenido noticias de los abogados en más de cuatro años y no quieren permanecer callados por más tiempo.
Posteriormente, el documental presenta a un hombre llamado Emilio, hijo de un productor de tabaco que ha creado un sindicato independiente para lidiar con las dos empresas tabacaleras de la región, que a menudo apoyan a las grandes tabacaleras.
El cultivo de tabaco es un trabajo arduo, señaló Emilio, y agregó que las personas sufren mucho porque trabajan todo el año y el incentivo financiero no es muy bueno. Emilio describe a la industria del tabaco en San Jacinto, Argentina, como un sistema de esclavitud, encapsulado por la ignorancia y explotación.
El equipo de filmación visitó un almacén donde todos los productores de tabaco de la región acuden a vender su producto. La cosecha de tabaco de los agricultores es transportada hasta allí al final del ciclo de cultivo, que incluye la siembra, tratamiento, cosecha, secado y clasificación.
Este es el único lugar donde pueden vender su producto, indicó Emilio. El equipo de filmación estuvo ahí el día en que los productores supieron cuánto valdría su trabajo de todo el año. El cultivo debe cumplir con los estrictos estándares establecidos por la cooperativa, que inspecciona cada paquete con rapidez. Examinan la textura, anchura y color de las hojas. El tabaco en su estado natural nunca pasaría la prueba--solo utilizar los agroquímicos podría garantizar un buen resultado.
Las grandes tabacaleras dominan la industria
En el documental aparece la entrevista de uno de los agricultores sobre su sentir acerca de sus ganancias. Indica que recibió $ 11 575 pesos mexicanos (o aproximadamente $ 610 dólares estadounidenses) por 975 kilos de tabaco. Eso es alrededor de $ 3.50 dólares estadounidenses por libra de tabaco. Es un precio bajo, señala. "Para mí, es como un robo. Es injusto".
Los productores señalan que sus ingresos fueron especialmente bajos este año como resultado de los costosos insumos químicos que fueron obligados a utilizar. Las empresas químicas los cobran en dólares estadounidenses, pero pagan en pesos, indica un agricultor frustrado, y agrega que no tiene la manera de abandonar su negocio porque no puede arriesgarse a perder su seguro social.
Las grandes tabacaleras dominan la industria en San Jacinto, Argentina, de tal manera que las empresas como Philip Morris han cambiado por completo el cultivo del tabaco. Hoy en día, los agricultores se encuentran esclavizados por las empresas que producen y venden los agroquímicos necesarios para desarrollar un cultivo que pueda ser certificado por Philip Morris.
El equipo de filmación logró capturar imágenes dentro de un almacén donde los agricultores acuden a comprar pesticidas. Ahí, había estantes altos con herbicidas, fungicidas e insecticidas alineados en las paredes y todo era manipulado con las manos sin guantes.
Entre los insecticidas había un producto químico fabricado por Bayer llamado Confidor, que contiene los insecticidas clotianidina, imidacloprid, tiametoxam y methiocarb,4 que a excepción de methiocarb, pertenecen a una clase de pesticidas para matar abejas, conocidos como neonicotinoides, y que hace poco tiempo fueron prohibidos en todos los cultivos que se producen al aire libre en Europa.5
Tóxico: una palabra constante en Argentina
Antes de abandonar la región, el equipo de filmación hizo una última parada para visitar a Raul Gómez, de 50 años de edad, quien ha creado una lista de todas las sustancias químicas que ha tenido que manipular en las últimas dos décadas, ahora la mayoría están prohibidas debido a su toxicidad.
A Gómez le preocupa tener almacenadas tales sustancias químicas en su propiedad, ya que muchas son demasiado peligrosas para poder eliminarlas. Según comenta, se le había dicho que alguien vendría para llevárselas, pero nadie acudió, por lo que construyó chozas para almacenarlas. Gomez indica que cree que definitivamente fue un conejillo de indias porque se vio obligado a trabajar con sustancias tóxicas muy peligrosas sin tener conocimiento de las implicaciones para la salud de su familia.
Tanto él como otros agricultores señalan que la pregunta no es si se enfermarán, sino cuándo ocurrirá. Todos en esta región tienen sustancias tóxicas presentes en sus cuerpos, indica, y aunque ahora no lo siente, en algunos años sí lo hará. "Así es como sucede. Las consecuencias ocurren después".
Luego, el equipo de filmación viajó a Posadas, la capital de la provincia de Misiones, donde los médicos consideraron una hipótesis aterradora; es decir que, exposición a los agroquímicos en realidad podría modificar el genoma humano.
Se entrevistaron con el Dr. Hugo Gomez Demaio, de 73 años de edad, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico de Posadas, y el Dr. Mario Barrera, neurocirujano de la Facultad de Medicina del Nordeste (ambas instituciones se encuentran en Buenos Aires). Los médicos están dedicados a destacar y tratar la relación entre la exposición al glifosato y otros agroquímicos con los defectos congénitos causados por el daño en el ADN.
Con los años, Demaio ha sido testigo de un número de niños cada vez mayor que padece malformaciones. "Ya no son solo observaciones empíricas, sino una estadística ineludible que ha elaborado con su sucesor, el Dr. Barrera", indicó el narrador del documental.
