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Monsanto reclama que De La Sota mire para su lado
08:53 | 
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Eco Sitio |
Monsanto presiona por la inversión millonaria frenada en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Córdoba: ahora el parece que el gobierno quiere consultar
Monsanto y servicios, temas de posible consulta popular
Fecha de Publicación: 02/04/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo sugirió De la Sota, aunque sin brindar precisiones. Su vocero mencionó la temática ambiental. Con Mestre, distribuyó aportes para intendentes y se le reclamó por la basura.
A través de la red social Twitter, el gobernador José Manuel de la Sota dijo ayer que estaba “considerando seriamente la opción de convocar a consulta popular sobre algunos temas vitales” para Córdoba.
El mensaje, que no brindó otras precisiones, fue difundido a las 10.58, antes de que recibiera en su despacho al intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Nueve horas después, el vocero del gobernador, el ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson, aclaró que el tuit del mandatario provincial no se refería “a un tema puntual, sino a varios en general”. Y enumeró: “Puede ser por el tema Monsanto, ya que si se sanciona la nueva ley de Ambiente en la Legislatura, y adhiere la Municipalidad de Malvinas Argentinas, es posible que se convoque a consulta popular”. Luego agregó: “También puede ser para regular el derecho de huelga de los policías, por ejemplo, y la prestación de los servicios públicos esenciales durante las medidas de fuerza gremiales”.
En este sentido, Lawson puso como ejemplo los paros de transporte y en los hospitales que tantos problemas provocan a los ciudadanos. “El gobernador ha querido decir que si alguno de estos temas necesita una consulta popular para ser definido, él no tiene problemas en convocarla”.
No obstante, como expresó otro miembro del gabinete, el tuit del gobernador pareció más “una expresión de deseo” que una decisión tomada.
Con Mestre y los radicales
El gobernador acercó posiciones ayer con el Foro de Intendentes Radicales, al dar respuesta parcial a un par de demandas históricas de ese sector de la oposición referidos al pago de fondos para ancianidad y el envío de ATP (Adelantos del Tesoro).
Por contrapartida, persisten grandes diferencias sobre las liquidaciones del Fofindes y la resolución del futuro predio de enterramiento sanitario, que recibirá la basura que generan la ciudad de Córdoba y otra decena de municipios del Gran Córdoba.
El gobernador, acompañado por los ministros Walter Saieg (Gobierno), Fabián López (Agua, Ambiente), Jorge Lawson (Comunicación y Desarrollo Estratégico) y el secretario de Asuntos Municipales, Rodrigo Rufeil, dialogó más de dos horas con las autoridades del Foro, encabezadas por Mestre.
De la Sota confirmó el próximo envío a los municipios de los fondos destinados a la atención de ancianos. Son casi cuatro millones de pesos que los intendentes venían reclamando desde hace más de un año. También habrá envío de ATP por dos millones de pesos. En cuanto al Fofindes, se acordó realizar un estudio “caso por caso” para determinar qué municipios efectivamente prestan más servicios sanitarios y –por lo tanto– requieren más fondos.
Otro tema que marcó la reunión, aunque sin avances concretos, fue un nuevo reclamo de Mestre para que la Provincia efectivice la expropiación de los dos predios (en Estación Juárez Celman y en cercanías de Bouwer) que la firma Cormecor SA destinaría al enterramiento de basura del Gran Córdoba.
Aunque no lo admite en público el Gobierno tiene “pisado” ese tema, de alta sensibilidad social, hasta resolver el conflicto ambiental abierto por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Mestre, en tanto, insiste con una rápida definición, atento a que el actual vertedero de Piedras Blancas tiene margen para operar sólo nueve meses.
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Fecha de Publicación: 02/04/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo sugirió De la Sota, aunque sin brindar precisiones. Su vocero mencionó la temática ambiental. Con Mestre, distribuyó aportes para intendentes y se le reclamó por la basura.
A través de la red social Twitter, el gobernador José Manuel de la Sota dijo ayer que estaba “considerando seriamente la opción de convocar a consulta popular sobre algunos temas vitales” para Córdoba.
El mensaje, que no brindó otras precisiones, fue difundido a las 10.58, antes de que recibiera en su despacho al intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Nueve horas después, el vocero del gobernador, el ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson, aclaró que el tuit del mandatario provincial no se refería “a un tema puntual, sino a varios en general”. Y enumeró: “Puede ser por el tema Monsanto, ya que si se sanciona la nueva ley de Ambiente en la Legislatura, y adhiere la Municipalidad de Malvinas Argentinas, es posible que se convoque a consulta popular”. Luego agregó: “También puede ser para regular el derecho de huelga de los policías, por ejemplo, y la prestación de los servicios públicos esenciales durante las medidas de fuerza gremiales”.
En este sentido, Lawson puso como ejemplo los paros de transporte y en los hospitales que tantos problemas provocan a los ciudadanos. “El gobernador ha querido decir que si alguno de estos temas necesita una consulta popular para ser definido, él no tiene problemas en convocarla”.
No obstante, como expresó otro miembro del gabinete, el tuit del gobernador pareció más “una expresión de deseo” que una decisión tomada.
Con Mestre y los radicales
El gobernador acercó posiciones ayer con el Foro de Intendentes Radicales, al dar respuesta parcial a un par de demandas históricas de ese sector de la oposición referidos al pago de fondos para ancianidad y el envío de ATP (Adelantos del Tesoro).
Por contrapartida, persisten grandes diferencias sobre las liquidaciones del Fofindes y la resolución del futuro predio de enterramiento sanitario, que recibirá la basura que generan la ciudad de Córdoba y otra decena de municipios del Gran Córdoba.
El gobernador, acompañado por los ministros Walter Saieg (Gobierno), Fabián López (Agua, Ambiente), Jorge Lawson (Comunicación y Desarrollo Estratégico) y el secretario de Asuntos Municipales, Rodrigo Rufeil, dialogó más de dos horas con las autoridades del Foro, encabezadas por Mestre.
De la Sota confirmó el próximo envío a los municipios de los fondos destinados a la atención de ancianos. Son casi cuatro millones de pesos que los intendentes venían reclamando desde hace más de un año. También habrá envío de ATP por dos millones de pesos. En cuanto al Fofindes, se acordó realizar un estudio “caso por caso” para determinar qué municipios efectivamente prestan más servicios sanitarios y –por lo tanto– requieren más fondos.
Otro tema que marcó la reunión, aunque sin avances concretos, fue un nuevo reclamo de Mestre para que la Provincia efectivice la expropiación de los dos predios (en Estación Juárez Celman y en cercanías de Bouwer) que la firma Cormecor SA destinaría al enterramiento de basura del Gran Córdoba.
Aunque no lo admite en público el Gobierno tiene “pisado” ese tema, de alta sensibilidad social, hasta resolver el conflicto ambiental abierto por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Mestre, en tanto, insiste con una rápida definición, atento a que el actual vertedero de Piedras Blancas tiene margen para operar sólo nueve meses.
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Córdoba: el gobernador avala la consulta por Monsanto
De la Sota aseguró que la consulta popular debutará con Monsanto
Fecha de Publicación: 13/03/2014
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Si bien dijo que es un resorte del municipio de Malvinas Argentinas, confirmó que la futura modificación de la ley de ambiente debería aplicarse a la radicación de la multinacional.
El gobernador José Manuel de la Sota se mostró a favor de una “consulta popular” sobre la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, una vez que se apruebe la nueva ley de ambiente en la provincia, complementaria de las normas ya vigentes.
El mandatario habló del tema y lanzó algunas precisiones respecto a cómo se plantearán las audiencias públicas y consultas populares que eventualmente se concreten ante proyectos con evidente impacto ambiental y social, en el marco de la nueva ley.
Por lo pronto, anticipó que, si el proyecto es aprobado en el corto plazo en la Unicameral, debutará con la instalación de Monsanto.
“Como ciudadano tengo derecho a opinar si quiero que se instale o no una empresa en el lugar donde vivo. Para eso se prevé la realización de audiencias antes de la aprobación y, si no fueran suficientes, existe la posibilidad de un plebiscito donde cada localidad diga ‘quiero’ o ‘no quiero’; me parece que allí con el intendente de Malvinas Argentinas (Daniel Arzani) compartimos el criterio. Si la Legislatura aprueba esta ley, la primera aplicación va a ser el tema Monsanto”, señaló De la Sota a Cadena 3 en el marco de su visita a Expoagro en San Nicolás (Buenos Aires).
Ayer, este medio había publicado que, a decir del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, la norma en estudio en la Legislatura,llegaba con el “espíritu” de respetar la decisión final de los pobladores en los que se quiera radicar un proyecto con impacto ambiental.
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Fecha de Publicación: 13/03/2014
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Si bien dijo que es un resorte del municipio de Malvinas Argentinas, confirmó que la futura modificación de la ley de ambiente debería aplicarse a la radicación de la multinacional.
El gobernador José Manuel de la Sota se mostró a favor de una “consulta popular” sobre la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, una vez que se apruebe la nueva ley de ambiente en la provincia, complementaria de las normas ya vigentes.
El mandatario habló del tema y lanzó algunas precisiones respecto a cómo se plantearán las audiencias públicas y consultas populares que eventualmente se concreten ante proyectos con evidente impacto ambiental y social, en el marco de la nueva ley.
Por lo pronto, anticipó que, si el proyecto es aprobado en el corto plazo en la Unicameral, debutará con la instalación de Monsanto.
“Como ciudadano tengo derecho a opinar si quiero que se instale o no una empresa en el lugar donde vivo. Para eso se prevé la realización de audiencias antes de la aprobación y, si no fueran suficientes, existe la posibilidad de un plebiscito donde cada localidad diga ‘quiero’ o ‘no quiero’; me parece que allí con el intendente de Malvinas Argentinas (Daniel Arzani) compartimos el criterio. Si la Legislatura aprueba esta ley, la primera aplicación va a ser el tema Monsanto”, señaló De la Sota a Cadena 3 en el marco de su visita a Expoagro en San Nicolás (Buenos Aires).
Ayer, este medio había publicado que, a decir del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, la norma en estudio en la Legislatura,llegaba con el “espíritu” de respetar la decisión final de los pobladores en los que se quiera radicar un proyecto con impacto ambiental.
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Monsanto a punto de ser vencido en Córdoba
Podrían cancelar el permiso a Monsanto
Fecha de Publicación: 10/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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Fecha de Publicación: 10/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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Monsanto insiste en Córdoba
Monsanto ratificó su inversión e insistió en presentar otro estudio
Fecha de Publicación: 08/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa pidió al Gobierno la participación de universidades, audiencias y una mesa de diálogo. Negó las versiones sobre el abandono de la obra de Malvinas Argentinas.
Monsanto ratificó ayer su decisión de continuar con la inversión para levantar una planta de embolsado de semillas de maíz en Malvinas Argentinas e insistió en que trabaja en la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental que le permita cumplir con las exigencias planteadas por las distintas jurisdicciones del Estado.
La empresa salió de tal modo al cruce de las versiones que en los últimos días mencionaban un cambio en la radicación del proyecto, ante un pedido que le habría formulado, de acuerdo con esos trascendidos, el Gobierno provincial.
“Ratificamos una vez más nuestra predisposición al diálogo para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”, indicó ayer a través de un comunicado.
Otras fuentes de la multinacional hicieron notar que la firma ya invirtió cerca de 30 millones de dólares, en la compra del campo sobre la ruta A-88, inició la obra donde ya están sentadas las bases de la instalación industrial e incluso tiene adquiridos los materiales para la primera etapa del proyecto. Los trabajos se encuentran paralizados por la Justicia.
El proyecto entró en un camino incierto luego de que la Provincia rechazara el estudio por contener gruesas deficiencias vinculadas con el tratamiento de la biomasa (marlos y chala) que generará como residuos, los efluentes y el tránsito, entre otros aspectos.
Pero ese rechazo no inhibe a la empresa de presentar un nuevo estudio. “Ratificamos nuestra disposición ya manifestada públicamente a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con todos los estándares y requerimientos fijados por las nuevas autoridades del área y la legislación que se prevé sancionar”, dijo la compañía.
En ese plano, Monsanto entendió que el rechazo de la Provincia se basó en “detalles” del “funcionamiento” de la planta proyectada “y no sobre la posibilidad de algún tipo de contaminación”. “Hemos preferido no discutir en términos administrativos ni judiciales la decisión y aprovechar la instancia para disponernos a desandar un camino que hasta ahora ha estado signado por conflictos y desencuentros, para emprender uno nuevo en el que logremos llevar garantías y confianza a toda la población”, insistió.
La compañía de biotecnología también confirmó un anticipo de La Voz del Interior en el sentido de que le pidió al gobernador José Manuel de la Sota, la convocatoria “a la participación de las universidades” y apuntó que si es necesario visitará “casa por casa” en Malvinas para explicar el proyecto.
