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Expuso docente que sufre las fumigaciones en Entre Ríos
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Docente de escuela fumigada: "No sabemos en qué estado está nuestra salud"
Fecha de Publicación: 08/04/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Participó del ciclo en Diputados la docente de Santa Anita que, con su denuncia, logró que se condene a responsables de fumigación en zona de una escuela. Dijo a Elonce TV que no recibieron indemnización.
Este miércoles, la Cámara de Diputados fue el escenario del Tercer Ciclo de Socialización de Saberes sobre "agroquímicos y el impacto en la salud humana". Especialistas lograron comprobar la relación causal entre enfermedades y el uso de agrotóxicos.
Del encuentro participó Mariela Leiva, la docente que denunció fumigaciones en escuela rural de Santa Anita y cuyos responsables fueron condenados, conoció Elonce TV.
Recordemos que la fumigación de la escuela Nº 44 de Santa Anita, ocurrida el 4 de diciembre de 2014, trajo como consecuencia que los estudiantes y la docente Mariela Leiva debieron recibir atención médica en el hospital "Reverendo Padre Betcher", de esa localidad, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.
La propia Leiva formuló la denuncia y producto de esto la fiscal Melisa Ríos abrió una investigación, con tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave.
El 3 de octubre del año pasado se conoció la sentencia.
"Ganamos la primera sentencia de un juicio por contaminación donde salieron condenados el productor, el presidente de la empresa de aviación y el piloto. La causa duró tres años, y el 3 de octubre del año pasado fueron condenados", rememoró Leiva.
Recordó que la fumigación se realizaba "en el terreno aledaño a la escuela, pero cuando el avión daba la vuelta pasaba por sobre la escuela".
"Inmediatamente los niños tuvieron sintomatología, vómitos, mareos, dolores de cabeza que fueron corroborados por personal médico del hospital de la zona de Santa Anita, lo que luego fue aportado en la causa, y corroborado por el médico forense, que dijo que los síntomas de los niños eran compatibles con lo que producían los agrotóxicos esparcidos en el campo en ese momento, dado por la receta agronómica extendida pro el ingeniero agrónomo", aseveró la directora de la escuela.
Al ser consultada, expresó: "No recibimos indemnización ni siquiera sabemos hoy en día si tenemos agroquímicos en sangre o no".
"La salud, que era por lo que se tenía que velar, tanto en mis alumnos como en mí, no sabemos en qué estado está", destacó Leiva.
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Fecha de Publicación: 08/04/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Participó del ciclo en Diputados la docente de Santa Anita que, con su denuncia, logró que se condene a responsables de fumigación en zona de una escuela. Dijo a Elonce TV que no recibieron indemnización.
Este miércoles, la Cámara de Diputados fue el escenario del Tercer Ciclo de Socialización de Saberes sobre "agroquímicos y el impacto en la salud humana". Especialistas lograron comprobar la relación causal entre enfermedades y el uso de agrotóxicos.
Del encuentro participó Mariela Leiva, la docente que denunció fumigaciones en escuela rural de Santa Anita y cuyos responsables fueron condenados, conoció Elonce TV.
Recordemos que la fumigación de la escuela Nº 44 de Santa Anita, ocurrida el 4 de diciembre de 2014, trajo como consecuencia que los estudiantes y la docente Mariela Leiva debieron recibir atención médica en el hospital "Reverendo Padre Betcher", de esa localidad, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.
La propia Leiva formuló la denuncia y producto de esto la fiscal Melisa Ríos abrió una investigación, con tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave.
El 3 de octubre del año pasado se conoció la sentencia.
"Ganamos la primera sentencia de un juicio por contaminación donde salieron condenados el productor, el presidente de la empresa de aviación y el piloto. La causa duró tres años, y el 3 de octubre del año pasado fueron condenados", rememoró Leiva.
Recordó que la fumigación se realizaba "en el terreno aledaño a la escuela, pero cuando el avión daba la vuelta pasaba por sobre la escuela".
"Inmediatamente los niños tuvieron sintomatología, vómitos, mareos, dolores de cabeza que fueron corroborados por personal médico del hospital de la zona de Santa Anita, lo que luego fue aportado en la causa, y corroborado por el médico forense, que dijo que los síntomas de los niños eran compatibles con lo que producían los agrotóxicos esparcidos en el campo en ese momento, dado por la receta agronómica extendida pro el ingeniero agrónomo", aseveró la directora de la escuela.
Al ser consultada, expresó: "No recibimos indemnización ni siquiera sabemos hoy en día si tenemos agroquímicos en sangre o no".
"La salud, que era por lo que se tenía que velar, tanto en mis alumnos como en mí, no sabemos en qué estado está", destacó Leiva.
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72 millones de abejas muertas en córdoba por agrotóxicos
Los pesticidas mataron millones de abejas en las sierras de Córdoba
Fecha de Publicación: 07/04/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los estudios realizados en las últimas semanas revelaron que los pesticidas fueron los causantes de la muerte de setenta millones de abejas en el Valle de Traslasierra. Así lo confirmaron los miembros del SENASA y el área de Agricultura de la Provincia de Córdoba durante una reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC).
«El SENASA labró actas de constatación y comenzó a llevar a cabo las indicaciones plasmadas en la circular interna del SENASA 05/2012, adonde se indican los procedimientos a seguir ante la denuncia de mortandad de colmenas»; detalló el consejo, quien dio a conocer los laboratorios a los que fueron entregadas las muestras: el Laboratorio Central del SENASA (Buenos Aires) y CEPROCOR.
Asimismo, SE indicó que profesionales especializados en sanidad apícola de la Universidad Nacional de RÍo Cuarto también realizaron una inspección y tomaron muestras de apiarios afectados.
En cuanto a las zonas dañadas, se han georreferenciado un total de 910 colmenas afectadas en la zona de La Paz, pertenecientes a seis productores. Por otro lado, remarcaron que desde el área de Fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba, se ha intimado a los productores agrícolas «para que presenten las recetas fitosanitarias donde conste la aplicación de algún tipo agroquímico».
Posibles causas de la masiva mortandad de abejas
«Se presume que pudo haber ocurrido una aplicación de pesticidas a la altura del camino que conduce a la ciudad de La Paz, al oeste de la Ruta 148. Se detectó un lote con barbecho que contaba con mucha floración altamente melífera (nabo, mostacilla y demás) que sería la única oferta floral en la zona para esta época del año»; explicaron desde la entidad cordobesa.
En tanto, dejaron en claro que llegaron a esta conclusión «por medio del relato de los productores y la posterior constatación del estado del cultivo por parte de miembros del CAFC y Ambiente de Córdoba». «Asimismo, se ha estimado que la mortandad aguda y masiva de abejas comenzó a evidenciarse en los apiarios afectados desde los primeros días de marzo de 2018»; completaron.
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Fecha de Publicación: 07/04/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los estudios realizados en las últimas semanas revelaron que los pesticidas fueron los causantes de la muerte de setenta millones de abejas en el Valle de Traslasierra. Así lo confirmaron los miembros del SENASA y el área de Agricultura de la Provincia de Córdoba durante una reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC).
