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Otra 'mesa de trabajo' sobre el Riachuelo
08:00 | 
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Esta conformada 'mesa de trabajo' sobre la Cuenca Matanza - Riachuelo
Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: bainforma.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional por la UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray y el auditor de la AGN Jesús Rodríguez, se reunieron con concejales y dirigentes radicales de la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de establecer un plan de acción sobre la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante la reunión se abordaron los informes que la Auditoría General de la Nación elaboró sobre las tareas desarrolladas por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) por el período 2012-2015.
En estos informes se da cuenta que esta entidad, dedicada a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, no cumplió con los objetivos en cuanto a lograr la sustentabilidad ambiental, no realizó el plan de ordenamiento territorial solicitado, y presentaba inconsistencias sobre la información de las soluciones habitacionales realizadas, declarando que existían 3007 familias reubicadas, cuando el informe de la AGN da cuenta de 2759; y sobre las partidas presupuestarias ejecutadas.
En este contexto, el diputado Alejandro Echegaray destacó: "Existe un problema de acceso a la información del plan de acción de ACUMAR y sus resultados", y agregó: "Ésta es la primera de varias reuniones que realizaremos con concejales radicales de distritos que están sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, con el objetivo de realizar acciones que aceleren los resultados de saneamiento del ambiente y mejora de calidad de vida de las familias que viven en las cercanías del río".
"El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por un fallo judicial de 2008, pero más allá de eso, lo fundamental es que hay familias que están viviendo en un ambiente contaminado, y eso debe revertirse cuanto antes. Por eso vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano como legisladores para alcanzar los objetivos de saneamiento", subrayó Echegaray.
Participaron de la reunión concejales de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
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Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: bainforma.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional por la UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray y el auditor de la AGN Jesús Rodríguez, se reunieron con concejales y dirigentes radicales de la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de establecer un plan de acción sobre la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante la reunión se abordaron los informes que la Auditoría General de la Nación elaboró sobre las tareas desarrolladas por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) por el período 2012-2015.
En estos informes se da cuenta que esta entidad, dedicada a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, no cumplió con los objetivos en cuanto a lograr la sustentabilidad ambiental, no realizó el plan de ordenamiento territorial solicitado, y presentaba inconsistencias sobre la información de las soluciones habitacionales realizadas, declarando que existían 3007 familias reubicadas, cuando el informe de la AGN da cuenta de 2759; y sobre las partidas presupuestarias ejecutadas.
En este contexto, el diputado Alejandro Echegaray destacó: "Existe un problema de acceso a la información del plan de acción de ACUMAR y sus resultados", y agregó: "Ésta es la primera de varias reuniones que realizaremos con concejales radicales de distritos que están sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, con el objetivo de realizar acciones que aceleren los resultados de saneamiento del ambiente y mejora de calidad de vida de las familias que viven en las cercanías del río".
"El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por un fallo judicial de 2008, pero más allá de eso, lo fundamental es que hay familias que están viviendo en un ambiente contaminado, y eso debe revertirse cuanto antes. Por eso vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano como legisladores para alcanzar los objetivos de saneamiento", subrayó Echegaray.
Participaron de la reunión concejales de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
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En el Riachuelo los chicos siguen muriendo por el plomo
A 8 años del fallo de la Corte, los chicos del Riachuelo siguen muriendo por plomo en sangre
Fecha de Publicación: 24/01/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
Una sentencia histórica contra el Estado lleva casi una década sin cumplir. Miles de familias aún no fueron trasladadas y están en riesgo sanitario.
La foto se repite. Permanece prácticamente intacta. Plomo en la sangre por la cercanía a uno de los ríos más contaminados del mundo. Parásitos intestinales por el agua turbia. Ratas a las que la gente del lugar bautizó como “perros” impresionados por su gran tamaño. Nacer y vivir a la vera del Riachuelo. Éstas son las historias de miles de familias que esperan algo que va a contramano del calendario: que se haga lo que hace casi diez años pidió la Corte Suprema, que se solucione el drama de vivir y morir sobre la podredumbre del Riachuelo, “una de las causas estructurales más importantes de América Latina”, según el Ministerio Público de la Defensa.
En 2004, hartos del olor, los dolores de cabeza y el miedo cada vez que abrían una canilla para llenar la pava, un grupo de vecinos demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), un hito tribunalicio donde la Corte Suprema de Justicia condenó el 8 de julio 2008 al Estado nacional, a Provincia y a la Ciudad. Les pidió garantizar la salud de los orilleros, mejorar el ambiente y reducir daños. Ellos contestaron con la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Su plan de cuidado ambiental y humano incluyó liberar las orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes). Desde hacía décadas estaban pobladas por villas y asentamientos precarios. Había (hay) que trasladar, según datos oficiales de hace siete años entre Ciudad y Provincia, a más 17 mil familias de 16 asentamientos.
Desde 2011 se realizaron algunos traslados (apenas 138 familias) pero los que quedaron están en alerta sanitaria. ACUMAR informó en 2013 que el 25% de los niños que viven en las orillas tienen plomo en sangre. El estudio se hizo en la zona de la Villa 21-24, pero “en la 26 hay un montón de casos y no se estudiaron”, reprochó ante El Destape Gustavo Moreno, asesor de menores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta demora en hacer la obra pública implica que los chicos se van a seguir contaminando”, agrega. De hecho, hoy sigue vigente la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley Nº 5.628).
“La sentencia tiene ocho años, los plazos que la Corte fijó están vencidos y la situación va empeorando porque en el año 2016 no se cumplió con la relocalización”, dice Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en la CABA. A mediados de 2015 se habían mudado cerca de tres mil familias de Ciudad y Provincia, según el entonces titular de ACUMAR, Julio Torti. Pero los números son engañosos. “La población natural en estos diez años se incrementó un tercio, si no se soluciona ya, no van a hacer nunca las viviendas necesarias”, agrega Duacastella.
"Seguimos acá y eso significa que los hijos de nuestros hijos vienen al mundo con el riesgo de tener plomo en sangre. Son ocho años de incumplimiento. Una generación y que encima no está censada”, dice Teresa, una de las primeras habitantes del asentamiento Lamadrid.
Falta de fondos, cortocircuitos políticos, quiebra de las empresas contratadas para las obras, usurpaciones de las tierras. Muchos fueron los atenuantes en la demora. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública. Sus conclusiones las volcó en un fallo del 27 de diciembre. Si bien no escuchó a los vecinos de los asentamientos, hizo notar las deficiencias en el proceso de urbanización y traslado, asumido en 2008 con el fallo del a Causa Mendoza. Para ACUMAR representa un tirón de orejas. A más tardar el 1 de marzo deberá informar cuándo y cómo va a trasladas a las familias restantes y garantizar las condiciones sanitarias de los residentes de orilla.
“La presión de la Corte ahora es más fuerte porque se hizo evidente la falta de gestión de la causa”, dice la abogada Ana lanziani, que integra el Equipo de Abordaje Territorial 1 del Ministerio Público de la Defensa (Poder Judicial CABA), que representa a los vecinos en el caso.
El apuro de la Corte se mecha con el nuevo perfil de la administración porteña. A pesar de haber cajoneado años la urbanización de villas, ahora las impulsa con gran velocidad. Otros, como Duacastella o el delegado de Lamadrid consultado por este medio, ven una concordancia con desarrollos inmobiliarios: Lamadrid coincide con el Distrito de las Artes (como el Tecnológico de Patricios, allí no se cobra ingresos brutos a quienes desarrollen una actividad relacionada) en los predios de la Comuna 8 van a lindar con la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. “Es llamativo que estos barrios tengan impulso cuando están ligados a emprendimientos inmobiliarios”, se muestra escéptico el letrado.
