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Energías renovables en La Pampa
08:15 | 
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Energías renovables en La Pampa
Fecha de Publicación: 13/12/2009
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa
La creciente complejidad del escenario energético global genera un importante desafío para profesionales, investigadores y gobernantes del mundo. El Consejo Mundial de Energías, en sus evaluaciones sobre el panorama en la materia hasta el año 2100, estima en esa proyección que las energías derivadas del petróleo cubrirá sólo el 20 por ciento del consumo total. Del resto, que deberá ser cubierto por energías alternativas, la mitad lo será por la energía solar y la biomasa, mientras que el 40 por ciento restante correrá por cuenta de la atómica, eólica y geotérmica, entre otras. Ese escenario futuro es muy alentador para la provincia de La Pampa, ya que con una superficie de 14.344.000 hectáreas nos permite utilizar ampliamente este tipo de energías renovables aunque la población de la provincia se multiplique por diez. Energía Solar El potencial energético solar en la provincia de La Pampa, según la Secretaria de Energía de la Nación, tiene en verano una de las radiaciones solares más altas del país llegando a un coeficiente máximo 7,5 Kwh/m2.día ( 6.450 Kc/m2.día), en tanto en invierno puede llegar a bajar a valores de 3 Kwh/m2.día (2.580 Kc/m2.día), o sea que se puede tomar un promedio de 5 Kwh/m2.día ( 4.300 Kc/m2.día) para el cálculo de aplicación de energía solar. Otra ventaja de la provincia de La Pampa es que tiene una fracción solar de 0,64 (Europa tiene 0,45), de modo que el 64 por ciento de las horas diurnas del año no están nubladas. Además, no se registran más de tres días consecutivos nublados. Nuestra provincia es privilegiada en este tipo de energías, teniendo en cuenta que se puede generar un promedio de 50.000 Kwh/hectárea/día (43.000.000 Kc/hectárea/día), lo que supone valores potenciales superlativos y virtualmente difíciles de imaginar. Lamentablemente, la aplicación de este tipo de energía es mínima; podría decirse que casi nada. Y lo más triste es que a futuro no se perciben políticas de estado para la aplicación de proyectos interesantes, a pesar de que nos encontramos en una zona privilegiada para la instalación de centrales térmicas solares de gran potencia y fotovoltaicas por encontrarnos en el centro del país, lo que facilitaría la distribución de energía eléctrica. La pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el motivo por el que no existen planes de aplicación a futuro a pesar de que, incluso, se cuenta con tecnología adecuada y con una universidad en condiciones de aportar factores sumamente importantes al desarrollo de energías renovables en la provincia. ðBiomasa Un informe FAO-INTA de mayo pasado sobre el potencial energético de biomasa indica que La Pampa tiene uno de los valores más altos en virtud de su cantidad de habitantes. En cuanto al tipo de biomasa que podemos utilizar, la natural es la producida sin la intervención humana, por ejemplo los árboles nativos, que no se tiene en cuenta para la generación de energía y, además, está protegida por ley. La biomasa residual es la generada por la actividad humana, principalmente en procesos agrícolas forestales, animales y los residuos de la basura domiciliaria. La producida es la que se cultiva con el propósito de obtener energía a través de transformaciones generando combustibles como biodiesel, bioetanol, biogas, hidrógeno, etc. Con la biomasa residual y producida la provincia de La Pampa tiene como mínimo un potencial de 45 millones de toneladas anuales, lo que representa en calor el equivalente a 90 millones de barriles de petróleo por año. Y si consideramos que por cada tonelada generamos 1.500 Kw eléctricos, nos daría 67.500.000.000 Kw anuales. El consumo de energía eléctrica de la provincia de La Pampa es aproximadamente de 100Mw, lo que representa un muy pequeño porcentaje de los que se obtendrían de la biomasa, que sin ninguna exageración podría ser hasta 100 veces más. Como ejemplo concreto, basta señalar que utilizar la soja para generar electricidad (Ley 26.190) es mucho más rentable que su comercialización (1 tonelada= 6.600 Kw). Otro panorama energético que se presentará a corto plazo es el autoabastecimiento de gasoil y naftas como consecuencia de la falta de expansión de la capacidad de las refinerías. La última gran inversión data de hace 20 años, cuando YPF amplió la capacidad de producir gasoil. Por otro lado, la producción agropecuaria pasó de 30 millones de toneladas de granos a cerca de 100 millones, lo que traerá una mayor demanda de combustible que tendrá que ser atendida por la importación a un valor mucho más elevado, que se va asemejar en precios a países como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay ocasionando un alza en los costos de producción. Por estos motivos se va a justificar la producción de combustibles derivados de la biomasa como biodiesel, bioetanol, hidrógeno, etc., para lo cual La Pampa cuenta con tecnología suficiente. Según información de la Secretaría de Energía de la Nación, la cantidad de proyectos sobre energías renovables incluye, en forma decreciente, a Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Catamarca, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro y, por último, Santa Cruz. Lo lamentable es que la provincia de La Pampa no figura con ningún proyecto a nivel oficial. Hay, no obstante, una iniciativa en marcha (que en su momento fue difundida por este diario) proyectada hacia la generación de electricidad para una población de 1.000 habitantes, con intervención de un municipio y otras instituciones, utilizando residuos agrícolas, forestales y animales con el agregado de la basura domiciliaria. El proyecto tiene, además, una segunda etapa destinada a la producción de combustibles líquidos, y figura en la “lista corta” del Banco Interamericano de Desarrollo para posibles financiamientos. Además, ha sido registrado por Endesa en España y fue nominado en la feria Innovar 2009. Son, al menos, señales de que hay quienes están pensando seriamente en el futuro y no están dispuestos a perder mucho más tiempo.
