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Alianza para la Acción Climática Argentina
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Lanzan la Alianza para la Acción Climática Argentina
Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Experta argentina en cambio climático lanza advertencia
Matilde Rusticucci: Tenemos que reducir las emisiones ya
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Temas ambientales nacionales en el G20
Uno de los temas del G20 sería el uranio de Chubut
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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UNLP advierte sobre el uso de maderas nativas como leña
Preocupa a los científicos el uso de maderas nativas como leña
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: Agencia CyTA Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Según un estudio realizado en La Plata, las especies más vendidas son el quebracho colorado, históricamente muy explotado, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. El amplio conocimiento de los expendedores sobre la utilidad de especies alternativas podría guiar estrategias de conservación.
Con el objeto de calefaccionar los hogares, sobre todo, pero también para cocinar, la leña es un combustible necesario en el partido de La Plata (Buenos Aires). Pero preocupa que, según un estudio local, las maderas más vendidas y valoradas sean el quebracho colorado, muy explotada a lo largo del tiempo en su área de origen, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. Para los investigadores, estos y otros resultados son útiles para diseñar estrategias de conservación y para discutir la continuidad del uso irrestricto en todo el país de estas plantas nativas.
“El quebracho colorado era una especie que se esperaba hallar como leña, ya que es muy conocida y muy valorada para tal fin. El itín, en cambio, fue un hallazgo”, remarcó a la Agencia CyTA-Leloir Patricia Arenas, directora del estudio e integrante del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Junto con María Belén Doumecq, bióloga y becaria doctoral del CONICET, encuestaron entre 2017 y 2018 a expendedores de 13 sitios de venta de leña en el partido de La Plata para evaluar cuánto sabían sobre las especies comercializadas, las consideradas más aptas para usar como leña, su procedencia y forma de obtención, entre otros aspectos.
Tras analizar las entrevistas, las científicas destacaron el amplio conocimiento de los expendedores sobre los 32 tipos de leña, tanto nativa como exótica, que se venden en la zona relevada, según la misma investigación. Sin embargo, también señalaron que la mayoría de los discursos no reflejaron preocupación en cuanto a la venta de leña de especies en riesgo. “Solo en un caso, el expendedor mencionó que la leña de quebracho provenía de las ramas caídas. Por las dimensiones del producto, esto es incongruente, pero deja entrever conocimiento del impacto que tiene la extracción de leña de árboles en pie”, informó Doumecq.
Las autoras del estudio, publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, destacan que los saberes de los pobladores “pueden ser de gran utilidad en la resolución de problemáticas ambientales locales, tales como la identificación de especies valiosas como leña y alternativas al uso de plantas nativas”. Algunas de las especies exóticas de rápido crecimiento que son abundantes en la zona y que podrían funcionar como combustible son la acacia negra, el ligustro y el fresno.
Solo 4 de las especies comercializadas son nativas de la zona del estudio, y se identificaron 20 exóticas. Además, 22 de estos se obtienen por extracción dentro de la zona de estudio, en su mayoría correspondientes a especies implantadas o que actualmente crecen de forma espontánea en el área; y 8 se compran en otras partes del país, principalmente en el norte (Formosa, Chaco y Santiago del Estero).
“En comparación con los estudios realizados en otros sitios de la ribera platense, menos urbanizados, el consumo de leña en los hogares del partido de La Plata es relativamente más bajo; mientras que los sitios de reventa y parrillas son más abundantes y expenden mayores cantidades. Esto es acorde a las necesidades de la vida urbana”, afirmó Arenas, quien también es investigadora del CONICET.
De todas maneras, como los expendedores y los consumidores consideran que la leña que se extrae de la zona es “de mediana a mala calidad”, el estudio también alerta sobre la necesidad de generar un cambio de conciencia. “Los pobladores que fueron entrevistados participaron con mucho entusiasmo. Asimismo, se llevaron a cabo talleres con la comunidad educativa de una de las localidades del área de estudio en el marco de un proyecto de extensión, y los estudiantes y docentes mostraron mucho interés en el tema”, concluyó Doumecq.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: Agencia CyTA Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Según un estudio realizado en La Plata, las especies más vendidas son el quebracho colorado, históricamente muy explotado, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. El amplio conocimiento de los expendedores sobre la utilidad de especies alternativas podría guiar estrategias de conservación.
Con el objeto de calefaccionar los hogares, sobre todo, pero también para cocinar, la leña es un combustible necesario en el partido de La Plata (Buenos Aires). Pero preocupa que, según un estudio local, las maderas más vendidas y valoradas sean el quebracho colorado, muy explotada a lo largo del tiempo en su área de origen, y el itín, cuyo uso está prohibido en la Argentina. Para los investigadores, estos y otros resultados son útiles para diseñar estrategias de conservación y para discutir la continuidad del uso irrestricto en todo el país de estas plantas nativas.
“El quebracho colorado era una especie que se esperaba hallar como leña, ya que es muy conocida y muy valorada para tal fin. El itín, en cambio, fue un hallazgo”, remarcó a la Agencia CyTA-Leloir Patricia Arenas, directora del estudio e integrante del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Junto con María Belén Doumecq, bióloga y becaria doctoral del CONICET, encuestaron entre 2017 y 2018 a expendedores de 13 sitios de venta de leña en el partido de La Plata para evaluar cuánto sabían sobre las especies comercializadas, las consideradas más aptas para usar como leña, su procedencia y forma de obtención, entre otros aspectos.
Tras analizar las entrevistas, las científicas destacaron el amplio conocimiento de los expendedores sobre los 32 tipos de leña, tanto nativa como exótica, que se venden en la zona relevada, según la misma investigación. Sin embargo, también señalaron que la mayoría de los discursos no reflejaron preocupación en cuanto a la venta de leña de especies en riesgo. “Solo en un caso, el expendedor mencionó que la leña de quebracho provenía de las ramas caídas. Por las dimensiones del producto, esto es incongruente, pero deja entrever conocimiento del impacto que tiene la extracción de leña de árboles en pie”, informó Doumecq.
