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Rosario: piden que se promulgue la prohibición del glifosato
08:00 | 
Publicado por
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Piden a Fein que promulgue la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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Glifosato en Rosario: el lunes se sabrá que pasa
Frenan la marcha atrás de la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Paraná prohíbe el glifosato
Mientras en Rosario se desdicen, en Paraná prohíben el herbicida
Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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Un tambo con mucha energía
Energía producida en el tambo como para alimentar una ciudad de 5.000 habitantes
Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Adecoagro inauguró ayer una planta de generación eléctrica que utiliza como fuente el biogás producido por la fermentación de la bosta de las vacas. El “biodigestor” se instaló en el megatambo que poseen en Christophersen, en el sur de la provincia de Santa Fe, y tiene una capacidad de 1,4 MW, suficiente para proveer energía eléctrica a una ciudad de 5.000 habitan tes. El acto contó con la presencia del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien cortó la cinta junto con el CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch y el gerente de lechería Ernesto Pittaluga. El ministro no ocultó su sorpresa por las características del emprendimiento, revolucionario por sus dimensiones y modernidad.
En el establecimiento se ordeñan actualmente 7.000 vacas que viven bajo condiciones de máximo confort, en enormes establos dotados de control ambiental, camas de arena, sistemas de limpieza y mínimo stress. En lugar de pastorear, las vacas reciben el alimento en esos galpones. Así el campo se destina a sembrar los granos y forrajes, que luego se mezclan en carros especiales para alimentar a los animales.
En estas condiciones ideales, se logró un aumento sustancial de la producción de leche por vaca y por día. Mientras el rendimiento nacional os- cila en los 18 litros diarios, en el megatambo están promediando los 37 litros desde hace un año. De tal forma que se expresa a pleno el alto potencial genético de las vacas, que se ordeñan tres veces por día en un tambo “calesita”: los animales van entrando en un carrousel que puede alojar 80 por vez. Toda la vuelta dura 8 minutos. Así, se ordeñan 500 vacas por hora, 7 horas por turno. Se obtienen 250.000 litros de leche por día.
Pero había que resolver el talón de Aquiles del sistema: los efluentes. Hay que evacuar permanentemente el estiércol que se acumula en las camas y calles de los galpones. En Adecoagro convirtieron el problema en oportunidad. Licitaron en el programa Renov.Ar, que introdujo el Ministerio de Energía el año pasado, y lograron la adjudicación de un cupo de 1,4 MW, que es lo que necesitaban para que se hiciera viable el tratamiento de estos efluentes. La adjudicación fue en diciembre y se comprometieron a comenzar a generar en enero del 2018. Se anticiparon un par de meses: la planta está operativa desde el 4 de noviembre y ya genera a pleno.
El sistema separa la bosta de la arena y la introduce de modo prácticamente continuo a un conjunto de tres grandes tanques herméticos (los biodigestores). Allí actúan las bacterias “metanizadoras”, que producen el gas metano que alimenta un gran motogenerador. La planta es de tecnología italiana y costó US$ 6 millones. La inversión desde que iniciaron el proyecto para las 7.000 vacas, alcanza a US$ 50 millones. Bosch informó que van a duplicar la apuesta para llegar a 14,000 vacas en ordeñe.
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Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Adecoagro inauguró ayer una planta de generación eléctrica que utiliza como fuente el biogás producido por la fermentación de la bosta de las vacas. El “biodigestor” se instaló en el megatambo que poseen en Christophersen, en el sur de la provincia de Santa Fe, y tiene una capacidad de 1,4 MW, suficiente para proveer energía eléctrica a una ciudad de 5.000 habitan tes. El acto contó con la presencia del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien cortó la cinta junto con el CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch y el gerente de lechería Ernesto Pittaluga. El ministro no ocultó su sorpresa por las características del emprendimiento, revolucionario por sus dimensiones y modernidad.
En el establecimiento se ordeñan actualmente 7.000 vacas que viven bajo condiciones de máximo confort, en enormes establos dotados de control ambiental, camas de arena, sistemas de limpieza y mínimo stress. En lugar de pastorear, las vacas reciben el alimento en esos galpones. Así el campo se destina a sembrar los granos y forrajes, que luego se mezclan en carros especiales para alimentar a los animales.
En estas condiciones ideales, se logró un aumento sustancial de la producción de leche por vaca y por día. Mientras el rendimiento nacional os- cila en los 18 litros diarios, en el megatambo están promediando los 37 litros desde hace un año. De tal forma que se expresa a pleno el alto potencial genético de las vacas, que se ordeñan tres veces por día en un tambo “calesita”: los animales van entrando en un carrousel que puede alojar 80 por vez. Toda la vuelta dura 8 minutos. Así, se ordeñan 500 vacas por hora, 7 horas por turno. Se obtienen 250.000 litros de leche por día.
Pero había que resolver el talón de Aquiles del sistema: los efluentes. Hay que evacuar permanentemente el estiércol que se acumula en las camas y calles de los galpones. En Adecoagro convirtieron el problema en oportunidad. Licitaron en el programa Renov.Ar, que introdujo el Ministerio de Energía el año pasado, y lograron la adjudicación de un cupo de 1,4 MW, que es lo que necesitaban para que se hiciera viable el tratamiento de estos efluentes. La adjudicación fue en diciembre y se comprometieron a comenzar a generar en enero del 2018. Se anticiparon un par de meses: la planta está operativa desde el 4 de noviembre y ya genera a pleno.
El sistema separa la bosta de la arena y la introduce de modo prácticamente continuo a un conjunto de tres grandes tanques herméticos (los biodigestores). Allí actúan las bacterias “metanizadoras”, que producen el gas metano que alimenta un gran motogenerador. La planta es de tecnología italiana y costó US$ 6 millones. La inversión desde que iniciaron el proyecto para las 7.000 vacas, alcanza a US$ 50 millones. Bosch informó que van a duplicar la apuesta para llegar a 14,000 vacas en ordeñe.
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El lobby sojero presionó a Rosario y aceptarán el glifosato
El Concejo da marcha atrás con la prohibición del uso de glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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Causa por agroquímicos en verduras sin avance
Pocos avances en la causa por agroquímicos en verduras
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Recorte en Medio Ambiente de Santa Fe
Santa Fe recorta el presupuesto 2018 destinado a proteger el ambiente
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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El lobby sojero con los pelos de punta por Rosario
Empresas en alerta por una prohibición de usar glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Rosario es la primer "gran urbe" que prohíbe el glifosato
Agrotóxicos: Rosario se convirtió en el primer gran centro urbano en prohibir totalmente el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Concejo de Rosario prohibió el uso del herbicida, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares. El proyecto fue impulsado por los ediles Pedro Salinas (Ciudad Futura) y el peronista Osvaldo Miatello. Los estudios que demuestran la peligrosidad para la salud del glifosato abundan en todo el mundo desde hace años. En Europa varios países ya lo prohibieron, y el productor se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno".
