La agricultura regenerativa se extiende en la región de Cuyo

Fecha de Publicación: 30/12/2022
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Mendoza


Esta estrategia agrícola armoniza la producción agropecuaria con las dinámicas de la naturaleza. Es un proyecto conjunto del INTA y la empresa Unilever.
Con el foco puesto en conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo, la agricultura regenerativa se extiende en la región de Cuyo con un proyecto de INTA y la empresa Unilever que impulsa la sostenibilidad productiva de los horticultores de Mendoza, que abastecen a la industria del deshidratado.
La alianza entre INTA y Unilever se basó en el convencimiento de que se puede producir, al tiempo que se fomenta la biodiversidad y los procesos naturales.
Con casi 30 años de articulación, profesionales del instituto y la empresa trabajan en materia de mejoramiento genético de zapallo, cebolla y zanahoria, producción de semillas y asesoramiento a horticultores involucrados. El proyecto da un paso más y, mediante un nuevo convenio, se incorporan los principios de la agricultura regenerativa para mejorar las producciones.
El director del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA y especialista en horticultura, Claudio Galmarini, explicó que “es prioritario mantener la productividad de nuestros cultivos en armonía con la naturaleza, empleando estrategias que contribuyan a la sostenibilidad, la agricultura regenerativa es una de ellas”.
En este sentido, el profesional aseguró que “es fundamental tener el suelo siempre vivo y con actividad biológica, así como emplear técnicas de manejo que permitan conservar el recurso hídrico, principal problema que preocupa a la región cuyana”.
A su vez, Galmarini reconoció que el trabajo conjunto con los productores que abastecen a la planta deshidratadora de Unilever permitirá “experimentar, aprender, adoptar y difundir prácticas de agricultura regenerativa que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social de los productores y de todo el sector”.
Por su parte, Natalia Giraud –de Asuntos Corporativos de Unilever– especificó que “con la implementación de los Principios de Agricultura Regenerativa queremos apoyar a los agricultores y pequeños productores locales a producir de manera responsable desde lo ambiental, social y económico”.
La profesional agregó: “Este compromiso demuestra nuestra búsqueda constante por agregar valor desde el origen y maximizar el impacto positivo en materia de sustentabilidad. Cultivando los alimentos en armonía con la naturaleza, regenerándola para hoy y para el futuro”.

Regenerar el ambiente
De la mano de la agricultura regenerativa es posible lograr una productividad más eficiente en el uso de recursos, con estabilidad en los rendimientos y una mejora del ambiente. Para esto, es importante fabricar materia orgánica y mantener al suelo siempre vivo, con mucha actividad biológica y diversa. Si se degradan estos elementos, la capacidad productiva del suelo se derrumba.
Regenerar un suelo implica intensificar sus procesos ecológicos naturales, integrarlos al manejo agronómico para recuperar los procesos vitales del ecosistema. Esto no sólo involucra a la biodiversidad edáfica, sino a la biodiversidad complementaria a los cultivos, como es el caso de los insectos polinizadores y controladores biológicos, aves, batracios, mamíferos y especies nativas.

Mendoza, sede de la industria del deshidratado
La mayor capacidad industrial instalada para deshidratar hortalizas en la Argentina se encuentra en la provincia de Mendoza. A su vez, del total de las hortalizas producidas en el país un 10 % se industrializa y se destina a la industria conservera, la del congelado y la del deshidratado.
En la planta de Unilever ubicada en Guaymallén, se deshidratan 13 vegetales diferentes y, para ello, se reciben anualmente 15.000 toneladas de productos crudos, que se traducen en 3.200 toneladas de vegetales deshidratados entre escamas, granulado y polvo.
Los cultivares destinados a la deshidratación son diferentes a los utilizados para el mercado en fresco. Entre los caracteres más valorados está el contenido de materia seca, a mayor contenido menor cantidad de energía se emplea para extraer el agua en el proceso industrial.
Para esta industria, el INTA obtuvo dos variedades de zapallo, otras dos de cebolla y una de zanahoria aptas para la industrialización, dado su mayor contenido de sólidos, color y menor porcentaje de descarte.
.

El 96% de quienes cultivan en una zona productiva de Mendoza utiliza agroquímicos peligrosos

Fecha de Publicación: 28/12/2022
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Mendoza


Esa fue una de las conclusiones de la investigación "Impactos del uso de agroquímicos en la salud", que realizó un grupo del Departamento de Geografía de la UNCUYO. Resultados del análisis estadístico y de las encuestas en terreno.
El 96,6% de quienes cultivan en una franja de la zona productiva del Gran Mendoza utiliza en forma frecuente agroquímicos peligrosos, mientras 64% declaró haberse intoxicado mientras fumigaba. Esa es una de las conclusiones de la investigación “Impactos del Uso de Agroquímicos en la Salud, que dirigió la geógrafa Carolina Beceyro, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO.
La profesora de las cátedras Metodología de la Investigación y Ambiente y Salud, ambas pertenecientes al Departamento de Geografía, explicó que el estudio se concretó como un proyecto de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la universidad (SIP).
¿Qué relación existe entre la Geografía y los problemas de salud posiblemente derivados del uso de agroquímicos? La profesora explicó que una rama antigua de la especialidad era la Geografía Médica, que estudiaba las relaciones entre factores ambientales y la mortalidad y morbilidad, específicamente en enfermedades de tipo infecciosas. Comentó que con los años -en especial en la década del ’70- se sumó el estudio de nuevas variables sociales, económicas, culturales y políticas y el análisis de cómo influía cada una de ellas en la distribución espacial de un proceso de salud-enfermedad.

La pregunta inicial
Beceyro contó a Unidiversidad que el primer impulso para realizar la investigación surgió luego de analizar la información disponible sobre problemas de salud humana y ambiental, posiblemente derivados del uso de agroquímicos en Argentina. En el repaso inicial de la cartografía advirtió que esos inconvenientes se concentraban en la pampa húmeda y el norte, mientras que la franja que corresponde a Mendoza y Cuyo estaba vacía. Al observar esas diferencias espaciales se preguntó si esas áreas en blanco se debían a la inexistencia del problema, a la falta de datos o que estaba frente a lo que se conoce como un área de “silencio epidemiológico”, es decir que el problema existe, pero no se da a conocer.
Con base en esa pregunta, el equipo planteó la metodología de la investigación con dos fuentes centrales de información: las estadísticas oficiales de Mendoza sobre intoxicaciones por plaguicidas, y un trabajo en terreno para observar la realidad y hacer entrevistas y encuestas, a quienes producen hortalizas en el cinturón verde.

La existencia del problema
El equipo de trabajo, en el que participó Graciela Parra como co directora y un grupo de estudiantes avanzados- analizó primero los datos estadísticos disponibles, que en el caso de las intoxicaciones por plaguicidas son eventos de notificación obligatoria. Estudiaron información proveniente de dos fuentes: hospitales y centros de salud públicos, en el período 1993-2018, y los disponibles en el Centro de Información Toxicológica de Mendoza, desde 2012 hasta la actualidad.
Beceyro explicó que el análisis de esas estadísticas y su ubicación espacial permitió responder parte de la pregunta inicial: que efectivamente se utilizan agroquímicos y que se registran intoxicaciones por esa causa en distintas zonas de Mendoza. Es decir, que existen problemas de salud derivados de su utilización, aunque para comprobar inconvenientes a largo plazo advirtió que sería necesario realizar otro tipo de investigación.

Utilización de productos de banda roja
El segundo componente de la investigación fue el trabajo en terreno, es decir la observación, la realización de entrevistas y de 59 encuestas a quienes producen hortalizas en una franja del cinturón verde, específicamente en la zona de Kilómetro 8 y sus alrededores.
En el trabajo se destacó que la zona presenta cambios en los usos del suelo, por el avance de la urbanización sobre tierras productivas. Además, se detalló que la mayoría de consultados realiza una agricultura de manejo convencional, con bajo nivel de tecnificación.
Una vez concluido el trabajo de campo, que se concretó con cierta dificultad debido a las restricciones por la pandemia y al temor que expresaron los y las entrevistas de responder algunas de las preguntas, el equipo determinó las conclusiones. Estas fueron: 96,6 % de las personas aseguró que utiliza agroquímicos (insecticidas, herbicidas y funguicidas), al tiempo que expresaron que con los años necesitan mayor cantidad, porque “no hacen efecto”.
En cuanto a los agroquímicos que mencionaron fueron de distintos niveles de peligrosidad. En las conclusiones, el equipo enumeró tres considerados “de banda roja” por su alta toxicidad (abamectina, carbofurano y aldicarb), otros de “banda amarilla” (clorpirifos, imidacloprid, lambda cyhalotrina, pendimetalina, paraquat, clorfenapir, entre otros), además del glifosato.
Beceyero subrayó que, si bien la utilización de los agroquímicos de “banda roja” está permitida por las normativas nacionales, en las mismas se advierte la necesidad de extremar los cuidados no solo en su utilización, sino en la disposición final de los envases, condiciones que no se cumplen de acuerdo al relevamiento descriptivo que hicieron en la zona.

