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Atuel: Mendoza dice que La Pampa no hizo nada
08:00 | 
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Mendoza dice que La Pampa "no acreditó" el severo daño que provocan los 70 años del corte del Atuel
Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Télam
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El gobierno de Mendoza contestó la demanda presentada por La Pampa el año pasado ante la Corte Suprema por el corte que realizó hace 68 años sobre el río, declarado interjurisdiccional en 1987 por el máximo tribunal de justicia, y cuya interrupción provocó un severo daño ambiental y económico a gran parte del territorio pampeano.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa, encabezado por el gobernador Oscar Jorge, demandó a la provincia de Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1987, que obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del Atuel, y que consideraba interprovincial al río.
La demanda de la Pampa está centrada en los incumplimientos de la provincia cuyana, además de incluir los argumentos de "daño ambiental y social".
Según se informó en un comunicado, el gobernador mendocino Francisco Pérez acompañó al Fiscal de Estado, Fernando Simón, y al asesor de gobierno, César Mosso Giannini, en la presentación de la contestación a dicha demanda hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"En la actualidad, los regantes de la provincia de Mendoza no llegan a regar las 50 mil hectáreas en producción porque falta agua", argumentó Pérez luego de presentada la contestación y continuó: "La provincia ha invertido, además, 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel".
"La Pampa ha basado la demanda sin nunca acreditar un daño ni tampoco ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado. Mendoza lleva invertido millones en obras de impermeabilización de canales", añadió el gobernador mendocino en el comunicado difundido.
La contestación formal a la demanda por el Atuel consta de 696 páginas,13 anexos probatorios y tiene la intervención tanto de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, informaron desde el gobierno de Mendoza.
Y señalaron que también participaron en su redacción "entes que entienden en la investigación y el estudio de la realidad hídrica provincial como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación".
El conflicto por las aguas del Atuel se agravó a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en el departamento mendocino de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente, al regadío existente en Mendoza.
Este embalse produjo el definitivo corte del cauce del río en el territorio pampeano, lo que obligó a lugareños de la zona oeste de la Pampa al éxodo forzado.
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Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Télam
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El gobierno de Mendoza contestó la demanda presentada por La Pampa el año pasado ante la Corte Suprema por el corte que realizó hace 68 años sobre el río, declarado interjurisdiccional en 1987 por el máximo tribunal de justicia, y cuya interrupción provocó un severo daño ambiental y económico a gran parte del territorio pampeano.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa, encabezado por el gobernador Oscar Jorge, demandó a la provincia de Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1987, que obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del Atuel, y que consideraba interprovincial al río.
La demanda de la Pampa está centrada en los incumplimientos de la provincia cuyana, además de incluir los argumentos de "daño ambiental y social".
Según se informó en un comunicado, el gobernador mendocino Francisco Pérez acompañó al Fiscal de Estado, Fernando Simón, y al asesor de gobierno, César Mosso Giannini, en la presentación de la contestación a dicha demanda hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"En la actualidad, los regantes de la provincia de Mendoza no llegan a regar las 50 mil hectáreas en producción porque falta agua", argumentó Pérez luego de presentada la contestación y continuó: "La provincia ha invertido, además, 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel".
"La Pampa ha basado la demanda sin nunca acreditar un daño ni tampoco ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado. Mendoza lleva invertido millones en obras de impermeabilización de canales", añadió el gobernador mendocino en el comunicado difundido.
La contestación formal a la demanda por el Atuel consta de 696 páginas,13 anexos probatorios y tiene la intervención tanto de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, informaron desde el gobierno de Mendoza.
Y señalaron que también participaron en su redacción "entes que entienden en la investigación y el estudio de la realidad hídrica provincial como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación".
El conflicto por las aguas del Atuel se agravó a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en el departamento mendocino de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente, al regadío existente en Mendoza.
Este embalse produjo el definitivo corte del cauce del río en el territorio pampeano, lo que obligó a lugareños de la zona oeste de la Pampa al éxodo forzado.
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Construcciones sustentables en La Pampa
Impulsan ordenanza para habilitar construcciones sustentables
Fecha de Publicación: 26/07/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La aprobación de la norma permitiría al municipio controlar las técnicas utilizadas para futuras construcciones y normalizar la situación de las viviendas que ya están construidas con técnicas no tradicionales.
Un grupo de vecinos, miembros de la organización Tierra Raiz y el Partido Socialista, presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, un anteproyecto de ordenanza que propone la autorización y reglamentación para la "Construcción Sustentable". EL proyecto fue acompañado por mas de 600 firmas de vecinos de la ciudad.
La propuesta, trabajada de manera conjunta por la junta local del Partido Socialista y un grupo de vecinos nucleados en la ONG ambientalista "Tierra Raiz", contó con el asesoramiento de investigadores del CONICET y docentes de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA).
El proyecto prevé la creación de un registro municipal especial para estas construcciones y un corpus de "Especificaciones técnicas reglamentarias". Cln el fin de garantizar la calidad y seguridad, las construcciones deberán, al igual que en la construcción convencional, contar con planos y cálculos estructurales avalados por profesionales, arquitectos, ingenieros o maestros mayor de obras, y la adecuación a las especificaciones técnicas del corpus.
Para dar a conocer estas técnicas constructivas, este viernes 24 de 18 a 21 horas en el Consejo Superior de la UNLPam, dictarán un seminario con profesionales reconocidos nacional e internacionalmente en el ámbito de la investigación y la experiencia en construcciones sustentables. La charla es abierta al público y fueron invitados concejales y el intendente.
"Consideramos importante el tratamiento y aprobación del ante proyecto presentado y también así lo consideran los mas de 600 vecinos que acompañaron con su firma la solicitud. Hoy en nuestra ciudad existen numerosas construcciones realizadas con técnicas no convencionales que por no estar contempladas por las normativas municipales se ven imposibilitadas de ser declaradas y reconocidas en el registro municipal de construcciones", explicaron en un comunicado.
"En ese marco entendemos, el Estado debe permitir el abordaje de estas alternativas de edificación en pos de ampliar la diversidad constructiva y con el fin de alcanzar mejoras ciertas en las prácticas constructivas comprometidas con el cuidado del ambiente natural y cultural que nos rodea", añadieron.
La aprobación de la norma permitiría al municipio controlar las técnicas utilizadas para futuras construcciones y normalizar la situación de las viviendas que ya están construidas con técnicas no tradicionales. Según contaron, ordenanzas similares han sido aprobadas en San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, Luis Beltrán, Cipoletti, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Ayacucho, Villa de Merlo, y en nuestra provincia en Winifreda y Colonia Barón.
Cabe indicar que las técnicas de construcción sustentable utilizan los elementos brindados por la naturaleza para la construcción de las viviendas. Estas técnicas demuestran sus virtudes en cuestiones como eficiencia energética, salud, impacto ambiental, control de la humedad, aislación acústica y economía. En tal sentido, el proyecto propone incorporar a los diversos modos constructivos actuales una variedad de técnicas sustentables de edificación. “Entendemos la construcción sustentable no sólo con un objetivo productivista que concluye en sí mismo, sino también como una actividad que fomenta la participación e integración popular, facilitando soluciones colectivas y generando un nuevo recurso como herramienta para la regeneración del tejido social”, dijeron los promotores.
Además, señalaron que “la utilización de estas modalidades constructivas como una herramienta de promoción del desarrollo socioeconómico, ya que los beneficios derivados de la utilización de las mismas serán para todas las franjas sociales”.
Firmaron el proyecto Darío Aguilar Dario, Carolina Mina, Juan González (Tierra Raíz), Matías Hernández, Mariel Berruete (Partido Socialista) y Sebastián Hernández (Sumate).
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Fecha de Publicación: 26/07/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La aprobación de la norma permitiría al municipio controlar las técnicas utilizadas para futuras construcciones y normalizar la situación de las viviendas que ya están construidas con técnicas no tradicionales.
Un grupo de vecinos, miembros de la organización Tierra Raiz y el Partido Socialista, presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, un anteproyecto de ordenanza que propone la autorización y reglamentación para la "Construcción Sustentable". EL proyecto fue acompañado por mas de 600 firmas de vecinos de la ciudad.
La propuesta, trabajada de manera conjunta por la junta local del Partido Socialista y un grupo de vecinos nucleados en la ONG ambientalista "Tierra Raiz", contó con el asesoramiento de investigadores del CONICET y docentes de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA).
El proyecto prevé la creación de un registro municipal especial para estas construcciones y un corpus de "Especificaciones técnicas reglamentarias". Cln el fin de garantizar la calidad y seguridad, las construcciones deberán, al igual que en la construcción convencional, contar con planos y cálculos estructurales avalados por profesionales, arquitectos, ingenieros o maestros mayor de obras, y la adecuación a las especificaciones técnicas del corpus.
Para dar a conocer estas técnicas constructivas, este viernes 24 de 18 a 21 horas en el Consejo Superior de la UNLPam, dictarán un seminario con profesionales reconocidos nacional e internacionalmente en el ámbito de la investigación y la experiencia en construcciones sustentables. La charla es abierta al público y fueron invitados concejales y el intendente.
"Consideramos importante el tratamiento y aprobación del ante proyecto presentado y también así lo consideran los mas de 600 vecinos que acompañaron con su firma la solicitud. Hoy en nuestra ciudad existen numerosas construcciones realizadas con técnicas no convencionales que por no estar contempladas por las normativas municipales se ven imposibilitadas de ser declaradas y reconocidas en el registro municipal de construcciones", explicaron en un comunicado.
"En ese marco entendemos, el Estado debe permitir el abordaje de estas alternativas de edificación en pos de ampliar la diversidad constructiva y con el fin de alcanzar mejoras ciertas en las prácticas constructivas comprometidas con el cuidado del ambiente natural y cultural que nos rodea", añadieron.
La aprobación de la norma permitiría al municipio controlar las técnicas utilizadas para futuras construcciones y normalizar la situación de las viviendas que ya están construidas con técnicas no tradicionales. Según contaron, ordenanzas similares han sido aprobadas en San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, Luis Beltrán, Cipoletti, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Ayacucho, Villa de Merlo, y en nuestra provincia en Winifreda y Colonia Barón.
Cabe indicar que las técnicas de construcción sustentable utilizan los elementos brindados por la naturaleza para la construcción de las viviendas. Estas técnicas demuestran sus virtudes en cuestiones como eficiencia energética, salud, impacto ambiental, control de la humedad, aislación acústica y economía. En tal sentido, el proyecto propone incorporar a los diversos modos constructivos actuales una variedad de técnicas sustentables de edificación. “Entendemos la construcción sustentable no sólo con un objetivo productivista que concluye en sí mismo, sino también como una actividad que fomenta la participación e integración popular, facilitando soluciones colectivas y generando un nuevo recurso como herramienta para la regeneración del tejido social”, dijeron los promotores.
Además, señalaron que “la utilización de estas modalidades constructivas como una herramienta de promoción del desarrollo socioeconómico, ya que los beneficios derivados de la utilización de las mismas serán para todas las franjas sociales”.
Firmaron el proyecto Darío Aguilar Dario, Carolina Mina, Juan González (Tierra Raíz), Matías Hernández, Mariel Berruete (Partido Socialista) y Sebastián Hernández (Sumate).
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Nuevas negociaciones por el Atuel
“No podemos comprometer más agua de la que tenemos”
Fecha de Publicación: 22/07/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, no fue muy alentador con respecto a cambiar la histórica posición que ha tenido esa provincia en el conflicto que mantiene con La Pampa por el agua del río Atuel. Si bien reconoció que su provincia no hizo inversiones para cuidar el agua, dijo que la “negociación no puede pasar por darle agua cuando no podemos darles agua a las hectáreas que tenemos comprometidas con el fallo anterior”.
Ayer, Cornejo mantuvo un diálogo telefónico con el diputado nacional Francisco Torroba en el programa “Tormenta de Ideas” de MDZ Radio.
Consultado sobre cómo actuará al respecto cuando asuma como gobernador, Cornejo indicó que se encuentran acompañando a la Fiscalía de Estado y que continuarán por el mismo camino.
“Tenemos que defendernos, porque se nos ha acusado. Prefiero llegar a una negociación, pero ésta no puede pasar por darle agua cuando no podemos darles agua a las hectáreas que tenemos comprometidas en un fallo anterior, porque hay problemas de cambio climático y el río Atuel ni siquiera irriga las hectáreas mendocinas comprometidas”, agregó.