La normativa, que marca un quiebre en el país, pone de relieve una serie de estudios científicos que consideran al glifosato como peligroso para la salud.
Entre otros, se cita el informe de expertos de la ONU que en marzo de 2017 en Ginebra declararon que "el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos".
A su vez, Salinas y Miatello indicaron que numerosos países (Holanda, Malta, Sri Lanka, entre otros) y municipios (Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis), a lo largo del mundo, han prohibido el uso del agrotóxico.
Por su parte, la Vicepresidente 2da del Concejo rosarina, Caren Tepp (Ciudad Futura), destacó la aprobación -por unanimidad- del proyecto al indicar que se trató de "un logro histórico que pone por encima de la ganancia y el mero lucro la salud y la vida de las comunidades. Una iniciativa que muestra lo que es capaz un Concejo Municipal cuando hay voluntad de avanzar en la construcción de ciudades más saludables. Ojalá este antecedente sea un aporte a las luchas que dan muchos pueblos".
En territorio bonaerense, diversas organizaciones y personas damnificadas, vienen dando desde hace mucho tiempo una constante lucha por la prohibición de este agrotóxico.
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Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Concejo de Rosario prohibió el uso del herbicida, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares. El proyecto fue impulsado por los ediles Pedro Salinas (Ciudad Futura) y el peronista Osvaldo Miatello. Los estudios que demuestran la peligrosidad para la salud del glifosato abundan en todo el mundo desde hace años. En Europa varios países ya lo prohibieron, y el productor se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno".
La normativa, que marca un quiebre en el país, pone de relieve una serie de estudios científicos que consideran al glifosato como peligroso para la salud.
Entre otros, se cita el informe de expertos de la ONU que en marzo de 2017 en Ginebra declararon que "el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos".
A su vez, Salinas y Miatello indicaron que numerosos países (Holanda, Malta, Sri Lanka, entre otros) y municipios (Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis), a lo largo del mundo, han prohibido el uso del agrotóxico.
Por su parte, la Vicepresidente 2da del Concejo rosarina, Caren Tepp (Ciudad Futura), destacó la aprobación -por unanimidad- del proyecto al indicar que se trató de "un logro histórico que pone por encima de la ganancia y el mero lucro la salud y la vida de las comunidades. Una iniciativa que muestra lo que es capaz un Concejo Municipal cuando hay voluntad de avanzar en la construcción de ciudades más saludables. Ojalá este antecedente sea un aporte a las luchas que dan muchos pueblos".
En territorio bonaerense, diversas organizaciones y personas damnificadas, vienen dando desde hace mucho tiempo una constante lucha por la prohibición de este agrotóxico.
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Carcarañá: dieron explicaciones por la mortandad de peces
El Ministerio de Medio Ambiente brindó un informe preliminar por la mortandad de peces
Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La causa fueron las altas temperaturas y el bajo caudal del curso de agua. Asimismo, se realizan estudios para descartar un proceso de contaminación.
El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia brindó este miércoles un informe preliminar para aclarar las razones por las cuales se registró una mortandad de peces en el río Carcarañá.
Dicho informe indica que las altas temperaturas y el bajo nivel del caudal del curso de agua fueron la causa de la mortandad de peces, descartando un proceso de contaminación del sistema.
Al respecto, el subsecretario de Recursos Naturales, Alejandro Larriera, señaló que “todo hace suponer que la mortandad se debe a falta de oxígeno, producida por el bajo caudal y las altas temperaturas de estos días, que aceleran la descomposición de la materia orgánica naturalmente presente en el curso de agua”.
“Es una situación normal, que ocurre prácticamente todos los años. Queremos llevar tranquilidad a los ciudadanos, mientras esperamos los resultados de las muestras de agua tomadas de manera preventiva, al tiempo que recomendamos no consumir estos peces bajo ningún concepto”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La causa fueron las altas temperaturas y el bajo caudal del curso de agua. Asimismo, se realizan estudios para descartar un proceso de contaminación.
El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia brindó este miércoles un informe preliminar para aclarar las razones por las cuales se registró una mortandad de peces en el río Carcarañá.
Dicho informe indica que las altas temperaturas y el bajo nivel del caudal del curso de agua fueron la causa de la mortandad de peces, descartando un proceso de contaminación del sistema.
Al respecto, el subsecretario de Recursos Naturales, Alejandro Larriera, señaló que “todo hace suponer que la mortandad se debe a falta de oxígeno, producida por el bajo caudal y las altas temperaturas de estos días, que aceleran la descomposición de la materia orgánica naturalmente presente en el curso de agua”.
“Es una situación normal, que ocurre prácticamente todos los años. Queremos llevar tranquilidad a los ciudadanos, mientras esperamos los resultados de las muestras de agua tomadas de manera preventiva, al tiempo que recomendamos no consumir estos peces bajo ningún concepto”, concluyó.
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Impulsan prohibición del glifosato en Rosario
El Concejo propone prohibir la utilización del glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 17/11/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo desaconsejan para el uso agronómico y espacios públicos. Fue cuestionado por la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer.
Un proyecto de ordenanza del concejal Osvaldo Miatello propone que el uso del herbicida glifosato, en el ojo de la tormenta en Europa después que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno", sea prohibido dentro de Rosario tanto para uso agronómico como en espacios públicos y jardines particulares.
La iniciativa fue ingresada para debate hace pocos días y ahora será examinada por las comisiones de Salud y de Ecología, que deberán analizar los riesgos potenciales de su uso tanto en la trama urbana como en las 260 hectáreas sembradas con soja que rodean la ciudad, según los últimos datos sobre áreas agrícolas suministrados en enero de 2016 por el Instituto Provincial de Estadística (Ipec).
"Se trata de un tema que se venía planteando hace tiempo en el Consejo Asesor de Ecología y Medio Ambiente y, además, tiene como antecedente la presentación de otro proyecto por parte de un particular, que ya planteaba la prohibición de venta de glifosato" explicó el edil, quien fundamentó el proyecto en el hecho que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
Fundamentos
Entre los argumentos que cita Miatello para justificar su pedido aparece en primer lugar la clasificación del glifosato como "probable carcinógeno para los seres humanos" de la Iarc, una organización de investigación científica que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas cuyos estudios son citados en la actualidad en Francia, país cuyo gobierno propone una "salida" del modelo agrícola glifosato-dependiente en los próximos años.