Sin protección adecuada
Los resultados de las encuestas determinaron que 83% de las personas dijo saber que los agroquímicos pueden ser peligroso para la salud, pero solo 33,9% utiliza elementos de protección y 16,9% expresó que se coloca mascarilla o guantes “a veces”.
En cuanto a su estado de salud, un 78% de las personas dijo no tener problemas crónicos, pero 64% respondió haberse intoxicado mientras fumigaba. En estos casos expresaron que tuvieron dolor de cabeza, irritación ocular, vómitos, irritación de garganta o de la piel, vértigos o mareos, calambres, dolores de estómago y problemas para respirar.
Otra de las conclusiones del trabajo fue que existe una brecha entre la morbilidad sentida (la intoxicación aguda) y la registrada, ya que las personas expresaron que no buscan atención médica, a menos que el cuadro se agrave. Esto -se detalló- porque en el ámbito rural quien realiza la tarea de fumigación asume estas situaciones como normales, es decir que las intoxicaciones son habituales y coincidieron en comentarios como “no pasa nada”, “nos cuidamos” o “no son venenos fuertes”.

El tratamiento de los envases
Otro de los aspectos que se abordó en las encuestas fue el tratamiento de los envases de agroquímicos. En este sentido, 84% contestó que no tiene el hábito de realizar prácticas ecológicas relacionadas con el descarte de bidones. En la mayoría de los casos respondieron que los deja en un galpón de la propiedad, que los quema, que los recicla (sin aclarar el destino final) o que los tira en un basural o en la vía pública.
“Hay que entender que no es solamente el productor el afectado por la aplicación y la manipulación que hace de estos agroquímicos, sino toda la familia, los niños que ayudan en tareas domésticas y agrícolas, entonces el nivel de exposición es grande”, explicó la doctora en Geografía.
Beceyro subrayó que el objetivo central de la investigación fue descriptivo, obtener un panorama sobre qué productos utilizan y cómo los manipulan quienes producen hortalizas en una franja del cinturón verde, desde donde se distribuyen y comercializan alimentos que se consumen en toda la provincia.
.

Con la minería “de la cuna a la tumba”

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Uno mira en los países desarrollados que la minería se puede hacer siempre y cuando haya un control "de la cuna a la tumba" para resguardar el patrimonio climático y ambiental de nuestros bienes comunes.
Cerro Amarillo, flojo de papeles: Se ha puesto en discusión en la legislatura de Mendoza el proyecto minero Cerro Amarillo que busca desarrollar una mina de cobre, el mismo según informa el gobierno cumpliría con la Ley 7722, como si esta fuera la única Ley ambiental en la provincia. A las claras sale a la luz que en el apuro innecesario de intentar imponer la actividad minera están dispuestos a pagar cualquier costo, la declaración de impacto ambiental que presentaron, presenta grandes irregularidades ya que la duración de las mismas es de máximo 2 años y ésta que han llevado a la legislatura es la misma que fracasó en el 2014. Los cambios morfológicos y ambientales de la zona, el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del medio ambiente, justifican que la misma sea nula, de nulidad absoluta, que impide su tratamiento legislativo, hasta tanto se realice una nueva. Y de hacerse valer la mayoría legislativa, va a ser un conflicto a resolver por el Poder Judicial.
Las autoridades de la provincia promueven la megaminería, sin poner a funcionar Policía Ambiental Minera (P.A.M.) creada por la Ley 7.722, para que la misma pueda garantizar debidamente los recursos naturales de la provincias, teniendo especial énfasis en la tutela del recurso hídrico. Mendoza atraviesa la peor mega sequía de los últimos 50 años y este proyecto se encuentra emplazado en una zona donde existen reservas de agua que son importantes para nuestra provincia por la crisis extrema vinculada al recurso hídrico. Vemos con preocupación que todavía no existan certezas de convocar a profesionales y técnicos para que se expresen al respecto, esperamos que en el apuro no olviden la importancia del rol legislativo para transformarlo en una mera escribanía del Gobernador Suarez.
Desde el Partido Verde, tercera fuerza política de la provincia entendemos que este proyecto y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene graves falencias en el procedimiento lo que hace dudar de la transparencia del proceso y como férreos defensores de los bienes comunes, en estas condiciones vamos a rechazar el proyecto minero Cerro Amarillo, haciendo responsable al Poder Ejecutivo por incompetencia en la preparación técnica y legal del proyecto presentado. La 7722 no se toca y es solo una de las Leyes ambientales, cumplir con la 7722 no exceptúa de cumplir con toda la normativa ambiental que existe en nuestra provincia y la nación. Por otro lado vemos con preocupación que a pesar de que hemos marcado con insistencia que los entes de control no sirven en Mendoza y que no estamos en condiciones de cuidar ni las ripieras que socavaron el material de los dos puentes caídos de la Ruta 40 y que siguen poniendo en peligro los que han quedado en pie.
Presentamos la denuncia penal en el juzgado federal contra Vialidad Nacional, de todo lo investigado podemos saber qué actividad ininterrumpida de las canteras, y la inacción de la DNV respecto a la intimación a la Dirección de Hidráulica de la provincia y a la Dirección de Minería, para que cesen en la actividad irregular de dichas canteras aledañas; que están provocando daños graves en los cimientos, bases y estructuras de puentes; esto es lo que podría provocar nuevos derrumbes y posibles daños a miles de automotores que transitan diariamente”, desde el 05/03/21.
Otro ejemplo de la minería realizada sin control y sin cumplimiento de la remediación de los pasivos ambientales en su cierre es el caso de los 30 años que el emprendimiento minero Sierra Pintada dejó abandonado 14.000 kilos de uranio que actualmente se encuentran enterrados en las denominadas trincheras confinados en 5.223 tambores de 200 litros y disueltos en el agua almacenada por efecto de correntías, lluvias e infiltraciones en las antiguas canteras. Además, casi 1 millón de metros cúbicos de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.
Hace tres años se prometió empezar la remediación y no hemos visto avances concretos en los trabajos realizados, más que movimientos de camiones y tierra, sin dejar a los legisladores, como reclame en su momento, asistir al complejo a fin de tomar conocimiento “in situ” sobre los trabajos en la construcción de los diques para los líquidos del tratamiento y en el sistema de apertura segura de tachos correspondientes a la Fase1.  Seguiremos expuestos a que cualquier fenómeno meteorológico pueda causar un desastre ambiental por la dejadez e incompetencia de las autoridades de control.
Los legisladores del Partido Verde hemos avalado los proyectos de Ley que pusieron en funcionamiento los emprendimientos mineros de Hierro Indio y de Potasio Río Colorado (PRC), dado que los mismos fueron presentados y fundamentados correctamente y no exponían a la provincia a la contaminación del agua. No obstante rechazamos el intento de derogar la ley 7722 y también las modificaciones a la resolución 778/96 de DGI que facilita la contaminación del agua, por lo que más de 1450 empresas que no estaban en regla pueden estarlo mediante la nueva figura del "agente contaminante" y la ampliación de los límites de conductividad eléctrica. Por lo que el desarrollo minero en la provincia requiere importantes desafíos de política pública:
La necesidad de un fortalecimiento institucional de los mecanismos de control ambiental, cambiando la elección de funcionarios “a dedo del gobernador y sus legisladores”, por un sistema de concurso público donde prime la competencia y prestigio. Dotar de los recursos financieros necesarios para poder cumplir su rol, también acompañar sus dictámenes con los avales de institucionales de universidades y  auditoras externas
Dar solución a la conflictividad social que ha presentado los intentos de imponer proyectos de megaminería en la provincia, habla a las claras que se requiere mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Es imprescindible el trabajo con las ONGs ambientalistas y las asambleas del agua para dar aval social a los proyectos que tienen potencialidad de contaminación,  a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
- Verdaderos Ingresos Fiscales: en las condiciones fiscales actuales de la provincia la minería no constituye ni va a constituir una ampliación a la matriz productiva, ni generar mayores fuentes de trabajo, ni siquiera impactar en el PBG (producto bruto geográfico), incluso no se podría tener un fondo de garantía para hacer las remediaciones a los desastres y pasivos ambientales por las labores mineras abandonadas donde se involucra a las aguas ácidas, botaderos, bocaminas y relaves mineros.
Debemos lograr que sean reales los ingresos fiscales derivados de la minería y el diseño de un sistema impositivo adecuado, dado que dé el régimen actual del canon es irrisorio y desactualizado para la realidad que vive nuestro país, considerando además, que reviste gran importancia ya que determina la inversión mínima que debe realizar el concesionario y la modificación a la miserable suma que la Nación ha puesto como tome a las regalías con un tope a cobrar del  3% sobre el valor boca de mina del material extraído.  

