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Documental muestra los efectos de los agroquímicos
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Las 'monstruosas' deformaciones infantiles causadas por los agroquímicos en Argentina
Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Un impactante documental expone las consecuencias de los agroquímicos en manos de grandes empresas.
En el sitio Mercola, el doctor especialista en enfermedades causadas por productos del agro, detalló un extenso informe sobre las consecuencias de esta atroz industria que no para de causar enfermedades y muertes.
El impactante documental "Genetically Modified Children" revela los horrores de décadas de prácticas agrícolas intensivas en productos químicos en Argentina, donde la mayoría de los cultivos son transgénicos (GM) y rociados de forma cotidiana con agroquímicos peligrosos.
Además, muestra el control absoluto que ejercen las grandes empresas de semillas y sustancias químicas, y las tabacaleras como Philip Morris sobre los agricultores afectados por la pobreza, desesperados por ganar un sustento para vivir.
El documental, producido por Juliette Igier y Stephanie Lebrun, demuestra los efectos devastadores que el sector agrícola ha generado en la salud de los niños de esta región,1 ya que cada vez hay un mayor número de nacimientos con monstruosas deformidades físicas. Algunos de los casos son tan graves que, sin una intervención médica, podría resultar en la muerte de los niños antes de los 5 años de edad.
Este filme comienza cuando el equipo viaja desde el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, hasta la frontera brasileña, una región agrícola que fue una de las primeras del país en comenzar a cultivar transgénicos (GMOs) a mediados de los años 90.
En este aparece Ricardo Rivero, jefe regional de la compañía local de electricidad; quien supo que, la razón por la cual las familias no pueden pagar sus cuentas es porque a menudo tienen un niño enfermo o discapacitado, y no reciben asistencia del gobierno argentino.
El documental los presenta cuando visitan la humilde casa de un productor de tabaco, donde conocen a Lucas Texeira, un niño de 5 años de edad con una enfermedad genética de la piel incurable. La familia cree que fue causada por la exposición de la madre al herbicida Roundup de Monsanto al inicio de su gestación, quien indicó que nadie le informó que era tóxico.
La mutación genética que causó el padecimiento de su hijo lo dejó sin poros en su piel, lo que significa que no transpira. El calor de su cuerpo permanece dentro, lo cual le provoca picazón intensa y dolorosa, así como frecuentes ataques de llanto. El Sr. Texeira expresa su tristeza por la enfermedad de Lucas, así como su temor de tener otro hijo con una malformación similar.
Los agroquímicos incrementan los defectos congénitos y deformidades en niños argentinos. Al igual que muchas familias en las zonas rurales de Argentina, durante años, la familia Texeira ha cultivado tabaco transgénico en sus tierras, con un sin número de diversos agroquímicos necesarios para producir un cultivo que sea certificado por Philip Morris, una multinacional estadounidense que fabrica cigarrillos y tabaco (que es una división de Altria Company, desde 2003).
Philip Morris le proporciona a los agricultores semillas de tabaco burley transgénico para el fabricante de cigarrillos de tabaco light. Cada año, los agricultores argentinos se ven obligados a utilizar más de 100 sustancias químicas diferentes para desarrollar un cultivo de tabaco de aspecto perfecto--si esperan obtener beneficios monetarios.
La familia Texeira no es la excepción. Durante más de una década, han tratado sus cultivos de tabaco con glifosato y otros agroquímicos--sin ningún tipo de protección. Sin embargo, después de observar un incremento en los defectos de nacimiento entre los niños de la comunidad, incluso en su propio hijo, comenzaron a temer por su seguridad y se mudaron de sus tierras de cultivo, lejos de los productos químicos tóxicos.
"No es fácil, pero uno tiene que vivir la vida como es", dijo el Sr. Texeira. "Gracias a Dios, el problema de Lucas solo es en su piel. Él está sano y puede comer casi cualquier cosa". Lucas es un milagro, indica el narrador del documental. En esta región, hay una cantidad desproporcionada de niños que nacen con deformidades.
En Argentina, cada año se aplican 300 millones de litros de glifosato en los campos de cultivo. Los cultivos transgénicos empezaron a desarrollarse por primera vez en el país en la provincia Misiones en Argentina, después de que el gobierno autorizó su uso desde 1996, una decisión basada únicamente en estudios realizados por Monsanto y sin investigaciones que lo contradijeran.
Durante más de dos décadas, la tierra fue rociada con glifosato y otros agroquímicos, que contaminaron el suelo y agua de la región. Para 2013, más de 24 millones de hectáreas (59.3 millones de acres)2 de transgénicos fueron cultivadas en Argentina, incluyendo la soya, maíz, algodón y tabaco.
La acumulación de evidencia científica que relaciona el incremento del número de abortos espontáneos, defectos congénitos y cáncer por los transgénicos y agroquímicos no disuadió al gobierno argentino de subsidiar los cultivos transgénicos. Tal vez, en parte esa decisión se deba al 35 % de los impuestos que Argentina recibe de las exportaciones de soya transgénica.
A pesar de los peligros, nadie les advirtió a los productores de tabaco sobre los riesgos. De hecho, fue todo lo contrario. Los agricultores en la provincia de Misiones fueron bombardeados con diversas formas de publicidad, incluyendo comerciales de empresas químicas que insistían en que los agroquímicos eran la clave de la prosperidad.
Los anuncios televisivos promocionaban los beneficios del herbicida Roundup de Monsanto, incluyendo su capacidad para acabar con todo, excepto los transgénicos; y en efecto, el marketing funcionó. Hoy en día, en Argentina se vierten más de 300 millones de litros (79.2 millones de galones) de glifosato cada año en más de 28 millones de hectáreas (69.1 millones de acres) de campos de cultivo.3
Deserción total
El documental muestra cuando el equipo visitó la casa de otro niño enfermo. Lucas Krauss nació con microcefalia congénita, sufre de epilepsia, retraso en el desarrollo motor y mental, atrofia muscular múltiple y muchas otras patologías relacionadas.
El primer médico que consultó la familia dijo que el padecimiento de su hijo se debía a la falta de oxígeno; sin embargo, el neurólogo tuvo una opinión diferente. Al principio, estuvo de acuerdo y dijo que era debido a la falta de oxígeno.
No obstante, cuando lo presionaron más, admitió que la falta de oxígeno no era la única causa, pero se negó a decir lo que creía que era la verdadera causa de la enfermedad de Lucas. Ni siquiera le realizaron exámenes médicos, dijo la madre del niño.
La familia entiende que el padecimiento de Lucas, al igual que muchos otros en la comunidad, probablemente esté vinculado a los agroquímicos utilizados para cultivar el tabaco. Pero la familia no puede abandonar su negocio porque es la principal fuente de ingresos en su área, y lo más importante, es el único sector que brinda seguro social a sus trabajadores.
Sin la ayuda financiera de la industria tabacalera, el padre teme que no pueda atender a su hijo con necesidades especiales.
En 2010, la situación empezó a cambiar. Un grupo de abogados de los Estados Unidos viajó a Misiones para visitar a las familias con niños gravemente discapacitados. Uno de sus destinos incluía la casa de William Núñez, de 17 años de edad, que nació con una grave discapacidad.
No puede hablar ni caminar, y tiene que ser alimentado a través de un tubo de alimentación directo a su estómago. La familia no ha recibido ayuda del gobierno para el tratamiento médico que William requiere; en cambio, han aprendido por sí solos cómo cuidar a su hijo discapacitado.
Ignorancia y explotación
La familia Núñez indica que fueron visitados por abogados de los Estados Unidos, de cuatro a cinco veces en un período de seis meses, así como también por algunos médicos de México y los Estados Unidos. A la familia Núñez se le dijo que no tenían la culpa de usar agroquímicos y que se les podía otorgar hasta US$ 3 millones--en el caso de William.
Los abogados le solicitaron a la familia que firmara un contrato con el compromiso de no discutir su caso con nadie. Y hasta ahora, habían respetado el contrato. Pero no han tenido noticias de los abogados en más de cuatro años y no quieren permanecer callados por más tiempo.
Posteriormente, el documental presenta a un hombre llamado Emilio, hijo de un productor de tabaco que ha creado un sindicato independiente para lidiar con las dos empresas tabacaleras de la región, que a menudo apoyan a las grandes tabacaleras.
El cultivo de tabaco es un trabajo arduo, señaló Emilio, y agregó que las personas sufren mucho porque trabajan todo el año y el incentivo financiero no es muy bueno. Emilio describe a la industria del tabaco en San Jacinto, Argentina, como un sistema de esclavitud, encapsulado por la ignorancia y explotación.
El equipo de filmación visitó un almacén donde todos los productores de tabaco de la región acuden a vender su producto. La cosecha de tabaco de los agricultores es transportada hasta allí al final del ciclo de cultivo, que incluye la siembra, tratamiento, cosecha, secado y clasificación.
Este es el único lugar donde pueden vender su producto, indicó Emilio. El equipo de filmación estuvo ahí el día en que los productores supieron cuánto valdría su trabajo de todo el año. El cultivo debe cumplir con los estrictos estándares establecidos por la cooperativa, que inspecciona cada paquete con rapidez. Examinan la textura, anchura y color de las hojas. El tabaco en su estado natural nunca pasaría la prueba--solo utilizar los agroquímicos podría garantizar un buen resultado.