En el proyecto también se recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso en la agricultura a nivel mundial y que su utilización en Argentina es intensiva ya que está asociada al paquete de semillas transgénicas de Monsanto adoptado en masa por los productores de la zona a partir de los años 90.
Según datos del Isaaa (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), en 2016 Argentina se posicionó tercera en el ránking mundial de producción transgénica con 23,8 millones de hectáreas, sólo superada por Brasil y Estados Unidos.
Esto significa el uso de entre 3,5 y 4 millones de toneladas de agroquímicos por año a nivel país, una cifra estimada en base a las ventas (declaradas) ya que Argentina no posee estadísticas oficiales sobre el mercado de ese insumo clave.
Miatello recordó también que el año pasado expertos de la ONU declararon que el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agroquímicos. Y que otro estudio realizado por científicos del Conicet publicado en 2016 en la revista internacional Enviromental Monitoring and Assessment determinó la presencia de altos niveles de glifosato y su degradación en toda la cuenca del Paraná. Por último, señala que la ley provincial Nº 11.273 pone en primera instancia la protección de la salud humana y los recursos naturales y luego, la producción agrícola.
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Fecha de Publicación: 17/11/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo desaconsejan para el uso agronómico y espacios públicos. Fue cuestionado por la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer.
Un proyecto de ordenanza del concejal Osvaldo Miatello propone que el uso del herbicida glifosato, en el ojo de la tormenta en Europa después que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno", sea prohibido dentro de Rosario tanto para uso agronómico como en espacios públicos y jardines particulares.
La iniciativa fue ingresada para debate hace pocos días y ahora será examinada por las comisiones de Salud y de Ecología, que deberán analizar los riesgos potenciales de su uso tanto en la trama urbana como en las 260 hectáreas sembradas con soja que rodean la ciudad, según los últimos datos sobre áreas agrícolas suministrados en enero de 2016 por el Instituto Provincial de Estadística (Ipec).
"Se trata de un tema que se venía planteando hace tiempo en el Consejo Asesor de Ecología y Medio Ambiente y, además, tiene como antecedente la presentación de otro proyecto por parte de un particular, que ya planteaba la prohibición de venta de glifosato" explicó el edil, quien fundamentó el proyecto en el hecho que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
Fundamentos
Entre los argumentos que cita Miatello para justificar su pedido aparece en primer lugar la clasificación del glifosato como "probable carcinógeno para los seres humanos" de la Iarc, una organización de investigación científica que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas cuyos estudios son citados en la actualidad en Francia, país cuyo gobierno propone una "salida" del modelo agrícola glifosato-dependiente en los próximos años.
En el proyecto también se recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso en la agricultura a nivel mundial y que su utilización en Argentina es intensiva ya que está asociada al paquete de semillas transgénicas de Monsanto adoptado en masa por los productores de la zona a partir de los años 90.
Según datos del Isaaa (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), en 2016 Argentina se posicionó tercera en el ránking mundial de producción transgénica con 23,8 millones de hectáreas, sólo superada por Brasil y Estados Unidos.
Esto significa el uso de entre 3,5 y 4 millones de toneladas de agroquímicos por año a nivel país, una cifra estimada en base a las ventas (declaradas) ya que Argentina no posee estadísticas oficiales sobre el mercado de ese insumo clave.
Miatello recordó también que el año pasado expertos de la ONU declararon que el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agroquímicos. Y que otro estudio realizado por científicos del Conicet publicado en 2016 en la revista internacional Enviromental Monitoring and Assessment determinó la presencia de altos niveles de glifosato y su degradación en toda la cuenca del Paraná. Por último, señala que la ley provincial Nº 11.273 pone en primera instancia la protección de la salud humana y los recursos naturales y luego, la producción agrícola.
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Incautan en Santa Fe 400 piezas de animales en peligro
400 piezas disecadas de animales en peligro de extinción incautadas en el sur santafesino
Fecha de Publicación: 14/11/2017
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El procedimiento lo llevó adelante personal de la Policía Federal. Hallaron piezas de especies de animales autóctonos, asiáticos y africanos.
En un procedimiento encabezado por la Policía Federal, se decomisaron más de 400 partes taxidermizadas de animales en peligro de extinción en un comercio de la ciudad de Villa Cañás, al sur de la provincia de Santa Fe.
Todo surgió a partir de una denuncia realizada por los vecinos en la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA).
Como resultado de importantes tareas de investigación criminal, que incluyeron registros fotográficos y fílmicos, comprobaron que en el lugar se vendían taxidermias de ejemplares de animales en peligro de extinción.
Bajo las órdenes del Juzgado Nacional N° 3, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, se requisó el lugar y se secuestraron 414 piezas de diferentes especies de animales autóctonas, asiáticas y africanas como, por ejemplo: Gacela Ónix, Gato Montés, Ñandú, Puerco Espín, Jabalí, Puma, Oso Hormiguero, Zorro, Gran Kudu, Ciervo Colorado e Hipopótamo, entre otros.
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Fecha de Publicación: 14/11/2017
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El procedimiento lo llevó adelante personal de la Policía Federal. Hallaron piezas de especies de animales autóctonos, asiáticos y africanos.
En un procedimiento encabezado por la Policía Federal, se decomisaron más de 400 partes taxidermizadas de animales en peligro de extinción en un comercio de la ciudad de Villa Cañás, al sur de la provincia de Santa Fe.
Todo surgió a partir de una denuncia realizada por los vecinos en la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA).
Como resultado de importantes tareas de investigación criminal, que incluyeron registros fotográficos y fílmicos, comprobaron que en el lugar se vendían taxidermias de ejemplares de animales en peligro de extinción.
Bajo las órdenes del Juzgado Nacional N° 3, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, se requisó el lugar y se secuestraron 414 piezas de diferentes especies de animales autóctonas, asiáticas y africanas como, por ejemplo: Gacela Ónix, Gato Montés, Ñandú, Puerco Espín, Jabalí, Puma, Oso Hormiguero, Zorro, Gran Kudu, Ciervo Colorado e Hipopótamo, entre otros.
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La cuenca La Picasa en la corte por los excesos hídricos
Buscan abordar la problemática de La Picasa
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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Otra escuela rural fumigada, tuvo que suspender clases
Una escuela rural tuvo que suspender clases por una fumigación de químicos
Fecha de Publicación: 30/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El establecimiento ubicado en el área de San Genaro fue evacuado. Desde Amsafé piden que intervenga el Ministerio de Educación
Una escuela rural ubicada cerca de la localidad de San Genaro tuvo que suspender su normal dictado de clases y evacuar a los alumnos el pasado martes después de que un "mosquito" fumigara en un campo aledaño, lo que provocó una reacción cutánea en una de las alumnas y llevó a la docente a cargo a tomar la decisión de abandonar el edificio escolar.