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Fecha de Publicación: 08/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa pidió al Gobierno la participación de universidades, audiencias y una mesa de diálogo. Negó las versiones sobre el abandono de la obra de Malvinas Argentinas.
Monsanto ratificó ayer su decisión de continuar con la inversión para levantar una planta de embolsado de semillas de maíz en Malvinas Argentinas e insistió en que trabaja en la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental que le permita cumplir con las exigencias planteadas por las distintas jurisdicciones del Estado.
La empresa salió de tal modo al cruce de las versiones que en los últimos días mencionaban un cambio en la radicación del proyecto, ante un pedido que le habría formulado, de acuerdo con esos trascendidos, el Gobierno provincial.
“Ratificamos una vez más nuestra predisposición al diálogo para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”, indicó ayer a través de un comunicado.
Otras fuentes de la multinacional hicieron notar que la firma ya invirtió cerca de 30 millones de dólares, en la compra del campo sobre la ruta A-88, inició la obra donde ya están sentadas las bases de la instalación industrial e incluso tiene adquiridos los materiales para la primera etapa del proyecto. Los trabajos se encuentran paralizados por la Justicia.
El proyecto entró en un camino incierto luego de que la Provincia rechazara el estudio por contener gruesas deficiencias vinculadas con el tratamiento de la biomasa (marlos y chala) que generará como residuos, los efluentes y el tránsito, entre otros aspectos.
Pero ese rechazo no inhibe a la empresa de presentar un nuevo estudio. “Ratificamos nuestra disposición ya manifestada públicamente a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con todos los estándares y requerimientos fijados por las nuevas autoridades del área y la legislación que se prevé sancionar”, dijo la compañía.
En ese plano, Monsanto entendió que el rechazo de la Provincia se basó en “detalles” del “funcionamiento” de la planta proyectada “y no sobre la posibilidad de algún tipo de contaminación”. “Hemos preferido no discutir en términos administrativos ni judiciales la decisión y aprovechar la instancia para disponernos a desandar un camino que hasta ahora ha estado signado por conflictos y desencuentros, para emprender uno nuevo en el que logremos llevar garantías y confianza a toda la población”, insistió.
La compañía de biotecnología también confirmó un anticipo de La Voz del Interior en el sentido de que le pidió al gobernador José Manuel de la Sota, la convocatoria “a la participación de las universidades” y apuntó que si es necesario visitará “casa por casa” en Malvinas para explicar el proyecto.
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El gigante Monsanto no logra hacer pie en Córdoba
El modelo agroproductivo, en debate por Monsanto
Fecha de Publicación: 24/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La movilización de ambientalistas contra la radicación de la empresa en Malvinas Argentinas desafía los planes de inversión.
Quienes se oponen a Monsanto en Córdoba no sólo cuestionan a esa empresa, sino a las políticas agroproductivas nacional y provincial que promueven esas inversiones. Ello podría implicar que el conflicto que atraviesa desde hace más de un año la localidad de Malvinas Argentinas por la instalación de una procesadora de semillas de maíz pueda repetirse en otras ciudades de la provincia o el país.
Ante esta situación, La Voz del Interior consultó a legisladores nacionales por Córdoba para conocer su posición.
Los diputados Mario Negri (UCR), Juan Schiaretti (PJ), Carolina Scotto (Frente para la Victoria), Héctor Baldassi (PRO) y el senador Luis Juez (Frente Cívico) respondieron a las preguntas: ¿es posible armonizar las políticas agroproductivas con las demandas sociales en cuanto salud, ambiente y soberanía alimentaria?; ¿cree que la concreción de los objetivos trazados por la Nación en el Plan Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 requiere sí o sí inversiones de multinacionales extrajeras como Monsanto, Syngenta, Dow, etcétera?; ¿cómo pueden evitarse futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas?
El aumento de las inversiones de este tipo de empresas en el país responde a una política nacional de incrementar de manera significativa los volúmenes de las cosechas y la industrialización de granos y oleaginosas en alimentos y biocombustibles.
Ante ello, los ciudadanos y las organizaciones civiles y políticas –avalados en muchos casos por científicos y universidades– que se oponen a este modelo plantean al menos tres cuestiones principales:
1. La contaminación ambiental y los perjuicios en la salud que atribuyen a las fumigaciones con agroquímicos.
2. Los desmontes.
3. El desplazamiento de familias campesinas por el avance de la fronteras agrícolas.
4. La pérdida de soberanía alimentaria en la medida en que los dueños de la tecnología que se necesita para producir alimento son empresas extrajeras.
Puntos de vista
Juan Schiaretti. Diputado nacional - PJ. “Con reglas claras podemos recibir inversiones extranjeras. El cuidado del medio ambiente y el desarrollo productivo no deben estar reñidos, son perfectamente compatibles”, opinó el exgobernador de Córdoba. “Los países en vía de desarrollo podemos y debemos evitar lo sucedido en la mayoría de los países desarrollados, donde se dañó gravemente el ambiente en los siglos 18 y 19 y solo a finales del siglo 20 comenzaron a reparar las consecuencias de esa actitud”.
El ahora diputado nacional por el PJ consideró que es importante que haya legislación clara sobre el tema y que los organismos de control tomen sus decisiones en base a estudios de impacto ambiental que estén respaldados por instituciones creíbles para todos los implicados. Asimismo, consideró necesario un consenso sobre las normas del cuidado del medio ambiente entre las provincias y la Nación.
Con respecto al debate sobre las inversiones extranjeras, sostuvo: “Deben fijarse reglas claras en relación a la tenencia de la tierra. Necesitamos que la mayor cantidad de tierras queden en manos de argentinos, porque la tierra es hoy el mayor activo que tienen el país y sus habitantes. Y con estas reglas bien claras podemos recibir las inversiones.”
Mario Negri. Diputado nacional - UCR. “El problema no es qué empresa viene, sino cómo". El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque de la UCR en esa cámara, Mario Negri, advirtió: “Si algo le falta a nuestro país es inversión. Ahora bien, el problema no está en qué multinacionales vienen sino, por el contrario, en cómo vienen”.
Negri sostuvo que para que los proyectos de inversión sean sustentables deben cumplir a rajatabla los estándares internacionales y que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas con las cuales podrán invertir son los gobiernos locales y nacional. “De lo contrario, no se les puede acusar a las empresas posteriormente de incumplir normas si por parte del Estado no somos los primeros en exigir y controlar”, aseveró.
Con respecto a cómo evitar futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas, Negri consideró que en ese caso, tanto la Provincia como la Nación actuaron con “facilismo y demagogia”. Y agregó: “Lo que la Provincia está haciendo ahora debería haberlo hecho desde un principio”, en referencia a los cambios en la ley ambiental.
Además, propuso crear una comisión bicameral que garantice el cumplimiento de las leyes y procure evitar conflictos.
Luis Juez. Senador nacional - Frente Cívico. “No hay nada que inventar, sólo aplicar la ley. Cualquier intervención fuertemente invasiva, desde el punto de vista ambiental, social o económico, exige la imprescindible presencia del Estado para que habilite los intereses en pugna”, indicó el senador nacional Luis Juez.
“No hay nada que inventar -continuó- sólo debemos aplicar la Ley Nacional de Ambiente”, en referencia a la ley N° 25.675 que establece como instancias obligatorias y previas a la autorización de un proyecto las consultas públicas y los estudios de impacto ambiental.
Con respecto a la política agroproductiva nacional, Juez consideró que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA) actual no responde cuestiones fundamentales.
“Si el boom del maíz obedece al furor de los biocombustibles, entre otras razones, ¿por qué nuestro destino agrario debe atarse al de países cuya vida está condenada a la suerte del petróleo? ¿Quién afirma que el etanol y combustibles extraídos de la masa vegetal son la mejor alternativa ante la escasez de combustibles no renovables? ¿Qué debe hacerse frente al desmonte desenfrenado en pos de campos de siembra sin medir agotamientos de suelos”. Y consideró: “Un plan estratégico debe responder a estas preguntas antes de arrojarnos a polémicas prejuiciosas”.
En cuanto al rol del Congreso Nacional, Juez sostuvo : “La renovación de paradigmas productivos precipita de manera riesgosa el advenimiento de prácticas tóxicas para la vida humana y todo control sobre estos procedimientos resulta escaso”. Y en ese sentido, afirmó: “La legislación debe llenar ese vacío articulando los beneficios de nuevas producciones, abundantes y eficientes, con el sentido imprescindible de sustentabilidad que no es más que desarrollo sin costos ni peligros para la salud integral de las comunidades”.
Carolina Scotto. Diputada nacional Frente para la Victoria. Inversión compatible con el ambiente. “Las políticas agroproductivas deben ser compatibles con las legítimas y crecientes demandas de la sociedad referidas al desarrollo sustentable”, sostuvo Carolina Scotto, exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria.
“Esto requiere un rol activo del Estado nacional, provincias y municipios; de leyes adecuadas a esos objetivos y su cumplimiento; y de la participación de los sectores involucrados en la implementación correcta de esas políticas”.
En cuanto a las inversiones extranjeras, afirmó: “Toda inversión privada debe ser compatible con la protección del ambiente y de las poblaciones”. Y advirtió: “Un objetivo clave adicional para el desarrollo productivo equilibrado radica en el fortalecimiento de las industrias nacionales, las pymes y las cooperativas. La gran extranjerización y concentración que presenta nuestra economía en sectores estratégicos de la actividad productiva (no sólo en el agro) requiere de políticas integrales, sostenidas en el tiempo, que tengan como objetivo alcanzar una mayor independencia económica y una creciente modificación del peso relativo de la producción primaria, sin valor agregado, en las exportaciones nacionales”.
Al ser consultada sobre cómo se podrían evitar futuros conflictos como el de Monsanto en Malvinas Argentinas, Scotto sostuvo: “Siempre es posible evitar conflictos: escuchando y tomando en consideración, mediante mecanismos de consulta, las preocupaciones y argumentos de las comunidades, y mejorando la legislación en aspectos como los que permitieron a Monsanto avanzar con las obras de infraestructura antes de contar con la aprobación de un estudio de impacto ambiental serio y completo”.
También consideró que el Congreso debe legislar de manera específica los alcances y requerimientos de los estudios de impacto ambiental y exigir a los organismos competentes políticas de seguimiento y control más activas.
Héctor Baldassi. Diputado nacional – Unión Pro. Planificar un desarrollo sustentable. Para Héctor Baldassi, diputado nacional por Córdoba de Unión PRO, es necesario planificar un desarrollo sustentable de la sociedad. “Para ello, se requieren planes a largo plazo en los que participen activamente todos los sectores involucrados, en especial el Estado, las empresas y los ciudadanos en general”, sostuvo. “La ejecución de este tipo de acciones debe tener el visto bueno de todas las partes, ya que el cuidado de la salud y el medio ambiente están por encima de todas las cosas.”
Con respecto a las inversiones extrajeras, subrayó: “La Argentina sostiene gran parte de su economía por la enorme demanda de materias primas (en especial, las agropecuarias) que provienen de distintas partes del mundo. Y para hacer frente a esa constante y creciente demanda, más la del consumo interno del país, es necesario contar con inversiones de quienes hoy son las primeras marcas mundiales de producción agroalimentaria”.
En ese sentido, Baldassi agregó: “Al margen de esto, también sería importante que el Gobierno nacional fomentara aún más la producción de agroquímicos y otros productos entre las empresas de nuestro país. Acá, contamos con recursos de una gran calidad y tecnología”.
Por otro lado, consideró que a través del diálogo y de estudios ambientales creíbles se podrán evitar nuevos conflictos como el suscitado en Malvinas Argentinas por Monsanto.
“Para proyectos que generan tantas críticas, es importante que los estudios de impacto ambiental no sólo lo realicen empresas o el propio gobierno; deberían participar asociaciones, ONGs, universidades, municipios, etc.”. Y remarcó: “Emprendimientos como el de Malvinas sirven para crear muchísimas fuentes de trabajo y potenciar una localidad, como pasó en Arroyito con Arcor; o en General Deheza con AGD”.
En cuanto al rol de los legisladores nacionales, sostuvo: “La competencia del Congreso Nacional es de índole legal. A los presupuestos mínimos de protección ambiental y salud, el Congreso los garantizó con leyes específicas, pero en definitiva quien controla que se cumplan o no las leyes son los gobiernos locales. Sin perjuicio de ello, es desafío de los legisladores nacionales junto al Poder Ejecutivo, la planificación a largo plazo del desarrollo sustentable del país”.
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Fecha de Publicación: 24/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La movilización de ambientalistas contra la radicación de la empresa en Malvinas Argentinas desafía los planes de inversión.
Quienes se oponen a Monsanto en Córdoba no sólo cuestionan a esa empresa, sino a las políticas agroproductivas nacional y provincial que promueven esas inversiones. Ello podría implicar que el conflicto que atraviesa desde hace más de un año la localidad de Malvinas Argentinas por la instalación de una procesadora de semillas de maíz pueda repetirse en otras ciudades de la provincia o el país.