El Destape consultó a ACUMAR cuáles serán los próximos pasos y cómo hará frente a los pedidos del a Corte. “Cambiamos autoridad esta semana. Nadie oficialmente puede dar respuesta. El 23 vamos a tener una relocalización en Villa Jardín en Lanús”, expresaron sus voceros.
“En Provincia la mayoría de las márgenes se relocalizó. En Villa Inflamable, en La Matanza. El grueso queda en Capital”, explica Antolín Magallanes, ex funcionario de ACUMAR (2013-2015). “Es una tarea ciclópea, es muy difícil de resolver porque a veces hubo problemas con las obras que se paraban”, añade y cuestiona: “Ciudad hizo poco y nada de vivienda, las ex autoridades del IVC hoy están en ANSES, ese tipo de funcionarios priorizaron para las jubilaciones”.
La villa 21-24 es la más populosa del proceso. Se compone estimativamente de 1338 familias. En estos años se trasladó a 110 (se pensaban 220) al Complejo Padre Mugica (General Paz y Castañares). Las restantes 840 quedarán en Barracas. Irán a Iguazú 1835 (ex predio Mundo Grúa). Tenían que estar antes de enero de 2013, hoy siguen a la vera del Riachuelo.
“Se tienen que ir 53 familias más en el transcurso de este año pero como están dadas las condiciones es bastante difícil que pase. Este proceso de relocalización de las familias que faltan completar el cupo de las 220 que nos impuso el juez Armella en su momento”, dice Mario Gómez, delegado de la Manzana 29 de la Villa 21-24, afectada por la relocalización.
El otro caso latente es la Villa 26. En los papeles judiciales, desde mediados de 2012 todos sus habitantes están trasladados. Sin embargo, de las 220 familias que lo componen, 108 fueron a Luzuriaga 837. A la vera del Riachuelo Serafina Falagán, presidenta de la Villa, recibe a El Destape. En el comedor que administra están reunidos vecinos para aprender a hacer insecticida casero y combatir así al dengue. Las ratas y cucarachas de alcantarillas que salen de los baños se combaten con escobillonazos y nervios de acero, dice ella. En cuando a la causa, se queja de que “los jueces recién ahora apuran y Ciudad ahora por el fallo se mueve, me pasé años y años pidiendo, sugiriendo terrenos y nada; recién ahora”. Aún así, lo que muestra es más esperanza que rencor. “Todo esto es fruto de la lucha, pero cuánto que se extiende”, suspira Serafina.
Para los vecinos de Lamadrid, a metros del Riachuelo y techados por la AU La Plata, Ciudad compró cinco terrenos. A algunos les ofrecieron créditos hipotecarios para mudarse a Provincia, pero otros vecinos quisieron quedarse en el barrio. Van a remover los escombros de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez, de vecinos que tomaron créditos y se mudaron lejos del barrio. En su lugar habrá una plaza. “Tenemos derecho a la ley 2240, para que nos relocalicen en zona, es anterior al fallo de la Corte y de la lucha de los compañeros”, explica Osvaldo De Marco, uno de los delegados.
El traslado en algunos casos tampoco fue una solución. “Esta semana me avisaron que mataron otro pibe en el complejo Mugica. En año nuevo también pasó, hay una falta de estado para prevenir estos hechos de violencia”, lamenta Duacastella al habla con este medio.
Familias del Camino de Sirga denuncian que en este predio de General Paz y Castañares hubo muchos hechos de violencia y que la situación no parece mejorar. “Los que se trasladan tienen que convivir con vecinos de otros asentamientos. Tanto es así que tuvimos que lamentar pérdidas humanos en estas cuestiones. Mataron pibes jóvenes, fallecieron en confrontaciones, la convivencia es muy difícil”, cuenta Mario Gómez.
Serafina nos cuenta la charla que mantuvo con una vecina orillera trasladada al predio de Lacarra. “Ella me decía “yo tengo ganas de irme, vender, irme, es un caos, tiros robos”, me decía, es muy terrible, por eso hicimos presión ante el gobierno para no ir a esos predios”.
Duacastella habla además de las dificultades del desarraigo: “En la zona de Barracas y La Boca tienen centros de salud, las escuelas. A los barrios donde los mudan no hay infraestructura para recibir a una población vulnerable, se les hace más difícil”.
Tras el fallo de la Corte, el juez Jorge Rodríguez se entrevistó con vecinos del Camino de Sirga. Al escucharlos decidió que no se realice ninguna relocalización en el barrio Mugica.
Los referentes de los asentamientos hablan con las autoridades porteñas (IVC) a través de mesas bimestrales. En el caso de Lamadrid, la última fue en diciembre, esperan tener la próxima en marzo, cuando coincida con la presentación de ACUMAR. “Esperemos que todo lo malo que vivimos se termine pronto con los nuevos predios, que, después de casi diez años de hacer lo mínimo, no se haga todo de apuro para una especulación inmobiliaria o para la foto”, advierte Osvaldo De Marco, referente de Lamadrid.
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Fecha de Publicación: 24/01/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
Una sentencia histórica contra el Estado lleva casi una década sin cumplir. Miles de familias aún no fueron trasladadas y están en riesgo sanitario.
La foto se repite. Permanece prácticamente intacta. Plomo en la sangre por la cercanía a uno de los ríos más contaminados del mundo. Parásitos intestinales por el agua turbia. Ratas a las que la gente del lugar bautizó como “perros” impresionados por su gran tamaño. Nacer y vivir a la vera del Riachuelo. Éstas son las historias de miles de familias que esperan algo que va a contramano del calendario: que se haga lo que hace casi diez años pidió la Corte Suprema, que se solucione el drama de vivir y morir sobre la podredumbre del Riachuelo, “una de las causas estructurales más importantes de América Latina”, según el Ministerio Público de la Defensa.
En 2004, hartos del olor, los dolores de cabeza y el miedo cada vez que abrían una canilla para llenar la pava, un grupo de vecinos demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), un hito tribunalicio donde la Corte Suprema de Justicia condenó el 8 de julio 2008 al Estado nacional, a Provincia y a la Ciudad. Les pidió garantizar la salud de los orilleros, mejorar el ambiente y reducir daños. Ellos contestaron con la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Su plan de cuidado ambiental y humano incluyó liberar las orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes). Desde hacía décadas estaban pobladas por villas y asentamientos precarios. Había (hay) que trasladar, según datos oficiales de hace siete años entre Ciudad y Provincia, a más 17 mil familias de 16 asentamientos.
Desde 2011 se realizaron algunos traslados (apenas 138 familias) pero los que quedaron están en alerta sanitaria. ACUMAR informó en 2013 que el 25% de los niños que viven en las orillas tienen plomo en sangre. El estudio se hizo en la zona de la Villa 21-24, pero “en la 26 hay un montón de casos y no se estudiaron”, reprochó ante El Destape Gustavo Moreno, asesor de menores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta demora en hacer la obra pública implica que los chicos se van a seguir contaminando”, agrega. De hecho, hoy sigue vigente la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley Nº 5.628).
“La sentencia tiene ocho años, los plazos que la Corte fijó están vencidos y la situación va empeorando porque en el año 2016 no se cumplió con la relocalización”, dice Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en la CABA. A mediados de 2015 se habían mudado cerca de tres mil familias de Ciudad y Provincia, según el entonces titular de ACUMAR, Julio Torti. Pero los números son engañosos. “La población natural en estos diez años se incrementó un tercio, si no se soluciona ya, no van a hacer nunca las viviendas necesarias”, agrega Duacastella.