Las grandes tabacaleras dominan la industria
En el documental aparece la entrevista de uno de los agricultores sobre su sentir acerca de sus ganancias. Indica que recibió $ 11 575 pesos mexicanos (o aproximadamente $ 610 dólares estadounidenses) por 975 kilos de tabaco. Eso es alrededor de $ 3.50 dólares estadounidenses por libra de tabaco. Es un precio bajo, señala. "Para mí, es como un robo. Es injusto".
Los productores señalan que sus ingresos fueron especialmente bajos este año como resultado de los costosos insumos químicos que fueron obligados a utilizar. Las empresas químicas los cobran en dólares estadounidenses, pero pagan en pesos, indica un agricultor frustrado, y agrega que no tiene la manera de abandonar su negocio porque no puede arriesgarse a perder su seguro social.
Las grandes tabacaleras dominan la industria en San Jacinto, Argentina, de tal manera que las empresas como Philip Morris han cambiado por completo el cultivo del tabaco. Hoy en día, los agricultores se encuentran esclavizados por las empresas que producen y venden los agroquímicos necesarios para desarrollar un cultivo que pueda ser certificado por Philip Morris.
El equipo de filmación logró capturar imágenes dentro de un almacén donde los agricultores acuden a comprar pesticidas. Ahí, había estantes altos con herbicidas, fungicidas e insecticidas alineados en las paredes y todo era manipulado con las manos sin guantes.
Entre los insecticidas había un producto químico fabricado por Bayer llamado Confidor, que contiene los insecticidas clotianidina, imidacloprid, tiametoxam y methiocarb,4 que a excepción de methiocarb, pertenecen a una clase de pesticidas para matar abejas, conocidos como neonicotinoides, y que hace poco tiempo fueron prohibidos en todos los cultivos que se producen al aire libre en Europa.5
Tóxico: una palabra constante en Argentina
Antes de abandonar la región, el equipo de filmación hizo una última parada para visitar a Raul Gómez, de 50 años de edad, quien ha creado una lista de todas las sustancias químicas que ha tenido que manipular en las últimas dos décadas, ahora la mayoría están prohibidas debido a su toxicidad.
A Gómez le preocupa tener almacenadas tales sustancias químicas en su propiedad, ya que muchas son demasiado peligrosas para poder eliminarlas. Según comenta, se le había dicho que alguien vendría para llevárselas, pero nadie acudió, por lo que construyó chozas para almacenarlas. Gomez indica que cree que definitivamente fue un conejillo de indias porque se vio obligado a trabajar con sustancias tóxicas muy peligrosas sin tener conocimiento de las implicaciones para la salud de su familia.
Tanto él como otros agricultores señalan que la pregunta no es si se enfermarán, sino cuándo ocurrirá. Todos en esta región tienen sustancias tóxicas presentes en sus cuerpos, indica, y aunque ahora no lo siente, en algunos años sí lo hará. "Así es como sucede. Las consecuencias ocurren después".
Luego, el equipo de filmación viajó a Posadas, la capital de la provincia de Misiones, donde los médicos consideraron una hipótesis aterradora; es decir que, exposición a los agroquímicos en realidad podría modificar el genoma humano.
Se entrevistaron con el Dr. Hugo Gomez Demaio, de 73 años de edad, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico de Posadas, y el Dr. Mario Barrera, neurocirujano de la Facultad de Medicina del Nordeste (ambas instituciones se encuentran en Buenos Aires). Los médicos están dedicados a destacar y tratar la relación entre la exposición al glifosato y otros agroquímicos con los defectos congénitos causados por el daño en el ADN.
Con los años, Demaio ha sido testigo de un número de niños cada vez mayor que padece malformaciones. "Ya no son solo observaciones empíricas, sino una estadística ineludible que ha elaborado con su sucesor, el Dr. Barrera", indicó el narrador del documental.
El 100 % de estos niños con deformidades graves podría morir antes de los 5 años de edad si no se les realiza una intervención médica, señaló Demaio. El documental presenta a dos niñas que padecen hidrocefalia, un padecimiento relacionado con una anomalía que afecta al cromosoma X. La hidrocefalia es la acumulación de fluidos en las profundidades del cerebro.
El exceso de líquidos presiona el cerebro y daña el tejido cerebral. Los síntomas de la hidrocefalia incluyen una cabeza inusualmente grande, aumento rápido en el tamaño de la cabeza y un área abultada en la parte superior.6
'Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades'
Las madres de las dos niñas con hidrocefalia dijeron que estuvieron expuestas a agroquímicos, pero de forma indirecta. Aunque los productos agroquímicos no fueron almacenados en su hogar, indicaron que estuvieron expuestas a ellos por medio de la ropa contaminada de los miembros de la familia que cultivan tabaco. Las mujeres lavan la ropa de los hombres en un arroyo cercano, que también sirve como fuente de agua potable.
Demaio indica que la exposición a agroquímicos podría causar daño genético que puede transmitirse a la descendencia de una persona y causar una modificación en la herencia genética. Barrera explica:
"Aun si todo el entorno local está contaminado, no significa que todos los niños se enfermarán". Pero, cuando el padre está expuesto a herbicidas, son absorbidos por su cuerpo, pueden alterar el ADN y luego pasar esa mutación genética a sus hijos".
Al principio, Demaio y Barrera trabajaron solos, pero pronto otros médicos que habían hecho observaciones similares empezaron a colaborar en su investigación. En 2009, publicaron resultados que demostraban que los abortos espontáneos y defectos congénitos entre los recién nacidos eran seis veces más altos que lo normal, y el cáncer en niños pequeños era cinco veces más común que en cualquier otro lugar.7
Los médicos señalaron que los agroquímicos pasaban de las madres a sus hijos y causaban daños en los primeros 28 días de embarazo, lo que generaba monstruosas deformidades que son difíciles de solucionar.
La expresión más común es mielomeningocele,8 un defecto de nacimiento en la columna vertebral y médula espinal. Es la lesión más grave del sistema nervioso central con la que una persona podría vivir. Demaio indicó que el gobierno argentino se ha negado a escucharlo, por lo que ha dedicado su tiempo a educar a los jóvenes en las universidades, muchos han crecido en familias que cultivan tabaco y cerca de pesticidas, pero saben muy poco sobre estos químicos.
Les dijeron que los agroquímicos eran seguros y necesarios para alimentar a las personas. "Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades", expresó Demaio, en referencia a las empresas químicas y ganancias que han obtenido de agricultores desprevenidos, forzados a depender de sustancias químicas.
David contra Goliath: Una batalla con grandes desventajas
El equipo de filmación visitó la oficina en Buenos Aires de los abogados que visitaron a las familias hace cuatro años, quienes nunca hicieron el seguimiento posterior. Allí no estaban muy bien informados sobre el caso, por lo que el equipo de filmación visitó la oficina en Nueva York donde los abogados habían trabajado en el archivo hace años.
Hablaron con Steven J. Phillips de la oficina LLP de Phillips & Paolicelli, que se especializa en defender a los niños de los productos tóxicos. Phillips indicó creer que tenía un caso bien sustentado contra Monsanto y Philip Morris. Monsanto diseñó y vendió glifosato a personas en Sudamérica bajo condiciones en las que sabía que habría mujeres embarazadas mezclando las sustancias químicas.
Monsanto sabía que era extremadamente peligroso, pero de todos modos los vendió y obtuvo grandes ganancias económicas, señaló Phillips. Philip Morris insistió en que los productores cultivasen el tabaco de una manera tan específica que incluyera el uso de glifosato, y si no lo hacían, Philip Morris no compraría el tabaco. Entonces, los agricultores no tuvieron otra opción.
"Si obliga a alguien a actuar de forma riesgosa, lo engaña al respecto, y luego sus hijos son afectados, entonces esa es una razón para llevarlos a los tribunales", indicó Phillips. Si bien, los abogados reconocen que esta podría ser una batalla con grandes desventajas, como del tipo David contra Goliat, también saben que la verdad está de su lado.
A menudo, la verdad prevalece, como es el caso del reciente veredicto de culpabilidad en el histórico juicio contra Monsanto. Un jurado en San Francisco, California, otorgó al demandante Dewayne Johnson US$ 289 millones como compensación por daños y perjuicios, después de determinar que su cáncer era causado por estar expuesto al herbicida Roundup de Monsanto.9 La Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) informó:
"La decisión del jurado fue unánime; Monsanto fue culpable de fabricar y vender un producto que había causado el cáncer de Johnson. Además, la empresa sabía que su producto podría causar cáncer y, sin embargo, ocultó de forma intencional este hecho a Johnson y la población".
Este caso es inquietantemente similar al de los productores y sus familias que sufren por la exposición a los agroquímicos, incluyendo al glifosato, en Argentina. Y los productores de tabaco no son los únicos afectados, hay otra región en Argentina que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los agroquímicos.
Córdoba, la tierra de la soja transgénica
El equipo de filmación viajó a Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y el último destino de su investigación. Córdoba se caracteriza por la siembra de soja transgénica, donde se aplica glifosato por medio de fumigación aérea.