Ante esta situación, La Voz del Interior consultó a legisladores nacionales por Córdoba para conocer su posición.
Los diputados Mario Negri (UCR), Juan Schiaretti (PJ), Carolina Scotto (Frente para la Victoria), Héctor Baldassi (PRO) y el senador Luis Juez (Frente Cívico) respondieron a las preguntas: ¿es posible armonizar las políticas agroproductivas con las demandas sociales en cuanto salud, ambiente y soberanía alimentaria?; ¿cree que la concreción de los objetivos trazados por la Nación en el Plan Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 requiere sí o sí inversiones de multinacionales extrajeras como Monsanto, Syngenta, Dow, etcétera?; ¿cómo pueden evitarse futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas?
El aumento de las inversiones de este tipo de empresas en el país responde a una política nacional de incrementar de manera significativa los volúmenes de las cosechas y la industrialización de granos y oleaginosas en alimentos y biocombustibles.
Ante ello, los ciudadanos y las organizaciones civiles y políticas –avalados en muchos casos por científicos y universidades– que se oponen a este modelo plantean al menos tres cuestiones principales:
1. La contaminación ambiental y los perjuicios en la salud que atribuyen a las fumigaciones con agroquímicos.
2. Los desmontes.
3. El desplazamiento de familias campesinas por el avance de la fronteras agrícolas.
4. La pérdida de soberanía alimentaria en la medida en que los dueños de la tecnología que se necesita para producir alimento son empresas extrajeras.
Puntos de vista
Juan Schiaretti. Diputado nacional - PJ. “Con reglas claras podemos recibir inversiones extranjeras. El cuidado del medio ambiente y el desarrollo productivo no deben estar reñidos, son perfectamente compatibles”, opinó el exgobernador de Córdoba. “Los países en vía de desarrollo podemos y debemos evitar lo sucedido en la mayoría de los países desarrollados, donde se dañó gravemente el ambiente en los siglos 18 y 19 y solo a finales del siglo 20 comenzaron a reparar las consecuencias de esa actitud”.
El ahora diputado nacional por el PJ consideró que es importante que haya legislación clara sobre el tema y que los organismos de control tomen sus decisiones en base a estudios de impacto ambiental que estén respaldados por instituciones creíbles para todos los implicados. Asimismo, consideró necesario un consenso sobre las normas del cuidado del medio ambiente entre las provincias y la Nación.
Con respecto al debate sobre las inversiones extranjeras, sostuvo: “Deben fijarse reglas claras en relación a la tenencia de la tierra. Necesitamos que la mayor cantidad de tierras queden en manos de argentinos, porque la tierra es hoy el mayor activo que tienen el país y sus habitantes. Y con estas reglas bien claras podemos recibir las inversiones.”
Mario Negri. Diputado nacional - UCR. “El problema no es qué empresa viene, sino cómo". El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque de la UCR en esa cámara, Mario Negri, advirtió: “Si algo le falta a nuestro país es inversión. Ahora bien, el problema no está en qué multinacionales vienen sino, por el contrario, en cómo vienen”.
Negri sostuvo que para que los proyectos de inversión sean sustentables deben cumplir a rajatabla los estándares internacionales y que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas con las cuales podrán invertir son los gobiernos locales y nacional. “De lo contrario, no se les puede acusar a las empresas posteriormente de incumplir normas si por parte del Estado no somos los primeros en exigir y controlar”, aseveró.
Con respecto a cómo evitar futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas, Negri consideró que en ese caso, tanto la Provincia como la Nación actuaron con “facilismo y demagogia”. Y agregó: “Lo que la Provincia está haciendo ahora debería haberlo hecho desde un principio”, en referencia a los cambios en la ley ambiental.
Además, propuso crear una comisión bicameral que garantice el cumplimiento de las leyes y procure evitar conflictos.
Luis Juez. Senador nacional - Frente Cívico. “No hay nada que inventar, sólo aplicar la ley. Cualquier intervención fuertemente invasiva, desde el punto de vista ambiental, social o económico, exige la imprescindible presencia del Estado para que habilite los intereses en pugna”, indicó el senador nacional Luis Juez.
“No hay nada que inventar -continuó- sólo debemos aplicar la Ley Nacional de Ambiente”, en referencia a la ley N° 25.675 que establece como instancias obligatorias y previas a la autorización de un proyecto las consultas públicas y los estudios de impacto ambiental.
Con respecto a la política agroproductiva nacional, Juez consideró que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA) actual no responde cuestiones fundamentales.
“Si el boom del maíz obedece al furor de los biocombustibles, entre otras razones, ¿por qué nuestro destino agrario debe atarse al de países cuya vida está condenada a la suerte del petróleo? ¿Quién afirma que el etanol y combustibles extraídos de la masa vegetal son la mejor alternativa ante la escasez de combustibles no renovables? ¿Qué debe hacerse frente al desmonte desenfrenado en pos de campos de siembra sin medir agotamientos de suelos”. Y consideró: “Un plan estratégico debe responder a estas preguntas antes de arrojarnos a polémicas prejuiciosas”.
En cuanto al rol del Congreso Nacional, Juez sostuvo : “La renovación de paradigmas productivos precipita de manera riesgosa el advenimiento de prácticas tóxicas para la vida humana y todo control sobre estos procedimientos resulta escaso”. Y en ese sentido, afirmó: “La legislación debe llenar ese vacío articulando los beneficios de nuevas producciones, abundantes y eficientes, con el sentido imprescindible de sustentabilidad que no es más que desarrollo sin costos ni peligros para la salud integral de las comunidades”.
Carolina Scotto. Diputada nacional Frente para la Victoria. Inversión compatible con el ambiente. “Las políticas agroproductivas deben ser compatibles con las legítimas y crecientes demandas de la sociedad referidas al desarrollo sustentable”, sostuvo Carolina Scotto, exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria.
“Esto requiere un rol activo del Estado nacional, provincias y municipios; de leyes adecuadas a esos objetivos y su cumplimiento; y de la participación de los sectores involucrados en la implementación correcta de esas políticas”.
En cuanto a las inversiones extranjeras, afirmó: “Toda inversión privada debe ser compatible con la protección del ambiente y de las poblaciones”. Y advirtió: “Un objetivo clave adicional para el desarrollo productivo equilibrado radica en el fortalecimiento de las industrias nacionales, las pymes y las cooperativas. La gran extranjerización y concentración que presenta nuestra economía en sectores estratégicos de la actividad productiva (no sólo en el agro) requiere de políticas integrales, sostenidas en el tiempo, que tengan como objetivo alcanzar una mayor independencia económica y una creciente modificación del peso relativo de la producción primaria, sin valor agregado, en las exportaciones nacionales”.
Al ser consultada sobre cómo se podrían evitar futuros conflictos como el de Monsanto en Malvinas Argentinas, Scotto sostuvo: “Siempre es posible evitar conflictos: escuchando y tomando en consideración, mediante mecanismos de consulta, las preocupaciones y argumentos de las comunidades, y mejorando la legislación en aspectos como los que permitieron a Monsanto avanzar con las obras de infraestructura antes de contar con la aprobación de un estudio de impacto ambiental serio y completo”.
También consideró que el Congreso debe legislar de manera específica los alcances y requerimientos de los estudios de impacto ambiental y exigir a los organismos competentes políticas de seguimiento y control más activas.
Héctor Baldassi. Diputado nacional – Unión Pro. Planificar un desarrollo sustentable. Para Héctor Baldassi, diputado nacional por Córdoba de Unión PRO, es necesario planificar un desarrollo sustentable de la sociedad. “Para ello, se requieren planes a largo plazo en los que participen activamente todos los sectores involucrados, en especial el Estado, las empresas y los ciudadanos en general”, sostuvo. “La ejecución de este tipo de acciones debe tener el visto bueno de todas las partes, ya que el cuidado de la salud y el medio ambiente están por encima de todas las cosas.”
Con respecto a las inversiones extrajeras, subrayó: “La Argentina sostiene gran parte de su economía por la enorme demanda de materias primas (en especial, las agropecuarias) que provienen de distintas partes del mundo. Y para hacer frente a esa constante y creciente demanda, más la del consumo interno del país, es necesario contar con inversiones de quienes hoy son las primeras marcas mundiales de producción agroalimentaria”.
En ese sentido, Baldassi agregó: “Al margen de esto, también sería importante que el Gobierno nacional fomentara aún más la producción de agroquímicos y otros productos entre las empresas de nuestro país. Acá, contamos con recursos de una gran calidad y tecnología”.
Por otro lado, consideró que a través del diálogo y de estudios ambientales creíbles se podrán evitar nuevos conflictos como el suscitado en Malvinas Argentinas por Monsanto.
“Para proyectos que generan tantas críticas, es importante que los estudios de impacto ambiental no sólo lo realicen empresas o el propio gobierno; deberían participar asociaciones, ONGs, universidades, municipios, etc.”. Y remarcó: “Emprendimientos como el de Malvinas sirven para crear muchísimas fuentes de trabajo y potenciar una localidad, como pasó en Arroyito con Arcor; o en General Deheza con AGD”.
En cuanto al rol de los legisladores nacionales, sostuvo: “La competencia del Congreso Nacional es de índole legal. A los presupuestos mínimos de protección ambiental y salud, el Congreso los garantizó con leyes específicas, pero en definitiva quien controla que se cumplan o no las leyes son los gobiernos locales. Sin perjuicio de ello, es desafío de los legisladores nacionales junto al Poder Ejecutivo, la planificación a largo plazo del desarrollo sustentable del país”.
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Más incidentes por Monsanto en Córdoba
Nuevos incidentes por Monsanto
Fecha de Publicación: 22/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un grupo de vecinos se movilizó a la Municipalidad de Malvinas. Exige al intendente que eche a la empresa. Hubo cuatro heridos.
Una manifestación contra Monsanto en Malvinas Argentinas terminó ayer con al menos cuatro personas heridas, luego de que los manifestantes intentaran forzar el ingreso a la Municipalidad de esa localidad para exigirle al intendente, Daniel Arzani, que prohíba la instalación de la multinacional.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida le reclama a Arzani que cumpla con lo que ellos consideran fue un compromiso del intendente, quien había dicho que si no se aprobaba el estudio de impacto ambiental, Monsanto no podría instalar su planta de semillas de maíz.
Días atrás, la Provincia comunicó que no había aprobado ese estudio. En consecuencia, el grupo de vecinos que rechaza la inversión comenzó una campaña para exigirle al intendente que, por decreto, expulse a Monsanto de la ciudad.
Pasadas las 6 de la tarde, los manifestantes se congregaron en una plaza de la tercera sección de Malvinas Argentinas. De allí marcharon hacia la Municipalidad. Una cuadra antes, se encontraron con un vallado policial, que traspasaron luego de forcejeos con la Policía. Al llegar al edificio municipal, intentaron entrar y, allí, efectivos de Infantería reprimieron con gas pimienta, balas de goma y un piedrazo que golpeó en la cabeza a Daniela Pérez, vecina de Malvinas, quien tuvo que ser trasladada al Hospital de Urgencias anoche.
Cerca de las 22, Arzani recibió a tres asambleístas, pero dijo que la decisión final la tiene la Provincia.
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Fecha de Publicación: 22/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un grupo de vecinos se movilizó a la Municipalidad de Malvinas. Exige al intendente que eche a la empresa. Hubo cuatro heridos.
Una manifestación contra Monsanto en Malvinas Argentinas terminó ayer con al menos cuatro personas heridas, luego de que los manifestantes intentaran forzar el ingreso a la Municipalidad de esa localidad para exigirle al intendente, Daniel Arzani, que prohíba la instalación de la multinacional.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida le reclama a Arzani que cumpla con lo que ellos consideran fue un compromiso del intendente, quien había dicho que si no se aprobaba el estudio de impacto ambiental, Monsanto no podría instalar su planta de semillas de maíz.
Días atrás, la Provincia comunicó que no había aprobado ese estudio. En consecuencia, el grupo de vecinos que rechaza la inversión comenzó una campaña para exigirle al intendente que, por decreto, expulse a Monsanto de la ciudad.
Pasadas las 6 de la tarde, los manifestantes se congregaron en una plaza de la tercera sección de Malvinas Argentinas. De allí marcharon hacia la Municipalidad. Una cuadra antes, se encontraron con un vallado policial, que traspasaron luego de forcejeos con la Policía. Al llegar al edificio municipal, intentaron entrar y, allí, efectivos de Infantería reprimieron con gas pimienta, balas de goma y un piedrazo que golpeó en la cabeza a Daniela Pérez, vecina de Malvinas, quien tuvo que ser trasladada al Hospital de Urgencias anoche.
Cerca de las 22, Arzani recibió a tres asambleístas, pero dijo que la decisión final la tiene la Provincia.