“La negociación con La Pampa tiene que partir de bases fácticas. No podemos comprometer entregar más agua de la que tenemos”, aseguró.
De todas maneras, el futuro mandatario provincial indicó que en La Pampa todavía no se define quién será el próximo gobernador, por lo que sus esperanzas están puestas en una negociación con el futuro mandatario pampeano.
Por su parte, el diputado nacional por La Pampa Francisco Torroba compartió la necesidad de establecer una negociación, pero apuntó que si no se establece un acuerdo, se agotarán todas las instancias judiciales nacionales e internacionales.
“Yo creo que es un problema en el que debería involucrarse la Nación para tener un óptimo aprovechamiento del agua con inversión. Y me parece que la Argentina tiene un caos en el manejo de las aguas porque de las 102 cuencas hídricas que tiene el país solo dos tienen comités de cuenca que funcionan”, agregó el diputado.
“Nosotros abogamos para que ese desierto en que se ha convertido la zona de Santa Isabel de la provincia de la Pampa pueda revertirse”, apuntó Torroba.
Cornejo coincidió plenamente con Torroba y recordó que hace algunos años se firmó un acuerdo por el cual el Estado nacional se comprometía a financiar Portezuelo del Viento. “Si se hace esa obra podríamos cumplir con La Pampa e irrigar esa tierra, sería muy bueno que esa obra se hiciera”, dijo.
De todas maneras, Torroba recordó que las posibilidades de que sea él quien lleve adelante las negociaciones con Cornejo dependerán de que, por primera vez en 32 años, el radicalismo le gane La Pampa al Justicialismo. “La gente entiende que la manera de autocorregir la democracia es la alternancia. Cuando gobiernan siempre los mismos se hace más difícil”, afirmó.
De todas maneras, Torroba prometió que si es gobernador, el tema estará pendiente para intentar una salida a través del diálogo.
Cornejo finalizó el tema considerando que “Mendoza no ha invertido sistemáticamente para no tener problemas de agua, y que hay que volver a tener inversión para cuidar el agua y usarla mejor en el futuro”.
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Fecha de Publicación: 22/07/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, no fue muy alentador con respecto a cambiar la histórica posición que ha tenido esa provincia en el conflicto que mantiene con La Pampa por el agua del río Atuel. Si bien reconoció que su provincia no hizo inversiones para cuidar el agua, dijo que la “negociación no puede pasar por darle agua cuando no podemos darles agua a las hectáreas que tenemos comprometidas con el fallo anterior”.
Ayer, Cornejo mantuvo un diálogo telefónico con el diputado nacional Francisco Torroba en el programa “Tormenta de Ideas” de MDZ Radio.
Consultado sobre cómo actuará al respecto cuando asuma como gobernador, Cornejo indicó que se encuentran acompañando a la Fiscalía de Estado y que continuarán por el mismo camino.
“Tenemos que defendernos, porque se nos ha acusado. Prefiero llegar a una negociación, pero ésta no puede pasar por darle agua cuando no podemos darles agua a las hectáreas que tenemos comprometidas en un fallo anterior, porque hay problemas de cambio climático y el río Atuel ni siquiera irriga las hectáreas mendocinas comprometidas”, agregó.
“La negociación con La Pampa tiene que partir de bases fácticas. No podemos comprometer entregar más agua de la que tenemos”, aseguró.
De todas maneras, el futuro mandatario provincial indicó que en La Pampa todavía no se define quién será el próximo gobernador, por lo que sus esperanzas están puestas en una negociación con el futuro mandatario pampeano.
Por su parte, el diputado nacional por La Pampa Francisco Torroba compartió la necesidad de establecer una negociación, pero apuntó que si no se establece un acuerdo, se agotarán todas las instancias judiciales nacionales e internacionales.
“Yo creo que es un problema en el que debería involucrarse la Nación para tener un óptimo aprovechamiento del agua con inversión. Y me parece que la Argentina tiene un caos en el manejo de las aguas porque de las 102 cuencas hídricas que tiene el país solo dos tienen comités de cuenca que funcionan”, agregó el diputado.
“Nosotros abogamos para que ese desierto en que se ha convertido la zona de Santa Isabel de la provincia de la Pampa pueda revertirse”, apuntó Torroba.
Cornejo coincidió plenamente con Torroba y recordó que hace algunos años se firmó un acuerdo por el cual el Estado nacional se comprometía a financiar Portezuelo del Viento. “Si se hace esa obra podríamos cumplir con La Pampa e irrigar esa tierra, sería muy bueno que esa obra se hiciera”, dijo.
De todas maneras, Torroba recordó que las posibilidades de que sea él quien lleve adelante las negociaciones con Cornejo dependerán de que, por primera vez en 32 años, el radicalismo le gane La Pampa al Justicialismo. “La gente entiende que la manera de autocorregir la democracia es la alternancia. Cuando gobiernan siempre los mismos se hace más difícil”, afirmó.
De todas maneras, Torroba prometió que si es gobernador, el tema estará pendiente para intentar una salida a través del diálogo.
Cornejo finalizó el tema considerando que “Mendoza no ha invertido sistemáticamente para no tener problemas de agua, y que hay que volver a tener inversión para cuidar el agua y usarla mejor en el futuro”.
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El Colorado en crisis en La Pampa
Analizan la crisis hídrica del Colorado
Fecha de Publicación: 16/06/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Consejo Asesor en Recursos Hídricos se reunió en la sede de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, donde el titular del organismo Néstor Lastiri, mostró su satisfacción por la amplia convocatoria que tuvo el encuentro, para abordar "un temario con exposiciones interesantes", según expresó.
El primer asunto contemplado en el orden del día fue el inventario de los recursos hídricos pampeanos que el gobierno provincial tiene en convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para la creación de un inventario de toda la región, con datos sobre los recursos hídricos subterráneos, superficiales y climatológicos que van a ingresar a una base de datos que se actualiza con la participación de la Universidad del Centro (Tandil).
En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa consideró que "será una herramienta de amplia utilización por parte de técnicos y de la gente en su particularidad".
Exposición
En segundo lugar, se escuchó una exposición a cargo de los representantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que brindaron detalles sobre la crisis hídrica del río Colorado, los programas de manejo de la cuenca y de regulación, "donde quedó en claro cuál es el problema que ya lleva cinco años y tiene una agudización que obliga a tomar medidas drásticas y con consenso pero que a su vez permiten todos los usos en la cuenca, incluso un caudal ambiental o de regulación como estamos teniendo ahora, que permite el abastecimiento de agua a todas las poblaciones, de las cuales nosotros somos los principales beneficiarios con el acueducto en el sentido de ser los principales consumidores", indicó Lastiri.
En la continuidad de la sesión de ayer se analizaron luego en forma sucesiva temas relacionados al Desaguadero, al Atuel y el río V.
Participaron en la reunión el presidente de Coirco, Miguel Boyero, el subsecretario de Ecología y Medio Ambiente, Darío Mariani, miembros de la Asamblea de los Recursos Hídricos de Santa Rosa, Santa Isabel y General Pico, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Fundación Chadileuvú, los intendente municipales de Bernardo Larroudé (Néstor Tribolo) -por el río V- y de Algarrobo del Águila (Oscar Gatica) -por el Atuel y Salado-, y otras instituciones relacionadas al quehacer hídrico.
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Fecha de Publicación: 16/06/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Consejo Asesor en Recursos Hídricos se reunió en la sede de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, donde el titular del organismo Néstor Lastiri, mostró su satisfacción por la amplia convocatoria que tuvo el encuentro, para abordar "un temario con exposiciones interesantes", según expresó.
El primer asunto contemplado en el orden del día fue el inventario de los recursos hídricos pampeanos que el gobierno provincial tiene en convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para la creación de un inventario de toda la región, con datos sobre los recursos hídricos subterráneos, superficiales y climatológicos que van a ingresar a una base de datos que se actualiza con la participación de la Universidad del Centro (Tandil).
En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa consideró que "será una herramienta de amplia utilización por parte de técnicos y de la gente en su particularidad".
Exposición
En segundo lugar, se escuchó una exposición a cargo de los representantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que brindaron detalles sobre la crisis hídrica del río Colorado, los programas de manejo de la cuenca y de regulación, "donde quedó en claro cuál es el problema que ya lleva cinco años y tiene una agudización que obliga a tomar medidas drásticas y con consenso pero que a su vez permiten todos los usos en la cuenca, incluso un caudal ambiental o de regulación como estamos teniendo ahora, que permite el abastecimiento de agua a todas las poblaciones, de las cuales nosotros somos los principales beneficiarios con el acueducto en el sentido de ser los principales consumidores", indicó Lastiri.
En la continuidad de la sesión de ayer se analizaron luego en forma sucesiva temas relacionados al Desaguadero, al Atuel y el río V.
Participaron en la reunión el presidente de Coirco, Miguel Boyero, el subsecretario de Ecología y Medio Ambiente, Darío Mariani, miembros de la Asamblea de los Recursos Hídricos de Santa Rosa, Santa Isabel y General Pico, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Fundación Chadileuvú, los intendente municipales de Bernardo Larroudé (Néstor Tribolo) -por el río V- y de Algarrobo del Águila (Oscar Gatica) -por el Atuel y Salado-, y otras instituciones relacionadas al quehacer hídrico.
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Nuevo conflicto por otro río entre La Pampa y Mendoza
La Pampa volverá a demandar a Mendoza, esta vez por el corte del río Salado
Fecha de Publicación: 01/05/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Buscan llevar a juicio a nuestra provincia, San Luis y San Juan por el “manejo arbitrario e ilegal del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú".
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por unanimidad una solicitud para que el Fiscal de Estado provincial promueva una acción de amparo ecológico o ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra San Juan, Mendoza y San Luis, y se cite como tercero al Estado nacional, por el corte del cauce del río Salado.
La demanda se iniciará por pedido del diputado radical Martín Berhongaray, quien contó con el apoyo de todos sus pares, y tiene características similares a las que hace un año presentó La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.
Berhongaray indicó en la sesión que "el pedido es para que se inicie un juicio por los daños sociales, económicos y ambientales derivados del manejo arbitrario, inconsulto, e ilegal del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú".
El diputado lamentó la actitud de las otras provincias porque se trata de "un recurso hídrico que por sus características de interprovincialidad debiera ser administrado en forma compartida por todas, incluida La Pampa".
"Pero eso en Argentina es moneda corriente ya que sobran los ejemplos de jurisdicciones que realizan un aprovechamiento unilateral de recursos naturales que debieran compartir. Y el Estado Nacional y los organismos creados y proyectados para dirimir estas situaciones se viven haciendo los distraídos", sostuvo.
Berhongaray aseguró que "se lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución, en este caso el derecho humano al agua, el derecho a la salud, garantías que hacen a la protección del ambiente, entre otras".
"Esa demanda será contra San Juan, San Luis y Mendoza. Y, a pesar de que no lo menciona el despacho, creo que es absolutamente necesario demandar al Estado Nacional, por todas las consideraciones que acabo de formular, y porque así lo exige uno de los principios de política ambiental que es el principio de solidaridad", dijo el legislador.
Asimismo, apuntó que en La Pampa "no queremos que con el río Salado ocurra lo mismo que con el Atuel" porque "los perjuicios sociales, económicos y productivos y ambientales son de consideración pero hay que trabajar con firmeza para evitar que se profundicen, y en la medida de lo posible para revertirlos".
"La situación es sumamente preocupante, pero no es nueva", remarcó.
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Fecha de Publicación: 01/05/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Buscan llevar a juicio a nuestra provincia, San Luis y San Juan por el “manejo arbitrario e ilegal del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú".
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por unanimidad una solicitud para que el Fiscal de Estado provincial promueva una acción de amparo ecológico o ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra San Juan, Mendoza y San Luis, y se cite como tercero al Estado nacional, por el corte del cauce del río Salado.
La demanda se iniciará por pedido del diputado radical Martín Berhongaray, quien contó con el apoyo de todos sus pares, y tiene características similares a las que hace un año presentó La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.
Berhongaray indicó en la sesión que "el pedido es para que se inicie un juicio por los daños sociales, económicos y ambientales derivados del manejo arbitrario, inconsulto, e ilegal del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú".
El diputado lamentó la actitud de las otras provincias porque se trata de "un recurso hídrico que por sus características de interprovincialidad debiera ser administrado en forma compartida por todas, incluida La Pampa".