Por Mario Vadillo, diputado provincial de Mendoza mandato cumplido y presidente del Partido Verde
.

Minería en Malargüe: el proyecto Cerro Amarillo se activa tras 16 años de espera

Fecha de Publicación: 23/11/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Una historia de vaivenes burocráticos, seis informes ambientales y estudios sobre el impacto en los glaciares. El yacimiento de cobre tiene más de 14.000 hectáreas. La exploración, el primer paso.
Han pasado más de 16 años, desde que se inició el trámite para obtener el aval para avanzar con la exploración de Cerro Amarillo. El expediente se inició el 13 de junio de 2006. Desde ese momento, fueron seis informes de impacto ambiental, más un relevamiento geofísico aéreo y de superficie y dos análisis de aguas superficiales de muestras tomadas en diferentes puntos del yacimiento.
Todo eso para llegar al declaración de impacto ambiental que permitió el debate legislativo de 2014. A pesar de todos estos papeles presentados (el expediente tiene más de mil fojas), en octubre de 2014 el Senado provincial marcó una carencia que detuvo el proyecto hasta ahora: faltaba ver si se podrían afectar glaciares en la zona.
En un primer momento se dijo que habría que esperar seis meses para saber si Cerro Amarillo afectaba glaciares. Hubo que esperar a 2018 que se terminara el inventario que llevaba adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para ver que Cerro Amarillo no tocaba los bloques de hielo. Ahora, Rodolfo Suárez manda ese mismo impacto ambiental terminado de desarrollar en 2014, con el aditamento del relevamiento de glaciares.
Un dato surgió de ese inventario y que le puso límite a la posible futura explotación del yacimiento: a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar hay glaciares, así que la cota máxima de trabajo es 2.900 m.s.n.m.
El primer informe ambiental fue realizado en mayo de 2006, por Safety&Environment. Tras un dictamen realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que solicitó ampliaciones a ese primer documento, la misma empresa presentó los nuevos datos en febrero de 2007.
En abril de ese año, la Facultad de Ingeniería volvió a pedir más datos y entonces cambió la organización que preparó el informe de impacto ambiental y prácticamente desarrolló uno nuevo: fueron técnicos de la Facultad de Ciencias Físico, Matematicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis los encargados, quienes elevaron su documento en junio de 2007. Ante los reclamos de ampliaciones, fue la misma Casa de Estudios la que hizo una nueva presentación en agosto de 2008.
Paréntesis: la ley 7722 fue sancionada el 20 junio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de junio. Es decir, que cuando la Universidad Nacional de San Luis presentó su primer informe, Mendoza entraba en otra etapa respecto de la minería.
Para encontrar novedades relevantes en el expediente hay que saltar de 2008 a 2011. Ante el pedido de la Dirección de Protección Ambiental del Gobierno provincial, se hace una nueva ampliación del informe de impacto. Esa ampliación no la hizo la Universidad de San Luis, sino una geóloga local.
Este último trabajó incluyó los primeros análisis de laboratorio de aguas superficiales. Fueron nueve muestras tomadas en distintos puntos del yacimiento: todas dieron que el fluido de los arroyos de la zona no son aptos para consumo humano, animal, vida acuática y riego, por el PH (acidez o alcalinidad) y presencia de metales como cobre, zinc, plomo y aluminio.
Recién en abril de 2012, seis años después de inciado el expediente, sale la resolución conjunta de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental, aprobando lo hecho y ordenando los informes sectoriales del Departamento General de Irrigación y de la Municipalidad de Malargüe.
En junio de ese año, Malargüe da su visto bueno y en agosto hace lo propio Irrigación.
Parecía que el largo periplo de la declaración de impacto ambiental de Cerro Amarillo llegaba a su fin, pero en enero 2014 el Gobierno provincial pide un relevamiento geofísico aéreo y de superficie para precisar los puntos en los que se harán las perforaciones y minimizar el impacto ambiental en la zona.
Se trata de estudios conocidos por magnetometría y radiometría del área, que dan imágenes del subsuelo para determinar claramente los lugares en los que a priori hay mineral. En mayo 2014 se entrega ese trabajo.
Así, el 29 de agosto 2014 sale la resolución de la Dirección de Protección Ambiental y de la Dirección de Minería (firmada por Gonzalo Dávila y Carlos Molina, respectivamente) otorgando la Declaración de Impacto Ambiental. El 23 de setiembre de 2014 ingresó el expediente a la Cámara de Senadores.

Cinco grandes áreas
El yacimiento Cerro Amarillo tiene 14.280 hectáreas. Está dividido en cinco zonas poligonales. El “cateo I” tiene 4.300 hectáreas, el II cuenta con 3.900 ha, el III supera las 3.400 ha, la IV llega a 4.200 ha y la quinta se la conoce como mina Don Sosa, que tiene 97 ha.
En la zona no hay actividades económicas, ni productivas, salvo la ganadería estacional. En las inmediaciones del yacimiento suele haber presencia de arrieros en la época que se conoce como la “veranada”, que se extiende de octubre a marzo.
Por la zona corren los arroyos El Desecho, del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También está la laguna Cajón Grande. Como se dijo, se tomaron muestras de agua en distintos puntos y la calidad del fluido no era apta.
En los sucesivos informes se menciona la cercanía de Los Molles (localidad a medio de camino del complejo de esquí Valle de las Leñas, ubicada a 12 kilómetros al noreste del yacimiento). Pero el acceso se planificó por el sur, tomando la ruta 226 en Las Loicas y culmina en el paso internacional Vergara.
Desde esa ruta, a la altura de un paraje conocido como Valle Noble, hay que construir un camino consolidado de 3,5 metros de trocha y 20 kilómetros, para circular en 4x4 y y camiones livianos . El impacto de esa construcción también se incluyó en los informes.
El trabajo de exploración consiste en la perforación de nueve pozos distribuidos en los de no más de 400 metros de profundidad, para extraer “testigos” (muestras de roca) que muestran los lugares dónde hay mineral y la profundidad a la que están.
Un detalle. En aquellos primeros datos de 2006, se incluía la palabra oro entre los minerales que podrían encontrarse en la zona. Con el correr de los años y los estudios, esa palabra desapareció de los informes y la Declaración de Impacto Ambiental habla de cobre como único mineral. Habrá que ver después de la exploración a ver qué se encuentra, aunque los conocedores dicen que el mineral que aparece con más chances de trabajar es el cobre.

El agua en el yacimiento
En mayo de 2014, junto con los resultados del relevamiento geofísico aéreo, se entregan datos de laboratorio del segundo estudio de agua superficiales de la zona. Se tomaron 8 muestras de los tres arroyos que fluyen por la zona: El Desecho, Del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También de la laguna del Cajón Grande.
Una tercera parte de las muestras no es apta para humanos, animales, riego, ni vida acuática por los niveles de PH; siete puntos de muestreo no resultaron aptos para consumo humano por la elevada concentración de aluminio; seis muestras no eran aptas para la vida acuática por altos contenidos de cobre, plomo y zinc y dos por altos contenidos de manganeso.
De esa agua no apta, se usarán unos 10.000 litros para cada una de las perforaciones, con aditivos no contaminantes (viscomud, drillvis, drilldet y quickgel). Los lodos resultantes será recolectados en “piletas de decantación”.
Otro dato que surge de los sucesivos informes de impacto ambiental presentados es que en esa zona no hay relevamientos de aguas subterráneas, por lo tanto no se conoce cantidad, ni calidad del fluído que pudiera contenerse en las napas freáticas.
Así pues, las 19 perforaciones que se realizarán para saber si hay cobre y en cantidad suficiente como para que sea rentable iniciar la actividad minera, podrían ser también la primera evidencia de agua subterránea en la zona. En el informe, la empresa asume el compromiso de tomar muestras y denunciar el hallazgo al Departamento General de Irrigación.
De acuerdo al informe, el comportamiento del tipo de suelos de la región (basaltos y andesitas terciarios y cuaternarios) es variable, ya que si bien la roca “suele ser compacta frecuentemente están fisuradas y pueden tener espacios porales vesiculares que aumentan su porosidad y permeabilidad... por las características nombradas, el comportamiento hidrogeológico es muy irregular: desde no acuífero, hasta contener agua de variado grado de mineralización”.