Fecha de Publicación: 13/12/2009
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa
La creciente complejidad del escenario energético global genera un importante desafío para profesionales, investigadores y gobernantes del mundo. El Consejo Mundial de Energías, en sus evaluaciones sobre el panorama en la materia hasta el año 2100, estima en esa proyección que las energías derivadas del petróleo cubrirá sólo el 20 por ciento del consumo total. Del resto, que deberá ser cubierto por energías alternativas, la mitad lo será por la energía solar y la biomasa, mientras que el 40 por ciento restante correrá por cuenta de la atómica, eólica y geotérmica, entre otras. Ese escenario futuro es muy alentador para la provincia de La Pampa, ya que con una superficie de 14.344.000 hectáreas nos permite utilizar ampliamente este tipo de energías renovables aunque la población de la provincia se multiplique por diez. Energía Solar El potencial energético solar en la provincia de La Pampa, según la Secretaria de Energía de la Nación, tiene en verano una de las radiaciones solares más altas del país llegando a un coeficiente máximo 7,5 Kwh/m2.día ( 6.450 Kc/m2.día), en tanto en invierno puede llegar a bajar a valores de 3 Kwh/m2.día (2.580 Kc/m2.día), o sea que se puede tomar un promedio de 5 Kwh/m2.día ( 4.300 Kc/m2.día) para el cálculo de aplicación de energía solar. Otra ventaja de la provincia de La Pampa es que tiene una fracción solar de 0,64 (Europa tiene 0,45), de modo que el 64 por ciento de las horas diurnas del año no están nubladas. Además, no se registran más de tres días consecutivos nublados. Nuestra provincia es privilegiada en este tipo de energías, teniendo en cuenta que se puede generar un promedio de 50.000 Kwh/hectárea/día (43.000.000 Kc/hectárea/día), lo que supone valores potenciales superlativos y virtualmente difíciles de imaginar. Lamentablemente, la aplicación de este tipo de energía es mínima; podría decirse que casi nada. Y lo más triste es que a futuro no se perciben políticas de estado para la aplicación de proyectos interesantes, a pesar de que nos encontramos en una zona privilegiada para la instalación de centrales térmicas solares de gran potencia y fotovoltaicas por encontrarnos en el centro del país, lo que facilitaría la distribución de energía eléctrica. La pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el motivo por el que no existen planes de aplicación a futuro a pesar de que, incluso, se cuenta con tecnología adecuada y con una universidad en condiciones de aportar factores sumamente importantes al desarrollo de energías renovables en la provincia. ðBiomasa Un informe FAO-INTA de mayo pasado sobre el potencial energético de biomasa indica que La Pampa tiene uno de los valores más altos en virtud de su cantidad de habitantes. En cuanto al tipo de biomasa que podemos utilizar, la natural es la producida sin la intervención humana, por ejemplo los árboles nativos, que no se tiene en cuenta para la generación de energía y, además, está protegida por ley. La biomasa residual es la generada por la actividad humana, principalmente en procesos agrícolas forestales, animales y los residuos de la basura domiciliaria. La producida es la que se cultiva con el propósito de obtener energía a través de transformaciones generando combustibles como biodiesel, bioetanol, biogas, hidrógeno, etc. Con la biomasa residual y producida la provincia de La Pampa tiene como mínimo un potencial de 45 millones de toneladas anuales, lo que representa en calor el equivalente a 90 millones de barriles de petróleo por año. Y si consideramos que por cada tonelada generamos 1.500 Kw eléctricos, nos daría 67.500.000.000 Kw anuales. El consumo de energía eléctrica de la provincia de La Pampa es aproximadamente de 100Mw, lo que representa un muy pequeño porcentaje de los que se obtendrían de la biomasa, que sin ninguna exageración podría ser hasta 100 veces más. Como ejemplo concreto, basta señalar que utilizar la soja para generar electricidad (Ley 26.190) es mucho más rentable que su comercialización (1 tonelada= 6.600 Kw). Otro panorama energético que se presentará a corto plazo es el autoabastecimiento de gasoil y naftas como consecuencia de la falta de expansión de la capacidad de las refinerías. La última gran inversión data de hace 20 años, cuando YPF amplió la capacidad de producir gasoil. Por otro lado, la producción agropecuaria pasó de 30 millones de toneladas de granos a cerca de 100 millones, lo que traerá una mayor demanda de combustible que tendrá que ser atendida por la importación a un valor mucho más elevado, que se va asemejar en precios a países como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay ocasionando un alza en los costos de producción. Por estos motivos se va a justificar la producción de combustibles derivados de la biomasa como biodiesel, bioetanol, hidrógeno, etc., para lo cual La Pampa cuenta con tecnología suficiente. Según información de la Secretaría de Energía de la Nación, la cantidad de proyectos sobre energías renovables incluye, en forma decreciente, a Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Catamarca, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro y, por último, Santa Cruz. Lo lamentable es que la provincia de La Pampa no figura con ningún proyecto a nivel oficial. Hay, no obstante, una iniciativa en marcha (que en su momento fue difundida por este diario) proyectada hacia la generación de electricidad para una población de 1.000 habitantes, con intervención de un municipio y otras instituciones, utilizando residuos agrícolas, forestales y animales con el agregado de la basura domiciliaria. El proyecto tiene, además, una segunda etapa destinada a la producción de combustibles líquidos, y figura en la “lista corta” del Banco Interamericano de Desarrollo para posibles financiamientos. Además, ha sido registrado por Endesa en España y fue nominado en la feria Innovar 2009. Son, al menos, señales de que hay quienes están pensando seriamente en el futuro y no están dispuestos a perder mucho más tiempo.
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Centro de rescate para fauna en La Pama
Alihuen impulsa un Centro de Rescate para Fauna Silvestre
Fecha de Publicación: 06/10/2009
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La ambientalista Asociación Alihuen presentó un proyecto para la creación de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en la provincia de La Pampa. El objetivo de este Centro (que debe ser un organismo público) es el destino, temporario y provisorio, para la atención de especies secuestradas en operativos de los organismos provinciales por violación a las leyes de conservación y además la creación de conciencia entre la población.
El presidente Leandro Altolaguirre, la licenciada en Recursos Naturales Carolina Rodríguez y la licenciada en Biología Luciana Rastelli explicaron la iniciativa.
“A partir de los operativos en los que intervino la Dirección de Recursos Naturales y recientemente un operativo en Bahía Blanca con el secuestro de 600 cardenales amarillos, advertimos la necesidad de un Centro de Rescate de Fauna”, dijo Altolaguirre. Mencionó las denuncias realizadas por Alihuen que dieron lugar a operativos de la Dirección de Recursos Naturales como la presencia de un carpincho en un coto de caza y el mantenimiento de pumas en cautiverio para la caza garantizada, entre otros.
“A partir de actividades comunes y contactos con gente de Recursos Naturales nos dimos cuenta que es necesario un Centro de Rescate. Porque algunos operativos no se realizan porque después no hay un lugar donde alojar los animales secuestrados. Está la idea que hacer cumplir la ley genera un problema y debemos, entonces, estar preparados”, dijo Altolaguirre.
Carolina Rodríguez explicó que “en la provincia de La Pampa en los últimos tres años hubo unos 500 sumarios. Entre ellos un 8% involucraron animales. En total hubo unos 150 animales”.
Explicó que “los animales no pueden ser devueltos al hábitat en muchos casos, porque mueren. Si no se hace la devolución con rigor técnico”.
La idea es que del organismo participen organismos e instituciones privadas y gubernamentales como consejos profesionales, Universidad, la Dirección de Recursos Naturales y las ONG ambientalistas.
El organismo actuaría como “una primera línea donde van los animales que son secuestrados. No sería un centro de rehabilitación porque se necesita más desarrollo e inversión. Pero se estaría en contacto con otras organizaciones que se dedican a la rehabilitación por especies”.
Además, el Centro de Rescate también serviría para los particulares que adoptan una especie silvestre pero se dan cuenta de que no pueden cuidarla. “Si bien se dan cuenta que hicieron mal en tener un animal silvestre, no tienen donde dejarlo. Por eso es necesario un lugar así”, afirmó.
Altolaguirre explicó que “cuando hablamos de tráfico de animales silvestres no es sólo tráfico. También se habla de enfermedades. Porque un animal que se introduce en otro hábitat puede provocar un desastre si tiene una enfermedad. Por eso es necesario un Centro de Rescate, entre otras cosas”.
También permitirá la formación, a través de pasantías, de los profesionales de algunas carreras que tienen interés en la fauna silvestre pero la formación profesional está orientada hacia los animales domésticos o de cría. “Hay estudiantes interesados en la fauna silvestre, que tendrían la posibilidad de una formación. Son los menos, pero hay quienes tienen ese interés”, dijo Altolaguirre.
Fecha de Publicación: 06/10/2009
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La ambientalista Asociación Alihuen presentó un proyecto para la creación de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en la provincia de La Pampa. El objetivo de este Centro (que debe ser un organismo público) es el destino, temporario y provisorio, para la atención de especies secuestradas en operativos de los organismos provinciales por violación a las leyes de conservación y además la creación de conciencia entre la población.
El presidente Leandro Altolaguirre, la licenciada en Recursos Naturales Carolina Rodríguez y la licenciada en Biología Luciana Rastelli explicaron la iniciativa.
