Mostrando entradas con la etiqueta Soja. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Soja. Mostrar todas las entradas
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
09:09 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Etiquetas:
Primero la salud, después los negocios
Primero la salud, después los negocios
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Los jueces prohibieron la fumigación desde el aire a menos de dos mil metros de las viviendas.Por Darío Aranda
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace ocho años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, endosulfán, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros, químicos usados también en los cultivos de soja.
Laura Mazzitelli y Elio Servín son dos de los vecinos que denuncian las fumigaciones. El hijo de Laura, Iván, padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. El hermano de Elio, de 30 años, sufrió una leucemia fulminante y falleció. Los casos se repiten en el barrio, al igual que los niños con malformaciones. Los médicos le preguntaron a Laura si vivía cerca de cultivos con uso de agrotóxicos. Y todas las miradas apuntaron a las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de tres mil hectáreas.
En enero de 2010, los vecinos presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.
El Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.
Fue el primer fallo en Chaco de este tipo. Pero fue apelado por las arroceras. En septiembre la medida fue flexibilizada por el mismo tribunal: se redujo el límite a 500 metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua. Los argumentos centrales fueron un estudio de impacto ambiental aportado por la empresa (no intervinieron organismos técnicos independientes) y un escrito de la Dirección de Epidemiología del Chaco (dependiente del Ministerio de Salud), que había minimizado los casos de pacientes con leucemia. Los vecinos apelaron la medida.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el primer fallo provincial en segunda instancia sobre fumigaciones, retrotrajo la medida a junio de 2010 y dejó claro cuál debe ser la prioridad del Poder Judicial entre la salud de la población y la producción agropecuaria: “No se puede modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la vida de las poblaciones”.
También cuestionó las pruebas que permitieron la flexibilización de la medida en primera instancia: “Entendemos que el estudio de impacto ambiental elaborado por una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por parte de organismos oficiales e imparciales”, remarcó la sentencia.
En cuanto al escrito favorable a las empresas presentado por el director de Epidemiología provincial, Mario Echevarría, la Cámara dictaminó: “Le asiste razón al recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de relevancia como postulado de verdad”. Los jueces desisten llamar investigación o informe a lo presentado por la dependencia oficial, la califican como “opinión”. Y retomaron como letra válida la Ley General del Ambiente (25.675), cuya aplicación es solicitada desde hace tiempo por poblaciones contaminadas, sobre todo en cuanto al principio precautorio.
En primera instancia, desde abril de 2010, la Justicia había ordenado al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras. El fallo de segunda instancia afirmó: “No se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Salud respecto del control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma”. Desde el ministerio no aceptaron dialogar con este diario.
En abril de 2010, un informe oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco reveló que, en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Los casos de cáncer estaban focalizados justamente en La Leonesa. Fue la primera vez que un ámbito oficial elaboró estadísticas de ese tipo, en base a datos de los hospitales públicos. Nunca fue presentado oficialmente, pero trascendió a los medios en junio pasado.
El trabajo, llamado simplemente “Primer informe”, señaló la multicausalidad del cáncer, pero llamó la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos”.
Laura Mazzitelli, ama de casa transformada en militante luego de la leucemia de su hijo, argumenta y pregunta: “Los médicos y la Justicia nos dieron la razón. Alcanza caminar por el barrio para ver los niños con malformaciones y cáncer, ¿qué más van a esperar los funcionarios para reconocer este desastre?”.
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Los jueces prohibieron la fumigación desde el aire a menos de dos mil metros de las viviendas.Por Darío Aranda
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace ocho años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, endosulfán, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros, químicos usados también en los cultivos de soja.
Laura Mazzitelli y Elio Servín son dos de los vecinos que denuncian las fumigaciones. El hijo de Laura, Iván, padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. El hermano de Elio, de 30 años, sufrió una leucemia fulminante y falleció. Los casos se repiten en el barrio, al igual que los niños con malformaciones. Los médicos le preguntaron a Laura si vivía cerca de cultivos con uso de agrotóxicos. Y todas las miradas apuntaron a las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de tres mil hectáreas.
En enero de 2010, los vecinos presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.
El Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.
Fue el primer fallo en Chaco de este tipo. Pero fue apelado por las arroceras. En septiembre la medida fue flexibilizada por el mismo tribunal: se redujo el límite a 500 metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua. Los argumentos centrales fueron un estudio de impacto ambiental aportado por la empresa (no intervinieron organismos técnicos independientes) y un escrito de la Dirección de Epidemiología del Chaco (dependiente del Ministerio de Salud), que había minimizado los casos de pacientes con leucemia. Los vecinos apelaron la medida.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el primer fallo provincial en segunda instancia sobre fumigaciones, retrotrajo la medida a junio de 2010 y dejó claro cuál debe ser la prioridad del Poder Judicial entre la salud de la población y la producción agropecuaria: “No se puede modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la vida de las poblaciones”.