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Córdoba: denuncian a juez que defendió a Monsanto
Denunciaron a un juez que defendió a la firma Monsanto
Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero (PO), y Cintia Frencia, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, acompañados por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, realizaron anteayer una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia contra Miguel Ángel Azar, vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el marco de las pulseadas generadas por la controvertida radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Tras efectuar la presentación en el edificio de Tribunales I, Salas explicó que “solicitamos la apertura de un sumario al juez Azar por incumplimiento de funciones durante el proceso de amparo presentado por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida contra la instalación de Monsanto. El voto negativo por parte del juez Azar al fallo de la mayoría del tribunal, que determinaba la suspensión de la construcción de la planta, mostró serias violaciones a los procedimiento judiciales, quebrantando los principios y normas que rigen el accionar de los jueces”. Como se recordará, el 9 de enero del presente año la Sala 2 de la Cámara del Trabajo de Córdoba suspendió las obras civiles de la planta de Monsanto hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, informe que fue rechazado por el gobierno provincial el lunes último. En aquel fallo de hace un mes, dos de los tres magistrados se expresaron por darle la razón a los amparistas. Pero el tercero - Azar- firmó en disidencia. Sobre el particular, Salas precisó que “Azar argumentó su voto a favor de Monsanto admitiendo con total naturalidad que durante la feria, violando cualquier tipo de procedimiento judicial, accedió a la invitación de Monsanto a conocer la planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, violó el principio de objetividad e imparcialidad, tomando partido por la empresa demandada”. Asimismo, el referente del PO agregó que “el cuadro de irregularidades se completa con las declaraciones donde afirma que el uso de glifosato es una práctica común en su familia y que no ha generado secuelas en la salud”. Finalmente, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, responsabilizó a Monsanto por no cumplir con los requisitos de la Secretaría de Ambiente para la radicación de la planta de producción de semillas de maíz. “Nosotros siempre hemos sostenido que mientras (Monsanto) no tenga la licencia ambiental no va a tener la posibilidad de instalarse”, indicó.
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Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero (PO), y Cintia Frencia, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, acompañados por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, realizaron anteayer una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia contra Miguel Ángel Azar, vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el marco de las pulseadas generadas por la controvertida radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Tras efectuar la presentación en el edificio de Tribunales I, Salas explicó que “solicitamos la apertura de un sumario al juez Azar por incumplimiento de funciones durante el proceso de amparo presentado por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida contra la instalación de Monsanto. El voto negativo por parte del juez Azar al fallo de la mayoría del tribunal, que determinaba la suspensión de la construcción de la planta, mostró serias violaciones a los procedimiento judiciales, quebrantando los principios y normas que rigen el accionar de los jueces”. Como se recordará, el 9 de enero del presente año la Sala 2 de la Cámara del Trabajo de Córdoba suspendió las obras civiles de la planta de Monsanto hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, informe que fue rechazado por el gobierno provincial el lunes último. En aquel fallo de hace un mes, dos de los tres magistrados se expresaron por darle la razón a los amparistas. Pero el tercero - Azar- firmó en disidencia. Sobre el particular, Salas precisó que “Azar argumentó su voto a favor de Monsanto admitiendo con total naturalidad que durante la feria, violando cualquier tipo de procedimiento judicial, accedió a la invitación de Monsanto a conocer la planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, violó el principio de objetividad e imparcialidad, tomando partido por la empresa demandada”. Asimismo, el referente del PO agregó que “el cuadro de irregularidades se completa con las declaraciones donde afirma que el uso de glifosato es una práctica común en su familia y que no ha generado secuelas en la salud”. Finalmente, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, responsabilizó a Monsanto por no cumplir con los requisitos de la Secretaría de Ambiente para la radicación de la planta de producción de semillas de maíz. “Nosotros siempre hemos sostenido que mientras (Monsanto) no tenga la licencia ambiental no va a tener la posibilidad de instalarse”, indicó.
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Duro revés para Monsanto en Córdoba
Monsanto: la empresa presentará otro estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La
Provincia no aprobó el informe elaborado para la radicación de la
planta en Malvinas Argentinas. Asambleístas redoblan presión sobre el
intendente.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
Córdoba le poné un límite a la soja
Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Dos de cada tres en Córdoba no quiere a Monsanto
Priorizan el ambiente y la salud por sobre la rentabilidad
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio revela que dos de cada tres ciudadanos considera justo el bloqueo a Monsanto
Un estudio de opinión sobre las problemáticas ambientales, realizado a fines del año pasado por un grupo de docentes e investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, con la colaboración de egresados y alumnos, reveló que existe un consenso generalizado acerca de la “necesidad” de que se instrumenten “acciones concretas para cuidar el ambiente”.
En el informe de investigación se destacó que la ciudadanía residente en nuestra provincia expresa una amplia aceptación en torno a la “supremacía del ambiente y la salud ciudadana por sobre la rentabilidad económica de las actividades productivas y la legalidad vigente que las regula”. Por otro lado, se observa una “baja valoración de las gestiones gubernamentales ambientales” y un reclamo por “mayores acciones concretas” sobre actividades que podrían estar reñidas con el ambiente y la salud pública.
De acuerdo a lo informado por este estudio, al que HOY DÍA CÓRDOBA tuvo acceso exclusivo, un 94 por ciento de los encuestados acordaron que “es necesario que los gobiernos tomen mayores recaudos ante actividades como fumigaciones u otras contaminan”. En ese sentido, ocho de cada diez ciudadanos cordobeses sostiene que la actividad minera que contamina “debería prohibirse aunque genere mucho dinero”. Esto muestra que, cuando existe contaminación, un ambiente limpio es más valorado que una actividad económica rentable.
En tanto, casi ocho de cada diez ciudadanos (78,64%) acuerda con la postura que sostiene la necesidad de la aprobación ciudadana a las actividades agropecuarias que afectan la salud, aunque éstas sean legales. Por su parte, dos de cada tres ciudadanos residentes en la provincia (65,12%) sostienen que el bloqueo a la empresa Monsanto “es una defensa justa de la salud, legitimando el reclamo de los vecinos”. Por otro lado, un 24,97 no tiene una opinión formada y sólo un 9,9 piensa que “no es un reclamo justo”.
Además, se indicó que la ciudadanía “no tiene una opinión mayoritaria clara con respecto a la responsabilidad política en este conflicto ambiental”. Un 27,03% de los ciudadanos piensa que el gobierno provincial no es responsable, un 30,24 piensa que tiene alguna responsabilidad, mientras que un 42,73% no tiene una opinión sobre la responsabilidad del gobierno provincial.
Cabe destacar que el informe fue llevado a cabo en el mes de octubre de 2013 sobre un universo de 801 casos de ciudadanos mayores de 18 años residentes en nuestra provincia, tanto de esta ciudad como del interior cordobés, con un nivel de confianza del 95 por ciento. De acuerdo a lo informado en la ficha técnica, el tipo de muestreo fue probabilístico polietápico por conglomerados. El cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas se aplicó de manera presencial domiciliaria. El equipo de investigación estuvo coordinado por los doctores Marcelo Nazareno (UNC); Víctor Mazzalay (Conicet/UCC); y por los investigadores Soledad Cabrera Araujo, Nadia Pessina, Agustín Márquez Cena, y Victoria Liberatore, todos de la Universidad Católica de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio revela que dos de cada tres ciudadanos considera justo el bloqueo a Monsanto
Un estudio de opinión sobre las problemáticas ambientales, realizado a fines del año pasado por un grupo de docentes e investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, con la colaboración de egresados y alumnos, reveló que existe un consenso generalizado acerca de la “necesidad” de que se instrumenten “acciones concretas para cuidar el ambiente”.
En el informe de investigación se destacó que la ciudadanía residente en nuestra provincia expresa una amplia aceptación en torno a la “supremacía del ambiente y la salud ciudadana por sobre la rentabilidad económica de las actividades productivas y la legalidad vigente que las regula”. Por otro lado, se observa una “baja valoración de las gestiones gubernamentales ambientales” y un reclamo por “mayores acciones concretas” sobre actividades que podrían estar reñidas con el ambiente y la salud pública.
De acuerdo a lo informado por este estudio, al que HOY DÍA CÓRDOBA tuvo acceso exclusivo, un 94 por ciento de los encuestados acordaron que “es necesario que los gobiernos tomen mayores recaudos ante actividades como fumigaciones u otras contaminan”. En ese sentido, ocho de cada diez ciudadanos cordobeses sostiene que la actividad minera que contamina “debería prohibirse aunque genere mucho dinero”. Esto muestra que, cuando existe contaminación, un ambiente limpio es más valorado que una actividad económica rentable.
En tanto, casi ocho de cada diez ciudadanos (78,64%) acuerda con la postura que sostiene la necesidad de la aprobación ciudadana a las actividades agropecuarias que afectan la salud, aunque éstas sean legales. Por su parte, dos de cada tres ciudadanos residentes en la provincia (65,12%) sostienen que el bloqueo a la empresa Monsanto “es una defensa justa de la salud, legitimando el reclamo de los vecinos”. Por otro lado, un 24,97 no tiene una opinión formada y sólo un 9,9 piensa que “no es un reclamo justo”.
Además, se indicó que la ciudadanía “no tiene una opinión mayoritaria clara con respecto a la responsabilidad política en este conflicto ambiental”. Un 27,03% de los ciudadanos piensa que el gobierno provincial no es responsable, un 30,24 piensa que tiene alguna responsabilidad, mientras que un 42,73% no tiene una opinión sobre la responsabilidad del gobierno provincial.
Cabe destacar que el informe fue llevado a cabo en el mes de octubre de 2013 sobre un universo de 801 casos de ciudadanos mayores de 18 años residentes en nuestra provincia, tanto de esta ciudad como del interior cordobés, con un nivel de confianza del 95 por ciento. De acuerdo a lo informado en la ficha técnica, el tipo de muestreo fue probabilístico polietápico por conglomerados. El cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas se aplicó de manera presencial domiciliaria. El equipo de investigación estuvo coordinado por los doctores Marcelo Nazareno (UNC); Víctor Mazzalay (Conicet/UCC); y por los investigadores Soledad Cabrera Araujo, Nadia Pessina, Agustín Márquez Cena, y Victoria Liberatore, todos de la Universidad Católica de Córdoba.
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Monsanto obligado a parar su obra en Córdoba
Revés judicial para Monsanto hasta que esté el estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 09/01/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo ordenó frenar las obras civiles. El informe ambiental estaría en febrero. Monsanto negó que analice irse de Malvinas y apelará el fallo.
En fallo dividido, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió a favor del amparo presentado en septiembre de 2012 por los ambientalistas, por el cual se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, 16 kilómetros al este de la Capital.
El resultado del fallo fue 2-1. De esta forma, Monsanto debería paralizar la obra civil, en el predio ubicado en ruta A-88, hasta tanto se dé a conocer el estudio de informe ambiental. La Voz anticipó que ese estudio estaría en febrero, por lo que la paralización sería sólo por algunos días.
Asimismo se estableció que la municipalidad de Malvinas Argentinas deberá "abstenerse" de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya ese estudio.
Monsanto apelará el fallo
A partir de la sentencia, Monsanto envió un comunicado en el que expresa "que no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental". "Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas", señala.
Monsanto confirma que apelará dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dado que considera "legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013".
"Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales", añade el comunicado de la firma multinacional.
Monsanto aclara además que ya ha presentado el estudio de impacto ambiental, "documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia".
La planta que construye Monsanto es similar a la de Rojas (Buenos Aires) y está ubicada en un predio de 27 hectáreas.
No se va
Adrián Villaplana, gerentes de asuntos institucionales de Monsanto, descartó además rumores de que la firma se vaya de Malvinas. “Es cierto que algunas contratistas retiraron maquinarias, teniendo en cuenta que la obra está paralizada porque los manifestantes no permiten el ingreso de los trabajadores. Eso no significa que haya cambios en nuestros planes”, aseguró el directivo. Monsanto negó que analice irse de Malvinas Argentinas.
Amparo a favor de ambientalistas
La acción presentada por los ambientalistas declara inconstitucional la ordenanza municipal que autoriza a Monsanto a realizar las tareas preliminares para la obra de la planta semillera.
En octubre de 2012, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió el recurso presentado y revocó el fallo previo de un juzgado que había rechazado el amparo.
Protesta
Vecinos de Malvinas Argentinas, asambleístas y organizaciones sociales se concentraron hoy frente a la Cámara del Trabajo.
Gastón Massalay, uno de los ambientalistas, dijo que la obra debe ser "paralizada".
"Estoy muy contento, es otra cachetada más para Monsanto", añadió.
"Tenemos el dictamen de la sentencia, la Cámara ha resuelto suspender los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil, por ende la obra de Monsanto debe ser paralizada. Y ordena a Malvinas Argentinas a no emitir autorización a la empresa hasta que se complete el estudio de impacto ambiental", sentenció, en diálogo con Radio Universidad.