El 100 % de estos niños con deformidades graves podría morir antes de los 5 años de edad si no se les realiza una intervención médica, señaló Demaio. El documental presenta a dos niñas que padecen hidrocefalia, un padecimiento relacionado con una anomalía que afecta al cromosoma X. La hidrocefalia es la acumulación de fluidos en las profundidades del cerebro.
El exceso de líquidos presiona el cerebro y daña el tejido cerebral. Los síntomas de la hidrocefalia incluyen una cabeza inusualmente grande, aumento rápido en el tamaño de la cabeza y un área abultada en la parte superior.6
'Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades'
Las madres de las dos niñas con hidrocefalia dijeron que estuvieron expuestas a agroquímicos, pero de forma indirecta. Aunque los productos agroquímicos no fueron almacenados en su hogar, indicaron que estuvieron expuestas a ellos por medio de la ropa contaminada de los miembros de la familia que cultivan tabaco. Las mujeres lavan la ropa de los hombres en un arroyo cercano, que también sirve como fuente de agua potable.
Demaio indica que la exposición a agroquímicos podría causar daño genético que puede transmitirse a la descendencia de una persona y causar una modificación en la herencia genética. Barrera explica:
"Aun si todo el entorno local está contaminado, no significa que todos los niños se enfermarán". Pero, cuando el padre está expuesto a herbicidas, son absorbidos por su cuerpo, pueden alterar el ADN y luego pasar esa mutación genética a sus hijos".
Al principio, Demaio y Barrera trabajaron solos, pero pronto otros médicos que habían hecho observaciones similares empezaron a colaborar en su investigación. En 2009, publicaron resultados que demostraban que los abortos espontáneos y defectos congénitos entre los recién nacidos eran seis veces más altos que lo normal, y el cáncer en niños pequeños era cinco veces más común que en cualquier otro lugar.7
Los médicos señalaron que los agroquímicos pasaban de las madres a sus hijos y causaban daños en los primeros 28 días de embarazo, lo que generaba monstruosas deformidades que son difíciles de solucionar.
La expresión más común es mielomeningocele,8 un defecto de nacimiento en la columna vertebral y médula espinal. Es la lesión más grave del sistema nervioso central con la que una persona podría vivir. Demaio indicó que el gobierno argentino se ha negado a escucharlo, por lo que ha dedicado su tiempo a educar a los jóvenes en las universidades, muchos han crecido en familias que cultivan tabaco y cerca de pesticidas, pero saben muy poco sobre estos químicos.
Les dijeron que los agroquímicos eran seguros y necesarios para alimentar a las personas. "Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades", expresó Demaio, en referencia a las empresas químicas y ganancias que han obtenido de agricultores desprevenidos, forzados a depender de sustancias químicas.
David contra Goliath: Una batalla con grandes desventajas
El equipo de filmación visitó la oficina en Buenos Aires de los abogados que visitaron a las familias hace cuatro años, quienes nunca hicieron el seguimiento posterior. Allí no estaban muy bien informados sobre el caso, por lo que el equipo de filmación visitó la oficina en Nueva York donde los abogados habían trabajado en el archivo hace años.
Hablaron con Steven J. Phillips de la oficina LLP de Phillips & Paolicelli, que se especializa en defender a los niños de los productos tóxicos. Phillips indicó creer que tenía un caso bien sustentado contra Monsanto y Philip Morris. Monsanto diseñó y vendió glifosato a personas en Sudamérica bajo condiciones en las que sabía que habría mujeres embarazadas mezclando las sustancias químicas.
Monsanto sabía que era extremadamente peligroso, pero de todos modos los vendió y obtuvo grandes ganancias económicas, señaló Phillips. Philip Morris insistió en que los productores cultivasen el tabaco de una manera tan específica que incluyera el uso de glifosato, y si no lo hacían, Philip Morris no compraría el tabaco. Entonces, los agricultores no tuvieron otra opción.
"Si obliga a alguien a actuar de forma riesgosa, lo engaña al respecto, y luego sus hijos son afectados, entonces esa es una razón para llevarlos a los tribunales", indicó Phillips. Si bien, los abogados reconocen que esta podría ser una batalla con grandes desventajas, como del tipo David contra Goliat, también saben que la verdad está de su lado.
A menudo, la verdad prevalece, como es el caso del reciente veredicto de culpabilidad en el histórico juicio contra Monsanto. Un jurado en San Francisco, California, otorgó al demandante Dewayne Johnson US$ 289 millones como compensación por daños y perjuicios, después de determinar que su cáncer era causado por estar expuesto al herbicida Roundup de Monsanto.9 La Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) informó:
"La decisión del jurado fue unánime; Monsanto fue culpable de fabricar y vender un producto que había causado el cáncer de Johnson. Además, la empresa sabía que su producto podría causar cáncer y, sin embargo, ocultó de forma intencional este hecho a Johnson y la población".