“A partir de los operativos en los que intervino la Dirección de Recursos Naturales y recientemente un operativo en Bahía Blanca con el secuestro de 600 cardenales amarillos, advertimos la necesidad de un Centro de Rescate de Fauna”, dijo Altolaguirre. Mencionó las denuncias realizadas por Alihuen que dieron lugar a operativos de la Dirección de Recursos Naturales como la presencia de un carpincho en un coto de caza y el mantenimiento de pumas en cautiverio para la caza garantizada, entre otros.
“A partir de actividades comunes y contactos con gente de Recursos Naturales nos dimos cuenta que es necesario un Centro de Rescate. Porque algunos operativos no se realizan porque después no hay un lugar donde alojar los animales secuestrados. Está la idea que hacer cumplir la ley genera un problema y debemos, entonces, estar preparados”, dijo Altolaguirre.
Carolina Rodríguez explicó que “en la provincia de La Pampa en los últimos tres años hubo unos 500 sumarios. Entre ellos un 8% involucraron animales. En total hubo unos 150 animales”.
Explicó que “los animales no pueden ser devueltos al hábitat en muchos casos, porque mueren. Si no se hace la devolución con rigor técnico”.
La idea es que del organismo participen organismos e instituciones privadas y gubernamentales como consejos profesionales, Universidad, la Dirección de Recursos Naturales y las ONG ambientalistas.
El organismo actuaría como “una primera línea donde van los animales que son secuestrados. No sería un centro de rehabilitación porque se necesita más desarrollo e inversión. Pero se estaría en contacto con otras organizaciones que se dedican a la rehabilitación por especies”.
Además, el Centro de Rescate también serviría para los particulares que adoptan una especie silvestre pero se dan cuenta de que no pueden cuidarla. “Si bien se dan cuenta que hicieron mal en tener un animal silvestre, no tienen donde dejarlo. Por eso es necesario un lugar así”, afirmó.
Altolaguirre explicó que “cuando hablamos de tráfico de animales silvestres no es sólo tráfico. También se habla de enfermedades. Porque un animal que se introduce en otro hábitat puede provocar un desastre si tiene una enfermedad. Por eso es necesario un Centro de Rescate, entre otras cosas”.
También permitirá la formación, a través de pasantías, de los profesionales de algunas carreras que tienen interés en la fauna silvestre pero la formación profesional está orientada hacia los animales domésticos o de cría. “Hay estudiantes interesados en la fauna silvestre, que tendrían la posibilidad de una formación. Son los menos, pero hay quienes tienen ese interés”, dijo Altolaguirre.
Hay 20 mil litros de aceite con PCB en La Pampa
Hay 20 mil litros de aceite contaminados con PCB
Fecha de Publicación: 09/09/2009
Fuente: Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 20 mil litros de aceite de transformadores, la mayoría en manos de cooperativas eléctricas y empresas proveedoras de las petroleras de la zona de 25 de Mayo, aún permanecen contaminados con PCB.
El subsecretario de Ecología Darío Mariani visitó la localidad de 25 de Mayo, donde realizó tareas de supervisión de la descontaminación de aceites de transformadores. La tarea se concentró en transformadores que pertenecen a Petrobras que contienen más de dos mil litros de aceite contaminado.
Las operaciones de descontaminación son efectuadas por un equipo móvil de la empresa Kioshi, que utiliza la tecnología de declorinación química del aceite, informaron desde la Subsecretaría.
El PCB (bifenilos policlorados) es considerado un “contaminante orgánico persistente” (COP), es decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos.
Está incluido en la “docena sucia”, un listado de los doce contaminantes más persistentes del planeta.
Nuestro país suscribió el Convenio de Estocolmo en mayo de 2001, por el cual se comprometió a la eliminación de toda sustancia conteniendo más de 50 ppm (partes por millón) de PCB para el año 2025.
En Argentina, específicamente, se sancionó la Ley Nº 25.670, de Presupuestos Mínimos (de aplicación en todo el territorio nacional), según la cual nuestro país participa del cumplimiento de estas metas para el año 2010.
En su momento, la Subsecretaría de Ecología efectuó un relevamiento de todos los transformadores existentes en la provincia: determinó que alrededor de un 7 por ciento contenía niveles de PCB superiores a las 50 ppm.
Además, creó un Registro de Poseedores de PCB, en el cual se detalló la cantidad y la ubicación de los más de 57.000 litros de aceites contaminados.
Desde la Subsecretaría se aseguró que en la provincia no hay transformadores con PCB que se encuentren operando. Incluso, la Administración Provincial de Energía ya descontaminó todos sus equipos. Pero aún existen algunas cooperativas eléctricas y particulares que tienen que efectuar las correspondientes tareas de descontaminación.
“La Subsecretaría realiza en forma periódica los controles pertinentes ya que se pretende cumplir con esta meta para el año 2010, y aún falta descontaminar alrededor de 20.000 litros de aceite”, completaron.
Fecha de Publicación: 09/09/2009
Fuente: Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 20 mil litros de aceite de transformadores, la mayoría en manos de cooperativas eléctricas y empresas proveedoras de las petroleras de la zona de 25 de Mayo, aún permanecen contaminados con PCB.
El subsecretario de Ecología Darío Mariani visitó la localidad de 25 de Mayo, donde realizó tareas de supervisión de la descontaminación de aceites de transformadores. La tarea se concentró en transformadores que pertenecen a Petrobras que contienen más de dos mil litros de aceite contaminado.
Las operaciones de descontaminación son efectuadas por un equipo móvil de la empresa Kioshi, que utiliza la tecnología de declorinación química del aceite, informaron desde la Subsecretaría.
El PCB (bifenilos policlorados) es considerado un “contaminante orgánico persistente” (COP), es decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos.
Está incluido en la “docena sucia”, un listado de los doce contaminantes más persistentes del planeta.
Nuestro país suscribió el Convenio de Estocolmo en mayo de 2001, por el cual se comprometió a la eliminación de toda sustancia conteniendo más de 50 ppm (partes por millón) de PCB para el año 2025.
En Argentina, específicamente, se sancionó la Ley Nº 25.670, de Presupuestos Mínimos (de aplicación en todo el territorio nacional), según la cual nuestro país participa del cumplimiento de estas metas para el año 2010.
En su momento, la Subsecretaría de Ecología efectuó un relevamiento de todos los transformadores existentes en la provincia: determinó que alrededor de un 7 por ciento contenía niveles de PCB superiores a las 50 ppm.
Además, creó un Registro de Poseedores de PCB, en el cual se detalló la cantidad y la ubicación de los más de 57.000 litros de aceites contaminados.
Desde la Subsecretaría se aseguró que en la provincia no hay transformadores con PCB que se encuentren operando. Incluso, la Administración Provincial de Energía ya descontaminó todos sus equipos. Pero aún existen algunas cooperativas eléctricas y particulares que tienen que efectuar las correspondientes tareas de descontaminación.
“La Subsecretaría realiza en forma periódica los controles pertinentes ya que se pretende cumplir con esta meta para el año 2010, y aún falta descontaminar alrededor de 20.000 litros de aceite”, completaron.
Estudio del Atuel en La Pampa
El gobierno pidió presupuesto para un estudio del Atuel
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Pasivo ambiental en la cuenca neuquina
La Corte Suprema cita a gobiernos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Atuel: la Corte se niega a tratar el daño
Atuel: la Corte se niega a tratar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Fecha de Publicación: 04/04/2009
Fuente: La Arena Web
Provincia/Región: La Pamapa - Mendoza
El máximo órgano sostuvo que en el juicio que terminó en 1987 se analizó la posesión de las aguas del río y no problemas ambientales. Las organizaciones ya piensan en otra vía jurídica: un amparo ambiental.