Seguirá el acampe
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó anexo, confirmó a La Voz que seguirá el bloqueo de los dos portones de ingreso en el predio, hasta tanto no se tome una decisión política de los gobiernos nacional, provincial y municipal para prohibir la instalación de Monsanto en Córdoba.
Desde el 18 de septiembre de 2013 se produce el acampe de los ambientalistas. Durante ese lapso se produjeron 4 episodios de violencia.
Una trampa llamada Monsanto
Mucho antes de saber si la planta podría contaminar o no, el proceso de autorización estaba viciado, como lo anticiparon las universidades Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, entre otras instituciones.
La gran pregunta es por qué el Gobierno provincial quiso apurar la construcción de Monsanto. Qué necesidad había de forzar un debate judicial sobre la aplicación de una norma local por encima de la ley nacional (que obliga a presentar el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- antes de construir una planta de este tipo).
El Gobierno cordobés -y el municipio de Malvinas Argentinas- le permitieron a Monsanto construir sin dicho estudio.¿Cuál era el apuro?
Esa decisión fue la que provocó los primeros reclamos.
Mucho antes de saber si la planta podría contaminar o no, el proceso de autorización estaba viciado, como lo anticiparon las universidades Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, entre otras instituciones.
La jueza de primera instancia había fallado a favor de Monsanto en esta causa pero, es justo recordarlo, con el dictamen de una fiscal que dijo expresamente que estaba en contra de lo que le ordenaron dictaminar desde la Fiscalía General.
Sin contar otros detalles:
Ocultamiento. Ni el Gobierno ni Monsanto quisieron nunca mostrar las dos mil páginas de estudios presentados por la empresa a Ambiente, entre ellas el EIA, aún no aprobado. Monsanto aceptó entregar sólo 30 páginas, que no contestan las principales dudas.
Dudas. Este diario accedió al Aviso de Proyecto (90 páginas) que Monsanto presentó a Ambiente y que le permitió comenzar la construcción de la planta. Lo analizaron las universidades Católica de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, y observaron numerosos interrogantes respecto de qué se hará con desechos, accesos, agua, etcétera; así como de los distintos procedimientos de producción y su seguridad ambiental. No hay un solo documento difundido para replicar esas dudas, excepto las palabras de los voceros de Monsanto.
El Gobierno se ve hoy en una encrucijada: con la lupa encima de todos los sectores, se debate entre apoyar o no una consulta popular de resultado incierto, sin contar la decisión que tomará sobre el EIA ni el peso que tendrá ahora el Tribunal Superior para decidir sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza de autorización. Ni, por supuesto, las internas entre quienes se echan culpas mutuas por el mal manejo de esta historia.
Otra vez: ¿Cuál era el apuro?
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Fecha de Publicación: 09/01/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo ordenó frenar las obras civiles. El informe ambiental estaría en febrero. Monsanto negó que analice irse de Malvinas y apelará el fallo.
En fallo dividido, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió a favor del amparo presentado en septiembre de 2012 por los ambientalistas, por el cual se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, 16 kilómetros al este de la Capital.
El resultado del fallo fue 2-1. De esta forma, Monsanto debería paralizar la obra civil, en el predio ubicado en ruta A-88, hasta tanto se dé a conocer el estudio de informe ambiental. La Voz anticipó que ese estudio estaría en febrero, por lo que la paralización sería sólo por algunos días.
Asimismo se estableció que la municipalidad de Malvinas Argentinas deberá "abstenerse" de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya ese estudio.
Monsanto apelará el fallo
A partir de la sentencia, Monsanto envió un comunicado en el que expresa "que no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental". "Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas", señala.
Monsanto confirma que apelará dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dado que considera "legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013".
"Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales", añade el comunicado de la firma multinacional.
Monsanto aclara además que ya ha presentado el estudio de impacto ambiental, "documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia".
La planta que construye Monsanto es similar a la de Rojas (Buenos Aires) y está ubicada en un predio de 27 hectáreas.
No se va
Adrián Villaplana, gerentes de asuntos institucionales de Monsanto, descartó además rumores de que la firma se vaya de Malvinas. “Es cierto que algunas contratistas retiraron maquinarias, teniendo en cuenta que la obra está paralizada porque los manifestantes no permiten el ingreso de los trabajadores. Eso no significa que haya cambios en nuestros planes”, aseguró el directivo. Monsanto negó que analice irse de Malvinas Argentinas.
Amparo a favor de ambientalistas
La acción presentada por los ambientalistas declara inconstitucional la ordenanza municipal que autoriza a Monsanto a realizar las tareas preliminares para la obra de la planta semillera.
En octubre de 2012, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió el recurso presentado y revocó el fallo previo de un juzgado que había rechazado el amparo.
Protesta
Vecinos de Malvinas Argentinas, asambleístas y organizaciones sociales se concentraron hoy frente a la Cámara del Trabajo.
Gastón Massalay, uno de los ambientalistas, dijo que la obra debe ser "paralizada".
"Estoy muy contento, es otra cachetada más para Monsanto", añadió.
"Tenemos el dictamen de la sentencia, la Cámara ha resuelto suspender los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil, por ende la obra de Monsanto debe ser paralizada. Y ordena a Malvinas Argentinas a no emitir autorización a la empresa hasta que se complete el estudio de impacto ambiental", sentenció, en diálogo con Radio Universidad.
Seguirá el acampe
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó anexo, confirmó a La Voz que seguirá el bloqueo de los dos portones de ingreso en el predio, hasta tanto no se tome una decisión política de los gobiernos nacional, provincial y municipal para prohibir la instalación de Monsanto en Córdoba.
Desde el 18 de septiembre de 2013 se produce el acampe de los ambientalistas. Durante ese lapso se produjeron 4 episodios de violencia.
Una trampa llamada Monsanto
Mucho antes de saber si la planta podría contaminar o no, el proceso de autorización estaba viciado, como lo anticiparon las universidades Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, entre otras instituciones.
La gran pregunta es por qué el Gobierno provincial quiso apurar la construcción de Monsanto. Qué necesidad había de forzar un debate judicial sobre la aplicación de una norma local por encima de la ley nacional (que obliga a presentar el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- antes de construir una planta de este tipo).
El Gobierno cordobés -y el municipio de Malvinas Argentinas- le permitieron a Monsanto construir sin dicho estudio.¿Cuál era el apuro?
Esa decisión fue la que provocó los primeros reclamos.
Mucho antes de saber si la planta podría contaminar o no, el proceso de autorización estaba viciado, como lo anticiparon las universidades Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, entre otras instituciones.
La jueza de primera instancia había fallado a favor de Monsanto en esta causa pero, es justo recordarlo, con el dictamen de una fiscal que dijo expresamente que estaba en contra de lo que le ordenaron dictaminar desde la Fiscalía General.
Sin contar otros detalles:
Ocultamiento. Ni el Gobierno ni Monsanto quisieron nunca mostrar las dos mil páginas de estudios presentados por la empresa a Ambiente, entre ellas el EIA, aún no aprobado. Monsanto aceptó entregar sólo 30 páginas, que no contestan las principales dudas.
Dudas. Este diario accedió al Aviso de Proyecto (90 páginas) que Monsanto presentó a Ambiente y que le permitió comenzar la construcción de la planta. Lo analizaron las universidades Católica de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, y observaron numerosos interrogantes respecto de qué se hará con desechos, accesos, agua, etcétera; así como de los distintos procedimientos de producción y su seguridad ambiental. No hay un solo documento difundido para replicar esas dudas, excepto las palabras de los voceros de Monsanto.
El Gobierno se ve hoy en una encrucijada: con la lupa encima de todos los sectores, se debate entre apoyar o no una consulta popular de resultado incierto, sin contar la decisión que tomará sobre el EIA ni el peso que tendrá ahora el Tribunal Superior para decidir sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza de autorización. Ni, por supuesto, las internas entre quienes se echan culpas mutuas por el mal manejo de esta historia.
Otra vez: ¿Cuál era el apuro?
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¿Monsanto desmonta sus oficinas de Córdoba?
Retiran oficinas del predio de Monsanto
Fecha de Publicación: 07/01/2014
Fuente: Ecos Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En un período de 30 días la Multinacional ha retirado maquinarias y baños químicos, luego de pagar altos costos publicitarios y humanos para posicionar su imagen, entre mitos de sustentabilidad y represión policial, Monsanto desmantela las oficinas móviles.
La Empresa Basani S.A., opera en Argentina y el Uruguay, tiene como fin brindar servicios en obras civiles carentes de infraesctrura.
Esta empresa posee normas de calidad IRAM-ISO 9001:2008, así mismo han servido a Monsanto para que se instale en Malvinas Argentinas, en las condiciones de ilegalidad vinculada al poder político y sin licencia, por violar la Constitución Nacional al no aplicar la Ley General de Ambiente 25.675.
La obra está suspendida por el bloqueo a camiones que mantienen los asambleístas desde hace 111 días. Mientras la semillera anuncia resultados positivos a la presentación tardía de su impacto ambiental, para el próximo miércoles 8 de enero dictarán sentencia al amparo presentado por los vecinxs de Malvinas Argentinas en setiembre del 2012.
“La equivocación de los gobiernos”.
El escritor portugués José Saramago respondió a una pregunta al al diario La Jornada de México, sobre las equivocaciones que cometen los gobiernos…
“No creo que se pueda hablar de equivocación. Si hubiera sido una equivocación, podríamos ver donde y cuando se cometió. Habría que empezar a buscar el quiebre en el propio origen, la idea de que un partido debe encargarse de hacer la felicidad de la gente. Es una mala idea, porque desde luego lo va a hacer según sus propios intereses. El error mortal ha sido la no participación del ciudadano en la vida de su país; esa ha sido la enfermedad”.
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Fecha de Publicación: 07/01/2014
Fuente: Ecos Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En un período de 30 días la Multinacional ha retirado maquinarias y baños químicos, luego de pagar altos costos publicitarios y humanos para posicionar su imagen, entre mitos de sustentabilidad y represión policial, Monsanto desmantela las oficinas móviles.
La Empresa Basani S.A., opera en Argentina y el Uruguay, tiene como fin brindar servicios en obras civiles carentes de infraesctrura.
Esta empresa posee normas de calidad IRAM-ISO 9001:2008, así mismo han servido a Monsanto para que se instale en Malvinas Argentinas, en las condiciones de ilegalidad vinculada al poder político y sin licencia, por violar la Constitución Nacional al no aplicar la Ley General de Ambiente 25.675.
La obra está suspendida por el bloqueo a camiones que mantienen los asambleístas desde hace 111 días. Mientras la semillera anuncia resultados positivos a la presentación tardía de su impacto ambiental, para el próximo miércoles 8 de enero dictarán sentencia al amparo presentado por los vecinxs de Malvinas Argentinas en setiembre del 2012.
“La equivocación de los gobiernos”.
El escritor portugués José Saramago respondió a una pregunta al al diario La Jornada de México, sobre las equivocaciones que cometen los gobiernos…
“No creo que se pueda hablar de equivocación. Si hubiera sido una equivocación, podríamos ver donde y cuando se cometió. Habría que empezar a buscar el quiebre en el propio origen, la idea de que un partido debe encargarse de hacer la felicidad de la gente. Es una mala idea, porque desde luego lo va a hacer según sus propios intereses. El error mortal ha sido la no participación del ciudadano en la vida de su país; esa ha sido la enfermedad”.
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¿Las empresas comienzan a mirar el medio ambiente?
Ambiente: en la mira de las industrias
Fecha de Publicación: 05/01/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
El tira y afloja sobre la instalación de Monsanto en Córdoba es mirado por otras industrias que quieren estar en la provincia. Mientras en el mundo el cuidado ambiental es una preocupación mayor, en el país hay normas que no se cumplen adecuadamente.
El conflicto desatado con la instalación de una planta de acondicionamiento de semillas de maíz para siembra de Monsanto, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, marca un punto de inflexión en las decisiones de radicación de industrias en Córdoba.
Esta situación particular, aún no resuelta, obliga a las empresas a tomar mayores recaudos en el análisis de la cuestión ambiental. A su vez, genera la necesidad de desarrollar acciones de información y comunicación, ante un sociedad con mayores exigencias y más comprometida con estos temas.
Se trata de un caso que generó inquietud entre los empresarios porque, pese a que la firma tenía las autorizaciones necesarias del municipio y la provincia (las cuales, según quienes protestan, no cumplen con toda la legislación nacional), la construcción está parada y todavía no está claro si va a poder avanzar con el proyecto o cuándo.
Cambios mundiales
La preocupación por el cuidado del ambiente es relativamente nueva en el sector empresarial. Antes, estaba limitada a algunas organizaciones ecologistas, pero las empresas están tomando cada vez más conciencia e incorporando este tema como variable de sus negocios.
