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El modelo agrotóxico se defiende en la justicia
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Ruralistas van a la Justicia contra la prohibición del glifosato: "Es una herramienta de trabajo"
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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La agricultura industrial no genera trabajo, los pierde
En la última década el agro argentino perdió más de 4600 empleos formales
Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Agritotal
Provincia/Región: Nacional
En la última década el sector agropecuario argentino perdió 4640 empleos formales al registrar 332.772 trabajadores en febrero de 2018 -último dato oficial publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- versus 337.412 diez años atrás.
Vale tener en cuenta que, al momento de confeccionar estadísticas laborales, el empleo agropecuario no sólo abarca a la agricultura extensiva, ganadería y tambos, sino también a actividades muy diversas como legumbres, hortalizas, olivos, caña de azúcar, tabaco, flores, apicultura, servicios de contratistas agrícolas y de inseminación artificial, entre muchos otros.
Otro sector que destruyó empleos en la última década es el pesquero -con una pérdida de 2108 trabajadores-, mientras que la minería creó apenas 9987 puestos de trabajo en el período.
Es probable que el factor común detrás de la dinámica de empleo registrada en esas actividades económicas sea la creciente automatización de procesos impulsada por avances tecnológicos. Los tres rubros -agro, pesca y minería- son los principales generadores netos de divisas de la economía argentina.
Otro sector económico que en la última década registró una pobre performance en la creación de empleo formal fue la industria manufacturera con apenas 6338 puestos de trabajo nuevos. En este caso, además del avance tecnológico, en algunas situaciones podría estar reflejándose el fracaso del modelo de sustitución de importaciones.
En la última década, el rubro "contrucción" -que comprende no sólo edificios, sino también toda obra de infraestructura- creó 59.207 empleos formales, buena parte de los cuales se explican por empresas contratistas que realizan obras públicas nacionales, provinciales o municipales.
Los principales motores del empleo privado formal en la última década fueron los servicios, con el comercio a la cabeza, que creó 167.864 nuevos puestos de trabajo, seguido por los servicios de salud (+91.352), de enseñanza (+82.206), servicios de transporte de cargas, de pasajeros, correo y telecomunicaciones (+75.073), hoteles y restaurantes (+54.736) y servicios sociales y comunitarios (+48.412) (este último rubro comprende desde recolección de residuos y organizaciones sindicales hasta producciones audiovisuales, artísticas, deportivas, gimnasios y servicios fúnebres).
En la última década se crearon en total 657.137 nuevos puestos de trabajo en el sector privado registrado argentino, de los cuales el 79% se explican por los servicios antes mencionados.
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Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Agritotal
Provincia/Región: Nacional
En la última década el sector agropecuario argentino perdió 4640 empleos formales al registrar 332.772 trabajadores en febrero de 2018 -último dato oficial publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- versus 337.412 diez años atrás.
Vale tener en cuenta que, al momento de confeccionar estadísticas laborales, el empleo agropecuario no sólo abarca a la agricultura extensiva, ganadería y tambos, sino también a actividades muy diversas como legumbres, hortalizas, olivos, caña de azúcar, tabaco, flores, apicultura, servicios de contratistas agrícolas y de inseminación artificial, entre muchos otros.
Otro sector que destruyó empleos en la última década es el pesquero -con una pérdida de 2108 trabajadores-, mientras que la minería creó apenas 9987 puestos de trabajo en el período.
Es probable que el factor común detrás de la dinámica de empleo registrada en esas actividades económicas sea la creciente automatización de procesos impulsada por avances tecnológicos. Los tres rubros -agro, pesca y minería- son los principales generadores netos de divisas de la economía argentina.
Otro sector económico que en la última década registró una pobre performance en la creación de empleo formal fue la industria manufacturera con apenas 6338 puestos de trabajo nuevos. En este caso, además del avance tecnológico, en algunas situaciones podría estar reflejándose el fracaso del modelo de sustitución de importaciones.
En la última década, el rubro "contrucción" -que comprende no sólo edificios, sino también toda obra de infraestructura- creó 59.207 empleos formales, buena parte de los cuales se explican por empresas contratistas que realizan obras públicas nacionales, provinciales o municipales.
Los principales motores del empleo privado formal en la última década fueron los servicios, con el comercio a la cabeza, que creó 167.864 nuevos puestos de trabajo, seguido por los servicios de salud (+91.352), de enseñanza (+82.206), servicios de transporte de cargas, de pasajeros, correo y telecomunicaciones (+75.073), hoteles y restaurantes (+54.736) y servicios sociales y comunitarios (+48.412) (este último rubro comprende desde recolección de residuos y organizaciones sindicales hasta producciones audiovisuales, artísticas, deportivas, gimnasios y servicios fúnebres).
En la última década se crearon en total 657.137 nuevos puestos de trabajo en el sector privado registrado argentino, de los cuales el 79% se explican por los servicios antes mencionados.
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Niños cercano a zonas fumigadas con daños genéticos
"Niños que están a menos de 500 metros de zona fumigada tienen daños genéticos"
Fecha de Publicación: 04/05/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Los estudios se realizaron en el departamento Uruguay. Compararon casos de niños de escuelas rurales con alumnos de ciudades. "Es el primer análisis demostrando el efecto" de los agroquímicos, se indicó a Elonce TV.
Impulsados por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y con el aporte de científicos y universidades públicas, en el departamento Uruguay se llevaron adelante estudios para establecer los daños genéticos en niños que viven a menos de 500 metros de zonas de fumigación con agroquímicos.
La docente Mariela Leiva confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que los primeros resultados de los estudios realizados corroboraron que "los niños que están a menos de 500 metros de la zona de fumigación tienen daños genéticos. Lo nuestro es el primer análisis que tiene la causa demostrando el efecto", resaltó.
Explicó que para efectuar el cotejo se "extrajo material de chicos que estaban a menos de 500 metros de las zonas fumigadas y, por otro lado, de niños de las ciudades".
La educadora puso de relieve que "el daño genético puede traer aparejadas distintas enfermedades a lo largo de su vida".
Leiva recordó que tras el caso de la escuela fumigada en San José "surgió un caso similar en Maciá, donde la docente terminó hospitalizada, en observación. Estuvimos prestándole nuestra solidaridad y ofreciéndonos en lo que podemos aportar desde nuestro lugar. La Fiscalía de Rosario del Tala decidió no investigar porque la fumigación estaba a más de 100 metros. Si tuvo síntomas es porque el producto llegó hasta la escuela", recalcó.
Leyes
Interrogada sobre el tratamiento de la norma que busca regular las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, la docente contó que "estuvimos reunidos para brindarles a los diputados las herramientas con profesionales técnicos que trabajan con nosotros. Nos decían que querían tener la convicción y la sabiduría para votar esa ley. Llevamos a los especialistas y el último ciclo, el presidente de la Cámara, nos dijo que el bloque del Partido Justicialista iba a votar en forma negativa esa ley, al igual que algunos diputados de Cambiemos. Queremos ser optimistas. Creo que el 8 de mayo se va a votar. Estaremos esperando la votación", completó. Elonce.com
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Fecha de Publicación: 04/05/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Los estudios se realizaron en el departamento Uruguay. Compararon casos de niños de escuelas rurales con alumnos de ciudades. "Es el primer análisis demostrando el efecto" de los agroquímicos, se indicó a Elonce TV.
Impulsados por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y con el aporte de científicos y universidades públicas, en el departamento Uruguay se llevaron adelante estudios para establecer los daños genéticos en niños que viven a menos de 500 metros de zonas de fumigación con agroquímicos.
La docente Mariela Leiva confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que los primeros resultados de los estudios realizados corroboraron que "los niños que están a menos de 500 metros de la zona de fumigación tienen daños genéticos. Lo nuestro es el primer análisis que tiene la causa demostrando el efecto", resaltó.
Explicó que para efectuar el cotejo se "extrajo material de chicos que estaban a menos de 500 metros de las zonas fumigadas y, por otro lado, de niños de las ciudades".
La educadora puso de relieve que "el daño genético puede traer aparejadas distintas enfermedades a lo largo de su vida".
Leiva recordó que tras el caso de la escuela fumigada en San José "surgió un caso similar en Maciá, donde la docente terminó hospitalizada, en observación. Estuvimos prestándole nuestra solidaridad y ofreciéndonos en lo que podemos aportar desde nuestro lugar. La Fiscalía de Rosario del Tala decidió no investigar porque la fumigación estaba a más de 100 metros. Si tuvo síntomas es porque el producto llegó hasta la escuela", recalcó.
Leyes
Interrogada sobre el tratamiento de la norma que busca regular las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, la docente contó que "estuvimos reunidos para brindarles a los diputados las herramientas con profesionales técnicos que trabajan con nosotros. Nos decían que querían tener la convicción y la sabiduría para votar esa ley. Llevamos a los especialistas y el último ciclo, el presidente de la Cámara, nos dijo que el bloque del Partido Justicialista iba a votar en forma negativa esa ley, al igual que algunos diputados de Cambiemos. Queremos ser optimistas. Creo que el 8 de mayo se va a votar. Estaremos esperando la votación", completó. Elonce.com
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La Pampa: planean zonas de resguardo a fumigaciones
Vecinos de Alvear piden que los depósitos de las pulverizaciones estén a 1km del casco urbano
Fecha de Publicación: 04/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Se realizó en Intendente Alvear una charla abierta a la comunidad impulsada por las filiales de Santa Rosa y General Pico del Colectivo Sanitario-La Pampa. La jornada se denominó “Impacto de los agroquímicos en la salud humana y el medio ambiente”. La misma contó con la adhesión y el aporte de organizaciones sociales preocupadas por el permanente aumento y el uso de los agroquímicos en la zona.