"Pero eso en Argentina es moneda corriente ya que sobran los ejemplos de jurisdicciones que realizan un aprovechamiento unilateral de recursos naturales que debieran compartir. Y el Estado Nacional y los organismos creados y proyectados para dirimir estas situaciones se viven haciendo los distraídos", sostuvo.
Berhongaray aseguró que "se lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución, en este caso el derecho humano al agua, el derecho a la salud, garantías que hacen a la protección del ambiente, entre otras".
"Esa demanda será contra San Juan, San Luis y Mendoza. Y, a pesar de que no lo menciona el despacho, creo que es absolutamente necesario demandar al Estado Nacional, por todas las consideraciones que acabo de formular, y porque así lo exige uno de los principios de política ambiental que es el principio de solidaridad", dijo el legislador.
Asimismo, apuntó que en La Pampa "no queremos que con el río Salado ocurra lo mismo que con el Atuel" porque "los perjuicios sociales, económicos y productivos y ambientales son de consideración pero hay que trabajar con firmeza para evitar que se profundicen, y en la medida de lo posible para revertirlos".
"La situación es sumamente preocupante, pero no es nueva", remarcó.
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Enfática defensa de postura Mendocina por el Atuel
Atuel: si le dan la razón a La Pampa se afectará la “unidad nacional”, advirtió el diario Los Andes
Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El periódico afirmó que “un auténtico espíritu de unidad nacional nunca podría construirse sobre la base de la derogación del derecho que los mendocinos ya tienen adquiridos para usar las aguas del río Atuel, cuya realidad no admite soluciones salomónicas”.
De esta manera, el diario mendocino abre el paraguas ante un eventual fallo favorable a La Pampa. Además, toma distancia de la solución del conflicto a través de un trasvase del río Grande al Atuel, pero reivindica como un derecho de Mendoza ese trasvase para repotenciar el compleo hidroeléctrico Los Nihuiles.
Por otro lado, dice que el fallo de la Corte Suprema lo único que protege es la “riqueza” generada en territorio mendocino.
El diario señala que “con motivo de nuevos reclamos formulados por la provincia de La Pampa a Mendoza en torno a las reiteradas aspiraciones de acceso a las aguas del río Atuel por parte de la vecina provincia, han vuelto a agitarse especulaciones políticas, argumentos inexactos, la oscura versión de un Atuel de aguas compartidas y proclamas retóricas que invitan a ambas provincias a alcanzar soluciones pretendidamente salomónicas, que no solo quedan al margen de ley sino que resultan fácticamente imposibles”.
“Pero la realidad es que en 1940 el Congreso de la Nación dictó la ley nacional 12.650 que obligaba a la ex Dirección Nacional de Irrigación (luego AyEE) a que celebrase un contrato con Mendoza para la construcción del Complejo El Nihuil, que se forma con las aguas del Atuel, con el objeto de irrigar las tierras empadronadas por el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, que en ese entonces alcanzaban a 132.636 ha, utilizando el dique para riego”, asegura.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia de 1987 y su aclaratoria de 1988, resguardó expresamente la validez de los derechos de riego de esa superficie de tierra mendocina y explicó su decisión por el derecho internacional público aplicado por analogía al derecho interprovincial”, afirma.
“Las pretensiones de La Pampa terminarían en la destrucción de la riqueza de un ambiente agrícola y urbano construido por Mendoza con el uso de las aguas del Atuel a lo largo de décadas en cumplimiento de una ley nacional”, agrega.
“Algunas voces se han levantado para formular exhortaciones, que suenan bien y parecen atractivas, con la idea de promover un diálogo entre ambas provincias y dar lugar a eventuales intervenciones dirimentes de la Corte de la Nación, pero el caso es que el único objeto de conversación y acuerdo posible gira alrededor de usos futuros, porque el agua que hoy provee el río Atuel ni siquiera alcanza para regar el oasis construido por Mendoza”, señala la editorial.
“Sólo circunstancias extraordinarias harían que el río, disminuido hoy en Mendoza, pudiera tener aguas en La Pampa, porque lo que debe protegerse, y efectivamente la Corte de la Nación ha protegido con su sentencia de 1987, es el ambiente artificial y la riqueza que generó Mendoza”, afirma.
“Cabe recordar que en 1989 Mendoza realizó un acueducto para llevar agua entubada de la surgente de Punta de Agua (que no es parte del Atuel) hasta La Pampa y que prevé el abastecimiento humano de hasta 6.000 habitantes”, explica. “Esta obra, por la cual Mendoza entrega parte de sus aguas propias a una provincia cuya mitad de su territorio goza de los beneficios climáticos de la pampa húmeda, no se realizó en cumplimiento de la sentencia de 1987, sino por un acto de verdadera cortesía interprovincial”, señala.
“Si las condiciones de la naturaleza han cambiado, lo han hecho produciendo mayor escasez de agua, por lo que resulta a todas luces irracional auspiciar la destrucción de la riqueza mendocina a cambio de una potencial producción en La Pampa”, remarca.
“Tampoco cabe, como también se ha insinuado, relacionar el régimen vigente para el Atuel, establecido por aquella sentencia de la Corte Nacional del año 87, con las posibilidades que ofrecen las aguas del río Colorado, que están reguladas por un modelo matemático aprobado por los tratados interprovinciales de octubre de 1976 y febrero de 1977”, advierte.
Finalmente, señala que “desde el Colorado, Mendoza tiene derecho a trasvasar inmediatamente al Atuel 34 m3 e incrementar su potencial hidroeléctrico en los Nihuiles, sin que La Pampa pueda aducir derechos adquiridos sobre dicho módulo”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El periódico afirmó que “un auténtico espíritu de unidad nacional nunca podría construirse sobre la base de la derogación del derecho que los mendocinos ya tienen adquiridos para usar las aguas del río Atuel, cuya realidad no admite soluciones salomónicas”.
De esta manera, el diario mendocino abre el paraguas ante un eventual fallo favorable a La Pampa. Además, toma distancia de la solución del conflicto a través de un trasvase del río Grande al Atuel, pero reivindica como un derecho de Mendoza ese trasvase para repotenciar el compleo hidroeléctrico Los Nihuiles.
Por otro lado, dice que el fallo de la Corte Suprema lo único que protege es la “riqueza” generada en territorio mendocino.
El diario señala que “con motivo de nuevos reclamos formulados por la provincia de La Pampa a Mendoza en torno a las reiteradas aspiraciones de acceso a las aguas del río Atuel por parte de la vecina provincia, han vuelto a agitarse especulaciones políticas, argumentos inexactos, la oscura versión de un Atuel de aguas compartidas y proclamas retóricas que invitan a ambas provincias a alcanzar soluciones pretendidamente salomónicas, que no solo quedan al margen de ley sino que resultan fácticamente imposibles”.
“Pero la realidad es que en 1940 el Congreso de la Nación dictó la ley nacional 12.650 que obligaba a la ex Dirección Nacional de Irrigación (luego AyEE) a que celebrase un contrato con Mendoza para la construcción del Complejo El Nihuil, que se forma con las aguas del Atuel, con el objeto de irrigar las tierras empadronadas por el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, que en ese entonces alcanzaban a 132.636 ha, utilizando el dique para riego”, asegura.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia de 1987 y su aclaratoria de 1988, resguardó expresamente la validez de los derechos de riego de esa superficie de tierra mendocina y explicó su decisión por el derecho internacional público aplicado por analogía al derecho interprovincial”, afirma.
“Las pretensiones de La Pampa terminarían en la destrucción de la riqueza de un ambiente agrícola y urbano construido por Mendoza con el uso de las aguas del Atuel a lo largo de décadas en cumplimiento de una ley nacional”, agrega.
“Algunas voces se han levantado para formular exhortaciones, que suenan bien y parecen atractivas, con la idea de promover un diálogo entre ambas provincias y dar lugar a eventuales intervenciones dirimentes de la Corte de la Nación, pero el caso es que el único objeto de conversación y acuerdo posible gira alrededor de usos futuros, porque el agua que hoy provee el río Atuel ni siquiera alcanza para regar el oasis construido por Mendoza”, señala la editorial.
“Sólo circunstancias extraordinarias harían que el río, disminuido hoy en Mendoza, pudiera tener aguas en La Pampa, porque lo que debe protegerse, y efectivamente la Corte de la Nación ha protegido con su sentencia de 1987, es el ambiente artificial y la riqueza que generó Mendoza”, afirma.
“Cabe recordar que en 1989 Mendoza realizó un acueducto para llevar agua entubada de la surgente de Punta de Agua (que no es parte del Atuel) hasta La Pampa y que prevé el abastecimiento humano de hasta 6.000 habitantes”, explica. “Esta obra, por la cual Mendoza entrega parte de sus aguas propias a una provincia cuya mitad de su territorio goza de los beneficios climáticos de la pampa húmeda, no se realizó en cumplimiento de la sentencia de 1987, sino por un acto de verdadera cortesía interprovincial”, señala.
“Si las condiciones de la naturaleza han cambiado, lo han hecho produciendo mayor escasez de agua, por lo que resulta a todas luces irracional auspiciar la destrucción de la riqueza mendocina a cambio de una potencial producción en La Pampa”, remarca.
“Tampoco cabe, como también se ha insinuado, relacionar el régimen vigente para el Atuel, establecido por aquella sentencia de la Corte Nacional del año 87, con las posibilidades que ofrecen las aguas del río Colorado, que están reguladas por un modelo matemático aprobado por los tratados interprovinciales de octubre de 1976 y febrero de 1977”, advierte.
Finalmente, señala que “desde el Colorado, Mendoza tiene derecho a trasvasar inmediatamente al Atuel 34 m3 e incrementar su potencial hidroeléctrico en los Nihuiles, sin que La Pampa pueda aducir derechos adquiridos sobre dicho módulo”.
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Conflicto del Atuel por la vía del diálogo
Conflicto del Atuel: se busca consenso a través del diálogo
Fecha de Publicación: 25/02/2015
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los problemas entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel han transcurrido durante décadas por los estrados judiciales: demandas, fallos, negociaciones, acuerdos provisorios han jalonado una larga historia de disputas y desencuentros.
Sin embargo, desde hace un tiempo, la ONG pampeana Alihuen, de vasta trayectoria en esa provincia, ha propuesto caminos de entendimiento y diálogo para cambiar el eje de las disputas. Diario San Rafael dialogó con Leandro Altolaguirre, fundador del grupo, quien señala enfáticamente que "el río no nos tiene que separar, sino hermanar". Es por ello que ha visitado la provincia sosteniendo reuniones con el fin de "empezar a conversar y encontrar un canal de diálogo para bajar la conflictividad y gestionar en conjunto ante el COIRCO".
Altolaguirre es el titular de la cátedra de Hidrología en la facultad de Humanas de Santa Rosa, es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en recursos hídricos. Desde esa perspectiva, y ya en el terreno técnico, hace una consideración que hasta ahora no se había escuchado. "El río Negro descarga en el océano un caudal de mil metros cúbicos por segundo (N. de la R: vale aclarar que cuando se habla del Atuel son tan sólo unos 30), entonces, su idea es que debe realizarse un trasvase del Negro al Colorado, como etapa necesaria para luego trasvasar el Grande al Atuel (el caudal en ese caso sería de 34 m3s)". Por ello propone buscar una solución trabajando en conjunto, lo que considera más fácil que la vía de la disputa.
Sobre el juicio, explicó que la demanda tiene dos aspectos: la reparación económica y el asunto del caudal fluvioecológico. Altolaguirre sostiene que la reparación económica no corresponde que se reclame a nuestra provincia, máxime cuando en la época de los acuerdos su provincia no tenía aún ese status, sino que era un territorio nacional.
Su organización tiene clara conciencia de que el agua escasea en Mendoza, y expresó a nuestro diario que sobrevoló los glaciares y las nacientes y pudo observar por sí mismo el estado de los glaciares y del cauce en su origen. "Es una frazada corta, si tapás una parte destapás la otra, entonces es un problema de difícil solución, donde siempre alguien va a quedar disconforme". Finalmente resaltó que "alternativas vemos, pero hay que ver el conjunto", del que no excluye tampoco al desaguadero, y la parte más importante de la propuesta es que, frente a la necesidad legal de dar intervención al COIRCO en los conflictos enumerados, Mendoza y La Pampa deben concurrir juntas y con una postura acordada, y no como sectores en pugna".
Sin duda, es un camino diferente y que hasta ahora no se ha explorado. Habrá que ver qué posibilidades tienen los consensos en un escenario que hasta ahora no lo han transitado.