Las autoras del estudio, publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, destacan que los saberes de los pobladores “pueden ser de gran utilidad en la resolución de problemáticas ambientales locales, tales como la identificación de especies valiosas como leña y alternativas al uso de plantas nativas”. Algunas de las especies exóticas de rápido crecimiento que son abundantes en la zona y que podrían funcionar como combustible son la acacia negra, el ligustro y el fresno.
Solo 4 de las especies comercializadas son nativas de la zona del estudio, y se identificaron 20 exóticas. Además, 22 de estos se obtienen por extracción dentro de la zona de estudio, en su mayoría correspondientes a especies implantadas o que actualmente crecen de forma espontánea en el área; y 8 se compran en otras partes del país, principalmente en el norte (Formosa, Chaco y Santiago del Estero).
“En comparación con los estudios realizados en otros sitios de la ribera platense, menos urbanizados, el consumo de leña en los hogares del partido de La Plata es relativamente más bajo; mientras que los sitios de reventa y parrillas son más abundantes y expenden mayores cantidades. Esto es acorde a las necesidades de la vida urbana”, afirmó Arenas, quien también es investigadora del CONICET.
De todas maneras, como los expendedores y los consumidores consideran que la leña que se extrae de la zona es “de mediana a mala calidad”, el estudio también alerta sobre la necesidad de generar un cambio de conciencia. “Los pobladores que fueron entrevistados participaron con mucho entusiasmo. Asimismo, se llevaron a cabo talleres con la comunidad educativa de una de las localidades del área de estudio en el marco de un proyecto de extensión, y los estudiantes y docentes mostraron mucho interés en el tema”, concluyó Doumecq.
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Estaciones de Servicio duales en la planificación a futuro
El Gobierno nacional alentará la instalación de Estaciones de Servicio duales
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
¿Cuál será el futuro de las Estaciones de Servicio en la Argentina? El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, se refirió acerca de los combustibles que se vienen y el rol de las bocas de expendio en este nuevo contexto. El impulso al GNC, los proyectos de GNL, los Biocombustibles y el futuro de las denominadas estaciones blancas.
Confiado en los planes de desarrollo de nuevos combustibles, Iguacel, aventuró en un reportaje con la Revista Surtidores, un futuro cercano en el cual el gas abastezca de manera masiva al parque automotor, en diaria convivencia con los biocombustibles y los motores a batería eléctrica
– ¿Cómo evalúa la inserción de la Argentina en el mercado de las nuevas energías de movilidad?
– Tal como lo comunicara este medio la semana pasada, que adelantaba que el próximo año habrá Estaciones de Servicio que comercialicen GNL, podemos decir que estamos en el camino de un combustible más limpio, más económico y muy abundante en nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener, en poco tiempo más, la oportunidad de poner en el mismo umbral de competencia al GNC con los hidrocarburos tradicionales.
– ¿Cuál es la política de su cartera en referencia al Gas Natural Líquido?
– Estamos trabajando lo más rápido posible en la reglamentación que permita una mayor competencia, lo cual generará más oferta y de esa forma, conseguir mejores precios para la gente. En ese aspecto, calculamos que para dentro de un plazo de ocho años tendremos toda la flota de transporte colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires, funcionando con gas.
– Desde el comienzo de su gestión, alentó el uso del GNC… ¿Estima posible que la casi totalidad de los vehículos puedan utilizarlo próximamente?
– Tenemos la convicción de que hoy más que nunca conviene convertir a los autos al GNC, ya que cuesta la mitad de precio que las naftas y con el uso, se permite amortizar la inversión en menos de un año, con el significativo ahorro que esto le brinda al usuario.
– ¿Cómo evalúa el horizonte de las expendedoras tradicionales para adaptarse a la nueva matriz energética?
– Apoyaremos todas las iniciativas tendientes a lograr que las Estaciones de Servicio puedan convertirse en duales y también a aquellos empresarios que inviertan en nuevas bocas de expendio, pero además, queremos que no solamente puedan ofrecer naftas y GNC, sino que en los próximos años, estén todas en condiciones de vender biocombustibles y carga eléctrica.
– ¿Es viable un desarrollo rápido del Biocombustible que pueda compararse por ejemplo, con la expansión que hoy está teniendo el GNC?
– Junto con las organizaciones y Cámaras del sector estamos avanzando en proyectos muy concretos para que el etanol pueda competir con las naftas y el Biodiesel haga lo mismo con el gasoil. Esto significará una opción muy tentadora especialmente para las estaciones blancas que podrán ofrecer estos productos, lo que les devolverá una importante rentabilidad. Por supuesto que son políticas que van a llevar un tiempo, pero estamos trabajando más allá del discurso.
– ¿Cómo está la situación en cuanto a los reclamos del sector Bio, para que se eleve el porcentaje de componente en las naftas y el gasoil y por otro lado, se contemple una rebaja impositiva al producto vegetal?
– Las dos cosas van de la mano y creemos que es viable discutir estos temas como ya lo venimos haciendo. Se está buscando la forma de favorecer a la industria del Biocombustible, sin dañar la recaudación, pero también, dependerá del Poder Legislativo, adaptar leyes al respecto.
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
¿Cuál será el futuro de las Estaciones de Servicio en la Argentina? El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, se refirió acerca de los combustibles que se vienen y el rol de las bocas de expendio en este nuevo contexto. El impulso al GNC, los proyectos de GNL, los Biocombustibles y el futuro de las denominadas estaciones blancas.
Confiado en los planes de desarrollo de nuevos combustibles, Iguacel, aventuró en un reportaje con la Revista Surtidores, un futuro cercano en el cual el gas abastezca de manera masiva al parque automotor, en diaria convivencia con los biocombustibles y los motores a batería eléctrica
– ¿Cómo evalúa la inserción de la Argentina en el mercado de las nuevas energías de movilidad?
– Tal como lo comunicara este medio la semana pasada, que adelantaba que el próximo año habrá Estaciones de Servicio que comercialicen GNL, podemos decir que estamos en el camino de un combustible más limpio, más económico y muy abundante en nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener, en poco tiempo más, la oportunidad de poner en el mismo umbral de competencia al GNC con los hidrocarburos tradicionales.
– ¿Cuál es la política de su cartera en referencia al Gas Natural Líquido?