La ciudad está llena de grafitis contra Monsanto. En 2012, se obtuvo un veredicto histórico10 cuando un agricultor y dueño de un avión de fumigación en Córdoba fueron condenados a tres años de prisión por fumigación aérea ilegal. Habían rociado glifosato a menos de 2 500 metros de un área muy poblada.
El documental presenta a la activista anti-agroquímicos, Sofia Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó,11 un grupo de madres que trabaja para detener el uso indiscriminado de agroquímicos que han intoxicado a los niños de la región. Gatica perdió a su hija pequeña por una malformación renal, y su hijo perdió su capacidad para caminar después de estar expuesto a una fumigación local de agroquímicos.
Gatica es reconocida por su trabajo en el seguimiento de tasas anormales de cáncer, enfermedad renal y otros padecimientos en áreas cercanas donde el glifosato se fumigó a los cultivos de soja transgénica. Las Madres de Ituzaingó realizaron análisis sanguíneos en sus hijos y descubrieron que 3 de cada 4 niños que vivían en su comunidad tenían rastros de agroquímicos en su sangre, incluyendo pesticidas, cromo, plomo y arsénico.
Con la esperanza de obtener ayuda del gobierno, el grupo presentó los resultados ante funcionarios argentinos, quienes les dijeron que solo mejorarían el agua si las familias renunciaban por escrito a su derecho para demandar por la contaminación del agua.
Gatica ha sido amenazada y agredida físicamente en repetidas ocasiones por sus esfuerzos en la lucha contra las empresas químicas. En una ocasión, en 2014, fue amenazada con un arma de fuego y un hombre le dijo que si no dejaba de manifestarse contra Monsanto, le "volaría los sesos".
Los avances hasta el momento
A pesar de la batalla a contracorriente, las Madres de Ituzaingó y otros activistas han progresado mucho. Como informó OCA:12 "En 2008, el presidente de Argentina le solicitó al ministro de salud que investigara el impacto del uso de pesticidas en Ituzaingó.
El Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio y los resultados se corroboraron con la investigación que las madres habían realizado, que vinculaba la exposición a los pesticidas con muchos de los problemas de salud que padecían las personas de la comunidad.
Además, Gatica logró que se aprobara un decreto municipal que prohibía la fumigación aérea en Ituzaingó, a una distancia menor a 2 500 metros de los hogares.
Y también obtuvieron una gran victoria, ya que un fallo de la Corte Suprema de 2010 prohibió la fumigación de agroquímicos cerca de áreas pobladas y modificó la carga de evidencia--ahora el gobierno y los productores de soja deben probar que las sustancias químicas que utilizan son seguras, en vez de que los habitantes tengan que demostrar que la fumigación los enferma".
A pesar de las victorias, las personas que viven en Argentina y otras regiones saturadas con transgénicos y agroquímicos tienen un camino largo y sinuoso que recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 3 millones de personas son intoxicadas con pesticidas.13 Pero los agroquímicos valen US$ 40 mil millones por año, y se prevé que alcancen los US$ 308 mil millones para el año 2025.14
¿Acaso las empresas químicas multinacionales sacrificarán sus ganancias para proteger la salud pública? Solo el tiempo lo dirá; sin embargo, probablemente la solución se encuentre en el sistema legal, que ha dado grandes pasos a nivel mundial para proteger a la población de los agroquímicos nocivos.
Las empresas de biotecnología han obtenido poder para controlar al gobierno
No tengo ninguna duda de que los transgénicos y químicos tóxicos que se utilizan en combinación representan una grave amenaza para el medio ambiente y nuestra salud, sin embargo, las agencias gubernamentales lo omiten y se niegan a actuar--y la razón es muy evidente, favorecen los intereses de los gigantes biotecnológicos.
Es bien sabido que existe un tráfico de influencias entre las agencias gubernamentales y empresas de biotecnología como Monsanto. Si se considera la hipocresía de la FDA; en teoría, los Estados Unidos podría tener las leyes de seguridad alimenticia más estrictas a nivel mundial que regulan los nuevos aditivos alimenticios, pero esta agencia ha permitido una y otra vez que los transgénicos y los pesticidas que los acompañan--como el Roundup--evadan estas leyes.
De hecho, el único sustento legal para permitir que los alimentos transgénicos se comercialicen en los Estados Unidos es la afirmación de la FDA de que estos alimentos son inherentemente seguros, una afirmación bastante ridícula.
Los documentos publicados como resultado de una demanda contra la FDA revelan que los propios científicos de la agencia advirtieron a sus superiores sobre los riesgos perjudiciales de los alimentos transgénicos; pero sus advertencias fueron ignoradas.
La influencia de los gigantes de la biotecnología no se limita a los Estados Unidos. En un artículo publicado en junio de 2017, GMWatch reveló que 26 de los 34 miembros del Comisión Nacional Asesora en Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) de Argentina eran ya sea empleados de empresas de tecnología química o tenían importantes conflictos de interés.
Es posible que sepa que Argentina es uno de los países donde los campos de monocultivo de algodón, maíz y soya transgénicos son predominantes. Asimismo, Argentina es un país que enfrenta una destrucción ambiental severa. Los argentinos están plagados de problemas de salud, que incluyen enfermedades degenerativas y deformidades físicas.
Todo parece indicar que la rápida expansión de los cultivos transgénicos y la posterior disminución en los indicadores nacionales de salud están intrínsecamente relacionados.
¡No se deje engañar por los cómplices de la industria!
El descarado intento de las empresas de biotecnología para lograr sus intereses corporativos se extienden mucho más allá de los pasillos de gobierno. Ahora, en un esfuerzo adicional para engañar al público, Monsanto y sus cómplices les suministran celosamente y a cuenta gotas a los científicos, académicos y periodistas estudios cuestionables que los representan de una manera positiva.
Al contratar a "expertos externos", las empresas de biotecnología podrían tomar información de validez dudosa y presentarla como independiente y autorizada. Esta es una práctica vergonzosa que es mucho más común de lo que podría pensarse.
Un ejemplo notable es Henry Miller, quien fue exhibido completamente como cómplice de Monsanto durante la campaña de la Propuesta 37 sobre etiquetado de GMOs en California. Miller, se hizo pasar falsamente por profesor de Stanford, promocionó alimentos transgénicos durante esta campaña. En 2015, publicó un artículo en la revista Forbes que atacaba los hallazgos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una división de la Organización Mundial de la Salud, después de clasificar al glifosato como un probable carcinógeno humano.
Después de que se reveló que el trabajo de Miller había sido escrito de forma anónima por Monsanto, Forbes no solo lo despidió, sino que también eliminó todo su trabajo de su sitio. Asimismo, la industria cuenta con muchos grupos de fachada. El Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano Sobre Ciencia y Salud son financiados por Monsanto.
Incluso WebMD, un sitio web que a menudo es presentado como una fuente confiable de información de salud "independiente y objetiva", actúa como lacayo de Monsanto al usar su influencia para promover estrategias y productos de salud respaldados por corporaciones, a través de mostrar anuncios publicitarios y editoriales en nombre de Biotech, lo cual puede impulsar la agenda de la industria biotecnológica--todo por el bien de los beneficios monetarios.
Monsanto ha adoptado tácticas engañosas para comercializar sus productos tóxicos, pero la empresa no puede ocultar la verdad; es decir que, la ingeniería genética, de ninguna manera, podrá moldear ni hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir, no resolverá el hambre, no mejorará los medios de subsistencia de los productores y sin duda no será de utilidad para la salud--de hecho podría ser perjudicial.
No hay mejor momento para actuar que AHORA. Y esto es lo que puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá apoyando este sistema alimenticio corrupto, tóxico e insostenible que Monsanto, sus cómplices de la industria y lacayos hambrientos por obtener ganancias económicas han elaborado minuciosamente?
En gran medida depende de todos nosotros como consumidores, disminuir y destruir el estricto control de Monsanto sobre nuestro suministro de alimentos. La buena noticia es que los vientos han cambiado.
A medida que los consumidores de todo el mundo se vuelven cada vez más conscientes de los problemas relacionados con los cultivos transgénicos, sustancias químicas tóxicas y pesticidas que se utilizan, más personas se niegan proactivamente a consumir estos alimentos. También, ha habido un fuerte crecimiento en los sectores mundiales de alimentos orgánicos y criados con pastura.
Esto solo demuestra una cosa, que podemos hacer la diferencia si trabajamos constantemente con el mismo objetivo. Una de las mejores medidas que puede implementar es comprar sus alimentos a un productor local que tenga una pequeña empresa y utilice diversos métodos que promuevan la agricultura regenerativa.
También, puede unirse a un programa de agricultura asistida por la comunidad (CSA), donde puede comprar un "porcentaje" de los vegetales producidos en granja, para que pueda obtener un suministro regular de alimentos frescos. Considero que unirse a CSA es una inversión poderosa no solo para su propio bienestar, sino también para su comunidad y economía local.
Además, también debe adoptar estrategias preventivas que puedan ayudar a disminuir la contaminación química tóxica que afecta a su cuerpo.