«El SENASA labró actas de constatación y comenzó a llevar a cabo las indicaciones plasmadas en la circular interna del SENASA 05/2012, adonde se indican los procedimientos a seguir ante la denuncia de mortandad de colmenas»; detalló el consejo, quien dio a conocer los laboratorios a los que fueron entregadas las muestras: el Laboratorio Central del SENASA (Buenos Aires) y CEPROCOR.
Asimismo, SE indicó que profesionales especializados en sanidad apícola de la Universidad Nacional de RÍo Cuarto también realizaron una inspección y tomaron muestras de apiarios afectados.
En cuanto a las zonas dañadas, se han georreferenciado un total de 910 colmenas afectadas en la zona de La Paz, pertenecientes a seis productores. Por otro lado, remarcaron que desde el área de Fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba, se ha intimado a los productores agrícolas «para que presenten las recetas fitosanitarias donde conste la aplicación de algún tipo agroquímico».
Posibles causas de la masiva mortandad de abejas
«Se presume que pudo haber ocurrido una aplicación de pesticidas a la altura del camino que conduce a la ciudad de La Paz, al oeste de la Ruta 148. Se detectó un lote con barbecho que contaba con mucha floración altamente melífera (nabo, mostacilla y demás) que sería la única oferta floral en la zona para esta época del año»; explicaron desde la entidad cordobesa.
En tanto, dejaron en claro que llegaron a esta conclusión «por medio del relato de los productores y la posterior constatación del estado del cultivo por parte de miembros del CAFC y Ambiente de Córdoba». «Asimismo, se ha estimado que la mortandad aguda y masiva de abejas comenzó a evidenciarse en los apiarios afectados desde los primeros días de marzo de 2018»; completaron.
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agricultura industrial,
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contaminación,
Córdoba
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Concejos en la espera de regular las fumigaciones
Los asambleístas esperan que el Concejo ponga un freno a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Nacional
A contramano del discurso oficial, representado por el ministro de Agroindustria de la Nación, para quien el glifosato es comparable al ‘detergente de la cocina’ o el ‘mata cucarachas’, los municipios entrerrianos as importantes quieren dictar medidas restrictivas para su uso. No obstante, se topan con la negativa de los sectores que comercializan y utilizan el glifosato. En Paraná se sancionó una ordenanza y el intendente Sergio Varisco la vetó. En Gualeguaychú y Concordia se presentaron iniciativas similares. En Concordia, desde la Asamblea Ambiental se manifiesta que “cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”. No obstante, son conscientes de que “así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado”, según aseguró uno de los asambleístas a DIARIOJUNIO.
Cuando asumió el ministro de Agroindustria de la Nación en noviembre pasado, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo: “vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción ni más ni menos que de alimentos”.
“En junio del año pasado, 106 premios Nóbel dijeron que el glifosato en sí mismo no causa ningún tipo de daño a la salud humana”, planteó y lo comparó con el detergente de la cocina o el mata cucarachas. “¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo de tal manera que no cause ningún daño a la salud”, expresó, y añadió: “El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”.
En tanto, en agosto pasado, el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, tomó la decisión de acortar la distancia mínima para la fumigación con glifosato, que a partir de ahora podrá ser a una cuadra de distancia de viviendas habitadas.
En noviembre del año pasado, el concejal Esteban Benítez presentó un proyecto de ordenanza que apunta a restringir la aplicación de glifosato, sustancia calificada como cancerígena por la OMS, en todo el ejido de la ciudad. De hecho, mencionaba que en Italia se prohibió la utilización del herbicida al igual que en Francia dado que la OMS lo catalogó como un producto cancerígeno. A los efectos prácticos, el edil dijo que en Concordia no hay grandes extensiones de campo. “Se puede usar para los parques como herbicida”, indicó. Pero remarcó que sería “un paso más con el cuidado de la salud, con la no contaminación y de la ciudad turística que queremos”.
Las dudas respecto del cumplimiento de la normativa en caso de ser sancionada son muchas teniendo en cuenta, por ejemplo, las dificultades que generó la aplicación de la prohibición de la pirotecnia en la ciudad. Luego de ser sancionada, la ordenanza no fue tenida en cuenta y se arrojó pirotecnia en varios eventos. No obstante, lo primero es ser ratificada en el recinto para luego sí exigir su acatamiento.
Hilda González, integrante de la Asamblea Ambiental de Concordia, indicó que la comisión de trabajo está considerando la normativa y trabajando sobre la misma. “Cada uno lo ve como una realidad, como una verdad”, indicó.
Pero González señaló que hay muchos frentes abiertos que se deben considerar. “Cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”, señaló.
Oscar Villanova, integrante de la Asamblea, mencionó que el martes se reunieron con el Concejo en comisión donde estaban ediles del oficialismo y la oposición. “Nos convocaron para escuchar nuestro debate sobre este tema. De manera que algunas cosas pudimos decir. Creo que fueron muy respetuosos y tuvieron la atención de escuchar nuestra postura”, dijo.
Ese día también estuvo presente un grupo de ingenieros agrónomos aunque no en representación del Colegio de Ingenieros Agronomos sino en forma particular. “Ellos expusieron los suyo también. Por supuesto, en la misma orientación que nosotros que tenemos de decirles no a los agrotoxicos porque es un veneno”, dijo Villanova.
“Uno cuando se mete en el tema, así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado. En ciudades como San Salvador, donde está intercalada la ciudad con la industria, están los silos, y donde se trasvasa ese cereal, el polvillo es altamente contaminante porque contiene todos esos tóxicos”, añadió el asambleísta. “Esperemos que pronto se legisle; en general había consenso entre los ediles con matices”, dijo.
Paraná
El 30 de noviembre pasado, el Concejo Deliberante de Paraná prohibió la comercialización y aplicación del glifosato en el éjido de la capital entrerriana. El proyecto aprobado en Paraná, presentado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
La medida también condena “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”.
Pero a principios de febrero de este año, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
Gualeguaychú
A fines de noviembre pasado, el equipo de investigadoras realizó la presentación de un Informe Epidemiológico sobre cáncer en la ciudad y Martín Piaggio, secretario de Desarrollo Social municipal, anunció dos proyectos de ordenanza para la ciudad: una que prohibiría las aplicaciones aéreas y reglamentara el uso de agroquímicos y, otra, que prohibiría el almacenamiento, la comercialización y el uso de glifosato dentro del ejido local.
Pero se alzaron voces en contrario. En febrero pasado, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto, se mostró en desacuerdo con la prohibición del agroquímico de "un día para el otro", pero aclaró que se debe controlar y castigar el mal uso, y que desde la entidad no se defenderá a aquellos que dejan "mal parado" al campo.
La Justicia
En enero pasado, el fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, pidió detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal, según publicó Página 12.
Para el fiscal no hay dudas sobre la relación entre la creciente contaminación con estas sustancias de las zonas agrarias con los “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, algo que las organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años.
Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el cáncer es la primera causa de muerte en las zonas agrícolas de la Argentina. Y allí mismo los nacimientos de niños con malformaciones crece exponencialmente. Por ejemplo, la media nacional es 1,6 por ciento cada mil niños nacidos; en Río Cuarto, Córdoba, es el 4 por ciento.
Rosario
El 1° de diciembre pasado, dos semanas después de haberse en Rosario prohibido la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma. La plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada. Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico", según publicó La Capital.