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Fecha de Publicación: 25/02/2015
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los problemas entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel han transcurrido durante décadas por los estrados judiciales: demandas, fallos, negociaciones, acuerdos provisorios han jalonado una larga historia de disputas y desencuentros.
Sin embargo, desde hace un tiempo, la ONG pampeana Alihuen, de vasta trayectoria en esa provincia, ha propuesto caminos de entendimiento y diálogo para cambiar el eje de las disputas. Diario San Rafael dialogó con Leandro Altolaguirre, fundador del grupo, quien señala enfáticamente que "el río no nos tiene que separar, sino hermanar". Es por ello que ha visitado la provincia sosteniendo reuniones con el fin de "empezar a conversar y encontrar un canal de diálogo para bajar la conflictividad y gestionar en conjunto ante el COIRCO".
Altolaguirre es el titular de la cátedra de Hidrología en la facultad de Humanas de Santa Rosa, es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en recursos hídricos. Desde esa perspectiva, y ya en el terreno técnico, hace una consideración que hasta ahora no se había escuchado. "El río Negro descarga en el océano un caudal de mil metros cúbicos por segundo (N. de la R: vale aclarar que cuando se habla del Atuel son tan sólo unos 30), entonces, su idea es que debe realizarse un trasvase del Negro al Colorado, como etapa necesaria para luego trasvasar el Grande al Atuel (el caudal en ese caso sería de 34 m3s)". Por ello propone buscar una solución trabajando en conjunto, lo que considera más fácil que la vía de la disputa.
Sobre el juicio, explicó que la demanda tiene dos aspectos: la reparación económica y el asunto del caudal fluvioecológico. Altolaguirre sostiene que la reparación económica no corresponde que se reclame a nuestra provincia, máxime cuando en la época de los acuerdos su provincia no tenía aún ese status, sino que era un territorio nacional.
Su organización tiene clara conciencia de que el agua escasea en Mendoza, y expresó a nuestro diario que sobrevoló los glaciares y las nacientes y pudo observar por sí mismo el estado de los glaciares y del cauce en su origen. "Es una frazada corta, si tapás una parte destapás la otra, entonces es un problema de difícil solución, donde siempre alguien va a quedar disconforme". Finalmente resaltó que "alternativas vemos, pero hay que ver el conjunto", del que no excluye tampoco al desaguadero, y la parte más importante de la propuesta es que, frente a la necesidad legal de dar intervención al COIRCO en los conflictos enumerados, Mendoza y La Pampa deben concurrir juntas y con una postura acordada, y no como sectores en pugna".
Sin duda, es un camino diferente y que hasta ahora no se ha explorado. Habrá que ver qué posibilidades tienen los consensos en un escenario que hasta ahora no lo han transitado.
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El ecocidio del río Atuel
Atuel: en La Pampa acusan a Mendoza de 'ecocidio'
Fecha de Publicación: 27/01/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Silvia Viglianco, una de las activistas más reconocidas de La Pampa, aseguró que los cortes del río están causando una elevada mortandad de peces.
Una militante pampeana por la recuperación del río Atuel afirmó esta tarde que la provincia de Mendoza está incurriendo en el delito de ecocidio al mantener cortado totalmente el cauce interprovincial, tras advertir sobre la mortandad de peces.
“Mendoza viene incumpliendo en forma permanente los fallos judiciales y convenios suscriptos sobre el uso compartido de las aguas del Atuel e incurre claramente en el delito de ecocidio”, aseguró Silvia Viglianco, al ser consultada por la agencia estatal Télam.
Viglianco, una militante reconocida en la lucha de La Pampa por la recuperación del río Atuel, advirtió que “el deterioro es más evidente en la zona oeste de la provincia, donde se ve la mortandad de peces”.
Sobre el delito de ecocidio, agregó que “los parámetros de medio ambiente cambiaron en los últimos años" y que la Constitución refiere "a la necesidad de un ambiente equilibrado y justo para cualquiera persona que lo pueda habitar”.
Viglianco cuestionó la postura mendocina para no compartir agua con La Pampa vinculada a la crisis hídrica y señaló que “usan el agua para sus negocios a costa del deterioro ambiental, cultural, económico y social de nuestra provincia”.
“Estar en el oeste de la provincia y ver que no corre ni una gota de agua es realmente triste y angustiante”, señaló Viglianco. En las últimas horas, se publicaron imágenes sobre la mortandad de peces a la altura del Puesto “La Buena Fe”, por lo que reafirmó la existencia “clara” del delito de ecocidio.
El delito de ecocidio, comentó Viglianco, apunta a resguardar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano como establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El conflicto por el río Atuel entre ambas provincias se remonta a mediados del siglo pasado y que derivó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1987 que fue considerada un fallo “salomónico” para ambas provincias. Sin embargo, los problemas de fondo nunca se zanjaron.
Una solución definitiva se intentó en el año 2008, cuando el gobernador pampeano Oscar Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmaron, con el respaldo de la Nación, un acuerdo por el uso del río Atuel, el cual despertó fuertes críticas políticas y sociales en Mendoza, donde la Legislatura no trató el convenio y finalmente caducó.
Por ello, el gobierno de La Pampa presentó una demanda judicial ante la Corte Nacional el año pasado contra nuestra provincia por violar el fallo de 1987. Además está en curso otra causa iniciada por dos abogados pampeanos que se presentó en 2010.
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Fecha de Publicación: 27/01/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Silvia Viglianco, una de las activistas más reconocidas de La Pampa, aseguró que los cortes del río están causando una elevada mortandad de peces.
Una militante pampeana por la recuperación del río Atuel afirmó esta tarde que la provincia de Mendoza está incurriendo en el delito de ecocidio al mantener cortado totalmente el cauce interprovincial, tras advertir sobre la mortandad de peces.
“Mendoza viene incumpliendo en forma permanente los fallos judiciales y convenios suscriptos sobre el uso compartido de las aguas del Atuel e incurre claramente en el delito de ecocidio”, aseguró Silvia Viglianco, al ser consultada por la agencia estatal Télam.
Viglianco, una militante reconocida en la lucha de La Pampa por la recuperación del río Atuel, advirtió que “el deterioro es más evidente en la zona oeste de la provincia, donde se ve la mortandad de peces”.
Sobre el delito de ecocidio, agregó que “los parámetros de medio ambiente cambiaron en los últimos años" y que la Constitución refiere "a la necesidad de un ambiente equilibrado y justo para cualquiera persona que lo pueda habitar”.
Viglianco cuestionó la postura mendocina para no compartir agua con La Pampa vinculada a la crisis hídrica y señaló que “usan el agua para sus negocios a costa del deterioro ambiental, cultural, económico y social de nuestra provincia”.
“Estar en el oeste de la provincia y ver que no corre ni una gota de agua es realmente triste y angustiante”, señaló Viglianco. En las últimas horas, se publicaron imágenes sobre la mortandad de peces a la altura del Puesto “La Buena Fe”, por lo que reafirmó la existencia “clara” del delito de ecocidio.
El delito de ecocidio, comentó Viglianco, apunta a resguardar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano como establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El conflicto por el río Atuel entre ambas provincias se remonta a mediados del siglo pasado y que derivó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1987 que fue considerada un fallo “salomónico” para ambas provincias. Sin embargo, los problemas de fondo nunca se zanjaron.
Una solución definitiva se intentó en el año 2008, cuando el gobernador pampeano Oscar Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmaron, con el respaldo de la Nación, un acuerdo por el uso del río Atuel, el cual despertó fuertes críticas políticas y sociales en Mendoza, donde la Legislatura no trató el convenio y finalmente caducó.
Por ello, el gobierno de La Pampa presentó una demanda judicial ante la Corte Nacional el año pasado contra nuestra provincia por violar el fallo de 1987. Además está en curso otra causa iniciada por dos abogados pampeanos que se presentó en 2010.
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El acuífero de La Pampa en estado 'crítico'
El acuífero, en estado 'crítico'
Fecha de Publicación: 21/01/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, aseguró ayer que la situación del acuífero Anguil-Santa Rosa es "crítica" y se complica en las temporadas de altas temperaturas donde la demanda es mayor y pidió a los usuarios nuevamente que "cuiden" el agua. Mientras tanto, en la localidad de Toay, la comuna realiza 40 infracciones anuales por mal uso del agua.
"La situación del acuífero es crítica, y la extracción y estos tiempos de gran demanda de agua por el calor y el uso exagerado generan un mayor perjuicio para el caudal", señaló a LA ARENA el funcionario provincial, aunque inmediatamente aclaró que "la calidad del agua" destinada para el consumo humano "todavía no se ha deteriorado".
Lastiri, además, rechazó por ahora la posibilidad de declarar la emergencia por el caudal de agua y afirmó: "No la declaramos pero el acuífero está en una situación de extremo cuidado y prevención, pero se trata de la toma de conciencia de los vecinos y de un cambio de cultura de la sociedad vinculada al uso y cuidado del agua".
Denuncias.
En las últimas horas, surgieron denuncias de varios vecinos de Toay quienes advirtieron sobre la posibilidad de la utilización de agua del acuífero para riego, algo que estaría haciendo el municipio de esa localidad, aunque desde la comuna misma desmintieron esa cuestión e informaron que actualmente están regando las principales calles de la localidad y las colectoras a la avenida Perón con una bomba del Ejército Argentino.
Puntualmente, la secretaria de Gobierno y Planificación, Marta Pérez, indicó que "el año pasado, se decidió no regar más y desde hace un mes, el municipio firmó un convenio con el Ejército que tiene una bomba con agua no potable para que nos deje cargar agua para riego e incluso el viernes pasado hicimos una prueba piloto y regamos las colectoras de la Perón y las calles principales como Calandria, Pato Argentino, Siete Colores".
Ante las dudas de los vecinos, también se consultó al secretario Lastiri, quien manifestó que "se hicieron las verificaciones correspondientes" donde "se constató que no se está afectando al acuífero de esa forma", en referencia a la utilización de la bomba del Ejército ubicado en el ingreso a la localidad de Toay.
Sanciones.
Por otro lado, la secretaria Pérez informó que en la localidad vecina se hacen anualmente unas 40 multas (de carácter económico) por mala utilización del agua del acuífero Santa Rosa-Toay, en el marco de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que va en sintonía con la resolución de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa que puso restricción al uso del agua.
"Durante el último año y en promedio ese número se ha mantenido, en Toay estamos alrededor de las 40 multas por mal uso del acuífero aunque igualmente vemos que la gente va tomando conciencia. En estos días, se hicieron algunas multas por riego en un horario inadecuado o por el vaciado de pileta que va a la calle, esas infracciones son las principales. En 2015, hicimos ocho multas", explicó la funcionaria.
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Fecha de Publicación: 21/01/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, aseguró ayer que la situación del acuífero Anguil-Santa Rosa es "crítica" y se complica en las temporadas de altas temperaturas donde la demanda es mayor y pidió a los usuarios nuevamente que "cuiden" el agua. Mientras tanto, en la localidad de Toay, la comuna realiza 40 infracciones anuales por mal uso del agua.
"La situación del acuífero es crítica, y la extracción y estos tiempos de gran demanda de agua por el calor y el uso exagerado generan un mayor perjuicio para el caudal", señaló a LA ARENA el funcionario provincial, aunque inmediatamente aclaró que "la calidad del agua" destinada para el consumo humano "todavía no se ha deteriorado".
Lastiri, además, rechazó por ahora la posibilidad de declarar la emergencia por el caudal de agua y afirmó: "No la declaramos pero el acuífero está en una situación de extremo cuidado y prevención, pero se trata de la toma de conciencia de los vecinos y de un cambio de cultura de la sociedad vinculada al uso y cuidado del agua".
Denuncias.
En las últimas horas, surgieron denuncias de varios vecinos de Toay quienes advirtieron sobre la posibilidad de la utilización de agua del acuífero para riego, algo que estaría haciendo el municipio de esa localidad, aunque desde la comuna misma desmintieron esa cuestión e informaron que actualmente están regando las principales calles de la localidad y las colectoras a la avenida Perón con una bomba del Ejército Argentino.
Puntualmente, la secretaria de Gobierno y Planificación, Marta Pérez, indicó que "el año pasado, se decidió no regar más y desde hace un mes, el municipio firmó un convenio con el Ejército que tiene una bomba con agua no potable para que nos deje cargar agua para riego e incluso el viernes pasado hicimos una prueba piloto y regamos las colectoras de la Perón y las calles principales como Calandria, Pato Argentino, Siete Colores".