También cuestionó las pruebas que permitieron la flexibilización de la medida en primera instancia: “Entendemos que el estudio de impacto ambiental elaborado por una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por parte de organismos oficiales e imparciales”, remarcó la sentencia.
En cuanto al escrito favorable a las empresas presentado por el director de Epidemiología provincial, Mario Echevarría, la Cámara dictaminó: “Le asiste razón al recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de relevancia como postulado de verdad”. Los jueces desisten llamar investigación o informe a lo presentado por la dependencia oficial, la califican como “opinión”. Y retomaron como letra válida la Ley General del Ambiente (25.675), cuya aplicación es solicitada desde hace tiempo por poblaciones contaminadas, sobre todo en cuanto al principio precautorio.
En primera instancia, desde abril de 2010, la Justicia había ordenado al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras. El fallo de segunda instancia afirmó: “No se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Salud respecto del control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma”. Desde el ministerio no aceptaron dialogar con este diario.
En abril de 2010, un informe oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco reveló que, en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Los casos de cáncer estaban focalizados justamente en La Leonesa. Fue la primera vez que un ámbito oficial elaboró estadísticas de ese tipo, en base a datos de los hospitales públicos. Nunca fue presentado oficialmente, pero trascendió a los medios en junio pasado.
El trabajo, llamado simplemente “Primer informe”, señaló la multicausalidad del cáncer, pero llamó la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos”.
Laura Mazzitelli, ama de casa transformada en militante luego de la leucemia de su hijo, argumenta y pregunta: “Los médicos y la Justicia nos dieron la razón. Alcanza caminar por el barrio para ver los niños con malformaciones y cáncer, ¿qué más van a esperar los funcionarios para reconocer este desastre?”.
La soja desembarca en la Patagonia
La soja desembarca en la Patagonia
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
La deforestación agrava las inundaciones
La deforestación agrava las inundaciones
Fecha de Publicación: 30/01/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
En los últimos 10 años se deforestaron en la Argentina 300.000 hectáreas promedio anual. Equivale a una superficie 15 veces superior a la de la Ciudad de Buenos Aires . El fenómeno, según expertos, es producto del avance de la frontera agrícola.
La explicación: a medida que se expanden las áreas dedicadas al cultivo de soja, se reduce el terreno de los bosques naturales, cuya vegetación es imprescindible para absorber y contener el desplazamiento del agua de las lluvias. Al agravarse las tormentas, las aguas no se frenan ante esos diques naturales, avanzan, o se acumulan en suelos impermeabilizados, y provocan así grandes inundaciones. Esto fue mencionado en el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), que es, con su famoso panda como símbolo, la mayor entidad medioambiental global. El trabajo destaca que Argentina es el noveno país en cuanto a riqueza y diversidad natural . La lista es encabezada por Brasil y le siguen China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia e Indonesia. WWF habla de la gran diversidad biológica de los bosques del Gran Chaco, así como de las selvas de yungas y la misionera. Y destaca la biodiversidad del Mar Argentino.
Fecha de Publicación: 30/01/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
En los últimos 10 años se deforestaron en la Argentina 300.000 hectáreas promedio anual. Equivale a una superficie 15 veces superior a la de la Ciudad de Buenos Aires . El fenómeno, según expertos, es producto del avance de la frontera agrícola.
La explicación: a medida que se expanden las áreas dedicadas al cultivo de soja, se reduce el terreno de los bosques naturales, cuya vegetación es imprescindible para absorber y contener el desplazamiento del agua de las lluvias. Al agravarse las tormentas, las aguas no se frenan ante esos diques naturales, avanzan, o se acumulan en suelos impermeabilizados, y provocan así grandes inundaciones. Esto fue mencionado en el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), que es, con su famoso panda como símbolo, la mayor entidad medioambiental global. El trabajo destaca que Argentina es el noveno país en cuanto a riqueza y diversidad natural . La lista es encabezada por Brasil y le siguen China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia e Indonesia. WWF habla de la gran diversidad biológica de los bosques del Gran Chaco, así como de las selvas de yungas y la misionera. Y destaca la biodiversidad del Mar Argentino.
Salta: Costumbres arrasadas por desmonte y soja
Salta: Costumbres originarias arrasadas por desmonte y soja
Fecha de Publicación: 09/11/2010
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Salta
El avance de la frontera agroganadera en el Departamento San Martín, ubicado al norte de la provincia de Salta, expulsa de sus tierras ancestrales a los pueblos originarios, que resisten estos desplazamientos que se realizan en connivencia entre los estados nacional y provincial junto a empresarios inescrupulosos que arrasan en el avance, con cementerios aborígenes, destruyendo el medio ambiente en la zona. Sentenciando así a los pueblos originarios a vivir en bolsones de pobreza en las ciudades de la zona.
Para el Cacique Wichí Antonio Cabana, las costumbres ancestrales de vida de los originarios, viviendo en el monte, les permitió vivir en libertad.