Dentro de las principales propuestas está, a través del pedido de los vecinos, que las maquinas, los depósitos y las fumigaciones estén a una distancia mínima de 1000 metros del casco urbano. La iniciativa fue muy bien recibida y acompañada por la firma de los vecinos presentes que a su vez, se comprometieron en recolectar más firmas para ser presentadas en el Consejo Deliberante local.
Fueron parte y acompañaron en la jornada AMET, UTELPA, SITRASAP, ATE, LUZ Y FUERZA MERCEDES, SADOP, UPCN, CTA de los trabajadores, SATSAID y el CEC. También se hicieron presentes concejales de E. Castex y de I. Alvear.
Otras propuestas
Según informó el Colectivo mediante un comunicado, en esta misma ocasión se presentaron: un protocolo de denuncias denominado “Cómo actuar frente a fumigaciones ilegales”. Esto también prevé otras situaciones como desechos o depósitos de insumos nocivos a la salud
Realizar un Campamento Sanitario en el pueblo, en conjunto con la” Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, fue otra de las iniciativas. Todo el esquema de desarrollo del campamento, incluida la encuesta, es a fin de poder contar con un trabajo de campo que permita asociar las patologías presentes con los distintos factores ambientales que pueden ocasionarlos. Ambas propuestas contaron con la adhesión de los presentes.
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Fecha de Publicación: 04/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Se realizó en Intendente Alvear una charla abierta a la comunidad impulsada por las filiales de Santa Rosa y General Pico del Colectivo Sanitario-La Pampa. La jornada se denominó “Impacto de los agroquímicos en la salud humana y el medio ambiente”. La misma contó con la adhesión y el aporte de organizaciones sociales preocupadas por el permanente aumento y el uso de los agroquímicos en la zona.
Dentro de las principales propuestas está, a través del pedido de los vecinos, que las maquinas, los depósitos y las fumigaciones estén a una distancia mínima de 1000 metros del casco urbano. La iniciativa fue muy bien recibida y acompañada por la firma de los vecinos presentes que a su vez, se comprometieron en recolectar más firmas para ser presentadas en el Consejo Deliberante local.
Fueron parte y acompañaron en la jornada AMET, UTELPA, SITRASAP, ATE, LUZ Y FUERZA MERCEDES, SADOP, UPCN, CTA de los trabajadores, SATSAID y el CEC. También se hicieron presentes concejales de E. Castex y de I. Alvear.
Otras propuestas
Según informó el Colectivo mediante un comunicado, en esta misma ocasión se presentaron: un protocolo de denuncias denominado “Cómo actuar frente a fumigaciones ilegales”. Esto también prevé otras situaciones como desechos o depósitos de insumos nocivos a la salud
Realizar un Campamento Sanitario en el pueblo, en conjunto con la” Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, fue otra de las iniciativas. Todo el esquema de desarrollo del campamento, incluida la encuesta, es a fin de poder contar con un trabajo de campo que permita asociar las patologías presentes con los distintos factores ambientales que pueden ocasionarlos. Ambas propuestas contaron con la adhesión de los presentes.
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El glifosato cada vez más cuestionado y limitado
Monsanto, en la mira: cada vez más ciudades prohíben el glifosato tras pruebas que relacionan su uso a la proliferación del cáncer
Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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Hasta investigadores del INTA advierten de los agroquímicos
Un informe contra corriente
Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
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Fumigación de una escuela, nuevo capítulo judicial
La causa por la fumigación de una escuela suma un nuevo capítulo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Los tres hombres condenados por haber fumigado a una maestra y a los alumnos de una escuela rural de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, en 2014, finalmente llegaron a la Cámara de Casación Penal de la Provincia, con un planteo para que se revea la sentencia que los condenó a un año y medio de prisión condicional.
José Mario Honecker, titular del campo lindante a la escuela; Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la firma Aero Litoral SA, de Villaguay; y el piloto de fumigó el campo, César Martín Visconti, fueron condenados el 3 de octubre de 2017 por el Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
Los jueces coincidieron con la Fiscalía y los condenó por el delito de lesiones leves culposas –negligente- en concurso ideal con contaminación ambiental por haber fumigado la Escuela N° 44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay.
La pulverización ocurrió el 4 de diciembre de 2014 en un área del campo que explotaba con cultivo de arroz y maíz localizado en los kilómetros 7 y 11 de la zona rural, frente a la escuela. La fumigación afectó a la maestra Mariela Leiva -referente de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas- y a cinco chicos que se encontraban en el aula.
Aquella vez, hace casi cuatro años, la avioneta descargó un cóctel peligroso para la salud: los productos químicos Ako Power, Dash, Aura y Clincher. Este último calificado como Residuo Peligroso por la Ley Nacional 24.051.
Disconformes con la resolución, los abogados Laura Madoz (defensora de Honeker) y Eduardo Emilio De Casas, (que asiste a Visconti y Rodríguez) fueron en apelación ante la Cámara de Casación Penal con el fin de que se revoque la sentencia. La principal tesis de los letrados es que en el caso no sólo fueron sentenciados sus defendidos “sino todo un modelo productivo”.
Recientemente, el Tribunal de Casación admitió el recurso de apelación interpuesto por los defensores contra aquella sentencia y se fijó fecha para la audiencia en el que se resolverá si el fallo de primera instancia es confirmado o revocado: será el 21 de junio, a las 11, en los Tribunales de Paraná. Los jueces serán Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.
A pesar de que el fallo del Tribunal de Juicio fue cuestionado por los abogados de los tres hombres castigados por la fumigación imprudente, que vincularon la resolución a una “presión mediática” y de ONG’S contra el uso de agroquímicos, los jueces dejaron en claro que lo que sucedió en Santa Anita fue un conjunto de irregularidades, y que lo que se juzgó no fue el sistema productivo a base de agroquímicos.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que el día de la fumigación existieron varias condiciones que no se tuvieron en cuenta. En primer lugar, no haberse limitado en el uso de agroquímicos por la existencia de la escuela a distancia menor de 50 metros del lote sembrado; no haber comunicado que se iba a realizar la pulverización aérea; no haber contado con la presencia con un técnico en la materia el día de la fumigación; y porque al momento de la pulverización la empresa Aero Litoral no estaba habilitada para hacerlo tal como lo exige la Ley de Agroquímicos de Entre Ríos Nº 6.599, entre otras irregularidades.
Por esa razón, entendieron que “se hace pasible a los imputados de la responsabilidad atribuida no ya por haber tomado una decisión en sí misma delictiva sino más bien por los actos negligentes que se concretaran a partir de la inobservancia de los reglamentos”.
Así, al finalizar la resolución, resaltaron que en el caso “se han juzgado conductas humanas, es decir, se analizaron responsabilidades individuales derivadas de una actividad específica. De modo alguno se trata de una generalización -que aquí no cabe- sobre la eficacia o no de distintos modelos productivos agropecuarios”.
Sin embargo, a pesar de la aclaración de la magistratura, los tres hombres buscarán que la sentencia en su contra sea revocada.
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Los apicultores repudiaron los dichos de Etchevehere
Agroquímicos: denuncian que "están matando a todas las abejas"
Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Los apicultores repudiaron los dichos del Ministro de Agroindustria. Reclaman no utilizar más agroquímicos
El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), protagonizaron un fuerte cruce con motivo de la masiva muerte de abejas que se registró en Córdoba y en otras regiones del país. Roberto Imberti, tesorero de SADA, se refirió a las declaraciones del ministro, en las que había señalado que "el modelo de agroquímicos no cambiará".
En declaraciones radiales, Imberti aseguró que "esos dichos no son favorables" y afirmó que "no pueden convivir con algo que está matando las abejas". "La inquietud más importante es el efecto que notan los apicultores sobre las colmenas por el uso de agroquímicos, y eso hace que se dificulte la actividad del sector. El glifosato lo que hace es dejar sin comida a las abejas y los agroquímicos que son perjudiciales para las abejas afectan su sistema nervioso, las desorientan y se pierden de la colmena, afectando todo el proceso".
Ante esto, indicó que la respuesta del ministro Etchevehere es "qué pensamos hacer nosotros para convivir con este sistema, es decir, que nada va a cambiar y que cada vez se necesitará más agroquímico para producir, pero nosotros no podemos seguir trabajando si se está matando a todas las abejas".
Y remató: "Hay zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba que se encontraron con una alta mortandad de abejas con consecuencias en la misma zona e incluso, en la gente, algo que ya está comprobado por distintas investigaciones".
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Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Los apicultores repudiaron los dichos del Ministro de Agroindustria. Reclaman no utilizar más agroquímicos
El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), protagonizaron un fuerte cruce con motivo de la masiva muerte de abejas que se registró en Córdoba y en otras regiones del país. Roberto Imberti, tesorero de SADA, se refirió a las declaraciones del ministro, en las que había señalado que "el modelo de agroquímicos no cambiará".
En declaraciones radiales, Imberti aseguró que "esos dichos no son favorables" y afirmó que "no pueden convivir con algo que está matando las abejas". "La inquietud más importante es el efecto que notan los apicultores sobre las colmenas por el uso de agroquímicos, y eso hace que se dificulte la actividad del sector. El glifosato lo que hace es dejar sin comida a las abejas y los agroquímicos que son perjudiciales para las abejas afectan su sistema nervioso, las desorientan y se pierden de la colmena, afectando todo el proceso".