Por cuestiones de forma y no de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén presentaron en 2007 para que Mendoza cese el daño ambiental que produce en el oeste pampeano al cortar el río Atuel. La Corte dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Para las organizaciones, el rechazo es un "traspié" pero deja muchas lecturas positivas y obliga a buscar otras vías de acción. La posibilidad más concreta es presentar un "amparo ambiental" que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.
Con un dejo de desazón en sus rostros, los dirigentes y representantes de las tres organizaciones dieron a conocer ayer el resultado de este primer intento por revertir en la vía judicial la crítica situación del oeste pampeano. "Lamentamos comunicar a la opinión pública la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar la presentación que las dos primeras organizaciones (Fundación Chadileuvú y Asociación Alihuén) realizaran ante dicho organismo", informaron en un comunicado de prensa. La decisión casi unánime de los miembros de la CSJ cerró una puerta pero dejó en pie otras alternativas. Serán las que ahora analizarán las tres demandantes junto con el abogado que las patrocina, el pampeano Andrés Gil Domínguez. "Todavía no tenemos decidido qué camino vamos a seguir, esto es muy reciente, pero hay otras puertas para abrir", sostuvo Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú.
Antecedente.
En el año 2007, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén, con el estrecho acompañamiento de la Cooperativa Popular de Electricidad, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que estableciera las "acciones concretas" que deberían adoptarse para cesar "en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia de La Pampa debido al corte del río Atuel por parte de Mendoza". La acción también pretendía que Mendoza restituyera un caudal fluvioecológico al río para lograr una recomposición del ecosistema deteriorado. Las organizaciones pampeanas plantearon su acción a la luz del juicio que en el año 1978 La Pampa inició contra Mendoza por el uso inconsulto de las aguas del Atuel, juicio que tuvo su culminación con la sentencia de 1987, cuando la Corte determinó -a contramano de la pretensión de Mendoza- que el río Atuel es interprovincial y corresponde compartir el uso de sus aguas.
Formalismos.
El 17 de marzo de este año, la Corte dio su veredicto. Dijo que no a la presentación de las ONGs por "cuestiones formales", según informaron el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, el titular de Alihuén, Leandro Altolaguirre, y el consejero de la CPE, Miguel Angel Evangelista, en conferencia de prensa.
La primera cuestión de forma fue que la presentación no puede encuadrarse en el juicio del año 1978 porque en esa demanda se dilucidó de quién era el río y cómo debían compartirse sus aguas. No analizó aquel juicio temas ambientales porque no fueron planteados como objeto de esa demanda.
Un segundo argumento que invocó la Corte fue que las únicas partes habilitadas para intervenir en aquel juicio son los gobiernos de La Pampa y de Mendoza, es decir las partes vinculadas "al objeto originario de la acción". Esto lleva a un tercer impedimento: "una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características".
Con este pronunciamiento, la CSJ desestimó el derecho de las organizaciones a accionar invocando el fallo de 1987 pero -un hecho sumamente importante- "no consideró el fondo de la presentación ni la justicia de la misma", subrayaron las ONGs. Esto habilita un camino para otro tipo de acción judicial ya que el daño ambiental en el Atuel y su entorno "está probado", se agrava con el paso del tiempo, y que las organizaciones tienen la firme voluntad -como reafirmaron ayer- de seguir adelante con la lucha.
Traspié.
"Es un traspié pero también es una posibilidad que sabíamos que podía pasar", reflexionó Héctor Gómez al hacer el primer análisis de esta sentencia.
En el comunicado entregado ayer a la prensa se señala que "La Fuchad, Alihuén y la CPE consideramos que esta decisión judicial, si bien obliga a buscar otros caminos tanto judiciales como de otra naturaleza, no bastará para hacer cesar el reclamo pampeano de justicia por el Atuel".
La pesadumbre que ayer exhibían en sus rostros los dirigentes estaba generada en parte por el hecho de que el borrador de esta sentencia circuló muy rápidamente entre los despachos de los nueve miembros de la Corte Suprema. Esta rapidez se interpretó como una señal favorable, un anticipo de que la Corte haría lugar a la acción y convocaría a la audiencia de partes que habían solicitado las organizaciones. Fue una lectura errónea. La premura estaba fundamentada en un rechazo que tuvo un apoyo casi unánime de los jueces superiores.
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Mendoza incumple el acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
Fecha de Publicación: 01/04/2009
Fuente: Web La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El inciso obliga a Mendoza a garantizar una escorrentía mínima del río en su ingreso a La Pampa, algo que no sucede desde hace 5 meses. El Frepam quiere saber qué hace La Pampa.
Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.
Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.
La Pampa en emergencia ambiental
La ciudad está en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/10/2008
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El relleno sanitario colapsado y convertido en basurero a cielo abierto, minibasurales en las cercanías y el horno pirolítico obsoleto y paralizado conforman el escenario de emergencia ambiental y sanitaria que sufre Santa Rosa. Esta situación la definieron los participantes de la audiencia pública, en la que CLEAR SRL expuso que pretende un aumento de la tarifa del 90% para el servicio de recolección de basura y barrido de calles. Pero a los representantes de la empresa les recordaron que en el año 2004 hubo una prórroga que acordaron con la gestión de Néstor Alcala: hubo aplausos para quien lo dijo.
La audiencia pública, encabezada por el propio intendente Francisco Torroba, y acompañado por sus secretarios Pedro Salas y Luis Evangelista, comenzó con la exposición del secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch. Expuso el diagnóstico de la situación y las ideas del Gobierno municipal.
Bosch describió el panorama: el relleno sanitario convertido en basural a cielo abierto, falta de alambrado; la proliferación de cartoneros (entre ellos niños), la falta de uso de vestimenta de los recicladores, la presencia de animales vacunos; maquinaria obsoleta, quemas intencionales y la aparición de vectores infecciosos. La cava del relleno sólo tiene capacidad para seis meses.
En relación a los residuos patológicos, explicó el problema que genera la salida de funcionamiento del horno pirolítico, la falta de un vehículo adecuado para la recolección de los residuos (se utiliza una camioneta con una cúpula de lona), y la búsqueda de una alternativa autorizada para el enterramiento de los patológicos.
Bosch exhibió fotos del perímetro del relleno, con tramos sin el alambrado correspondiente. También, en relación a la maquinaria disponible puso como ejemplo que la única topadora es del año 1962 que requiere “5 litros de aceite por día”. Otro de los graves hechos es la presencia de los chicos en tareas de cirujeo en el relleno.
Bosch dijo que hasta el año 2010, en que se produce la finalización del contrato de CLEAR, hay plazos para analizar cómo será el futuro sistema.
Pero, el funcionario expuso también las propuestas en el corto plazo. Una de ellas es la separación en planta (reciclado efectivo que hoy no se realiza), la utilización de los orgánicos (para alimento balanceado) y la reutilización de los gases del relleno.
En el largo plazo, Bosch anticipó que pretende ir hacia un sistema con separación de residuos (entre orgánicos e inorgánico) en origen.
CLEAR
El encargado local de CLEAR, Jorge Pretz dijo que para la empresa la situación actual es “insostenible”.
Explicó que reciben de la Municipalidad $ 703.000 por la recolección de residuos y el barrido y que tienen de costo $ 1.340.946.
Expuso los números y concluyó que la tarifa debe tener un aumento del 90% para volver a los primeros números del contrato.
Dijeron que el desfasaje es por las condiciones del contrato, que es del año 1997. Ese contrato de 6 años, tenía la posibilidad de una prórroga de dos. Y después, el ex intendente Néstor Alcala forzó otra prórroga en el año 2005, por 5 años.
“El contrato viene de la Convertibilidad”, dijo Pretz. La empresa dijo que desde 2006 quiere dejar el contrato. Y que ahora hizo un juicio administrativo, reclamando una indemnización retroactiva.
Después, Jorge Diván de la Cámara de Comercio le recordó que “hay riesgo empresario. Porqué se renovó el contrato a pérdida. No tengo la respuesta”. Y hubo aplausos de los presentes. Pidió que la situación económica “no sea una excusa para un desmesurado aumento de la tarifa”.
El gerente regional de CLEAR, Juan carlos Begovic, pidió la palabra para responder: “Esto no es riesgo empresario. Trabajar a pérdida no es riesgo empresario”.
Emergencia ambiental
El técnico ambiental Jorge Marani habló en representación de la Universidad Nacional de La Pampa. Consideró que es necesario acordar un plan de contingencia. “Estamos en una emergencia ambiental y sanitaria, esto es así”, dijo Marani.
Ese plan debe incluir lanzar una fuerte campaña. “Se debe levantar la bandera de un municipio ambiental”, dijo. Marani -integrante del plantel municipal- recordó el desacierto de no integrar el COPROBA, mencionó las experiencias exitosas de los “municipios verdes en el sur provincial”.
A su turno la Cooperativa de Selectores de residuos pidió participación. “La basura tiene que sea de todos, no de algunos grupos”, dijo. Y dijeron estar dispuestos a participar de la recolección cuando CLEAR termine su contrato. Lizzy Rossi de la Granja Educativa La Lomita advirtió la necesidad de “crear conciencia”.
Las exposiciones se extendieron por más de cuatro horas. Las conclusiones ahora estarán a disposición del Concejo Deliberante que deberá legislar las políticas que instrumentará el Departamento Ejecutivo.
Fecha de Publicación: 30/10/2008
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El relleno sanitario colapsado y convertido en basurero a cielo abierto, minibasurales en las cercanías y el horno pirolítico obsoleto y paralizado conforman el escenario de emergencia ambiental y sanitaria que sufre Santa Rosa. Esta situación la definieron los participantes de la audiencia pública, en la que CLEAR SRL expuso que pretende un aumento de la tarifa del 90% para el servicio de recolección de basura y barrido de calles. Pero a los representantes de la empresa les recordaron que en el año 2004 hubo una prórroga que acordaron con la gestión de Néstor Alcala: hubo aplausos para quien lo dijo.
La audiencia pública, encabezada por el propio intendente Francisco Torroba, y acompañado por sus secretarios Pedro Salas y Luis Evangelista, comenzó con la exposición del secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch. Expuso el diagnóstico de la situación y las ideas del Gobierno municipal.
Bosch describió el panorama: el relleno sanitario convertido en basural a cielo abierto, falta de alambrado; la proliferación de cartoneros (entre ellos niños), la falta de uso de vestimenta de los recicladores, la presencia de animales vacunos; maquinaria obsoleta, quemas intencionales y la aparición de vectores infecciosos. La cava del relleno sólo tiene capacidad para seis meses.
En relación a los residuos patológicos, explicó el problema que genera la salida de funcionamiento del horno pirolítico, la falta de un vehículo adecuado para la recolección de los residuos (se utiliza una camioneta con una cúpula de lona), y la búsqueda de una alternativa autorizada para el enterramiento de los patológicos.
Bosch exhibió fotos del perímetro del relleno, con tramos sin el alambrado correspondiente. También, en relación a la maquinaria disponible puso como ejemplo que la única topadora es del año 1962 que requiere “5 litros de aceite por día”. Otro de los graves hechos es la presencia de los chicos en tareas de cirujeo en el relleno.
Bosch dijo que hasta el año 2010, en que se produce la finalización del contrato de CLEAR, hay plazos para analizar cómo será el futuro sistema.
Pero, el funcionario expuso también las propuestas en el corto plazo. Una de ellas es la separación en planta (reciclado efectivo que hoy no se realiza), la utilización de los orgánicos (para alimento balanceado) y la reutilización de los gases del relleno.
En el largo plazo, Bosch anticipó que pretende ir hacia un sistema con separación de residuos (entre orgánicos e inorgánico) en origen.
CLEAR
El encargado local de CLEAR, Jorge Pretz dijo que para la empresa la situación actual es “insostenible”.
Explicó que reciben de la Municipalidad $ 703.000 por la recolección de residuos y el barrido y que tienen de costo $ 1.340.946.
Expuso los números y concluyó que la tarifa debe tener un aumento del 90% para volver a los primeros números del contrato.
Dijeron que el desfasaje es por las condiciones del contrato, que es del año 1997. Ese contrato de 6 años, tenía la posibilidad de una prórroga de dos. Y después, el ex intendente Néstor Alcala forzó otra prórroga en el año 2005, por 5 años.
“El contrato viene de la Convertibilidad”, dijo Pretz. La empresa dijo que desde 2006 quiere dejar el contrato. Y que ahora hizo un juicio administrativo, reclamando una indemnización retroactiva.
Después, Jorge Diván de la Cámara de Comercio le recordó que “hay riesgo empresario. Porqué se renovó el contrato a pérdida. No tengo la respuesta”. Y hubo aplausos de los presentes. Pidió que la situación económica “no sea una excusa para un desmesurado aumento de la tarifa”.
El gerente regional de CLEAR, Juan carlos Begovic, pidió la palabra para responder: “Esto no es riesgo empresario. Trabajar a pérdida no es riesgo empresario”.
Emergencia ambiental
El técnico ambiental Jorge Marani habló en representación de la Universidad Nacional de La Pampa. Consideró que es necesario acordar un plan de contingencia. “Estamos en una emergencia ambiental y sanitaria, esto es así”, dijo Marani.
Ese plan debe incluir lanzar una fuerte campaña. “Se debe levantar la bandera de un municipio ambiental”, dijo. Marani -integrante del plantel municipal- recordó el desacierto de no integrar el COPROBA, mencionó las experiencias exitosas de los “municipios verdes en el sur provincial”.
A su turno la Cooperativa de Selectores de residuos pidió participación. “La basura tiene que sea de todos, no de algunos grupos”, dijo. Y dijeron estar dispuestos a participar de la recolección cuando CLEAR termine su contrato. Lizzy Rossi de la Granja Educativa La Lomita advirtió la necesidad de “crear conciencia”.
Las exposiciones se extendieron por más de cuatro horas. Las conclusiones ahora estarán a disposición del Concejo Deliberante que deberá legislar las políticas que instrumentará el Departamento Ejecutivo.
Proyecto para prohibir la caza del puma
Proyecto para prohibir la caza del puma
Fecha de Publicación: 01/03/2008
Fuente: Clarin
País/Región: Nacional
Un legislador chaqueño presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir totalmente la caza del puma en todo el país. La iniciativa pretende además que la especie sea declarada Monumento Natural Nacional. En La Pampa empieza hoy la temporada de caza mayor deportiva del puma.
El proyecto fue presentado por el chaqueño Rafael Fabris (UCR), ante la habilitación de la temporada 2008 desde hoy hasta el 31 de julio. "Pido que se declare al puma Monumento Natural Nacional, para lograr su protección y la recuperación de la especie que se encuentra en serio peligro de extinción", dijo Fabris.