A nivel internacional hay normas de certificación de buenas prácticas (el grupo ISO 14000) y la tendencia es a hablar de sistemas integrados: calidad, ambiente y seguridad laboral.
Sin embargo, aunque muchas compañías internacionales están aplicando estos procedimientos desde hace años, en el país la normativa y los controles van por detrás.
“En general, las grandes empresas se están adecuando o ya cumplen con las normas globales. A las más chicas les cuesta más, porque son inversiones grandes, pero también buscan adaptarse, ya sea por propia decisión o por exigencia de sus clientes grandes”, explica Roberto Loeschbor, titular de IL&A Ingeniería Laboral y Ambiental, con más de 30 años de experiencia en el rubro.
Marcelo Carranza, del Departamento Medio Ambiente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), coincide en que las empresas grandes están más avanzadas en aspectos sociales y ambientales. “Han creado áreas específicas dentro de las firmas; en cambio, en las Pyme los cubre una misma persona”, dice y opina que las más chicas “necesitan apoyo de los gobiernos para esta tarea”.
El tema tiene varias aristas. En general, cuando se piensa en una industria “contaminante” se habla de los residuos que deja el proceso fabril.
Pero el cuidado del ambiente también involucra otros elementos: los productos que se fabrican, el uso eficiente de los recursos (agua, energía, suelo, mano de obra), los procesos de producción, los desechos de los propios productos y el denominado pasivo ambiental (lo que queda luego de que la fábrica se retira del lugar).
En el caso de Monsanto, el cuestionamiento va mucho más allá: se pone en duda la tecnología de producción agropecuaria y el uso de agroquímicos.
En este punto, la semillera Syngenta, presentó el año pasado en Buenos Aires un plan de acción con compromisos para una agricultura sustentable.
En este aspecto, la firma salió a diferenciarse y realizó una autocrítica sobre las falencias de comunicación a la sociedad de los beneficios de utilizar la tecnología para mejorar la seguridad alimentaria. Incrementar la producción de los cultivos con los mismos recursos, mejorar la biodiversidad, recuperar tierras degradadas y cuidar a los trabajadores fueron algunos de los compromisos, que hablan de un enfoque más integral del tema ambiental.
“La población mundial sigue creciendo, pero el planeta no; hay necesidad de agua, de alimentos y de energía. La protección del ambiente tendrá que avanzar de la mano de la tecnología”, razona Loeschbor.
Lo cierto es que la producción industrial sigue avanzando, y toda esta actividad genera impacto en el ambiente. “En la actividad industrial no hay contaminación cero; se puede apostar al menor impacto posible o a mitigarlo, pero existe”, subraya Héctor Macaño, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química y Ambiental del a Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba.
El menor impacto posible
Justamente, el objetivo de ?las normas ambientales y los estudios previos es reducir el efecto de la actividad fabril en el medio (incluyendo la población).
Todos los especialistas coinciden en que los estudios de impacto ambiental (amplios y complejos) deben realizarse en forma previa a la instalación de una nueva planta, aunque en el caso de Córdoba, algunas actividades pueden comenzar la construcción sólo con la aprobación del aviso de proyecto.
De todas maneras, compañías multinacionales que quieren evitar problemas futuros toman mayores recaudos y apuntan a cumplir las normas internacionales, que van mucho más allá.
Para los involucrados en el tema, no es un problema de falta de normas, sino de implementación. “Más que nuevas leyes, hay que aplicar bien la que tenemos y reglamentar lo que falta, crear organismos de control. Las empresas necesitamos un camino claro, que se exija y se controle su cumplimiento”, dice Carranza y recuerda que la norma provincial hablaba de una comisión interdisciplinaria para evaluar proyectos conflictivos, que no se constituyó.
“La implementación de la norma produce ruido. Ninguna empresa puede aguantar un año a que le den una respuesta sobre el estudio de impacto ambiental y pida los cambios”, agrega Macaño. Loeschbor coincide y recuerda que cuando se reglamentó la actual ley, estaba la Agencia Córdoba Ambiente, que hoy ya no funciona (la autoridad es la Secretaría de Ambiente) y tiene menos personal.
“Lo que las empresas necesitan es que queden claras las reglas de juego, que se defina el modelo de ciudad y provincia y qué papel juega el sector agropecuario”, opina David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), quien fue crítico con la decisión del intendente de Río Cuarto de evitar la radicación de otra planta de Monsanto. “Lo que sucedió vulnera las reglas de juego”, resalta.
Como un aditamento y una enseñanza del caso Monsanto, Loeschbor remarca también la necesidad de una tarea de comunicación previa. “Todo lo que no se explica causa la sensación en la gente de que se esconde algo. Cuando una empresa se presenta claramente y explica lo que va a hacer, cómo y cuál es su impacto en la comunidad, dejando espacio para que todo el mundo se saque las dudas, no deberían existir estos problemas. La gente tiene que estar informada antes de que las cosas sucedan”, advierte.
El conflicto
Julio de 2012. El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas autoriza a la semillera Monsanto a realizar tareas preliminares.
Agosto. La Secretaría de Ambiente de la Provincia autoriza la primera etapa del proyecto.
Septiembre. Vecinos de Malvinas Argentinas, junto con la Fundación Club de Derecho, presentan un amparo contra la Municipalidad por autorizar las obras sin cumplir con la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Enero de 2013. El Concejo Deliberante sanciona la ordenanza de autorización de la obra civil. La Municipalidad autoriza. Los amparistas piden que se suspenda la obra.
Febrero. La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo ordena suspender la construcción.
Abril. El Tribunal Superior de Justicia vuelve a habilitar la obra.
Septiembre. A mediados de mes, asambleístas comienzan un acampe en los accesos a Monsanto e impiden la entrada de camiones. Durante el mes se producen enfrentamientos con empleados de la construcción que iban a trabajar en la obra y con la Policía.
Octubre. Monsanto suspende las obras por falta de materiales. La CGT reclama por la fuente laboral de 170 obreros de la construcción.
Diciembre. Sigue el acampe de los asambleístas. La última semana del mes se produce otro enfrentamiento con la Policía al querer impedir el ingreso de trabajadores al predio. Según la empresa iban a hacer tareas de mantenimiento.
En números. La planta ubicada en la ruta 188, prevé una inversión de $ 1.500 millones, el empleo de 400 trabajadores y la producción de 60.000 toneladas anuales.
Programa de la UIC
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) tiene en marcha el programa ECO-UIC.
El objetivo es que las empresas implementen puertas adentro sistemas de gestión ambiental y que consta de tres etapas: Bronce, Plata y Oro.
La primera comprende las acciones básicas de análisis del cumplimiento legal, evaluación del impacto y compromiso de la dirección en el tema ambiental. La segunda avanza con el establecimiento de objetivos, procedimientos e indicadores de desempeño. Y, por último, la etapa Oro culmina el proceso de certificación de normas ISO 14001.
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Fecha de Publicación: 05/01/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
El tira y afloja sobre la instalación de Monsanto en Córdoba es mirado por otras industrias que quieren estar en la provincia. Mientras en el mundo el cuidado ambiental es una preocupación mayor, en el país hay normas que no se cumplen adecuadamente.
El conflicto desatado con la instalación de una planta de acondicionamiento de semillas de maíz para siembra de Monsanto, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, marca un punto de inflexión en las decisiones de radicación de industrias en Córdoba.
Esta situación particular, aún no resuelta, obliga a las empresas a tomar mayores recaudos en el análisis de la cuestión ambiental. A su vez, genera la necesidad de desarrollar acciones de información y comunicación, ante un sociedad con mayores exigencias y más comprometida con estos temas.
Se trata de un caso que generó inquietud entre los empresarios porque, pese a que la firma tenía las autorizaciones necesarias del municipio y la provincia (las cuales, según quienes protestan, no cumplen con toda la legislación nacional), la construcción está parada y todavía no está claro si va a poder avanzar con el proyecto o cuándo.
Cambios mundiales
La preocupación por el cuidado del ambiente es relativamente nueva en el sector empresarial. Antes, estaba limitada a algunas organizaciones ecologistas, pero las empresas están tomando cada vez más conciencia e incorporando este tema como variable de sus negocios.
A nivel internacional hay normas de certificación de buenas prácticas (el grupo ISO 14000) y la tendencia es a hablar de sistemas integrados: calidad, ambiente y seguridad laboral.
Sin embargo, aunque muchas compañías internacionales están aplicando estos procedimientos desde hace años, en el país la normativa y los controles van por detrás.
“En general, las grandes empresas se están adecuando o ya cumplen con las normas globales. A las más chicas les cuesta más, porque son inversiones grandes, pero también buscan adaptarse, ya sea por propia decisión o por exigencia de sus clientes grandes”, explica Roberto Loeschbor, titular de IL&A Ingeniería Laboral y Ambiental, con más de 30 años de experiencia en el rubro.
Marcelo Carranza, del Departamento Medio Ambiente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), coincide en que las empresas grandes están más avanzadas en aspectos sociales y ambientales. “Han creado áreas específicas dentro de las firmas; en cambio, en las Pyme los cubre una misma persona”, dice y opina que las más chicas “necesitan apoyo de los gobiernos para esta tarea”.
El tema tiene varias aristas. En general, cuando se piensa en una industria “contaminante” se habla de los residuos que deja el proceso fabril.
Pero el cuidado del ambiente también involucra otros elementos: los productos que se fabrican, el uso eficiente de los recursos (agua, energía, suelo, mano de obra), los procesos de producción, los desechos de los propios productos y el denominado pasivo ambiental (lo que queda luego de que la fábrica se retira del lugar).
En el caso de Monsanto, el cuestionamiento va mucho más allá: se pone en duda la tecnología de producción agropecuaria y el uso de agroquímicos.
En este punto, la semillera Syngenta, presentó el año pasado en Buenos Aires un plan de acción con compromisos para una agricultura sustentable.
En este aspecto, la firma salió a diferenciarse y realizó una autocrítica sobre las falencias de comunicación a la sociedad de los beneficios de utilizar la tecnología para mejorar la seguridad alimentaria. Incrementar la producción de los cultivos con los mismos recursos, mejorar la biodiversidad, recuperar tierras degradadas y cuidar a los trabajadores fueron algunos de los compromisos, que hablan de un enfoque más integral del tema ambiental.
“La población mundial sigue creciendo, pero el planeta no; hay necesidad de agua, de alimentos y de energía. La protección del ambiente tendrá que avanzar de la mano de la tecnología”, razona Loeschbor.
Lo cierto es que la producción industrial sigue avanzando, y toda esta actividad genera impacto en el ambiente. “En la actividad industrial no hay contaminación cero; se puede apostar al menor impacto posible o a mitigarlo, pero existe”, subraya Héctor Macaño, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química y Ambiental del a Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba.
El menor impacto posible
Justamente, el objetivo de ?las normas ambientales y los estudios previos es reducir el efecto de la actividad fabril en el medio (incluyendo la población).
Todos los especialistas coinciden en que los estudios de impacto ambiental (amplios y complejos) deben realizarse en forma previa a la instalación de una nueva planta, aunque en el caso de Córdoba, algunas actividades pueden comenzar la construcción sólo con la aprobación del aviso de proyecto.
De todas maneras, compañías multinacionales que quieren evitar problemas futuros toman mayores recaudos y apuntan a cumplir las normas internacionales, que van mucho más allá.
Para los involucrados en el tema, no es un problema de falta de normas, sino de implementación. “Más que nuevas leyes, hay que aplicar bien la que tenemos y reglamentar lo que falta, crear organismos de control. Las empresas necesitamos un camino claro, que se exija y se controle su cumplimiento”, dice Carranza y recuerda que la norma provincial hablaba de una comisión interdisciplinaria para evaluar proyectos conflictivos, que no se constituyó.
“La implementación de la norma produce ruido. Ninguna empresa puede aguantar un año a que le den una respuesta sobre el estudio de impacto ambiental y pida los cambios”, agrega Macaño. Loeschbor coincide y recuerda que cuando se reglamentó la actual ley, estaba la Agencia Córdoba Ambiente, que hoy ya no funciona (la autoridad es la Secretaría de Ambiente) y tiene menos personal.
“Lo que las empresas necesitan es que queden claras las reglas de juego, que se defina el modelo de ciudad y provincia y qué papel juega el sector agropecuario”, opina David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), quien fue crítico con la decisión del intendente de Río Cuarto de evitar la radicación de otra planta de Monsanto. “Lo que sucedió vulnera las reglas de juego”, resalta.
Como un aditamento y una enseñanza del caso Monsanto, Loeschbor remarca también la necesidad de una tarea de comunicación previa. “Todo lo que no se explica causa la sensación en la gente de que se esconde algo. Cuando una empresa se presenta claramente y explica lo que va a hacer, cómo y cuál es su impacto en la comunidad, dejando espacio para que todo el mundo se saque las dudas, no deberían existir estos problemas. La gente tiene que estar informada antes de que las cosas sucedan”, advierte.