Ante esto, indicó que la respuesta del ministro Etchevehere es "qué pensamos hacer nosotros para convivir con este sistema, es decir, que nada va a cambiar y que cada vez se necesitará más agroquímico para producir, pero nosotros no podemos seguir trabajando si se está matando a todas las abejas".
Y remató: "Hay zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba que se encontraron con una alta mortandad de abejas con consecuencias en la misma zona e incluso, en la gente, algo que ya está comprobado por distintas investigaciones".
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Barañao cargó contra los opositores al modelo extractivista
La ciencia argentina llama a una batalla contra los fundamentalismos
Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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Proponen suba de impuestos para la agricultura industrial
Santa Fe: un diputado pide subir 100% los impuestos a los productores que aplican agroquímicos y bajarlos a quienes no los usan
Fecha de Publicación: 13/04/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado provincial (UCR-FPCyS) y exintendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto en la Cámara baja santafesina que propone una mayor carga impositiva sobre inmuebles rurales en los que se utilicen agroquímicos.
La iniciativa establece un recargo del 100% en el pago del impuesto inmobiliario para aquellos titulares de inmuebles rurales en los que, en el marco de su actividad económica, utilicen agroquímicos.
El proyecto del exintendente de Santo Tomé -ciudad vecina a esta capital- está en sintonía con anteriores proyectos de su autoría y apunta a promover la implementación de sistemas de producción agroecológicas en todo el territorio santafesino y desalentar el uso de productos fitosanitarios en explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales.
En este sentido, el legislador radical, que integra el Frente Progresista que gobierna Santa Fe desde 2007, señaló: "En un primer momento presentamos una iniciativa estableciendo un marco regulatorio para estos sistemas agroecológicos. Luego ingresamos otro proyecto de ley reduciendo hasta el 50% el valor anual a abonar en concepto de impuesto inmobiliario por los titulares de inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción orgánica, conforme a lo dispuesto por la ley nacional N° 25.127".
"Estos proyectos de Ley presentan como objetivos principales, los de preservar los recursos naturales y su biodiversidad, promover la seguridad y salubridad alimentaria, y dignificar el trabajo de las familias agricultoras", añadió el legislador radical.
A la par, Palo Oliver plantea incentivos para que "el trabajo rural preserve el ecosistema" agregando como inciso ñ) del artículo 166 del Código Fiscal (ley 3456 y modificatorias), donde se exime parcialmente (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.217.
"La exención que se instituye a los inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.127, alcanzará al 50% (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario, y procederá en tanto la autoridad tributaria verifique el cumplimiento de las normas fijadas para estos establecimientos", se destaca en el texto de la iniciativa.
"Nos parece que este tipo de incentivos, que no se trata de un balance de ingresos y egresos contables o una simple operación sobre lo que deja de percibir el Estado Provincial, no tiene otro afán que preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", subraya el texto que ingresó a la Legislatura para su tratamiento.
Consultada por el programa radial ADN Rural, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se pronunció "en total desacuerdo" con el proyecto del diputado. "Como mensaje a la sociedad es equivocado y nos saca de un eje de discusión. Tenemos que hablar de buenas prácticas agrícolas", dijo la funcionaria.
Envases de agroquímicos
Vale recordar que el gobierno provincial presentó este año en Expoagro el proyecto de innovación tecnológica para el reciclado de envases de agroquímicos. Se trata de un sistema de gestión sustentable que incluye la limpieza y el reciclado del plástico de envases de agroquímicos y el tratamiento de efluentes generados en el proceso mediante un fotorreactor diseñado a escala para la planta por el equipo del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec), instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet Santa Fe, que trabaja en el proyecto junto a la Cooperativa Mixta de Margarita.
La planta tiene un costo total de unos 6 millones de pesos y recibió en 2014 financiamiento de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), que le permitió iniciar el proyecto y movilizar a su vez otros recursos nacionales y de la Cooperativa local.
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Fecha de Publicación: 13/04/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado provincial (UCR-FPCyS) y exintendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto en la Cámara baja santafesina que propone una mayor carga impositiva sobre inmuebles rurales en los que se utilicen agroquímicos.
La iniciativa establece un recargo del 100% en el pago del impuesto inmobiliario para aquellos titulares de inmuebles rurales en los que, en el marco de su actividad económica, utilicen agroquímicos.
El proyecto del exintendente de Santo Tomé -ciudad vecina a esta capital- está en sintonía con anteriores proyectos de su autoría y apunta a promover la implementación de sistemas de producción agroecológicas en todo el territorio santafesino y desalentar el uso de productos fitosanitarios en explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales.
En este sentido, el legislador radical, que integra el Frente Progresista que gobierna Santa Fe desde 2007, señaló: "En un primer momento presentamos una iniciativa estableciendo un marco regulatorio para estos sistemas agroecológicos. Luego ingresamos otro proyecto de ley reduciendo hasta el 50% el valor anual a abonar en concepto de impuesto inmobiliario por los titulares de inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción orgánica, conforme a lo dispuesto por la ley nacional N° 25.127".
"Estos proyectos de Ley presentan como objetivos principales, los de preservar los recursos naturales y su biodiversidad, promover la seguridad y salubridad alimentaria, y dignificar el trabajo de las familias agricultoras", añadió el legislador radical.
A la par, Palo Oliver plantea incentivos para que "el trabajo rural preserve el ecosistema" agregando como inciso ñ) del artículo 166 del Código Fiscal (ley 3456 y modificatorias), donde se exime parcialmente (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.217.
"La exención que se instituye a los inmuebles de zona rural destinados a explotaciones agropecuarias que desarrollen actividades bajo el sistema de producción agroecológica u orgánica, en los términos de la ley nacional Nº 25.127, alcanzará al 50% (cincuenta por ciento) del monto anual a pagar de Impuesto Inmobiliario, y procederá en tanto la autoridad tributaria verifique el cumplimiento de las normas fijadas para estos establecimientos", se destaca en el texto de la iniciativa.
"Nos parece que este tipo de incentivos, que no se trata de un balance de ingresos y egresos contables o una simple operación sobre lo que deja de percibir el Estado Provincial, no tiene otro afán que preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", subraya el texto que ingresó a la Legislatura para su tratamiento.
Consultada por el programa radial ADN Rural, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se pronunció "en total desacuerdo" con el proyecto del diputado. "Como mensaje a la sociedad es equivocado y nos saca de un eje de discusión. Tenemos que hablar de buenas prácticas agrícolas", dijo la funcionaria.
Envases de agroquímicos
Vale recordar que el gobierno provincial presentó este año en Expoagro el proyecto de innovación tecnológica para el reciclado de envases de agroquímicos. Se trata de un sistema de gestión sustentable que incluye la limpieza y el reciclado del plástico de envases de agroquímicos y el tratamiento de efluentes generados en el proceso mediante un fotorreactor diseñado a escala para la planta por el equipo del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec), instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet Santa Fe, que trabaja en el proyecto junto a la Cooperativa Mixta de Margarita.
La planta tiene un costo total de unos 6 millones de pesos y recibió en 2014 financiamiento de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), que le permitió iniciar el proyecto y movilizar a su vez otros recursos nacionales y de la Cooperativa local.
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La agricultura industrial sigue creando ríos en Córdoba
Siguen naciendo nuevos ríos en el sudoeste de Córdoba
Fecha de Publicación: 12/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace dos años asombraba la aparición del arroyo La Paraguaya. Ahora, constatan que han surgido otros en la misma región. El problema se acentúa porque se van uniendo cuencas. El cambio de uso del suelo, una clave.
Si los ríos y arroyos son los que están dibujados de azul, los mapas del sur de Córdoba ya no sirven. Cada año necesitan sumar más trazas azuladas, por los nuevos cursos de agua que se van abriendo a fuerza de tajos sobre la tierra.
Eso viene pasando, al menos, en una amplia región del sudoeste de Córdoba, entre Chaján y Vicuña Mackenna, en el departamento Río Cuarto.
Si alguien creía que los ríos sólo eran marcas inmemoriales, que están allí desde siempre, esta región es una evidencia de que no es así. Acá, siguen naciendo.
Algunos hasta tienen fecha de nacimiento. La Paraguaya, por ejemplo, es un arroyo que todos vieron surgir el 25 de noviembre de 2015.
Ese día, tras varias lluvias intensas, se abrió paso por unos 20 kilómetros de campos, en la zona de Chaján. Unos 30 años antes, los lugareños ya habían visto un antecedente: algo más al este, había nacido de la nada el arroyo que bautizaron Zelegua.
El Zelegua se une al río Ají; y La Paraguaya, al río Chaján. Ambos agrandaron de ese modo su cuenca y su caudal. Ahora, lo más nuevo, en un proceso que no parece detenerse, es que se detectó que ambas cuencas se están juntando.
No es un fenómeno sólo cordobés: a escasa distancia, pero ya en la vecina provincia de San Luis, se empezó a abrir en 1985 un río al que con pura lógica llamaron “Nuevo”.
En 2005, una intensa lluvia lo agrandó tanto como para causar numerosos destrozos. Al Nuevo le siguieron otros arroyos aparecidos en esa zona. Todo mapa de esta región luce, así, desactualizado. Ya nada es como era hace apenas unas décadas.