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Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Nacional
A contramano del discurso oficial, representado por el ministro de Agroindustria de la Nación, para quien el glifosato es comparable al ‘detergente de la cocina’ o el ‘mata cucarachas’, los municipios entrerrianos as importantes quieren dictar medidas restrictivas para su uso. No obstante, se topan con la negativa de los sectores que comercializan y utilizan el glifosato. En Paraná se sancionó una ordenanza y el intendente Sergio Varisco la vetó. En Gualeguaychú y Concordia se presentaron iniciativas similares. En Concordia, desde la Asamblea Ambiental se manifiesta que “cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”. No obstante, son conscientes de que “así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado”, según aseguró uno de los asambleístas a DIARIOJUNIO.
Cuando asumió el ministro de Agroindustria de la Nación en noviembre pasado, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo: “vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción ni más ni menos que de alimentos”.
“En junio del año pasado, 106 premios Nóbel dijeron que el glifosato en sí mismo no causa ningún tipo de daño a la salud humana”, planteó y lo comparó con el detergente de la cocina o el mata cucarachas. “¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo de tal manera que no cause ningún daño a la salud”, expresó, y añadió: “El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”.
En tanto, en agosto pasado, el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, tomó la decisión de acortar la distancia mínima para la fumigación con glifosato, que a partir de ahora podrá ser a una cuadra de distancia de viviendas habitadas.
En noviembre del año pasado, el concejal Esteban Benítez presentó un proyecto de ordenanza que apunta a restringir la aplicación de glifosato, sustancia calificada como cancerígena por la OMS, en todo el ejido de la ciudad. De hecho, mencionaba que en Italia se prohibió la utilización del herbicida al igual que en Francia dado que la OMS lo catalogó como un producto cancerígeno. A los efectos prácticos, el edil dijo que en Concordia no hay grandes extensiones de campo. “Se puede usar para los parques como herbicida”, indicó. Pero remarcó que sería “un paso más con el cuidado de la salud, con la no contaminación y de la ciudad turística que queremos”.
Las dudas respecto del cumplimiento de la normativa en caso de ser sancionada son muchas teniendo en cuenta, por ejemplo, las dificultades que generó la aplicación de la prohibición de la pirotecnia en la ciudad. Luego de ser sancionada, la ordenanza no fue tenida en cuenta y se arrojó pirotecnia en varios eventos. No obstante, lo primero es ser ratificada en el recinto para luego sí exigir su acatamiento.
Hilda González, integrante de la Asamblea Ambiental de Concordia, indicó que la comisión de trabajo está considerando la normativa y trabajando sobre la misma. “Cada uno lo ve como una realidad, como una verdad”, indicó.
Pero González señaló que hay muchos frentes abiertos que se deben considerar. “Cuando uno dice no al glifosato, dice no a un montón de contaminantes químicos. Y ahí empieza a chocar con el que vende, el que compra, el que produce”, señaló.
Oscar Villanova, integrante de la Asamblea, mencionó que el martes se reunieron con el Concejo en comisión donde estaban ediles del oficialismo y la oposición. “Nos convocaron para escuchar nuestro debate sobre este tema. De manera que algunas cosas pudimos decir. Creo que fueron muy respetuosos y tuvieron la atención de escuchar nuestra postura”, dijo.
Ese día también estuvo presente un grupo de ingenieros agrónomos aunque no en representación del Colegio de Ingenieros Agronomos sino en forma particular. “Ellos expusieron los suyo también. Por supuesto, en la misma orientación que nosotros que tenemos de decirles no a los agrotoxicos porque es un veneno”, dijo Villanova.
“Uno cuando se mete en el tema, así se esté a 1.000 km. fumigando, ese veneno llega a la ciudad a través de los alimentos y lo vas a encontrar en la estantería del supermercado. En ciudades como San Salvador, donde está intercalada la ciudad con la industria, están los silos, y donde se trasvasa ese cereal, el polvillo es altamente contaminante porque contiene todos esos tóxicos”, añadió el asambleísta. “Esperemos que pronto se legisle; en general había consenso entre los ediles con matices”, dijo.
Paraná
El 30 de noviembre pasado, el Concejo Deliberante de Paraná prohibió la comercialización y aplicación del glifosato en el éjido de la capital entrerriana. El proyecto aprobado en Paraná, presentado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
La medida también condena “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”.
Pero a principios de febrero de este año, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
Gualeguaychú
A fines de noviembre pasado, el equipo de investigadoras realizó la presentación de un Informe Epidemiológico sobre cáncer en la ciudad y Martín Piaggio, secretario de Desarrollo Social municipal, anunció dos proyectos de ordenanza para la ciudad: una que prohibiría las aplicaciones aéreas y reglamentara el uso de agroquímicos y, otra, que prohibiría el almacenamiento, la comercialización y el uso de glifosato dentro del ejido local.
Pero se alzaron voces en contrario. En febrero pasado, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto, se mostró en desacuerdo con la prohibición del agroquímico de "un día para el otro", pero aclaró que se debe controlar y castigar el mal uso, y que desde la entidad no se defenderá a aquellos que dejan "mal parado" al campo.
La Justicia
En enero pasado, el fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, pidió detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal, según publicó Página 12.
Para el fiscal no hay dudas sobre la relación entre la creciente contaminación con estas sustancias de las zonas agrarias con los “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, algo que las organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años.
Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el cáncer es la primera causa de muerte en las zonas agrícolas de la Argentina. Y allí mismo los nacimientos de niños con malformaciones crece exponencialmente. Por ejemplo, la media nacional es 1,6 por ciento cada mil niños nacidos; en Río Cuarto, Córdoba, es el 4 por ciento.
Rosario
El 1° de diciembre pasado, dos semanas después de haberse en Rosario prohibido la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma. La plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada. Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico", según publicó La Capital.
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Otro OT en Salta para más desmonte seguramente
La Provincia llama a discutir el nuevo ordenamiento territorial
Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El Gobierno convocó a una reunión del Consejo Asesor de Revisión, que se realizará el próximo 6 de abril con participación de funcionarios nacionales, provinciales, productores y entidades técnicas.
El futuro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta empezará a analizarse el próximo viernes 6 de abril, durante una reunión convocada por el Gobierno de la Provincia, durante la que se tratará la agenda de trabajo para el presente año. La convocatoria llega en medio de la polémica por la paralización de 32 proyectos productivos en ocho departamentos de la provincia a partir de una sugerencia de Nación, que fue refrendada por las autoridades locales.
Está previsto que el encuentro tenga lugar en el Centro de Convenciones de Limache a partir de las 8.30, y participarán autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia y de entidades del agro y sectores ambientalistas y técnicos que integran el consejo asesor.
La información fue confirmada a El Tribuno por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien anticipó que, esta vez, no será parte de la reunión ya que la fecha de realización coincide con la celebración de las Pascuas judías (credo que profesa el ministro), que se extiende desde el 31 de marzo al 7 de abril.
No obstante, indicó Bergman a este diario, que "estará presente el equipo de nuestro ministerio para trabajar juntos, gobiernos nacional y provincial, con los productores a fin de aclarar, resolver y encarar en conjunto una Salta productiva y sostenible que agregue valor a la producción, cuidando el ambiente y cumpliendo con el ordenamiento territorial de los recursos naturales, que son de la provincia y que están regulados por leyes federales de presupuestos mínimos ambientales".