Así lo denunció esta semana Amsafé San Jerónimo y la CTA de los Trabajadores regional San Jerónimo, que en un comunicado destacaron que la fumigación realizada en horario escolar a escasos metros del Centro de Educación Rural 490, ubicado en la ruta provincial Nº 65, trajo como consecuencia "la necesidad de evacuar el edificio y regresar a los alumnos a su domicilio", así como la posterior denuncia en la comisaría por parte de la docente .
"En horas de clase durante la mañana la maestra advierte la presencia del aparato denominado mosquito, y procede a discontinuar el dictado de clases y a convocar a los padres. Una nena aparece con erupciones en su piel, y una vez que los padres retiraron a los nenes ella fue a hacer la denuncia a al comisaría", explicó Javier Almirón, de la secretaria gremial del gremio docente.
El dirigente destacó que si bien se trata de prácticas que "lamentablemente son habituales y reiteradas" no hay demasiadas denuncias, ya que toda la responsabilidad recae sobre el docente, quien muchas veces se encuentra solo frente a otros actores sociales del lugar como los productores o los referentes políticos.
"Muchas veces los vínculos en los pueblos se mezclan y eso genera un contexto complicado, no es fácil para el docente ser el que lleva la responsabilidad de hacer una denuncia", dijo, para agregar que por esa razón desde hace un tiempo el gremio le está pidiendo al Ministerio de Educación provincial que elabore un protocolo de acción para el caso de las fumigaciones de escuelas rurales.
Pedido
Amsafé y la CTA de los Trabajadores piden el cumplimiento del acuerdo paritario para oficializar un "Protocolo para escuelas expuestas a la fumigación con agroquímicos".
Asimismo mencionó que "se trata de un protocolo elaborado y presentado por nuestros representantes gremiales en el marco del comité mixto de salud y seguridad en el trabajo, así como la instrumentación de todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la salud y la vida de todos aquellos que diariamente desarrollan sus tareas educativas en la ruralidad".
Legislación
Almirón recordó también que desde Amsafé confiaban en que la Legislatura pudiera avanzar con una nueva ley de agroquímicos que contemplara el caso de las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales, algo que no ocurrió ya que desde el Poder Legislativo provincial decidieron no avanzar con eso durante 2017.
"Teníamos expectativas de que saliera una nueva ley porque la que existe deja la regulación en manos de las comunas", subrayó, para pedir que el Estado en alguno de sus niveles (ministerios, Defensoría o Justicia) tome el asunto en cuenta "para evitar que los docentes queden solos".
En ese sentido, recordó que en las paritarias de este año el gremio presentó un protocolo de actuación para los casos de fumigación "pero no hubo avance". "Queremos que el gobierno y el ministerio tomen el tema, se ejecute este protocolo y tomen nota que esta situación que no puede quedar en manos del eslabón más débil que es el docente teniendo que denunciar al productor agropecuario", dijo Almirón, quien pidió la intervención de algún fiscal o de algún organismo de defensoría de la niñez.
Almirón aclaró que saben "que hay muchos más casos de los que se denuncian", lo que dificulta la posibilidad de llevar una estadística certera.
En el comunicado los gremios destacaron que las fumigaciones indiscriminadas "ponen en peligro la salud de los trabajadores y de los estudiantes, como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo", y que son situaciones que "atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales".
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Fecha de Publicación: 30/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El establecimiento ubicado en el área de San Genaro fue evacuado. Desde Amsafé piden que intervenga el Ministerio de Educación
Una escuela rural ubicada cerca de la localidad de San Genaro tuvo que suspender su normal dictado de clases y evacuar a los alumnos el pasado martes después de que un "mosquito" fumigara en un campo aledaño, lo que provocó una reacción cutánea en una de las alumnas y llevó a la docente a cargo a tomar la decisión de abandonar el edificio escolar.
Así lo denunció esta semana Amsafé San Jerónimo y la CTA de los Trabajadores regional San Jerónimo, que en un comunicado destacaron que la fumigación realizada en horario escolar a escasos metros del Centro de Educación Rural 490, ubicado en la ruta provincial Nº 65, trajo como consecuencia "la necesidad de evacuar el edificio y regresar a los alumnos a su domicilio", así como la posterior denuncia en la comisaría por parte de la docente .
"En horas de clase durante la mañana la maestra advierte la presencia del aparato denominado mosquito, y procede a discontinuar el dictado de clases y a convocar a los padres. Una nena aparece con erupciones en su piel, y una vez que los padres retiraron a los nenes ella fue a hacer la denuncia a al comisaría", explicó Javier Almirón, de la secretaria gremial del gremio docente.
El dirigente destacó que si bien se trata de prácticas que "lamentablemente son habituales y reiteradas" no hay demasiadas denuncias, ya que toda la responsabilidad recae sobre el docente, quien muchas veces se encuentra solo frente a otros actores sociales del lugar como los productores o los referentes políticos.
"Muchas veces los vínculos en los pueblos se mezclan y eso genera un contexto complicado, no es fácil para el docente ser el que lleva la responsabilidad de hacer una denuncia", dijo, para agregar que por esa razón desde hace un tiempo el gremio le está pidiendo al Ministerio de Educación provincial que elabore un protocolo de acción para el caso de las fumigaciones de escuelas rurales.
Pedido
Amsafé y la CTA de los Trabajadores piden el cumplimiento del acuerdo paritario para oficializar un "Protocolo para escuelas expuestas a la fumigación con agroquímicos".
Asimismo mencionó que "se trata de un protocolo elaborado y presentado por nuestros representantes gremiales en el marco del comité mixto de salud y seguridad en el trabajo, así como la instrumentación de todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la salud y la vida de todos aquellos que diariamente desarrollan sus tareas educativas en la ruralidad".
Legislación
Almirón recordó también que desde Amsafé confiaban en que la Legislatura pudiera avanzar con una nueva ley de agroquímicos que contemplara el caso de las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales, algo que no ocurrió ya que desde el Poder Legislativo provincial decidieron no avanzar con eso durante 2017.
"Teníamos expectativas de que saliera una nueva ley porque la que existe deja la regulación en manos de las comunas", subrayó, para pedir que el Estado en alguno de sus niveles (ministerios, Defensoría o Justicia) tome el asunto en cuenta "para evitar que los docentes queden solos".