– Estamos trabajando lo más rápido posible en la reglamentación que permita una mayor competencia, lo cual generará más oferta y de esa forma, conseguir mejores precios para la gente. En ese aspecto, calculamos que para dentro de un plazo de ocho años tendremos toda la flota de transporte colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires, funcionando con gas.
– Desde el comienzo de su gestión, alentó el uso del GNC… ¿Estima posible que la casi totalidad de los vehículos puedan utilizarlo próximamente?
– Tenemos la convicción de que hoy más que nunca conviene convertir a los autos al GNC, ya que cuesta la mitad de precio que las naftas y con el uso, se permite amortizar la inversión en menos de un año, con el significativo ahorro que esto le brinda al usuario.
– ¿Cómo evalúa el horizonte de las expendedoras tradicionales para adaptarse a la nueva matriz energética?
– Apoyaremos todas las iniciativas tendientes a lograr que las Estaciones de Servicio puedan convertirse en duales y también a aquellos empresarios que inviertan en nuevas bocas de expendio, pero además, queremos que no solamente puedan ofrecer naftas y GNC, sino que en los próximos años, estén todas en condiciones de vender biocombustibles y carga eléctrica.
– ¿Es viable un desarrollo rápido del Biocombustible que pueda compararse por ejemplo, con la expansión que hoy está teniendo el GNC?
– Junto con las organizaciones y Cámaras del sector estamos avanzando en proyectos muy concretos para que el etanol pueda competir con las naftas y el Biodiesel haga lo mismo con el gasoil. Esto significará una opción muy tentadora especialmente para las estaciones blancas que podrán ofrecer estos productos, lo que les devolverá una importante rentabilidad. Por supuesto que son políticas que van a llevar un tiempo, pero estamos trabajando más allá del discurso.
– ¿Cómo está la situación en cuanto a los reclamos del sector Bio, para que se eleve el porcentaje de componente en las naftas y el gasoil y por otro lado, se contemple una rebaja impositiva al producto vegetal?
– Las dos cosas van de la mano y creemos que es viable discutir estos temas como ya lo venimos haciendo. Se está buscando la forma de favorecer a la industria del Biocombustible, sin dañar la recaudación, pero también, dependerá del Poder Legislativo, adaptar leyes al respecto.
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Más que preocupante pérdida de abejas en el país
Argentina ya pierde un 30% de las colonias de abejas por año
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Una ley de semillas a pedir de Monsanto-Bayer
El semillero empresario
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Volt el primer auto eléctrico del país
Volt lanzó su auto eléctrico con foco en el cliente corporativo
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Décima reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los funcionarios nacionales discutieron los avances del año en la materia, de cara a la próxima Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, participaron esta tarde de la décima Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, realizada en la Quinta de Olivos y encabezada por el presidente Mauricio Macri. En el encuentro se compartieron los avances logrados durante el año y se intercambiaron distintas propuestas para consolidar la posición nacional de cara a la Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP24) que se realizará en Katowice, Polonia, el próximo mes de diciembre.
En la reunión se detallaron además los resultados del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático, el proceso de revisión de los planes de acción nacionales presentados en 2017 y las acciones de fortalecimiento de capacidades en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Finalmente, se presentaron los principales resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 y los productos que se llevarán a la COP24.
En el encuentro también estuvieron presentes: el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el secretario general de Presidencia; Fernando de Andreis, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro. También participaron los secretarios de Gobierno de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Agroindustira, Luis Miguel Etchevehere; y de Modernización, Andrés Ibarra; el vicecanciller de la Nación, Daniel Raimondi, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Braun; la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar y otros funcionarios nacionales comprometidos con la temática.
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Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los funcionarios nacionales discutieron los avances del año en la materia, de cara a la próxima Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, participaron esta tarde de la décima Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, realizada en la Quinta de Olivos y encabezada por el presidente Mauricio Macri. En el encuentro se compartieron los avances logrados durante el año y se intercambiaron distintas propuestas para consolidar la posición nacional de cara a la Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP24) que se realizará en Katowice, Polonia, el próximo mes de diciembre.
En la reunión se detallaron además los resultados del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático, el proceso de revisión de los planes de acción nacionales presentados en 2017 y las acciones de fortalecimiento de capacidades en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Finalmente, se presentaron los principales resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 y los productos que se llevarán a la COP24.
En el encuentro también estuvieron presentes: el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el secretario general de Presidencia; Fernando de Andreis, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro. También participaron los secretarios de Gobierno de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Agroindustira, Luis Miguel Etchevehere; y de Modernización, Andrés Ibarra; el vicecanciller de la Nación, Daniel Raimondi, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Braun; la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar y otros funcionarios nacionales comprometidos con la temática.
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Abordaron en Salta la prueba pericial ambiental
Debate en Salta sobre peritaje ambiental
Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Proyecto de Ley para identificar pasivos ambientales
Menna presentó un Proyecto de Ley para identificar pasivos ambientales en todo el país
Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa del diputado nacional de Chubut por Cambiemos se trata de la Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales. Prevé fuertes sanciones ante el incumplimiento de la norma. “No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos”, dijo Menna.
Con el objetivo de identificar los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas de todo el país y establecer mecanismos para su remediación, el diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto para crear la “Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales”. La norma prevé fuertes sanciones en los casos de incumplimiento.
La iniciativa fue presentada durante la última semana en el Congreso de la Nación y contó con el acompañamiento de otros nueve legisladores representantes de distintos distritos: Antonio Carambia (PRO-Santa Cruz), Fernando Iglesias (PRO-Ciudad de Buenos Aires), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Claudia Najul (UCR-Mendoza), Aída Ayala (UCR-Chaco), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Diego Mestre (UCR-Córdoba), Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) y Luis Pastori (UCR-Misiones).
El Proyecto de Ley “tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar, registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica, y establecer las obligaciones referentes a la recomposición de tales pasivos por parte de los responsables, todo ello a los fines de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional”, indica la iniciativa, que prevé ser “de aplicación en todo el territorio argentino, sin perjuicio de lo que dispongan y establezcan las leyes locales dictadas en el marco de la competencia legislativa atribuida a los Estados provinciales”.