La Agencia de Noticias Copenoa emite en formato de video el relato del Cacique Antonio Cabana, en el paraje Las Maravillas, de donde fueron expulsados sus abuelos Wichís, ante el avance de plantaciones de soja.
Fecha de Publicación: 09/11/2010
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Salta
El avance de la frontera agroganadera en el Departamento San Martín, ubicado al norte de la provincia de Salta, expulsa de sus tierras ancestrales a los pueblos originarios, que resisten estos desplazamientos que se realizan en connivencia entre los estados nacional y provincial junto a empresarios inescrupulosos que arrasan en el avance, con cementerios aborígenes, destruyendo el medio ambiente en la zona. Sentenciando así a los pueblos originarios a vivir en bolsones de pobreza en las ciudades de la zona.
Para el Cacique Wichí Antonio Cabana, las costumbres ancestrales de vida de los originarios, viviendo en el monte, les permitió vivir en libertad.
La Agencia de Noticias Copenoa emite en formato de video el relato del Cacique Antonio Cabana, en el paraje Las Maravillas, de donde fueron expulsados sus abuelos Wichís, ante el avance de plantaciones de soja.
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Córdoba: avance sojero sobre los bosques
Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Abortos y malformaciones detrás de la soja
Abortos y malformaciones detrás del boom de la soja
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Argentina: más debate por la soja
Argentina: más debate por la soja
Fecha de Publicación: 30/04/2010
Fuente: Bidiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
La entrevista a Gustavo Grobocopatel publicada en Cash provocó la reacción de los investigadores Teubal y Giarracca. Luego, el empresario agropecuario les respondió, y ahora esos especialistas nuevamente salieron al cruce de sus afirmaciones.
Si bien no es nuestro estilo discutir con agentes económicos a quienes solemos entrevistar e incorporar en nuestras investigaciones, en este caso fuimos nosotros quienes iniciamos el debate y trataremos de responder a Gustavo Grobocopatel. Simplemente haremos explícitos los datos estadísticos que respaldan nuestros dichos e interpretaciones y finalmente realizaremos dos pequeños comentarios.
Cuando Grobocopatel dice que el modelo agropecuario “hizo que Argentina produzca tres veces más en 20 años”, inferimos que se refiere a la producción granaria, que aumentó de 38,2 millones de toneladas en 1990/91 a 93,1 millones de toneladas en la campaña 2007/8. Este crecimiento se basó en gran medida en la producción sojera, mientras que para los demás cereales y oleaginosos la producción aumentó mucho menos, se estancó o se redujo. En este mismo período la producción sojera aumentó de 10,8 millones de toneladas en 1990/91 a 35 millones en 2002/2003 2002/2003 y a 47 millones en 2008/2009 2008/2009 . Estimaciones corrientes establecen una producción sojera record para el corriente año de 53 millones de toneladas (Cash, 18/4/2010). La soja representaba 10,6 por ciento de la producción granaria total en 1980/81, pasó a representar el 28,4 por ciento en diez años después y al 50 por ciento en el 2007/2008 2007/2008 . Igual tendencia ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, que en la actualidad, con 16,6 millones de hectáreas de soja, representa el 53 por ciento del total. Entre 1990/91 y 2007/8, 60 por ciento del aumento de la producción granaria total correspondió a la soja.
La soja es un producto de exportación; no es un producto de consumo masivo y en el proceso de estos últimos años resultó un sustituto de otros productos alimentarios y de consumo popular. Por eso el gran aumento de la producción agropecuaria no se tradujo en una mayor disponibilidad de alimentos para la mayoría de la población. No sólo se produce menos trigo per cápita, un alimento de consumo masivo, sino que la producción de carne en 2008 es igual a la de 1980: el stock ganadero de 51 millones de cabezas se redujo en un 17 por ciento con relación a 1977. También la producción de lácteos es igual a 15 años atrás, cuando en el país había el doble de la cantidad de tambos que existen en la actualidad y la población ha crecido en ese período.
También se ha expandido la soja hacia el interior del país, sustituyendo al algodón en el Chaco y a otros cultivos industriales y producciones alimentarias locales en otras regiones. Asimismo avanza sobre la yunga, y el bosque nativo en Salta, Santiago del Estero y Formosa, donde con violencia se desplazan a campesinos y comunidades indígenas. En Santiago del Estero se deforestaron en el período 2002/2006 2002/2006 más de 515 mil hectáreas; en Salta, 477 mil; y en Santa Fe, 3.553.290 hectáreas.
Tampoco es cierto que esta expansión agropecuaria basada en el modelo sojero haya reducido los costos de los alimentos y facilitado el acceso a la alimentación. Todo lo contrario. No ha habido una caída en los precios de los alimentos. Y en la coyuntura inflacionaria actual los alimentos lideran los aumentos de precios en general como lo vinieron haciendo en la década de los noventa, incidiendo significativamente sobre el presupuesto familiar de los sectores de más bajos ingresos.