"Seguimos acá y eso significa que los hijos de nuestros hijos vienen al mundo con el riesgo de tener plomo en sangre. Son ocho años de incumplimiento. Una generación y que encima no está censada”, dice Teresa, una de las primeras habitantes del asentamiento Lamadrid.
Falta de fondos, cortocircuitos políticos, quiebra de las empresas contratadas para las obras, usurpaciones de las tierras. Muchos fueron los atenuantes en la demora. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública. Sus conclusiones las volcó en un fallo del 27 de diciembre. Si bien no escuchó a los vecinos de los asentamientos, hizo notar las deficiencias en el proceso de urbanización y traslado, asumido en 2008 con el fallo del a Causa Mendoza. Para ACUMAR representa un tirón de orejas. A más tardar el 1 de marzo deberá informar cuándo y cómo va a trasladas a las familias restantes y garantizar las condiciones sanitarias de los residentes de orilla.
“La presión de la Corte ahora es más fuerte porque se hizo evidente la falta de gestión de la causa”, dice la abogada Ana lanziani, que integra el Equipo de Abordaje Territorial 1 del Ministerio Público de la Defensa (Poder Judicial CABA), que representa a los vecinos en el caso.
El apuro de la Corte se mecha con el nuevo perfil de la administración porteña. A pesar de haber cajoneado años la urbanización de villas, ahora las impulsa con gran velocidad. Otros, como Duacastella o el delegado de Lamadrid consultado por este medio, ven una concordancia con desarrollos inmobiliarios: Lamadrid coincide con el Distrito de las Artes (como el Tecnológico de Patricios, allí no se cobra ingresos brutos a quienes desarrollen una actividad relacionada) en los predios de la Comuna 8 van a lindar con la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. “Es llamativo que estos barrios tengan impulso cuando están ligados a emprendimientos inmobiliarios”, se muestra escéptico el letrado.
El Destape consultó a ACUMAR cuáles serán los próximos pasos y cómo hará frente a los pedidos del a Corte. “Cambiamos autoridad esta semana. Nadie oficialmente puede dar respuesta. El 23 vamos a tener una relocalización en Villa Jardín en Lanús”, expresaron sus voceros.
“En Provincia la mayoría de las márgenes se relocalizó. En Villa Inflamable, en La Matanza. El grueso queda en Capital”, explica Antolín Magallanes, ex funcionario de ACUMAR (2013-2015). “Es una tarea ciclópea, es muy difícil de resolver porque a veces hubo problemas con las obras que se paraban”, añade y cuestiona: “Ciudad hizo poco y nada de vivienda, las ex autoridades del IVC hoy están en ANSES, ese tipo de funcionarios priorizaron para las jubilaciones”.
La villa 21-24 es la más populosa del proceso. Se compone estimativamente de 1338 familias. En estos años se trasladó a 110 (se pensaban 220) al Complejo Padre Mugica (General Paz y Castañares). Las restantes 840 quedarán en Barracas. Irán a Iguazú 1835 (ex predio Mundo Grúa). Tenían que estar antes de enero de 2013, hoy siguen a la vera del Riachuelo.
“Se tienen que ir 53 familias más en el transcurso de este año pero como están dadas las condiciones es bastante difícil que pase. Este proceso de relocalización de las familias que faltan completar el cupo de las 220 que nos impuso el juez Armella en su momento”, dice Mario Gómez, delegado de la Manzana 29 de la Villa 21-24, afectada por la relocalización.
El otro caso latente es la Villa 26. En los papeles judiciales, desde mediados de 2012 todos sus habitantes están trasladados. Sin embargo, de las 220 familias que lo componen, 108 fueron a Luzuriaga 837. A la vera del Riachuelo Serafina Falagán, presidenta de la Villa, recibe a El Destape. En el comedor que administra están reunidos vecinos para aprender a hacer insecticida casero y combatir así al dengue. Las ratas y cucarachas de alcantarillas que salen de los baños se combaten con escobillonazos y nervios de acero, dice ella. En cuando a la causa, se queja de que “los jueces recién ahora apuran y Ciudad ahora por el fallo se mueve, me pasé años y años pidiendo, sugiriendo terrenos y nada; recién ahora”. Aún así, lo que muestra es más esperanza que rencor. “Todo esto es fruto de la lucha, pero cuánto que se extiende”, suspira Serafina.
Para los vecinos de Lamadrid, a metros del Riachuelo y techados por la AU La Plata, Ciudad compró cinco terrenos. A algunos les ofrecieron créditos hipotecarios para mudarse a Provincia, pero otros vecinos quisieron quedarse en el barrio. Van a remover los escombros de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez, de vecinos que tomaron créditos y se mudaron lejos del barrio. En su lugar habrá una plaza. “Tenemos derecho a la ley 2240, para que nos relocalicen en zona, es anterior al fallo de la Corte y de la lucha de los compañeros”, explica Osvaldo De Marco, uno de los delegados.
El traslado en algunos casos tampoco fue una solución. “Esta semana me avisaron que mataron otro pibe en el complejo Mugica. En año nuevo también pasó, hay una falta de estado para prevenir estos hechos de violencia”, lamenta Duacastella al habla con este medio.
Familias del Camino de Sirga denuncian que en este predio de General Paz y Castañares hubo muchos hechos de violencia y que la situación no parece mejorar. “Los que se trasladan tienen que convivir con vecinos de otros asentamientos. Tanto es así que tuvimos que lamentar pérdidas humanos en estas cuestiones. Mataron pibes jóvenes, fallecieron en confrontaciones, la convivencia es muy difícil”, cuenta Mario Gómez.
Serafina nos cuenta la charla que mantuvo con una vecina orillera trasladada al predio de Lacarra. “Ella me decía “yo tengo ganas de irme, vender, irme, es un caos, tiros robos”, me decía, es muy terrible, por eso hicimos presión ante el gobierno para no ir a esos predios”.
Duacastella habla además de las dificultades del desarraigo: “En la zona de Barracas y La Boca tienen centros de salud, las escuelas. A los barrios donde los mudan no hay infraestructura para recibir a una población vulnerable, se les hace más difícil”.
Tras el fallo de la Corte, el juez Jorge Rodríguez se entrevistó con vecinos del Camino de Sirga. Al escucharlos decidió que no se realice ninguna relocalización en el barrio Mugica.
Los referentes de los asentamientos hablan con las autoridades porteñas (IVC) a través de mesas bimestrales. En el caso de Lamadrid, la última fue en diciembre, esperan tener la próxima en marzo, cuando coincida con la presentación de ACUMAR. “Esperemos que todo lo malo que vivimos se termine pronto con los nuevos predios, que, después de casi diez años de hacer lo mínimo, no se haga todo de apuro para una especulación inmobiliaria o para la foto”, advierte Osvaldo De Marco, referente de Lamadrid.
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Riachuelo y la obsolescencia de ACUMAR
Cuenca Matanza Riachuelo: Obsolescencia de ACUMAR inducida desde el poder
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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González también promete hacer algo por el Riachuelo
Flamante titular de ACUMAR prometió firmeza 'para evitar que se siga contaminando'
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Riachuelo: se ataca parcialmente los efectos, no causas
Cuenca Matanza Riachuelo: recomposición del 20% de los efectos, pero nada de las causas
Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Bergman no tiene más el control sobre el Riachuelo
Bergman perdió el control del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La experiencia duró menos de un año. Desde ayer, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dejó de depender del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y pasó a responder directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Así reveló el Boletín Oficial que, en la nueva reforma de la ley de ministerios, incluyó a la Acumar cuyo titular tendrá rango de secretario de Estado. El organismo, que debe estar compuesto por la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires según su ley de creación, contará con tres representantes nacionales, dos bonaerenses y dos porteños, según la nueva reglamentación.