Ante las dudas de los vecinos, también se consultó al secretario Lastiri, quien manifestó que "se hicieron las verificaciones correspondientes" donde "se constató que no se está afectando al acuífero de esa forma", en referencia a la utilización de la bomba del Ejército ubicado en el ingreso a la localidad de Toay.
Sanciones.
Por otro lado, la secretaria Pérez informó que en la localidad vecina se hacen anualmente unas 40 multas (de carácter económico) por mala utilización del agua del acuífero Santa Rosa-Toay, en el marco de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que va en sintonía con la resolución de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa que puso restricción al uso del agua.
"Durante el último año y en promedio ese número se ha mantenido, en Toay estamos alrededor de las 40 multas por mal uso del acuífero aunque igualmente vemos que la gente va tomando conciencia. En estos días, se hicieron algunas multas por riego en un horario inadecuado o por el vaciado de pileta que va a la calle, esas infracciones son las principales. En 2015, hicimos ocho multas", explicó la funcionaria.
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La batalla por el agua entre Mendoza y La Pampa
La batalla por el agua: la puja de Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 05/01/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una "guerra" judicial sin fin por el agua del río Atuel se libra entre Mendoza y La Pampa desde hace más de medio siglo. Ahora, tras dos nuevos planteos pampeanos, la Corte Suprema deberá definir si los mendocinos deben entregar una parte de ese recurso hídrico -que cuidan con extremo celo- para que en el territorio pampeano el río no desaparezca. La expectativa por un fallo judicial que podría sentar precedente se da, además, en medio de una de las peores crisis hídricas en esa región, que en Mendoza ya dio lugar a severas restricciones al consumo.
La "interprovincialidad" de la jurisdicción del Atuel que dictaminó el máximo tribunal en 1987, con beneficio de riego de 75 mil hectáreas primero para los mendocinos, se escurrió como el agua entre los dedos. Hay razones técnicas y políticas de ambos lados, pero Mendoza ha endurecido su postura, amparándose en su emergencia hídrica, a pesar de algunos esfuerzos para destrabar la situación. Por su parte, La Pampa aduce, en primer lugar, que se produjo un grave daño socio-ambiental y, en segundo lugar, un perjuicio económico de más de 100 millones de pesos anuales.
La provincia que gobierna Oscar Jorge presentó el 14 de mayo pasado una nueva demanda, luego de que la Legislatura mendocina rechazara un convenio que garantizaba un mínimo de agua (5 metros cúbicos por segundo) firmado en agosto de 2008 entre Jorge y el entonces gobernador mendocino Celso Jaque. Además, en febrero, el Tribunal aceptó una demanda civil de un particular, el abogado pampeano Miguel Ángel Pallazzani.
El Gobierno de Mendoza respondió esa presentación, asegurando que el letrado no tiene "legitimidad ni representación" y le dio relevancia a la expuesta por el Ejecutivo pampeano porque es un conflicto entre estados provinciales. Sobre esta segunda demanda, Mendoza fue notificada en octubre y trabaja en el armado de su defensa, que será elevada al máximo tribunal en marzo.
Por su parte, en La Pampa hay grandes expectativas con las dos demandas y estiman que la Corte podría unificarlas, porque tienen un objetivo en común, poco difundido y que podría darles la razón: la cuestión ambiental y la preservación del ecosistema, que se lograría con un caudal mínimo. "Esto es clave y determinante porque el río no puede ser sólo para producción. Nuestra prioridad es recuperar el caudal para la existencia misma del río y después si alcanza para la producción, bienvenido sea", explicó a LA NACION Leandro Altolaguirre, presidente de la Asociación Civil Alihuén, que reclama la recuperación de humedales, bañados del Atuel.
En noviembre pasado Mendoza contragolpeó: reclamó que no se abonen más las regalías a La Pampa por la represa Los Nihuiles, en San Rafael, como se había establecido en los 70.
En 1987, la Corte dictaminó la "interprovincialidad" del río Atuel pero le otorgó a Mendoza el derecho a riego de 75.000 hectáreas y la exhortó a concretar obras para hacer más eficiente esa tarea, como trabajos de impermeabilización, conducción y ejecución de canales marginales. Así, el agua excedente obligaría a negociar y realizar "convenios interprovinciales". Sin embargo, todo quedó estancado.
El fiscal subrogante de Estado de Mendoza, Javier Fernández, no adelantó lo que expondrá ante la Corte. Entre los principales argumentos que aduce esta provincia para mantener su postura es que el agua del Atuel no alcanza para regar todo el territorio exigido y ahora se ampara en la emergencia hídrica. Sin embargo, para La Pampa la explicación es otra. "El problema está en el ineficiente y arcaico sistema de riego mendocino. Si esto cambiara, podrían regar unas 130.000 hectáreas, ya cumpliendo con la escorrentía permanente hacia nuestra provincia", aportó Altolaguirre.
El origen del desierto
En La Pampa, a mediados del siglo pasado, la historia empezó a cambiar en su contra luego de la construcción que hizo el Gobierno nacional del embalse Los Nihuiles, en San Rafael, Mendoza: las aguas del río Atuel dejaron de llegar a las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarroba del Águila. Ahora, las autoridades pampeanas advierten que el daño mínimo anual es de 100 millones de pesos por lo que reclama un caudal fluvioecológico "en forma inmediata", establecido en 5 metros cúbicos por segundo y una respuesta del gobierno nacional como podría ser un fondo de reparación.
"Somos herederos de un despojo. Era una región muy rica por el río, muy pujante. Todo fue devastado y se desertificó", dijo a LA NACION Darío Suárez, miembro de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos, poblador de Santa Isabel e hijo y nieto de nativos. "Somos muy optimistas con la demanda, porque logramos sociabilizar y concientizar sobre el conflicto. Hay un cambio de paradigma en torno al uso del agua", agregó.
Los actuales pobladores, como Darío, cuentan que antes de mitad del siglo pasado comenzó una diáspora y cientos de colonos tuvieron que abandonar todo, a diferencia del departamento mendocino de General Alvear, que logró desarrollarse. "Dependemos de Mendoza, desde la verdura hasta los caramelos y General Alvear es la que más se opone a que nos envíen agua, cuando en realidad podríamos beneficiarnos todos", remató Suárez.
En reiteradas oportunidades los regantes del sur mendocino, de General Alvear y San Rafael, se han manifestado en las rutas ante los intentos de comenzar a liberar el agua a la provincia vecina. Javier López, tercera generación de productores del sur mendocino y miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear dijo que no hay agua para repartir y que hay una sola salida.
"Estamos en emergencia hídrica y el Atuel es un río escaso. Hoy no alcanzamos a irrigar más de 40.000 ha. Pasamos de regar cada 8 días a 18 días. Si en este nuevo embate judicial les dan la razón, la lucha va a seguir y seguirán postergados porque la solución es técnica y política, a pesar del fracaso de la política", expresó el productor, en referencia a una obra que considera clave y que sería una respuesta salomónica: el trasvase del río Grande (que nace en Malargüe y confluye en el rio Colorado) al Atuel, que al tener más caudal podría escurrir sin inconvenientes al oeste de La Pampa.
Esta iniciativa, junto a la tan esperada y demorada obra de la central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, fue el gran acuerdo entre el ex gobernador radical Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner, lo que desembocó en la llegada del mendocino a la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en 2007. Sin embargo, los ambientalistas pampeanos rechazan de plano estas opciones, por lo que prometen seguir dando batalla, a la espera de que la Justicia les dé la razón.
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Fecha de Publicación: 05/01/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una "guerra" judicial sin fin por el agua del río Atuel se libra entre Mendoza y La Pampa desde hace más de medio siglo. Ahora, tras dos nuevos planteos pampeanos, la Corte Suprema deberá definir si los mendocinos deben entregar una parte de ese recurso hídrico -que cuidan con extremo celo- para que en el territorio pampeano el río no desaparezca. La expectativa por un fallo judicial que podría sentar precedente se da, además, en medio de una de las peores crisis hídricas en esa región, que en Mendoza ya dio lugar a severas restricciones al consumo.
La "interprovincialidad" de la jurisdicción del Atuel que dictaminó el máximo tribunal en 1987, con beneficio de riego de 75 mil hectáreas primero para los mendocinos, se escurrió como el agua entre los dedos. Hay razones técnicas y políticas de ambos lados, pero Mendoza ha endurecido su postura, amparándose en su emergencia hídrica, a pesar de algunos esfuerzos para destrabar la situación. Por su parte, La Pampa aduce, en primer lugar, que se produjo un grave daño socio-ambiental y, en segundo lugar, un perjuicio económico de más de 100 millones de pesos anuales.
La provincia que gobierna Oscar Jorge presentó el 14 de mayo pasado una nueva demanda, luego de que la Legislatura mendocina rechazara un convenio que garantizaba un mínimo de agua (5 metros cúbicos por segundo) firmado en agosto de 2008 entre Jorge y el entonces gobernador mendocino Celso Jaque. Además, en febrero, el Tribunal aceptó una demanda civil de un particular, el abogado pampeano Miguel Ángel Pallazzani.
El Gobierno de Mendoza respondió esa presentación, asegurando que el letrado no tiene "legitimidad ni representación" y le dio relevancia a la expuesta por el Ejecutivo pampeano porque es un conflicto entre estados provinciales. Sobre esta segunda demanda, Mendoza fue notificada en octubre y trabaja en el armado de su defensa, que será elevada al máximo tribunal en marzo.
Por su parte, en La Pampa hay grandes expectativas con las dos demandas y estiman que la Corte podría unificarlas, porque tienen un objetivo en común, poco difundido y que podría darles la razón: la cuestión ambiental y la preservación del ecosistema, que se lograría con un caudal mínimo. "Esto es clave y determinante porque el río no puede ser sólo para producción. Nuestra prioridad es recuperar el caudal para la existencia misma del río y después si alcanza para la producción, bienvenido sea", explicó a LA NACION Leandro Altolaguirre, presidente de la Asociación Civil Alihuén, que reclama la recuperación de humedales, bañados del Atuel.
En noviembre pasado Mendoza contragolpeó: reclamó que no se abonen más las regalías a La Pampa por la represa Los Nihuiles, en San Rafael, como se había establecido en los 70.
En 1987, la Corte dictaminó la "interprovincialidad" del río Atuel pero le otorgó a Mendoza el derecho a riego de 75.000 hectáreas y la exhortó a concretar obras para hacer más eficiente esa tarea, como trabajos de impermeabilización, conducción y ejecución de canales marginales. Así, el agua excedente obligaría a negociar y realizar "convenios interprovinciales". Sin embargo, todo quedó estancado.
El fiscal subrogante de Estado de Mendoza, Javier Fernández, no adelantó lo que expondrá ante la Corte. Entre los principales argumentos que aduce esta provincia para mantener su postura es que el agua del Atuel no alcanza para regar todo el territorio exigido y ahora se ampara en la emergencia hídrica. Sin embargo, para La Pampa la explicación es otra. "El problema está en el ineficiente y arcaico sistema de riego mendocino. Si esto cambiara, podrían regar unas 130.000 hectáreas, ya cumpliendo con la escorrentía permanente hacia nuestra provincia", aportó Altolaguirre.
El origen del desierto
En La Pampa, a mediados del siglo pasado, la historia empezó a cambiar en su contra luego de la construcción que hizo el Gobierno nacional del embalse Los Nihuiles, en San Rafael, Mendoza: las aguas del río Atuel dejaron de llegar a las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarroba del Águila. Ahora, las autoridades pampeanas advierten que el daño mínimo anual es de 100 millones de pesos por lo que reclama un caudal fluvioecológico "en forma inmediata", establecido en 5 metros cúbicos por segundo y una respuesta del gobierno nacional como podría ser un fondo de reparación.
"Somos herederos de un despojo. Era una región muy rica por el río, muy pujante. Todo fue devastado y se desertificó", dijo a LA NACION Darío Suárez, miembro de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos, poblador de Santa Isabel e hijo y nieto de nativos. "Somos muy optimistas con la demanda, porque logramos sociabilizar y concientizar sobre el conflicto. Hay un cambio de paradigma en torno al uso del agua", agregó.