El consumo per cápita anual de la leche pasteurizada ha pasado de 3,37 litros/cápita en 1999 a 2,87 litros/cápita en el 2006. El consumo anual de la yerba mate pasó de 8,20 kg/per cápita en 1999 a 6,01 kg/per cápita en 2006. Y la harina de trigo bajó su consumo de 84,5 kg/per cápita en 1999 a 83,7 kg/per cápita en 2006. En cambio, el consumo de aceite de soja aumentó de 3,71 litros por año per cápita a 12,81 litros por año, sustituyéndose el consumo del aceite de girasol (se redujo de 12 litros en 2000 a 9,6 litros en 2006).
Los consumos per cápita de la población o en el consumo aparente no registran aumentos, y menos aún con relación a los incrementos de productividad, que en muchos casos no fueron tan significativos como se pregonan. En síntesis, cuando planteamos reflexionar sobre los cambios agrarios y sus efectos en la alimentación –mostremos o no los datos–, la información confiable está sustentando nuestras palabras así como una larga experiencia de “campo” recorriendo distintas realidades nacionales.
En segundo lugar, Grobocopatel insiste en el argumento de que la siembra directa es una medida ambientalista y que el glifosato no es el peor agroquímico que existe, o bien es inocuo. Durante 2009, la superficie implantada con soja recibió más de 200 millones de litros de glifosato, un aumento de más del 1400 por ciento de lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable de la siembra directa y del paquete tecnológico que involucra al modelo sojero, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumarán entre 32 y 37 millones de litros. Son múltiples las consecuencias de la fumigación masiva de la soja con estos productos: se han afectado pobladores y existen sólidas denuncias basadas en registros de médicos hospitalarios de las regiones fumigadas que así lo establecen.
Por último, Grobocopatel tiene razón cuando dice que no está clara nuestra opción de desarrollo pues, en efecto, formamos parte de un grupo grande de especialistas e intelectuales de todo el mundo que se ocupa justamente de generar críticas activas al “desarrollo” y en particular al que hoy denominamos “extractivista”. Intelectuales y especialistas de todo el mundo, así como un interesante grupo de argentinos, emprendimos esta importante tarea de desactivar la narrativa que eternamente promete progreso, trabajo, bienestar como un futuro al que nunca se alcanza. Fuimos y seremos “pueblos sin desarrollo” por “algo” que siempre nos falta (y nos faltará). Pero también estamos atentos a otras voces que proponen mediante prácticas concretas otros modos de reproducción material de la vida, de relación con la naturaleza, de respeto entre los hombres, de equidad social, de justicia, libertad. Son propuestas que recorren la América latina y un mundo horrorizado por el futuro de cambio y hostilidad climática así como la imparable hostilidad geológica. Son propuestas que recuperan otros epistemas (otro modo de conocer/nos) que ya la Cancillería de Bolivia plasmó en un libro y que muchos países discuten para dotarlas de sentido de acuerdo a sus propias culturas.
Por último, Gino Germani se sentiría muy orgulloso de todo el conocimiento, debate e intervenciones que producen muchos investigadores de todas las generaciones del Instituto que lleva su nombre en la Universidad de Buenos Aires. Ya lo dijo Pierre Bourdieu, la sociología (y muchas otras disciplinas) es “una ciencia que incomoda”. Son disciplinas que aun guardando todas las reglas de la generación de conocimiento no son neutrales. No se puede ser neutral frente al sufrimiento social, y por lo tanto son portadores de las “malas noticias” en los momentos en que las narrativas del orden (“desarrollo extractivo”, en este caso) necesitan consenso social y vuelven a prometer lo que no pueden cumplir
Norma Giarracca. Socióloga, titular de Sociología Rural e Investigadora en el Instituto Gino Gemani (IIGG) - UBA.
Miguel Teubal. Economista, doctor en Economía Agraria. Investigador superior en el IIGG.
Fecha de Publicación: 30/04/2010
Fuente: Bidiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
La entrevista a Gustavo Grobocopatel publicada en Cash provocó la reacción de los investigadores Teubal y Giarracca. Luego, el empresario agropecuario les respondió, y ahora esos especialistas nuevamente salieron al cruce de sus afirmaciones.
Si bien no es nuestro estilo discutir con agentes económicos a quienes solemos entrevistar e incorporar en nuestras investigaciones, en este caso fuimos nosotros quienes iniciamos el debate y trataremos de responder a Gustavo Grobocopatel. Simplemente haremos explícitos los datos estadísticos que respaldan nuestros dichos e interpretaciones y finalmente realizaremos dos pequeños comentarios.