La Acumar pasó a la órbita de Ambiente el año pasado por iniciativa de Cambiemos. Sin embargo, los escasos resultados y las internas políticas dificultaron la actividad del órgano encargado de limpiar el Riachuelo. En 12 meses, el ente tuvo dos directores ejecutivos y el último, Julio Torti, explicitó en su renuncia por escrito las diferencias con Bergman.
Aunque ayer no se hizo oficial, la designada para encarar la tarea de limpiar el río más contaminado de la Argentina será Gladys González, que hasta el 22 de este mes se desempeñará como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
En el cuerpo colegiado, compuesto por la Defensoría del Pueblo y varias ONG, que debe velar por cumplir el fallo de la Corte que ordena sanear el río, el cambio del Gobierno no cayó bien. "Parecería ser un interrogante de quién depende. Como está redactado se crearía una dependencia con rango como el de la AFI (ex SIDE)", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"Es relativizar más la responsabilidad de las jurisdicciones, al mantener la representación sólo con dos representantes. Lejos de emparejar tiende a relativizarla y ese es un reclamo que venimos planteando ante la Corte. Las jurisdicciones deben ser responsables del plan de saneamiento, especialmente la provincia de Buenos Aires", agregó.
Respecto de la nueva designación, Nápoli cree que "va a costar reactivar el organismo". Cabe recordar que las acciones están virtualmente paradas hace dos años.
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Fecha de Publicación: 07/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La experiencia duró menos de un año. Desde ayer, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dejó de depender del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y pasó a responder directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Así reveló el Boletín Oficial que, en la nueva reforma de la ley de ministerios, incluyó a la Acumar cuyo titular tendrá rango de secretario de Estado. El organismo, que debe estar compuesto por la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires según su ley de creación, contará con tres representantes nacionales, dos bonaerenses y dos porteños, según la nueva reglamentación.
La Acumar pasó a la órbita de Ambiente el año pasado por iniciativa de Cambiemos. Sin embargo, los escasos resultados y las internas políticas dificultaron la actividad del órgano encargado de limpiar el Riachuelo. En 12 meses, el ente tuvo dos directores ejecutivos y el último, Julio Torti, explicitó en su renuncia por escrito las diferencias con Bergman.
Aunque ayer no se hizo oficial, la designada para encarar la tarea de limpiar el río más contaminado de la Argentina será Gladys González, que hasta el 22 de este mes se desempeñará como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
En el cuerpo colegiado, compuesto por la Defensoría del Pueblo y varias ONG, que debe velar por cumplir el fallo de la Corte que ordena sanear el río, el cambio del Gobierno no cayó bien. "Parecería ser un interrogante de quién depende. Como está redactado se crearía una dependencia con rango como el de la AFI (ex SIDE)", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"Es relativizar más la responsabilidad de las jurisdicciones, al mantener la representación sólo con dos representantes. Lejos de emparejar tiende a relativizarla y ese es un reclamo que venimos planteando ante la Corte. Las jurisdicciones deben ser responsables del plan de saneamiento, especialmente la provincia de Buenos Aires", agregó.
Respecto de la nueva designación, Nápoli cree que "va a costar reactivar el organismo". Cabe recordar que las acciones están virtualmente paradas hace dos años.
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Gladys González al frente de la ACUMAR
El Gobierno designará a Gladys González como directora ejecutiva de ACUMAR
Fecha de Publicación: 03/01/2017
Fuente: futurosustentable.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal confirmó el fin de la intervención de la diputada nacional Gladys González en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya autoridad quedará en manos del secretario general en funciones, Mario Morato.
González, por su parte, será desginada por el Gobierno para conducir la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Este nombramiento contaría con el consenso de las tres jurisdicciones que integran el organismo: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Desde 2009 González es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Oriunda de San Carlos de Bolívar, en el centro norte de Buenos Aires, actualmente reside en Avellaneda, distrito por el cual fue candidata a intendente del Pro en 2015. Es Licenciada en Ciencia Política graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cursó la maestría en Política y Estrategia dictada en la Escuela de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa.
En su segundo mandato dentro del Congreso de la Nación, se desempeña como vocal de las comisiones de las Personas Mayores; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Minería; Previsión y Seguridad Social; Tercera Edad y Transportes.
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Fecha de Publicación: 03/01/2017
Fuente: futurosustentable.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal confirmó el fin de la intervención de la diputada nacional Gladys González en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya autoridad quedará en manos del secretario general en funciones, Mario Morato.
González, por su parte, será desginada por el Gobierno para conducir la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Este nombramiento contaría con el consenso de las tres jurisdicciones que integran el organismo: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Desde 2009 González es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Oriunda de San Carlos de Bolívar, en el centro norte de Buenos Aires, actualmente reside en Avellaneda, distrito por el cual fue candidata a intendente del Pro en 2015. Es Licenciada en Ciencia Política graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cursó la maestría en Política y Estrategia dictada en la Escuela de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa.
En su segundo mandato dentro del Congreso de la Nación, se desempeña como vocal de las comisiones de las Personas Mayores; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Minería; Previsión y Seguridad Social; Tercera Edad y Transportes.
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La Corte ordenó acelerar la limpieza del Riachuelo
Al cerrar el año, la Corte Suprema ordenó acelerar la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Pidió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo "intensificar" el cumplimiento del fallo de hace más de ocho años.
En su último acuerdo del año, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que “intensifique el cumplimiento” de la sentencia que hace más de ocho años dispuso el saneamiento de ese curso de agua.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad que la Acumar “establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia” que dispuso el saneamiento de la cuenca.
El 30 de noviembre, la Corte celebró una audiencia pública a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.
Los jueces se retiraron disconformes de esa instancia y ayer concretaron la decisión de apurar los trabajos, en su mayoría con atrasos y demoras. “Se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008”, advirtieron los jueces del tribunal.
En ese sentido, la Corte requirió “a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa)”.
Los jueces destacaron “el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, la relocalización de villas y asentamientos precarios, el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental”.
En ese punto, el tribunal exigió “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes”.
Eso había sido reclamado durante la audiencia pública a viva voz por vecinos, a los que no se les había permitido participar de las preguntas a los funcionarios. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo desalojar de la sala de audiencias a vecinos de la villa 21-24.
Después de la salida del último director de Acumar, Julio Torti, se habla de cambios en esa institución: que desaparecería la Dirección Operativa, a cargo de Gabriela Seijo, y que Gladys González, interventora del Síndicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), quedaría como responsable.
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Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Pidió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo "intensificar" el cumplimiento del fallo de hace más de ocho años.
En su último acuerdo del año, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que “intensifique el cumplimiento” de la sentencia que hace más de ocho años dispuso el saneamiento de ese curso de agua.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad que la Acumar “establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia” que dispuso el saneamiento de la cuenca.
El 30 de noviembre, la Corte celebró una audiencia pública a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.
Los jueces se retiraron disconformes de esa instancia y ayer concretaron la decisión de apurar los trabajos, en su mayoría con atrasos y demoras. “Se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008”, advirtieron los jueces del tribunal.
En ese sentido, la Corte requirió “a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa)”.
Los jueces destacaron “el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, la relocalización de villas y asentamientos precarios, el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental”.
En ese punto, el tribunal exigió “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes”.
Eso había sido reclamado durante la audiencia pública a viva voz por vecinos, a los que no se les había permitido participar de las preguntas a los funcionarios. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo desalojar de la sala de audiencias a vecinos de la villa 21-24.
Después de la salida del último director de Acumar, Julio Torti, se habla de cambios en esa institución: que desaparecería la Dirección Operativa, a cargo de Gabriela Seijo, y que Gladys González, interventora del Síndicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), quedaría como responsable.