La Paraguaya
En diciembre de 2016, La Voz produjo un informe especial sobre el nacimiento de La Paraguaya. Por esos días, llevaba un año como curso de agua permanente y amenazaba con cortar la ruta nacional 8, a la altura de Chaján.
Ha transcurrido más de un año, y a pesar de los recientes meses de notoria sequía, se siguen abriendo más cauces que parten campos en dos y aumentan el área afectada.
Lo dice mejor Juan Manuel Cisneros, investigador y docente de la cátedra de Uso y Manejo de Suelos, de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que lleva años investigando el fenómeno: “La cuenca se sigue ampliando. Lo último que vimos es que ese caudal del Chaján que sumó el aporte de La Paraguaya ahora se conecta con el del Ají, que era la cuenca vecina. Se terminó de abrir meses atrás un canal, un arroyo nuevo, que une a ambas y agrava el problema. En los últimos meses, hubo sequía, pero cuando se den lluvias intensas esa unión de caudales sumará riesgos. El Ají llevará más caudal y comprometerá a más campos, pero también a la ruta nacional 7 y a las áreas pobladas de Washington y Vicuña Mackenna”.
El Ají, tras pasar por la zona de Laboulaye, termina desaguando en el río Cuarto, entre La Carlota y Canals, apunta Cisneros.
El más nuevo
El nuevo arroyo detectado y que une ambas cuencas tiene unos 20 kilómetros. Hasta hace un año, ni se veía. Se suma a los casi 20 kilómetros que en 2015 aparecieron y los lugareños llamaron La Paraguaya, por el nombre del pequeño cerro donde el tajo se inició.
Un reciente trabajo publicado por el Servicio de Conservación y Ordenamiento de Suelos (Seciot) de la UNRC –que integran Cisneros y otros investigadores– detalla que la cuenca de la que recogían aguas esos arroyos era de 20 mil hectáreas, décadas atrás, y de 30 mil hectáreas, hasta el año 2015, pero que hoy supera ya las 40 mil y con una proyección de alcanzar las 60 mil hacia el año 2025.
En esa área se van sumando arroyos y agigantando las cárcavas (grietas) por donde avanzan.
“Desde el año 1924 hasta la actualidad, la cuenca incrementó su longitud de cauces en un 617 por ciento: de 40 a 247 kilómetros”, describe ese informe.
“Esa suma de caudales puede generar riesgos, sobre todo donde llega el Ají, sobre la ruta 7 y en poblaciones como Washington y Vicuña Mackenna. Ahí está la Provincia reforzando ahora canales de desagües”, apunta Cisneros.
José Corigliano, un agrónomo del equipo que hizo su tesis sobre este fenómeno, dice que “asombra que, aún con sequía y con las napas en baja, el problema se mantenga”. Señala, además, “los grandes cambios que se registraron con relación a un siglo atrás”.
“Se estima que, de continuar esta tendencia, se producirá un crecimiento de la longitud de cauces de un 45 por ciento más, y del área de aporte de un 110 por ciento, lo que pondría en riesgo ecosistemas de alto valor ambiental, como así también áreas productivas e infraestructuras rural y urbana”, manifiesta el informe del equipo de la UNRC.
Cuidar las rutas
El intendente de Chaján, Ricardo Reynoso, insiste desde hace más de un año en la necesidad de que Vialidad Nacional refuerce la ruta 8, en el punto donde cruza el nuevo cauce de La Paraguaya. “Estuvo siempre activo, a pesar de tanta sequía; sólo un par de meses se secó, pero con la primera lluvia volvió a tener agua”, señala.
“Nuestro temor es que con una lluvia fuerte destruya la ruta 8 y nos deje aislados. No se hicieron las obras de alcantarillas, ni un puente, ni las defensas; y seguimos reclamando. La Nación está repavimentado la 8, pero en ese punto crítico no previeron protecciones”, acota.
“En los campos nos dicen que se siguen abriendo arroyos, es como que surgen otros brazos”, agrega Reynoso.
Para ver el contraste, vale recordar cuando ocurrió el nacimiento de La Paraguaya. En aquel momento, el intendente contaba: “Los técnicos de Vialidad le dicen ‘río bebé’, porque su cauce aún es cambiante, puede que no sea el definitivo ya que demanda varias décadas para estabilizarse”.
De dónde sale
El agua que crea nuevos arroyos no nace en puntos precisos, sino que va sumando vertientes que brotan del suelo, desde las napas.
En esta zona, por el tipo de suelos frágiles y sueltos, ese excedente mal conducido genera cauces que se abren paso por los campos.
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Mendoza y el abuso de agroquímicos en investigación
Agroquímicos: las consecuencias del uso sin control
Fecha de Publicación: 12/04/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Preocupa el uso sin control de agroquímicos en Mendoza. Detectaron productos prohibidos. Una investigación científica avanza sobre cómo afecta la exposición crónica a esas sustancias. Hay mutaciones celulares en trabajadores rurales que están expuestos.
Algunas horas por día, al menos 4 veces al año, durante 15 años. José Luis se cuelga la mochila para "desbichar" la chacra como parte de una rutina anual de trabajo que coincide con el ciclo de los cultivos. Ahora está en la cosecha de la uva, luego será la aceituna, trabajos que alterna con la aplicación de plaguicidas con su mochila. "Se hace de todo, uno aprende. Aplicar los productos no es lo que más me gusta, pero hay que hacerlo porque cuando se termina la cosecha se termina el trabajo fuerte ", explica José Luis mientras espera junto a sus compañeros de trabajo que los pasen a buscar luego del mediodía en Colonia Bombal, Maipú.
El hombre cuenta que cada vez que aplica plaguicidas hay algunos cuidados: un barbijo o un pañuelo y algunas veces guantes. Pero sus patrones, explica, toman algunos recaudos. "Cuando se termina el día nos dan leche para lavar el estómago", cuenta. Tos, algún sarpullido. Pero nada grave, cree él, le ha producido ese trabajo. Al menos nada que le hayan diagnosticado
En la misma zona rural las escenas se repiten y son parte de la vida cotidiana. Maipú y Guaymallén tienen la particularidad de concentrar muchas fincas de pequeñas dimensiones donde se cultivan alimentos para consumo de toda la provincia. Sobre ruta 2 dos hombres preparan la mochila con matayuyos. Ese es el nombre popular y genérico para los químicos que se usan para desmalezar de manera más rápida que la mano del hombre. Sin ninguna protección, Jorge, uno de los propietarios del campo, echa el veneno con una botella de gaseosa. El tanque se desborda y se derrama veneno sobre las manos del hombre. La aplicación también es casera: recorren los surcos rociando glifosato y otros compuestos para erradicar la maleza. "No hace nada esto. A otra gente que está más tiempo le puede afectar, pero nosotros lo hacemos acá nomás", cuenta.
En realidad, Jorge puede que tenga consecuencias en su salud por el uso de agroquímicos, pero no se esté dando cuenta pues es un proceso silencioso.
Contaminados
Atribuirle problemas de salud al uso de plaguicidas es complejo. Pero las investigaciones realizadas en Mendoza generaron indicios fuertes. En el Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) de la Universidad Juan Agustín Maza un grupo de docentes investigadores CONICET- UMaza y estudiantes avanzados, estudian los investigan los efectos que puede tener para la salud la exposición crónica a plaguicidas y detectaron que los trabajadores rurales que estuvieron expuestos por varios años a esas sustancias tienen niveles aumentados de daño genético respecto de otras personas que no utilizan plaguicidas en el ámbito laboral. El estudio tiene una importante relevancia y fue publicado por una prestigiosa revista científica de la UNAM (leé el paper completo acá ).
El estudio se hizo en dos etapas: primero a través de una encuesta de profundidad donde se relevaron datos de usos y costumbres en la aplicación de esos productos. Allí se confirmó que el acceso a químicos es indiscriminado e incluso aún se usan plaguicidas prohibidos o de uso restringido. Luego, a un grupo de 20 de ellos, voluntarios para este estudio, se le tomaron muestras de células epiteliales para analizar en laboratorio. "Estudiamos en Maipú el riesgo de toxicidad crónica en trabajadores rurales que por años aplican plaguicidas. En muchos casos usan una combinación de ellos, que son 4 o 6 productos por año. Se relevaron a 100 trabajadores rurales. Se les preguntó qué productos usaban, con qué frecuencia, cómo se protegían al aplicarlos. De ese relevamiento se recabó que hay 54 principios activos diferentes que son usados. Algunos de los químicos que se usan están prohibidos, como el metamidofos o el endosulfán, que está prohibido pero es citado todavía por algunos agricultores", explicó Nora Gorla, investigadora del CONICET y directora del Laboratorio de GenAR de la Universidad Juan Agustín Maza.
Para comparar los resultados, tomaron como "grupo control o de referencia" a 20 personas de de sexo y edad similar , pero que no habían estado expuestas a plaguicidas. "Se les tomó muestra del epitelio bucal, de la cara interna de la boca. Es un raspado que se hace en la cara interna de la mejilla y ahí se obtiene una buena cantidad de células y se puede ver el estado de esas células. Los resultados fueron importantes. Cada una tiene el material genético, que está en el núcleo de la células. Se analiza y uno puede ver el "estado de salud" de esa célula. Se puede saber si ese núcleo está saludable o si ha tenido alteraciones genéticas. Tenemos biomarcadores que nos pueden alertar si hubo daño en ese material genético", explicó la científica. "Lo normal es que hubiera un núcleo solamente. Sin embargo existen micronúcleos, que es material que ha sufrido daño y no se puede incorporar en el núcleo principal y queda como material extra. Las burbujas o brotes que se observan en algunos núcleos tampoco son normales. Se estudia en el microscopio la "salud" de las células. En el caso que estudiamos se ha duplicado o triplicado el nivel basal de daño en las personas expuestas a plaguicidas respecto del grupo humano de referencia", aseguró.