Vueltas
La política tiene vueltas. Un funcionario que fue ministro de Obras de Francisco Pérez tuvo mucho que ver entre 2011 y principios de 2014, puesto la Dirección de Minería dependía de él, hasta la llegada de Marcos Zandomeni a Energía y termina “llevándose” esa dependencia.
Ese ex ministro ahora es senador del Pro (aliado de Cambia Mendoza) y parte de una de las comisiones que intervendrá en el análisis legislativo del expediente mandado por Rodolfo Suárez (Ambiente, Cambio Climático, Asuntos Territoriales y Vivienda). Se trata de Rolando Baldasso, quien conoce el expediente de cerca el proyecto.
Otras vueltas están en el expediente. Hubo tres empresas vinculadas al proyecto desde la presentación inicial. El dueño del derecho es Jorge Bengoechea, pero para avanzar en la exploración buscaba socios con espaldas.
Los primeros socios fueron Latinamerican Minerals Argentina, quienes iniciaron junto a Bengoechea el expediente en 2006. Para la ampliación del informe de impacto ambiental de 2008, aparece otra empresa: Constitution Mining Argentina SA. Los últimos socios fueron Meryllion Argentina SA, quienes ingresaron en diciembre de 2010. Ahora no aparecen socios de Bengoechea.
.

La nueva gran apuesta minera de Rodolfo Suarez ya ingresó a la Legislatura

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de Cerro Amarillo se presentó en el Senado durante la tarde de este viernes. El oficialismo confía en conseguir la ratificación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar con la exploración en el yacimiento de cobre de Malargüe.
Un día después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que enviaría a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del yacimiento de cobre de Malargüe ingresó al Senado. En 2014 hubo un intento de avanzar con este emprendimiento pero no se obtuvo el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo confía en que ahora conseguirá sin dificultades el respaldo de ambas cámaras y planifica un debate sin acelerar tiempos para su votación.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en la tarde de este viernes a la Casa de las Leyes plantea concretamente la ratificación de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental, por cual se otorga la DIA al proyecto Cerro Amarillo.
Se trata de un requisito legal para cualquier proyecto de minería metalífera ya sea en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, tal y como lo establecen las leyes 7722 y 5961.
“Es un proyecto del Ejecutivo porque la ley manda que sea así. Cuando se presenta un proyecto minero, se establece que tienen que presentar toda la documentación para la DIA en el Ejecutivo y cuando los organismos encargados emiten el dictamen, tiene que ser ratificado por la Legislatura”, explicó a MDZ la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.
Durante la gestión del gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez se buscó el aval legislativo para Cerro Amarillo, pero el proyecto fue rechazado. El argumento que esgrimió la oposición radical de ese entonces fue que todavía no se había terminado el relevamiento de glaciares en las cercanías del yacimiento de cobre.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, manifestó este viernes el asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien a su vez es el titular de la empresa provincial minera PRC.
En tanto, desde el gobierno de Suarez enfatizan en que se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, es decir que prevé la utilización para la eventual explotación de ninguna de las sustancias prohibidas por esa norma, como es el caso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Teniendo en cuenta que la propuesta ingresó recién este viernes por la tarde al Senado, todavía no se ha resuelto cómo será el recorrido que tendrá hasta su tratamiento en el recinto. Se espera que al inicio de la semana que viene se resuelva el giro a comisiones, las cuales podrían ser las de Ambiente y la Hidrocarburos, Minería y Energía.
En tanto, desde el oficialismo resaltan que no pretenden un tratamiento exprés para la iniciativa y que se votará cuando haya acuerdo. “No hay tiempos imperativos de que se vote antes de fin de año”, expresaron.
“La idea es que salga bien y que no haya dudas, que se entienda que es un paso importante para el desarrollo económico de la provincia, porque es un proyecto muy grande. Estamos tranquilos, porque no tiene ningún punto controversial. Cumple perfectamente con la Ley 7722 y es para una etapa de exploración, así que creemos que va a salir bien”, expresó la senadora radical Eisenchlas.
En este sentido, planteó que desde el Ejecutivo no han puesto ningún plazo perentorio para que sea tratado y advirtió que en todavía quedan pendientes varios proyectos para su votación en la Legislatura, como las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2023 en el Senado, el Mendoza Activa Eficiencia y la reciente Ley de Alfabetización que impulsó la DGE.
.

Crece la presión dentro del oficialismo provincial para que sea reformada la ley 7722

Fecha de Publicación: 31/10/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


A la iniciativa del intendente de Malargüe para que ese departamento quede excluido de la normativa que impide explotar la minería metalífera, se sumó ahora un proyecto de aliados del PRO y otros partidos. Esta iniciativa vuelve a plantear que se modifiquen los artículos que bloquean la actividad.
Legisladores aliados del Frente Cambia Mendoza presentaron finalmente este viernes un proyecto de ley para intentar flexibilizar nuevamente la ley ambiental 7722, en momentos en los que el gobernador Rodolfo Suárez rechazó la posibilidad de acompañar otra iniciativa en torno a la minería, en este caso del intendente de Malargüe Juan Ojeda, que pretende establecer zonas aptas en su comuna para habilitar la minería metalífera.
El proyecto, que es una propuesta del diputado provincial del Pro, Gustavo Cairo; lleva no sólo el acompañamiento de su partido -como la del legislador Enrique Thomas-; sino también de otros partidos políticos de Cambia Mendoza, como el Partido Demócrata Progresista, con Josefina Canale; y de Demócratas en el Frente, con Guillermo Mosso.
El principal cambio que proponen los legisladores es el de modificar el artículo 1 de la 7722, en el que se pide excluir de las sustancias prohibidas para actividad minera al ácido sulfúrico, mientras que se mantendría solamente la prohibición, según el articulado, al cianuro y mercurio. También la iniciativa propone que la Legislatura no deba refrendar las declaraciones de impacto ambiental que se realicen para futuros proyectos mineros, con el objetivo de “quitar la especulación política de un estudio que es técnico y científico”; y por último, se prevé la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza a partir de la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
De esta manera, y casi a contrarreloj de la finalización del período ordinario de la Legislatura, ingresó otro proyecto más, que pretende reabrir el debate minero, ante un Rodolfo Suárez que ya dejó en claro en varias oportunidades que mientras sea gobernador no volverá a impulsar la minería; y un intendente radical, como Ojeda, que busca excluir a algunas zonas de Malargüe del área de control de la 7722. A la par, organizaciones ambientalistas han manifestado su crítica respecto a estas iniciativas, y aseguran que se está preparando el terreno para una nueva discusión legislativa que tiene como objetivo quitar poder a la ley que ha causado sin dudas controversia en Mendoza.
Se espera que el proyecto, que ingresó por la Cámara Baja, sea remitido a las comisiones de Economía, Ambiente y también a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Punto a punto
Sobre la quita del ácido sulfúrico como sustancia prohibida del proceso minero, en el proyecto se hizo referencia a que esta sustancia está presente en una gran cantidad de procesos industriales, como por ejemplo para la creación de fertilizantes, refinación del petróleo, producción de pinturas, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos y manufactura de detergentes y plásticos, entre otros. Cairo también dijo a Los Andes en la edición del 17 de octubre que se utiliza en la industria vitivinícola, tanto en bodegas como en la producción de mosto.
No obstante, también en el proyecto se elimina la frase “y otras sustancias tóxicas similares” que actualmente está vigente en la ley 7722 cuando se enumeran las sustancias prohibidas para el proceso minero. Esto fue propuesto, ya que incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, declaró esa propia frase como inconstitucional ante un planteo judicial que realizó la empresa minera San Jorge, que pretende extraer cobre en Uspallata.
Como argumentos del fallo, que fueron tomados en los considerandos del proyecto, se remarcó que esa controversial frase “se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación”. Precisamente el artículo 19, tal como indicó el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, “exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas”.
Con relación a la actual aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Cairo manifestó que aprobarla “implica seguir un procedimiento complejo y exhaustivo” desde el punto de vista técnico, con participación de universidades nacionales, la Dirección General de Irrigación, más organismos como el INTA, el INA y organizaciones ambientalistas.
Ante esto, consideró la necesidad de dejar la aprobación de la DIA al aspecto técnico y científico, y quitar el político, quitando a la Legislatura como otro de los filtros para este tipo de proyectos. “Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico”, marcó, y agregó: “Si queremos algún desarrollo minero y que esa área de la economía traiga inversiones y empleos a nuestra provincia, esto requiere necesariamente una modificación”.
Por último, respecto a la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza, el proyecto considera como “fundamental” que la gente pueda confiar en quienes controlan. Ante esto es que se propone la creación de la Agencia “con un directorio elegido por instituciones vinculadas al cuidado del medioambiente”. El mismo estaría integrado, según el artículo 3 del proyecto, por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo y cuatro vocales elegidos por las siguientes instituciones: uno designado por la Universidad Nacional de Cuyo, uno por la Universidad Tecnológica Nacional, uno por el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley provincial 5.961 y el último designado por el Departamento General de Irrigación.
Por otro lado, la Agencia “reemplazará al EPAS”, según el proyecto, que quedará disuelto a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cuya estructura administrativa pasará a formar parte de este organismo de control ambiental.