"Estarán los secretarios y subsecretarios del Ministerio presentes y todo será articulado con las autoridades provinciales y las organizaciones productivas de la región", insistió el titular de la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Santiago Bayón, confirmó que recibieron la invitación a participar de la reunión, aunque no aseguró la presencia de la entidad. "Siempre estamos dispuestos a participar de todos los procesos constructivos, sin embargo todavía no hemos tratado específicamente la invitación, por lo que no está definida nuestra participación", admitió a El Tribuno.
Por su parte, Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural de Salta, confirmó que la entidad que dirige asistirá al encuentro como parte del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y que buscarán que "se realice una revisión más favorable a la producción, entre otras cosas".
"Esto es algo ciertamente novedoso porque el Consejo antes nunca funcionó con regularidad", consideró Elizalde, y agregó: "Se creó hace unos años para dar respuesta a la normativa que dice que se tiene que revisar el ordenamiento cada cinco años, pero nunca mantuvo un funcionamiento articulado".
El titular de la Rural salteña destacó, sin embargo, que "la ministra (Paula) Bibini quiere poner en funcionamiento el Consejo para llegar en un plazo determinado a la revisión o actualización que por ley hay que hacer cada cinco años y que hasta ahora no se hizo".
"La postura de la Rural será que el ordenamiento que tenemos se modifique, que se elimine gran parte del amarillo y que eso pase a ser verde", y que "el Gobierno tome una postura diferente en el sentido de que prohíba desde lo permitido y no que permita desde lo prohibido, como venía haciendo con las recategorizaciones", sentenció Elizalde.
Mientras que Bayón cuestionó que "básicamente la ley provincial marcaba que a una escala más detallada se iba a determinar en cada campo lo que se podía hacer y qué no; y el mismo día en que se hizo eso, se pintaron áreas que había que proteger de rojo, todo lo que estaba en explotación se pintó de verde y, en amarillo, quedó el resto".
"Pero al día siguiente el ambientalismo empezó con que lo amarillo no se puede tocar, cuando todos entendíamos, y está claro en la ley, que a un nivel más detallado había que determinar lo que se podía hacer en cada catastro", indicó.
Equilibrio
El titular de Prograno afirmó: "Nosotros consideramos que el medio ambiente es importante, y también el desarrollo económico y social, pero hay que compatibilizar los dos. El mundo sin humanos, seguramente tendría una naturaleza maravillosa, pero para eso tendríamos que acabar con nuestra propia especie".
"Hoy la provincia está prácticamente congelada", cuestionó Bayón, y explicó: "No solo que está toda la parte amarilla indefinida, que no dan permisos, sino que te revocan los que ya estaban dados".
"Yo consideraba que el tema medio ambiente se había utilizado para demonizar al campo por el Gobierno anterior, pero evidentemente hay una continuidad plena. Y en nuestra provincia es notable", lamentó.
El ruralista evaluó que "en este conflicto hay tres niveles. En primer lugar el caso puntual de los 32 proyectos paralizados; el segundo nivel es que se crea una situación de inseguridad jurídica enorme porque los 32 recibieron un permiso y el permiso fue revocado, lo que para el futuro deja un antecedente de que no hay trámite que lo puedas dar por seguro en Salta; y, en el tercero, tenés el tema de que hay cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo, que no se pueden categorizar porque Nación considera que eso es ir a un menor nivel de conservación y la Provincia, ante cualquier activismo de nivel ambiental, decide congelar".
Para Bayón toda esta situación "da un panorama donde no se ve qué se puede hacer porque hoy no hay ninguna actividad que no implique alguna transformación del suelo: nos corren con el cuento de la soja pero ¿cómo se hacen las paltas, la vid, etcétera?", cuestionó.
"Es cierto que el ambientalismo más extremo está en condiciones de hacer pagar un costo político a quien sea, pero también hay un costo económico y social en no hacer nada", advirtió el titular de Prograno y sentenció que "más caro que lo que se pierde es lo que se deja de hacer".
Invitación del campo
Productores nucleados en Prograno, Rural y Federsal invitaron al ministro Sergio Bergman a visitar Salta, más allá de la reunión organizada por el Gobierno provincial.
“Sabemos que Bergman quiere venir a Salta y quiere reunirse con los productores. Nosotros lo hemos invitado formalmente”, indicó Bayón.
Consultado al respecto por El Tribuno, Bergman afirmó: “Voy a participar en Salta de toda reunión a la que me inviten”.
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Fecha de Publicación: 03/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El Gobierno convocó a una reunión del Consejo Asesor de Revisión, que se realizará el próximo 6 de abril con participación de funcionarios nacionales, provinciales, productores y entidades técnicas.
El futuro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta empezará a analizarse el próximo viernes 6 de abril, durante una reunión convocada por el Gobierno de la Provincia, durante la que se tratará la agenda de trabajo para el presente año. La convocatoria llega en medio de la polémica por la paralización de 32 proyectos productivos en ocho departamentos de la provincia a partir de una sugerencia de Nación, que fue refrendada por las autoridades locales.
Está previsto que el encuentro tenga lugar en el Centro de Convenciones de Limache a partir de las 8.30, y participarán autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia y de entidades del agro y sectores ambientalistas y técnicos que integran el consejo asesor.
La información fue confirmada a El Tribuno por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien anticipó que, esta vez, no será parte de la reunión ya que la fecha de realización coincide con la celebración de las Pascuas judías (credo que profesa el ministro), que se extiende desde el 31 de marzo al 7 de abril.
No obstante, indicó Bergman a este diario, que "estará presente el equipo de nuestro ministerio para trabajar juntos, gobiernos nacional y provincial, con los productores a fin de aclarar, resolver y encarar en conjunto una Salta productiva y sostenible que agregue valor a la producción, cuidando el ambiente y cumpliendo con el ordenamiento territorial de los recursos naturales, que son de la provincia y que están regulados por leyes federales de presupuestos mínimos ambientales".
"Estarán los secretarios y subsecretarios del Ministerio presentes y todo será articulado con las autoridades provinciales y las organizaciones productivas de la región", insistió el titular de la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Santiago Bayón, confirmó que recibieron la invitación a participar de la reunión, aunque no aseguró la presencia de la entidad. "Siempre estamos dispuestos a participar de todos los procesos constructivos, sin embargo todavía no hemos tratado específicamente la invitación, por lo que no está definida nuestra participación", admitió a El Tribuno.
Por su parte, Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural de Salta, confirmó que la entidad que dirige asistirá al encuentro como parte del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y que buscarán que "se realice una revisión más favorable a la producción, entre otras cosas".
"Esto es algo ciertamente novedoso porque el Consejo antes nunca funcionó con regularidad", consideró Elizalde, y agregó: "Se creó hace unos años para dar respuesta a la normativa que dice que se tiene que revisar el ordenamiento cada cinco años, pero nunca mantuvo un funcionamiento articulado".
El titular de la Rural salteña destacó, sin embargo, que "la ministra (Paula) Bibini quiere poner en funcionamiento el Consejo para llegar en un plazo determinado a la revisión o actualización que por ley hay que hacer cada cinco años y que hasta ahora no se hizo".