Los resultados individuales y grupales fueron entregados por escrito a cada participante junto a una cartilla informativa de las medidas de seguridad que deben tomar al manipular estos productos, contempladas en la Buenas Prácticas Agrícolas.
Las conclusiones presentadas en el "paper" de la investigación son importantes: "La frecuencia de micronúcleos en el grupo expuesto crónicamente a plaguicidas fue ocho veces mayor respecto al GR (las personas no expuestas), además se observaron aproximadamente cinco veces más brotes nucleares y el doble de células binucleadas. Este último parámetro indica un efecto de alteración en la cariocinesis, sumado al daño genético evidenciado con los demás parámetros", explica el texto.
Los científicos explican que muchas enfermedades son producto de la acumulación de daño genético. "Si el material genético se daña hablamos de mutaciones, de cambios que pueden ser heredables o no. Importa ver si la población está en edad reproductiva o no. Esas células pueden trasmitirse o generar problemas en las mismas personas. La peor de las situaciones sería favorecer el desarrollo canceroso. El cáncer es el producto de acumulación de daño en el material genético. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado, no es una situación de blanco o negro. Es aumentar el nivel de daño genético. Se acumula el daño según la cantidad de exposición. Un adulto tiene un nivel de daño mayor que un niño por el tiempo de vida transcurrido. Lo que hemos evaluado no se puede decir que es 100 por ciento culpa de los plaguicidas", agregó Nora Gorla.
Los datos sobre las consecuencias del mal uso de plaguicidas surgió inicialmente de una fuente extraña: en el informe presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete Marcos Peña figura el ranking de personas intoxicadas por el mal uso de esos químicos. Mendoza está a la cabeza de esa lista con 127 casos. Sin embargo es un subregistro de la realidad y que solo tiene en cuenta los casos de intoxicación aguda. "Ese dato no es correcto porque son muchos más casos. Nosotros recibimos cerca de 300 consultas mensuales, pero son por intoxicación aguda. El tema es la afectación silenciosa que hay por la exposición crónica", explicó a MDZ Sergio Saracco, director de toxicología e investigador. Saracco asegura que muchos problemas de salud tienen origen en esa exposición y que por eso han recibido derivaciones de centros de salud de zonas rurales como Corralitos, Puente de Hierro y Beltrán. "No son inocuos para la salud. Fueron creados para hacer daño y una de las consecuencias es el daño neurológico", agrega Nora Gorla.
El uso de plaguicidas tiene mucho de folklore en el campo mendocino, a pesar de que se trata de la manipulación de sustancias tóxicas.
Así, por ejemplo, los compran sin ninguna prescripción y se designan en la mayoría de los casos por el número, por el uso genérico (como matayuyos) y según "usos y costumbres". "Hay que echarle matayuyos para mantener limpio. Después se pone veneno para los bichos. Hay que usar protección. Guantes y barbijo. Pero hay muchos que no los usan. El riesgo es todo del productor, y después el intermediario se lleva la mayor parte de lo que se junta", explica Luisa Gil, que trabaja en las chacras de Maipú desde 1981 en su chacra al costado de la ruta provincial 2.
El 20% de los trabajadores rurales no usa ningún método de protección para evitar contaminarse y todos tienen algún grado de desprotección. Incluso el pañuelo en la boca es uno de los métodos folklóricos más usados.
El glifosato y los productos prohibidos que se usan
Entre los datos relevantes que surgieron de la investigación del GENAR está cuál es el herbicida más usado. Y allí hubo una sorpresa porqu es el glifosato, un herbicida creado para el desarrollo de la soja transgénica y que tiene como particularidad "matar toda vida vegetal".
Pero además se mencionaron otros productos, varios de ellos prohibidos. "De un total de 12 plaguicidas mencionados por los trabajadores, los insecticidas fueron los más citados (55.83 %), seguido por los herbicidas (30.54 %) y los fungicidas(13.63 %). Los plaguicidas que los participantes refirieron usar en los últimos dos años fueron: metidatión (nombrado 31% de veces), glifosato (25 %), metoxifenocida (11 %) y en menor proporción (5 % o menos cada uno) imidacloprid, carbosulfán, carbofurán, endosulfán, avemectina, captan, mancozeb", detalla el estudio.
El metidatión, el más usado, es un organofosforado que pertenece al grupo Ib (altamente peligroso) en la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud.
Además del estudio enfocado en los alimentos vegetales, sumaron el análisis en el ganado bovino,es decir que productos químicos se utilizan en la producción bovina de carne en Mendoza. Al cruzar los datos descubrieron que los consumidores de alimentos pueden estar absorbiendo algunas de estas sustancias por varias vías. "La misma encuesta que se hizo para recabar información se hizo para productores de carne. Le preguntamos qué medicamentos se usan, cada cuánto tiempo. Resultó que lo que más usan son insecticidas. Se llaman antiparasitarios, pero son insecticidas. Tienen los mismos principios activos. Cruzamos los datos y hay dos compuestos que se comparten: clorpirifos y cipermetrina, que son utilizados para la producción de carne y para la producción de frutas y verduras, en nuestro medio. Tenemos riesgo que nos entren residuos de estos compuestos por más de una vía. Carnes, frutas y verduras...Casi todos los insecticidas caseros que usamos tienen permetrina, un piretroide (al igual que la citada cipermetrina), entonces se agrega otra vía más de incorporación de estas sustancias a nuestra vida diaria. No es que hay de dejar de usar, pero ser conscientes y hacer un uso cauteloso y cuidado de los mismos", explicó Nora Gorla.
Todo el equipo de la UMaza y el CONICET avanza con la investigación de los efectos de los agroquímicos en otras especies con la idea de detectar riesgos de manera temprana. Es decir, analizan si el uso de sustancias afecta al ecosistema en especies silvestres, sobre todo por el avance de los cultivos y la urbanización.
El acceso a los químicos es sencillo porque no se cumple la ley. Incluso la aparición de productos prohibidos en algunos de los estudios indica que se siguen comercializando.
Las consecuencias para la salud del uso de esos productos son difíciles de medir. Pero como explica desde el título la científica Rachel Carson, sus efectos existen y son silenciosos.
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Fecha de Publicación: 12/04/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Preocupa el uso sin control de agroquímicos en Mendoza. Detectaron productos prohibidos. Una investigación científica avanza sobre cómo afecta la exposición crónica a esas sustancias. Hay mutaciones celulares en trabajadores rurales que están expuestos.
Algunas horas por día, al menos 4 veces al año, durante 15 años. José Luis se cuelga la mochila para "desbichar" la chacra como parte de una rutina anual de trabajo que coincide con el ciclo de los cultivos. Ahora está en la cosecha de la uva, luego será la aceituna, trabajos que alterna con la aplicación de plaguicidas con su mochila. "Se hace de todo, uno aprende. Aplicar los productos no es lo que más me gusta, pero hay que hacerlo porque cuando se termina la cosecha se termina el trabajo fuerte ", explica José Luis mientras espera junto a sus compañeros de trabajo que los pasen a buscar luego del mediodía en Colonia Bombal, Maipú.
El hombre cuenta que cada vez que aplica plaguicidas hay algunos cuidados: un barbijo o un pañuelo y algunas veces guantes. Pero sus patrones, explica, toman algunos recaudos. "Cuando se termina el día nos dan leche para lavar el estómago", cuenta. Tos, algún sarpullido. Pero nada grave, cree él, le ha producido ese trabajo. Al menos nada que le hayan diagnosticado
En la misma zona rural las escenas se repiten y son parte de la vida cotidiana. Maipú y Guaymallén tienen la particularidad de concentrar muchas fincas de pequeñas dimensiones donde se cultivan alimentos para consumo de toda la provincia. Sobre ruta 2 dos hombres preparan la mochila con matayuyos. Ese es el nombre popular y genérico para los químicos que se usan para desmalezar de manera más rápida que la mano del hombre. Sin ninguna protección, Jorge, uno de los propietarios del campo, echa el veneno con una botella de gaseosa. El tanque se desborda y se derrama veneno sobre las manos del hombre. La aplicación también es casera: recorren los surcos rociando glifosato y otros compuestos para erradicar la maleza. "No hace nada esto. A otra gente que está más tiempo le puede afectar, pero nosotros lo hacemos acá nomás", cuenta.
En realidad, Jorge puede que tenga consecuencias en su salud por el uso de agroquímicos, pero no se esté dando cuenta pues es un proceso silencioso.
Contaminados
Atribuirle problemas de salud al uso de plaguicidas es complejo. Pero las investigaciones realizadas en Mendoza generaron indicios fuertes. En el Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) de la Universidad Juan Agustín Maza un grupo de docentes investigadores CONICET- UMaza y estudiantes avanzados, estudian los investigan los efectos que puede tener para la salud la exposición crónica a plaguicidas y detectaron que los trabajadores rurales que estuvieron expuestos por varios años a esas sustancias tienen niveles aumentados de daño genético respecto de otras personas que no utilizan plaguicidas en el ámbito laboral. El estudio tiene una importante relevancia y fue publicado por una prestigiosa revista científica de la UNAM (leé el paper completo acá ).