Minería en San Juan
También en los fundamentos del proyecto se decidió comparar la minería con lo que ocurre en la provincia de San Juan. “En San Juan hay más de 750 empresas que prestan servicios a las mineras y cerca de 10.000 personas trabajando en forma directa en los emprendimientos. Esto se debe multiplicar por toda la actividad económica que producen todas esas personas consumiendo e invirtiendo en la provincia”, manifestaron.
También se mencionó que, en el caso de la provincia vecina, se tributa un 55% del moto total de ventas, de los cuales un 85% lo recauda la Nación; y un 15% la provincia y el municipio donde se desarrolla la explotación”.
“Además de esto, las empresas gastan aproximadamente el 30% de lo obtenido en sus ventas en costos de producción, como salarios, insumos y servicios que contratan dentro de la población local”, agregaron.
Por último, Cairo consideró que los mendocinos “estamos perdiendo grandes oportunidades”. “No alcanzan ya los tres pilares de desarrollo que hemos emprendido: agroindustria, petróleo y turismo. A nuestra economía le falta esta cuarta pata que genere empleos de calidad e ingresos para las arcas del estado. El futuro depende de nosotros”, culminó.
.

El proyecto de zonificación minera en Malargüe generó nueva movilización de ambientalistas

Fecha de Publicación: 15/10/2022
Fuente: Portal unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Mendoza


Diversas organizaciones en defensa del medio ambiente, partidos políticos y agrupaciones estudiantiles marcharon para defender la Ley 7722.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó este miércoles en la Legislatura un proyecto de minería para su departamento. Es una iniciativa que podría entenderse como “zonificación minera”, para excluir al departamento sureño de los alcances de la Ley 7722.
"Hoy producimos cerca del 65 por ciento del petróleo mendocino y con ello prácticamente se financia el 80 por ciento de los sueldos estatales de la provincia. Tras la pandemia y la crisis más grande que asoló este departamento, es necesario que los mendocinos comprendan que para que haya una luz de esperanza; este departamento necesita desarrollar todo lo vinculado con su matriz productiva y esto incluye la minería", aseguró el jefe comunal.
Sin embargo, Ojeda pareció quedar aislado, sin respaldo político para avanzar con esta iniciativa. Incluso, el gobernador Rodolfo Suarez, se desmarcó y sostuvo: “No creo necesario avanzar en un debate así en este momento”.
En este marco, distintas agrupaciones ambientalistas salieron nuevamente a las calles con una consigna clara: “La Ley 7722 no se toca”.
En defensa del agua y en contra de la megaminería metalífera, como ha ocurrido en otras ocasiones, diversas organizaciones en defensa del medio ambiente, partidos políticos y agrupaciones estudiantiles marcharon para defender la norma que regula la actividad minera en Mendoza.
.

Sin apoyo del Gobierno, Ojeda ingresó su proyecto para hacer minería por fuera de la ley 7.722

Fecha de Publicación: 14/10/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


El intendente lo ingresó este martes a la Cámara de Senadores. Pretende zonificar parte del territorio de Malargüe para realizar la actividad utilizando sustancias actualmente prohibidas. El Ejecutivo provincial no lo apoya y mantiene su idea de continuar con explotaciones dentro de la ley vigente
El intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda presentó este martes su proyecto para hacer minería por fuera de la ley 7.722. Se trata de una norma que zonificaría un porcentaje de su departamento para que en esos sectores sí puedan aplicarse sustancias como cianuro y ácido sulfúrico, actualmente prohibidos por la normativa, pero necesarios para distintos tipos de extracción. El Gobierno se despegó de la iniciativa.
Extraoficialmente, desde el Ejecutivo remarcaron que es un avance que sólo tiene sólo que ver con las intenciones malargüinas, y que no implica un deseo de Rodolfo Suarez ni de su equipo avanzar en ese sentido en este momento. La definición va en sintonía con lo dicho varias veces por el mandatario: que no volverá a dar este debate mientras dure su gestión.
El jefe comunal ya había anunciado que esta semana era la elegida para ingresar el texto a la Cámara Alta y que, muy probablemente, decidiera acudir en persona a la Legislatura para darle curso a la norma. Allí, según habían afirmado desde su equipo, contabilizaban un posible caudal de votos que le daba posibilidades de aprobarse, incluyendo apoyo de una franja opositora. Ahora que es explícito que el grueso del oficialismo no lo apoya, será difícil que tenga aval en las bancas.
Incluso, existe la posibilidad de que el cuerpo ni siquiera llegue a tratarse. Un dirigente que sigue las tensiones entre Ojeda y Suarez casi desde el principio marcó que, a un mes y medio del cierre de sesiones ordinarias, es una posibilidad que los tiempos lo terminen dejando fuera de discusión; ya que cualquier tratamiento en términos extraordinarios debería ser expresamente pedido por el Ejecutivo, lo que a esta altura asoma como imposible.
Pero en la dilación parecía haber un acuerdo. El propio intendente había marcado que se demoró en presentar la idea porque hubo momentos de alta conflictividad política en el Poder Legislativo. Primero, por el debate salarial de los estatales, que se trasladó a la política partidaria. Más tarde, por la reforma a la Suprema Corte que impulsó el sancarlino, y que también tensó el ambiente en la Casa de las Leyes. Un miembro del gabinete llegó a pedir al sureño que esperara a que se disipasen esos ánimos, y así parece haberlo hecho; pero no alcanzó para obtener respaldo oficial.

Distintos sectores criticaron las formas, pero no el proyecto
El malestar no sólo es político, sino que se visibilizó también desde otros sectores. Incluso de gente ligada a la actividad o que brega porque el proyecto avance. Es el caso de la Cámara de Minería, donde algunos referentes mostraron sus diferencias con la forma en que el proyecto fue gestado y con los modos en los que Ojeda los fue impulsando dentro de la agenda pública de Mendoza -sin darles demasiada entidad a ellos-. De hecho, dicen no haber sido consultados, y hasta este martes en que se presentó, es sabido que menos de 10 personas conocían los pormenores de la ley.
También se cosecharon críticas desde la Cámara de Comercio de Malargüe, que en luchas como la de Portezuelo del Viento y la recuperación de la mina Potasio Río Colorado, han avanzado espalda con espalda junto a Ojeda. En este caso, manifestaron que hubo un error -según ellos- en el secretismo que rodeó a la confección del texto, y en no haberlo hecho de forma más transparente a la sociedad, mostrando de qué se trataba el interior de lo que estaban trabajando.
 “Faltó gestionar apoyo académico, empresario y de distintas instituciones. Que se pudiera presionar al poder y a la vez convencer a los indecisos con esos respaldos sólidos a la propuesta. Y no que, por el contrario, se recibieran quejas de gente que se quedó sin saber de qué iba la norma”, expresó a UNO el titular de ese grupo de empresarios, Gustavo Miras. “Se fue por el mismo camino que con la ley 9.209, que es el de esconder lo que se hace en lugar de exhibirlo y someterlo a críticas válidas. Ahora, se paga de la misma manera; con desconfianza de la ciudadanía”, apuntó.
Además, Miras aseguró que esto puede complicar el impulso de otros proyectos que sí tienen posibilidades de hacerse, ya que no utilizan ninguna de las sustancias prohibidas, como Potasio Río Colorado; Hierro Indio (que está en etapa de exploración) y Cerro Amarillo, que estudia nuevas formas para la extracción de cobre.
Justamente, el aval que sí tienen esas iniciativas se relaciona con el pulgar hacia abajo de Suarez, quien ha manifestado que los únicos avances que apoyará serán ellos que cuenten con “licencia social” (hasta acá no ha sido mesurada, salvo por las manifestaciones en contra y las encuestas) y que estén por dentro de la Ley 7.722. Con esa sentencia, el futuro del nuevo proyecto minero tendría poco horizonte por delante. Si se cae, será el segundo fracaso consecutivo en menos de tres años para aquellos que buscan ampliar la minería metalífera de Mendoza.
.

Anunciaron que en 10 días presentarán el proyecto que permite minería por fuera de la 7.722

Fecha de Publicación: 08/10/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


En Malargüe tienen todo listo para presentarlo el jueves 13 de octubre, aunque también se evalúa hacerlo el 11. La UOCRA planifica una movilización en favor de la actividad. El enojo ambiental ya se hizo notar en las redes y comenzó el "poroteo" legislativo. Cambio clave
El próximo jueves 13 de octubre, el intendente Juan Manuel Ojeda presentará el proyecto de zonificación minera para Mendoza. La normativa implica que se podrán utilizar las sustancias actualmente prohibidas por la ley 7.722, aunque -en caso de ser aprobada- sólo regirá para el departamento de Malargüe. Sectores ambientalistas ya empezaron a mostrar su descontento.
El gobernador Rodolfo Suarez ha repetido varias veces que el debate no volvería a darse durante los cuatro años de su gestión. Sin embargo, esta vez la iniciativa es distinta, ya que no abarca todo el territorio provincial, sino solamente a la porción delimitada de una comuna. Eso, por supuesto, no implica que la idea esté exenta del enojo de colectivos antimineros de otros departamentos, ni tampoco de acciones de inconstitucionalidad si se transformase en ley.