"La postura de la Rural será que el ordenamiento que tenemos se modifique, que se elimine gran parte del amarillo y que eso pase a ser verde", y que "el Gobierno tome una postura diferente en el sentido de que prohíba desde lo permitido y no que permita desde lo prohibido, como venía haciendo con las recategorizaciones", sentenció Elizalde.
Mientras que Bayón cuestionó que "básicamente la ley provincial marcaba que a una escala más detallada se iba a determinar en cada campo lo que se podía hacer y qué no; y el mismo día en que se hizo eso, se pintaron áreas que había que proteger de rojo, todo lo que estaba en explotación se pintó de verde y, en amarillo, quedó el resto".
"Pero al día siguiente el ambientalismo empezó con que lo amarillo no se puede tocar, cuando todos entendíamos, y está claro en la ley, que a un nivel más detallado había que determinar lo que se podía hacer en cada catastro", indicó.
Equilibrio
El titular de Prograno afirmó: "Nosotros consideramos que el medio ambiente es importante, y también el desarrollo económico y social, pero hay que compatibilizar los dos. El mundo sin humanos, seguramente tendría una naturaleza maravillosa, pero para eso tendríamos que acabar con nuestra propia especie".
"Hoy la provincia está prácticamente congelada", cuestionó Bayón, y explicó: "No solo que está toda la parte amarilla indefinida, que no dan permisos, sino que te revocan los que ya estaban dados".
"Yo consideraba que el tema medio ambiente se había utilizado para demonizar al campo por el Gobierno anterior, pero evidentemente hay una continuidad plena. Y en nuestra provincia es notable", lamentó.
El ruralista evaluó que "en este conflicto hay tres niveles. En primer lugar el caso puntual de los 32 proyectos paralizados; el segundo nivel es que se crea una situación de inseguridad jurídica enorme porque los 32 recibieron un permiso y el permiso fue revocado, lo que para el futuro deja un antecedente de que no hay trámite que lo puedas dar por seguro en Salta; y, en el tercero, tenés el tema de que hay cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo, que no se pueden categorizar porque Nación considera que eso es ir a un menor nivel de conservación y la Provincia, ante cualquier activismo de nivel ambiental, decide congelar".
Para Bayón toda esta situación "da un panorama donde no se ve qué se puede hacer porque hoy no hay ninguna actividad que no implique alguna transformación del suelo: nos corren con el cuento de la soja pero ¿cómo se hacen las paltas, la vid, etcétera?", cuestionó.
"Es cierto que el ambientalismo más extremo está en condiciones de hacer pagar un costo político a quien sea, pero también hay un costo económico y social en no hacer nada", advirtió el titular de Prograno y sentenció que "más caro que lo que se pierde es lo que se deja de hacer".
Invitación del campo
Productores nucleados en Prograno, Rural y Federsal invitaron al ministro Sergio Bergman a visitar Salta, más allá de la reunión organizada por el Gobierno provincial.
“Sabemos que Bergman quiere venir a Salta y quiere reunirse con los productores. Nosotros lo hemos invitado formalmente”, indicó Bayón.
Consultado al respecto por El Tribuno, Bergman afirmó: “Voy a participar en Salta de toda reunión a la que me inviten”.
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72 millones de abejas muertas en Córdoba
Murieron 72 millones de abejas por los agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: 24 CN
Provincia/Región: Córdoba
Los apicultores de traslasierra denunciaron la pérdida de más de mil colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. Senasa de Villa Dolores se encuentra analizando las muestras para determinar la causal de muerte aunque se sospecha del uso de agroquímicos a 3000 metros de las zona afectada. Peligran exportaciones por 168 millones de dolares.
Este fin de semana el CAFCI emitió un comunicado dando a conocer que un equipo multidisciplinario integrado por miembros de SENASA, INTA, SsAF, Agricultura de la Provincia y organizaciones de productores se acercó a los apiarios afectados, nucleados en la Asociación de Apicultores de Traslasierra y del Valle del Conlara, y se constató la mortandad abrupta de aproximadamente 1200 colmenas distribuidas en unas 2500 hectáreas. Los técnicos del SENASA de Villa Dolores fueron los encargados de tomar muestras de abejas y cera para su análisis en los laboratorios.
Los resultados del SENASA determinarán el causante del deceso de los millones de ejemplares, aunque las familias de apicultores aseguran que los responsables son los campos de siembra colindantes. Al interrumpirse el ciclo de polinización, la vegetación local se verá afectada, por lo que no solo se pierde la polinización vegetal sino también la que le asegura comida a los animales. Los productores se encuentran preocupados por el efecto residual de lo que haya matado a los ejemplares, ya que no solo afectaría a nuevas colmenas instaladas en el mismo lugar, sino que la madera o la cera también podría ser tóxica.
Según los datos de la FAO - Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas, la producción actual de miel en Argentina ronda las 60 mil toneladas por año. Nuestro país es el primero en ingreso de divisas, el segundo exportador y el tercer productor mundial de miel. Argentina actualmente exporta el 95% de su producción total apícola, que representa ingresos por 168 millones de dolares anuales. El 65% de la producción total, la realizan los productores del centro del país.
Los actuales productores apícolas de Traslasierra llegaron de la pampa húmeda, donde la utilización de herbicidas y agroquímicos puso en riesgo la actividad, entonces decidieron migrar en busca de una zona libre de pesticidas. Ahora es el Ministerio de Agronomía de Córdoba quien deberá informar respecto a las recetas fitosanitarias emitidas en la zona, a fin de localizar las fumigaciones clandestinas, aunque los vecinos ya adelantaron que vieron avionetas, y uno de los apiarios afectados está localizado a solo 3000 metros de un círculo de siembra. La falta de controles y la informalidad hacen que en argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, mientras los productores luchan a diario con el incremento en el uso de .agroquímicos y herbicidas que disminuyen ostensiblemente la población de sus colmenas.
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Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: 24 CN
Provincia/Región: Córdoba
Los apicultores de traslasierra denunciaron la pérdida de más de mil colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. Senasa de Villa Dolores se encuentra analizando las muestras para determinar la causal de muerte aunque se sospecha del uso de agroquímicos a 3000 metros de las zona afectada. Peligran exportaciones por 168 millones de dolares.
Este fin de semana el CAFCI emitió un comunicado dando a conocer que un equipo multidisciplinario integrado por miembros de SENASA, INTA, SsAF, Agricultura de la Provincia y organizaciones de productores se acercó a los apiarios afectados, nucleados en la Asociación de Apicultores de Traslasierra y del Valle del Conlara, y se constató la mortandad abrupta de aproximadamente 1200 colmenas distribuidas en unas 2500 hectáreas. Los técnicos del SENASA de Villa Dolores fueron los encargados de tomar muestras de abejas y cera para su análisis en los laboratorios.
Los resultados del SENASA determinarán el causante del deceso de los millones de ejemplares, aunque las familias de apicultores aseguran que los responsables son los campos de siembra colindantes. Al interrumpirse el ciclo de polinización, la vegetación local se verá afectada, por lo que no solo se pierde la polinización vegetal sino también la que le asegura comida a los animales. Los productores se encuentran preocupados por el efecto residual de lo que haya matado a los ejemplares, ya que no solo afectaría a nuevas colmenas instaladas en el mismo lugar, sino que la madera o la cera también podría ser tóxica.