Los actuales pobladores, como Darío, cuentan que antes de mitad del siglo pasado comenzó una diáspora y cientos de colonos tuvieron que abandonar todo, a diferencia del departamento mendocino de General Alvear, que logró desarrollarse. "Dependemos de Mendoza, desde la verdura hasta los caramelos y General Alvear es la que más se opone a que nos envíen agua, cuando en realidad podríamos beneficiarnos todos", remató Suárez.
En reiteradas oportunidades los regantes del sur mendocino, de General Alvear y San Rafael, se han manifestado en las rutas ante los intentos de comenzar a liberar el agua a la provincia vecina. Javier López, tercera generación de productores del sur mendocino y miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear dijo que no hay agua para repartir y que hay una sola salida.
"Estamos en emergencia hídrica y el Atuel es un río escaso. Hoy no alcanzamos a irrigar más de 40.000 ha. Pasamos de regar cada 8 días a 18 días. Si en este nuevo embate judicial les dan la razón, la lucha va a seguir y seguirán postergados porque la solución es técnica y política, a pesar del fracaso de la política", expresó el productor, en referencia a una obra que considera clave y que sería una respuesta salomónica: el trasvase del río Grande (que nace en Malargüe y confluye en el rio Colorado) al Atuel, que al tener más caudal podría escurrir sin inconvenientes al oeste de La Pampa.
Esta iniciativa, junto a la tan esperada y demorada obra de la central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, fue el gran acuerdo entre el ex gobernador radical Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner, lo que desembocó en la llegada del mendocino a la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en 2007. Sin embargo, los ambientalistas pampeanos rechazan de plano estas opciones, por lo que prometen seguir dando batalla, a la espera de que la Justicia les dé la razón.
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Atuel: pedirán que un corte de río sea delito ambiental
En la UNLPam, juristas proponen que el corte de un río configure un delito ambiental
Fecha de Publicación: 13/10/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Una comisión creada por la UNLPam propuso agregar al capítulo de delitos ambientales la interrupción de un río, porque esto ocasiona “verdaderos desastres humanos y ambientales” y “pone en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales”.
La Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, propuso incluir, en el marco de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional, el corte de un río, que genera la desertificación de una región, entre los distintos delitos ambientales, porque esas conductas provocan “refugiados ambientales, víctimas de estos procesos” que afectan al medioambiente. La comisión que creó la Universidad para analizar el anteproyecto envió en agosto el informe final y conclusiones, con esa sugerencia.
En el informe se menciona que la temática tiene profunda actualidad en la provincia, en referencia al viejo conflicto con Mendoza por el corte del río Atuel desde hace medio siglo. “Estas conductas provocan verdaderos desastres humanos y ambientales, provocando incluso en nuestro país y en nuestra provincia, particularmente, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”, advirtió.
La comisión coordinadora fue creada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la integraron representantes de los diferentes claustros: Guadalupe Bustos (estudiantes), Mariano Gette (graduados), Alejandro Osio (docente) y la coordinadora del área Derecho Público, Cecilia Bertolé. Analizaron el anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada hace dos años. En agosto, enviaron el informe final al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak, quien había pedido un aporte a la UNLPam.
El análisis comenzó 19 de junio de este año, con la conferencia-debate que encabezó Roberto Manuel Carles, coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto. También participaron Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de la Facultad. Luego, el 23 de junio, María Elena Barbagelata, exdiputada nacional por el Partido Socialista e integrante de la misma comisión, dio otra conferencia-debate. Finalmente, el 4 de julio se desarrolló un foro-debate, con comisiones temáticas.
Si bien la comisión de la UNLPam recibió propuestas de personas y organizaciones para elaborar el informe, rechazó varias y, finalmente, tuvo en cuenta e hizo propia la opinión que expresó Eduardo Aguirre, profesor de Derecho Penal II (también defensor general de la Provincia), que se vincula “a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos”.
Otro delito ambiental
En lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, en el informe final, la Facultad sostuvo que “debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma”.
El artículo del anteproyecto describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en cuanto se “contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”. Además, menciona que se agrava la conducta infractora si “tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural; impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas; provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas afectadas; causare daños directos a la salud de la población; provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad”.
La Facultad propuso que se agregue al artículo, en forma expresa, “una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado”.
“Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación del poder punitivo del Estado -se aclaró-, sino una adecuación típica y una correcta y detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”.
Propuestas rechazadas
Entre las propuestas que llegaron a la comisión de la UNLPam pero que no fueron recogidas en el informe final, figuraba la de un debate sobre el aborto (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito); una modificación a los delitos de trata propuesta por la campaña abolicionista; un aporte sobre “incidentes” de tránsito de la Fundación Estrellas Amarillas; y una serie de ideas del exministro e intendente destituido Juan Carlos Tierno, la de penalizar a los padres de menores que cometen hechos delictivos, entre otras.
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Fecha de Publicación: 13/10/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Una comisión creada por la UNLPam propuso agregar al capítulo de delitos ambientales la interrupción de un río, porque esto ocasiona “verdaderos desastres humanos y ambientales” y “pone en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales”.
La Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, propuso incluir, en el marco de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional, el corte de un río, que genera la desertificación de una región, entre los distintos delitos ambientales, porque esas conductas provocan “refugiados ambientales, víctimas de estos procesos” que afectan al medioambiente. La comisión que creó la Universidad para analizar el anteproyecto envió en agosto el informe final y conclusiones, con esa sugerencia.
En el informe se menciona que la temática tiene profunda actualidad en la provincia, en referencia al viejo conflicto con Mendoza por el corte del río Atuel desde hace medio siglo. “Estas conductas provocan verdaderos desastres humanos y ambientales, provocando incluso en nuestro país y en nuestra provincia, particularmente, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”, advirtió.
La comisión coordinadora fue creada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la integraron representantes de los diferentes claustros: Guadalupe Bustos (estudiantes), Mariano Gette (graduados), Alejandro Osio (docente) y la coordinadora del área Derecho Público, Cecilia Bertolé. Analizaron el anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada hace dos años. En agosto, enviaron el informe final al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak, quien había pedido un aporte a la UNLPam.
El análisis comenzó 19 de junio de este año, con la conferencia-debate que encabezó Roberto Manuel Carles, coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto. También participaron Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de la Facultad. Luego, el 23 de junio, María Elena Barbagelata, exdiputada nacional por el Partido Socialista e integrante de la misma comisión, dio otra conferencia-debate. Finalmente, el 4 de julio se desarrolló un foro-debate, con comisiones temáticas.
Si bien la comisión de la UNLPam recibió propuestas de personas y organizaciones para elaborar el informe, rechazó varias y, finalmente, tuvo en cuenta e hizo propia la opinión que expresó Eduardo Aguirre, profesor de Derecho Penal II (también defensor general de la Provincia), que se vincula “a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos”.
Otro delito ambiental
En lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, en el informe final, la Facultad sostuvo que “debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma”.
El artículo del anteproyecto describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en cuanto se “contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”. Además, menciona que se agrava la conducta infractora si “tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural; impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas; provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas afectadas; causare daños directos a la salud de la población; provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad”.
La Facultad propuso que se agregue al artículo, en forma expresa, “una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado”.
“Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación del poder punitivo del Estado -se aclaró-, sino una adecuación típica y una correcta y detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”.
Propuestas rechazadas
Entre las propuestas que llegaron a la comisión de la UNLPam pero que no fueron recogidas en el informe final, figuraba la de un debate sobre el aborto (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito); una modificación a los delitos de trata propuesta por la campaña abolicionista; un aporte sobre “incidentes” de tránsito de la Fundación Estrellas Amarillas; y una serie de ideas del exministro e intendente destituido Juan Carlos Tierno, la de penalizar a los padres de menores que cometen hechos delictivos, entre otras.
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Aalertan por el elevado nivel de arsénico en La Pampa
Advierten un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua del norte pampeano
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Otro golpe para el Atuel: dos proyectos de minería
Atuel: polémica por un proyecto minero
Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El miércoles ingresarán a la Cámara de Diputados de Mendoza dos proyectos mineros para explorar hierro y cobre en el sur de la provincia. El primero se denomina "Hierro Indio" y es una propuesta de una empresa nacional de hierro, que busca reactivar un yacimiento trabajado hasta 1970 por Fabricaciones Militares, y el otro -más polémico- se llama "Cerro Amarillo" y apunta a la extracción de cobre a 60 kilómetros de Malargüe. Sería trabajado por una firma de capitales argentinos y norteamericanos, y según organizaciones ambientalistas es "inviable" ya que pone en riesgo un ambiente protegido como la Laguna del Atuel, según informó el diario San Rafael.
El periódico aseguró que el gobierno del justicialista Francisco Pérez está decidido a avanzar con ambas iniciativas a pesar del fuerte rechazo de distintos sectores de la población. De acuerdo al ambientalista Federico Soria, "la ley nacional 26639 (conocida como Ley de Glaciares) prohíbe la minería en ambientes glaciares y periglaciares", por lo tanto los proyectos "no son viables".
Soria añadió que "la Ley provincial 6045 prohíbe la minería en todas sus etapas dentro de las áreas naturales protegidas, ya que el objetivo de dicha norma es conservar los ambientes naturales que las conforman", y destacó el proyecto de "Cerro Amarillo se encuentra dentro de la reserva natural Laguna del Atuel", según la ley provincial 8516".
El ambientalista expresó que la aprobación de los emprendimientos mineros "afectaría directamente el patrimonio natural de todos los mendocinos protegido por leyes provinciales vigentes", a la vez que aclaró que "la ley provincial 8051 (de ordenamiento territorial) determina que las áreas naturales protegidas provinciales creadas en el marco de la ley 6045, son reconocidas como áreas sujetas a regímenes especiales y, por lo tanto, la pretendida intencionalidad de llevar a cabo explotaciones mineras en este patrimonio natural que pertenece a todos los mendocinos, constituye también un acto de violación a la Ley de Ordenamiento Territorial".
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Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El miércoles ingresarán a la Cámara de Diputados de Mendoza dos proyectos mineros para explorar hierro y cobre en el sur de la provincia. El primero se denomina "Hierro Indio" y es una propuesta de una empresa nacional de hierro, que busca reactivar un yacimiento trabajado hasta 1970 por Fabricaciones Militares, y el otro -más polémico- se llama "Cerro Amarillo" y apunta a la extracción de cobre a 60 kilómetros de Malargüe. Sería trabajado por una firma de capitales argentinos y norteamericanos, y según organizaciones ambientalistas es "inviable" ya que pone en riesgo un ambiente protegido como la Laguna del Atuel, según informó el diario San Rafael.
El periódico aseguró que el gobierno del justicialista Francisco Pérez está decidido a avanzar con ambas iniciativas a pesar del fuerte rechazo de distintos sectores de la población. De acuerdo al ambientalista Federico Soria, "la ley nacional 26639 (conocida como Ley de Glaciares) prohíbe la minería en ambientes glaciares y periglaciares", por lo tanto los proyectos "no son viables".
Soria añadió que "la Ley provincial 6045 prohíbe la minería en todas sus etapas dentro de las áreas naturales protegidas, ya que el objetivo de dicha norma es conservar los ambientes naturales que las conforman", y destacó el proyecto de "Cerro Amarillo se encuentra dentro de la reserva natural Laguna del Atuel", según la ley provincial 8516".
El ambientalista expresó que la aprobación de los emprendimientos mineros "afectaría directamente el patrimonio natural de todos los mendocinos protegido por leyes provinciales vigentes", a la vez que aclaró que "la ley provincial 8051 (de ordenamiento territorial) determina que las áreas naturales protegidas provinciales creadas en el marco de la ley 6045, son reconocidas como áreas sujetas a regímenes especiales y, por lo tanto, la pretendida intencionalidad de llevar a cabo explotaciones mineras en este patrimonio natural que pertenece a todos los mendocinos, constituye también un acto de violación a la Ley de Ordenamiento Territorial".
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Atuel: la CSJ acepta la demanda de La Pampa
La Corte aceptó la demanda pampeana por el corte del Atuel
Fecha de Publicación: 16/08/2014
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar la demanda presentada en mayo pasado por el gobierno de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el corte del río Atuel, aunque no consideró el pedido para que se establezca la restitución del cauce con un caudal fluvioecológico en forma inmediata. La decisión implica un primer avance para la postura pampeana y, en consecuencia, un traspié para los funcionarios y jurisconsultos mendocinos que decían que la Corte esgrimiría la "cosa juzgada" para rechazar esta nueva presentación pampeana.