En ese sentido, recordó que en las paritarias de este año el gremio presentó un protocolo de actuación para los casos de fumigación "pero no hubo avance". "Queremos que el gobierno y el ministerio tomen el tema, se ejecute este protocolo y tomen nota que esta situación que no puede quedar en manos del eslabón más débil que es el docente teniendo que denunciar al productor agropecuario", dijo Almirón, quien pidió la intervención de algún fiscal o de algún organismo de defensoría de la niñez.
Almirón aclaró que saben "que hay muchos más casos de los que se denuncian", lo que dificulta la posibilidad de llevar una estadística certera.
En el comunicado los gremios destacaron que las fumigaciones indiscriminadas "ponen en peligro la salud de los trabajadores y de los estudiantes, como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo", y que son situaciones que "atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales".
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Santa Fe: critican la caza de animales
Ambientalistas critican que se permita la caza de animales en la provincia
Fecha de Publicación: 28/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Ministerio de Medio Ambiente autorizó para este año que se pueden cazar nueve especies autóctonas. Críticas de la ONG Identidad Ecológica
Referentes ambientalistas de la provincia criticaron la decisión del Ministerio de Ambiente de sostener las temporadas de caza "deportiva" en Santa Fe, al considerar que no sólo no se trata de un deporte, sino que esa actividad alienta la violencia, promueve la venta de armas y atenta contra la riqueza natural de la región.
"Consideramos una gran contradicción política que se promocione y aliente esta actividad, insostenible desde el punto de vista educativo y humanístico", afirmaron desde la Asociación Identidad Ecológica, que una ONG que colabora con el proyecto de la reserva de fauna autóctona Mundo Aparte de Rosario.
Nueve especies
Por medio de la resolución número 57/17, la cartera de Medio Ambiente ha autorizado para el presente año la caza de nueve especies autóctonas, entre las cuales figuran el pato crestón, el sirirí común y el sirirí pampa, además de la perdiz chica común, la paloma torcaza, la cotorra, el moraju, el varillero y la liebre.
Cada especie consta con períodos determinados de autorización de caza, establecidos por la autoridad ambiental de Santa Fe.
Ante esto, desde esa ONG le pidieron a las autoridades santafesinas que expliciten en base a qué estudios cualitativos y cuantitativos "se autoriza la caza «deportiva» de patos y avifauna autóctona". "Hay graves errores conceptuales como el matar por entretenimiento, lo que favorece a su vez la venta de armas".
Desde la ONG Identidad Ecológica también se preguntaron sobre las razones por la que se explica la continuidad del turismo cinegético (o sea el de caza) en Santa Fe, algo que atenta contra la supervivencia del "gran león americano, el puma".
Con respecto a la caza de especies exóticas la regulación provincial establece que puede hacerse "sin límite de piezas y en toda época del año". Esto incluye animales como el jabalí, el ciervo dama, el ciervo axis, el ciervo rojo, el antílope, el búfalo de agua, el carnero salvaje y las cabras salvajes, entre otras.
Reproducción de plagas
En relación a estas especies, que son consideradas como plagas o introducidas, desde esa organización ambientalista se han planteado la siguiente pregunta: "¿Por qué si hay especies que son consideradas plagas se permite su reproducción en cautiverio alentando a privados que lucran aniquilándolos en un supuesto «bien» para la naturaleza?".
Por último, en un comunicado firmado por Esther Linaro —ex directora del zoo de Rosario y actual directora de Mundo Aparte— se menciona la gravedad del negocio de venta de armas asociado a las actividades de la caza de los animales.
"Creemos que las armas están estrictamente relacionadas con la violencia y la pérdida de valores", razonó la docente Linaro, para agregar que desde esa organización buscan convocar a las autoridades actuales, docentes y a los legisladores para "saber qué opinan" en relación a la llamada "caza deportiva".
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Fecha de Publicación: 28/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Ministerio de Medio Ambiente autorizó para este año que se pueden cazar nueve especies autóctonas. Críticas de la ONG Identidad Ecológica
Referentes ambientalistas de la provincia criticaron la decisión del Ministerio de Ambiente de sostener las temporadas de caza "deportiva" en Santa Fe, al considerar que no sólo no se trata de un deporte, sino que esa actividad alienta la violencia, promueve la venta de armas y atenta contra la riqueza natural de la región.
"Consideramos una gran contradicción política que se promocione y aliente esta actividad, insostenible desde el punto de vista educativo y humanístico", afirmaron desde la Asociación Identidad Ecológica, que una ONG que colabora con el proyecto de la reserva de fauna autóctona Mundo Aparte de Rosario.
Nueve especies
Por medio de la resolución número 57/17, la cartera de Medio Ambiente ha autorizado para el presente año la caza de nueve especies autóctonas, entre las cuales figuran el pato crestón, el sirirí común y el sirirí pampa, además de la perdiz chica común, la paloma torcaza, la cotorra, el moraju, el varillero y la liebre.
Cada especie consta con períodos determinados de autorización de caza, establecidos por la autoridad ambiental de Santa Fe.
Ante esto, desde esa ONG le pidieron a las autoridades santafesinas que expliciten en base a qué estudios cualitativos y cuantitativos "se autoriza la caza «deportiva» de patos y avifauna autóctona". "Hay graves errores conceptuales como el matar por entretenimiento, lo que favorece a su vez la venta de armas".
Desde la ONG Identidad Ecológica también se preguntaron sobre las razones por la que se explica la continuidad del turismo cinegético (o sea el de caza) en Santa Fe, algo que atenta contra la supervivencia del "gran león americano, el puma".
Con respecto a la caza de especies exóticas la regulación provincial establece que puede hacerse "sin límite de piezas y en toda época del año". Esto incluye animales como el jabalí, el ciervo dama, el ciervo axis, el ciervo rojo, el antílope, el búfalo de agua, el carnero salvaje y las cabras salvajes, entre otras.
Reproducción de plagas
En relación a estas especies, que son consideradas como plagas o introducidas, desde esa organización ambientalista se han planteado la siguiente pregunta: "¿Por qué si hay especies que son consideradas plagas se permite su reproducción en cautiverio alentando a privados que lucran aniquilándolos en un supuesto «bien» para la naturaleza?".
Por último, en un comunicado firmado por Esther Linaro —ex directora del zoo de Rosario y actual directora de Mundo Aparte— se menciona la gravedad del negocio de venta de armas asociado a las actividades de la caza de los animales.
"Creemos que las armas están estrictamente relacionadas con la violencia y la pérdida de valores", razonó la docente Linaro, para agregar que desde esa organización buscan convocar a las autoridades actuales, docentes y a los legisladores para "saber qué opinan" en relación a la llamada "caza deportiva".