Según los datos de la FAO - Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas, la producción actual de miel en Argentina ronda las 60 mil toneladas por año. Nuestro país es el primero en ingreso de divisas, el segundo exportador y el tercer productor mundial de miel. Argentina actualmente exporta el 95% de su producción total apícola, que representa ingresos por 168 millones de dolares anuales. El 65% de la producción total, la realizan los productores del centro del país.
Los actuales productores apícolas de Traslasierra llegaron de la pampa húmeda, donde la utilización de herbicidas y agroquímicos puso en riesgo la actividad, entonces decidieron migrar en busca de una zona libre de pesticidas. Ahora es el Ministerio de Agronomía de Córdoba quien deberá informar respecto a las recetas fitosanitarias emitidas en la zona, a fin de localizar las fumigaciones clandestinas, aunque los vecinos ya adelantaron que vieron avionetas, y uno de los apiarios afectados está localizado a solo 3000 metros de un círculo de siembra. La falta de controles y la informalidad hacen que en argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, mientras los productores luchan a diario con el incremento en el uso de .agroquímicos y herbicidas que disminuyen ostensiblemente la población de sus colmenas.
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Proponen una emergencia en todo el país por los agrotóxicos
Proponen declarar la emergencia sanitaria y ambiental en todo el país por los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Solanas junto a su colega Daniel Filmus, presentaron un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Sanitaria, Social y Ambiental en todo el país ante los problemas ocasionados a la salud pública como consecuencia de la contaminación de aire, tierra y agua derivados de la aplicación de agroquímicos. El proyecto de Solanas sostiene que esta situación amerita la acción inmediata y urgente de las autoridades públicas competentes.
En el proyecto, se prevé la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), como autoridad de aplicación de la emergencia declarada, y según la propuesta dicha Comisión, y los Gobiernos locales serán los encargados de diseñar, conjuntamente con grupos ambientales y universidades, un equipo interdisciplinario, a fin de planificar, proponer y ejecutar políticas públicas al respecto. Asimismo, deberán remitir al Congreso de la Nación los informes respectivos, que den cuenta sobre el manejo de la emergencia, el restablecimiento de la salud de la población, la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales en las zonas declaradas en emergencia.
En los considerandos de la iniciativa, Solanas afirma que “la grave situación que atraviesa nuestro país por la aplicación de glifosato, ha colocado a nuestra región, ante una situación de contaminación ambiental que merece la pronta y urgente atención de todas las autoridades públicas”.
Además de Solanas y Filmus, el proyecto lleva la firma de los diputados nacionales Guillermo Carmona, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Alejandro Ramos, Walter Correa y Alberto Ciampini.
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Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Solanas junto a su colega Daniel Filmus, presentaron un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Sanitaria, Social y Ambiental en todo el país ante los problemas ocasionados a la salud pública como consecuencia de la contaminación de aire, tierra y agua derivados de la aplicación de agroquímicos. El proyecto de Solanas sostiene que esta situación amerita la acción inmediata y urgente de las autoridades públicas competentes.
En el proyecto, se prevé la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), como autoridad de aplicación de la emergencia declarada, y según la propuesta dicha Comisión, y los Gobiernos locales serán los encargados de diseñar, conjuntamente con grupos ambientales y universidades, un equipo interdisciplinario, a fin de planificar, proponer y ejecutar políticas públicas al respecto. Asimismo, deberán remitir al Congreso de la Nación los informes respectivos, que den cuenta sobre el manejo de la emergencia, el restablecimiento de la salud de la población, la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales en las zonas declaradas en emergencia.
En los considerandos de la iniciativa, Solanas afirma que “la grave situación que atraviesa nuestro país por la aplicación de glifosato, ha colocado a nuestra región, ante una situación de contaminación ambiental que merece la pronta y urgente atención de todas las autoridades públicas”.
Además de Solanas y Filmus, el proyecto lleva la firma de los diputados nacionales Guillermo Carmona, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Alejandro Ramos, Walter Correa y Alberto Ciampini.
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Niños fumigados, suspenden fumigaciones en San José
Tras evacuar escuela por agrotóxicos, prohíben por 60 días fumigar en San José
Fecha de Publicación: 27/03/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo decidió el HCD de San José, luego de que niños y docentes de tres escuelas sufrieran las consecuencias de la aplicación de agroquímicos la semana pasada.
Tras la sucesión de hechos y denuncias de los vecinos de Perucho y también de El Brillante, el Concejo Deliberante de San José, aprobó anoche, sobre tablas, una Ordenanza por la cual prohíbe por 60 días las fumigaciones -pulverizaciones- aéreas, terrestres autopropulsadas o de arrastre de productos agroquímicos y/o plaguicidas, quedando exceptuadas las que se realicen con fines sanitarios y que cuenten con habilitación municipal.
El sector abarcado por la prohibición es el área urbana y denominado intersticio urbano, de acuerdo a la Ordenanza Nº 10/2011 de Ordenamiento Territorial, donde están incluidos los campos que se encuentran la arrocera y las plantaciones de nuez pecan, en la zona de Perucho Verne, lugar de las polémicas fumigaciones.
La Ordenanza Nº 01/2018 sancionada anoche, desde hoy ya está en vigencia y contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo.
Esa norma será transitoria, por dos meses, hasta tanto el Concejo termine de elaborar una Ordenanza definitiva en la cual se viene trabajando con asesoramiento legal y de una ingeniera agrónoma. Afirman que este proyecto tiene como objetivo alcanzar gradualmente la producción de agroecológica, adecuada a la realidad local y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días.
Durante la justificación del proyecto, los concejales afirmaron el municipio no cuenta con las armas suficientes para actuar, ya que la Provincia es la que tiene facultades, pero no ha habido respuestas suficientes de los organismos competentes.
“Desde el Concejo debemos actuar en el cuidado de la salud y la convivencia pacífica de nuestra ciudad”, se indicó desde el oficialismo, según publicó El Observador Regional.
El Concejal Gustavo Woeffray tuvo duros conceptos con “los políticos que están a la expectativa para juntar votos con los problemas de la población, como ya lo hicieron con las inundaciones, con la máquina que se quedó en zanjón o ahora con los agroquímicos”. “No importa que nos critiquen, pero no usen a los vecinos como escudo para sacar un rédito político”, aseveró.
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Fecha de Publicación: 27/03/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo decidió el HCD de San José, luego de que niños y docentes de tres escuelas sufrieran las consecuencias de la aplicación de agroquímicos la semana pasada.
Tras la sucesión de hechos y denuncias de los vecinos de Perucho y también de El Brillante, el Concejo Deliberante de San José, aprobó anoche, sobre tablas, una Ordenanza por la cual prohíbe por 60 días las fumigaciones -pulverizaciones- aéreas, terrestres autopropulsadas o de arrastre de productos agroquímicos y/o plaguicidas, quedando exceptuadas las que se realicen con fines sanitarios y que cuenten con habilitación municipal.
El sector abarcado por la prohibición es el área urbana y denominado intersticio urbano, de acuerdo a la Ordenanza Nº 10/2011 de Ordenamiento Territorial, donde están incluidos los campos que se encuentran la arrocera y las plantaciones de nuez pecan, en la zona de Perucho Verne, lugar de las polémicas fumigaciones.