Monsanto y sus aliados quieren hacerle pensar que controlan todo, pero no es así. Somos nosotros, la población, los que tenemos el poder. Trabajemos todos juntos para derrocar el poderío de la industria de biotecnología. Recuerde--que todo comienza con hacer compras inteligentes y realizar las mejores compras de alimentos para usted y su familia.
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Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Un impactante documental expone las consecuencias de los agroquímicos en manos de grandes empresas.
En el sitio Mercola, el doctor especialista en enfermedades causadas por productos del agro, detalló un extenso informe sobre las consecuencias de esta atroz industria que no para de causar enfermedades y muertes.
El impactante documental "Genetically Modified Children" revela los horrores de décadas de prácticas agrícolas intensivas en productos químicos en Argentina, donde la mayoría de los cultivos son transgénicos (GM) y rociados de forma cotidiana con agroquímicos peligrosos.
Además, muestra el control absoluto que ejercen las grandes empresas de semillas y sustancias químicas, y las tabacaleras como Philip Morris sobre los agricultores afectados por la pobreza, desesperados por ganar un sustento para vivir.
El documental, producido por Juliette Igier y Stephanie Lebrun, demuestra los efectos devastadores que el sector agrícola ha generado en la salud de los niños de esta región,1 ya que cada vez hay un mayor número de nacimientos con monstruosas deformidades físicas. Algunos de los casos son tan graves que, sin una intervención médica, podría resultar en la muerte de los niños antes de los 5 años de edad.
Este filme comienza cuando el equipo viaja desde el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, hasta la frontera brasileña, una región agrícola que fue una de las primeras del país en comenzar a cultivar transgénicos (GMOs) a mediados de los años 90.
En este aparece Ricardo Rivero, jefe regional de la compañía local de electricidad; quien supo que, la razón por la cual las familias no pueden pagar sus cuentas es porque a menudo tienen un niño enfermo o discapacitado, y no reciben asistencia del gobierno argentino.
El documental los presenta cuando visitan la humilde casa de un productor de tabaco, donde conocen a Lucas Texeira, un niño de 5 años de edad con una enfermedad genética de la piel incurable. La familia cree que fue causada por la exposición de la madre al herbicida Roundup de Monsanto al inicio de su gestación, quien indicó que nadie le informó que era tóxico.
La mutación genética que causó el padecimiento de su hijo lo dejó sin poros en su piel, lo que significa que no transpira. El calor de su cuerpo permanece dentro, lo cual le provoca picazón intensa y dolorosa, así como frecuentes ataques de llanto. El Sr. Texeira expresa su tristeza por la enfermedad de Lucas, así como su temor de tener otro hijo con una malformación similar.
Los agroquímicos incrementan los defectos congénitos y deformidades en niños argentinos. Al igual que muchas familias en las zonas rurales de Argentina, durante años, la familia Texeira ha cultivado tabaco transgénico en sus tierras, con un sin número de diversos agroquímicos necesarios para producir un cultivo que sea certificado por Philip Morris, una multinacional estadounidense que fabrica cigarrillos y tabaco (que es una división de Altria Company, desde 2003).
Philip Morris le proporciona a los agricultores semillas de tabaco burley transgénico para el fabricante de cigarrillos de tabaco light. Cada año, los agricultores argentinos se ven obligados a utilizar más de 100 sustancias químicas diferentes para desarrollar un cultivo de tabaco de aspecto perfecto--si esperan obtener beneficios monetarios.
La familia Texeira no es la excepción. Durante más de una década, han tratado sus cultivos de tabaco con glifosato y otros agroquímicos--sin ningún tipo de protección. Sin embargo, después de observar un incremento en los defectos de nacimiento entre los niños de la comunidad, incluso en su propio hijo, comenzaron a temer por su seguridad y se mudaron de sus tierras de cultivo, lejos de los productos químicos tóxicos.
"No es fácil, pero uno tiene que vivir la vida como es", dijo el Sr. Texeira. "Gracias a Dios, el problema de Lucas solo es en su piel. Él está sano y puede comer casi cualquier cosa". Lucas es un milagro, indica el narrador del documental. En esta región, hay una cantidad desproporcionada de niños que nacen con deformidades.
En Argentina, cada año se aplican 300 millones de litros de glifosato en los campos de cultivo. Los cultivos transgénicos empezaron a desarrollarse por primera vez en el país en la provincia Misiones en Argentina, después de que el gobierno autorizó su uso desde 1996, una decisión basada únicamente en estudios realizados por Monsanto y sin investigaciones que lo contradijeran.
Durante más de dos décadas, la tierra fue rociada con glifosato y otros agroquímicos, que contaminaron el suelo y agua de la región. Para 2013, más de 24 millones de hectáreas (59.3 millones de acres)2 de transgénicos fueron cultivadas en Argentina, incluyendo la soya, maíz, algodón y tabaco.
La acumulación de evidencia científica que relaciona el incremento del número de abortos espontáneos, defectos congénitos y cáncer por los transgénicos y agroquímicos no disuadió al gobierno argentino de subsidiar los cultivos transgénicos. Tal vez, en parte esa decisión se deba al 35 % de los impuestos que Argentina recibe de las exportaciones de soya transgénica.
A pesar de los peligros, nadie les advirtió a los productores de tabaco sobre los riesgos. De hecho, fue todo lo contrario. Los agricultores en la provincia de Misiones fueron bombardeados con diversas formas de publicidad, incluyendo comerciales de empresas químicas que insistían en que los agroquímicos eran la clave de la prosperidad.
Los anuncios televisivos promocionaban los beneficios del herbicida Roundup de Monsanto, incluyendo su capacidad para acabar con todo, excepto los transgénicos; y en efecto, el marketing funcionó. Hoy en día, en Argentina se vierten más de 300 millones de litros (79.2 millones de galones) de glifosato cada año en más de 28 millones de hectáreas (69.1 millones de acres) de campos de cultivo.3
Deserción total
El documental muestra cuando el equipo visitó la casa de otro niño enfermo. Lucas Krauss nació con microcefalia congénita, sufre de epilepsia, retraso en el desarrollo motor y mental, atrofia muscular múltiple y muchas otras patologías relacionadas.
El primer médico que consultó la familia dijo que el padecimiento de su hijo se debía a la falta de oxígeno; sin embargo, el neurólogo tuvo una opinión diferente. Al principio, estuvo de acuerdo y dijo que era debido a la falta de oxígeno.
No obstante, cuando lo presionaron más, admitió que la falta de oxígeno no era la única causa, pero se negó a decir lo que creía que era la verdadera causa de la enfermedad de Lucas. Ni siquiera le realizaron exámenes médicos, dijo la madre del niño.
La familia entiende que el padecimiento de Lucas, al igual que muchos otros en la comunidad, probablemente esté vinculado a los agroquímicos utilizados para cultivar el tabaco. Pero la familia no puede abandonar su negocio porque es la principal fuente de ingresos en su área, y lo más importante, es el único sector que brinda seguro social a sus trabajadores.
Sin la ayuda financiera de la industria tabacalera, el padre teme que no pueda atender a su hijo con necesidades especiales.
En 2010, la situación empezó a cambiar. Un grupo de abogados de los Estados Unidos viajó a Misiones para visitar a las familias con niños gravemente discapacitados. Uno de sus destinos incluía la casa de William Núñez, de 17 años de edad, que nació con una grave discapacidad.
No puede hablar ni caminar, y tiene que ser alimentado a través de un tubo de alimentación directo a su estómago. La familia no ha recibido ayuda del gobierno para el tratamiento médico que William requiere; en cambio, han aprendido por sí solos cómo cuidar a su hijo discapacitado.
Ignorancia y explotación
La familia Núñez indica que fueron visitados por abogados de los Estados Unidos, de cuatro a cinco veces en un período de seis meses, así como también por algunos médicos de México y los Estados Unidos. A la familia Núñez se le dijo que no tenían la culpa de usar agroquímicos y que se les podía otorgar hasta US$ 3 millones--en el caso de William.
Los abogados le solicitaron a la familia que firmara un contrato con el compromiso de no discutir su caso con nadie. Y hasta ahora, habían respetado el contrato. Pero no han tenido noticias de los abogados en más de cuatro años y no quieren permanecer callados por más tiempo.
Posteriormente, el documental presenta a un hombre llamado Emilio, hijo de un productor de tabaco que ha creado un sindicato independiente para lidiar con las dos empresas tabacaleras de la región, que a menudo apoyan a las grandes tabacaleras.
El cultivo de tabaco es un trabajo arduo, señaló Emilio, y agregó que las personas sufren mucho porque trabajan todo el año y el incentivo financiero no es muy bueno. Emilio describe a la industria del tabaco en San Jacinto, Argentina, como un sistema de esclavitud, encapsulado por la ignorancia y explotación.
El equipo de filmación visitó un almacén donde todos los productores de tabaco de la región acuden a vender su producto. La cosecha de tabaco de los agricultores es transportada hasta allí al final del ciclo de cultivo, que incluye la siembra, tratamiento, cosecha, secado y clasificación.
Este es el único lugar donde pueden vender su producto, indicó Emilio. El equipo de filmación estuvo ahí el día en que los productores supieron cuánto valdría su trabajo de todo el año. El cultivo debe cumplir con los estrictos estándares establecidos por la cooperativa, que inspecciona cada paquete con rapidez. Examinan la textura, anchura y color de las hojas. El tabaco en su estado natural nunca pasaría la prueba--solo utilizar los agroquímicos podría garantizar un buen resultado.