Cuando Grobocopatel dice que el modelo agropecuario “hizo que Argentina produzca tres veces más en 20 años”, inferimos que se refiere a la producción granaria, que aumentó de 38,2 millones de toneladas en 1990/91 a 93,1 millones de toneladas en la campaña 2007/8. Este crecimiento se basó en gran medida en la producción sojera, mientras que para los demás cereales y oleaginosos la producción aumentó mucho menos, se estancó o se redujo. En este mismo período la producción sojera aumentó de 10,8 millones de toneladas en 1990/91 a 35 millones en 2002/2003 2002/2003 y a 47 millones en 2008/2009 2008/2009 . Estimaciones corrientes establecen una producción sojera record para el corriente año de 53 millones de toneladas (Cash, 18/4/2010). La soja representaba 10,6 por ciento de la producción granaria total en 1980/81, pasó a representar el 28,4 por ciento en diez años después y al 50 por ciento en el 2007/2008 2007/2008 . Igual tendencia ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, que en la actualidad, con 16,6 millones de hectáreas de soja, representa el 53 por ciento del total. Entre 1990/91 y 2007/8, 60 por ciento del aumento de la producción granaria total correspondió a la soja.
La soja es un producto de exportación; no es un producto de consumo masivo y en el proceso de estos últimos años resultó un sustituto de otros productos alimentarios y de consumo popular. Por eso el gran aumento de la producción agropecuaria no se tradujo en una mayor disponibilidad de alimentos para la mayoría de la población. No sólo se produce menos trigo per cápita, un alimento de consumo masivo, sino que la producción de carne en 2008 es igual a la de 1980: el stock ganadero de 51 millones de cabezas se redujo en un 17 por ciento con relación a 1977. También la producción de lácteos es igual a 15 años atrás, cuando en el país había el doble de la cantidad de tambos que existen en la actualidad y la población ha crecido en ese período.
También se ha expandido la soja hacia el interior del país, sustituyendo al algodón en el Chaco y a otros cultivos industriales y producciones alimentarias locales en otras regiones. Asimismo avanza sobre la yunga, y el bosque nativo en Salta, Santiago del Estero y Formosa, donde con violencia se desplazan a campesinos y comunidades indígenas. En Santiago del Estero se deforestaron en el período 2002/2006 2002/2006 más de 515 mil hectáreas; en Salta, 477 mil; y en Santa Fe, 3.553.290 hectáreas.
Tampoco es cierto que esta expansión agropecuaria basada en el modelo sojero haya reducido los costos de los alimentos y facilitado el acceso a la alimentación. Todo lo contrario. No ha habido una caída en los precios de los alimentos. Y en la coyuntura inflacionaria actual los alimentos lideran los aumentos de precios en general como lo vinieron haciendo en la década de los noventa, incidiendo significativamente sobre el presupuesto familiar de los sectores de más bajos ingresos.
El consumo per cápita anual de la leche pasteurizada ha pasado de 3,37 litros/cápita en 1999 a 2,87 litros/cápita en el 2006. El consumo anual de la yerba mate pasó de 8,20 kg/per cápita en 1999 a 6,01 kg/per cápita en 2006. Y la harina de trigo bajó su consumo de 84,5 kg/per cápita en 1999 a 83,7 kg/per cápita en 2006. En cambio, el consumo de aceite de soja aumentó de 3,71 litros por año per cápita a 12,81 litros por año, sustituyéndose el consumo del aceite de girasol (se redujo de 12 litros en 2000 a 9,6 litros en 2006).
Los consumos per cápita de la población o en el consumo aparente no registran aumentos, y menos aún con relación a los incrementos de productividad, que en muchos casos no fueron tan significativos como se pregonan. En síntesis, cuando planteamos reflexionar sobre los cambios agrarios y sus efectos en la alimentación –mostremos o no los datos–, la información confiable está sustentando nuestras palabras así como una larga experiencia de “campo” recorriendo distintas realidades nacionales.
En segundo lugar, Grobocopatel insiste en el argumento de que la siembra directa es una medida ambientalista y que el glifosato no es el peor agroquímico que existe, o bien es inocuo. Durante 2009, la superficie implantada con soja recibió más de 200 millones de litros de glifosato, un aumento de más del 1400 por ciento de lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable de la siembra directa y del paquete tecnológico que involucra al modelo sojero, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumarán entre 32 y 37 millones de litros. Son múltiples las consecuencias de la fumigación masiva de la soja con estos productos: se han afectado pobladores y existen sólidas denuncias basadas en registros de médicos hospitalarios de las regiones fumigadas que así lo establecen.
Por último, Grobocopatel tiene razón cuando dice que no está clara nuestra opción de desarrollo pues, en efecto, formamos parte de un grupo grande de especialistas e intelectuales de todo el mundo que se ocupa justamente de generar críticas activas al “desarrollo” y en particular al que hoy denominamos “extractivista”. Intelectuales y especialistas de todo el mundo, así como un interesante grupo de argentinos, emprendimos esta importante tarea de desactivar la narrativa que eternamente promete progreso, trabajo, bienestar como un futuro al que nunca se alcanza. Fuimos y seremos “pueblos sin desarrollo” por “algo” que siempre nos falta (y nos faltará). Pero también estamos atentos a otras voces que proponen mediante prácticas concretas otros modos de reproducción material de la vida, de relación con la naturaleza, de respeto entre los hombres, de equidad social, de justicia, libertad. Son propuestas que recorren la América latina y un mundo horrorizado por el futuro de cambio y hostilidad climática así como la imparable hostilidad geológica. Son propuestas que recuperan otros epistemas (otro modo de conocer/nos) que ya la Cancillería de Bolivia plasmó en un libro y que muchos países discuten para dotarlas de sentido de acuerdo a sus propias culturas.