El estudio se hizo en dos etapas: primero a través de una encuesta de profundidad donde se relevaron datos de usos y costumbres en la aplicación de esos productos. Allí se confirmó que el acceso a químicos es indiscriminado e incluso aún se usan plaguicidas prohibidos o de uso restringido. Luego, a un grupo de 20 de ellos, voluntarios para este estudio, se le tomaron muestras de células epiteliales para analizar en laboratorio. "Estudiamos en Maipú el riesgo de toxicidad crónica en trabajadores rurales que por años aplican plaguicidas. En muchos casos usan una combinación de ellos, que son 4 o 6 productos por año. Se relevaron a 100 trabajadores rurales. Se les preguntó qué productos usaban, con qué frecuencia, cómo se protegían al aplicarlos. De ese relevamiento se recabó que hay 54 principios activos diferentes que son usados. Algunos de los químicos que se usan están prohibidos, como el metamidofos o el endosulfán, que está prohibido pero es citado todavía por algunos agricultores", explicó Nora Gorla, investigadora del CONICET y directora del Laboratorio de GenAR de la Universidad Juan Agustín Maza.
Para comparar los resultados, tomaron como "grupo control o de referencia" a 20 personas de de sexo y edad similar , pero que no habían estado expuestas a plaguicidas. "Se les tomó muestra del epitelio bucal, de la cara interna de la boca. Es un raspado que se hace en la cara interna de la mejilla y ahí se obtiene una buena cantidad de células y se puede ver el estado de esas células. Los resultados fueron importantes. Cada una tiene el material genético, que está en el núcleo de la células. Se analiza y uno puede ver el "estado de salud" de esa célula. Se puede saber si ese núcleo está saludable o si ha tenido alteraciones genéticas. Tenemos biomarcadores que nos pueden alertar si hubo daño en ese material genético", explicó la científica. "Lo normal es que hubiera un núcleo solamente. Sin embargo existen micronúcleos, que es material que ha sufrido daño y no se puede incorporar en el núcleo principal y queda como material extra. Las burbujas o brotes que se observan en algunos núcleos tampoco son normales. Se estudia en el microscopio la "salud" de las células. En el caso que estudiamos se ha duplicado o triplicado el nivel basal de daño en las personas expuestas a plaguicidas respecto del grupo humano de referencia", aseguró.
Los resultados individuales y grupales fueron entregados por escrito a cada participante junto a una cartilla informativa de las medidas de seguridad que deben tomar al manipular estos productos, contempladas en la Buenas Prácticas Agrícolas.
Las conclusiones presentadas en el "paper" de la investigación son importantes: "La frecuencia de micronúcleos en el grupo expuesto crónicamente a plaguicidas fue ocho veces mayor respecto al GR (las personas no expuestas), además se observaron aproximadamente cinco veces más brotes nucleares y el doble de células binucleadas. Este último parámetro indica un efecto de alteración en la cariocinesis, sumado al daño genético evidenciado con los demás parámetros", explica el texto.
Los científicos explican que muchas enfermedades son producto de la acumulación de daño genético. "Si el material genético se daña hablamos de mutaciones, de cambios que pueden ser heredables o no. Importa ver si la población está en edad reproductiva o no. Esas células pueden trasmitirse o generar problemas en las mismas personas. La peor de las situaciones sería favorecer el desarrollo canceroso. El cáncer es el producto de acumulación de daño en el material genético. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado, no es una situación de blanco o negro. Es aumentar el nivel de daño genético. Se acumula el daño según la cantidad de exposición. Un adulto tiene un nivel de daño mayor que un niño por el tiempo de vida transcurrido. Lo que hemos evaluado no se puede decir que es 100 por ciento culpa de los plaguicidas", agregó Nora Gorla.
Los datos sobre las consecuencias del mal uso de plaguicidas surgió inicialmente de una fuente extraña: en el informe presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete Marcos Peña figura el ranking de personas intoxicadas por el mal uso de esos químicos. Mendoza está a la cabeza de esa lista con 127 casos. Sin embargo es un subregistro de la realidad y que solo tiene en cuenta los casos de intoxicación aguda. "Ese dato no es correcto porque son muchos más casos. Nosotros recibimos cerca de 300 consultas mensuales, pero son por intoxicación aguda. El tema es la afectación silenciosa que hay por la exposición crónica", explicó a MDZ Sergio Saracco, director de toxicología e investigador. Saracco asegura que muchos problemas de salud tienen origen en esa exposición y que por eso han recibido derivaciones de centros de salud de zonas rurales como Corralitos, Puente de Hierro y Beltrán. "No son inocuos para la salud. Fueron creados para hacer daño y una de las consecuencias es el daño neurológico", agrega Nora Gorla.
El uso de plaguicidas tiene mucho de folklore en el campo mendocino, a pesar de que se trata de la manipulación de sustancias tóxicas.
Así, por ejemplo, los compran sin ninguna prescripción y se designan en la mayoría de los casos por el número, por el uso genérico (como matayuyos) y según "usos y costumbres". "Hay que echarle matayuyos para mantener limpio. Después se pone veneno para los bichos. Hay que usar protección. Guantes y barbijo. Pero hay muchos que no los usan. El riesgo es todo del productor, y después el intermediario se lleva la mayor parte de lo que se junta", explica Luisa Gil, que trabaja en las chacras de Maipú desde 1981 en su chacra al costado de la ruta provincial 2.
El 20% de los trabajadores rurales no usa ningún método de protección para evitar contaminarse y todos tienen algún grado de desprotección. Incluso el pañuelo en la boca es uno de los métodos folklóricos más usados.
El glifosato y los productos prohibidos que se usan
Entre los datos relevantes que surgieron de la investigación del GENAR está cuál es el herbicida más usado. Y allí hubo una sorpresa porqu es el glifosato, un herbicida creado para el desarrollo de la soja transgénica y que tiene como particularidad "matar toda vida vegetal".
Pero además se mencionaron otros productos, varios de ellos prohibidos. "De un total de 12 plaguicidas mencionados por los trabajadores, los insecticidas fueron los más citados (55.83 %), seguido por los herbicidas (30.54 %) y los fungicidas(13.63 %). Los plaguicidas que los participantes refirieron usar en los últimos dos años fueron: metidatión (nombrado 31% de veces), glifosato (25 %), metoxifenocida (11 %) y en menor proporción (5 % o menos cada uno) imidacloprid, carbosulfán, carbofurán, endosulfán, avemectina, captan, mancozeb", detalla el estudio.
El metidatión, el más usado, es un organofosforado que pertenece al grupo Ib (altamente peligroso) en la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud.
Además del estudio enfocado en los alimentos vegetales, sumaron el análisis en el ganado bovino,es decir que productos químicos se utilizan en la producción bovina de carne en Mendoza. Al cruzar los datos descubrieron que los consumidores de alimentos pueden estar absorbiendo algunas de estas sustancias por varias vías. "La misma encuesta que se hizo para recabar información se hizo para productores de carne. Le preguntamos qué medicamentos se usan, cada cuánto tiempo. Resultó que lo que más usan son insecticidas. Se llaman antiparasitarios, pero son insecticidas. Tienen los mismos principios activos. Cruzamos los datos y hay dos compuestos que se comparten: clorpirifos y cipermetrina, que son utilizados para la producción de carne y para la producción de frutas y verduras, en nuestro medio. Tenemos riesgo que nos entren residuos de estos compuestos por más de una vía. Carnes, frutas y verduras...Casi todos los insecticidas caseros que usamos tienen permetrina, un piretroide (al igual que la citada cipermetrina), entonces se agrega otra vía más de incorporación de estas sustancias a nuestra vida diaria. No es que hay de dejar de usar, pero ser conscientes y hacer un uso cauteloso y cuidado de los mismos", explicó Nora Gorla.
Todo el equipo de la UMaza y el CONICET avanza con la investigación de los efectos de los agroquímicos en otras especies con la idea de detectar riesgos de manera temprana. Es decir, analizan si el uso de sustancias afecta al ecosistema en especies silvestres, sobre todo por el avance de los cultivos y la urbanización.
El acceso a los químicos es sencillo porque no se cumple la ley. Incluso la aparición de productos prohibidos en algunos de los estudios indica que se siguen comercializando.
Las consecuencias para la salud del uso de esos productos son difíciles de medir. Pero como explica desde el título la científica Rachel Carson, sus efectos existen y son silenciosos.
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Expuso docente que sufre las fumigaciones en Entre Ríos
Docente de escuela fumigada: "No sabemos en qué estado está nuestra salud"
Fecha de Publicación: 08/04/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Participó del ciclo en Diputados la docente de Santa Anita que, con su denuncia, logró que se condene a responsables de fumigación en zona de una escuela. Dijo a Elonce TV que no recibieron indemnización.
Este miércoles, la Cámara de Diputados fue el escenario del Tercer Ciclo de Socialización de Saberes sobre "agroquímicos y el impacto en la salud humana". Especialistas lograron comprobar la relación causal entre enfermedades y el uso de agrotóxicos.
Del encuentro participó Mariela Leiva, la docente que denunció fumigaciones en escuela rural de Santa Anita y cuyos responsables fueron condenados, conoció Elonce TV.