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Cambiemos quiere revitalizar la limpieza del Riachuelo
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo al ente que debe limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Problemas urbanísticos en olvidada zona de Lanús Oeste
Un plumazo para hacer borrón y cuenta nueva, pero no casas
Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto de Villa Jardín, ordenado por la Justicia, quedaría a medio hacer porque Néstor Grindetti quiere construir un Polo Educativo, aunque en la zona hay 30 escuelas. La construcción de la Villa Olímpica agravaría la situación.
Villa Jardín, en Lanús Oeste, es un barrio pobre y contaminado, a orillas del Riachuelo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2006, en la causa “Mendoza, Beatriz y otros” contra el Estado Nacional, el Bonaerense, el Gobierno de la Ciudad, 44 empresas y 14 municipios, abrió la puerta para el incumplido saneamiento del Riachuelo o, cuanto menos, para la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en las cercanías de ese curso de agua. La primera etapa del plan habitacional, ya cumplida, cuenta con un total de 174 casas, mientras que la segunda y la tercera –proyectadas en vías de realización– iban a totalizar otros 529 nuevos hogares que servirían para paliar las necesidades de algunas de las más de mil familias. El sueño de los vecinos está por frustrarse porque el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cambió de un plumazo todos los planes y en vez de viviendas, propicia por decreto la creación de un Polo Educativo –en una zona donde hay 30 escuelas de los distintos niveles– y una Casa del Futuro, que ni siquiera contempla el presente de los habitantes de la zona. El problema se agrava porque al hacinamiento actual se le sumarían las complicaciones, de tránsito y efluentes cloacales, derivados de construcciones proyectadas en la Ciudad de Buenos Aires con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la zona de Parque Roca, del otro lado del Riachuelo (ver nota aparte).
Mendoza fue una megacausa por la que se reclamó una indemnización de 3.500 millones de dólares por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese objetivo es virtualmente imposible de lograr, como quedó demostrado en la audiencia realizada el mes pasado en la Corte Suprema, donde quedaron al desnudo las falencias del Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), cuyo titular es hoy el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de esa realidad, en Villa Jardín se había avanzado con la construcción de viviendas en el predio de 16 hectáreas de la ex Fábrica Militar. Esto significó un primer avance contra el hacinamiento y la contaminación, que se combina con la Planta de Tratamiento de Efluentes Lanús, que beneficiará a unos 9 mil vecinos del partido que carecen de cloacas, y que fue puesta en marcha el 7 de octubre de 2015, en un acto del que participó, por teleconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la misma planta que fue “inaugurada”, por segunda vez en poco más de un año, en un acto a pura sonrisa realizado el 14 de noviembre pasado con la participación del presidente Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“Hay una deuda histórica con el barrio de Villa Jardín que tiene que ver con el Plan de Viviendas. En estos años, a través de la causa Mendoza, se iniciaron algunas obras en la zona de la ex Fábrica Militar, en diferentes etapas”, explican a PáginaI12 Marisa Barromeres, secretaria general de la seccional Lanús de SUTEBA, y Sergio González, del Foro Hídrico de Lanús. La primera etapa significó la construcción de 174 viviendas para la gente que vivía en la orilla del Riachuelo. “Esas viviendas están terminadas, pero falta la conexión de los servicios, incluyendo las cloacas, y también faltan las etapas dos y tres, previstas para construir, por lo menos, otras 529 viviendas”.
Esas obras ya estaban proyectadas y presupuestadas, pero a partir del censo de 2010 se determinó que era necesaria la construcción de viviendas para un total de 1.300 familias. “Eso llevó a replantear el proyecto para extenderlo primero a unas 990 viviendas y en una etapa posterior completar las 1.300 que eran necesarias” para cubrir el déficit habitacional. Como no había espacio físico suficiente dentro de lo que era la Fábrica Militar, se había pensado en dar subsidios y ayuda a las familias que faltaban para que pudieran mejorar las casas ya existentes.
Todo el proyecto va camino a derrumbarse desde la asunción, en diciembre pasado, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de Cambiemos, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para informar que en el lugar que había sido asignado para la construcción de viviendas se van a levantar un Polo Educativo y la Casa del Futuro, iniciativas que fueron impulsadas por decreto, sin pasar por el Concejo Deliberante. De esa manera, de un plumazo, se dejó de lado un proyecto de vivienda y urbanización del Barrio Jardín que viene demorado varias décadas y que debía cumplirse en etapas sucesivas hasta satisfacer las necesidades habitacionales de todos los vecinos.
Las obras proyectadas ahora por el intendente de Cambiemos incluyen la modificación de la traza del puente de Sadop, sobre el Riachuelo, que unirá la Capital Federal con Villa Caraza, partido de Lanús. Esta construcción es un viejo anhelo de los bonaerenses, pero el proyecto oficial de esa obra relega una vez más la urbanización de Villa Jardín. “Parece contradictorio que el Suteba se oponga a la construcción de un Polo Educativo, pero lo hacemos porque en Villa Jardín, a una cuadra del lugar donde harán la construcción, hay una escuela primaria con jornada completa, hay un jardín de infantes, hay una escuela secundaria con jornada extendida básica, a tres cuadras hay otra escuela secundaria, a cuatro cuadras hay otra escuela primaria”, dijo Barromeres. En el área existen cerca de 30 establecimientos escolares de los distintos niveles.
En una reunión con él, pidieron al intendente Grindetti “que mejore esas escuelas que ya existen y que en lugar de construir un Polo Educativo, nuevas escuelas para captar a los mismos chicos que ya tienen sus escuelas, que construya espacios que fueron históricamente pedidos como un Polideportivo, un Centro Cultural para trabajar con los pibes para que no estén en la calle”.
Los entrevistados señalaron que la nueva traza del puente Sadop, sobre el Riachuelo, que conectará con la Capital Federal a través de la avenida 25 de Mayo, significará “la irrupción diaria de unos 50 o 60 mil vehículos, en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria como para absorber semejante caudal” de tránsito. Del mismo modo, la construcción de la Villa Olímpica, en la zona del Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, significará también un nuevo impacto ambiental sobre Lanús, porque los efluentes cloacales de esas construcciones van a ser derivados a la Planta de ACUBA, en nuestro partido, que no está preparada para responder a semejante demanda”.
Marisa Barromeres y Sergio González coincidieron en que el proyecto oficial integral, que incluye el puente Sadop, junto con el Polo Educativo y La Casa del Futuro, más los efluentes derivados de la Villa Olímpica, “son iniciativas que pueden servir para ordenar visualmente, para ocultar los barrios humildes de la vista de los turistas que vendrán a la competencia olímpica, pero de ninguna manera resuelven las necesidades de los vecinos de Villa Jardín, de Caraza, de Diamante, de todos los barrios de la zona”. Recalcaron, además, que “todo se está encarando por decreto, sin escuchar a los vecinos, sin dar participación al Concejo Deliberante, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la gente”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto de Villa Jardín, ordenado por la Justicia, quedaría a medio hacer porque Néstor Grindetti quiere construir un Polo Educativo, aunque en la zona hay 30 escuelas. La construcción de la Villa Olímpica agravaría la situación.