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Santa Fe trabaja con científicos en el cambio climático
La provincia continúa trabajando sobre el cambio climático en el territorio santafesino
Fecha de Publicación: 22/10/2017
Fuente: Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
En un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector científico-tecnológico, se realizó el tercer encuentro de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático, constituida por el gobernador Lifschitz en el mes de marzo.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo, encabezó este jueves la tercera reunión de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático, constituida por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo de este año.
“Este encuentro sirvió para continuar con la elaboración de políticas que sirvan para enfrentar este fenómeno, sumamente complejo, que afecta a gran parte del territorio. El objetivo de esta comisión es diseñar políticas en el mediano y largo plazo para adaptarnos al cambio climático”, sostuvo Matozo.
Específicamente, en este encuentro, “analizamos la convocatoria especial de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación para proyectos vinculados a cambio climático, a la cual se presentaron 69 proyectos. Para ello, desde este espacio se designó una Comisión Ad hoc que será la encargada de determinar la pertinencia de los proyectos para luego ser evaluados por los canales normales de la Agencia”, expresó el ministro.
El encuentro se llevó a cabo en sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en Rosario, en donde también participó el decano de la Facultad de Química e Ingeniería, Francisco Casiello, quien sostuvo que “es un honor abrir nuestra casa para iniciativas tan importantes como el cambio climático y a este grupo de expertos, para luego poder transmitir las conclusiones a los jóvenes que son los que en definitiva van a poder ejecutar las decisiones actuales para hacer un mundo más sustentable”.
En el encuentro, Gabriela Müller, experta del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción CONICET, destacó que “estamos abocados a la revisión de lo que será nuestro primer documento como Comisión de expertos. Cada uno de los integrantes está haciendo aportes desde su disciplina específica, los cuales se revisan entre todos para poder avanzar en una sólida línea de base”.
“Estamos en los inicios de un trabajo que demandará actualizaciones y algún tiempo de elaboración considerable, pero que pretende servir de sustento científico para los tomadores de decisión”, expresó la investigadora y agregó que “será un trabajo crucial aunque no podremos abordar todos los ejes de manera exhaustiva. Es un ejercicio muy importante de consenso sobre una misma temática pero desde miradas disciplinares diversas”.
A su turno, Javier Gómez Insausti, experto de la Facultad de Química e Ingeniería-UCA; sostuvo que “el trabajo de la Comisión es prolífico e innovador. Es una Comisión interdisciplinar que convoca a muchos saberes para atender a una problemática específica que es el cambio climático, pero que derrama en casi todos los aspectos organizacionales de la sociedad. Allí es donde el Estado tiene cosas para decir y en donde debe ejecutar políticas públicas. En este sentido la Comisión tiene una finalidad altamente loable”.
“Hoy trabajamos en el desarrollo del primer documento que condensará la mirada de los múltiples saberes respecto a la temática que nos convoca. De esta forma, podremos contar con un instrumento de diagnóstico para el desarrollo de políticas de mediano y largo plazo, que es el objetivo de esta Comisión”, sostuvo el investigador.
Los expertos detallaron que, como resultado de su trabajo, producirán documentos en el contexto de su función de asesoramiento al gobierno provincial, incluyendo análisis de vulnerabilidades y lineamientos de ajuste de políticas públicas. Dichos documentos pueden incluir artículos de opinión, estudios y dictámenes sobre distintos temas en cada eje y por parte de los distintos autores.
Para ello, se encuentran actualmente trabajando en la elaboración de una publicación anual que aglutine dichos productos. La primera publicación, a presentarse a fines de 2017 y principios del próximo año, tiene por objetivo identificar las vulnerabilidades de cada sector identificado en un contexto provincial, nacional e internacional. La segunda publicación, a elaborarse en 2018, incluirá un análisis de posibles medidas de mitigación y adaptación con relación a los hallazgos del primer documento.
Está integrada por profesionales, científicos y académicos, coordinados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, participan los ministerios de Infraestructura y Transporte; de la Producción; de Medio Ambiente; y las secretarías de Estado de la Energía y de Protección Ciudadana.
Los científicos e investigadores que participan de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático son: Carlos Arcocha (Facultad de Derecho – UNR); Daniel Arrieta (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Pablo Beldoménico (Instituto Ciencias Veterinarias LITORAL - CONICET – UNL); María del Pilar Bueno (Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales – UNR); Daniel Davobe (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Sandra Díaz (Universidad Nacional de Córdoba); Alicia Fernández Cirelli (Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA); María Soledad García (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); Javier Gómez Insausti (Facultad de Química e Ingeniería – UCA); Perla Ester Leva (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); José Macor Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), FICH – UNL); Gabriela Müller (CICYTTP/CONICET); Raúl Navarro (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Vilma Olivieri (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Hugo Orsolini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Carlos Paoli (Carlos Centro Regional Litoral – INA); Marta Paris (Grupo de Investigaciones Geohidrológicas - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Rubén Piacentini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Víctor Pochat (Instituto Argentino de Recursos Hídricos); Silvia Rafaelli ( Ex CTI Proyecto Cuenca del Plata); Gonzalo Sozzo (Facultad de Ciencias Jurídicas – UNL); Alfredo Trento (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Ofelia Tujchneider (Programa GGRETA – UNESCO); Carolina Vera (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)- UBA; Adolfo Villanueva (Centro Regional Litoral – INA); y Carlos Vionnet (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL).
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Fecha de Publicación: 22/10/2017
Fuente: Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
En un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector científico-tecnológico, se realizó el tercer encuentro de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático, constituida por el gobernador Lifschitz en el mes de marzo.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo, encabezó este jueves la tercera reunión de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático, constituida por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo de este año.
“Este encuentro sirvió para continuar con la elaboración de políticas que sirvan para enfrentar este fenómeno, sumamente complejo, que afecta a gran parte del territorio. El objetivo de esta comisión es diseñar políticas en el mediano y largo plazo para adaptarnos al cambio climático”, sostuvo Matozo.
Específicamente, en este encuentro, “analizamos la convocatoria especial de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación para proyectos vinculados a cambio climático, a la cual se presentaron 69 proyectos. Para ello, desde este espacio se designó una Comisión Ad hoc que será la encargada de determinar la pertinencia de los proyectos para luego ser evaluados por los canales normales de la Agencia”, expresó el ministro.