Recordemos que la fumigación de la escuela Nº 44 de Santa Anita, ocurrida el 4 de diciembre de 2014, trajo como consecuencia que los estudiantes y la docente Mariela Leiva debieron recibir atención médica en el hospital "Reverendo Padre Betcher", de esa localidad, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.
La propia Leiva formuló la denuncia y producto de esto la fiscal Melisa Ríos abrió una investigación, con tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave.
El 3 de octubre del año pasado se conoció la sentencia.
"Ganamos la primera sentencia de un juicio por contaminación donde salieron condenados el productor, el presidente de la empresa de aviación y el piloto. La causa duró tres años, y el 3 de octubre del año pasado fueron condenados", rememoró Leiva.
Recordó que la fumigación se realizaba "en el terreno aledaño a la escuela, pero cuando el avión daba la vuelta pasaba por sobre la escuela".
"Inmediatamente los niños tuvieron sintomatología, vómitos, mareos, dolores de cabeza que fueron corroborados por personal médico del hospital de la zona de Santa Anita, lo que luego fue aportado en la causa, y corroborado por el médico forense, que dijo que los síntomas de los niños eran compatibles con lo que producían los agrotóxicos esparcidos en el campo en ese momento, dado por la receta agronómica extendida pro el ingeniero agrónomo", aseveró la directora de la escuela.
Al ser consultada, expresó: "No recibimos indemnización ni siquiera sabemos hoy en día si tenemos agroquímicos en sangre o no".
"La salud, que era por lo que se tenía que velar, tanto en mis alumnos como en mí, no sabemos en qué estado está", destacó Leiva.
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Fecha de Publicación: 08/04/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Participó del ciclo en Diputados la docente de Santa Anita que, con su denuncia, logró que se condene a responsables de fumigación en zona de una escuela. Dijo a Elonce TV que no recibieron indemnización.
Este miércoles, la Cámara de Diputados fue el escenario del Tercer Ciclo de Socialización de Saberes sobre "agroquímicos y el impacto en la salud humana". Especialistas lograron comprobar la relación causal entre enfermedades y el uso de agrotóxicos.
Del encuentro participó Mariela Leiva, la docente que denunció fumigaciones en escuela rural de Santa Anita y cuyos responsables fueron condenados, conoció Elonce TV.
Recordemos que la fumigación de la escuela Nº 44 de Santa Anita, ocurrida el 4 de diciembre de 2014, trajo como consecuencia que los estudiantes y la docente Mariela Leiva debieron recibir atención médica en el hospital "Reverendo Padre Betcher", de esa localidad, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.
La propia Leiva formuló la denuncia y producto de esto la fiscal Melisa Ríos abrió una investigación, con tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave.
El 3 de octubre del año pasado se conoció la sentencia.
"Ganamos la primera sentencia de un juicio por contaminación donde salieron condenados el productor, el presidente de la empresa de aviación y el piloto. La causa duró tres años, y el 3 de octubre del año pasado fueron condenados", rememoró Leiva.
Recordó que la fumigación se realizaba "en el terreno aledaño a la escuela, pero cuando el avión daba la vuelta pasaba por sobre la escuela".
"Inmediatamente los niños tuvieron sintomatología, vómitos, mareos, dolores de cabeza que fueron corroborados por personal médico del hospital de la zona de Santa Anita, lo que luego fue aportado en la causa, y corroborado por el médico forense, que dijo que los síntomas de los niños eran compatibles con lo que producían los agrotóxicos esparcidos en el campo en ese momento, dado por la receta agronómica extendida pro el ingeniero agrónomo", aseveró la directora de la escuela.
Al ser consultada, expresó: "No recibimos indemnización ni siquiera sabemos hoy en día si tenemos agroquímicos en sangre o no".
"La salud, que era por lo que se tenía que velar, tanto en mis alumnos como en mí, no sabemos en qué estado está", destacó Leiva.
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72 millones de abejas muertas en córdoba por agrotóxicos
Los pesticidas mataron millones de abejas en las sierras de Córdoba
Fecha de Publicación: 07/04/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los estudios realizados en las últimas semanas revelaron que los pesticidas fueron los causantes de la muerte de setenta millones de abejas en el Valle de Traslasierra. Así lo confirmaron los miembros del SENASA y el área de Agricultura de la Provincia de Córdoba durante una reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC).
«El SENASA labró actas de constatación y comenzó a llevar a cabo las indicaciones plasmadas en la circular interna del SENASA 05/2012, adonde se indican los procedimientos a seguir ante la denuncia de mortandad de colmenas»; detalló el consejo, quien dio a conocer los laboratorios a los que fueron entregadas las muestras: el Laboratorio Central del SENASA (Buenos Aires) y CEPROCOR.
Asimismo, SE indicó que profesionales especializados en sanidad apícola de la Universidad Nacional de RÍo Cuarto también realizaron una inspección y tomaron muestras de apiarios afectados.
En cuanto a las zonas dañadas, se han georreferenciado un total de 910 colmenas afectadas en la zona de La Paz, pertenecientes a seis productores. Por otro lado, remarcaron que desde el área de Fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba, se ha intimado a los productores agrícolas «para que presenten las recetas fitosanitarias donde conste la aplicación de algún tipo agroquímico».
Posibles causas de la masiva mortandad de abejas
«Se presume que pudo haber ocurrido una aplicación de pesticidas a la altura del camino que conduce a la ciudad de La Paz, al oeste de la Ruta 148. Se detectó un lote con barbecho que contaba con mucha floración altamente melífera (nabo, mostacilla y demás) que sería la única oferta floral en la zona para esta época del año»; explicaron desde la entidad cordobesa.
En tanto, dejaron en claro que llegaron a esta conclusión «por medio del relato de los productores y la posterior constatación del estado del cultivo por parte de miembros del CAFC y Ambiente de Córdoba». «Asimismo, se ha estimado que la mortandad aguda y masiva de abejas comenzó a evidenciarse en los apiarios afectados desde los primeros días de marzo de 2018»; completaron.
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Fecha de Publicación: 07/04/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los estudios realizados en las últimas semanas revelaron que los pesticidas fueron los causantes de la muerte de setenta millones de abejas en el Valle de Traslasierra. Así lo confirmaron los miembros del SENASA y el área de Agricultura de la Provincia de Córdoba durante una reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC).
«El SENASA labró actas de constatación y comenzó a llevar a cabo las indicaciones plasmadas en la circular interna del SENASA 05/2012, adonde se indican los procedimientos a seguir ante la denuncia de mortandad de colmenas»; detalló el consejo, quien dio a conocer los laboratorios a los que fueron entregadas las muestras: el Laboratorio Central del SENASA (Buenos Aires) y CEPROCOR.
Asimismo, SE indicó que profesionales especializados en sanidad apícola de la Universidad Nacional de RÍo Cuarto también realizaron una inspección y tomaron muestras de apiarios afectados.
En cuanto a las zonas dañadas, se han georreferenciado un total de 910 colmenas afectadas en la zona de La Paz, pertenecientes a seis productores. Por otro lado, remarcaron que desde el área de Fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba, se ha intimado a los productores agrícolas «para que presenten las recetas fitosanitarias donde conste la aplicación de algún tipo agroquímico».
Posibles causas de la masiva mortandad de abejas
«Se presume que pudo haber ocurrido una aplicación de pesticidas a la altura del camino que conduce a la ciudad de La Paz, al oeste de la Ruta 148. Se detectó un lote con barbecho que contaba con mucha floración altamente melífera (nabo, mostacilla y demás) que sería la única oferta floral en la zona para esta época del año»; explicaron desde la entidad cordobesa.
En tanto, dejaron en claro que llegaron a esta conclusión «por medio del relato de los productores y la posterior constatación del estado del cultivo por parte de miembros del CAFC y Ambiente de Córdoba». «Asimismo, se ha estimado que la mortandad aguda y masiva de abejas comenzó a evidenciarse en los apiarios afectados desde los primeros días de marzo de 2018»; completaron.
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Concejos en la espera de regular las fumigaciones
Los asambleístas esperan que el Concejo ponga un freno a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Nacional
A contramano del discurso oficial, representado por el ministro de Agroindustria de la Nación, para quien el glifosato es comparable al ‘detergente de la cocina’ o el ‘mata cucarachas’, los municipios entrerrianos as importantes quieren dictar medidas restrictivas para su uso. No obstante, se topan con la negativa de los sectores que comercializan y utilizan el glifosato. En Paraná se sancionó una ordenanza y el intendente Sergio Varisco la vetó. En Gualeguaychú y Concordia se presentaron iniciativas similares. En Concordia, desde la Asamblea Ambiental se manifiesta que “cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”. No obstante, son conscientes de que “así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado”, según aseguró uno de los asambleístas a DIARIOJUNIO.
Cuando asumió el ministro de Agroindustria de la Nación en noviembre pasado, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo: “vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción ni más ni menos que de alimentos”.
“En junio del año pasado, 106 premios Nóbel dijeron que el glifosato en sí mismo no causa ningún tipo de daño a la salud humana”, planteó y lo comparó con el detergente de la cocina o el mata cucarachas. “¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo de tal manera que no cause ningún daño a la salud”, expresó, y añadió: “El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”.
En tanto, en agosto pasado, el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, tomó la decisión de acortar la distancia mínima para la fumigación con glifosato, que a partir de ahora podrá ser a una cuadra de distancia de viviendas habitadas.