La Dirección de Recursos Naturales habilitó la caza de pumas provenientes de criaderos habilitados. Los animales tendrán un chip. Pero como no existe criadero habilitado por la Nación, los especialistas (cazadores y veterinarios) afirman que servirá de pantalla para el tráfico ilegal.
Para Fabris, "no alcanza con limitar la caza del puma, se debe prohibir y vedar totalmente la captura de esta especie en todo el país. Es un despropósito que se siga aniquilando a la fauna nacional en manos de cazadores furtivos, generalmente extranjeros, con la 'caza garantizada'".
De la autorización en La Pampa, el legislador chaqueño dijo que "la situación se agrava si otras toman la misma resolución para los diferentes cotos o áreas de caza. Esto conllevará al tráfico, la captura en negro y, lo que es peor aún, a la pronta desaparición de la especie".
El puma es una de las especies más atractivas para los cazadores extranjeros. Llegan a pagar entre 3.000 y 4.000 euros. Es una especie incluida en la lista de la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES).
En el país el puma figura en el apéndice II (especie amenazada), pero en Estados Unidos y Brasil, por caso, está considerada "en peligro de extinción".
En 2007 estalló un escándalo por la denuncia de tráfico de pumas. La División Abigeato de la provincia de La Pampa realizó operativos y detectó unos 40 pumas enjaulados en cotos de caza y campos. En 2002 se cazaron 30 pumas. Y en 2006, 61.
Fecha de Publicación: 01/03/2008
Fuente: Clarin
País/Región: Nacional
Un legislador chaqueño presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir totalmente la caza del puma en todo el país. La iniciativa pretende además que la especie sea declarada Monumento Natural Nacional. En La Pampa empieza hoy la temporada de caza mayor deportiva del puma.
El proyecto fue presentado por el chaqueño Rafael Fabris (UCR), ante la habilitación de la temporada 2008 desde hoy hasta el 31 de julio. "Pido que se declare al puma Monumento Natural Nacional, para lograr su protección y la recuperación de la especie que se encuentra en serio peligro de extinción", dijo Fabris.
La Dirección de Recursos Naturales habilitó la caza de pumas provenientes de criaderos habilitados. Los animales tendrán un chip. Pero como no existe criadero habilitado por la Nación, los especialistas (cazadores y veterinarios) afirman que servirá de pantalla para el tráfico ilegal.
Para Fabris, "no alcanza con limitar la caza del puma, se debe prohibir y vedar totalmente la captura de esta especie en todo el país. Es un despropósito que se siga aniquilando a la fauna nacional en manos de cazadores furtivos, generalmente extranjeros, con la 'caza garantizada'".
De la autorización en La Pampa, el legislador chaqueño dijo que "la situación se agrava si otras toman la misma resolución para los diferentes cotos o áreas de caza. Esto conllevará al tráfico, la captura en negro y, lo que es peor aún, a la pronta desaparición de la especie".
El puma es una de las especies más atractivas para los cazadores extranjeros. Llegan a pagar entre 3.000 y 4.000 euros. Es una especie incluida en la lista de la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES).
En el país el puma figura en el apéndice II (especie amenazada), pero en Estados Unidos y Brasil, por caso, está considerada "en peligro de extinción".
En 2007 estalló un escándalo por la denuncia de tráfico de pumas. La División Abigeato de la provincia de La Pampa realizó operativos y detectó unos 40 pumas enjaulados en cotos de caza y campos. En 2002 se cazaron 30 pumas. Y en 2006, 61.
Otra vez la caza de pumas
Otra vez la caza de pumas
Fecha de Publicación: 27/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa, Nacional
Es lamentable que, debido a que el gobierno de La Pampa autorizó nuevamente la caza de pumas en esa provincia, se haga necesario poner otra vez en marcha todas las acciones tendientes a evitarla, puesto que nada ha cambiado desde el momento en que, con muy buen criterio, se había terminado con esa práctica.
Hace casi un año, se había prohibido la caza del puma -un animal autóctono, cuya población está en franco retroceso- después de haberse hecho pública una situación escandalosa: se encontraron animales que estaban enjaulados a la espera de que, anestesiados, fueran vendidos a cotos de caza donde se los liberaba, en esas condiciones, para que cayeran fácilmente atravesados por las balas de los cazadores extranjeros que, en número cada vez mayor, llegan al país para desarrollar esta cuestionable práctica.
No está de más recordar que los recursos naturales de los argentinos están cada día más cerca de agotarse y decisiones como la que aquí comentamos no ayudan precisamente. Porque no se trata sólo de la caza, permitida ahora, de pumas; hay caza furtiva de yaguaretés en Corrientes; de venados de las pampas, en Buenos Aires; de ciervos de los pantanos, en el Delta, y de muchas más especies autóctonas de las cuales, de seguir así, las generaciones futuras probablemente tendrán conocimiento sólo por los libros y las filmaciones.
Las organizaciones no gubernamentales que se ocupan específicamente del tema del medio ambiente y de la protección de la biodiversidad han reaccionado rápidamente ante lo que consideran, con razón, un grave retroceso legal. Sostienen que se trata de un verdadero "negocio" en el cual se hace sufrir a los animales por el trato que se les da en cautiverio y porque luego se los expone a una muerte cruel e innecesaria sólo para el disfrute de cazadores que no merecen el nombre de deportistas.
Es cierto que las autoridades provinciales han respondido ante estas acusaciones que en todo momento se trata de animales provenientes de los seis criaderos de pumas que hay en La Pampa, y que los animales incluso pueden ser identificados fácilmente porque llevan colocados microchips. Sin embargo, hasta cazadores de la zona pertenecientes al Club de Caza Mapú Vey Pudú se han manifestado en contra de la medida gubernamental, en tanto insisten en que aquellos criaderos han abierto hace muy poco, por lo cual no habrían podido obtener crías de puma tan rápido, y presumen que se ha recurrido una vez más a la captura en negro de animales.
Como ya lo hemos destacado en un editorial anterior, titulado "Caza vergonzosa", en muchos lugares del mundo, administrada con sabiduría, la caza es hasta un instrumento para la conservación de la biodiversidad, fundamental hoy para el desarrollo sustentable del ser humano sobre el planeta. Pero en la Argentina, infortunadamente, se ha vuelto otro "negocio" más para unos pocos apoyado ahora por equivocadas políticas públicas de un gobierno que no comprende que su deber indelegable es velar por todo lo contrario, es decir, para que no se destruya definitivamente nuestra fauna.
Fecha de Publicación: 27/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa, Nacional
Es lamentable que, debido a que el gobierno de La Pampa autorizó nuevamente la caza de pumas en esa provincia, se haga necesario poner otra vez en marcha todas las acciones tendientes a evitarla, puesto que nada ha cambiado desde el momento en que, con muy buen criterio, se había terminado con esa práctica.
Hace casi un año, se había prohibido la caza del puma -un animal autóctono, cuya población está en franco retroceso- después de haberse hecho pública una situación escandalosa: se encontraron animales que estaban enjaulados a la espera de que, anestesiados, fueran vendidos a cotos de caza donde se los liberaba, en esas condiciones, para que cayeran fácilmente atravesados por las balas de los cazadores extranjeros que, en número cada vez mayor, llegan al país para desarrollar esta cuestionable práctica.
No está de más recordar que los recursos naturales de los argentinos están cada día más cerca de agotarse y decisiones como la que aquí comentamos no ayudan precisamente. Porque no se trata sólo de la caza, permitida ahora, de pumas; hay caza furtiva de yaguaretés en Corrientes; de venados de las pampas, en Buenos Aires; de ciervos de los pantanos, en el Delta, y de muchas más especies autóctonas de las cuales, de seguir así, las generaciones futuras probablemente tendrán conocimiento sólo por los libros y las filmaciones.