En los fundamentos se argumenta que “resulta imprescindible avanzar en la sanción de una ley que permita establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica y la obligación de recomponer por parte de los responsables contaminadores”, ya que “son propósitos que van en línea con el mandato constitucional de preservación del ambiente y consecuente prevención del daño ambiental” incluidos en el artículo 41 de la Carta Magna.
Responsabilidad ambiental
“Entendiendo que la responsabilidad pública ambiental debe insertarse en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente que incluye la prevención del daño, la gestión ambiental y la reparación del daño en base al derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, debemos dar cumplimiento al mandato constitucional, avanzando en la ampliación de nuestra legislación ambiental”, agrega Menna en los fundamentos.
“No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos"”, añade.
En la propuesta se define el término pasivos ambientales como “todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”.
Además se aclara que se alude a “recomposición” como “las tareas de remediación, saneamiento y todas aquellas tendientes a establecer medidas de seguridad que tienen por finalidad volver el lugar al estado de cosas anterior al daño ambiental producido”.
La norma también refiere a acciones de remediación, de saneamiento, de auditoría de cierre; y se define a daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Multas y clausuras
En este contexto, el proyecto de Ley establece fuertes sanciones, desde el apercibimiento hasta multa de entre 300 y 100.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso; la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento; y la cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”, dice la iniciativa, al tiempo que indica que el organismo “deberá establecer los criterios o ‘Buenas Prácticas’ para la gestión sustentable de los pasivos ambientales en consulta con los centros de excelencia de máximo nivel científico avocados al estudio ambiental”.
Registro Nacional y Fondo Federal
El proyecto de Ley crea, además, el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, “que funcionará en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación”, y para el cual “las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones remitirán la información correspondiente a su ámbito de competencia territorial y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público”, indica la propuesta.
Y se crea también el Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por incumplimiento a la ley; las subvenciones, donaciones y legados de personas humanas o jurídicas, nacionales, extranjeras e internacionales; los recursos que determinen leyes especiales; y las asignaciones estipuladas a tal fin en la ley de presupuesto anual.
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Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa del diputado nacional de Chubut por Cambiemos se trata de la Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales. Prevé fuertes sanciones ante el incumplimiento de la norma. “No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos”, dijo Menna.
Con el objetivo de identificar los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas de todo el país y establecer mecanismos para su remediación, el diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto para crear la “Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales”. La norma prevé fuertes sanciones en los casos de incumplimiento.
La iniciativa fue presentada durante la última semana en el Congreso de la Nación y contó con el acompañamiento de otros nueve legisladores representantes de distintos distritos: Antonio Carambia (PRO-Santa Cruz), Fernando Iglesias (PRO-Ciudad de Buenos Aires), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Claudia Najul (UCR-Mendoza), Aída Ayala (UCR-Chaco), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Diego Mestre (UCR-Córdoba), Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) y Luis Pastori (UCR-Misiones).
El Proyecto de Ley “tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar, registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica, y establecer las obligaciones referentes a la recomposición de tales pasivos por parte de los responsables, todo ello a los fines de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional”, indica la iniciativa, que prevé ser “de aplicación en todo el territorio argentino, sin perjuicio de lo que dispongan y establezcan las leyes locales dictadas en el marco de la competencia legislativa atribuida a los Estados provinciales”.
En los fundamentos se argumenta que “resulta imprescindible avanzar en la sanción de una ley que permita establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica y la obligación de recomponer por parte de los responsables contaminadores”, ya que “son propósitos que van en línea con el mandato constitucional de preservación del ambiente y consecuente prevención del daño ambiental” incluidos en el artículo 41 de la Carta Magna.
Responsabilidad ambiental
“Entendiendo que la responsabilidad pública ambiental debe insertarse en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente que incluye la prevención del daño, la gestión ambiental y la reparación del daño en base al derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, debemos dar cumplimiento al mandato constitucional, avanzando en la ampliación de nuestra legislación ambiental”, agrega Menna en los fundamentos.
“No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos"”, añade.
En la propuesta se define el término pasivos ambientales como “todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”.
Además se aclara que se alude a “recomposición” como “las tareas de remediación, saneamiento y todas aquellas tendientes a establecer medidas de seguridad que tienen por finalidad volver el lugar al estado de cosas anterior al daño ambiental producido”.
La norma también refiere a acciones de remediación, de saneamiento, de auditoría de cierre; y se define a daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Multas y clausuras
En este contexto, el proyecto de Ley establece fuertes sanciones, desde el apercibimiento hasta multa de entre 300 y 100.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso; la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento; y la cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”, dice la iniciativa, al tiempo que indica que el organismo “deberá establecer los criterios o ‘Buenas Prácticas’ para la gestión sustentable de los pasivos ambientales en consulta con los centros de excelencia de máximo nivel científico avocados al estudio ambiental”.
Registro Nacional y Fondo Federal
El proyecto de Ley crea, además, el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, “que funcionará en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación”, y para el cual “las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones remitirán la información correspondiente a su ámbito de competencia territorial y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público”, indica la propuesta.
Y se crea también el Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por incumplimiento a la ley; las subvenciones, donaciones y legados de personas humanas o jurídicas, nacionales, extranjeras e internacionales; los recursos que determinen leyes especiales; y las asignaciones estipuladas a tal fin en la ley de presupuesto anual.
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Vaca Muerta: mas de tres incidentes ambientales por día
Los derrames de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 22/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur denuncia que se está produciendo “un desastre ambiental y social”. Los derrames provocan graves perjuicios a los productores de frutas. Las Naciones Unidas mostraron su preocupación.
“Fracking seguro” y “Vaca Muerta no va a contaminar” fueron los eslogan empresario y mediático en 2013, cuando comenzó a explotarse la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). La técnica (llamada “fractura hidráulica”) era ya muy cuestionada en el mundo por sus impactos ambientales. A cinco años del acuerdo YPF-Chevron que dio inicio a la explotación, se cumplió lo que alertaban comunidades mapuches y organizaciones socioambientales: decenas de derrames, explosión de pozos e incendios. La provincia reconoce que se producen dos derrames por día y Naciones Unidas llamó a detener Vaca Muerta.