Por último, Gino Germani se sentiría muy orgulloso de todo el conocimiento, debate e intervenciones que producen muchos investigadores de todas las generaciones del Instituto que lleva su nombre en la Universidad de Buenos Aires. Ya lo dijo Pierre Bourdieu, la sociología (y muchas otras disciplinas) es “una ciencia que incomoda”. Son disciplinas que aun guardando todas las reglas de la generación de conocimiento no son neutrales. No se puede ser neutral frente al sufrimiento social, y por lo tanto son portadores de las “malas noticias” en los momentos en que las narrativas del orden (“desarrollo extractivo”, en este caso) necesitan consenso social y vuelven a prometer lo que no pueden cumplir
Norma Giarracca. Socióloga, titular de Sociología Rural e Investigadora en el Instituto Gino Gemani (IIGG) - UBA.
Miguel Teubal. Economista, doctor en Economía Agraria. Investigador superior en el IIGG.
La soja empezó a derramar sangre
La soja empezó a derramar sangre en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 18/03/2010
Fuente: ProDiario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.
La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.
Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.
“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.
La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.
Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.
“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.
Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.
Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.
“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.
Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.
“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.
Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Fecha de Publicación: 18/03/2010
Fuente: ProDiario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.
La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.
Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.
“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.
La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.
Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.
“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.
Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.
Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.
“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.
Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.
“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.
Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Soja: siembra récord y contaminación también...
Soja: siembra récord y producción de 52,5 M de toneladas en el país
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Los desplazados por la soja y la minería
Los desplazados por la soja y la minería
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Desmontes y Soja-Power
Desmontes y Soja-Power
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Por qué se alienta la sojización
Por qué se alienta la sojización
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Néstor Roulet *
Provincia/Región: Nacional
* Ingeniero agrónomo - ex vicepresidente deConfederaciones Rurales Argentina (CRA)
Para que una producción agropecuaria sea sustentable en el tiempo, se necesita hacer rotaciones (para la conservación de la estructura del suelo) e incorporar los nutrientes sustraídos en cada cosecha. Al Gobierno no le interesa la sustentabilidad técnica del sector, ya que su política actual está enmarcada en una acción totalmente recaudatoria –al manejar el poder con el dinero, necesita sin dudas de los recursos– sin importarle el futuro de nuestros suelos.
El Gobierno apuesta a una mayor siembra de soja, echando las vacas del campo, o encerrándolas, castigando la siembra del maíz y trigo –gramíneas fundamentales para la rotación agrícola– y desalentando la fertilización con bajos márgenes.
Si sacamos la cuenta de cuánto recauda el Gobierno por hectárea de retenciones por las producciones pecuarias (tambos y ganadería) y las comparamos con la soja (ver aparte Recaudación...), observaremos por qué no dudamos de su política para desalentarlas.
Ante esta realidad recaudatoria y por llevar adelante una política de precio que nace de una hipótesis falsa: “Si el novillo en pie está barato, va a estar barata la carne en el mostrador, y si la leche en el tambo está barata, va a estar barata la leche en las góndolas”, el Gobierno no sólo incentiva que desaparezcan las vacas del campo –dejando sin márgenes económicos positivos a los sectores pecuarios– sino que, al mismo tiempo, incentiva a encerrarlas –para tener más hectáreas disponibles para cultivar– mediante herramientas como son las compensaciones a los feedlots.
Por lo cual, entre el menor stock ganadero y la mayor cantidad de animales encerrados, estamos perdiendo año a año la posibilidad de hacer una rotación agrícola-ganadera sustentable.
Menos trigo y maíz. Si bien la rotación agrícola-ganadera está disminuyendo, la esperanza, sin duda, es que– si bien prevalece la producción agrícola– ésta pueda hacerse como corresponde: con rotaciones entre gramíneas y leguminosas. Si bien en la actualidad el 90 por ciento de la agricultura se hace con manejos conservacionistas, si junto a ello no reponemos los nutrientes y no hacemos la rotación correcta, la capacidad productiva del suelo se verá afectada.
Aunque la proporción ideal de las rotaciones es muy difícil de alcanzar – 50 por ciento– hace 10 años estábamos cerca de esta ecuación. Hoy, no sólo estamos lejos de ese 44 por ciento de participación de gramíneas de la siembra total –sólo llegamos al 22 por ciento–, sino que hay que sumarle la falta de reposición de nutrientes, por lo que la situación es realmente alarmante.