Este caso es inquietantemente similar al de los productores y sus familias que sufren por la exposición a los agroquímicos, incluyendo al glifosato, en Argentina. Y los productores de tabaco no son los únicos afectados, hay otra región en Argentina que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los agroquímicos.
Córdoba, la tierra de la soja transgénica
El equipo de filmación viajó a Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y el último destino de su investigación. Córdoba se caracteriza por la siembra de soja transgénica, donde se aplica glifosato por medio de fumigación aérea.
La ciudad está llena de grafitis contra Monsanto. En 2012, se obtuvo un veredicto histórico10 cuando un agricultor y dueño de un avión de fumigación en Córdoba fueron condenados a tres años de prisión por fumigación aérea ilegal. Habían rociado glifosato a menos de 2 500 metros de un área muy poblada.
El documental presenta a la activista anti-agroquímicos, Sofia Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó,11 un grupo de madres que trabaja para detener el uso indiscriminado de agroquímicos que han intoxicado a los niños de la región. Gatica perdió a su hija pequeña por una malformación renal, y su hijo perdió su capacidad para caminar después de estar expuesto a una fumigación local de agroquímicos.
Gatica es reconocida por su trabajo en el seguimiento de tasas anormales de cáncer, enfermedad renal y otros padecimientos en áreas cercanas donde el glifosato se fumigó a los cultivos de soja transgénica. Las Madres de Ituzaingó realizaron análisis sanguíneos en sus hijos y descubrieron que 3 de cada 4 niños que vivían en su comunidad tenían rastros de agroquímicos en su sangre, incluyendo pesticidas, cromo, plomo y arsénico.
Con la esperanza de obtener ayuda del gobierno, el grupo presentó los resultados ante funcionarios argentinos, quienes les dijeron que solo mejorarían el agua si las familias renunciaban por escrito a su derecho para demandar por la contaminación del agua.
Gatica ha sido amenazada y agredida físicamente en repetidas ocasiones por sus esfuerzos en la lucha contra las empresas químicas. En una ocasión, en 2014, fue amenazada con un arma de fuego y un hombre le dijo que si no dejaba de manifestarse contra Monsanto, le "volaría los sesos".
Los avances hasta el momento
A pesar de la batalla a contracorriente, las Madres de Ituzaingó y otros activistas han progresado mucho. Como informó OCA:12 "En 2008, el presidente de Argentina le solicitó al ministro de salud que investigara el impacto del uso de pesticidas en Ituzaingó.
El Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio y los resultados se corroboraron con la investigación que las madres habían realizado, que vinculaba la exposición a los pesticidas con muchos de los problemas de salud que padecían las personas de la comunidad.
Además, Gatica logró que se aprobara un decreto municipal que prohibía la fumigación aérea en Ituzaingó, a una distancia menor a 2 500 metros de los hogares.
Y también obtuvieron una gran victoria, ya que un fallo de la Corte Suprema de 2010 prohibió la fumigación de agroquímicos cerca de áreas pobladas y modificó la carga de evidencia--ahora el gobierno y los productores de soja deben probar que las sustancias químicas que utilizan son seguras, en vez de que los habitantes tengan que demostrar que la fumigación los enferma".
A pesar de las victorias, las personas que viven en Argentina y otras regiones saturadas con transgénicos y agroquímicos tienen un camino largo y sinuoso que recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 3 millones de personas son intoxicadas con pesticidas.13 Pero los agroquímicos valen US$ 40 mil millones por año, y se prevé que alcancen los US$ 308 mil millones para el año 2025.14
¿Acaso las empresas químicas multinacionales sacrificarán sus ganancias para proteger la salud pública? Solo el tiempo lo dirá; sin embargo, probablemente la solución se encuentre en el sistema legal, que ha dado grandes pasos a nivel mundial para proteger a la población de los agroquímicos nocivos.
Las empresas de biotecnología han obtenido poder para controlar al gobierno
No tengo ninguna duda de que los transgénicos y químicos tóxicos que se utilizan en combinación representan una grave amenaza para el medio ambiente y nuestra salud, sin embargo, las agencias gubernamentales lo omiten y se niegan a actuar--y la razón es muy evidente, favorecen los intereses de los gigantes biotecnológicos.
Es bien sabido que existe un tráfico de influencias entre las agencias gubernamentales y empresas de biotecnología como Monsanto. Si se considera la hipocresía de la FDA; en teoría, los Estados Unidos podría tener las leyes de seguridad alimenticia más estrictas a nivel mundial que regulan los nuevos aditivos alimenticios, pero esta agencia ha permitido una y otra vez que los transgénicos y los pesticidas que los acompañan--como el Roundup--evadan estas leyes.
De hecho, el único sustento legal para permitir que los alimentos transgénicos se comercialicen en los Estados Unidos es la afirmación de la FDA de que estos alimentos son inherentemente seguros, una afirmación bastante ridícula.
Los documentos publicados como resultado de una demanda contra la FDA revelan que los propios científicos de la agencia advirtieron a sus superiores sobre los riesgos perjudiciales de los alimentos transgénicos; pero sus advertencias fueron ignoradas.
La influencia de los gigantes de la biotecnología no se limita a los Estados Unidos. En un artículo publicado en junio de 2017, GMWatch reveló que 26 de los 34 miembros del Comisión Nacional Asesora en Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) de Argentina eran ya sea empleados de empresas de tecnología química o tenían importantes conflictos de interés.
Es posible que sepa que Argentina es uno de los países donde los campos de monocultivo de algodón, maíz y soya transgénicos son predominantes. Asimismo, Argentina es un país que enfrenta una destrucción ambiental severa. Los argentinos están plagados de problemas de salud, que incluyen enfermedades degenerativas y deformidades físicas.
Todo parece indicar que la rápida expansión de los cultivos transgénicos y la posterior disminución en los indicadores nacionales de salud están intrínsecamente relacionados.
¡No se deje engañar por los cómplices de la industria!
El descarado intento de las empresas de biotecnología para lograr sus intereses corporativos se extienden mucho más allá de los pasillos de gobierno. Ahora, en un esfuerzo adicional para engañar al público, Monsanto y sus cómplices les suministran celosamente y a cuenta gotas a los científicos, académicos y periodistas estudios cuestionables que los representan de una manera positiva.
Al contratar a "expertos externos", las empresas de biotecnología podrían tomar información de validez dudosa y presentarla como independiente y autorizada. Esta es una práctica vergonzosa que es mucho más común de lo que podría pensarse.
Un ejemplo notable es Henry Miller, quien fue exhibido completamente como cómplice de Monsanto durante la campaña de la Propuesta 37 sobre etiquetado de GMOs en California. Miller, se hizo pasar falsamente por profesor de Stanford, promocionó alimentos transgénicos durante esta campaña. En 2015, publicó un artículo en la revista Forbes que atacaba los hallazgos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una división de la Organización Mundial de la Salud, después de clasificar al glifosato como un probable carcinógeno humano.
Después de que se reveló que el trabajo de Miller había sido escrito de forma anónima por Monsanto, Forbes no solo lo despidió, sino que también eliminó todo su trabajo de su sitio. Asimismo, la industria cuenta con muchos grupos de fachada. El Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano Sobre Ciencia y Salud son financiados por Monsanto.
Incluso WebMD, un sitio web que a menudo es presentado como una fuente confiable de información de salud "independiente y objetiva", actúa como lacayo de Monsanto al usar su influencia para promover estrategias y productos de salud respaldados por corporaciones, a través de mostrar anuncios publicitarios y editoriales en nombre de Biotech, lo cual puede impulsar la agenda de la industria biotecnológica--todo por el bien de los beneficios monetarios.
Monsanto ha adoptado tácticas engañosas para comercializar sus productos tóxicos, pero la empresa no puede ocultar la verdad; es decir que, la ingeniería genética, de ninguna manera, podrá moldear ni hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir, no resolverá el hambre, no mejorará los medios de subsistencia de los productores y sin duda no será de utilidad para la salud--de hecho podría ser perjudicial.
No hay mejor momento para actuar que AHORA. Y esto es lo que puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá apoyando este sistema alimenticio corrupto, tóxico e insostenible que Monsanto, sus cómplices de la industria y lacayos hambrientos por obtener ganancias económicas han elaborado minuciosamente?
En gran medida depende de todos nosotros como consumidores, disminuir y destruir el estricto control de Monsanto sobre nuestro suministro de alimentos. La buena noticia es que los vientos han cambiado.
A medida que los consumidores de todo el mundo se vuelven cada vez más conscientes de los problemas relacionados con los cultivos transgénicos, sustancias químicas tóxicas y pesticidas que se utilizan, más personas se niegan proactivamente a consumir estos alimentos. También, ha habido un fuerte crecimiento en los sectores mundiales de alimentos orgánicos y criados con pastura.
Esto solo demuestra una cosa, que podemos hacer la diferencia si trabajamos constantemente con el mismo objetivo. Una de las mejores medidas que puede implementar es comprar sus alimentos a un productor local que tenga una pequeña empresa y utilice diversos métodos que promuevan la agricultura regenerativa.
También, puede unirse a un programa de agricultura asistida por la comunidad (CSA), donde puede comprar un "porcentaje" de los vegetales producidos en granja, para que pueda obtener un suministro regular de alimentos frescos. Considero que unirse a CSA es una inversión poderosa no solo para su propio bienestar, sino también para su comunidad y economía local.
Además, también debe adoptar estrategias preventivas que puedan ayudar a disminuir la contaminación química tóxica que afecta a su cuerpo.
Monsanto y sus aliados quieren hacerle pensar que controlan todo, pero no es así. Somos nosotros, la población, los que tenemos el poder. Trabajemos todos juntos para derrocar el poderío de la industria de biotecnología. Recuerde--que todo comienza con hacer compras inteligentes y realizar las mejores compras de alimentos para usted y su familia.