El conflicto
Julio de 2012. El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas autoriza a la semillera Monsanto a realizar tareas preliminares.
Agosto. La Secretaría de Ambiente de la Provincia autoriza la primera etapa del proyecto.
Septiembre. Vecinos de Malvinas Argentinas, junto con la Fundación Club de Derecho, presentan un amparo contra la Municipalidad por autorizar las obras sin cumplir con la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Enero de 2013. El Concejo Deliberante sanciona la ordenanza de autorización de la obra civil. La Municipalidad autoriza. Los amparistas piden que se suspenda la obra.
Febrero. La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo ordena suspender la construcción.
Abril. El Tribunal Superior de Justicia vuelve a habilitar la obra.
Septiembre. A mediados de mes, asambleístas comienzan un acampe en los accesos a Monsanto e impiden la entrada de camiones. Durante el mes se producen enfrentamientos con empleados de la construcción que iban a trabajar en la obra y con la Policía.
Octubre. Monsanto suspende las obras por falta de materiales. La CGT reclama por la fuente laboral de 170 obreros de la construcción.
Diciembre. Sigue el acampe de los asambleístas. La última semana del mes se produce otro enfrentamiento con la Policía al querer impedir el ingreso de trabajadores al predio. Según la empresa iban a hacer tareas de mantenimiento.
En números. La planta ubicada en la ruta 188, prevé una inversión de $ 1.500 millones, el empleo de 400 trabajadores y la producción de 60.000 toneladas anuales.
Programa de la UIC
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) tiene en marcha el programa ECO-UIC.
El objetivo es que las empresas implementen puertas adentro sistemas de gestión ambiental y que consta de tres etapas: Bronce, Plata y Oro.
La primera comprende las acciones básicas de análisis del cumplimiento legal, evaluación del impacto y compromiso de la dirección en el tema ambiental. La segunda avanza con el establecimiento de objetivos, procedimientos e indicadores de desempeño. Y, por último, la etapa Oro culmina el proceso de certificación de normas ISO 14001.
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Monsanto: nueva represión en Córdoba
Otra vez hubo violencia frente a Monsanto
Fecha de Publicación: 31/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Cinco personas iban a desmalezar el predio de Monsanto, pero los asambleístas bloquearon el ingreso. La Policía liberó el portón con palos y balas de goma. Hubo al menos seis heridos. La empresa calificó de extremistas a los ambientalistas. Silencio oficial.
Gritos, palazos, balas de goma, gas pimienta, heridos. La historia se repitió ayer por la mañana en el acampe frente al predio de Monsanto, en Malvinas Argentinas, cuando la Policía reprimió a un grupo de asambleístas que impedían el ingreso de cinco personas que iban a desmalezar el terreno.
Víctor Chiapero, fiscal de Distrito II Turno 4° a cargo del caso, dijo a este diario que él había dispuesto la presencia policial para evitar cualquier hecho de violencia luego del feroz enfrentamiento ocurrido el 28 de noviembre pasado. Sin embargo, la Policía ayer intentó un desalojo por la fuerza y hubo al menos seis heridos.
Cerca de las 9 de la mañana, se presentó en el predio el encargado de la limpieza y solicitó que los dejen pasar, relató Vanina Barboza, una vecina de Malvinas que participa del bloqueo. Los manifestantes les negaron la entrada, por lo que, minutos después, llegaron al lugar una veintena de policías, entre ellos, efectivos de infantería.
De inmediato, tres asambleístas (dos hombres y una mujer) se pararon frente al portón. Según los asambleístas, la Policía los rodeó y comenzó a pegarles con palos y a tirarles gas pimienta, mientras otro grupo de efectivos disparaba balas de goma para impedir que el resto de los manifestantes se acercara. Al final, los cinco empleados de limpieza, que eran de Malvinas, desistieron de entrar y se fueron. La Policía también se retiró y en el lugar quedaron los heridos.
Lucas Vaca es uno de los tres que fueron duramente golpeados frente al portón. “Siempre dejamos pasar a los empleados de seguridad, a los que les traen agua y a la limpieza de los baños químicos. Ese era el acuerdo”, sostuvo. “La decisión de la asamblea es que nadie más pase”, afirmó.
Vaca es uno de los vecinos que forma parte de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida desde su inicio. Ayer, decidió comenzar una huelga de hambre. “Todo es lento. Todo el mundo se va de vacaciones como si acá no pasara nada”, sostuvo. Y dijo que mantendrá su protesta hasta que se cumpla con la Ley General del Ambiente, que según la interpretación de los asambleístas, prevé un estudio de impacto ambiental y una instancia de participación ciudadana previos al comienzo de la obra.
La empresa
Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, repudió el bloqueo y calificó de extremistas a los asambleístas. “Ya ni siquiera por cuestiones sanitarias permiten el ingreso”, sostuvo.
Vilaplana dijo que habían avisado a la fiscalía sobre la necesidad de desmalezar el predio. Chiapero confirmó esa información. “Después de los últimos incidentes solicité a la empresa que cuando tenga que ingresar por algún motivo avise a la fiscalía o al comisaría, de tal manera de disponer seguridad para que no se genere ningún hecho violento”.
El gerente de Monsanto remarcó que la tarea de ayer no se relacionaba con la construcción de la planta de semillas. “Ahora estamos concentrados en terminar el estudio de impacto ambiental y en la audiencia pública antes de seguir con la obra”, sostuvo.
Al ser consultado si no hubiera sido conveniente cumplir con la Ley General del Ambiente y realizar la evaluación ambiental y la audiencia antes de comenzar a construir, Vilaplana respondió: “Con el diario del lunes diría que sí, que hubiera sido preferible hacerlo antes”.
Este diario se comunicó ayer por la tarde con Germán Pratto, el flamante secretario de Ambiente de la Provincia. A las cinco de la tarde, respondió que se comunicaría con el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg. Minutos después, dijo que las respuestas se canalizarían a través del área de prensa del Gobierno. Hasta anoche no hubo respuestas.
Por su parte, el intendente de Malvinas, Daniel Arzani, reiteró: “Aquí lo que falta es que se debata el modelo de producción agrícola y esto excede a un intendente”.
Tres meses de bloqueo
Desde el 18 de septiembre pasado, asambleístas bloquean el ingreso al predio donde Monsanto construye desde enero una planta procesadora de semillas de maíz. La obra se encuentra en Malvinas Argentinas, sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital.
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Fecha de Publicación: 31/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Cinco personas iban a desmalezar el predio de Monsanto, pero los asambleístas bloquearon el ingreso. La Policía liberó el portón con palos y balas de goma. Hubo al menos seis heridos. La empresa calificó de extremistas a los ambientalistas. Silencio oficial.
Gritos, palazos, balas de goma, gas pimienta, heridos. La historia se repitió ayer por la mañana en el acampe frente al predio de Monsanto, en Malvinas Argentinas, cuando la Policía reprimió a un grupo de asambleístas que impedían el ingreso de cinco personas que iban a desmalezar el terreno.
Víctor Chiapero, fiscal de Distrito II Turno 4° a cargo del caso, dijo a este diario que él había dispuesto la presencia policial para evitar cualquier hecho de violencia luego del feroz enfrentamiento ocurrido el 28 de noviembre pasado. Sin embargo, la Policía ayer intentó un desalojo por la fuerza y hubo al menos seis heridos.
Cerca de las 9 de la mañana, se presentó en el predio el encargado de la limpieza y solicitó que los dejen pasar, relató Vanina Barboza, una vecina de Malvinas que participa del bloqueo. Los manifestantes les negaron la entrada, por lo que, minutos después, llegaron al lugar una veintena de policías, entre ellos, efectivos de infantería.
De inmediato, tres asambleístas (dos hombres y una mujer) se pararon frente al portón. Según los asambleístas, la Policía los rodeó y comenzó a pegarles con palos y a tirarles gas pimienta, mientras otro grupo de efectivos disparaba balas de goma para impedir que el resto de los manifestantes se acercara. Al final, los cinco empleados de limpieza, que eran de Malvinas, desistieron de entrar y se fueron. La Policía también se retiró y en el lugar quedaron los heridos.
Lucas Vaca es uno de los tres que fueron duramente golpeados frente al portón. “Siempre dejamos pasar a los empleados de seguridad, a los que les traen agua y a la limpieza de los baños químicos. Ese era el acuerdo”, sostuvo. “La decisión de la asamblea es que nadie más pase”, afirmó.
Vaca es uno de los vecinos que forma parte de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida desde su inicio. Ayer, decidió comenzar una huelga de hambre. “Todo es lento. Todo el mundo se va de vacaciones como si acá no pasara nada”, sostuvo. Y dijo que mantendrá su protesta hasta que se cumpla con la Ley General del Ambiente, que según la interpretación de los asambleístas, prevé un estudio de impacto ambiental y una instancia de participación ciudadana previos al comienzo de la obra.
La empresa
Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, repudió el bloqueo y calificó de extremistas a los asambleístas. “Ya ni siquiera por cuestiones sanitarias permiten el ingreso”, sostuvo.
Vilaplana dijo que habían avisado a la fiscalía sobre la necesidad de desmalezar el predio. Chiapero confirmó esa información. “Después de los últimos incidentes solicité a la empresa que cuando tenga que ingresar por algún motivo avise a la fiscalía o al comisaría, de tal manera de disponer seguridad para que no se genere ningún hecho violento”.
El gerente de Monsanto remarcó que la tarea de ayer no se relacionaba con la construcción de la planta de semillas. “Ahora estamos concentrados en terminar el estudio de impacto ambiental y en la audiencia pública antes de seguir con la obra”, sostuvo.
Al ser consultado si no hubiera sido conveniente cumplir con la Ley General del Ambiente y realizar la evaluación ambiental y la audiencia antes de comenzar a construir, Vilaplana respondió: “Con el diario del lunes diría que sí, que hubiera sido preferible hacerlo antes”.
Este diario se comunicó ayer por la tarde con Germán Pratto, el flamante secretario de Ambiente de la Provincia. A las cinco de la tarde, respondió que se comunicaría con el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg. Minutos después, dijo que las respuestas se canalizarían a través del área de prensa del Gobierno. Hasta anoche no hubo respuestas.
Por su parte, el intendente de Malvinas, Daniel Arzani, reiteró: “Aquí lo que falta es que se debata el modelo de producción agrícola y esto excede a un intendente”.
Tres meses de bloqueo
Desde el 18 de septiembre pasado, asambleístas bloquean el ingreso al predio donde Monsanto construye desde enero una planta procesadora de semillas de maíz. La obra se encuentra en Malvinas Argentinas, sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital.
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Las dudas sobre Monsanto que hay en Córdoba
Las principales dudas sobre Monsanto
Fecha de Publicación: 23/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Monsanto presentó más de 2.500 páginas de estudios y trámites sobre su proyecto de planta acondicionadora de semillas de maíz, pero la Provincia no permite verlas. Universidades analizaron el poco material al cual accedió este diario.
Hasta hoy, el Gobierno de Córdoba no permitió el acceso público a ninguna de las 2.500 páginas de estudios y trámites que Monsanto presentó a la Secretaría de Ambiente antes y durante la construcción de su planta en Malvinas Argentinas. La empresa, por su parte, aportó 42 páginas ante el requerimiento de La Voz del Interior .
Este diario accedió por su cuenta a las 90 páginas que integran el Aviso de Proyecto, presentado por la empresa a Ambiente el 2 de julio de 2012, y base de los informes que permitieron que comenzara la construcción de la planta, en diciembre de ese mismo año.
También se copió y distribuyó a la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto.
Especialistas tanto de la UCC como de la UNRC lo analizaron y realizaron observaciones respecto de los temas que más dudas les generaron. Algunos de ellos se transcriben a continuación, con la correspondiente respuesta de Monsanto.
Estudios. Faltan los antecedentes de estudios epidemiológicos realizados a obreros y vecinos de emprendimientos similares.
La empresa lo admite, pero señala que “en ningún emprendimiento similar se han producido enfermedades ocupacionales entre los empleados”. En referencia a los vecinos, realizará un estudio de línea de base tanto referido a indicadores de salud como medioambientales, el cual repetirá anualmente.
Derrames. No figuran medidas de mitigación ante eventuales derrames de plaguicidas ni plan de contingencias ante este posible evento.
Monsanto asegura que cuenta con detallados procedimientos de manipulación de agroquímicos que minimizan la probabilidad de un potencial derrame. Y que todos esos sitios contará con pisos impermeables de hormigón.
Ubicación. En la ordenanza municipal 741, de adhesión a la ley provincial 9.841, no coincide la ubicación de la planta con el mapa de ordenamiento territorial de regulación del uso del suelo en la región Metropolitana Córdoba, ya que esa zona figura como “Área de producción agropecuaria no contaminante y/o área recreativa”.