La información fue confirmada por el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, en una conferencia brindada ayer por la mañana en su despacho, oportunidad en que recordó que el gobierno pampeano respondió el 2 de julio la información requerida por el máximo tribunal en el marco del juicio presentado por el abogado santarroseño Miguel Palazzani por el daño ambiental generado por el corte del río.
Lastiri comentó que el proceso judicial iniciado a partir de la presentación del gobierno de La Pampa del 16 de mayo "está avanzando rápidamente" en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agregó que las autoridades "no estamos pasivas en las gestiones, seguimos relevando el cauce del Atuel, donde todavía corre agua, para demostrar que desde el punto de vista hidrológico y ambiental es perfectamente posible, aún en las crisis hídricas, la posibilidad que haya un caudal ambiental para La Pampa".
La decisión de la Corte de aceptar la demanda pampeana ya fue notificada a las tres partes involucradas. En el caso de Mendoza, en calidad de demandada, y en el caso del gobierno nacional, como tercero. Así lo había solicitado La Pampa en la presentación de mayo, un texto elaborado por el estudio jurídico porteño Badeni, Laplacette, Cantilo y Carricart.
Lastiri comentó que en la semana pasada participó de un encuentro del Consejo Hídrico Federal donde se recibió información de distintos organismos nacionales, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Medio Ambiente y del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) del Ministerio de Agricultura, sobre la demanda del Atuel y varios estudios sobre el tema. Estos organismos habían sido notificados por La Pampa sobre su demanda contra Mendoza. En la reunión de la semana pasada, comunicaron sus respuestas al Cohife.
El tema de la demanda pampeana también se está analizando en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), comentó Lastiri, que es el delegado pampeano ante ese comité de cuenca. En la última reunión ordinaria, el delegado mendocino informó que su provincia está trabajando sobre este tema para responder ante la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado por LA ARENA, Lastiri informó que la Corte "no dio curso" a una parte de la demanda que solicitaba se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y se restituyera de inmediato el escurrimiento el río en nuestra provincia, debiendo hacerlo con un caudal fluvioecológico. El tribunal "no atendió ese punto", indicó el secretario hídrico.
Una obra polémica
El secretario Lastiri también se refirió a la polémica generada a partir de las intenciones de la provincia de Mendoza de avanzar con la obra Portezuelo del Viento para lo que solicitó al gobierno nacional que incluya la construcción en los convenios de colaboración bilateral que firmó con Rusia y China.
"La posición de La Pampa con respecto a Portezuelo es clara desde hace tiempo. Se trata de una obra que reclama Mendoza, prevista en el Tratado del Río Colorado, con derivaciones en el trasvase que fue pospuesto por esa provincia y en consecuencia dentro de Coirco se discute sobre la ejecución", comentó el funcionario.
Siguiendo en ese sentido, añadió: "El gobierno mendocino pospuso el trasvase y se terminó el proyecto para la aprobación de Coirco, pero deben determinarse tres cosas que están demoradas: quién maneja la presa, el estudio de impacto ambiental y de caudal mínimo, esos requerimientos se solicitaron ahora".
De esta forma, el gobierno pampeano cuestionó nuevamente a Mendoza indicando que si la obra de Portezuelo del Viento no avanza es porque el Ejecutivo cuyano no cumplió aún con varios pasos fundamentales ante el Coirco, un órgano con participación de La Pampa que ejerce cierta presión con la restitución del Atuel para aprobar la obra.
Ahora sí comenzó el segundo juicio
Con la decisión de aceptar la demanda pampeana -tal como había aconsejado la Procuración General de Justicia- ya se puede afirmar que comenzó y está en marcha el segundo juicio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel. El primero, iniciado en 1979 y concluido en 1987, determinó la "interprovincialidad" del río -algo que negaba Mendoza- pero favoreció a esa provincia al rechazar la "acción posesoria de aguas" que había presentado La Pampa y al otorgarle el derecho a regar casi 76.000 hectáreas con el agua del río, argumento que siempre esgrimió para negarle un uso compartido del recurso a nuestra provincia.
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Fecha de Publicación: 16/08/2014
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar la demanda presentada en mayo pasado por el gobierno de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el corte del río Atuel, aunque no consideró el pedido para que se establezca la restitución del cauce con un caudal fluvioecológico en forma inmediata. La decisión implica un primer avance para la postura pampeana y, en consecuencia, un traspié para los funcionarios y jurisconsultos mendocinos que decían que la Corte esgrimiría la "cosa juzgada" para rechazar esta nueva presentación pampeana.
La información fue confirmada por el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, en una conferencia brindada ayer por la mañana en su despacho, oportunidad en que recordó que el gobierno pampeano respondió el 2 de julio la información requerida por el máximo tribunal en el marco del juicio presentado por el abogado santarroseño Miguel Palazzani por el daño ambiental generado por el corte del río.
Lastiri comentó que el proceso judicial iniciado a partir de la presentación del gobierno de La Pampa del 16 de mayo "está avanzando rápidamente" en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agregó que las autoridades "no estamos pasivas en las gestiones, seguimos relevando el cauce del Atuel, donde todavía corre agua, para demostrar que desde el punto de vista hidrológico y ambiental es perfectamente posible, aún en las crisis hídricas, la posibilidad que haya un caudal ambiental para La Pampa".
La decisión de la Corte de aceptar la demanda pampeana ya fue notificada a las tres partes involucradas. En el caso de Mendoza, en calidad de demandada, y en el caso del gobierno nacional, como tercero. Así lo había solicitado La Pampa en la presentación de mayo, un texto elaborado por el estudio jurídico porteño Badeni, Laplacette, Cantilo y Carricart.
Lastiri comentó que en la semana pasada participó de un encuentro del Consejo Hídrico Federal donde se recibió información de distintos organismos nacionales, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Medio Ambiente y del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) del Ministerio de Agricultura, sobre la demanda del Atuel y varios estudios sobre el tema. Estos organismos habían sido notificados por La Pampa sobre su demanda contra Mendoza. En la reunión de la semana pasada, comunicaron sus respuestas al Cohife.
El tema de la demanda pampeana también se está analizando en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), comentó Lastiri, que es el delegado pampeano ante ese comité de cuenca. En la última reunión ordinaria, el delegado mendocino informó que su provincia está trabajando sobre este tema para responder ante la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado por LA ARENA, Lastiri informó que la Corte "no dio curso" a una parte de la demanda que solicitaba se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y se restituyera de inmediato el escurrimiento el río en nuestra provincia, debiendo hacerlo con un caudal fluvioecológico. El tribunal "no atendió ese punto", indicó el secretario hídrico.
Una obra polémica
El secretario Lastiri también se refirió a la polémica generada a partir de las intenciones de la provincia de Mendoza de avanzar con la obra Portezuelo del Viento para lo que solicitó al gobierno nacional que incluya la construcción en los convenios de colaboración bilateral que firmó con Rusia y China.
"La posición de La Pampa con respecto a Portezuelo es clara desde hace tiempo. Se trata de una obra que reclama Mendoza, prevista en el Tratado del Río Colorado, con derivaciones en el trasvase que fue pospuesto por esa provincia y en consecuencia dentro de Coirco se discute sobre la ejecución", comentó el funcionario.
Siguiendo en ese sentido, añadió: "El gobierno mendocino pospuso el trasvase y se terminó el proyecto para la aprobación de Coirco, pero deben determinarse tres cosas que están demoradas: quién maneja la presa, el estudio de impacto ambiental y de caudal mínimo, esos requerimientos se solicitaron ahora".
De esta forma, el gobierno pampeano cuestionó nuevamente a Mendoza indicando que si la obra de Portezuelo del Viento no avanza es porque el Ejecutivo cuyano no cumplió aún con varios pasos fundamentales ante el Coirco, un órgano con participación de La Pampa que ejerce cierta presión con la restitución del Atuel para aprobar la obra.
Ahora sí comenzó el segundo juicio
Con la decisión de aceptar la demanda pampeana -tal como había aconsejado la Procuración General de Justicia- ya se puede afirmar que comenzó y está en marcha el segundo juicio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel. El primero, iniciado en 1979 y concluido en 1987, determinó la "interprovincialidad" del río -algo que negaba Mendoza- pero favoreció a esa provincia al rechazar la "acción posesoria de aguas" que había presentado La Pampa y al otorgarle el derecho a regar casi 76.000 hectáreas con el agua del río, argumento que siempre esgrimió para negarle un uso compartido del recurso a nuestra provincia.
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Finalmente La Pampa demandó a Mendoza por el Atuel
La Pampa demandó a Mendoza en la Corte Suprema por el río Atuel
Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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La Pampa controla las zonas petroleras
Controlan las zonas petroleras
Fecha de Publicación: 09/04/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El subsecretario de Ecología de la provincia, Darío Mariani, y personal técnico de ese área visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo con el fin de analizar "in situ" la zona y tomar muestras de agua de los freatímetros instalados en el lugar.
El trabajo se realizó en el área "El Medanito" que explotan las empresas Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobrás Argentina SA.
Los freatímetros son perforaciones que permiten tomar muestras del agua del subsuelo y detectar si existe o no contaminación, ya sea por hidrocarburos o agua salada, provenientes de las perforaciones petroleras. Este trabajo se viene efectuando ininterrumpidamente desde hace siete años y en forma continuada se han venido sumando punto de control. En la actualidad, la red de control cuenta con más de cuarenta freatímetros distribuidos a toda el área donde se explotan hidrocarburos.
"Es de hacer notar que a la fecha en ninguno de los controles se ha detectado contaminación subterránea", remarcó la Subsecretaría.
Asimismo, el organismo procedió a liberar suelos que habían sido contaminados con hidrocarburos y que se sometieron a un tratamiento de biorremediación para su descontaminación. Esta decisión se tomó merced a los resultados que informó el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Del volumen total de suelos afectados, 3.482 metros cúbicos fueron tratados por la empresa Petrobras Argentina S.A. y 450 metros cúbicos por el consorcio empresario "Medanito Sur".
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Fecha de Publicación: 09/04/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El subsecretario de Ecología de la provincia, Darío Mariani, y personal técnico de ese área visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo con el fin de analizar "in situ" la zona y tomar muestras de agua de los freatímetros instalados en el lugar.
El trabajo se realizó en el área "El Medanito" que explotan las empresas Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobrás Argentina SA.
Los freatímetros son perforaciones que permiten tomar muestras del agua del subsuelo y detectar si existe o no contaminación, ya sea por hidrocarburos o agua salada, provenientes de las perforaciones petroleras. Este trabajo se viene efectuando ininterrumpidamente desde hace siete años y en forma continuada se han venido sumando punto de control. En la actualidad, la red de control cuenta con más de cuarenta freatímetros distribuidos a toda el área donde se explotan hidrocarburos.
"Es de hacer notar que a la fecha en ninguno de los controles se ha detectado contaminación subterránea", remarcó la Subsecretaría.
Asimismo, el organismo procedió a liberar suelos que habían sido contaminados con hidrocarburos y que se sometieron a un tratamiento de biorremediación para su descontaminación. Esta decisión se tomó merced a los resultados que informó el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Del volumen total de suelos afectados, 3.482 metros cúbicos fueron tratados por la empresa Petrobras Argentina S.A. y 450 metros cúbicos por el consorcio empresario "Medanito Sur".
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El caso Atuel va a la Corte Suprema
Atuel: “El camino es la Corte Suprema”
Fecha de Publicación: 04/04/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Jorge dio un corte definitivo a cualquier tipo de acuerdo político con Mendoza por el corte del río Atuel. “Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora el camino es la Corte Suprema”, aseguró.
Sobre el rechazo del Senado mendocino al convenio firmado en el año 2008, Jorge dijo que “esto demuestra una vez más las actitudes que tiene Mendoza, donde desaprueba el acuerdo justo en este momento donde la Corte Suprema se ha abocado al tema del Atuel”.
- Mendoza quiere un nuevo acuerdo.
- Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora, el camino es la Sorte Suprema. Estamos a pocos días de hacer la presentación por parte del Estudio Badeni y allá vamos.
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Fecha de Publicación: 04/04/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Jorge dio un corte definitivo a cualquier tipo de acuerdo político con Mendoza por el corte del río Atuel. “Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora el camino es la Corte Suprema”, aseguró.
Sobre el rechazo del Senado mendocino al convenio firmado en el año 2008, Jorge dijo que “esto demuestra una vez más las actitudes que tiene Mendoza, donde desaprueba el acuerdo justo en este momento donde la Corte Suprema se ha abocado al tema del Atuel”.