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Denuncian muerte de niño por los agrotóxicos
Denuncian que un niño entrerriano murió de leucemia a causa de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 05/03/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Entre Ríos
A las dos de la tarde del domingo murió Santiago, de tres años, en el hospital pediátrico de Paraná. Era oriundo de la localidad de Basavilbaso y se encontraba aquejado por una leucemia, el cáncer más común diagnosticado entre los niños de 0 a 14 años que llegan al Garrahan y al Italiano desde Entre Ríos. Denuncian que se debe a la masiva utilización de agrotóxicos en la producción agrícola
Ni Santi, de apenas tres años, fulminado por una leucemia drástica en Basavilbaso, pudo romper el cerco informativo del modelo productivo que envenena y mata para producir alimentos. Una mecánica que presiona y silencia en una provincia con una triste celebridad: ser la más fumigada del mundo. Apenas pudo trascender esa muralla Fabián Tomasi, ese Quijote de la Mesopotamia que se convirtió en un ícono del estrago de los agrotóxicos en un ser vivo. Que no pudo más y murió cuando Santi tenía apenas dos años y medio y la vida entera para caminarla saltando baldosas.
A las dos de la tarde del domingo murió Santi. En el hospital pediátrico de Paraná, con el mayor de los silencios médicos, donde la leucemia es leucemia y no tiene más causas que el delirio de ciertas células que se vuelven cancerosas y se infiltran en la médula. Aunque nadie puede negar que una de las causas más fuertes de la enfermedad están en el ambiente. En los químicos. Más precisamente, en los agroquímicos. Es la leucemia el cáncer más común diagnosticado entre los niños de 0 a 14 años que llegan al Garrahan y al Italiano desde Entre Ríos.
No está de más recordar que investigadores del Conicet revelaron hace un año y medio que Entre Ríos muestra los niveles más altos de acumulación de glifosato del mundo. El estudio se publicó en la revista Environmental Pollution. Urdinarrain gana el primer premio: es el pueblo más fumigado del planeta. De esa deriva nació el Grupo Solidario “Por amor a vos” que tiene las caritas de Ulises, Juanchi y Ailén, muertos por cánceres bajo la nube agroquímica de Urdinarrain.
Es decir que el modelo productivo extractivista de la Argentina es uno de los más crueles, con una lista de víctimas infantiles que va adelgazando el futuro cotidianamente.
Gustavo Hein, el intendente de Basavilbaso, es también presidente del Pro. Y será el vice de la fórmula que encabeza el diputado Atilio Benedetti, en las próximas elecciones de abril y junio. El intendente fumigador (así lo llaman en el pueblo) y el rey de la soja (así lo llaman en Entre Ríos). Un combo perfecto para la provincia que, dicen, buscan “transformar”.
Santi no vivía en la zona rural, sino en la misma ciudad. “Las derivas son incontrolables”, dice a APe Elio Kohan, amigo de Fabián Tomasi e integrante de colectivos como Basta es Basta. “La primera, según las mentirosas buenas prácticas, puede tener alguna amortiguación; pero eso es imposible. Estamos rodeados de campos dedicados a una agricultura basada en los agrotóxicos. Y en Basavilbaso están los silos, que es otra forma de estar expuesto”.
Los médicos suponen que en Santi el daño era genético. Pero no son muchos los que se atreven a decirlo.
En 2015 investigadores de la Universidad de Río Cuarto encontraron daño genético en niños de la ciudad de Marcos Juárez expuestos a plaguicidas. El estudio compara datos de más de 70 chicos que viven en el área urbana de la ciudad pero a pocos metros de campos fumigados, con otros que habitan en zonas urbanas de Río Cuarto a 10 kilómetros de la aplicación de agroquímicos. “Los niveles de daño genético encontrados en los grupos de niños de Marcos Juárez están muy por arriba de los valores de referencia de los de Río Cuarto”, determinaron.
Eso es lo que notó una joven médica, hija de una maestra rural de Paraná. “Mami, eso es daño genético”. Toda una vida familiar absorbiendo veneno. Elio Kohan sabe que “la mayoría de los doctores no se animan. El caso de Antonella en 2017 fue clarísimo: cuenta la mamá, Natalia Bazán, que empezó con una alergia, fallas en las glándulas y desembocó en una leucemia”. Y dice Natalia: “todos los chicos con leucemia primero enfermaron en el pecho, en los bronquios. A muchos les diagnosticaron una alergia y cuando llegaron al verdadero diagnóstico ya era demasiado tarde”. Antonella es un símbolo del martirio infantil en Gualeguaychú.
El periodista Fabián Magnotta ha remado en cemento para poder juntar de la nada estadísticas sobre cáncer infantil en la ciudad de las fiestas de febrero. Pero -dice a esta Agencia- “no hay registros centralizados, y menos aún sobre cáncer infantil y juvenil”. Sin dudas “el plan incluye no hacer estadísticas”. Si el estado no lo hace, el registro depende de la voluntad de un periodista solitario que es consciente de que no contabilizar el cáncer –y disfrazarlo en las actas de defunción- es parte del modelo. No sólo es un esfuerzo triple por no contar con estructura, sino que las presiones caen desde todos los sectores que se sienten perjudicados cuando se ventilan los números y las razones del cáncer en Gualeguaychú. Desde el ámbito rural hasta el turístico. Tal vez por ahí llegan las razones por las que desde el municipio le retacean los números.