Las grandes tabacaleras dominan la industria
En el documental aparece la entrevista de uno de los agricultores sobre su sentir acerca de sus ganancias. Indica que recibió $ 11 575 pesos mexicanos (o aproximadamente $ 610 dólares estadounidenses) por 975 kilos de tabaco. Eso es alrededor de $ 3.50 dólares estadounidenses por libra de tabaco. Es un precio bajo, señala. "Para mí, es como un robo. Es injusto".
Los productores señalan que sus ingresos fueron especialmente bajos este año como resultado de los costosos insumos químicos que fueron obligados a utilizar. Las empresas químicas los cobran en dólares estadounidenses, pero pagan en pesos, indica un agricultor frustrado, y agrega que no tiene la manera de abandonar su negocio porque no puede arriesgarse a perder su seguro social.
Las grandes tabacaleras dominan la industria en San Jacinto, Argentina, de tal manera que las empresas como Philip Morris han cambiado por completo el cultivo del tabaco. Hoy en día, los agricultores se encuentran esclavizados por las empresas que producen y venden los agroquímicos necesarios para desarrollar un cultivo que pueda ser certificado por Philip Morris.
El equipo de filmación logró capturar imágenes dentro de un almacén donde los agricultores acuden a comprar pesticidas. Ahí, había estantes altos con herbicidas, fungicidas e insecticidas alineados en las paredes y todo era manipulado con las manos sin guantes.
Entre los insecticidas había un producto químico fabricado por Bayer llamado Confidor, que contiene los insecticidas clotianidina, imidacloprid, tiametoxam y methiocarb,4 que a excepción de methiocarb, pertenecen a una clase de pesticidas para matar abejas, conocidos como neonicotinoides, y que hace poco tiempo fueron prohibidos en todos los cultivos que se producen al aire libre en Europa.5
Tóxico: una palabra constante en Argentina
Antes de abandonar la región, el equipo de filmación hizo una última parada para visitar a Raul Gómez, de 50 años de edad, quien ha creado una lista de todas las sustancias químicas que ha tenido que manipular en las últimas dos décadas, ahora la mayoría están prohibidas debido a su toxicidad.
A Gómez le preocupa tener almacenadas tales sustancias químicas en su propiedad, ya que muchas son demasiado peligrosas para poder eliminarlas. Según comenta, se le había dicho que alguien vendría para llevárselas, pero nadie acudió, por lo que construyó chozas para almacenarlas. Gomez indica que cree que definitivamente fue un conejillo de indias porque se vio obligado a trabajar con sustancias tóxicas muy peligrosas sin tener conocimiento de las implicaciones para la salud de su familia.
Tanto él como otros agricultores señalan que la pregunta no es si se enfermarán, sino cuándo ocurrirá. Todos en esta región tienen sustancias tóxicas presentes en sus cuerpos, indica, y aunque ahora no lo siente, en algunos años sí lo hará. "Así es como sucede. Las consecuencias ocurren después".
Luego, el equipo de filmación viajó a Posadas, la capital de la provincia de Misiones, donde los médicos consideraron una hipótesis aterradora; es decir que, exposición a los agroquímicos en realidad podría modificar el genoma humano.
Se entrevistaron con el Dr. Hugo Gomez Demaio, de 73 años de edad, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico de Posadas, y el Dr. Mario Barrera, neurocirujano de la Facultad de Medicina del Nordeste (ambas instituciones se encuentran en Buenos Aires). Los médicos están dedicados a destacar y tratar la relación entre la exposición al glifosato y otros agroquímicos con los defectos congénitos causados por el daño en el ADN.
Con los años, Demaio ha sido testigo de un número de niños cada vez mayor que padece malformaciones. "Ya no son solo observaciones empíricas, sino una estadística ineludible que ha elaborado con su sucesor, el Dr. Barrera", indicó el narrador del documental.
El 100 % de estos niños con deformidades graves podría morir antes de los 5 años de edad si no se les realiza una intervención médica, señaló Demaio. El documental presenta a dos niñas que padecen hidrocefalia, un padecimiento relacionado con una anomalía que afecta al cromosoma X. La hidrocefalia es la acumulación de fluidos en las profundidades del cerebro.
El exceso de líquidos presiona el cerebro y daña el tejido cerebral. Los síntomas de la hidrocefalia incluyen una cabeza inusualmente grande, aumento rápido en el tamaño de la cabeza y un área abultada en la parte superior.6
'Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades'
Las madres de las dos niñas con hidrocefalia dijeron que estuvieron expuestas a agroquímicos, pero de forma indirecta. Aunque los productos agroquímicos no fueron almacenados en su hogar, indicaron que estuvieron expuestas a ellos por medio de la ropa contaminada de los miembros de la familia que cultivan tabaco. Las mujeres lavan la ropa de los hombres en un arroyo cercano, que también sirve como fuente de agua potable.
Demaio indica que la exposición a agroquímicos podría causar daño genético que puede transmitirse a la descendencia de una persona y causar una modificación en la herencia genética. Barrera explica:
"Aun si todo el entorno local está contaminado, no significa que todos los niños se enfermarán". Pero, cuando el padre está expuesto a herbicidas, son absorbidos por su cuerpo, pueden alterar el ADN y luego pasar esa mutación genética a sus hijos".
Al principio, Demaio y Barrera trabajaron solos, pero pronto otros médicos que habían hecho observaciones similares empezaron a colaborar en su investigación. En 2009, publicaron resultados que demostraban que los abortos espontáneos y defectos congénitos entre los recién nacidos eran seis veces más altos que lo normal, y el cáncer en niños pequeños era cinco veces más común que en cualquier otro lugar.7
Los médicos señalaron que los agroquímicos pasaban de las madres a sus hijos y causaban daños en los primeros 28 días de embarazo, lo que generaba monstruosas deformidades que son difíciles de solucionar.
La expresión más común es mielomeningocele,8 un defecto de nacimiento en la columna vertebral y médula espinal. Es la lesión más grave del sistema nervioso central con la que una persona podría vivir. Demaio indicó que el gobierno argentino se ha negado a escucharlo, por lo que ha dedicado su tiempo a educar a los jóvenes en las universidades, muchos han crecido en familias que cultivan tabaco y cerca de pesticidas, pero saben muy poco sobre estos químicos.
Les dijeron que los agroquímicos eran seguros y necesarios para alimentar a las personas. "Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades", expresó Demaio, en referencia a las empresas químicas y ganancias que han obtenido de agricultores desprevenidos, forzados a depender de sustancias químicas.
David contra Goliath: Una batalla con grandes desventajas
El equipo de filmación visitó la oficina en Buenos Aires de los abogados que visitaron a las familias hace cuatro años, quienes nunca hicieron el seguimiento posterior. Allí no estaban muy bien informados sobre el caso, por lo que el equipo de filmación visitó la oficina en Nueva York donde los abogados habían trabajado en el archivo hace años.
Hablaron con Steven J. Phillips de la oficina LLP de Phillips & Paolicelli, que se especializa en defender a los niños de los productos tóxicos. Phillips indicó creer que tenía un caso bien sustentado contra Monsanto y Philip Morris. Monsanto diseñó y vendió glifosato a personas en Sudamérica bajo condiciones en las que sabía que habría mujeres embarazadas mezclando las sustancias químicas.
Monsanto sabía que era extremadamente peligroso, pero de todos modos los vendió y obtuvo grandes ganancias económicas, señaló Phillips. Philip Morris insistió en que los productores cultivasen el tabaco de una manera tan específica que incluyera el uso de glifosato, y si no lo hacían, Philip Morris no compraría el tabaco. Entonces, los agricultores no tuvieron otra opción.
"Si obliga a alguien a actuar de forma riesgosa, lo engaña al respecto, y luego sus hijos son afectados, entonces esa es una razón para llevarlos a los tribunales", indicó Phillips. Si bien, los abogados reconocen que esta podría ser una batalla con grandes desventajas, como del tipo David contra Goliat, también saben que la verdad está de su lado.
A menudo, la verdad prevalece, como es el caso del reciente veredicto de culpabilidad en el histórico juicio contra Monsanto. Un jurado en San Francisco, California, otorgó al demandante Dewayne Johnson US$ 289 millones como compensación por daños y perjuicios, después de determinar que su cáncer era causado por estar expuesto al herbicida Roundup de Monsanto.9 La Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) informó:
"La decisión del jurado fue unánime; Monsanto fue culpable de fabricar y vender un producto que había causado el cáncer de Johnson. Además, la empresa sabía que su producto podría causar cáncer y, sin embargo, ocultó de forma intencional este hecho a Johnson y la población".
Este caso es inquietantemente similar al de los productores y sus familias que sufren por la exposición a los agroquímicos, incluyendo al glifosato, en Argentina. Y los productores de tabaco no son los únicos afectados, hay otra región en Argentina que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los agroquímicos.
Córdoba, la tierra de la soja transgénica
El equipo de filmación viajó a Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y el último destino de su investigación. Córdoba se caracteriza por la siembra de soja transgénica, donde se aplica glifosato por medio de fumigación aérea.