¿Por qué llegamos a esta situación? No hay duda de que si calculamos lo que obtiene el Gobierno por cada hectárea sembrada y a la premisa recaudatoria le sumamos la política de precio del Gobierno nacional, en la que con la hipótesis de que si “el trigo está barato, va a estar barato el pan en las panaderías” (totalmente falsa, ya que pagan por la materia prima para hacer un kilogramo de pan 0,60 centavos por kilogramo, y el pan está a cinco pesos el kilogramo), se entiende por qué desalienta la siembra de trigo y maíz.
¿Cómo lo hace? Bajando el precio que recibe el productor por tonelada tanto de trigo como de maíz y sacando del escenario a parte de la competencia: primero, fueron los exportadores, al cerrar las exportaciones o mediante la entrega discrecional de los ROE; en segundo turno, a través del último arreglo con los mismos exportadores, a los molinos harineros, al ser los exportadores los únicos actores, con la obligación de vender en el mercado interno.
A esto hay que sumarle tres herramientas de sobornos a los eslabones intermedios de la cadena: los llamados telefónicos de parte de la Secretaría de Comercio Interior –los famosos “aprietes”–, la utilización de la Afip –“si no hace lo que digo, le mando la inspecciones”– y las compensaciones de la Oncca –“si no hace lo que digo, no le pago las compensaciones”–. Por último, la presión tributaria mediante las retenciones. Estas acciones para bajar el precio del trigo y del maíz –quitar transparencia al mercado y mayor presión tributaria– ocasionan bajos márgenes por hectárea, desalentando su siembra.
¿Cómo hacer para que se vuelva a sembrar la misma cantidad de gramíneas que en el período 2000/01? Transparentando los mercados (que el productor cobre el FAS probable) y sacando las retenciones. El margen bruto de los cultivos actuales, en el que claramente la inclinación del productor va a hacer que siembre soja, y la situación de los márgenes brutos del trigo y del maíz con mercados transparentes y sin retenciones, en los que, con seguridad, el productor va optar por las gramíneas nuevamente.
¿Por qué el Gobierno no quiere transparentar los mercados ni sacar las retenciones del trigo y del maíz, para que se siembren más gramíneas? En este punto, vamos a hacer el análisis mediante dos escenarios probables:
Escenario 1: el Gobierno nacional baja las retenciones del trigo y del maíz para incentivar la siembra y alcanzar por lo menos el 44 por ciento de gramíneas (igual que en la campaña 2000/01), para hacer una agricultura sustentable en el tiempo.
Escenario 2: el Gobierno nacional no baja las retenciones, ni transparenta los mercados del trigo y del maíz, desalentando sus siembras e incentivando la sojización. Éste es el probable escenario de la campaña 2009/10.
Conclusiones. Ante la disyuntiva entre recaudar más o hacer una política sustentable en el tiempo, con seguridad un Gobierno con “sentido común” elegirá esta última.
Primero, pensando en las futuras generaciones y, segundo, porque con el correr de los años –con suelos con menos estructura y fertilidad– tendrá menos recaudación por menor producción.
Para hacer un sistema sustentable en el tiempo, la única manera de hacerlo es devolviéndole la rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y a los cultivos de trigo y maíz.
Está claro que por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, son menos hectáreas que se sembrarán con soja.
Las acciones del Gobierno actual –de expulsar las vacas del campo y no querer transparentar el mercado ni bajar las retenciones del trigo y del maíz– nos indican que sólo le interesa “la caja”, ya que si se incentiva un modelo sustentable en el tiempo (Escenario 1) la pérdida de recaudación podría superar los tres mil millones de dólares, según nuestros cálculos.
Entonces, la pregunta es: ¿cuánto perdemos “de futuro” por esta política extractiva?
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Néstor Roulet *
Provincia/Región: Nacional
* Ingeniero agrónomo - ex vicepresidente deConfederaciones Rurales Argentina (CRA)
Para que una producción agropecuaria sea sustentable en el tiempo, se necesita hacer rotaciones (para la conservación de la estructura del suelo) e incorporar los nutrientes sustraídos en cada cosecha. Al Gobierno no le interesa la sustentabilidad técnica del sector, ya que su política actual está enmarcada en una acción totalmente recaudatoria –al manejar el poder con el dinero, necesita sin dudas de los recursos– sin importarle el futuro de nuestros suelos.
El Gobierno apuesta a una mayor siembra de soja, echando las vacas del campo, o encerrándolas, castigando la siembra del maíz y trigo –gramíneas fundamentales para la rotación agrícola– y desalentando la fertilización con bajos márgenes.
Si sacamos la cuenta de cuánto recauda el Gobierno por hectárea de retenciones por las producciones pecuarias (tambos y ganadería) y las comparamos con la soja (ver aparte Recaudación...), observaremos por qué no dudamos de su política para desalentarlas.
Ante esta realidad recaudatoria y por llevar adelante una política de precio que nace de una hipótesis falsa: “Si el novillo en pie está barato, va a estar barata la carne en el mostrador, y si la leche en el tambo está barata, va a estar barata la leche en las góndolas”, el Gobierno no sólo incentiva que desaparezcan las vacas del campo –dejando sin márgenes económicos positivos a los sectores pecuarios– sino que, al mismo tiempo, incentiva a encerrarlas –para tener más hectáreas disponibles para cultivar– mediante herramientas como son las compensaciones a los feedlots.