El 19 de octubre se produjo un derrame de petróleo que afectó entre 40 y 80 hectáreas. Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense) en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo) que estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron “algunas hectáreas”. YPF reconoció, diez días después del desastre, que fueron 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
El último derrame de YPF es sólo una muestra de algo mayor: en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Publicado por el periodista Matías del Pozzi (en el Diario Río Negro), en los últimos cuatro años las petroleras admitieron 3368 “incidentes ambientales”, eufemismo de las empresas y el Gobierno para los hechos de contaminación.
En base a información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén se detalla que en sólo diez meses de 2018 (enero a octubre) se registraron 934 hechos de contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863.
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación del accionar de las petroleras y sus impactos. “En Vaca Muerta se está produciendo un desastre ambiental y social. De continuar la explotación será aún peor y no afecta sólo a quienes viven allí, la contaminación del aire y el agua nos llegará a todos”, afirmó Fernando Cabrera, del Opsur. Recordó que en el derrame de YPF-Schlumberger no dieron información oficial durante diez días. “Estos eventos se producen porque son los propios vecinos, campesinos o trabajadores los que denuncian. Otra muestra de que no se puede confiar en empresas ni en los gobiernos”, destacó.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por Opsur y Taller Ecologista) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el “fracking seguro”: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
La Confederación Mapuche de Neuquén (que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de veinte años), organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalista presentaron una denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos (para las empresas) y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” para las autoridades ambientales de la Provincia. La Confederación recordó que ya realizó cinco denuncias por hechos graves de contaminación y por la falta de acción de los funcionarios del Gobierno. También responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de avance en las causas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió en octubre su “Cuarto Informe Periódico de Argentina”. Remarcó los impactos negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación para su incidencia en el clima mundial. “La explotación total de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados, estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.
El Comité de la ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido, dos semanas antes, un informe con tono advertencia: si la temperatura del planeta sigue en aumento y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la vida de las personas y el medioambiente. Para alcanzar el objetivo (para 2030) se debe reducir a la mitad el uso de petróleo y el de gas a un tercio. La explotación de Vaca Muerta va en sentido opuesto.
En Vaca Muerta están presente, además de YPF y Chevron, las grandes multinacionales Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, CNNOC, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria.
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Fecha de Publicación: 22/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur denuncia que se está produciendo “un desastre ambiental y social”. Los derrames provocan graves perjuicios a los productores de frutas. Las Naciones Unidas mostraron su preocupación.
“Fracking seguro” y “Vaca Muerta no va a contaminar” fueron los eslogan empresario y mediático en 2013, cuando comenzó a explotarse la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). La técnica (llamada “fractura hidráulica”) era ya muy cuestionada en el mundo por sus impactos ambientales. A cinco años del acuerdo YPF-Chevron que dio inicio a la explotación, se cumplió lo que alertaban comunidades mapuches y organizaciones socioambientales: decenas de derrames, explosión de pozos e incendios. La provincia reconoce que se producen dos derrames por día y Naciones Unidas llamó a detener Vaca Muerta.
El 19 de octubre se produjo un derrame de petróleo que afectó entre 40 y 80 hectáreas. Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense) en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo) que estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron “algunas hectáreas”. YPF reconoció, diez días después del desastre, que fueron 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
El último derrame de YPF es sólo una muestra de algo mayor: en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Publicado por el periodista Matías del Pozzi (en el Diario Río Negro), en los últimos cuatro años las petroleras admitieron 3368 “incidentes ambientales”, eufemismo de las empresas y el Gobierno para los hechos de contaminación.
En base a información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén se detalla que en sólo diez meses de 2018 (enero a octubre) se registraron 934 hechos de contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863.
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación del accionar de las petroleras y sus impactos. “En Vaca Muerta se está produciendo un desastre ambiental y social. De continuar la explotación será aún peor y no afecta sólo a quienes viven allí, la contaminación del aire y el agua nos llegará a todos”, afirmó Fernando Cabrera, del Opsur. Recordó que en el derrame de YPF-Schlumberger no dieron información oficial durante diez días. “Estos eventos se producen porque son los propios vecinos, campesinos o trabajadores los que denuncian. Otra muestra de que no se puede confiar en empresas ni en los gobiernos”, destacó.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por Opsur y Taller Ecologista) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el “fracking seguro”: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
La Confederación Mapuche de Neuquén (que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de veinte años), organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalista presentaron una denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos (para las empresas) y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” para las autoridades ambientales de la Provincia. La Confederación recordó que ya realizó cinco denuncias por hechos graves de contaminación y por la falta de acción de los funcionarios del Gobierno. También responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de avance en las causas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió en octubre su “Cuarto Informe Periódico de Argentina”. Remarcó los impactos negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación para su incidencia en el clima mundial. “La explotación total de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados, estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.
El Comité de la ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido, dos semanas antes, un informe con tono advertencia: si la temperatura del planeta sigue en aumento y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la vida de las personas y el medioambiente. Para alcanzar el objetivo (para 2030) se debe reducir a la mitad el uso de petróleo y el de gas a un tercio. La explotación de Vaca Muerta va en sentido opuesto.
En Vaca Muerta están presente, además de YPF y Chevron, las grandes multinacionales Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, CNNOC, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria.
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La UE empieza a cuestionar el biodiésel local
La industria local de biodiésel, en guardia ante el proteccionismo europeo
Fecha de Publicación: 22/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Los fabricantes europeos afirman que la Argentina distorsiona los precios al imponer mayores aranceles de exportación a la soja y el aceite que al biodiésel.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) declaró hoy que “la industria europea de biodiésel nuevamente insta a la Unión Europea (UE) a romper las reglas del comercio global para protegerla de productores extranjeros más eficientes”.
La Comisión Europea del Biodiésel (EBB, en sus siglas en inglés) ha emprendido una campaña particularmente agresiva con la Comisión y los Estados miembros de la UE que afirman que la Argentina distorsiona los precios de exportación de su biodiésel al imponer un impuesto a la exportación más alto sobre la soja y el aceite de soja que sobre el biodiésel. Las acusaciones de EBB son injustas y no reconocen compromisos legales ni realidades del mercado.
"La Comisión Europea es consciente de que en el presente caso no hay evidencia real de subsidios o daños a la industria europea de biodiésel, y en septiembre optó por no imponer derechos provisionales", dijo el presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta.
Además de ser totalmente infundadas, las críticas de la EBB contra los productores argentinos ignoran su propio entorno de mercado altamente distorsionado y subsidiado.
Los productores de biodiésel en la UE se benefician de un mercado fuertemente regulado que incluye leyes de precios oficiales, con precios máximos de diesel que obligan a los distribuidores a absorber el costo.
Adicionalmente, el biodiésel de la UE se produce principalmente a partir de la colza (el 70% de la colza europea se cultiva solo para la producción de biodiésel), que está muy subvencionada por la Política Agrícola Común de la UE.
Finalmente, la propia UE cobra impuestos diferenciales con un arancel de importación sobre el biodiésel del 6,5% en comparación con un arancel de importación sobre la soja del 0%.
El arancel diferencial de importación de la UE, que ofrece protección explícita a la industria del biodiésel de la UE, es más del doble que el de Argentina para los mismos productos.
Aún más: los Estados miembros de la UE ofrecen numerosos esquemas de incentivos nacionales a los productores europeos de biodiésel. Por ejemplo, el gobierno polaco recientemente reforzó las distorsiones en su mercado interno a través de una ley que reduce los requisitos de mezcla cuando se usa biodiésel producido en Polonia.
"La transición de Europa hacia una economía más ecológica, así como la de sus consumidores e industria, se beneficiarán de la posibilidad de importar biocombustibles de origen sostenible a precios competitivos. Otro conjunto de derechos ilegales solo distorsionará aún más el mercado europeo y desvirtuará los incentivos para los inversores y consumidores. CARBIO, por lo tanto, sigue confiando en que la UE estará a la altura de sus creencias declaradas de apoyar el medio ambiente, las instituciones internacionales y el comercio justo y basado en normas," agregó Zubizarreta.
El Presidente de CARBIO concluyó: "Creemos que hay muchas oportunidades para que los productores de biodiésel tanto argentinos como europeos sigan abasteciendo al mercado de la UE, y que entreguen productos de alta calidad a los consumidores de la UE".
CARBIO critica el intento del EBB de volver a burlar las reglas comerciales globales al considerar los impuestos a la exportación como un tipo de subsidio, incluso si el uso de los derechos de exportación está explícitamente permitido por los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los impuestos a la exportación no son más que otro impuesto, incluyendo los impuestos diferenciados que cobra la UE.
Además, para los países en desarrollo con grandes sectores de productos básicos, los impuestos a la exportación son un medio importante de ingresos y mucho más fáciles de controlar y recaudar que los impuestos a la renta. Alrededor del 40% de los miembros de la OMC utilizan impuestos a la exportación en cierta medida.
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Fecha de Publicación: 22/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Los fabricantes europeos afirman que la Argentina distorsiona los precios al imponer mayores aranceles de exportación a la soja y el aceite que al biodiésel.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) declaró hoy que “la industria europea de biodiésel nuevamente insta a la Unión Europea (UE) a romper las reglas del comercio global para protegerla de productores extranjeros más eficientes”.
La Comisión Europea del Biodiésel (EBB, en sus siglas en inglés) ha emprendido una campaña particularmente agresiva con la Comisión y los Estados miembros de la UE que afirman que la Argentina distorsiona los precios de exportación de su biodiésel al imponer un impuesto a la exportación más alto sobre la soja y el aceite de soja que sobre el biodiésel. Las acusaciones de EBB son injustas y no reconocen compromisos legales ni realidades del mercado.
"La Comisión Europea es consciente de que en el presente caso no hay evidencia real de subsidios o daños a la industria europea de biodiésel, y en septiembre optó por no imponer derechos provisionales", dijo el presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta.
Además de ser totalmente infundadas, las críticas de la EBB contra los productores argentinos ignoran su propio entorno de mercado altamente distorsionado y subsidiado.
Los productores de biodiésel en la UE se benefician de un mercado fuertemente regulado que incluye leyes de precios oficiales, con precios máximos de diesel que obligan a los distribuidores a absorber el costo.
Adicionalmente, el biodiésel de la UE se produce principalmente a partir de la colza (el 70% de la colza europea se cultiva solo para la producción de biodiésel), que está muy subvencionada por la Política Agrícola Común de la UE.
Finalmente, la propia UE cobra impuestos diferenciales con un arancel de importación sobre el biodiésel del 6,5% en comparación con un arancel de importación sobre la soja del 0%.
El arancel diferencial de importación de la UE, que ofrece protección explícita a la industria del biodiésel de la UE, es más del doble que el de Argentina para los mismos productos.
Aún más: los Estados miembros de la UE ofrecen numerosos esquemas de incentivos nacionales a los productores europeos de biodiésel. Por ejemplo, el gobierno polaco recientemente reforzó las distorsiones en su mercado interno a través de una ley que reduce los requisitos de mezcla cuando se usa biodiésel producido en Polonia.
"La transición de Europa hacia una economía más ecológica, así como la de sus consumidores e industria, se beneficiarán de la posibilidad de importar biocombustibles de origen sostenible a precios competitivos. Otro conjunto de derechos ilegales solo distorsionará aún más el mercado europeo y desvirtuará los incentivos para los inversores y consumidores. CARBIO, por lo tanto, sigue confiando en que la UE estará a la altura de sus creencias declaradas de apoyar el medio ambiente, las instituciones internacionales y el comercio justo y basado en normas," agregó Zubizarreta.
El Presidente de CARBIO concluyó: "Creemos que hay muchas oportunidades para que los productores de biodiésel tanto argentinos como europeos sigan abasteciendo al mercado de la UE, y que entreguen productos de alta calidad a los consumidores de la UE".
CARBIO critica el intento del EBB de volver a burlar las reglas comerciales globales al considerar los impuestos a la exportación como un tipo de subsidio, incluso si el uso de los derechos de exportación está explícitamente permitido por los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los impuestos a la exportación no son más que otro impuesto, incluyendo los impuestos diferenciados que cobra la UE.
Además, para los países en desarrollo con grandes sectores de productos básicos, los impuestos a la exportación son un medio importante de ingresos y mucho más fáciles de controlar y recaudar que los impuestos a la renta. Alrededor del 40% de los miembros de la OMC utilizan impuestos a la exportación en cierta medida.
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Crece el rechazo a 'privatización' de Parques Nacionales
Rechazo al proyecto del Gobierno de 'privatizar' los Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La iniciativa, que incluye el área protegida de Iguazú, fue revelada por la Nación a los funcionarios provinciales en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Turismo y el de Medio Ambiente.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.
“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.
En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.
Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó:?“hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
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Argentina presente en la 14° COP de diversidad biológica
Argentina presente en la 14° Conferencia de las Partes sobre diversidad biológica en Egipto
Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación argentina participa en Sharm El-Sheikh, Egipto, de la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la 3° Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya. La misma está liderada por el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, e integrada por un equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En ese espacio, Moreno cerró el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia, en donde leyó la declaración del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). “Los países del GRULAC nos encontramos situados geográficamente en una región muy diversa, con una tradición vinculada a la naturaleza, por lo que somos conscientes de la necesidad de integrar la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales, contribuyendo a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento efectivo de las Metas Aichi para la Diversidad Biológica”, aseguró.
En el documento se reafirman los compromisos asumidos en la Conferencia de Cancún de 2016. Aquella declaración propugnó la integración de la biodiversidad en sectores productivos como la agroindustria, el turismo, la pesca y la explotación forestal.
“El GRULAC considera prioritario continuar trabajando en dar mayor visibilidad a la biodiversidad en la agenda internacional”, agregó el funcionario.”También confiamos en que la implementación del convenio y sus protocolos debe ser armoniosa para lograr la plena implementación de sus tres objetivos; haciendo especial énfasis en la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”, indicó.
Durante su intervención, el Secretario también se apoyó en la Declaración de Sharm El-Sheikh que amplía la integración de la biodiversidad a los sectores de salud, infraestructura, minería, energía, manufactura y procesamiento.
Finalmente, Moreno aseguró: “Este Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2018 nos proporcionó una plataforma clave para estos objetivos, propiciando el diálogo de alto nivel que planteó distintas perspectivas para expandir el alcance del CDB en las agendas de otros sectores de forma armónica y efectiva”.
La delegación continuará con exposiciones en el marco del encuentro internacional y debatirá durante las próximas dos semanas sobre asuntos estratégicos para el país, como los recursos genéticos, las áreas marinas protegidas y el uso sustentable de la biodiversidad. También trabajará en una estrategia para la protección de la diversidad biológica en el escenario posterior al 2020.
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Fecha de Publicación: 21/11/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Una delegación argentina participa en Sharm El-Sheikh, Egipto, de la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la 3° Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya. La misma está liderada por el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, e integrada por un equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En ese espacio, Moreno cerró el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia, en donde leyó la declaración del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). “Los países del GRULAC nos encontramos situados geográficamente en una región muy diversa, con una tradición vinculada a la naturaleza, por lo que somos conscientes de la necesidad de integrar la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales, contribuyendo a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento efectivo de las Metas Aichi para la Diversidad Biológica”, aseguró.
En el documento se reafirman los compromisos asumidos en la Conferencia de Cancún de 2016. Aquella declaración propugnó la integración de la biodiversidad en sectores productivos como la agroindustria, el turismo, la pesca y la explotación forestal.
“El GRULAC considera prioritario continuar trabajando en dar mayor visibilidad a la biodiversidad en la agenda internacional”, agregó el funcionario.”También confiamos en que la implementación del convenio y sus protocolos debe ser armoniosa para lograr la plena implementación de sus tres objetivos; haciendo especial énfasis en la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”, indicó.
Durante su intervención, el Secretario también se apoyó en la Declaración de Sharm El-Sheikh que amplía la integración de la biodiversidad a los sectores de salud, infraestructura, minería, energía, manufactura y procesamiento.
Finalmente, Moreno aseguró: “Este Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2018 nos proporcionó una plataforma clave para estos objetivos, propiciando el diálogo de alto nivel que planteó distintas perspectivas para expandir el alcance del CDB en las agendas de otros sectores de forma armónica y efectiva”.
La delegación continuará con exposiciones en el marco del encuentro internacional y debatirá durante las próximas dos semanas sobre asuntos estratégicos para el país, como los recursos genéticos, las áreas marinas protegidas y el uso sustentable de la biodiversidad. También trabajará en una estrategia para la protección de la diversidad biológica en el escenario posterior al 2020.
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Un acuerdo nuclear tambaleante
Peligra el acuerdo nuclear de Argentina con China por una fuerte pelea interna en el Gobierno
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Hacienda cuestionó la construcción de la central nuclear Atucha III y su elevado costo de producción; en la Secretaría de Energía rechazan las objeciones y sostienen la idea del proyecto con los chinos. Decide Macri
Una inusitada batalla de poderes internos desatados en la Casa Rosada entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía puso en riesgo el futuro de un eventual acuerdo entre China y la Argentina para la construcción de la central nuclear Atucha III que tendrá un costo estimado de 8.000 millones de dólares y será financiada por el gobierno chino.
La puja política entre Nicolás Dujovne y Javier Iguacel se profundizó en los últimos días ya que desde Beijing se pidió mayores detalles para el avance del acuerdo nuclear, con la idea de que este se pueda firmar en la reunión de los presidentes Mauricio Macri y Xi Jinping que se realizará en diciembre en Buenos Aires.
Durante el viaje que el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el director del BICE, Francisco Cabrera, acaban de realizar a China para obtener un swap de USD 9.000 millones se levantaron reclamos de la administración comunista por el acuerdo nuclear aún inconcluso. Pero ninguno de estos funcionarios del Gobierno pudo dar explicación alguna, ya que el tema lo debe definir Macri.
Según consignaron a Infobae cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada y de la Cancillería, la pelea entre Hacienda y Energía tiene un eje en debate en debate: la oportunidad o no de sumergir al Gobierno en estos momentos a un compromiso de pago financiero para una obra cuyos resultados concretos en términos de ahorro económico fueron puestos bajo severa discusión.
En el Ministerio de Hacienda circula un documento reservado que elaboró el equipo de Dujovne y que sostiene que "no sería conveniente hoy poner en un compromiso financiero a la Argentina" para la construcción de una central nuclear, cuya producción es más costosa que el resto de los sistemas energéticos que ya tiene el país.
De esta manera, Hacienda detalló en el informe que el costo de generación de un MW es de USD 170 para el caso de la energía nuclear que se pretende desarrollar con China, mientras que un MW de energía renovable implica un costo total de USD 70 y la producción de energía tradicional que se puede obtener por MW del yacimiento de Vaca Muerta tiene un costo de USD 50.
"Someter a la Argentina al pago de un crédito de USD 8.000 millones, por más que sea con tasas cómodas y mejores que en el resto del mercado, no sería un buen negocio si se miden los costos de producción de un MW. Esta es una ecuación que va más allá de la relación con China, que seguirá siendo buena", explicó a Infobae un funcionario allegado a Dujovne.
El mismo funcionario añadió que "la construcción de otra central nuclear sería fabulosa en una Argentina imaginaria que tenga recursos de sobra para pensar a futuro. Pero no es precisamente lo que hoy ocurre en una situación de crisis y ajuste".
Esta postura ya se la hizo notar el propio ministro de Hacienda al presidente Macri, al evaluar que sería "emitir una imagen contradictoria" de la Argentina pedirle dinero al FMI para afrontar una crisis y en paralelo pagar un crédito a China por "un negocio que no se ve rentable en su totalidad".
Como contrapartida, desde la Secretaría de Energía que lidera Iguacel, el Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, defendió ante el Presidente el proyecto que hace 15 días acaban de negociar en Beijing con la administración de Xi Jinping.
Fuentes oficiales allegadas a Iguacel y a Gadano señalaron a Infobae que la explicación de Hacienda sobre el costo de un MW a 170 dólares es "totalmente falsa". Así, detallaron que el costo mundial de un MW por medio de energía nuclear no supera los 90 dólares.
A la vez, en las oficinas del Subsecretario de Energía Nuclear sostienen que el cálculo que realiza Hacienda para medir el costo de MW de energía nuclear está dado por lo que sale construir la central nuclear hoy, pero no por la vida útil de la misma en un espacio de 70 años. Es decir, que al entender de los funcionarios de Energía, el cálculo de Hacienda es fruto de la división costo por producción, cuando debería darse por el resultado energético en el largo plazo.
Tanto Gadano como Iguacel le dijeron a Macri que la mano de obra para la construcción de Atucha III con financiamiento chino será en más de un 40% local, con lo cual se dará empleo a miles de argentinos.
¿Qué ocurrirá ahora con el acuerdo de la central nuclear con China?
Nadie lo sabe de manera fehaciente. Lo único concreto es que la última palabra la tendrá el jefe de Estado argentino. Pero los tiempos corren y si se quiere sellar aunque sea un contrato financiero básico para cuando Xi Jinping se reuná con Macri en la Casa Rosada el 3 de diciembre, se deberá contar con una respuesta bien definida.
Tanto en Hacienda como en Energía tienen sus propias versiones de lo que hará Macri. Mientras que los allegados a Dujovne creen que el Presidente se mostrará "coherente" con la idea de una Argentina austera, desde la Secretaría de Energía aseguran que el Presidente está "completamente comprometido" con el proyecto nuclear con China y no dará un paso atrás.
En rigor, desde la Cancillería aseguran que por el avance de las negociaciones dar un paso atrás ahora sería una "muy mala señal" hacia Beijing.
Hay un antecedente no lejano que protagonizó el gobierno de Macri en términos de retracciones con China. En mayo pasado, el canciller Jorge Faurie tuvo que explicar a su para chino, Wang Yi, que la Argentina había decidido suspender por "problemas de restricción presupuestaria" el proyecto de construcción de la Central Atucha II, que tenía un costo de 9.000 millones de dólares.
El embajador argentino en China, Diego Guelar, está perplejo ante la disputa que se desató en Buenos Aires entre Hacienda y Energía por la construcción de la central nuclear Atucha III y ya no sabe qué explicaciones darle al gobierno de Xi Jinping.
Guelar fue, junto con Gadano, uno de los promotores del acuerdo nuclear y le hizo saber al canciller Faurie esta semana que dar marcha atrás en las negociaciones sería "una pésima señal de confiabilidad" que los chinos verían de muy mal agrado.
En tal caso, como eventual solución intermedia, el embajador propone una de las "peores hipótesis", según le comentó a un diplomático de carrera de la Cancillería. Este escenario consistiría en cerrar un acuerdo para que la central nuclear se empiece a construir recién en el 2022. Esta podría llegar a ser una fórmula intermedia para que la Argentina no quede mal con China y se postergue para adelante el pago de un crédito que hoy, según Hacienda, el país no puede afrontar. Pero lo allegados a Dujovne creen que esa idea sigue colisionando por la reiterada explicación del costo por MW de energía nuclear en comparación a la energía convencional o la renovable.
En esta disputa, un funcionario de la Casa Rosada deslizó una radiografía descarnada de lo que ocurre en términos políticos: "Aquí se desató una pelea entre Dujovne, que es un soldado de Washington, y Gulear, Iguacel y Gadano que son pro-chinos". Es decir, la idea de una batalla silenciosa entre Washington y Beijing por los recursos estratégicos en América Latina vuelve a estar sobre la mesa de discusiones.
Como ya adelantó Infobae hace un mes, el acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III será sólo con tecnología de Beijing y se sustentará en una compleja ingeniería financiera para que la administración de Xi Jinping financie la totalidad de la obra con un crédito blando de 7.500 millones de dólares; la otra parte será en efectivo por unos USD 2.500 millones para obras de infraestructura.
Según se pudo saber, el crédito que le plantea ahora China a la Argentina para la central Atucha III es a más de 20 años a una tasa del 5% anual y bajo flexibles estamentos contractuales en el medio.
Como contrapartida, con este proyecto la administración de Xi Jinping dejó a un lado el proyecto de la central nuclear Atucha II que se iba a realizar con Canadá y China bajo tecnología CANDU. Macri tiene la última palabra.
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