La ciudad está llena de grafitis contra Monsanto. En 2012, se obtuvo un veredicto histórico10 cuando un agricultor y dueño de un avión de fumigación en Córdoba fueron condenados a tres años de prisión por fumigación aérea ilegal. Habían rociado glifosato a menos de 2 500 metros de un área muy poblada.
El documental presenta a la activista anti-agroquímicos, Sofia Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó,11 un grupo de madres que trabaja para detener el uso indiscriminado de agroquímicos que han intoxicado a los niños de la región. Gatica perdió a su hija pequeña por una malformación renal, y su hijo perdió su capacidad para caminar después de estar expuesto a una fumigación local de agroquímicos.
Gatica es reconocida por su trabajo en el seguimiento de tasas anormales de cáncer, enfermedad renal y otros padecimientos en áreas cercanas donde el glifosato se fumigó a los cultivos de soja transgénica. Las Madres de Ituzaingó realizaron análisis sanguíneos en sus hijos y descubrieron que 3 de cada 4 niños que vivían en su comunidad tenían rastros de agroquímicos en su sangre, incluyendo pesticidas, cromo, plomo y arsénico.
Con la esperanza de obtener ayuda del gobierno, el grupo presentó los resultados ante funcionarios argentinos, quienes les dijeron que solo mejorarían el agua si las familias renunciaban por escrito a su derecho para demandar por la contaminación del agua.
Gatica ha sido amenazada y agredida físicamente en repetidas ocasiones por sus esfuerzos en la lucha contra las empresas químicas. En una ocasión, en 2014, fue amenazada con un arma de fuego y un hombre le dijo que si no dejaba de manifestarse contra Monsanto, le "volaría los sesos".
Los avances hasta el momento
A pesar de la batalla a contracorriente, las Madres de Ituzaingó y otros activistas han progresado mucho. Como informó OCA:12 "En 2008, el presidente de Argentina le solicitó al ministro de salud que investigara el impacto del uso de pesticidas en Ituzaingó.
El Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio y los resultados se corroboraron con la investigación que las madres habían realizado, que vinculaba la exposición a los pesticidas con muchos de los problemas de salud que padecían las personas de la comunidad.
Además, Gatica logró que se aprobara un decreto municipal que prohibía la fumigación aérea en Ituzaingó, a una distancia menor a 2 500 metros de los hogares.
Y también obtuvieron una gran victoria, ya que un fallo de la Corte Suprema de 2010 prohibió la fumigación de agroquímicos cerca de áreas pobladas y modificó la carga de evidencia--ahora el gobierno y los productores de soja deben probar que las sustancias químicas que utilizan son seguras, en vez de que los habitantes tengan que demostrar que la fumigación los enferma".
A pesar de las victorias, las personas que viven en Argentina y otras regiones saturadas con transgénicos y agroquímicos tienen un camino largo y sinuoso que recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 3 millones de personas son intoxicadas con pesticidas.13 Pero los agroquímicos valen US$ 40 mil millones por año, y se prevé que alcancen los US$ 308 mil millones para el año 2025.14
¿Acaso las empresas químicas multinacionales sacrificarán sus ganancias para proteger la salud pública? Solo el tiempo lo dirá; sin embargo, probablemente la solución se encuentre en el sistema legal, que ha dado grandes pasos a nivel mundial para proteger a la población de los agroquímicos nocivos.
Las empresas de biotecnología han obtenido poder para controlar al gobierno
No tengo ninguna duda de que los transgénicos y químicos tóxicos que se utilizan en combinación representan una grave amenaza para el medio ambiente y nuestra salud, sin embargo, las agencias gubernamentales lo omiten y se niegan a actuar--y la razón es muy evidente, favorecen los intereses de los gigantes biotecnológicos.
Es bien sabido que existe un tráfico de influencias entre las agencias gubernamentales y empresas de biotecnología como Monsanto. Si se considera la hipocresía de la FDA; en teoría, los Estados Unidos podría tener las leyes de seguridad alimenticia más estrictas a nivel mundial que regulan los nuevos aditivos alimenticios, pero esta agencia ha permitido una y otra vez que los transgénicos y los pesticidas que los acompañan--como el Roundup--evadan estas leyes.
De hecho, el único sustento legal para permitir que los alimentos transgénicos se comercialicen en los Estados Unidos es la afirmación de la FDA de que estos alimentos son inherentemente seguros, una afirmación bastante ridícula.
Los documentos publicados como resultado de una demanda contra la FDA revelan que los propios científicos de la agencia advirtieron a sus superiores sobre los riesgos perjudiciales de los alimentos transgénicos; pero sus advertencias fueron ignoradas.
La influencia de los gigantes de la biotecnología no se limita a los Estados Unidos. En un artículo publicado en junio de 2017, GMWatch reveló que 26 de los 34 miembros del Comisión Nacional Asesora en Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) de Argentina eran ya sea empleados de empresas de tecnología química o tenían importantes conflictos de interés.
Es posible que sepa que Argentina es uno de los países donde los campos de monocultivo de algodón, maíz y soya transgénicos son predominantes. Asimismo, Argentina es un país que enfrenta una destrucción ambiental severa. Los argentinos están plagados de problemas de salud, que incluyen enfermedades degenerativas y deformidades físicas.
Todo parece indicar que la rápida expansión de los cultivos transgénicos y la posterior disminución en los indicadores nacionales de salud están intrínsecamente relacionados.
¡No se deje engañar por los cómplices de la industria!
El descarado intento de las empresas de biotecnología para lograr sus intereses corporativos se extienden mucho más allá de los pasillos de gobierno. Ahora, en un esfuerzo adicional para engañar al público, Monsanto y sus cómplices les suministran celosamente y a cuenta gotas a los científicos, académicos y periodistas estudios cuestionables que los representan de una manera positiva.
Al contratar a "expertos externos", las empresas de biotecnología podrían tomar información de validez dudosa y presentarla como independiente y autorizada. Esta es una práctica vergonzosa que es mucho más común de lo que podría pensarse.
Un ejemplo notable es Henry Miller, quien fue exhibido completamente como cómplice de Monsanto durante la campaña de la Propuesta 37 sobre etiquetado de GMOs en California. Miller, se hizo pasar falsamente por profesor de Stanford, promocionó alimentos transgénicos durante esta campaña. En 2015, publicó un artículo en la revista Forbes que atacaba los hallazgos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una división de la Organización Mundial de la Salud, después de clasificar al glifosato como un probable carcinógeno humano.
Después de que se reveló que el trabajo de Miller había sido escrito de forma anónima por Monsanto, Forbes no solo lo despidió, sino que también eliminó todo su trabajo de su sitio. Asimismo, la industria cuenta con muchos grupos de fachada. El Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano Sobre Ciencia y Salud son financiados por Monsanto.
Incluso WebMD, un sitio web que a menudo es presentado como una fuente confiable de información de salud "independiente y objetiva", actúa como lacayo de Monsanto al usar su influencia para promover estrategias y productos de salud respaldados por corporaciones, a través de mostrar anuncios publicitarios y editoriales en nombre de Biotech, lo cual puede impulsar la agenda de la industria biotecnológica--todo por el bien de los beneficios monetarios.
Monsanto ha adoptado tácticas engañosas para comercializar sus productos tóxicos, pero la empresa no puede ocultar la verdad; es decir que, la ingeniería genética, de ninguna manera, podrá moldear ni hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir, no resolverá el hambre, no mejorará los medios de subsistencia de los productores y sin duda no será de utilidad para la salud--de hecho podría ser perjudicial.
No hay mejor momento para actuar que AHORA. Y esto es lo que puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá apoyando este sistema alimenticio corrupto, tóxico e insostenible que Monsanto, sus cómplices de la industria y lacayos hambrientos por obtener ganancias económicas han elaborado minuciosamente?
En gran medida depende de todos nosotros como consumidores, disminuir y destruir el estricto control de Monsanto sobre nuestro suministro de alimentos. La buena noticia es que los vientos han cambiado.
A medida que los consumidores de todo el mundo se vuelven cada vez más conscientes de los problemas relacionados con los cultivos transgénicos, sustancias químicas tóxicas y pesticidas que se utilizan, más personas se niegan proactivamente a consumir estos alimentos. También, ha habido un fuerte crecimiento en los sectores mundiales de alimentos orgánicos y criados con pastura.
Esto solo demuestra una cosa, que podemos hacer la diferencia si trabajamos constantemente con el mismo objetivo. Una de las mejores medidas que puede implementar es comprar sus alimentos a un productor local que tenga una pequeña empresa y utilice diversos métodos que promuevan la agricultura regenerativa.
También, puede unirse a un programa de agricultura asistida por la comunidad (CSA), donde puede comprar un "porcentaje" de los vegetales producidos en granja, para que pueda obtener un suministro regular de alimentos frescos. Considero que unirse a CSA es una inversión poderosa no solo para su propio bienestar, sino también para su comunidad y economía local.
Además, también debe adoptar estrategias preventivas que puedan ayudar a disminuir la contaminación química tóxica que afecta a su cuerpo.