El encuentro se llevó a cabo en sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en Rosario, en donde también participó el decano de la Facultad de Química e Ingeniería, Francisco Casiello, quien sostuvo que “es un honor abrir nuestra casa para iniciativas tan importantes como el cambio climático y a este grupo de expertos, para luego poder transmitir las conclusiones a los jóvenes que son los que en definitiva van a poder ejecutar las decisiones actuales para hacer un mundo más sustentable”.
En el encuentro, Gabriela Müller, experta del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción CONICET, destacó que “estamos abocados a la revisión de lo que será nuestro primer documento como Comisión de expertos. Cada uno de los integrantes está haciendo aportes desde su disciplina específica, los cuales se revisan entre todos para poder avanzar en una sólida línea de base”.
“Estamos en los inicios de un trabajo que demandará actualizaciones y algún tiempo de elaboración considerable, pero que pretende servir de sustento científico para los tomadores de decisión”, expresó la investigadora y agregó que “será un trabajo crucial aunque no podremos abordar todos los ejes de manera exhaustiva. Es un ejercicio muy importante de consenso sobre una misma temática pero desde miradas disciplinares diversas”.
A su turno, Javier Gómez Insausti, experto de la Facultad de Química e Ingeniería-UCA; sostuvo que “el trabajo de la Comisión es prolífico e innovador. Es una Comisión interdisciplinar que convoca a muchos saberes para atender a una problemática específica que es el cambio climático, pero que derrama en casi todos los aspectos organizacionales de la sociedad. Allí es donde el Estado tiene cosas para decir y en donde debe ejecutar políticas públicas. En este sentido la Comisión tiene una finalidad altamente loable”.
“Hoy trabajamos en el desarrollo del primer documento que condensará la mirada de los múltiples saberes respecto a la temática que nos convoca. De esta forma, podremos contar con un instrumento de diagnóstico para el desarrollo de políticas de mediano y largo plazo, que es el objetivo de esta Comisión”, sostuvo el investigador.
Los expertos detallaron que, como resultado de su trabajo, producirán documentos en el contexto de su función de asesoramiento al gobierno provincial, incluyendo análisis de vulnerabilidades y lineamientos de ajuste de políticas públicas. Dichos documentos pueden incluir artículos de opinión, estudios y dictámenes sobre distintos temas en cada eje y por parte de los distintos autores.
Para ello, se encuentran actualmente trabajando en la elaboración de una publicación anual que aglutine dichos productos. La primera publicación, a presentarse a fines de 2017 y principios del próximo año, tiene por objetivo identificar las vulnerabilidades de cada sector identificado en un contexto provincial, nacional e internacional. La segunda publicación, a elaborarse en 2018, incluirá un análisis de posibles medidas de mitigación y adaptación con relación a los hallazgos del primer documento.
Está integrada por profesionales, científicos y académicos, coordinados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, participan los ministerios de Infraestructura y Transporte; de la Producción; de Medio Ambiente; y las secretarías de Estado de la Energía y de Protección Ciudadana.
Los científicos e investigadores que participan de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático son: Carlos Arcocha (Facultad de Derecho – UNR); Daniel Arrieta (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Pablo Beldoménico (Instituto Ciencias Veterinarias LITORAL - CONICET – UNL); María del Pilar Bueno (Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales – UNR); Daniel Davobe (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Sandra Díaz (Universidad Nacional de Córdoba); Alicia Fernández Cirelli (Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA); María Soledad García (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); Javier Gómez Insausti (Facultad de Química e Ingeniería – UCA); Perla Ester Leva (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); José Macor Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), FICH – UNL); Gabriela Müller (CICYTTP/CONICET); Raúl Navarro (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Vilma Olivieri (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Hugo Orsolini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Carlos Paoli (Carlos Centro Regional Litoral – INA); Marta Paris (Grupo de Investigaciones Geohidrológicas - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Rubén Piacentini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Víctor Pochat (Instituto Argentino de Recursos Hídricos); Silvia Rafaelli ( Ex CTI Proyecto Cuenca del Plata); Gonzalo Sozzo (Facultad de Ciencias Jurídicas – UNL); Alfredo Trento (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Ofelia Tujchneider (Programa GGRETA – UNESCO); Carolina Vera (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)- UBA; Adolfo Villanueva (Centro Regional Litoral – INA); y Carlos Vionnet (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL).
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Ley de protección de flora y fauna apícola a medio camino
Media sanción a la ley de protección de flora y fauna apícola
Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley del senador José Baucero que declara de interés provincial el desarrollo de la flora y fauna apícola.
El senado provincial dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley del senador provincial del Partido Justicialista, José Baucero, que declara de interés y como patrimonio provincial al desarrollo de la apicultura, y la protección de toda la flora apícola. Al mismo tiempo dispone la protección de las abejas melíferas (Apis melífera) y la considera como insecto útil con valor económico y beneficios necesarios para el del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
La propuesta del senador del departamento por San Javier también determina la Integración de un Fondo de Fomento y Expansión para la Producción, industrialización y comercialización de la actividad apícola por un lapso de diez años a partir de la promulgación de la ley, para las organizaciones o empresas nacionales, industriales, comerciales o de servicio cualquiera sea la forma de integración de su capital y cuyo ámbito de actuación, domicilio fiscal y domicilio legal, se encuentre dentro del territorio del departamento San Javier, a fin de fomentar y contribuir subsidiariamente a pequeños productores en la adquisición de equipamientos y maquinarias de trabajo.
Al fundamentar la iniciativa presentada, Baucero manifestó estar convencido de que “el instrumento legal proyectado destaca la importancia del cuidado de los polinizadores, de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, promoviendo la integración y la organización de los actores de la cadena de valor apícola y generando valor agregado a la producción”.
Además, permitirá “la transferencia de las diferentes tecnologías disponibles en el marco conceptual de la calidad, considerando fundamentalmente la información generada a través de ensayos, unidades demostrativas y relevamientos de colmenas, entre otras faenas productivas, además de permitir el desarrollo de traspaso y extensión en la capacitación (profesionales, productores, operarios), comunicación (gacetillas, publicaciones), unidad demostrativas y red de información técnica (Ensayos, experimentación adaptativas, red de monitoreos a campo, etc.)”.
Vale destacar que el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
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Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley del senador José Baucero que declara de interés provincial el desarrollo de la flora y fauna apícola.