Villa Jardín, en Lanús Oeste, es un barrio pobre y contaminado, a orillas del Riachuelo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2006, en la causa “Mendoza, Beatriz y otros” contra el Estado Nacional, el Bonaerense, el Gobierno de la Ciudad, 44 empresas y 14 municipios, abrió la puerta para el incumplido saneamiento del Riachuelo o, cuanto menos, para la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en las cercanías de ese curso de agua. La primera etapa del plan habitacional, ya cumplida, cuenta con un total de 174 casas, mientras que la segunda y la tercera –proyectadas en vías de realización– iban a totalizar otros 529 nuevos hogares que servirían para paliar las necesidades de algunas de las más de mil familias. El sueño de los vecinos está por frustrarse porque el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cambió de un plumazo todos los planes y en vez de viviendas, propicia por decreto la creación de un Polo Educativo –en una zona donde hay 30 escuelas de los distintos niveles– y una Casa del Futuro, que ni siquiera contempla el presente de los habitantes de la zona. El problema se agrava porque al hacinamiento actual se le sumarían las complicaciones, de tránsito y efluentes cloacales, derivados de construcciones proyectadas en la Ciudad de Buenos Aires con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la zona de Parque Roca, del otro lado del Riachuelo (ver nota aparte).
Mendoza fue una megacausa por la que se reclamó una indemnización de 3.500 millones de dólares por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese objetivo es virtualmente imposible de lograr, como quedó demostrado en la audiencia realizada el mes pasado en la Corte Suprema, donde quedaron al desnudo las falencias del Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), cuyo titular es hoy el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de esa realidad, en Villa Jardín se había avanzado con la construcción de viviendas en el predio de 16 hectáreas de la ex Fábrica Militar. Esto significó un primer avance contra el hacinamiento y la contaminación, que se combina con la Planta de Tratamiento de Efluentes Lanús, que beneficiará a unos 9 mil vecinos del partido que carecen de cloacas, y que fue puesta en marcha el 7 de octubre de 2015, en un acto del que participó, por teleconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la misma planta que fue “inaugurada”, por segunda vez en poco más de un año, en un acto a pura sonrisa realizado el 14 de noviembre pasado con la participación del presidente Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“Hay una deuda histórica con el barrio de Villa Jardín que tiene que ver con el Plan de Viviendas. En estos años, a través de la causa Mendoza, se iniciaron algunas obras en la zona de la ex Fábrica Militar, en diferentes etapas”, explican a PáginaI12 Marisa Barromeres, secretaria general de la seccional Lanús de SUTEBA, y Sergio González, del Foro Hídrico de Lanús. La primera etapa significó la construcción de 174 viviendas para la gente que vivía en la orilla del Riachuelo. “Esas viviendas están terminadas, pero falta la conexión de los servicios, incluyendo las cloacas, y también faltan las etapas dos y tres, previstas para construir, por lo menos, otras 529 viviendas”.
Esas obras ya estaban proyectadas y presupuestadas, pero a partir del censo de 2010 se determinó que era necesaria la construcción de viviendas para un total de 1.300 familias. “Eso llevó a replantear el proyecto para extenderlo primero a unas 990 viviendas y en una etapa posterior completar las 1.300 que eran necesarias” para cubrir el déficit habitacional. Como no había espacio físico suficiente dentro de lo que era la Fábrica Militar, se había pensado en dar subsidios y ayuda a las familias que faltaban para que pudieran mejorar las casas ya existentes.
Todo el proyecto va camino a derrumbarse desde la asunción, en diciembre pasado, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de Cambiemos, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para informar que en el lugar que había sido asignado para la construcción de viviendas se van a levantar un Polo Educativo y la Casa del Futuro, iniciativas que fueron impulsadas por decreto, sin pasar por el Concejo Deliberante. De esa manera, de un plumazo, se dejó de lado un proyecto de vivienda y urbanización del Barrio Jardín que viene demorado varias décadas y que debía cumplirse en etapas sucesivas hasta satisfacer las necesidades habitacionales de todos los vecinos.
Las obras proyectadas ahora por el intendente de Cambiemos incluyen la modificación de la traza del puente de Sadop, sobre el Riachuelo, que unirá la Capital Federal con Villa Caraza, partido de Lanús. Esta construcción es un viejo anhelo de los bonaerenses, pero el proyecto oficial de esa obra relega una vez más la urbanización de Villa Jardín. “Parece contradictorio que el Suteba se oponga a la construcción de un Polo Educativo, pero lo hacemos porque en Villa Jardín, a una cuadra del lugar donde harán la construcción, hay una escuela primaria con jornada completa, hay un jardín de infantes, hay una escuela secundaria con jornada extendida básica, a tres cuadras hay otra escuela secundaria, a cuatro cuadras hay otra escuela primaria”, dijo Barromeres. En el área existen cerca de 30 establecimientos escolares de los distintos niveles.
En una reunión con él, pidieron al intendente Grindetti “que mejore esas escuelas que ya existen y que en lugar de construir un Polo Educativo, nuevas escuelas para captar a los mismos chicos que ya tienen sus escuelas, que construya espacios que fueron históricamente pedidos como un Polideportivo, un Centro Cultural para trabajar con los pibes para que no estén en la calle”.
Los entrevistados señalaron que la nueva traza del puente Sadop, sobre el Riachuelo, que conectará con la Capital Federal a través de la avenida 25 de Mayo, significará “la irrupción diaria de unos 50 o 60 mil vehículos, en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria como para absorber semejante caudal” de tránsito. Del mismo modo, la construcción de la Villa Olímpica, en la zona del Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, significará también un nuevo impacto ambiental sobre Lanús, porque los efluentes cloacales de esas construcciones van a ser derivados a la Planta de ACUBA, en nuestro partido, que no está preparada para responder a semejante demanda”.
Marisa Barromeres y Sergio González coincidieron en que el proyecto oficial integral, que incluye el puente Sadop, junto con el Polo Educativo y La Casa del Futuro, más los efluentes derivados de la Villa Olímpica, “son iniciativas que pueden servir para ordenar visualmente, para ocultar los barrios humildes de la vista de los turistas que vendrán a la competencia olímpica, pero de ninguna manera resuelven las necesidades de los vecinos de Villa Jardín, de Caraza, de Diamante, de todos los barrios de la zona”. Recalcaron, además, que “todo se está encarando por decreto, sin escuchar a los vecinos, sin dar participación al Concejo Deliberante, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la gente”.
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Impulsan nuevo métodod para limpiar el Riachuelo
Impulsan un sistema para limpiar el Riachuelo y dicen que pueden hacerlo en tres años
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Riachuelo a la deriva
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Acumar hace agua
Un organismo que hace agua
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Números preocupantes del saneamiento del Riachuelo
Saneamiento en la cuenca Matanza Riachuelo: los números preocupantes de los últimos años
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Riachuelo: poca población trasladada
Vivir a orillas del Riachuelo: sólo el 14% de la gente mejoró su situación
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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La CSJ llamó a audiencia pública por el Riachuelo
Riachuelo: la Corte Suprema convocó a una audiencia pública
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Conocé la fauna que sobrevive al riachuelo
Fauna del Riachuelo: tortugas, roedores y aves sobreviven pese a la contaminación
Fecha de Publicación: 02/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Aunque casi no hay oxígeno en el agua, hay especies que viven en las costas o sobre las barreras de contención para basura. Pese a los intentos, el saneamiento aún está lejos.
La vida se aferra a la vida. Es la única conclusión certera a la que hasta ahora llegaron los científicos ante la ausencia de datos que expliquen cómo en la Cuenca Matanza-Riachuelo, cuya contaminación es extrema, sobreviven comunidades de tortugas marinas, coipos, garzas y variedades de aves autóctonas.
En Caminito, justo frente a Proa, los chicos de un colegio corren eufóricos hacia el muelle para avistar el fenómeno: mimetizas con el color gris amarronado de las aguas, entre 10 a 15 tortugas acuáticas se asolean plácidas sobre palos entre algunos residuos que lleva y trae la marea.