Monsanto y sus aliados quieren hacerle pensar que controlan todo, pero no es así. Somos nosotros, la población, los que tenemos el poder. Trabajemos todos juntos para derrocar el poderío de la industria de biotecnología. Recuerde--que todo comienza con hacer compras inteligentes y realizar las mejores compras de alimentos para usted y su familia.
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La falacia del discurso de las buenas prácticas
Agrotóxicos: la sustentabilidad de las corporaciones
Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
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El 2018 nos dejó 40.965 hectáreas de bosques menos
En 2018 se desforestó el equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace denunció este martes que en 2018 la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
En medio de las inundaciones en el norte y el litoral del país que se registraron en las últimas semanas, los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales revelaron que el total de la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas.
"Casi el 40 por ciento de la deforestación se produjo en bosques protegidos por la Ley de Bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 40.965 hectáreas, equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires", advirtió Greenpeace en un comunicado.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la organización, detalló que "las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria, mayormente por la soja transgénica y ganadería intensiva, y los incendios"."Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes dónde está prohibido", añadió.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta finales de 2017 Greenpeace advierte que "se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran protegidas". Además, el Informe expone que en 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos.
En segundo lugar está Chaco, donde denuncia que se deforestaron 33.972 hectáreas (14.744 de bosques protegidos), y le siguen Formosa, con desmontes en 23.996 hectáreas (261 protegidas) y Salta donde fueron 20.047 hectáreas que incluyen 2.050 protegidas.
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Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace denunció este martes que en 2018 la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
En medio de las inundaciones en el norte y el litoral del país que se registraron en las últimas semanas, los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales revelaron que el total de la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas.
"Casi el 40 por ciento de la deforestación se produjo en bosques protegidos por la Ley de Bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 40.965 hectáreas, equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires", advirtió Greenpeace en un comunicado.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la organización, detalló que "las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria, mayormente por la soja transgénica y ganadería intensiva, y los incendios"."Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes dónde está prohibido", añadió.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta finales de 2017 Greenpeace advierte que "se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran protegidas". Además, el Informe expone que en 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos.
En segundo lugar está Chaco, donde denuncia que se deforestaron 33.972 hectáreas (14.744 de bosques protegidos), y le siguen Formosa, con desmontes en 23.996 hectáreas (261 protegidas) y Salta donde fueron 20.047 hectáreas que incluyen 2.050 protegidas.
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Crean un mapa de riesgo agrícola por el cambio climático
Agroindustria elaboró un mapa de riesgo agrícola por el cambio climático
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: APDF
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la subsecretaría de Agricultura, elaboró un trabajo sobre "Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según escenarios de cambio climático", que proporciona información muy valiosa para el diseño de medidas de adaptación a la variabilidad climática, tanto a nivel intra finca como en el diseño de políticas públicas
Las principales características y beneficios de la herramienta fueron presentados hoy por los secretarios de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman en la sede de Agroindustria frente a los actores del sector.
Ante esto, Etchevehere indicó que "el cambio climático es una realidad, ante lo que contamos con acciones de mitigación y adaptación. Este tipo de análisis permite prever el impacto de políticas públicas tanto a nivel del país como a nivel regional. Es fundamental fortalecer los sistemas de información para que el productor pueda mejorar la gestión de los riesgos climáticos y que las empresas anticipen desarrollen instrumentos tecnológicos más útiles ante los nuevos escenarios".
En tanto el Secretario Bergman destacó que "Hay una primera prioridad que es el desarrollo económico de nuestro país", pero recordó que "no puede ser a expensas de dañar el ambiente ni la salud de la gente por lo que necesitamos validar las buenas prácticas". En tal sentido, señaló la necesidad de que "haya una ley de cambio climático, para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático sea una política de Estado que nos supere a nosotros en esta administración".
Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, explicó que "a partir de esta herramienta, se podrán llevar a cabo políticas orientadas a la intensificación de las rotaciones y al empleo de cultivos de cobertura y de servicios, teniendo en cuenta los períodos de exceso de agua que son esperables en la pampa húmeda".
La Oficina de Riesgo Agropecuario, dependiente de la subsecretaría de Agricultura, monitorea desde hace varios años las reservas de agua en el suelo, mediante un modelo de balance hídrico (que incluye características de los suelos, las diferentes fechas de siembra de los cultivos y los requerimientos en cada fase productiva), con el cual se realizaron mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos, que afectan a los principales cultivos (maíz, soja, trigo, girasol y algodón).
Estos mapas permiten comparar niveles de riesgo en relación a la disponibilidad de agua para los cultivos de secano para el período 1980/2010 con los previstos para el futuro cercano (2015/2039), según dos escenarios de cambio climático, uno de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y otro más extremo (RCP 8.5), con la tendencia actual de emisiones.
El análisis de los cambios en el riesgo de cada cultivo permite establecer políticas de planificación territorial tendientes a aprovechar nuevas áreas con disminución de riesgos previstas e identificar otras prioritarias para promover técnicas de manejo de cultivos o variedades adaptadas a las condiciones futuras en aquellas donde el riesgo se prevé en aumento.
Sin embargo, los estudios sobre el clima en el futuro desarrollados en Argentina y publicados en la Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, prevén modificaciones importantes tanto en la cantidad y distribución anual de la lluvia, como en las temperaturas en vastas zonas productivas del país.
Es por esa razón que Agroindustria amplió el análisis de mapas de Riesgo de Déficit y Excesos hídricos para cultivos de secano, teniendo en cuentas distintos escenarios de cambio climático.
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Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: APDF
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la subsecretaría de Agricultura, elaboró un trabajo sobre "Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según escenarios de cambio climático", que proporciona información muy valiosa para el diseño de medidas de adaptación a la variabilidad climática, tanto a nivel intra finca como en el diseño de políticas públicas
Las principales características y beneficios de la herramienta fueron presentados hoy por los secretarios de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman en la sede de Agroindustria frente a los actores del sector.
Ante esto, Etchevehere indicó que "el cambio climático es una realidad, ante lo que contamos con acciones de mitigación y adaptación. Este tipo de análisis permite prever el impacto de políticas públicas tanto a nivel del país como a nivel regional. Es fundamental fortalecer los sistemas de información para que el productor pueda mejorar la gestión de los riesgos climáticos y que las empresas anticipen desarrollen instrumentos tecnológicos más útiles ante los nuevos escenarios".
En tanto el Secretario Bergman destacó que "Hay una primera prioridad que es el desarrollo económico de nuestro país", pero recordó que "no puede ser a expensas de dañar el ambiente ni la salud de la gente por lo que necesitamos validar las buenas prácticas". En tal sentido, señaló la necesidad de que "haya una ley de cambio climático, para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático sea una política de Estado que nos supere a nosotros en esta administración".
Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, explicó que "a partir de esta herramienta, se podrán llevar a cabo políticas orientadas a la intensificación de las rotaciones y al empleo de cultivos de cobertura y de servicios, teniendo en cuenta los períodos de exceso de agua que son esperables en la pampa húmeda".
La Oficina de Riesgo Agropecuario, dependiente de la subsecretaría de Agricultura, monitorea desde hace varios años las reservas de agua en el suelo, mediante un modelo de balance hídrico (que incluye características de los suelos, las diferentes fechas de siembra de los cultivos y los requerimientos en cada fase productiva), con el cual se realizaron mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos, que afectan a los principales cultivos (maíz, soja, trigo, girasol y algodón).
Estos mapas permiten comparar niveles de riesgo en relación a la disponibilidad de agua para los cultivos de secano para el período 1980/2010 con los previstos para el futuro cercano (2015/2039), según dos escenarios de cambio climático, uno de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y otro más extremo (RCP 8.5), con la tendencia actual de emisiones.
El análisis de los cambios en el riesgo de cada cultivo permite establecer políticas de planificación territorial tendientes a aprovechar nuevas áreas con disminución de riesgos previstas e identificar otras prioritarias para promover técnicas de manejo de cultivos o variedades adaptadas a las condiciones futuras en aquellas donde el riesgo se prevé en aumento.
Sin embargo, los estudios sobre el clima en el futuro desarrollados en Argentina y publicados en la Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, prevén modificaciones importantes tanto en la cantidad y distribución anual de la lluvia, como en las temperaturas en vastas zonas productivas del país.
Es por esa razón que Agroindustria amplió el análisis de mapas de Riesgo de Déficit y Excesos hídricos para cultivos de secano, teniendo en cuentas distintos escenarios de cambio climático.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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En Santa Fe impulsan marcha por los agrotóxicos
Impulsan Marcha de los Barbijos en Rosario contra el uso masivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Misiones debate aprobar OGM, pero... cual es el problema?
¿Cuál es el problema de fondo del uso de semillas de maíz transgénico?
Fecha de Publicación: 25/01/2019
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
No es nuevo el debate acerca de la utilización de semillas transgénicas en la Argentina, por el contrario, es un debate que se viene escuchando en los últimos 25 años, primero desde la creación de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIA) y desde la liberación para el cultivo de soja transgénica en segundo lugar.
Un elemento común que aparece en aquellas personas y entidades que promovieron -y aún hoy lo hacen- la liberación para el cultivo de las semillas OGM, fue ante promesas que luego no se cumplieron. Así escuchamos: los OGM “generan desarrollo a nivel local”, “generan derrame de riqueza” , “permiten acabar con el hambre en el mundo”, “generan empleo a nivel local “, “reducen la utilización de plaguicidas” y “evitan la deforestación“. Inclumplidas.