Monsanto no contesta esta objeción. Sólo recuerda todas las autorizaciones locales y provinciales obtenidas para la obra.
Toxicología. Los productos comerciales citados como curasemillas no fueron presentados con su clasificación toxicológica ni su respectivo marbete y hoja de seguridad.
La compañía señala que se presentaron las hojas de seguridad (MSDS) de los agroquímicos que son utilizados como curasemillas. Son parte de los documentos a los que no pudo acceder este diario.
Tránsito. La ruta A88, que es entrada y salida del predio, ya tiene un gran caudal de tránsito por camiones de YPF. Se prevén obras para mitigar el impacto que producirán los camiones que entren y salgan de la planta, aunque no se menciona quién realizará las inversiones.
Monsanto asegura que asumirá el costo de tales obras.
Residuos. No se especifican características ni cantidad de residuos peligrosos. Se dice que serán transportados para ser incinerados en un horno cementero local. Pero la única empresa en Córdoba que lo hacía cerró su horno hace meses. No se indica dónde estarán los contenedores de residuos peligrosos.
Monsanto asegura que la provincia de Córdoba cuenta con una empresa productora de cemento cuyo horno se encuentra habilitado para el tratamiento de residuos. Y que en realidad dicha firma abrió uno de mayor capacidad para recibir este tipo de residuos.
Construcción. Se indica la superficie cubierta de la primera etapa, pero sólo en forma total la de las otras dos etapas. Para monitorear el impacto, es necesario establecer la superficie de cada implantación.
Desde la compañía señalan que “el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) posee el detalle de la superficie a ocupar en cada etapa. Es uno de los documentos a los que no se puede acceder.
Predios. Prevé utilizar predios vecinos, por ejemplo para estacionar camiones, pero no especifica cuáles.
Según Monsanto, no se prevé utilizar predios vecinos para ninguna actividad. El proyecto cuenta con un área exclusiva de estacionamiento de camiones.
Ruidos. Falta especificar ruidos que producirían algunos procesos. Faltan características de máquinas.
Nuevamente, Monsanto acude al EIA, que “posee información detallada sobre el nivel de ruido de las distintas áreas del proyecto”. Es uno de los documentos a los que no se puede tener acceso, ya entregado a la Provincia. También dice que se prevé instalar una cortina forestal y que se llevarán a cabo mediciones del nivel sonoro tanto en los puestos de trabajo como en la comunidad vecina.
Indicadores. No se visualizan estudios de indicadores suficientes de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido.
“El EIA presentado posee indicadores de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido”, dice Monsanto, y que allí también se prevé un programa de monitoreo ambiental dentro de las instalaciones. “Actualmente, debido al bloqueo de las instalaciones, no es posible realizar la toma de muestras para realizar los análisis”, señalan.
Agua. No está claro en qué se usarían los 100 mil litros diarios de agua que se extraerán.
“Incluye agua para proceso, industrial, sanitarios, cocina y riego”, dice la empresa.
Agroquímicos. No se especifica con qué agroquímicos se trabajará, ni la cantidad de kilos de materia activa a utilizar.
La respuesta es similar a las anteriores: “La cantidad de producto a utilizar en el proceso de curado y las hojas de datos de seguridad se encuentran detalladas en el EIA”.
Comunidad. No hay ningún análisis sociológico ni de percepción de la comunidad.
“El EIA contiene un análisis sociológico de la comunidad. Monsanto también ha diseñado y comenzado a implementar diversos programas de desarrollo comunitario en Malvinas Argentinas, como cursos específicos y capacitación en oficios, además de donaciones en beneficio de la comunidad”. No hay acceso a ese informe.
Prohibición. El aviso de proyecto indica que Monsanto utilizará clotianidina en uno de sus procesos. Desde el 1º de diciembre de 2013, esta sustancia está prohibida parcialmente en la Unión Europea por un período de dos años, por sus efectos nocivos sobre las abejas.
Monsanto dice que sólo utilizará productos aprobados por Senasa, de lo que se desprende que sí utilizará clotianidina, no prohibida en la Argentina.
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Fecha de Publicación: 23/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Monsanto presentó más de 2.500 páginas de estudios y trámites sobre su proyecto de planta acondicionadora de semillas de maíz, pero la Provincia no permite verlas. Universidades analizaron el poco material al cual accedió este diario.
Hasta hoy, el Gobierno de Córdoba no permitió el acceso público a ninguna de las 2.500 páginas de estudios y trámites que Monsanto presentó a la Secretaría de Ambiente antes y durante la construcción de su planta en Malvinas Argentinas. La empresa, por su parte, aportó 42 páginas ante el requerimiento de La Voz del Interior .
Este diario accedió por su cuenta a las 90 páginas que integran el Aviso de Proyecto, presentado por la empresa a Ambiente el 2 de julio de 2012, y base de los informes que permitieron que comenzara la construcción de la planta, en diciembre de ese mismo año.
También se copió y distribuyó a la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto.
Especialistas tanto de la UCC como de la UNRC lo analizaron y realizaron observaciones respecto de los temas que más dudas les generaron. Algunos de ellos se transcriben a continuación, con la correspondiente respuesta de Monsanto.
Estudios. Faltan los antecedentes de estudios epidemiológicos realizados a obreros y vecinos de emprendimientos similares.
La empresa lo admite, pero señala que “en ningún emprendimiento similar se han producido enfermedades ocupacionales entre los empleados”. En referencia a los vecinos, realizará un estudio de línea de base tanto referido a indicadores de salud como medioambientales, el cual repetirá anualmente.
Derrames. No figuran medidas de mitigación ante eventuales derrames de plaguicidas ni plan de contingencias ante este posible evento.
Monsanto asegura que cuenta con detallados procedimientos de manipulación de agroquímicos que minimizan la probabilidad de un potencial derrame. Y que todos esos sitios contará con pisos impermeables de hormigón.
Ubicación. En la ordenanza municipal 741, de adhesión a la ley provincial 9.841, no coincide la ubicación de la planta con el mapa de ordenamiento territorial de regulación del uso del suelo en la región Metropolitana Córdoba, ya que esa zona figura como “Área de producción agropecuaria no contaminante y/o área recreativa”.
Monsanto no contesta esta objeción. Sólo recuerda todas las autorizaciones locales y provinciales obtenidas para la obra.
Toxicología. Los productos comerciales citados como curasemillas no fueron presentados con su clasificación toxicológica ni su respectivo marbete y hoja de seguridad.
La compañía señala que se presentaron las hojas de seguridad (MSDS) de los agroquímicos que son utilizados como curasemillas. Son parte de los documentos a los que no pudo acceder este diario.
Tránsito. La ruta A88, que es entrada y salida del predio, ya tiene un gran caudal de tránsito por camiones de YPF. Se prevén obras para mitigar el impacto que producirán los camiones que entren y salgan de la planta, aunque no se menciona quién realizará las inversiones.
Monsanto asegura que asumirá el costo de tales obras.
Residuos. No se especifican características ni cantidad de residuos peligrosos. Se dice que serán transportados para ser incinerados en un horno cementero local. Pero la única empresa en Córdoba que lo hacía cerró su horno hace meses. No se indica dónde estarán los contenedores de residuos peligrosos.
Monsanto asegura que la provincia de Córdoba cuenta con una empresa productora de cemento cuyo horno se encuentra habilitado para el tratamiento de residuos. Y que en realidad dicha firma abrió uno de mayor capacidad para recibir este tipo de residuos.
Construcción. Se indica la superficie cubierta de la primera etapa, pero sólo en forma total la de las otras dos etapas. Para monitorear el impacto, es necesario establecer la superficie de cada implantación.
Desde la compañía señalan que “el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) posee el detalle de la superficie a ocupar en cada etapa. Es uno de los documentos a los que no se puede acceder.
Predios. Prevé utilizar predios vecinos, por ejemplo para estacionar camiones, pero no especifica cuáles.
Según Monsanto, no se prevé utilizar predios vecinos para ninguna actividad. El proyecto cuenta con un área exclusiva de estacionamiento de camiones.
Ruidos. Falta especificar ruidos que producirían algunos procesos. Faltan características de máquinas.
Nuevamente, Monsanto acude al EIA, que “posee información detallada sobre el nivel de ruido de las distintas áreas del proyecto”. Es uno de los documentos a los que no se puede tener acceso, ya entregado a la Provincia. También dice que se prevé instalar una cortina forestal y que se llevarán a cabo mediciones del nivel sonoro tanto en los puestos de trabajo como en la comunidad vecina.
Indicadores. No se visualizan estudios de indicadores suficientes de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido.
“El EIA presentado posee indicadores de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido”, dice Monsanto, y que allí también se prevé un programa de monitoreo ambiental dentro de las instalaciones. “Actualmente, debido al bloqueo de las instalaciones, no es posible realizar la toma de muestras para realizar los análisis”, señalan.
Agua. No está claro en qué se usarían los 100 mil litros diarios de agua que se extraerán.
“Incluye agua para proceso, industrial, sanitarios, cocina y riego”, dice la empresa.
Agroquímicos. No se especifica con qué agroquímicos se trabajará, ni la cantidad de kilos de materia activa a utilizar.
La respuesta es similar a las anteriores: “La cantidad de producto a utilizar en el proceso de curado y las hojas de datos de seguridad se encuentran detalladas en el EIA”.
Comunidad. No hay ningún análisis sociológico ni de percepción de la comunidad.
“El EIA contiene un análisis sociológico de la comunidad. Monsanto también ha diseñado y comenzado a implementar diversos programas de desarrollo comunitario en Malvinas Argentinas, como cursos específicos y capacitación en oficios, además de donaciones en beneficio de la comunidad”. No hay acceso a ese informe.
Prohibición. El aviso de proyecto indica que Monsanto utilizará clotianidina en uno de sus procesos. Desde el 1º de diciembre de 2013, esta sustancia está prohibida parcialmente en la Unión Europea por un período de dos años, por sus efectos nocivos sobre las abejas.
Monsanto dice que sólo utilizará productos aprobados por Senasa, de lo que se desprende que sí utilizará clotianidina, no prohibida en la Argentina.
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Vecinos de Córdoba siguen su lucha contra Monsanto
Vecinos de Malvinas volverán a marchar contra Monsanto
Fecha de Publicación: 16/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Será el próximo viernes 20, desde las 18. La concentración partirá desde la ex rotonda de la Ruta 19 hasta la Municipalidad. Los asambleístas reclamarán la realización de una consulta popular.
Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán el próximo viernes 20 en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar desde las 18 y la concentración será en la ex rotonda de la Ruta 19.
Gastón Mazzalay, integrante de la Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida” manifestó que la marcha será para exigir que se llame a referéndum en esa localidad. Además, pedirán que el intendente Daniel Arzani rechace la instalación de Monsanto como ocurrió en Río Cuarto, donde Juan Jure se negó a la instalación de la multinacional, que preveía radicarse en un predio sobre Ruta 8. En aquella oportunidad, Jure expresó tener una convicción “al 100 por ciento” de su decisión, después de escuchar a instituciones y de su “propia evaluación personal”.
Cabe recordar que desde el 18 de septiembre, los vecinos de Malvinas acampan y bloquean el paso de camiones con materiales para construir la secadora de semillas de maíz más grande del mundo.
Si bien la Justicia cordobesa autorizó a que Monsanto lleve adelante la obra civil, estableció que la planta no podrá funcionar hasta que no haya un estudio de impacto ambiental, requisito que la multinacional anunció que cumplirá próximamente.
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Fecha de Publicación: 16/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Será el próximo viernes 20, desde las 18. La concentración partirá desde la ex rotonda de la Ruta 19 hasta la Municipalidad. Los asambleístas reclamarán la realización de una consulta popular.
Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán el próximo viernes 20 en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar desde las 18 y la concentración será en la ex rotonda de la Ruta 19.
Gastón Mazzalay, integrante de la Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida” manifestó que la marcha será para exigir que se llame a referéndum en esa localidad. Además, pedirán que el intendente Daniel Arzani rechace la instalación de Monsanto como ocurrió en Río Cuarto, donde Juan Jure se negó a la instalación de la multinacional, que preveía radicarse en un predio sobre Ruta 8. En aquella oportunidad, Jure expresó tener una convicción “al 100 por ciento” de su decisión, después de escuchar a instituciones y de su “propia evaluación personal”.
Cabe recordar que desde el 18 de septiembre, los vecinos de Malvinas acampan y bloquean el paso de camiones con materiales para construir la secadora de semillas de maíz más grande del mundo.
Si bien la Justicia cordobesa autorizó a que Monsanto lleve adelante la obra civil, estableció que la planta no podrá funcionar hasta que no haya un estudio de impacto ambiental, requisito que la multinacional anunció que cumplirá próximamente.
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Córdoba marchó por una cambio en su política ambiental
Multitudinaria movilización exigió la “expulsión” de Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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