El senado provincial dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley del senador provincial del Partido Justicialista, José Baucero, que declara de interés y como patrimonio provincial al desarrollo de la apicultura, y la protección de toda la flora apícola. Al mismo tiempo dispone la protección de las abejas melíferas (Apis melífera) y la considera como insecto útil con valor económico y beneficios necesarios para el del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
La propuesta del senador del departamento por San Javier también determina la Integración de un Fondo de Fomento y Expansión para la Producción, industrialización y comercialización de la actividad apícola por un lapso de diez años a partir de la promulgación de la ley, para las organizaciones o empresas nacionales, industriales, comerciales o de servicio cualquiera sea la forma de integración de su capital y cuyo ámbito de actuación, domicilio fiscal y domicilio legal, se encuentre dentro del territorio del departamento San Javier, a fin de fomentar y contribuir subsidiariamente a pequeños productores en la adquisición de equipamientos y maquinarias de trabajo.
Al fundamentar la iniciativa presentada, Baucero manifestó estar convencido de que “el instrumento legal proyectado destaca la importancia del cuidado de los polinizadores, de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, promoviendo la integración y la organización de los actores de la cadena de valor apícola y generando valor agregado a la producción”.
Además, permitirá “la transferencia de las diferentes tecnologías disponibles en el marco conceptual de la calidad, considerando fundamentalmente la información generada a través de ensayos, unidades demostrativas y relevamientos de colmenas, entre otras faenas productivas, además de permitir el desarrollo de traspaso y extensión en la capacitación (profesionales, productores, operarios), comunicación (gacetillas, publicaciones), unidad demostrativas y red de información técnica (Ensayos, experimentación adaptativas, red de monitoreos a campo, etc.)”.
Vale destacar que el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
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Se viene el etiquetado energético para viviendas
Avanza la implementación del etiquetado energético para viviendas
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El proyecto de ley para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de las construcciones ya ingresó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. La idea es extender la práctica a nivel nacional.
La provincia de Santa Fe es la primera del país en desarrollar y llevar a la práctica un sistema aplicativo para determinar un “índice de prestación energética” para clasificar la eficiencia de las viviendas, de un modo análogo al que ya poseen las heladeras o los equipos de aire acondicionado.
El proyecto de la Ley de Etiquetado de Viviendas que ya fue presentado en la Cámara de Diputados provincial apunta a que cada vivienda tenga un certificado que brinde información al usuario sobre su eficiencia en el consumo de energía, y que éste sea un instrumento de decisión adicional a la hora de alquilar o comprar una propiedad.
La primera semana de octubre se presentaron los primeros resultados de la prueba piloto que se inició el abril. En ese contexto, autoridades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno Nacional anunciaron la intención de extender el programa a todo el país.
Los datos del relevamiento de 516 viviendas en la ciudad de Rosario se usarán para ajustar detalles del aplicativo y validar el sistema de implementación. La investigación y el desarrollo del aplicativo está a cargo de profesionales de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fé y, junto al aporte del INTI y el apoyo del Gobierno nacional, sirvió como base técnica para el proyecto de reforma de la norma IRAM 11.900 para el cálculo de las envolventes térmicas y el etiquetado de edificios, que en estos días salió a discusión pública.
El ingeniero Roque Stagnitta, asesor técnico de la Secretaría, fundamentó el interés de la provincia en esta iniciativa. “El 28% de la demanda de energía proviene del sector residencial, el cual concentra un gran potencial de mejora”, señaló. Y explicó que, para lograr la eficiencia energética en un sector de consumo tan atomizado y diverso, el Estado debe encarar el tema como una política pública, es decir, conformar un sistema normativo que pueda acompañar y conducir el comportamiento de los individuos.
El equipo de trabajo se concentró en desarrollar tres aspectos fundamentales para que el proyecto tenga sustento. En sus aspectos técnicos, buscaron el consenso de la comunidad científica respecto a cuáles son los procedimientos adecuados para decir que un inmueble es mejor que otro en términos de eficiencia energética. A su vez, para ganar el reconocimiento legal, la etiqueta estará asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Por último, el proyecto de Ley se enfoca en generar un instrumento que sea fácilmente adoptable por el mercado, para lo cual se creará un sello distintivo y buscarán simplificar la tarea del profesional que realice la certificación y la gestión para el propietario del inmueble. El plazo de vigencia sería de 10 años y, al principio, solo para viviendas.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El proyecto de ley para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de las construcciones ya ingresó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. La idea es extender la práctica a nivel nacional.
La provincia de Santa Fe es la primera del país en desarrollar y llevar a la práctica un sistema aplicativo para determinar un “índice de prestación energética” para clasificar la eficiencia de las viviendas, de un modo análogo al que ya poseen las heladeras o los equipos de aire acondicionado.
El proyecto de la Ley de Etiquetado de Viviendas que ya fue presentado en la Cámara de Diputados provincial apunta a que cada vivienda tenga un certificado que brinde información al usuario sobre su eficiencia en el consumo de energía, y que éste sea un instrumento de decisión adicional a la hora de alquilar o comprar una propiedad.
La primera semana de octubre se presentaron los primeros resultados de la prueba piloto que se inició el abril. En ese contexto, autoridades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno Nacional anunciaron la intención de extender el programa a todo el país.
Los datos del relevamiento de 516 viviendas en la ciudad de Rosario se usarán para ajustar detalles del aplicativo y validar el sistema de implementación. La investigación y el desarrollo del aplicativo está a cargo de profesionales de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fé y, junto al aporte del INTI y el apoyo del Gobierno nacional, sirvió como base técnica para el proyecto de reforma de la norma IRAM 11.900 para el cálculo de las envolventes térmicas y el etiquetado de edificios, que en estos días salió a discusión pública.
El ingeniero Roque Stagnitta, asesor técnico de la Secretaría, fundamentó el interés de la provincia en esta iniciativa. “El 28% de la demanda de energía proviene del sector residencial, el cual concentra un gran potencial de mejora”, señaló. Y explicó que, para lograr la eficiencia energética en un sector de consumo tan atomizado y diverso, el Estado debe encarar el tema como una política pública, es decir, conformar un sistema normativo que pueda acompañar y conducir el comportamiento de los individuos.
El equipo de trabajo se concentró en desarrollar tres aspectos fundamentales para que el proyecto tenga sustento. En sus aspectos técnicos, buscaron el consenso de la comunidad científica respecto a cuáles son los procedimientos adecuados para decir que un inmueble es mejor que otro en términos de eficiencia energética. A su vez, para ganar el reconocimiento legal, la etiqueta estará asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Por último, el proyecto de Ley se enfoca en generar un instrumento que sea fácilmente adoptable por el mercado, para lo cual se creará un sello distintivo y buscarán simplificar la tarea del profesional que realice la certificación y la gestión para el propietario del inmueble. El plazo de vigencia sería de 10 años y, al principio, solo para viviendas.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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En Armstrong inauguran una planta fotovoltaica
Se inauguró en Armstrong planta de generación eléctrica fotovoltaica
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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