La Ordenanza Nº 01/2018 sancionada anoche, desde hoy ya está en vigencia y contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo.
Esa norma será transitoria, por dos meses, hasta tanto el Concejo termine de elaborar una Ordenanza definitiva en la cual se viene trabajando con asesoramiento legal y de una ingeniera agrónoma. Afirman que este proyecto tiene como objetivo alcanzar gradualmente la producción de agroecológica, adecuada a la realidad local y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días.
Durante la justificación del proyecto, los concejales afirmaron el municipio no cuenta con las armas suficientes para actuar, ya que la Provincia es la que tiene facultades, pero no ha habido respuestas suficientes de los organismos competentes.
“Desde el Concejo debemos actuar en el cuidado de la salud y la convivencia pacífica de nuestra ciudad”, se indicó desde el oficialismo, según publicó El Observador Regional.
El Concejal Gustavo Woeffray tuvo duros conceptos con “los políticos que están a la expectativa para juntar votos con los problemas de la población, como ya lo hicieron con las inundaciones, con la máquina que se quedó en zanjón o ahora con los agroquímicos”. “No importa que nos critiquen, pero no usen a los vecinos como escudo para sacar un rédito político”, aseveró.
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El agronegocio contrataca por ordenanzas restrictivas
Semilleras y agroquímicos buscan frenar las ordenanzas municipales por el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 26/03/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El aumento al rechazo por el uso de los agroquímicos en el campo en distintas localidades del interior del país, comenzó a ser tomado en serio por la industria que ve en ella un problema que podría implicar un cambio en el paradigma de la revolución verde. El tema comenzó a ser ruido cuando Rosario, cuna de la soja, prohibió en diciembre pasado el uso del glifosato, que pese a que se buscó la forma de frenarlo, la ordenanza fue aprobada. En esa línea, la provincia de Entre Ríos lleva la delantera en decirle no a los fitosanitarios: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, van en esa línea.
Por eso las empresas entienden que deben tomar las riendas e impulsan que sean los productores los que enfrenten la defensa del negocio contra los ambientalistas.
La semana pasada representantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) se reunieron en Pergamino en donde se mostraron preocupados por el avance de las ordenanzas y propusieron que sean los productores apoyados por técnicos de la industria los que refuten la posición de los concejales y ambientalistas. Pero para eso se necesita tiempo y dinero; dado que habrá que capacitar a las distintas entidades del campo en donde se deberá encontrar a la persona adecuada que pueda representar al sector.
El objetivo es estar atento a los avances que puedan surgir en los Concejos Deliberantes para de esa forma adelantarse a la prohibición generando la idea de un debate público y poder así emitir opinión al respecto.
Ayer sin ir mas lejos en la localidad de San José, en Entre Ríos, se prohibió por un plazo de 60 días las fumigaciones con agroquímicos, al sancionar una ordenanza que impone esa restricción y que rige en todo el territorio de esta localidad ubicada en el departamento Colón.
La ordenanza Nº 01/2018 contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo. El objetivo de la norma, según aseguraron los concejales, es alcanzar gradualmente la producción agroecológica adecuada a la realidad de San José y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días, reveló Telám.
Concordia es otra de las ciudades que quiere prohibir el glifosato, medida impulsada por Cambiemos. Para eso el próximo martes tendrá lugar una audiencia donde todas las fuerzas vivas darán su opinión. Esta localidad es comandada por el Frente Para la Victoria, que casualmente no estaría dando apoyo a la posible ordenanza. Hace poco su intendente Enrique Cresto, fue distinguido por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, como uno de los municipios a nivel nacional con mejor desempeño en el ranking nacional de gestiones comunales.
El tema divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario que respaldan la limitación al uso de glifosato señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura mas amigable con el medio ambiente.
Muchos de ellos fueron tomados como "brutos" en los grupos de WhatsApp por no "entender" e "interpretar" lo que el Gobierno Nacional "piensa" sobre los agroquímicos.
Queda claro que no hay igualdad de opiniones. El debate debería ser amplio, pero éste busca estar cerrado a un pequeño entorno. Quizás la próxima semana cuando se reúna el Cofema se puedan barajar algunos lineamientos "no obligatorios" para la provincias. Lo ideal sería que se proponga un proyecto de ley para trasladar la discusión en el Congreso.
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Fecha de Publicación: 26/03/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El aumento al rechazo por el uso de los agroquímicos en el campo en distintas localidades del interior del país, comenzó a ser tomado en serio por la industria que ve en ella un problema que podría implicar un cambio en el paradigma de la revolución verde. El tema comenzó a ser ruido cuando Rosario, cuna de la soja, prohibió en diciembre pasado el uso del glifosato, que pese a que se buscó la forma de frenarlo, la ordenanza fue aprobada. En esa línea, la provincia de Entre Ríos lleva la delantera en decirle no a los fitosanitarios: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, van en esa línea.
Por eso las empresas entienden que deben tomar las riendas e impulsan que sean los productores los que enfrenten la defensa del negocio contra los ambientalistas.
La semana pasada representantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) se reunieron en Pergamino en donde se mostraron preocupados por el avance de las ordenanzas y propusieron que sean los productores apoyados por técnicos de la industria los que refuten la posición de los concejales y ambientalistas. Pero para eso se necesita tiempo y dinero; dado que habrá que capacitar a las distintas entidades del campo en donde se deberá encontrar a la persona adecuada que pueda representar al sector.
El objetivo es estar atento a los avances que puedan surgir en los Concejos Deliberantes para de esa forma adelantarse a la prohibición generando la idea de un debate público y poder así emitir opinión al respecto.
Ayer sin ir mas lejos en la localidad de San José, en Entre Ríos, se prohibió por un plazo de 60 días las fumigaciones con agroquímicos, al sancionar una ordenanza que impone esa restricción y que rige en todo el territorio de esta localidad ubicada en el departamento Colón.
La ordenanza Nº 01/2018 contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo. El objetivo de la norma, según aseguraron los concejales, es alcanzar gradualmente la producción agroecológica adecuada a la realidad de San José y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días, reveló Telám.
Concordia es otra de las ciudades que quiere prohibir el glifosato, medida impulsada por Cambiemos. Para eso el próximo martes tendrá lugar una audiencia donde todas las fuerzas vivas darán su opinión. Esta localidad es comandada por el Frente Para la Victoria, que casualmente no estaría dando apoyo a la posible ordenanza. Hace poco su intendente Enrique Cresto, fue distinguido por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, como uno de los municipios a nivel nacional con mejor desempeño en el ranking nacional de gestiones comunales.
El tema divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario que respaldan la limitación al uso de glifosato señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura mas amigable con el medio ambiente.
Muchos de ellos fueron tomados como "brutos" en los grupos de WhatsApp por no "entender" e "interpretar" lo que el Gobierno Nacional "piensa" sobre los agroquímicos.
Queda claro que no hay igualdad de opiniones. El debate debería ser amplio, pero éste busca estar cerrado a un pequeño entorno. Quizás la próxima semana cuando se reúna el Cofema se puedan barajar algunos lineamientos "no obligatorios" para la provincias. Lo ideal sería que se proponga un proyecto de ley para trasladar la discusión en el Congreso.