Las organizaciones no gubernamentales que se ocupan específicamente del tema del medio ambiente y de la protección de la biodiversidad han reaccionado rápidamente ante lo que consideran, con razón, un grave retroceso legal. Sostienen que se trata de un verdadero "negocio" en el cual se hace sufrir a los animales por el trato que se les da en cautiverio y porque luego se los expone a una muerte cruel e innecesaria sólo para el disfrute de cazadores que no merecen el nombre de deportistas.
Es cierto que las autoridades provinciales han respondido ante estas acusaciones que en todo momento se trata de animales provenientes de los seis criaderos de pumas que hay en La Pampa, y que los animales incluso pueden ser identificados fácilmente porque llevan colocados microchips. Sin embargo, hasta cazadores de la zona pertenecientes al Club de Caza Mapú Vey Pudú se han manifestado en contra de la medida gubernamental, en tanto insisten en que aquellos criaderos han abierto hace muy poco, por lo cual no habrían podido obtener crías de puma tan rápido, y presumen que se ha recurrido una vez más a la captura en negro de animales.
Como ya lo hemos destacado en un editorial anterior, titulado "Caza vergonzosa", en muchos lugares del mundo, administrada con sabiduría, la caza es hasta un instrumento para la conservación de la biodiversidad, fundamental hoy para el desarrollo sustentable del ser humano sobre el planeta. Pero en la Argentina, infortunadamente, se ha vuelto otro "negocio" más para unos pocos apoyado ahora por equivocadas políticas públicas de un gobierno que no comprende que su deber indelegable es velar por todo lo contrario, es decir, para que no se destruya definitivamente nuestra fauna.
Pumas en La Pampa: otra vez polémica
Caza de pumas en La Pampa: otra vez polémica
Fecha de Publicación: 15/02/2008
Fuente: 26 Noticias
Provincia/Región: La Pampa
Se autorizó la apertura de la temporada de caza deportiva. Sin embargo, los criaderos no cumplen con la reglamentación exigida, por lo que no se encuentran habilitados, por lo que no sería posible la práctica del deporte. Aseguran que de este modo no se está garantizando la protección de la especie.
A pesar de que los cotos de caza del puma pampeano no se encuentran habilitados, el gobierno provincial levantó la prohibición que caía sobre la caza desde el año pasado, lo que generó reacciones en distintos sectores vinculados a la protección de la fauna local.
Hace un año atrás, se había vedado el deporte por un escándalo en el que se comprobó que varios de los centros de caza enjaulaban los animales o los drogaban para asegurar el éxito del cazador, lo que terminó afectando de manera negativa el turismo de la provincia.
La Comisión Asesora de Fauna había pedido que se realizaran controles de población en los criaderos, y ahora reclaman que se levantó la prohibición sin realizar los estudios correspondientes.
Aseguran que sólo conocer la cantidad de pumas criados permitiría evitar que los cotos de caza adquieran a los animales en el mercado negro, y proteger, de este modo, a la especie.
El mercado negro de los pumas pampeanos empieza con la captura del animal salvaje con trampas en los campos, la venta a los cotos, por un valor que ronda los dos mil pesos, que luego los encierran en jaulas, y en algunos casos los drogan, hasta que llega la temporada de caza, en la que los turistas pagan alrededor de tres mil euros por el trofeo.
Frente a este reclamo, el gobierno provincial asegura que “en la práctica” la caza prevista para la temporada que va entre el 31 de marzo y el 31 de julio no será posible, ya que de los seis criaderos inscriptos sólo uno cumple con la reglamentación provincial, pero no con la nacional, por lo que la presa no puede ser sacada del país.
Fecha de Publicación: 15/02/2008
Fuente: 26 Noticias
Provincia/Región: La Pampa
Se autorizó la apertura de la temporada de caza deportiva. Sin embargo, los criaderos no cumplen con la reglamentación exigida, por lo que no se encuentran habilitados, por lo que no sería posible la práctica del deporte. Aseguran que de este modo no se está garantizando la protección de la especie.
A pesar de que los cotos de caza del puma pampeano no se encuentran habilitados, el gobierno provincial levantó la prohibición que caía sobre la caza desde el año pasado, lo que generó reacciones en distintos sectores vinculados a la protección de la fauna local.
Hace un año atrás, se había vedado el deporte por un escándalo en el que se comprobó que varios de los centros de caza enjaulaban los animales o los drogaban para asegurar el éxito del cazador, lo que terminó afectando de manera negativa el turismo de la provincia.
La Comisión Asesora de Fauna había pedido que se realizaran controles de población en los criaderos, y ahora reclaman que se levantó la prohibición sin realizar los estudios correspondientes.
Aseguran que sólo conocer la cantidad de pumas criados permitiría evitar que los cotos de caza adquieran a los animales en el mercado negro, y proteger, de este modo, a la especie.
El mercado negro de los pumas pampeanos empieza con la captura del animal salvaje con trampas en los campos, la venta a los cotos, por un valor que ronda los dos mil pesos, que luego los encierran en jaulas, y en algunos casos los drogan, hasta que llega la temporada de caza, en la que los turistas pagan alrededor de tres mil euros por el trofeo.
Frente a este reclamo, el gobierno provincial asegura que “en la práctica” la caza prevista para la temporada que va entre el 31 de marzo y el 31 de julio no será posible, ya que de los seis criaderos inscriptos sólo uno cumple con la reglamentación provincial, pero no con la nacional, por lo que la presa no puede ser sacada del país.
Rechazo a la caza libre del puma
Fuerte rechazo a la caza libre del puma en La Pampa (Argentina)
Fecha de Publicación: 10/02/2008
Fuente: Clarín
Provincia: La Pampa
Ambientalistas dicen que la medida fomentará el tráfico ilegal de la especie.
El vía libre para la caza del puma en La Pampa provocó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, cazadores, el Colegio de Veterinarios de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa. Cuestionan la autorización para capturar únicamente pumas de criadero -animales sin instinto defensivo-, lo que fomentará, aseguran, la captura en negro.
La caza deportiva es una importante fuente de recursos en la provincia, donde funcionan numerosos cotos, que atraen incluso a cazadores del exterior. Pero el año pasado la caza del puma fue suspendida: un informe de Clarín reveló que en algunos cotos atrapaban a los animales, los dopaban y los soltaban frente a los cazadores extranjeros. Las excursiones con "caza garantida" se cobran unos 2.000 dólares.
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa acaba de fijar la temporada de caza del puma entre el 1º de marzo y el 31 de julio de 2008, y un cupo de un ejemplar por cazador. Sólo se podrán apresar a los pumas provenientes de los seis criaderos existentes en la provincia, unos 25 animales que tendrán un chip.
Entre las voces de rechazo, el veterinario Rodolfo Casal, de la Comisión Asesora de Caza provincial, cuestionó que "se lanza la temporada sin ningún estudio poblacional de la especie".
Experto en este felino, Casal viene realizando un minucioso seguimiento del comportamiento de la poblaciones de pumas desde 2001. Asegura que el número de animales está decayendo, lo que genera problemas en el medio ambiente: "Uno cree que cuando saca un predador, soluciona un problema; en realidad aparecen muchos otros".
El veterinario reveló que Recursos Naturales no dio información básica. "Queremos saber cuántas hembras tienen los cotos, cuántos partos y más datos. Sin ese control, habilitar la caza es fomentar el tráfico", dijo Casal.