Lo concreto es que el texto ya pasó por su última corrección a fines de septiembre, y que -a más tardar- el jueves de la próxima semana estará aterrizando en la Casa de las Leyes. Para ese mismo día, la filial mendocina UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) planifica manifestarse en las calles del centro a favor de que la propuesta avance, y Mendoza vuelva a tener un reglamento para su minería metalífera. Por esa marcha, también se estudia que pueda ser presentada el martes 11, que es cuando sesiona la Cámara Alta.
Aún no está decidido si al proyecto lo presentará la senadora radical Jéssica Laferte (esposa del intendente Ojeda) o si será él mismo en persona quien lo presente, con la firma de la legisladora suscribiendo sobre el final del papel. Lo que está claro, y confirmado por sus equipos, es que el jefe comunal comparecerá en el edificio de peatonal Sarmiento. Dará inicio, así, a un ida y vuelta que promete tener alta intensidad, como cada vez que se habla de minería.

Qué dice Suarez
No han sido muchas las veces en las que el mandatario se haya pronunciado sobre esta alternativa en particular; y si bien ha parecido clausurar la discusión en otros momentos, el hecho de que provenga directamente desde el poder legislativo -a diferencia de lo que pasó en 2019 con la ley 9.209- hace que el Ejecutivo no tenga causas válidas para obturar este debate que se dará entre las bancas mendocinas.
En Malargüe tienen un poroteo, y creen que "van bien". Incluso el peronismo acompañaría, según los sondeos que vienen realizando; aunque -según pudo averiguar este diario- aún ninguno de sus referentes ha confirmado posturas hacia un lado o hacia el otro. Sí es claro que el Gobierno Nacional, a cargo del Frente de Todos, tiene un fuerte interés en ampliar la matriz minera de la Argentina, y que en esos planes, Mendoza no tiene un lugar minoritario. Los constantes intercambios con la Secretaría de Energía son una prueba fehaciente de ello.
La pregunta que se hacen es qué dirán los legisladores más cercanos al planteo antiminero. El oficialista a veces díscolo Jorge Difonso es uno de los que más alto han llevado la bandera en contra de la actividad. Es a quien apuntan, con algo de intranquilidad, desde la comuna sureña. Sobre el resto, no hay nombres propios que enciendan alarmas; y de todos modos, lo que dicen es que el conflicto no estaría entre los legisladores, sino entre la postura que pueda tomar la ciudadanía. Los recuerdos de la pueblada en aquel diciembre del '19 aún están frescos.
Ingresando por el Senado, el proyecto irá a parar a la comisión de Ambiente casi sin escalas. La preside el referente de Libres del Sur Ernesto Mancinelli, y allí, la oposición está representada por cuatro nombres fuertes: Florencia Canali -una de las nuevas espadas peronistas de la zona Este-; Gerardo Vaquer -hombre de Righi de perfil técnico-; Mercedes Derrache -cercana a a la intendenta Destéfanis-; y Bartolomé Robles -más bien alejado de la cúpula del PJ y parte del massismo-. Con cinco votos, el órgano le dará despacho.

Los últimos cambios al proyecto
Entre lo que averiguó Diario UNO, resalta una modificación importante. El texto original -o al menos, uno de los que hubo durante el proceso en que se escribió- hablaba de que la Secretaría de Minería debía transformarse en ministerio y comenzar a trabajar en Malargüe, como se adelantó a principios de julio. Sin embargo, los últimos retoques dejaron fuera a ese artículo, y permiten que el Ejecutivo siga manejando a todas las dependencias a su gusto.
Lo demás continúa exactamente como estaba: a diez kilómetros de cualquier curso de agua, no podrán utilizarse las sustancias que prohíbe la ley actual; como tampoco deberán emplearse en áreas naturales protegidas ni humedales. El resultado de esa zonificación - según los estudios malargüinos- implica que sólo habrá actividad con estos químicos en un 30% del territorio departamental.
Esta semana hubo un foro minero que se llevó adelante de manera virtual y presencial. Según los números que difundió el municipio, hubo cerca de 8 mil estudiantes inscriptos. Además de develar el interés que hay por este avance, algunos de los presentes allí compartieron otros de los pormenores que contiene el proyecto. También se han contado antes: es la división del 1,5% de las ganancias en dos mitades, que quedarían para la provincia y para la comuna en partes iguales.
Toda la expectativa del sector está puesta sobre lo que ocurra la próxima semana. Es un tema sensible y llega en un momento de intensa polarización política en la provincia. Lo que esperan en el Sur es que, justamente, sirva para dar un debate transversal y por fuera de los colores partidarios.
"No sólo estaremos atentos nosotros. Esto le interesa a cualquier persona que sueñe con conducir Mendoza en el futuro", sintetizaron.
.

Sequía histórica: Irrigación está entregando menos agua al agro y alerta que habrá que bajar el consumo poblacional porque se profundiza la escasez

Fecha de Publicación: 05/10/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El Departamento General de Irrigación encendió las alarmas sobre la situación de sequía histórica en los ríos de Mendoza, cuyos embalses están más exigidos con relación al agua que ingresa. Es el caso de Potrerillos ,que está al 60% de su capacidad máxima y con el nivel más bajo desde su puesta en funcionamiento, en 2003.
Las escasas nevadas ya muestran que el pronóstico de caudales será uno de los peores en los últimos años y no habrá mayores sorpresas para el 13 de octubre, cuando se lance oficialmente.
“Por ley la prioridad la tiene el consumo poblacional y vamos a seguir entregando lo mismo. Pero la peor parte se la está llevando el agro, donde ya hay lugares en que están regando menos superficie”, admitió el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas.
Villodas puntualizó que este año se estima que a los usuarios agrícolas del río Mendoza se les está proveyendo de unos 7.000 metros cúbicos por hectárea y por año en la cabecera del Dique Cipolletti y “a las parcelas llega menos. Están teniendo problemas importantes para regar, con varios turnos o abasteciendo a menos hectáreas”.
Mientras la agricultura tiene menos agua para producir, en Mendoza el consumo de población está por encima de los 650 litros por habitante por día, cuando otras sociedades con los mismos problemas de sequía -el caso de Israel- utilizan 300 litros por día y por habitante para beber, higiene personal y limpieza del hogar.
Las pérdidas de agua desde las plantas potabilizadoras a la vivienda es otro de los aspectos a los que Irrigación, en conjunto con Aguas Mendocinas y el resto de las prestadoras, están poniendo el foco para bajar el consumo. En ese sentido, (Aysam) avanza en una licitación para instalar 20.000 medidores de agua en Godoy Cruz ya que sólo el 10% del total de los usuarios paga por lo que gasta.
Este requerimiento se siente fuerte en el río Mendoza que este año registró 780 hectométros cúblicos, de los cuales 250 se han ido en la población, graficó Villodas. Casi una tercera parte. “Más allá de que ha sido el peor año de los últimos 50 se ha estado entregando la mitad del agua que viene el río”, remarcó el especialista.
Todos estos indicadores están dando cuenta de que por acción del cambio climático, la escasez se va a profundizar y el análisis del funcionario de Irrigación es que frente a esta exigencia que tiene el río Mendoza, “el aumento en el consumo va a tener que ser absorbido por un uso más eficiente de agua potable, y mejorar cañerías y micromedición. Si no, será muy difícil el abastecimiento en los próximos años”.
Frente a ese escenario, el responsable de Aysam, Alejandro Gallegos, hizo un fuerte llamado a cuidar el agua potable: “Lo que hoy derrochamos en el mal uso se lo estamos sacando a la producción, es decir a la posibilidad de generar riqueza para la economía, el cambio cultural es urgente”.

Más nevadas pero menores a las de años normales
Anticipando lo que será el pronóstico de caudales, si bien este año hubo más nieve para alimentar los ríos de Mendoza, fue menor a la de años normales en promedio. Este panorama ya se presenta en las distintas cuencas de la provincia:
-Tunuyán: En la cuenca del río Tunuyán nevó menos, la quinta parte con relación a un año normal, es por eso que será crítica la situación por la demanda de agua.
-El Diamante: su estado es más satisfactorio para responder a los requerimientos poblaciones, como del agro.
-Los Embalses Los Reyunos y Agua del Toro también están al 50% de su capacidad -como Potrerillos- el volumen embalsado es mayor al nivel de demanda.
-Atuel: Registra una sequía hidrológica extrema, con sus embalses a la mitad de la capacidad. Fue la segunda peor temporada en los últimos 110 años de los que se está haciendo un estudio.