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El drama de las escuelas fumigadas en Entre Rïos no para
En una misma semana los chicos de una escuela de San José fueron fumigados dos veces
Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Agricultura: los millones de toneladas de agroquímicos 2017
En 2017 aumentó el uso de agroquímicos y fertilizantes en 3,7 millones de toneladas
Fecha de Publicación: 05/03/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El consumo de agroquímicos y fertilizantes se incrementó por un total estimado de 3,8 millones de toneladas, frente a las 3,6 millones de toneladas del año anterior. No obstante, el reporte resalta que "el 69,5% del consumo respondió a importaciones".
Los factores del crecimiento
Los debates en torno al uso de los agroquímicos y a la prohibición del glifosato por citar un ejemplo, no detienen su uso. Desde la consultora, se refirieron a que en los últimos 25 años hubo un crecimiento considerable en la utilización de agroquímicos y fertilizantes a raíz de la expansión agrícola y del incremento de la producción.
Para Alejandro Ovando, Director de la consultora, las perspectivas son positivas para el segmento de agroquímicos y fertilizantes, como respuesta a la mejora del sector agropecuario tras la eliminación y la baja de retenciones y el crecimiento del área sembrada.
Entre otras variables que motivaron el crecimiento del rubro, detallan: la devaluación del peso, la eliminación de trabas a las exportaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y girasol le dieron impulso al mercado de fertilizantes local, lo que generó un crecimiento en el año 2016, dada la mayor área sembrada y la intensificación de fertilizantes por hectárea y hacia el 2017, continuó la tendencia positiva.
Comercio exterior
De acuerdo al reporte, en 2017 el comercio exterior de agroquímicos y fertilizantes mostró una disminución tanto en valores como en cantidades transadas. En lo que respecta a las cantidades, se enviaron 256 mil toneladas, un 27,9% por debajo de las 355 mil toneladas del 2016, por lo que se revirtió la tendencia creciente observada desde 2014.
“Las ventas externas medidas en valores alcanzaron los USD 396 millones, un 13,5% por debajo de los USD 458 millones del 2016”.
Los destinos de exportación en valores durante el año pasado se concentraron en el mercado regional: Brasil llevó la delantera con un 32,7%, seguido por Paraguay con un 24,1%; Bolivia con un 12,5%; Uruguay con un 11,3%; y Chile con un 9,6% de participación.
Las importaciones de agroquímicos y fertilizantes en valores, lograron USD 1.846 millones, un 1,5% por encima de los USD 1.818 millones del 2016. "El incremento respondió a una suba del 30,7% de las compras externas de herbicidas a base de la disminución glifosato al alcanzar los USD 400 millones, y una caída del 5,5% del total de los abonos nitrogenados por USD 729 millones, que en su conjunto tuvieron una participación del 39,5% en las importaciones", analizaron.
En cuanto a las cantidades importadas, totalizaron unas 2.640 mil toneladas, 6,7% por debajo de las 2.829 mil toneladas del 2016. En lo referido a los orígenes relevantes de las importaciones en valores, China ocupó el primer lugar con el 29,8%, seguido por Estados Unidos con el 24,1%. En tanto, Brasil ocupó el tercer lugar, algo alejado, con el 7,5%, mientras que Rusia ocupó la cuarta posición, con el 6,2%.
Horizonte prometedor
Las perspectivas para el sector son positivas para este año. En este sentido, vale la pena destacar que si bien las leyes llevan su tiempo, hace una semana los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria firmaron una normativa conjunta basada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y además se anunció la reglamentación de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que se publicó el pasado 20 en el Boletín Oficial.
Para avanzar en todo esto, han decidido crear un grupo de trabajo que elaborará los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, dado que su uso es muy cuestionado y requiere de una correcta aplicación.
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Fecha de Publicación: 05/03/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El consumo de agroquímicos y fertilizantes se incrementó por un total estimado de 3,8 millones de toneladas, frente a las 3,6 millones de toneladas del año anterior. No obstante, el reporte resalta que "el 69,5% del consumo respondió a importaciones".
Los factores del crecimiento
Los debates en torno al uso de los agroquímicos y a la prohibición del glifosato por citar un ejemplo, no detienen su uso. Desde la consultora, se refirieron a que en los últimos 25 años hubo un crecimiento considerable en la utilización de agroquímicos y fertilizantes a raíz de la expansión agrícola y del incremento de la producción.
Para Alejandro Ovando, Director de la consultora, las perspectivas son positivas para el segmento de agroquímicos y fertilizantes, como respuesta a la mejora del sector agropecuario tras la eliminación y la baja de retenciones y el crecimiento del área sembrada.
Entre otras variables que motivaron el crecimiento del rubro, detallan: la devaluación del peso, la eliminación de trabas a las exportaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y girasol le dieron impulso al mercado de fertilizantes local, lo que generó un crecimiento en el año 2016, dada la mayor área sembrada y la intensificación de fertilizantes por hectárea y hacia el 2017, continuó la tendencia positiva.
Comercio exterior
De acuerdo al reporte, en 2017 el comercio exterior de agroquímicos y fertilizantes mostró una disminución tanto en valores como en cantidades transadas. En lo que respecta a las cantidades, se enviaron 256 mil toneladas, un 27,9% por debajo de las 355 mil toneladas del 2016, por lo que se revirtió la tendencia creciente observada desde 2014.
“Las ventas externas medidas en valores alcanzaron los USD 396 millones, un 13,5% por debajo de los USD 458 millones del 2016”.
Los destinos de exportación en valores durante el año pasado se concentraron en el mercado regional: Brasil llevó la delantera con un 32,7%, seguido por Paraguay con un 24,1%; Bolivia con un 12,5%; Uruguay con un 11,3%; y Chile con un 9,6% de participación.
Las importaciones de agroquímicos y fertilizantes en valores, lograron USD 1.846 millones, un 1,5% por encima de los USD 1.818 millones del 2016. "El incremento respondió a una suba del 30,7% de las compras externas de herbicidas a base de la disminución glifosato al alcanzar los USD 400 millones, y una caída del 5,5% del total de los abonos nitrogenados por USD 729 millones, que en su conjunto tuvieron una participación del 39,5% en las importaciones", analizaron.
En cuanto a las cantidades importadas, totalizaron unas 2.640 mil toneladas, 6,7% por debajo de las 2.829 mil toneladas del 2016. En lo referido a los orígenes relevantes de las importaciones en valores, China ocupó el primer lugar con el 29,8%, seguido por Estados Unidos con el 24,1%. En tanto, Brasil ocupó el tercer lugar, algo alejado, con el 7,5%, mientras que Rusia ocupó la cuarta posición, con el 6,2%.
Horizonte prometedor
Las perspectivas para el sector son positivas para este año. En este sentido, vale la pena destacar que si bien las leyes llevan su tiempo, hace una semana los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria firmaron una normativa conjunta basada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y además se anunció la reglamentación de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que se publicó el pasado 20 en el Boletín Oficial.
Para avanzar en todo esto, han decidido crear un grupo de trabajo que elaborará los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, dado que su uso es muy cuestionado y requiere de una correcta aplicación.
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Denuncia formal de los nuevos desmontes de Braun Peña
Greenpeace denunció formalmente ante el gobierno de Salta un nuevo desmonte ilegal en finca Cuchuy
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Gobierno impulsará la regulación de fumigaciones
El Gobierno busca regular la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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