“Las tortugas son fósiles vivientes, animales que han soportado de todo, desde radiación hasta contaminantes. Respiran aire atmosférico como los humanos; por eso no es problema si hay poco o nulo oxígeno en el agua. El bajo metabolismo de los reptiles hace que determinados tóxicos no infieran tanto como en los mamíferos”, explica Gabriel Giacobone, zoólogo y gerente de Biodiversidad Urbana del Gobierno de la Ciudad. Y agrega: “La gente no lo nota pero hay mucha tortuga autóctona en toda la costanera del sur, comúnmente llamada tortuga de laguna. Son carnívoras, específicamente piscívoras, aunque peces no hay”.
En la cuenca viven seis millones de personas, más de medio millón en villas de emergencias y la mitad no tiene cloacas. Estos residuos, sumados a los vertidos industriales, son altamente contaminantes y anulan la capacidad del agua de albergar oxigeno y vida. Porque pese a los esfuerzos de saneamiento, el Riachuelo sigue críticamente contaminado. Entonces, ¿cómo es posible que sobrevivan algunas especies de fauna autóctonas?
En 2008 la medición de oxígeno en el agua indicaba entre 0 y 1 mg; y hoy, ocho años después, se mantiene igual. Se estima que son necesarios al menos 2 mg de oxígeno por litro para que existan peces. El objetivo de un río bien saneado es de 5 mg oxígeno por litro, y lo ideal sería de 7 mg, dicen los ambientalistas. Sin embargo, la realidad indica que a Inglaterra le tomó 50 años sanear el Támesis y la inversión fue multimillonaria.
Las lanchas que el Gobierno de la Ciudad dispone para limpieza y supervisión de tareas esperan para emprender el recorrido y el avistamiento de fauna por el curso de agua. Javier María García Elorrio, responsable de la limpieza de los márgenes, advierte a esta cronista: “La navegación deportiva, recreativa y comercial está prohibida a excepción de la de Prefectura, la ACUMAR y nosotros, que realizamos tareas específicas”.
El paisaje difiere drásticamente de aquellos cuadros pintados por Quinquela Martín. Barcos, grandes y pequeños, incluso los 26 que se encontraban hundidos, han sido removidos. La proa de la lancha se abre paso en un agua que, de tan espesa, se asemeja a una pátina homogénea de aceite. Y, a manera de perfecto espejo, refleja y “denuncia” todos sus actores contaminantes: villas, vertidos químicos y cloacales, fábricas, curtiembres y mataderos.
No hay basura flotando en la superficie. Ahora está contenida en brazos flotantes naranjas dispuestos a ambos márgenes del río para su posterior recolección. Arriba de las lomadas verdes que encauzan al río –antes tapadas por microbasurales– se ven los caminos de sirga íntegramente parquizados que el Gobierno recuperó de los espacios públicos tomados por las villas y hasta de algunas empresas.
Desde la lancha se observa que las villas crecieron en altura y que se duplicaron las casas de tres pisos. “Hemos ganado la batalla a los microbasurales, la más difícil era la generada por los asentamientos. Después de limpiar tozudamente durante años, en 2013 comenzamos a ver los resultados”, dice Elorrio, y agrega: “Aunque cada tanto encontramos dispersión de basura sobre una parcela, y al retirarla nos dicen están haciendo piso para que se instale alguien más. Es el código que utilizan para hacerse de un espacio en la villa.
Las garzas se muestran paradas sobre las mangueras de contención de basura. Al continuar con el recorrido se ve una pequeña hilera de ombúes aún petisos que en 2012 –antes de morir– plantó el artista plástico Nicolás García Uriburu. Al doblar la curva están los coipos con sus pelos y sus colas largas, sobre una planchada de madera, retozando un lunes al sol.
“Ahora los científicos del Conicet están haciendo estudios de ingesta a la fauna porque en el arroyo Cildáñes, por ejemplo, que es la porción de agua más contaminada, se ven tortugas enormes. En una soleada, hasta 20 o 30”, enfatiza. “A los animales les dan algo para que regurgiten y de esa manera, que es muy poco invasiva e indolora, analizan el contenido estomacal para estudiar qué comen”. Pero del agua que beben nadie dice nada porque la ciencia todavía no puede explicar su supervivencia.
Gases tóxicos y las causas del mal olor
¿Por qué huele mal el Riachuelo? Según los especialistas, es por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, que se encuentran en exceso y las bacterias que lo descomponen consumen todo el oxígeno. El gas que se huele es el ácido sulfhídrico. En cambio el metano, pese a su alto nivel tóxico, no tiene olor desagradable. Se advierte en burbujeantes manchones negros. “Los fondos de los ríos tienen material orgánico que se descompone por medio de bacterias y hongos que generan gases. El exceso de carga orgánica no permite el oxígeno. Entonces, a las bacterias que descomponen la materia orgánica se la llaman bacterias anaeróbicas”, explica Giacobone. El problema es que cada molécula de gas metano es 27 veces más dañina que una molécula de dióxido de carbono.
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Fecha de Publicación: 02/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Aunque casi no hay oxígeno en el agua, hay especies que viven en las costas o sobre las barreras de contención para basura. Pese a los intentos, el saneamiento aún está lejos.
La vida se aferra a la vida. Es la única conclusión certera a la que hasta ahora llegaron los científicos ante la ausencia de datos que expliquen cómo en la Cuenca Matanza-Riachuelo, cuya contaminación es extrema, sobreviven comunidades de tortugas marinas, coipos, garzas y variedades de aves autóctonas.
En Caminito, justo frente a Proa, los chicos de un colegio corren eufóricos hacia el muelle para avistar el fenómeno: mimetizas con el color gris amarronado de las aguas, entre 10 a 15 tortugas acuáticas se asolean plácidas sobre palos entre algunos residuos que lleva y trae la marea.
“Las tortugas son fósiles vivientes, animales que han soportado de todo, desde radiación hasta contaminantes. Respiran aire atmosférico como los humanos; por eso no es problema si hay poco o nulo oxígeno en el agua. El bajo metabolismo de los reptiles hace que determinados tóxicos no infieran tanto como en los mamíferos”, explica Gabriel Giacobone, zoólogo y gerente de Biodiversidad Urbana del Gobierno de la Ciudad. Y agrega: “La gente no lo nota pero hay mucha tortuga autóctona en toda la costanera del sur, comúnmente llamada tortuga de laguna. Son carnívoras, específicamente piscívoras, aunque peces no hay”.
En la cuenca viven seis millones de personas, más de medio millón en villas de emergencias y la mitad no tiene cloacas. Estos residuos, sumados a los vertidos industriales, son altamente contaminantes y anulan la capacidad del agua de albergar oxigeno y vida. Porque pese a los esfuerzos de saneamiento, el Riachuelo sigue críticamente contaminado. Entonces, ¿cómo es posible que sobrevivan algunas especies de fauna autóctonas?
En 2008 la medición de oxígeno en el agua indicaba entre 0 y 1 mg; y hoy, ocho años después, se mantiene igual. Se estima que son necesarios al menos 2 mg de oxígeno por litro para que existan peces. El objetivo de un río bien saneado es de 5 mg oxígeno por litro, y lo ideal sería de 7 mg, dicen los ambientalistas. Sin embargo, la realidad indica que a Inglaterra le tomó 50 años sanear el Támesis y la inversión fue multimillonaria.
Las lanchas que el Gobierno de la Ciudad dispone para limpieza y supervisión de tareas esperan para emprender el recorrido y el avistamiento de fauna por el curso de agua. Javier María García Elorrio, responsable de la limpieza de los márgenes, advierte a esta cronista: “La navegación deportiva, recreativa y comercial está prohibida a excepción de la de Prefectura, la ACUMAR y nosotros, que realizamos tareas específicas”.