“Este modelo de producción nos está matando”, vuelve a repetir y no se cansará de hacerlo Mariela Leiva, desde su escuelita rural de Basavilbaso donde le ganó un juicio al veneno. Y, mientras deshoja como margarita la amarga suerte de Santi se pregunta en diálogo con APe “por qué no se dieron a conocer las ´sugerencias´sobre el estudio ambiental que realizaron Damián Marino y EMISA después del campamento sanitario de Basavilbaso?” y “¿qué resultados arrojará el estudio de genotoxicidad hecho con niños de las escuelas rurales” y de la zona urbana?.
Ella sabe que lo que enfrenta es muy duro. Es un bloque colosal que tiene con qué presionar y todas las herramientas para formatear a gran parte de la población. Dirigentes políticos, profesionales, vecinos de las víctimas, integrantes de la patria sojera y extractiva. Propietarios de una mecánica productiva que necesita de los venenos para producir los alimentos con los que luego enfermará. Y que convence de que no hay alternativas (una espectacular falacia), de que no habrá trabajo sin agroquímicos y de que no habrá producción si se insiste con la pésima costumbre de sostener escuelitas rurales con alumnos incluidos.
Alicia Schvartzman integra el Basta es Basta y vive en el campo. Con su experiencia agroecológica, sabe que está construyendo vida y sentido, rodeada de venenos y derivas. Y comparte su angustia con esta Agencia: “Tengo un nieto de un año y medio y a veces dudo de invitarlo a visitarme al campo. Pero vive en Gualeguaychú, donde el problema también existe…”
Santi, como tantos otros niños, tendrá sellada su causa de muerte en un papel que dirá la verdad a medias. Probablemente no aparezca la palabra “leucemia”. Porque el modelo incluye no permitir estadísticas fieles. Como Nico Arévalo, que tenía –según la autopsia- el cuerpito plagado de endosulfán pero no hubo condena para nadie en las tomateras de Lavalle.
Los chicos se secan como la mala hierba en un país que castiga. A la tierra, a la infancia. Al futuro flaquito que va quedando.
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Fecha de Publicación: 05/03/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Entre Ríos
A las dos de la tarde del domingo murió Santiago, de tres años, en el hospital pediátrico de Paraná. Era oriundo de la localidad de Basavilbaso y se encontraba aquejado por una leucemia, el cáncer más común diagnosticado entre los niños de 0 a 14 años que llegan al Garrahan y al Italiano desde Entre Ríos. Denuncian que se debe a la masiva utilización de agrotóxicos en la producción agrícola
Ni Santi, de apenas tres años, fulminado por una leucemia drástica en Basavilbaso, pudo romper el cerco informativo del modelo productivo que envenena y mata para producir alimentos. Una mecánica que presiona y silencia en una provincia con una triste celebridad: ser la más fumigada del mundo. Apenas pudo trascender esa muralla Fabián Tomasi, ese Quijote de la Mesopotamia que se convirtió en un ícono del estrago de los agrotóxicos en un ser vivo. Que no pudo más y murió cuando Santi tenía apenas dos años y medio y la vida entera para caminarla saltando baldosas.
A las dos de la tarde del domingo murió Santi. En el hospital pediátrico de Paraná, con el mayor de los silencios médicos, donde la leucemia es leucemia y no tiene más causas que el delirio de ciertas células que se vuelven cancerosas y se infiltran en la médula. Aunque nadie puede negar que una de las causas más fuertes de la enfermedad están en el ambiente. En los químicos. Más precisamente, en los agroquímicos. Es la leucemia el cáncer más común diagnosticado entre los niños de 0 a 14 años que llegan al Garrahan y al Italiano desde Entre Ríos.
No está de más recordar que investigadores del Conicet revelaron hace un año y medio que Entre Ríos muestra los niveles más altos de acumulación de glifosato del mundo. El estudio se publicó en la revista Environmental Pollution. Urdinarrain gana el primer premio: es el pueblo más fumigado del planeta. De esa deriva nació el Grupo Solidario “Por amor a vos” que tiene las caritas de Ulises, Juanchi y Ailén, muertos por cánceres bajo la nube agroquímica de Urdinarrain.
Es decir que el modelo productivo extractivista de la Argentina es uno de los más crueles, con una lista de víctimas infantiles que va adelgazando el futuro cotidianamente.
Gustavo Hein, el intendente de Basavilbaso, es también presidente del Pro. Y será el vice de la fórmula que encabeza el diputado Atilio Benedetti, en las próximas elecciones de abril y junio. El intendente fumigador (así lo llaman en el pueblo) y el rey de la soja (así lo llaman en Entre Ríos). Un combo perfecto para la provincia que, dicen, buscan “transformar”.
Santi no vivía en la zona rural, sino en la misma ciudad. “Las derivas son incontrolables”, dice a APe Elio Kohan, amigo de Fabián Tomasi e integrante de colectivos como Basta es Basta. “La primera, según las mentirosas buenas prácticas, puede tener alguna amortiguación; pero eso es imposible. Estamos rodeados de campos dedicados a una agricultura basada en los agrotóxicos. Y en Basavilbaso están los silos, que es otra forma de estar expuesto”.