Estas son las promesas que hemos escuchado, y leído, por parte de aquellos que promueven la expansión de los OGM ligados a organizaciones de productores empresariales, funcionarios, investigadores, miembros de ministerios e instituciones oficiales y lobbistas que aparecen en medios de comunicación.
La expansión en el monocultivo de plantas transgénicas, dado que no reproduce las condiciones de existencia de los vegetales, esto es suelo sano y biodiversidad, es acompañado de un incremento de fertilizantes sintéticos y de plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, el 2, 4 D, la atrazina junto a clorpirifos e imidacloprid, todos ellos con impacto socioambiental, incluida la salud humana.
Las investigaciones, y las tareas de sensibilización y comunicación sobre uso y efecto de los plaguicidas en la salud que venimos realizando dentro de proyectos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Red de Acción en Plaguicidas en la Provincia de Misiones, dan cuenta de una reducción en la biodiversidad cultivada en las unidades productivas, tanto en las empresariales como en las familiares, acompañadas por un incremento en el uso de plaguicidas.
En efecto, la ampliación en la superficie cultivada con árboles exóticos, fundamentalmente por empresas transnacionales, ha determinado un amplio uso de herbicidas e insecticidas como el glifosato y la sulfuramida, nombre comercial Mirex, producto que por su persistencia en el ambiente y toxicidad es candidato a incorporase en el convenio de Estocolmo.
Lamentablemente se ha naturalizado no solo la utilización de plaguicidas sino su efecto en la salud.
¿Qué podemos esperar si se amplía la superficie con OGM en Misiones?
Tal como ha ocurrido en otras regiones del país: más deforestación y pérdida de biodiversidad natural y cultivada, ampliación del monocultivo, mayor utilización de fertilizantes y plaguicidas y las consecuencias de estos procesos: acaparamiento de tierras por parte de inversores nacionales y extranjeros, mayor contaminación de los bienes naturales, pérdida de servicios ecosistémicos, intoxicaciones en seres humanos, pérdida de soberanía alimentaria y mayor eliminación de gases de efecto invernadero responsable del Cambio Climático.
Este último punto merece toda nuestra atención cuando en la actualidad discutimos y analizamos propuestas de cómo cambiamos las estrategias, prácticas y tecnologías a fin de disminuir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y nos adaptamos críticamente al cambio y variabilidad climática; no parece nada oportuno fomentar el monocultivo de transgénicos no solo porque incrementa la producción de gases sino porque los sistemas menos diversos y demandantes de insumos son más vulnerables al cambio en la frecuencia de lluvias y en las temperaturas extremas.
También en nuestras visitas a unidades productivas ubicadas en diferentes zonas de la provincia de Misiones observamos la riqueza en diversidad biológica tanto en la natural como en las especies vegetales que cultivan productoras/as; diversidad en sistemas productivos, en actividades y componentes recreando agroecosistemas estables, sustentables, resilientes, viables desde el punto de vista económico, sistemas no dependientes de insumos externos, no contaminantes y capaces de lograr la consecución de la soberanía alimentaria.
No nos oponemos al cambio ni al progreso, siempre y cuando entendamos que indicadores tomamos para definir qué es el progreso y cómo se logra y a quiénes puede beneficiar. Si progreso es sólo expansión de la frontera agrícola con monocultivo, mayor uso de los insumos químicos, más producción en manos de monopolios, acaparamiento de tierras, migraciones y más contaminación, si nos oponemos. Por el contrario, si somos capaces de repensar y lograr juntos una justa distribución y tenencia de la tierra, si somos capaces de lograr producciones sustentables que verdaderamente demanden mano de obra familiar y afinquen a los colonos y sus familias, si somos capaces de acabar con los monopolios comerciales fomentando el comercio justo, lograremos un verdadero progreso con equidad y justicia social donde no solo el tener sea importante sino también el ser y el estar juntos y vivir en comunidad.
El fomento de la agroecología desde todos los ámbitos, incluso desde las políticas públicas, es el camino para contemplar las necesidades integrales de las familias productoras promoviendo además la sustentabilidad ambiental. En este proceso resulta fundamental el enriquecimiento, cultivo e intercambio de semillas criollas y nativas dejando de lado el cultivo de OGM altamente demandantes de insumos químicos y además contaminantes, por la transferencia de polen, de las semillas de maíz que atesoran las familias productoras.
Por Javier Souza Casadinho
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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El puma acorralado
La caza furtiva y la actividad agropecuaria siguen siendo la causa principal de la extinción del puma
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es el segundo mayor felino de América. Aunque aún se lo puede encontrar en las montañas de Jujuy o Salta o algunas llanuras como las de San Luis o Río Negro, el puma está extinto en numerosas provincias argentinas. La actividad de algunas organizaciones permite que hoy se puedan repoblar espacios en los que habitaba este gran “león de montaña” americano
Los apasionados por deportes de máximo nivel mundial y, fundamentalmente, los enamorados de los campeonatos oficiales de la World Rugby lo tienen muy claro: de un puma hay que cuidarse.
Nada desea más un argentino que practica este rudo deporte que ser considerado "un puma". Tanta identidad transmite el apodo que años después de abandonar el rugby, cualquier ex integrante de la selección nacional se sigue presentando con el mote.
Es que puma, el "león de montaña", el "león americano" es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. Poseen cuerpo esbelto, oído agudo, excelente vista. Hasta un All Blacks debería ponerse nervioso si tiene enfrente a alguien al que le llaman puma.
Este gran cazador de emboscada habita los principales biomas de América y persigue una amplia variedad de presas. Su principal alimento es el ciervo, pero también se arregla con camélidos como el guanaco y hasta con roedores.
El puma es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América de los cazadores más sigilosos. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté.
En la Argentina, actualmente se lo encuentra tanto en las elevadas montañas de la cordillera oriental de Jujuy y Salta como en la llanura del este de San Luis y en el valle de Río Negro; tanto en la selva húmeda tucumano-oranense como en zonas muy áridas.
Aunque algunas de sus poblaciones fueron clasificadas en la categoría Preocupación Menor, en varias provincias la especie ha sido catalogada como extinta. ¿El motivo? Puede adivinarse: "presiones antrópicas". O sea actividad humana: caza furtiva y aumento en el uso de tierras para la producción agropecuaria.
Algunas organizaciones como la Fundación Temaikén están realizando un gran trabajo de investigación, recuperación y reinserción del puma. También organismos oficiales como la Administración de Parques Nacionales llevan adelante una eficiente y celosa tarea de protección estricta de la especie.
Merced al compromiso y a la responsabilidad de instituciones como éstas, hoy se está pudiendo repoblar con este gran felino americano, lugares como Entre Ríos, Corrientes y algunas zonas de la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es el segundo mayor felino de América. Aunque aún se lo puede encontrar en las montañas de Jujuy o Salta o algunas llanuras como las de San Luis o Río Negro, el puma está extinto en numerosas provincias argentinas. La actividad de algunas organizaciones permite que hoy se puedan repoblar espacios en los que habitaba este gran “león de montaña” americano
Los apasionados por deportes de máximo nivel mundial y, fundamentalmente, los enamorados de los campeonatos oficiales de la World Rugby lo tienen muy claro: de un puma hay que cuidarse.
Nada desea más un argentino que practica este rudo deporte que ser considerado "un puma". Tanta identidad transmite el apodo que años después de abandonar el rugby, cualquier ex integrante de la selección nacional se sigue presentando con el mote.
Es que puma, el "león de montaña", el "león americano" es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. Poseen cuerpo esbelto, oído agudo, excelente vista. Hasta un All Blacks debería ponerse nervioso si tiene enfrente a alguien al que le llaman puma.
Este gran cazador de emboscada habita los principales biomas de América y persigue una amplia variedad de presas. Su principal alimento es el ciervo, pero también se arregla con camélidos como el guanaco y hasta con roedores.
El puma es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América de los cazadores más sigilosos. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté.
En la Argentina, actualmente se lo encuentra tanto en las elevadas montañas de la cordillera oriental de Jujuy y Salta como en la llanura del este de San Luis y en el valle de Río Negro; tanto en la selva húmeda tucumano-oranense como en zonas muy áridas.
Aunque algunas de sus poblaciones fueron clasificadas en la categoría Preocupación Menor, en varias provincias la especie ha sido catalogada como extinta. ¿El motivo? Puede adivinarse: "presiones antrópicas". O sea actividad humana: caza furtiva y aumento en el uso de tierras para la producción agropecuaria.
Algunas organizaciones como la Fundación Temaikén están realizando un gran trabajo de investigación, recuperación y reinserción del puma. También organismos oficiales como la Administración de Parques Nacionales llevan adelante una eficiente y celosa tarea de protección estricta de la especie.
Merced al compromiso y a la responsabilidad de instituciones como éstas, hoy se está pudiendo repoblar con este gran felino americano, lugares como Entre Ríos, Corrientes y algunas zonas de la Patagonia.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Aprueban más transgénicos
Peligro en las mesas argentinas
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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