El vicepresidente del club de caza Mapú Vey Pudú, Leandro Di Napoli, se preguntó: "¿Cómo sabemos si no capturan los pumas afuera y los introducen en los cotos? Ya hay lugares en el oeste donde están cazando pumas. ¿Cómo se controla que no les pongan a esos animales el chip que les da Recursos Naturales?"
También la organización ambientalista Alihuén cuestionó la medida. Su presidente, Leandro Altolaguirre, consideró: "Matar pumas que se criaron en cautiverio, que no desarrollaron el instinto, es cruel. Porque el puma, en estado silvestre huye del hombre; el de criadero se acerca, porque busca comida". Y agregó: "Esto es un guiño para los cazadores extranjeros. El año pasado cayó la venta de cacerías y ahora a poco de iniciarse la temporada, es una señal para los paquetes que se están por cerrar".
La directora de Recursos Naturales Marias Urioste dijo que "la caza es para los criaderos. No sé de donde salió que se habilitan los cotos de caza". La disposición de RRNN se titula "Temporada de caza Deportiva Mayor de Puma en cotos de caza año 2008". Y dicen que "sólo podrán cazarse pumas de criaderos habilitados" y en su encierre. La funcionaria reconoció que hay un sólo criadero con habilitación provincial sin la habilitación nacional.
Fecha de Publicación: 10/02/2008
Fuente: Clarín
Provincia: La Pampa
Ambientalistas dicen que la medida fomentará el tráfico ilegal de la especie.
El vía libre para la caza del puma en La Pampa provocó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, cazadores, el Colegio de Veterinarios de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa. Cuestionan la autorización para capturar únicamente pumas de criadero -animales sin instinto defensivo-, lo que fomentará, aseguran, la captura en negro.
La caza deportiva es una importante fuente de recursos en la provincia, donde funcionan numerosos cotos, que atraen incluso a cazadores del exterior. Pero el año pasado la caza del puma fue suspendida: un informe de Clarín reveló que en algunos cotos atrapaban a los animales, los dopaban y los soltaban frente a los cazadores extranjeros. Las excursiones con "caza garantida" se cobran unos 2.000 dólares.
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa acaba de fijar la temporada de caza del puma entre el 1º de marzo y el 31 de julio de 2008, y un cupo de un ejemplar por cazador. Sólo se podrán apresar a los pumas provenientes de los seis criaderos existentes en la provincia, unos 25 animales que tendrán un chip.
Entre las voces de rechazo, el veterinario Rodolfo Casal, de la Comisión Asesora de Caza provincial, cuestionó que "se lanza la temporada sin ningún estudio poblacional de la especie".
Experto en este felino, Casal viene realizando un minucioso seguimiento del comportamiento de la poblaciones de pumas desde 2001. Asegura que el número de animales está decayendo, lo que genera problemas en el medio ambiente: "Uno cree que cuando saca un predador, soluciona un problema; en realidad aparecen muchos otros".
El veterinario reveló que Recursos Naturales no dio información básica. "Queremos saber cuántas hembras tienen los cotos, cuántos partos y más datos. Sin ese control, habilitar la caza es fomentar el tráfico", dijo Casal.
El vicepresidente del club de caza Mapú Vey Pudú, Leandro Di Napoli, se preguntó: "¿Cómo sabemos si no capturan los pumas afuera y los introducen en los cotos? Ya hay lugares en el oeste donde están cazando pumas. ¿Cómo se controla que no les pongan a esos animales el chip que les da Recursos Naturales?"
También la organización ambientalista Alihuén cuestionó la medida. Su presidente, Leandro Altolaguirre, consideró: "Matar pumas que se criaron en cautiverio, que no desarrollaron el instinto, es cruel. Porque el puma, en estado silvestre huye del hombre; el de criadero se acerca, porque busca comida". Y agregó: "Esto es un guiño para los cazadores extranjeros. El año pasado cayó la venta de cacerías y ahora a poco de iniciarse la temporada, es una señal para los paquetes que se están por cerrar".
La directora de Recursos Naturales Marias Urioste dijo que "la caza es para los criaderos. No sé de donde salió que se habilitan los cotos de caza". La disposición de RRNN se titula "Temporada de caza Deportiva Mayor de Puma en cotos de caza año 2008". Y dicen que "sólo podrán cazarse pumas de criaderos habilitados" y en su encierre. La funcionaria reconoció que hay un sólo criadero con habilitación provincial sin la habilitación nacional.
La corrupción sigue reinando en La Pampa
Pumas: La corrupción sigue reinando en La Pampa
Fecha de Publicación: 09/02/2008
Fuente: BolsonWeb - Leandro Altolaguirre (Asociación ALIHUEN)
Provincia: La Pampa
El Gobierno provincial a autorizado nuevamente la Caza Garantizada de Pumas en los Cotos de Caza, con el único fin de hacer negocios con la muerte de animales indefensos y poniendo en serio riesgo a la población.
Esta actitud del Gobierno provincial de permitir la caza de pumas en cotos de caza, queda teñida de corrupción por que es un negocio dirigido a favorecer con la utilización de nuestros recursos naturales a empresarios inescrupulosos y funcionarios serviles, estafando a los turistas matadores, haciendo sufrir a los animales por el trato que le dan a los mismos durante su cautiverio y exponiendo a las personas a que puedan sufrir el ataque de un puma de estos que al haber estado en cautiverio, le perdieron el miedo al hombre y es mas, saben que donde está el hombre siempre hay comida.
El Director de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Lic. Daniel Ramadori nos ha expresado su rechazo a la reintroducción de estos animales en el medio silvestre, recordándonos las lamentables y malas o muy malas experiencias debido a la reintroducción de pumas, nada más citar el muy desgraciado episodio ocurrido en Iguazú con el hijo de un guardaparque. También ha expresado que "la caza garantizada en los cotos de caza" es una modalidad patética, por decirlo de alguna forma, para ganar dinero a costa de la brutalidad e ignorancia de algunos extranjeros.
En que consiste la corrupción?
La corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.
Fecha de Publicación: 09/02/2008
Fuente: BolsonWeb - Leandro Altolaguirre (Asociación ALIHUEN)
Provincia: La Pampa
El Gobierno provincial a autorizado nuevamente la Caza Garantizada de Pumas en los Cotos de Caza, con el único fin de hacer negocios con la muerte de animales indefensos y poniendo en serio riesgo a la población.
Esta actitud del Gobierno provincial de permitir la caza de pumas en cotos de caza, queda teñida de corrupción por que es un negocio dirigido a favorecer con la utilización de nuestros recursos naturales a empresarios inescrupulosos y funcionarios serviles, estafando a los turistas matadores, haciendo sufrir a los animales por el trato que le dan a los mismos durante su cautiverio y exponiendo a las personas a que puedan sufrir el ataque de un puma de estos que al haber estado en cautiverio, le perdieron el miedo al hombre y es mas, saben que donde está el hombre siempre hay comida.
El Director de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Lic. Daniel Ramadori nos ha expresado su rechazo a la reintroducción de estos animales en el medio silvestre, recordándonos las lamentables y malas o muy malas experiencias debido a la reintroducción de pumas, nada más citar el muy desgraciado episodio ocurrido en Iguazú con el hijo de un guardaparque. También ha expresado que "la caza garantizada en los cotos de caza" es una modalidad patética, por decirlo de alguna forma, para ganar dinero a costa de la brutalidad e ignorancia de algunos extranjeros.
En que consiste la corrupción?
La corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.
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