Plan para aprovechamiento del agua
En este contexto, Mendoza trabaja en un convenio con el gobierno de Israel y la empresa nacional de agua Mekorot para trazar un programa con distintas acciones. Villodas es el responsable de diseñar distintos escenarios posibles de demanda en los próximos años, “de las actuales, de las que pueden aparecer económicamente y en función de eso se hará el balance hídrico para hacer un listado de acciones y de cambios”.
En el abastecimiento poblacional, lo que hoy se está llevando la mayor parte del agua, “es probable que no quede otra solución que terminemos entregando la misma cantidad de recurso que entregamos hoy, pero que en un aumento de densidad lo absorba la eficiencia, porque tiene ineficiencias muy grandes y tiene que mejorar”, pronosticó.
Gallegos reconoció que uno de los motivos por los cuales se consume más agua potable de la necesaria es por la ineficiencia en la red, con la pérdidas de las plantas potabilizadoras a los domicilios. Hay 500 kilómetros en mal estado de los 5.000 del total de la red que abastece al Gran Mendoza. “A partir de 2023 vamos a comenzar a cambiar 60 kilómetros de cañería de agua en mal estado. Mientras que también, otras de las acciones es incorporar la micromedición, proceso que lleva sus años, pero va a generar mejor impacto en la racionalización del consumo”, explicó Gallegos.
Del total de 260.000 usuarios que tiene Aysam, sólo el 10% tiene micromedición y se ampliará a 20.000 nuevos medidores con una licitación que ya fue adjudicada.
Gallegos también comentó que la idea es que las otras empresas prestadoras como Aguas Lujaninas y la Municipalidad de Maipú, “para dar señales claras de que hay que hacer un cambio real para todos”.
El jefe de Gabinete de Luján, Esteban Allasino, sostuvo que la municipalidad como proveedor de agua potable exige para cualquier nueva obra de agua el Kit de micromedición y la tarifa de agua está vinculada al consumo.
Otro de los requisitos es que cualquier nuevo desarrollo que se haga en la zona en tierras agrícolas están obligados a entregar en la puerta el recurso que proveía Irrigación. De esta manera, los jardines se alimentan con agua de riego y no potable. “Hay un descuento en tasas para aquellos vecinos que demuestren que tienen un uso sostenible del agua”, recalcó Alassino.
De cara al verano, en Luján hay una normativa por la cual, las piletas de fibra de cemento se deben llenar con camiones y con el agua de las canillas, que son las de uso domiciliario.
En Maipú, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Eduardo Mezzabotta, indicó en diálogo con Los Andes que desde la comuna esperan con mucha expectativa el Plan de Agua que anunciará el Gobernador Rodolfo Suárez y deseó “espero que nos incluyan a los maipucinos y nos hagan parte esta vez.”
Mezzabota hizo una diferenciación entre el agua cruda que entrega Irrigación y el agua potable: “Venimos pidiendo hace muchos años a este organismo que haya eficiencia en los canales, por ejemplo intrafinca, por las pérdidas que hay para nosotros también tener mayor dotación estable en las plantas”.
En la época estival, “hemos pedido que haya criterio para las operaciones que se hacen en Potrerillos, en fechas de mayor demanda porque demoran 20 horas, pero para nosotros en la red de Maipú a veces tenemos 6 o 7 días en normalizarlo, generando un problema al vecino que es ajeno a nuestra operadora”.
“Como política de Estado, a la hora de evaluar un servicio de agua potable, hemos planteado la necesidad de una tarifa única, ya que el usuario de otros proveedores como Luján y Maipú también deberían estar subsidiadas como las de Aysam. Estamos diciendo que no hay igualdad entre Aysam, que es una empresa del Estado que está subsidiada con el resto de los operadores y de los usuarios”, reclamó el funcionario.
Gallegos descartó que haya cortes de agua o que las plantas potabilizadoras se recientan en su capacidad, pero sí ponderó que todos los veranos hay problemas por distintos factores y subrayó que hay que hacer un uso solidario del agua, sobre todo con el llenado de piletas lona y el riego no tecnificado en los parquizados. Todo esto genera un aumento en el consumo.
En Luján, Allasino recalcó que la inversión que se viene haciendo desde el 2015, “permitió que se entregue un 30% más de agua que lo que se hacía antes y no deberíamos tener mayores inconvenientes salvo los de la operación de Potrerillos, o imponderables climáticos como el viento Zonda.
Por último en Maipú, Mezzabota destacó que la comuna está realizando dos perforaciones para volcar a las plantas agua subterránea, con una fuerte inversión con el objetivo de mejorar la producción del recurso. Y agregó: “De la provincia hemos recibido cero financiamiento, todo lo que hemos logrado gestionar corresponde a fondos nacionales”.
“Estamos reforzando el abastecimiento para el verano en el que hay más demanda. A la vez, tenemos más personal para la reparación de las pérdidas en cañería, llegando a atender los reclamos de los usuarios en un menor tiempo y monitorear donde hay un mal uso, para darle una solución a cada problema”, ponderó el funcionario del intendente Matías Stevanato.
.

Vaca Muerta: YPF podrá explotar dos pozos de petróleo en el sur de Malargüe

Fecha de Publicación: 03/10/2022
Fuente: Portal unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Mendoza


La Facultad de Ingeniería de la UNCUYO será la encargada de realizar el relevamiento de campo. La aprobación de esta resolución era el paso que faltaba para concretar la inversión de 17 millones de dólares por parte de la empresa.
Tras la resolución favorable de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, YPF podrá comenzar la exploración de petróleo de dos pozos no convencionales, ubicados en la zona sur de Malargüe. En caso de cumplir con los tiempos deseados, la estimulación hidráulica podría realizarse a partir de marzo 2023.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental finalizó este jueves con la aprobación de las resoluciones 420/2022 y 421/2022 de la Dirección de Protección Ambiental.
La secretaría de Ambiente de Mendoza designó a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) para la realización del relevamiento de campo. También participaron en el estudioIrrigación, la municipalidad de Malargüe, que es donde se ubican los pozos, y la dirección de Patrimonio Cultural y Museo de la Provincia.
En el análisis, especialistas evaluaron la localización de los pozos, la instalación de tanques australianos, piletas Frac Tank, el recurso hídrico a utilizar, la técnica de fracking y su sismicidad.
En el mismo, se concluye que la empresa cumplió con los requerimientos formales sobre la afectación negativa de acuíferos; de fuentes de provisión de agua de pobladores, de actividades agrícolas y ganaderas; de caudal ecológico; áreas naturales protegidas o corredores biológicos.

Cómo será la perforación
La aprobación de esta resolución era el paso que faltaba para concretar la inversión de 17 millones de dólares comprometida por YPF el año pasado para perforar dos pozos en el límite de las áreas hidrocarburíferas de su titularidad: bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte. Cada pozo tendrá una perforación vertical de aproximadamente 2.500 metros y, a partir de esa profundidad, una extensión de rama horizontal de 1.000 metros.
Esta rama horizontal de uno de los pozos se perforará en dirección al área CN-VII A y la del segundo, se dirigirá hasta el bloque Paso de las Bardas Norte siempre dentro de una misma locación. La exploración en el área CN-VII A permitirá la adquisición de datos e información para determinar la viabilidad de un desarrollo en la zona.
.

Nueva Ley de Piedemonte: freno al avance en las zonas de riesgo ambiental y sanciones por desmonte no controlado

Fecha de Publicación: 22/09/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La norma fue aprobada recientemente y crea la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP) en donde serán evaluados los emprendimientos inmobiliarios.
La declaración de la Emergencia Ambiental en el Piedemonte en 2019, suspendiendo la continuación de proyectos inmobiliarios y la nueva construcción indiscriminada de viviendas en el pie de la cordillera, fue el punto de inflexión de una problemática que venía dándose en los últimos 30 años que significó alterar sin parámetro alguno la unidad ambiental sobre todo en sus cauces aluvionales con consecuencias negativas para toda la zona -Luján, Las Heras, Godoy Cruz, Ciudad, como también aguas abajo, como son los municipios de Lavalle, Guaymallén y Maipú.
Luego del fin de la emergencia en 2020 inició un proceso de tratamiento de la Nueva Ley de Piedemonte que vino a armonizar los planes de Ordenamiento Territorial de la provincia con los de los municipios y se sancionó -recientemente- estableciendo pautas claras sobre las zonas de alto, medio y bajo riesgo para el desarrollo urbano.
Resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo pero cuando esté en vigencia cada proyecto de edificación deberá contemplar los parámetros de riesgo aluvional, como ambientales y pasar por la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP), integrada por Las Heras, Luján, Ciudad y Godoy Cruz Irrigación, Hidraúlica y la Secretaría de Ambiente y la Agencia de Ordenamiento Territorial.
Los municipios que integran el Piedemonte estarán involucrados en su análisis, pero también desde el punto de vista de la escala metropolitana, como lo son Maipú, Lavalle y Guaymallén, sobre todo en el caso de propuestas de gran envergadura.
La vocal de la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali explicó lo que representa esta norma de cara al futuro de las construcciones que se hagan en esta área y la precordillera: “Si bien ya existía una legislación, lo que se vino a hacer es armonizar con los municipios distintos procedimientos en uno único y de manera ordenada, entendiendo al piedemonte como una unidad ambiental que no distingue divisiones políticas administrativas”.
El polígono de superficie del piedemonte comprende 76.699 hectáreas, los que para su utilización para diferentes usos deberán estar sujetos a estudios ambientales, según la Ley N° 5961, para lograr la factibilidad ambiental e hidráulica.
El límite de urbanización no puede exceder la curva de nivel de cota 1200 metros sobre el nivel del mar y evita emprendimientos que realicen desmontes sin control.
La funcionaria también apuntó que se agregaron al Código Contravencional de Mendoza un esquema de penalidades ambientales y un régimen sancionatorio a quienes no cumplan con los estudios de impacto ambiental o realicen desmontes no autorizados. Las multas van de un rango de 150.000 a un millón y medio de pesos y se agrava si hay reincidencia.
Lo que ocurría hasta la Emergencia Ambiental es que las construcciones de viviendas se asentaban en la zona más peligrosa, alterando los cauces aluvionales, cambiando las pendientes y generando riesgos frente a las fuertes lluvias en poco tiempo, que se producen esporádicamente, provocan daños en las poblaciones y en la infraestructura existente.
La nueva Ley está respaldada por estudios científicos y técnicos que hasta el momento no se tenían y por un equipo de profesionales del Instituto Nacional del Agua (INA), que elaboraron un informe de riesgos aluvionales en un área de 1.300 kilómetros cuadrados, desde la subida a Villavicencio hasta la zona Agrelo, en la margen derecha del río Mendoza.