Los médicos suponen que en Santi el daño era genético. Pero no son muchos los que se atreven a decirlo.
En 2015 investigadores de la Universidad de Río Cuarto encontraron daño genético en niños de la ciudad de Marcos Juárez expuestos a plaguicidas. El estudio compara datos de más de 70 chicos que viven en el área urbana de la ciudad pero a pocos metros de campos fumigados, con otros que habitan en zonas urbanas de Río Cuarto a 10 kilómetros de la aplicación de agroquímicos. “Los niveles de daño genético encontrados en los grupos de niños de Marcos Juárez están muy por arriba de los valores de referencia de los de Río Cuarto”, determinaron.
Eso es lo que notó una joven médica, hija de una maestra rural de Paraná. “Mami, eso es daño genético”. Toda una vida familiar absorbiendo veneno. Elio Kohan sabe que “la mayoría de los doctores no se animan. El caso de Antonella en 2017 fue clarísimo: cuenta la mamá, Natalia Bazán, que empezó con una alergia, fallas en las glándulas y desembocó en una leucemia”. Y dice Natalia: “todos los chicos con leucemia primero enfermaron en el pecho, en los bronquios. A muchos les diagnosticaron una alergia y cuando llegaron al verdadero diagnóstico ya era demasiado tarde”. Antonella es un símbolo del martirio infantil en Gualeguaychú.
El periodista Fabián Magnotta ha remado en cemento para poder juntar de la nada estadísticas sobre cáncer infantil en la ciudad de las fiestas de febrero. Pero -dice a esta Agencia- “no hay registros centralizados, y menos aún sobre cáncer infantil y juvenil”. Sin dudas “el plan incluye no hacer estadísticas”. Si el estado no lo hace, el registro depende de la voluntad de un periodista solitario que es consciente de que no contabilizar el cáncer –y disfrazarlo en las actas de defunción- es parte del modelo. No sólo es un esfuerzo triple por no contar con estructura, sino que las presiones caen desde todos los sectores que se sienten perjudicados cuando se ventilan los números y las razones del cáncer en Gualeguaychú. Desde el ámbito rural hasta el turístico. Tal vez por ahí llegan las razones por las que desde el municipio le retacean los números.
“Este modelo de producción nos está matando”, vuelve a repetir y no se cansará de hacerlo Mariela Leiva, desde su escuelita rural de Basavilbaso donde le ganó un juicio al veneno. Y, mientras deshoja como margarita la amarga suerte de Santi se pregunta en diálogo con APe “por qué no se dieron a conocer las ´sugerencias´sobre el estudio ambiental que realizaron Damián Marino y EMISA después del campamento sanitario de Basavilbaso?” y “¿qué resultados arrojará el estudio de genotoxicidad hecho con niños de las escuelas rurales” y de la zona urbana?.
Ella sabe que lo que enfrenta es muy duro. Es un bloque colosal que tiene con qué presionar y todas las herramientas para formatear a gran parte de la población. Dirigentes políticos, profesionales, vecinos de las víctimas, integrantes de la patria sojera y extractiva. Propietarios de una mecánica productiva que necesita de los venenos para producir los alimentos con los que luego enfermará. Y que convence de que no hay alternativas (una espectacular falacia), de que no habrá trabajo sin agroquímicos y de que no habrá producción si se insiste con la pésima costumbre de sostener escuelitas rurales con alumnos incluidos.
Alicia Schvartzman integra el Basta es Basta y vive en el campo. Con su experiencia agroecológica, sabe que está construyendo vida y sentido, rodeada de venenos y derivas. Y comparte su angustia con esta Agencia: “Tengo un nieto de un año y medio y a veces dudo de invitarlo a visitarme al campo. Pero vive en Gualeguaychú, donde el problema también existe…”
Santi, como tantos otros niños, tendrá sellada su causa de muerte en un papel que dirá la verdad a medias. Probablemente no aparezca la palabra “leucemia”. Porque el modelo incluye no permitir estadísticas fieles. Como Nico Arévalo, que tenía –según la autopsia- el cuerpito plagado de endosulfán pero no hubo condena para nadie en las tomateras de Lavalle.
Los chicos se secan como la mala hierba en un país que castiga. A la tierra, a la infancia. Al futuro flaquito que va quedando.
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La falacia del discurso de las buenas prácticas
Agrotóxicos: la sustentabilidad de las corporaciones
Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
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Denuncian muerte de niño por agrotóxicos en Entre Rios
La fumigación sigue matando gente en Basavilbaso: esta vez un pequeño de 3 años
Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Entre Rios Ya
Provincia/Región: Entre Rios
Se conoció en las últimas sobre la noticia que conmueve otra vez a Basavilbaso por la muerte de otra víctima de la fumigación realizada en la zona expresaron los vecinos a EntreRíosYA.
El caso de Fabián Tomasi se conoció hace años. Quizás la mecha la encendió el a través de diferentes notas y entrevistas pero también fue la tapa del libro “Envenenados”, de Patricio Eleisegui, y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano. Había sido peón de campo y obrero antes de conseguir trabajo en 2005 para la empresa Molina en su Basavilbaso natal, en Entre Ríos, a unos 200 kilómetros de Paraná.