- Mendoza quiere un nuevo acuerdo.
- Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora, el camino es la Sorte Suprema. Estamos a pocos días de hacer la presentación por parte del Estudio Badeni y allá vamos.
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Avanza la demanda contra Mendoza por el Atuel
Causa del Atuel: La Pampa fue notificada
Fecha de Publicación: 27/02/2014
Fuente: EL Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge y el asesor letrado de Gobierno, José Vannini, ya fueron formalmente notificados de la demanda que trata la Corte Suprema de Justicia, en la que se le pide a Mendoza un resarcimiento por el daño ambiental causado a partir del corte de ese curso hídrico.
Los funcionarios pampeanos se enteraron formalmente el caso el viernes pasado, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario. Esto significa que empezaron a correr los 60 días hábiles de plazo para que la Provincia fije posición en el expediente, de acuerdo a los planteos e interrogantes que formula el máximo organismo judicial.
En este marco, el gobierno provincial debe definir políticamente qué intervención hace en la causa: si se limita a responder los interrogantes de la Corte o aprovecha el espacio jurídico para hacer los planteos que pensaba articular en una nueva demanda, anunciada en setiembre y cuyo análisis quedó en manos del Estudio Badeni.
La causa avanzada en la Corte se inició a raíz de un planteo como ciudadano común que hizo el abogado Miguel Palazzani, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez. Nunca fueron consultados oficialmente por el gobierno pampeano respecto de la cuestión.
Ya habían empezado a correr los plazos para las otras partes, la Provincia de Mendoza y el gobierno central: Nación tienen que dar explicaciones acerca de lo que hizo o no hizo para el cumplimiento del convenio que se firmó en agosto del año 2008, y que no ha tenido aplicación porque en Mendoza ni siquiera se logró el aval legislativo.
En la conclusión del fallo, se le pide al Estado Nacional detalles de si ha otorgado “asistencia financiera a las provincias de La Pampa y Mendoza para la ejecución de las obras previstas y si ha constituido la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel, y, en tal caso, si se han cumplido las acciones contempladas en la cláusula décima de ese instrumento”.
La Corte cita al Estado Nacional solamente por su intervención en el acuerdo de 2008, dejando de lado cualquier referencia o posible intervención previa dentro del corte del río. Desde algunos sectores en La Pampa han reclamado al Gobierno Provincial que también incluya a la Nación en la demanda anunciada en septiembre, al entender que también tiene responsabilidad en el corte del caudal hacia La Pampa.
En los considerandos de la resolución del máximo tribunal -tal como informó El Diario- se deja sentado claramente el carácter de río interprovincial que le confieren a la cuenca hidrográfica del Atuel. Lo hacen citando el fallo de 1987, que resolvió la primera demanda que La Pampa presentó contra Mendoza por el corte del cauce. Incluso, esa interjurisdiccionalidad es lo que esgrime para que sea la Corte quien trate el tema.
Además, se cita al pleito a la provincia de La Pampa porque “la controversia le es común” ya que reviste “la condición de cotitular del río Atuel”, según señalan los jueces. La citación como tercero del Estado Nacional es en virtud de “la invocación del acuerdo suscripto con las provincias involucradas a los efectos de la realización de obras para solucionar el problema ambiental que se denuncia”.
En la ratificación de la citación a Nación y La Pampa para tomar parte dejan en claro que es para que “comparezcan a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderles”. Es decir, que nuestra provincia podría sumarse como codemandante.
Las cuestiones que La Pampa está planteando hacer formar parte de una demanda bien podrían ingresarse en este expediente que ya tiene un notable grado de avance y que la Corte Suprema ha resuelto definir por sí misma.
“Si algo distinto de lo que dice nuestra demanda quería hacer (La Pampa) con el nuevo juicio, procesalmente lo puede plantear en ese mismo expediente”, aseveró Gil Domínguez. “Cuando se presente, puede dar todos los argumentos que quiera y ofrecer la prueba que considere necesaria”, comentó.
De este modo, la Provincia podría ingresar en un análisis de su estrategia y revisar lo actuado y los pasos a dar. Hasta el momento, el gobernador instruyó para que el Estudio Badeni se haga cargo de una presentación formal ante la Corte, para lo cual los abogados están consultando a diversos sectores conocedores del conflicto e involucrados en la problemática.
Gil Domínguez redondeó: “La discusión de ahora en más es cómo el agua vuelve a correr en el río Atuel, esa es la discusión de este proceso: ya no se discute si debe llegar a La Pampa, sino cómo vuelve a correr”.
Los requerimientos a Mendoza que deben ser respondidos en el término de 60 días están separados en cuatro puntos. En uno de ellos, preguntan si el convenio suscripto en 2008 con Nación y La Pampa “fue ratificado por la Legislatura provincial o, en su defecto, cuáles fueron las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo para lograr ese propósito”.
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Fecha de Publicación: 27/02/2014
Fuente: EL Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge y el asesor letrado de Gobierno, José Vannini, ya fueron formalmente notificados de la demanda que trata la Corte Suprema de Justicia, en la que se le pide a Mendoza un resarcimiento por el daño ambiental causado a partir del corte de ese curso hídrico.
Los funcionarios pampeanos se enteraron formalmente el caso el viernes pasado, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario. Esto significa que empezaron a correr los 60 días hábiles de plazo para que la Provincia fije posición en el expediente, de acuerdo a los planteos e interrogantes que formula el máximo organismo judicial.
En este marco, el gobierno provincial debe definir políticamente qué intervención hace en la causa: si se limita a responder los interrogantes de la Corte o aprovecha el espacio jurídico para hacer los planteos que pensaba articular en una nueva demanda, anunciada en setiembre y cuyo análisis quedó en manos del Estudio Badeni.
La causa avanzada en la Corte se inició a raíz de un planteo como ciudadano común que hizo el abogado Miguel Palazzani, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez. Nunca fueron consultados oficialmente por el gobierno pampeano respecto de la cuestión.
Ya habían empezado a correr los plazos para las otras partes, la Provincia de Mendoza y el gobierno central: Nación tienen que dar explicaciones acerca de lo que hizo o no hizo para el cumplimiento del convenio que se firmó en agosto del año 2008, y que no ha tenido aplicación porque en Mendoza ni siquiera se logró el aval legislativo.
En la conclusión del fallo, se le pide al Estado Nacional detalles de si ha otorgado “asistencia financiera a las provincias de La Pampa y Mendoza para la ejecución de las obras previstas y si ha constituido la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel, y, en tal caso, si se han cumplido las acciones contempladas en la cláusula décima de ese instrumento”.
La Corte cita al Estado Nacional solamente por su intervención en el acuerdo de 2008, dejando de lado cualquier referencia o posible intervención previa dentro del corte del río. Desde algunos sectores en La Pampa han reclamado al Gobierno Provincial que también incluya a la Nación en la demanda anunciada en septiembre, al entender que también tiene responsabilidad en el corte del caudal hacia La Pampa.
En los considerandos de la resolución del máximo tribunal -tal como informó El Diario- se deja sentado claramente el carácter de río interprovincial que le confieren a la cuenca hidrográfica del Atuel. Lo hacen citando el fallo de 1987, que resolvió la primera demanda que La Pampa presentó contra Mendoza por el corte del cauce. Incluso, esa interjurisdiccionalidad es lo que esgrime para que sea la Corte quien trate el tema.
Además, se cita al pleito a la provincia de La Pampa porque “la controversia le es común” ya que reviste “la condición de cotitular del río Atuel”, según señalan los jueces. La citación como tercero del Estado Nacional es en virtud de “la invocación del acuerdo suscripto con las provincias involucradas a los efectos de la realización de obras para solucionar el problema ambiental que se denuncia”.
En la ratificación de la citación a Nación y La Pampa para tomar parte dejan en claro que es para que “comparezcan a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderles”. Es decir, que nuestra provincia podría sumarse como codemandante.
Las cuestiones que La Pampa está planteando hacer formar parte de una demanda bien podrían ingresarse en este expediente que ya tiene un notable grado de avance y que la Corte Suprema ha resuelto definir por sí misma.
“Si algo distinto de lo que dice nuestra demanda quería hacer (La Pampa) con el nuevo juicio, procesalmente lo puede plantear en ese mismo expediente”, aseveró Gil Domínguez. “Cuando se presente, puede dar todos los argumentos que quiera y ofrecer la prueba que considere necesaria”, comentó.
De este modo, la Provincia podría ingresar en un análisis de su estrategia y revisar lo actuado y los pasos a dar. Hasta el momento, el gobernador instruyó para que el Estudio Badeni se haga cargo de una presentación formal ante la Corte, para lo cual los abogados están consultando a diversos sectores conocedores del conflicto e involucrados en la problemática.
Gil Domínguez redondeó: “La discusión de ahora en más es cómo el agua vuelve a correr en el río Atuel, esa es la discusión de este proceso: ya no se discute si debe llegar a La Pampa, sino cómo vuelve a correr”.
Los requerimientos a Mendoza que deben ser respondidos en el término de 60 días están separados en cuatro puntos. En uno de ellos, preguntan si el convenio suscripto en 2008 con Nación y La Pampa “fue ratificado por la Legislatura provincial o, en su defecto, cuáles fueron las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo para lograr ese propósito”.
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Atuel: "Es tarde para dialogar"
Atuel: "Es tarde para dialogar", responden diputados a Mendoza
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Terribles incendios forestales en La Pampa
Las hectáreas afectadas por el fuego ascienden a 420.000
Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El director general de Defensa Civil de La Pampa, Gustavo Romero, informó que en la provincia se quemaron hasta el momento unas 420.000 hectáreas, aunque agregó que actualmente la situación “está controlada”.
La situación está controlada, porque pudimos dominar el último incendio del campo ’La Luz’, ubicado a unos 140 kilómetros de Santa Rosa sobre la ruta 14, donde aún hay una cuadrilla monitoreando la zona”, comentó el funcionario provincial.
Después de confirmar que en La Pampa hasta el momento se quemaron 420.000 hectáreas, Romero agregó que la provincia sigue en alerta porque las últimas lluvias tampoco fueron generalizadas y que las zonas más peligrosas son las de Chacharramendi, Puelches, Casa de Piedra y Santa Isabel.
El director de Defensa Civil pampeano destacó, además, el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y que permitió en la última semana la presencia de brigadistas de Córdoba y de marinos especializados de Bahía Blanca en la provincia.
Con respecto a las 420.000 hectáreas que se quemaron en distintas zonas de La Pampa desde noviembre pasado, Romero remarcó que la media histórica es de 320.000 hectáreas y que “en los últimos años esa cifra avanzaba a alrededor de 80.000 hectáreas”.
En la última semana, dos personas murieron en la localidad de Chacharramendi al ser alcanzadas por los incendios que se produjeron en un campo de la zona, en el que trabajaban como encargados. “Eso marca la peligrosidad del fuego”, señaló Romero sobre la lamentable situación.
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Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El director general de Defensa Civil de La Pampa, Gustavo Romero, informó que en la provincia se quemaron hasta el momento unas 420.000 hectáreas, aunque agregó que actualmente la situación “está controlada”.
La situación está controlada, porque pudimos dominar el último incendio del campo ’La Luz’, ubicado a unos 140 kilómetros de Santa Rosa sobre la ruta 14, donde aún hay una cuadrilla monitoreando la zona”, comentó el funcionario provincial.
Después de confirmar que en La Pampa hasta el momento se quemaron 420.000 hectáreas, Romero agregó que la provincia sigue en alerta porque las últimas lluvias tampoco fueron generalizadas y que las zonas más peligrosas son las de Chacharramendi, Puelches, Casa de Piedra y Santa Isabel.
El director de Defensa Civil pampeano destacó, además, el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y que permitió en la última semana la presencia de brigadistas de Córdoba y de marinos especializados de Bahía Blanca en la provincia.
Con respecto a las 420.000 hectáreas que se quemaron en distintas zonas de La Pampa desde noviembre pasado, Romero remarcó que la media histórica es de 320.000 hectáreas y que “en los últimos años esa cifra avanzaba a alrededor de 80.000 hectáreas”.
En la última semana, dos personas murieron en la localidad de Chacharramendi al ser alcanzadas por los incendios que se produjeron en un campo de la zona, en el que trabajaban como encargados. “Eso marca la peligrosidad del fuego”, señaló Romero sobre la lamentable situación.
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