El modelo de Luján de Cuyo
Uno de los municipios que ya tiene listo su plan de Ordenamiento Territorial contemplando el piedemonte es Luján de Cuyo, a través de la Ordenanza 13.893/2021, en donde se detalla el Código Urbano Ambiental del Piedemonte.
“Que los objetivos principales de la presente ordenanza son orientar las condiciones de uso del piedemonte, para compatibilizar las características ambientales del Piedemonte con las actividades humanas y tender a la regularización dominial de los parcelamientos existentes en un marco de seguridad aluvional y acceso al agua”, reza la norma que rige para las 11.400 hectáreas que se localizan en este departamento.
La Subdirectora de la Unidad Territorial del Piedemonte, Leyla Mussi Saffie destacó que las pautas claras que tiene el departamento fueron previas a la ley sancionada por la Legislatura y que el marco legal de Luján fue modelo para la urbanización sustentable de la precordillera.
La funcionaria explicó que actualmente hay 103 barrios irregulares de los cuales 74 ya han sido notificados para adecuarse a la ordenanza. Mientras que hay 13 nuevas solicitudes para emprendimientos que deberán ajustarse a los requerimientos ambientales y técnicos en el área que se extiende desde la Ruta Provincial N° 82 al Oeste hasta la cota de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Las Heras actualizará su Código Urbano del Piedemonte
En Las Heras, su Concejo Deliberante ya avanzó con una ordenanza que establece un Código de Edificación para el Piedemonte donde se destaca la zona del Challao, en la cual habitan 10.000 personas y de acuerdo a lo manifestado por el Secretario General de la Intendencia Fabián Tello, “empezamos el proceso de adecuación a la Ley de Piedemonte”.
“Estamos trabajando con una importante obra de agua para abastecer a esta zona que venía con este déficit de infraestructura. Hemos logrado el financiamiento y se empezará a breve”, indicó Tello.
El caótico crecimiento de la población hacia la montaña y los problemas ambientales fueron los factores claves para la norma que se sancionó el pasado 9 de agosto.
Al momento de su votación, el senador Marcelo Rubio, titular de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, subrayó que la norma responde “a la falta de obras que hay en todo el piedemonte en general y ante esta situación igual se lotea y se venden esos espacios que luego no pueden contar con los servicios adecuados. Esta ley, tendrá además sanciones y multas para quienes se manejen de esta manera fuera de la ley y el requerimiento que, desde la sanción final, se pondrá en marcha”.
Y concluyó:“Esta ley viene a cerrar un círculo respecto del Plan de Ordenamiento Territorial, de los Códigos territoriales de cada municipio, sus ordenanzas y leyes. Esto servirá para que la ley se aplique en forma más clara ante las necesidades de la sociedad”.
.

Portezuelo del Viento: Nación dice que aún espera informes para que laude el Presidente

Fecha de Publicación: 17/09/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Juan Manzur deslindó responsabilidad de Presidencia por la demora en el laudo. La diputada Verasay insistió para que el Poder Ejecutivo se expida.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este miércoles que el Gobierno nacional está esperando “informes de impacto ambiental” de varias provincias por las que pasa el Río Colorado, del cual su principal afluente es el Río Grande donde se pretende construir Portezuelo del Viento.
La espera, dijo el funcionario ante la Cámara de Diputados, es lo que justifica que el presidente Alberto Fernández no haya laudado ya sobre el conflicto interjurisdiccional que existe por el proyecto, dado que La Pampa Neuquén, Río Negro, y Buenos Aires tienen reparos por cómo se administrará el caudal del Río Colorado.
Por otro lado, el funcionario nacional aclaró que el Poder Ejecutivo no ha dictado ninguna medida cautelar relativa al aprovechamiento hídrico multipropósito Portezuelo del Viento porque “carece de atribuciones para hacerlo, porque no es su responsabilidad”.
Por otro lado, dijo que el Gobierno nacional ha cumplido en tiempo y forma con cada uno de los desembolsos para la obra previstos en la Resolución Conjunta 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas.
“Estamos esperando los informes ambientales, porque no es solo Mendoza, intervienen varias provincias que tienen que dar el acuerdo para que esto se lleve adelante”, dijo el jefe de Gabinete al responder preguntas de legisladores de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación.
Manzur ratificó que el Comité Interjuridiccional del río Colorado (COIRCO), creado en 1976 con representantes de las cinco provincias por las que pasa el Colorado, está trabajando en reunir esa información para ponerla a disposición de la Presidencia de la Nación, para que Fernández pueda laudar tal como prometió.
“En este tema se está trabajando, ya que el estatuto de este Comité interjurisdiccional establece que el titular del Poder Ejecutivo es quien tiene que laudar, pero estamos esperando esos informes”, dijo el funcionario nacional.

Portezuelo del Viento
La diputada nacional por la UCR de Mendoza Pamela Verasay dijo que Portezuelo del Viento es una “gran obra que está esperando Mendoza” y señaló que exgobernadores y legisladores actuales de su partido han acompañado sistemáticamente este proyecto, pero el Gobierno del Frente de Todos “desde que llegó, la detuvo”.
“Hablamos de una obra de 1.023 millones de dólares que no es financiamiento de la Nación, sino que es un resarcimiento para los mendocinos”, dijo Verasay.
La legisladora dijo que el 22 de agosto vencía el plazo para que el Presidente laudara a favor o en contra de la obra. “Usted respondió que no habían vencido los plazos. Plazos que se amparan en un proceso que no es aplicable al que se está llevando con la discusión de Portezuelo del Viento, y donde además Mendoza sistemáticamente ha presentado prontos despachos solicitando una respuesta por parte del presidente”, dijo Verasay.
A poco más de haber cumplido dos años y medio de la gestión del presidente Alberto Fernández, la legisladora consultó si efectivamente el Presidente va a laudar dado que hay fondos inmovilizados en un momento en el que los recursos “no abundan”. “¿Va a resolver sobre los derechos de los mendocinos? Porque en el fondo, o hay especulación política o, lo que es más grave, hay desidia”, dijo Verasay.
El Comité, que es presidido por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, tiene la responsabilidad de procurar una distribución razonable y equitativa de las aguas en beneficio común. Y el Gobierno nacional dice que la demora en el laudo responde a que las provincias no han presentado el estudio de impacto ambiental.
El ministro del Interior había llamado a juicio arbitral conforme el requerimiento de la provincia de Mendoza. Tras ello, se convocó a las provincias de la cuenca a presentar posiciones y se han seguido cada uno de los pasos previstos para este procedimiento en el Estatuto y Reglamento Interno del Coirco.

Portezuelo del Viento: estudio de impacto ambiental
Para el avance de la Represa Portezuelo del Viento las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, solicitaron la realización de un estudio de impacto ambiental integral sobre toda la cuenca del Río Colorado y la realización de una audiencia pública de alcance nacional.
Estas provincias manifestaron que los trabajos realizados, y de acuerdo a las posiciones asentadas en COIRCO en forma sostenida, constituían antecedentes para la evaluación ambiental integral, comprehensiva y regional.
Por su parte, la Provincia de Mendoza manifestó su oposición a dicha moción y solicitó se active el mecanismo de solución de diferendos previsto en el Estatuto de COIRCO a través del laudo del Presidente de la Nación.
Según Manzur, el expediente se encuentra en trámite, realizando las diligencias necesarias para que el Poder Ejecutivo Nacional emita su laudo.
.