Fabián se fue de este mundo dejando un mensaje para aquellos que de alguna manera puedan ser ó no afectados por la fumigación.
El veneno no perdonó esta vez a Santino Uriel Díaz, un pequeño basavilbasense de solo tres añitos que falleció en Paraná producto de una enfermedad terminal.
Otro gurisito más que se nos va, expresó Silvia Liliana Miguez a través de la red social Facebook. Además agregó “y se siguen sumando a la lista de muertos por leucemia y distintos tipos de cáncer”.
Fabián Tomasi expresó “Voy a llegar al último día y voy a decir ‘yo intenté defender la verdad’.
El que se calló, que se haga cargo de qué decirle a su hijo”, reflexionó hace unos años Tomasi en un panel que se realizó en la Universidad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Entre Rios Ya
Provincia/Región: Entre Rios
Se conoció en las últimas sobre la noticia que conmueve otra vez a Basavilbaso por la muerte de otra víctima de la fumigación realizada en la zona expresaron los vecinos a EntreRíosYA.
El caso de Fabián Tomasi se conoció hace años. Quizás la mecha la encendió el a través de diferentes notas y entrevistas pero también fue la tapa del libro “Envenenados”, de Patricio Eleisegui, y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano. Había sido peón de campo y obrero antes de conseguir trabajo en 2005 para la empresa Molina en su Basavilbaso natal, en Entre Ríos, a unos 200 kilómetros de Paraná.
Fabián se fue de este mundo dejando un mensaje para aquellos que de alguna manera puedan ser ó no afectados por la fumigación.
El veneno no perdonó esta vez a Santino Uriel Díaz, un pequeño basavilbasense de solo tres añitos que falleció en Paraná producto de una enfermedad terminal.
Otro gurisito más que se nos va, expresó Silvia Liliana Miguez a través de la red social Facebook. Además agregó “y se siguen sumando a la lista de muertos por leucemia y distintos tipos de cáncer”.
Fabián Tomasi expresó “Voy a llegar al último día y voy a decir ‘yo intenté defender la verdad’.
El que se calló, que se haga cargo de qué decirle a su hijo”, reflexionó hace unos años Tomasi en un panel que se realizó en la Universidad de Buenos Aires.
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Marcha atrás con la aberrante resolución 246/18
El ministro de Agroindustria suspendió por un año la aplicación de la resolución sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: El Eco de Tandil
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado jueves, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia dio marcha atrás con la resolución 246/18 sobre fitosanitarios que entró en vigencia el 1 de enero del corriente año y a la que Tandil adhirió, que pretendía brindar un marco normativo actualizado a las demandas del presente ante la mora en la sanción de una ley de agroquímicos que reemplace a la actual, considerada obsoleta.
La normativa generó variadas controversias porque habilitaba la fumigación cerca de áreas urbanas y escuelas rurales, de acuerdo a determinadas condiciones meteorológicas, de toxicidad y equipos a utilizar.
El ministro Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, rubricó la nueva resolución que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 5 de la disposición anterior y establece la abstención total en cuanto a la realización de aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.
Además, decidió suspender la vigencia de la Resolución 246/18 por el término de un año a fin de poder trabajar en forma precisa y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los Municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita su implementación.
Cabe destacar que la legislación sancionada en la ciudad en abril de 2011 tiene un carácter restrictivo mayor que el que estipulaba la legislación bonaerense. La ordenanza local prohíbe dentro del Partido de Tandil la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.
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Mercado Central: alarma los agroquímicos encontrados
Más de la mitad de la verdura que llega al Mercado Central queda descartada por exceso de agrotóxicos detectado en sus laboratorios
Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Las cifras son oficiales y alarmantes. Más del 60% de las verduras –y un porcentaje mayor en el caso de los cítricos– contiene restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Los laboratorios del Mercado Central detectan y quitan de circulación esa mercadería
Hace unos años un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas.
Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas.
El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de 21 agroquímicos, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: seis principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del Mercado Central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5%, en una tendencia que se convirtió en creciente.
La situación es más grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías de todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del Mercado Central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa, sin pérdidas ni decomisos.
Es duro pero hay que decirlo: estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos.
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Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Las cifras son oficiales y alarmantes. Más del 60% de las verduras –y un porcentaje mayor en el caso de los cítricos– contiene restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Los laboratorios del Mercado Central detectan y quitan de circulación esa mercadería
Hace unos años un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas.
Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas.
El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de 21 agroquímicos, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: seis principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del Mercado Central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5%, en una tendencia que se convirtió en creciente.
La situación es más grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías de todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del Mercado Central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa, sin pérdidas ni decomisos.
Es duro pero hay que decirlo: estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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En Santa Fe impulsan marcha por los agrotóxicos
Impulsan Marcha de los Barbijos en Rosario contra el uso masivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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La Pampa: proyecto para regular plaguicidas no agricolas
Berhongaray elevó un proyecto de ley para regular el uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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agricultura industrial,
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Duro comunicado de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú
Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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