En noviembre del año pasado, el concejal Esteban Benítez presentó un proyecto de ordenanza que apunta a restringir la aplicación de glifosato, sustancia calificada como cancerígena por la OMS, en todo el ejido de la ciudad. De hecho, mencionaba que en Italia se prohibió la utilización del herbicida al igual que en Francia dado que la OMS lo catalogó como un producto cancerígeno. A los efectos prácticos, el edil dijo que en Concordia no hay grandes extensiones de campo. “Se puede usar para los parques como herbicida”, indicó. Pero remarcó que sería “un paso más con el cuidado de la salud, con la no contaminación y de la ciudad turística que queremos”.
Las dudas respecto del cumplimiento de la normativa en caso de ser sancionada son muchas teniendo en cuenta, por ejemplo, las dificultades que generó la aplicación de la prohibición de la pirotecnia en la ciudad. Luego de ser sancionada, la ordenanza no fue tenida en cuenta y se arrojó pirotecnia en varios eventos. No obstante, lo primero es ser ratificada en el recinto para luego sí exigir su acatamiento.
Hilda González, integrante de la Asamblea Ambiental de Concordia, indicó que la comisión de trabajo está considerando la normativa y trabajando sobre la misma. “Cada uno lo ve como una realidad, como una verdad”, indicó.
Pero González señaló que hay muchos frentes abiertos que se deben considerar. “Cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”, señaló.
Oscar Villanova, integrante de la Asamblea, mencionó que el martes se reunieron con el Concejo en comisión donde estaban ediles del oficialismo y la oposición. “Nos convocaron para escuchar nuestro debate sobre este tema. De manera que algunas cosas pudimos decir. Creo que fueron muy respetuosos y tuvieron la atención de escuchar nuestra postura”, dijo.
Ese día también estuvo presente un grupo de ingenieros agrónomos aunque no en representación del Colegio de Ingenieros Agronomos sino en forma particular. “Ellos expusieron los suyo también. Por supuesto, en la misma orientación que nosotros que tenemos de decirles no a los agrotoxicos porque es un veneno”, dijo Villanova.
“Uno cuando se mete en el tema, así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado. En ciudades como San Salvador, donde está intercalada la ciudad con la industria, están los silos, y donde se trasvasa ese cereal, el polvillo es altamente contaminante porque contiene todos esos tóxicos”, añadió el asambleísta. “Esperemos que pronto se legisle; en general había consenso entre los ediles con matices”, dijo.
Paraná
El 30 de noviembre pasado, el Concejo Deliberante de Paraná prohibió la comercialización y aplicación del glifosato en el éjido de la capital entrerriana. El proyecto aprobado en Paraná, presentado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
La medida también condena “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”.
Pero a principios de febrero de este año, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
Gualeguaychú
A fines de noviembre pasado, el equipo de investigadoras realizó la presentación de un Informe Epidemiológico sobre cáncer en la ciudad y Martín Piaggio, secretario de Desarrollo Social municipal, anunció dos proyectos de ordenanza para la ciudad: una que prohibiría las aplicaciones aéreas y reglamentara el uso de agroquímicos y, otra, que prohibiría el almacenamiento, la comercialización y el uso de glifosato dentro del ejido local.
Pero se alzaron voces en contrario. En febrero pasado, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto, se mostró en desacuerdo con la prohibición del agroquímico de "un día para el otro", pero aclaró que se debe controlar y castigar el mal uso, y que desde la entidad no se defenderá a aquellos que dejan "mal parado" al campo.
La Justicia
En enero pasado, el fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, pidió detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal, según publicó Página 12.
Para el fiscal no hay dudas sobre la relación entre la creciente contaminación con estas sustancias de las zonas agrarias con los “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, algo que las organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años.
Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el cáncer es la primera causa de muerte en las zonas agrícolas de la Argentina. Y allí mismo los nacimientos de niños con malformaciones crece exponencialmente. Por ejemplo, la media nacional es 1,6 por ciento cada mil niños nacidos; en Río Cuarto, Córdoba, es el 4 por ciento.
Rosario
El 1° de diciembre pasado, dos semanas después de haberse en Rosario prohibido la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma. La plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada. Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico", según publicó La Capital.
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Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Nacional
A contramano del discurso oficial, representado por el ministro de Agroindustria de la Nación, para quien el glifosato es comparable al ‘detergente de la cocina’ o el ‘mata cucarachas’, los municipios entrerrianos as importantes quieren dictar medidas restrictivas para su uso. No obstante, se topan con la negativa de los sectores que comercializan y utilizan el glifosato. En Paraná se sancionó una ordenanza y el intendente Sergio Varisco la vetó. En Gualeguaychú y Concordia se presentaron iniciativas similares. En Concordia, desde la Asamblea Ambiental se manifiesta que “cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”. No obstante, son conscientes de que “así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado”, según aseguró uno de los asambleístas a DIARIOJUNIO.
Cuando asumió el ministro de Agroindustria de la Nación en noviembre pasado, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo: “vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción ni más ni menos que de alimentos”.
“En junio del año pasado, 106 premios Nóbel dijeron que el glifosato en sí mismo no causa ningún tipo de daño a la salud humana”, planteó y lo comparó con el detergente de la cocina o el mata cucarachas. “¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo de tal manera que no cause ningún daño a la salud”, expresó, y añadió: “El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”.
En tanto, en agosto pasado, el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, tomó la decisión de acortar la distancia mínima para la fumigación con glifosato, que a partir de ahora podrá ser a una cuadra de distancia de viviendas habitadas.
En noviembre del año pasado, el concejal Esteban Benítez presentó un proyecto de ordenanza que apunta a restringir la aplicación de glifosato, sustancia calificada como cancerígena por la OMS, en todo el ejido de la ciudad. De hecho, mencionaba que en Italia se prohibió la utilización del herbicida al igual que en Francia dado que la OMS lo catalogó como un producto cancerígeno. A los efectos prácticos, el edil dijo que en Concordia no hay grandes extensiones de campo. “Se puede usar para los parques como herbicida”, indicó. Pero remarcó que sería “un paso más con el cuidado de la salud, con la no contaminación y de la ciudad turística que queremos”.
Las dudas respecto del cumplimiento de la normativa en caso de ser sancionada son muchas teniendo en cuenta, por ejemplo, las dificultades que generó la aplicación de la prohibición de la pirotecnia en la ciudad. Luego de ser sancionada, la ordenanza no fue tenida en cuenta y se arrojó pirotecnia en varios eventos. No obstante, lo primero es ser ratificada en el recinto para luego sí exigir su acatamiento.
Hilda González, integrante de la Asamblea Ambiental de Concordia, indicó que la comisión de trabajo está considerando la normativa y trabajando sobre la misma. “Cada uno lo ve como una realidad, como una verdad”, indicó.
Pero González señaló que hay muchos frentes abiertos que se deben considerar. “Cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”, señaló.
Oscar Villanova, integrante de la Asamblea, mencionó que el martes se reunieron con el Concejo en comisión donde estaban ediles del oficialismo y la oposición. “Nos convocaron para escuchar nuestro debate sobre este tema. De manera que algunas cosas pudimos decir. Creo que fueron muy respetuosos y tuvieron la atención de escuchar nuestra postura”, dijo.
Ese día también estuvo presente un grupo de ingenieros agrónomos aunque no en representación del Colegio de Ingenieros Agronomos sino en forma particular. “Ellos expusieron los suyo también. Por supuesto, en la misma orientación que nosotros que tenemos de decirles no a los agrotoxicos porque es un veneno”, dijo Villanova.
“Uno cuando se mete en el tema, así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado. En ciudades como San Salvador, donde está intercalada la ciudad con la industria, están los silos, y donde se trasvasa ese cereal, el polvillo es altamente contaminante porque contiene todos esos tóxicos”, añadió el asambleísta. “Esperemos que pronto se legisle; en general había consenso entre los ediles con matices”, dijo.
Paraná
El 30 de noviembre pasado, el Concejo Deliberante de Paraná prohibió la comercialización y aplicación del glifosato en el éjido de la capital entrerriana. El proyecto aprobado en Paraná, presentado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
La medida también condena “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”.
Pero a principios de febrero de este año, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
Gualeguaychú
A fines de noviembre pasado, el equipo de investigadoras realizó la presentación de un Informe Epidemiológico sobre cáncer en la ciudad y Martín Piaggio, secretario de Desarrollo Social municipal, anunció dos proyectos de ordenanza para la ciudad: una que prohibiría las aplicaciones aéreas y reglamentara el uso de agroquímicos y, otra, que prohibiría el almacenamiento, la comercialización y el uso de glifosato dentro del ejido local.
Pero se alzaron voces en contrario. En febrero pasado, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto, se mostró en desacuerdo con la prohibición del agroquímico de "un día para el otro", pero aclaró que se debe controlar y castigar el mal uso, y que desde la entidad no se defenderá a aquellos que dejan "mal parado" al campo.
La Justicia
En enero pasado, el fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, pidió detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal, según publicó Página 12.
Para el fiscal no hay dudas sobre la relación entre la creciente contaminación con estas sustancias de las zonas agrarias con los “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, algo que las organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años.
Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el cáncer es la primera causa de muerte en las zonas agrícolas de la Argentina. Y allí mismo los nacimientos de niños con malformaciones crece exponencialmente. Por ejemplo, la media nacional es 1,6 por ciento cada mil niños nacidos; en Río Cuarto, Córdoba, es el 4 por ciento.
Rosario
El 1° de diciembre pasado, dos semanas después de haberse en Rosario prohibido la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma. La plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada. Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico", según publicó La Capital.
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