El paisaje difiere drásticamente de aquellos cuadros pintados por Quinquela Martín. Barcos, grandes y pequeños, incluso los 26 que se encontraban hundidos, han sido removidos. La proa de la lancha se abre paso en un agua que, de tan espesa, se asemeja a una pátina homogénea de aceite. Y, a manera de perfecto espejo, refleja y “denuncia” todos sus actores contaminantes: villas, vertidos químicos y cloacales, fábricas, curtiembres y mataderos.
No hay basura flotando en la superficie. Ahora está contenida en brazos flotantes naranjas dispuestos a ambos márgenes del río para su posterior recolección. Arriba de las lomadas verdes que encauzan al río –antes tapadas por microbasurales– se ven los caminos de sirga íntegramente parquizados que el Gobierno recuperó de los espacios públicos tomados por las villas y hasta de algunas empresas.
Desde la lancha se observa que las villas crecieron en altura y que se duplicaron las casas de tres pisos. “Hemos ganado la batalla a los microbasurales, la más difícil era la generada por los asentamientos. Después de limpiar tozudamente durante años, en 2013 comenzamos a ver los resultados”, dice Elorrio, y agrega: “Aunque cada tanto encontramos dispersión de basura sobre una parcela, y al retirarla nos dicen están haciendo piso para que se instale alguien más. Es el código que utilizan para hacerse de un espacio en la villa.
Las garzas se muestran paradas sobre las mangueras de contención de basura. Al continuar con el recorrido se ve una pequeña hilera de ombúes aún petisos que en 2012 –antes de morir– plantó el artista plástico Nicolás García Uriburu. Al doblar la curva están los coipos con sus pelos y sus colas largas, sobre una planchada de madera, retozando un lunes al sol.
“Ahora los científicos del Conicet están haciendo estudios de ingesta a la fauna porque en el arroyo Cildáñes, por ejemplo, que es la porción de agua más contaminada, se ven tortugas enormes. En una soleada, hasta 20 o 30”, enfatiza. “A los animales les dan algo para que regurgiten y de esa manera, que es muy poco invasiva e indolora, analizan el contenido estomacal para estudiar qué comen”. Pero del agua que beben nadie dice nada porque la ciencia todavía no puede explicar su supervivencia.
Gases tóxicos y las causas del mal olor
¿Por qué huele mal el Riachuelo? Según los especialistas, es por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, que se encuentran en exceso y las bacterias que lo descomponen consumen todo el oxígeno. El gas que se huele es el ácido sulfhídrico. En cambio el metano, pese a su alto nivel tóxico, no tiene olor desagradable. Se advierte en burbujeantes manchones negros. “Los fondos de los ríos tienen material orgánico que se descompone por medio de bacterias y hongos que generan gases. El exceso de carga orgánica no permite el oxígeno. Entonces, a las bacterias que descomponen la materia orgánica se la llaman bacterias anaeróbicas”, explica Giacobone. El problema es que cada molécula de gas metano es 27 veces más dañina que una molécula de dióxido de carbono.
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Corte Suprema pide informes sobre el Riachuelo
La Corte pidió un informe para analizar el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/10/2016
Fuente: La Razón
Provincia/Región: Riachuelo
El máximo tribunal ordenó que la ACUMAR y los gobiernos de la Ciudad y la Provincia presenten un documento en conjunto detallando las tareas de limpieza. El objetivo es saber si se avanza con el fallo que ordenó el saneamiento en 2008.
La Corte Suprema de Justicia pidió hoy que el la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los gobiernos porteño y bonaerense envíen un informe en conjunto sobre los trabajos de saneamiento realizados en la zona, para un "mejor y más rápido" cumplimiento de las metas fijadas en 2008.
Los cinco jueces del máximo tribunal firmaron una resolución "a fin de evaluar la necesidad de actualizar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos".
La Corte otorgó un plazo de 15 días para que la Acumar y los gobiernos "en forma conjunta y mediante una presentación única, realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia"del 8 de julio de 2008 que ordenó el saneamiento de la cuenca.
Los organismos obligados al saneamiento "deberán señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas" el estado de los trabajos.
La resolución de la Corte reclamó, asimismo, una actualización "al 30 de septiembre de 2016".
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz convocaron a las partes a "expresar opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse, para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas" en el fallo de 2008.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, en el marco de una causa judicial por daños ambientales presentada el 20 de junio de 2006, y designó a un juzgado federal para el seguimiento de ese objetivo.
Los tres gobiernos conformaron la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, máxima autoridad en materia ambiental en la zona, cuya presidencia del Consejo Directivo está a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y la dirección Ejecutiva encabezada por Julio Torti.
Desde 2008, la Corte Suprema de Justicia realizó varias audiencias públicas en las que recibió informes de la Acumar sobre los trabajos para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras la justicia procesó y embargó a empresas por arrojar residuos en la zona.
La Defensoría del Pueblo pidió en julio de 2015 al máximo tribunal una nueva intervención para el saneamiento de la zona, al advertir que "los resultados dejaron de ser satisfactorios" para mejorar la calidad de vida, cuando 8 millones de personas habitan la cuenca.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) advirtió en julio de 2016 que "continúa estancado" el saneamiento de la cuenca tras ocho años del fallo de la Corte Suprema de Justicia y manifestó que las nuevas autoridades "no han logrado" establecer estrategias y acciones.
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Fecha de Publicación: 09/10/2016
Fuente: La Razón
Provincia/Región: Riachuelo
El máximo tribunal ordenó que la ACUMAR y los gobiernos de la Ciudad y la Provincia presenten un documento en conjunto detallando las tareas de limpieza. El objetivo es saber si se avanza con el fallo que ordenó el saneamiento en 2008.
La Corte Suprema de Justicia pidió hoy que el la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los gobiernos porteño y bonaerense envíen un informe en conjunto sobre los trabajos de saneamiento realizados en la zona, para un "mejor y más rápido" cumplimiento de las metas fijadas en 2008.
Los cinco jueces del máximo tribunal firmaron una resolución "a fin de evaluar la necesidad de actualizar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos".
La Corte otorgó un plazo de 15 días para que la Acumar y los gobiernos "en forma conjunta y mediante una presentación única, realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia"del 8 de julio de 2008 que ordenó el saneamiento de la cuenca.
Los organismos obligados al saneamiento "deberán señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas" el estado de los trabajos.
La resolución de la Corte reclamó, asimismo, una actualización "al 30 de septiembre de 2016".
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz convocaron a las partes a "expresar opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse, para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas" en el fallo de 2008.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, en el marco de una causa judicial por daños ambientales presentada el 20 de junio de 2006, y designó a un juzgado federal para el seguimiento de ese objetivo.
Los tres gobiernos conformaron la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, máxima autoridad en materia ambiental en la zona, cuya presidencia del Consejo Directivo está a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y la dirección Ejecutiva encabezada por Julio Torti.
Desde 2008, la Corte Suprema de Justicia realizó varias audiencias públicas en las que recibió informes de la Acumar sobre los trabajos para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras la justicia procesó y embargó a empresas por arrojar residuos en la zona.
La Defensoría del Pueblo pidió en julio de 2015 al máximo tribunal una nueva intervención para el saneamiento de la zona, al advertir que "los resultados dejaron de ser satisfactorios" para mejorar la calidad de vida, cuando 8 millones de personas habitan la cuenca.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) advirtió en julio de 2016 que "continúa estancado" el saneamiento de la cuenca tras ocho años del fallo de la Corte Suprema de Justicia y manifestó que las nuevas autoridades "no han logrado" establecer estrategias y acciones.
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