Por lo cual, entre el menor stock ganadero y la mayor cantidad de animales encerrados, estamos perdiendo año a año la posibilidad de hacer una rotación agrícola-ganadera sustentable.
Menos trigo y maíz. Si bien la rotación agrícola-ganadera está disminuyendo, la esperanza, sin duda, es que– si bien prevalece la producción agrícola– ésta pueda hacerse como corresponde: con rotaciones entre gramíneas y leguminosas. Si bien en la actualidad el 90 por ciento de la agricultura se hace con manejos conservacionistas, si junto a ello no reponemos los nutrientes y no hacemos la rotación correcta, la capacidad productiva del suelo se verá afectada.
Aunque la proporción ideal de las rotaciones es muy difícil de alcanzar – 50 por ciento– hace 10 años estábamos cerca de esta ecuación. Hoy, no sólo estamos lejos de ese 44 por ciento de participación de gramíneas de la siembra total –sólo llegamos al 22 por ciento–, sino que hay que sumarle la falta de reposición de nutrientes, por lo que la situación es realmente alarmante.
¿Por qué llegamos a esta situación? No hay duda de que si calculamos lo que obtiene el Gobierno por cada hectárea sembrada y a la premisa recaudatoria le sumamos la política de precio del Gobierno nacional, en la que con la hipótesis de que si “el trigo está barato, va a estar barato el pan en las panaderías” (totalmente falsa, ya que pagan por la materia prima para hacer un kilogramo de pan 0,60 centavos por kilogramo, y el pan está a cinco pesos el kilogramo), se entiende por qué desalienta la siembra de trigo y maíz.
¿Cómo lo hace? Bajando el precio que recibe el productor por tonelada tanto de trigo como de maíz y sacando del escenario a parte de la competencia: primero, fueron los exportadores, al cerrar las exportaciones o mediante la entrega discrecional de los ROE; en segundo turno, a través del último arreglo con los mismos exportadores, a los molinos harineros, al ser los exportadores los únicos actores, con la obligación de vender en el mercado interno.
A esto hay que sumarle tres herramientas de sobornos a los eslabones intermedios de la cadena: los llamados telefónicos de parte de la Secretaría de Comercio Interior –los famosos “aprietes”–, la utilización de la Afip –“si no hace lo que digo, le mando la inspecciones”– y las compensaciones de la Oncca –“si no hace lo que digo, no le pago las compensaciones”–. Por último, la presión tributaria mediante las retenciones. Estas acciones para bajar el precio del trigo y del maíz –quitar transparencia al mercado y mayor presión tributaria– ocasionan bajos márgenes por hectárea, desalentando su siembra.
¿Cómo hacer para que se vuelva a sembrar la misma cantidad de gramíneas que en el período 2000/01? Transparentando los mercados (que el productor cobre el FAS probable) y sacando las retenciones. El margen bruto de los cultivos actuales, en el que claramente la inclinación del productor va a hacer que siembre soja, y la situación de los márgenes brutos del trigo y del maíz con mercados transparentes y sin retenciones, en los que, con seguridad, el productor va optar por las gramíneas nuevamente.
¿Por qué el Gobierno no quiere transparentar los mercados ni sacar las retenciones del trigo y del maíz, para que se siembren más gramíneas? En este punto, vamos a hacer el análisis mediante dos escenarios probables:
Escenario 1: el Gobierno nacional baja las retenciones del trigo y del maíz para incentivar la siembra y alcanzar por lo menos el 44 por ciento de gramíneas (igual que en la campaña 2000/01), para hacer una agricultura sustentable en el tiempo.
Escenario 2: el Gobierno nacional no baja las retenciones, ni transparenta los mercados del trigo y del maíz, desalentando sus siembras e incentivando la sojización. Éste es el probable escenario de la campaña 2009/10.
Conclusiones. Ante la disyuntiva entre recaudar más o hacer una política sustentable en el tiempo, con seguridad un Gobierno con “sentido común” elegirá esta última.
Primero, pensando en las futuras generaciones y, segundo, porque con el correr de los años –con suelos con menos estructura y fertilidad– tendrá menos recaudación por menor producción.
Para hacer un sistema sustentable en el tiempo, la única manera de hacerlo es devolviéndole la rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y a los cultivos de trigo y maíz.
Está claro que por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, son menos hectáreas que se sembrarán con soja.
Las acciones del Gobierno actual –de expulsar las vacas del campo y no querer transparentar el mercado ni bajar las retenciones del trigo y del maíz– nos indican que sólo le interesa “la caja”, ya que si se incentiva un modelo sustentable en el tiempo (Escenario 1) la pérdida de recaudación podría superar los tres mil millones de dólares, según nuestros cálculos.
Entonces, la pregunta es: ¿cuánto perdemos “de futuro” por esta política extractiva?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios