Mostrando entradas con la etiqueta Córdoba. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Córdoba. Mostrar todas las entradas
Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
.
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
.
Crueldad en Córdoba: matan una puma y reparten los cachorros
Crueldad absoluta: mataron a una puma y se repartieron los cachorritos
Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Ocurrió en la localidad cordobesa de Idiazábal. Seis de los autores son menores de edad y uno mayor. La Policía se enteró por redes sociales del hecho y logró recuperar los animalitos.
En un hecho de crueldad absoluta contra los animales y con la gravedad de que se trata de especies de fauna autóctona protegida, siete jóvenes (seis de ellos menores de edad y uno mayor) mataron una hembra puma que acababa de dar a luz cinco cachorritos, le sacaron el cuero y luego se repartieron las crías recién nacidas.
La Policía de la zona se enteró del hecho luego de que comenzara a circular por redes sociales la noticia y tras una investigación logró la recuperación de los cachorritos y la identificación de todos los involucrados en el hecho.
De acuedo con la información oficial, todo habría sucedido en inmediaciones del Establecimiento Costas, a 10 kilómetros de la localidad de Idiazábal.
“Se inician Actuaciones Sumariales Judiciales a raíz de tomar conocimiento a través de las red social Facebook que siete personas de esta localidad, de los cuales seis ( 06 ) serían menores de edad ( identificados ) y uno ( 01 ) mayor de edad siendo este el llamado E M, ( 18 ), habrían matado a un animal puma hembra”, señala el parte oficial.
Y continúa relatando que el animal había tenido cría, por lo que los autores de la muerte de la puma se repartieron los cachorros, que serían cinco en total.
Los pumitas estaban en poder de las personas a las que la Policía pudo identificar, tres de ellos fueron entregados de manera voluntaria por los menores de edad involucrados y el cuarto estaba en poder del mayor (que a su vez tenía el cuero de la hembra muerta y que también se lo dio a los efectivos)
El quinto cachorro fue recuperado en un campo ubicado en la localidad de Ausonia donde lo entregó la hermana del propietario del establecimiento.
La Policía le dio participación de los hechos a sus pares del área Ambiental y a la Justicia para que decida qué hacer con los que estaban implicados en la matanza de la hembra y el reparto de los cachorros.
Según la información oficial, a los menores de edad se les instruyó un sumario y fueron fichados además de dar cuenta de su situación a la Senaf.
Respecto del mayor de edad, identificado con las siglas E.M. la fiscalía ordenó su detención y la imputación del delito de infracción a la ley de Protección de los Animales contra los Actos de Crueldad.
.
Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
|
0
comentarios
Córdoba: el gobierno quiere 300 árboles por hectárea en campos
Plan agroforestal: la unidad de medida son 300 árboles por hectárea
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Córdoba: directivos de una empresa imputados por contaminar
Tres directivos de la empresa Taym fueron imputados por contaminación
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Nación abandona a los pequeños productores
El Estado nacional abandona a los pequeños productores familiares
Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.
Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
.
Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.
Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
.
Un río de Córdoba casi sin vida por las cloacas de la capital
El Suquía ya casi no tiene peces aguas abajo de Bajo Grande
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
.
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
.
Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
.
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
.
Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer
Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
.
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
.
Córdoba: dos ex secretarios de Ambiente a juicio
Confirman la elevación a juicio de la causa contra ex secretarios de Ambiente
Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
.
Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
.
Siempreverdes complican la biodiversidad de Córdoba
La invasión de siempreverdes pone en riesgo la diversidad de aves en las Sierras Chicas de Córdoba
Fecha de Publicación: 04/08/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Córdoba
Entre 1983 y 2009, el área dominada por siempreverdes en esa región aumentó 76 veces. Investigadores estiman que el 20% de bosque nativo de esa zona está cubierto con esta especie de árboles, cuya penetración genera pérdida de biodiversidad, empobrece la estructura vertical del bosque serrano y afecta a numerosas especies animales. En las áreas no invadidas se detectaron 24 especies de aves más que en los siempreverdales.
En la provincia de Córdoba, una de las principales especies arbóreas invasoras de las Sierras Chicas es el siempreverde (Ligustrum lucidum), que se caracteriza por su capacidad para expandirse velozmente y por ser altamente competitivo para las especies nativas.
Según datos de un estudio realizado por investigadores de la UNC, en las Sierras Chicas cordobesas esta especie tuvo un crecimiento exponencial: pasó de ocupar 50 hectáreas en 1983, a 3850 hectáreas hacia fines de la década de 2000.
Su avance genera cambios drásticos en el ecosistema del lugar. No sólo reduce la diversidad de árboles nativos sino que empobrece la estructura vertical del bosque. Esto deriva en una simplificación estructural de la vegetación y, en casos más extremos de invasión, la desaparición total de la vegetación que crece debajo del dosel arbóreo. Todo ello atenta contra la diversidad de aves del bosque serrano.
“El impacto es grave y profundo. La invasión puede llegar a modificar negativamente los procesos y servicios ecológicos”, comenta Laura Bellis, directora del proyecto de investigación. Y agrega: “La eliminación de los estratos arbustivos y herbáceos genera pérdida de biodiversidad, es decir, que el empobrecimiento de la estructura vertical del bosque y su homogeneización pueden afectar a numerosas especies animales adaptadas a la arquitectura del bosque serrano”.
Menos aves típicas de bosque y proliferación de aves generalistas
El estudio determinó que la invasión del siempreverde limitó la diversidad de aves típicas del bosque serrano como, por ejemplo, rey del bosque (Pheucticus aureoventris), cuclillo canela (Coccyzus melacoryphus), chinchero grande (Drymornis bridgesii), tacuarita azul (Polioptila dumicola) y arañero cara negra (Geothlypis aequinoctialis), entre otras, y favoreció la proliferación de aves generalistas y de áreas abiertas, como palomas (Leptotila verreauxi, Patagioenas picazuro, P. maculosa), zorzales (Turdus chiguanco , T rufiventris, T. amaurochalinus ), chingolos (Zonotrichia capensis), cotorras (Myiopsitta monachus) y naranjeros (Pipraeidea bonariensis), entre otros.
“En las Sierras Chicas encontramos que las áreas no invadidas por siempreverde albergaron 24 especies más que las invadidas, cuya avifauna está compuesta, principalmente, por especies generalistas, tolerantes a los disturbios, muchas de ellas consumidoras de siempreverde”, precisa Bellis.
Las especies generalistas son aquellas que pueden vivir en muchos lugares diferentes, ingerir gran variedad de alimentos y tolerar condiciones ambientales muy distintas. Mientras que las especies denominadas especialistas o típicas de bosque, como muchas del bosque serrano, sólo pueden vivir bajo condiciones alimenticias y ambientales específicas, y su presencia peligra cuando la región es transformada.
Sobre el proyecto
El estudio fue realizado por un equipo compuesto por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y del Instituto de Recursos Biológicos --CIRN- CNIA INTA Castelar.
El área de estudio se localizó en la ladera oriental de las Sierras Chicas de Córdoba, dentro del departamento Colón (límites: N 31º 3,7´; S 31º 17,4´; O 64º 30´; E 64º 8,4´). Para llevarlo a cabo, se estimó la diversidad de aves mediante una serie de índices que determinan riqueza específica y abundancia de individuos de cada especie de aves en cada uno de las condiciones de invasión.
.
Fecha de Publicación: 04/08/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Córdoba
Entre 1983 y 2009, el área dominada por siempreverdes en esa región aumentó 76 veces. Investigadores estiman que el 20% de bosque nativo de esa zona está cubierto con esta especie de árboles, cuya penetración genera pérdida de biodiversidad, empobrece la estructura vertical del bosque serrano y afecta a numerosas especies animales. En las áreas no invadidas se detectaron 24 especies de aves más que en los siempreverdales.
En la provincia de Córdoba, una de las principales especies arbóreas invasoras de las Sierras Chicas es el siempreverde (Ligustrum lucidum), que se caracteriza por su capacidad para expandirse velozmente y por ser altamente competitivo para las especies nativas.
Según datos de un estudio realizado por investigadores de la UNC, en las Sierras Chicas cordobesas esta especie tuvo un crecimiento exponencial: pasó de ocupar 50 hectáreas en 1983, a 3850 hectáreas hacia fines de la década de 2000.
Su avance genera cambios drásticos en el ecosistema del lugar. No sólo reduce la diversidad de árboles nativos sino que empobrece la estructura vertical del bosque. Esto deriva en una simplificación estructural de la vegetación y, en casos más extremos de invasión, la desaparición total de la vegetación que crece debajo del dosel arbóreo. Todo ello atenta contra la diversidad de aves del bosque serrano.
“El impacto es grave y profundo. La invasión puede llegar a modificar negativamente los procesos y servicios ecológicos”, comenta Laura Bellis, directora del proyecto de investigación. Y agrega: “La eliminación de los estratos arbustivos y herbáceos genera pérdida de biodiversidad, es decir, que el empobrecimiento de la estructura vertical del bosque y su homogeneización pueden afectar a numerosas especies animales adaptadas a la arquitectura del bosque serrano”.
Menos aves típicas de bosque y proliferación de aves generalistas
El estudio determinó que la invasión del siempreverde limitó la diversidad de aves típicas del bosque serrano como, por ejemplo, rey del bosque (Pheucticus aureoventris), cuclillo canela (Coccyzus melacoryphus), chinchero grande (Drymornis bridgesii), tacuarita azul (Polioptila dumicola) y arañero cara negra (Geothlypis aequinoctialis), entre otras, y favoreció la proliferación de aves generalistas y de áreas abiertas, como palomas (Leptotila verreauxi, Patagioenas picazuro, P. maculosa), zorzales (Turdus chiguanco , T rufiventris, T. amaurochalinus ), chingolos (Zonotrichia capensis), cotorras (Myiopsitta monachus) y naranjeros (Pipraeidea bonariensis), entre otros.
“En las Sierras Chicas encontramos que las áreas no invadidas por siempreverde albergaron 24 especies más que las invadidas, cuya avifauna está compuesta, principalmente, por especies generalistas, tolerantes a los disturbios, muchas de ellas consumidoras de siempreverde”, precisa Bellis.
Las especies generalistas son aquellas que pueden vivir en muchos lugares diferentes, ingerir gran variedad de alimentos y tolerar condiciones ambientales muy distintas. Mientras que las especies denominadas especialistas o típicas de bosque, como muchas del bosque serrano, sólo pueden vivir bajo condiciones alimenticias y ambientales específicas, y su presencia peligra cuando la región es transformada.
Sobre el proyecto
El estudio fue realizado por un equipo compuesto por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y del Instituto de Recursos Biológicos --CIRN- CNIA INTA Castelar.
El área de estudio se localizó en la ladera oriental de las Sierras Chicas de Córdoba, dentro del departamento Colón (límites: N 31º 3,7´; S 31º 17,4´; O 64º 30´; E 64º 8,4´). Para llevarlo a cabo, se estimó la diversidad de aves mediante una serie de índices que determinan riqueza específica y abundancia de individuos de cada especie de aves en cada uno de las condiciones de invasión.
.
Córdoba quiere eliminar el mercurio de la odontología
Córdoba busca quitar el mercurio usado en odontología
Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
El mercurio contenido en la amalgama dental, material de obturación en odontología, puede afectar los sistemas nervioso central, digestivo, inmunitario y renal.
El lunes 30 de julio comienza la campaña “Hacia una odontología Libre de Mercurio”, que tiene como objetivo reducir y eliminar el uso del mercurio en el sector salud, específicamente en las prácticas odontológicas.
El mercurio contenido en la amalgama dental, material de obturación en odontología, puede afectar los sistemas nervioso central, digestivo, inmunitario y renal, y contaminar el medio ambiente. Por esto, es importante que los profesionales de la odontología dejen de utilizarlo para efectuar restauraciones dentales.
“El mercurio que contiene la amalgama es contaminante para el medio ambiente y daña la salud humana. Por eso, los odontólogos debemos dejar de usarla en las prácticas diarias”, sostiene Carolina Isla, directora del Instituto Odontológico Provincial.
Como una invitación a cuidar a la comunidad, al medio ambiente y a los equipos de salud, el Programa Provincial de Salud Bucal y el Instituto Provincial de Odontología (IPO), convocan a los centros de salud públicos y a los profesionales de la odontología a participar activamente de esta propuesta, que incluye capacitaciones dirigidas a odontólogos y equipos de salud; difusión de recomendaciones sobre medidas para minimizar la exposición al mercurio y reducir sus emanaciones al medio ambiente.
.
Fecha de Publicación: 02/08/2018
Fuente: Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
El mercurio contenido en la amalgama dental, material de obturación en odontología, puede afectar los sistemas nervioso central, digestivo, inmunitario y renal.
El lunes 30 de julio comienza la campaña “Hacia una odontología Libre de Mercurio”, que tiene como objetivo reducir y eliminar el uso del mercurio en el sector salud, específicamente en las prácticas odontológicas.
El mercurio contenido en la amalgama dental, material de obturación en odontología, puede afectar los sistemas nervioso central, digestivo, inmunitario y renal, y contaminar el medio ambiente. Por esto, es importante que los profesionales de la odontología dejen de utilizarlo para efectuar restauraciones dentales.
“El mercurio que contiene la amalgama es contaminante para el medio ambiente y daña la salud humana. Por eso, los odontólogos debemos dejar de usarla en las prácticas diarias”, sostiene Carolina Isla, directora del Instituto Odontológico Provincial.
Como una invitación a cuidar a la comunidad, al medio ambiente y a los equipos de salud, el Programa Provincial de Salud Bucal y el Instituto Provincial de Odontología (IPO), convocan a los centros de salud públicos y a los profesionales de la odontología a participar activamente de esta propuesta, que incluye capacitaciones dirigidas a odontólogos y equipos de salud; difusión de recomendaciones sobre medidas para minimizar la exposición al mercurio y reducir sus emanaciones al medio ambiente.
.
Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
.
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
.
Un río cordobes que es una cloaca
El Suquía, de río a desagüe cloacal
Fecha de Publicación: 05/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sin vueltas, el río Suquía es el más contaminado de Córdoba. El mayor impacto que recibe es uno de los que, según los especialistas, más fácilmente se podrían revertir, aunque lleva décadas de degradación acumulada. No lo afecta la contaminación industrial sino, sobre todo, la que proviene de la falta de tratamiento de los líquidos cloacales de 25 pueblos y ciudades ubicadas en todo su recorrido, con la Capital como fuente principal.
El Suquía (o Primero) se ha transformado en un desagüe cloacal, desde su nacimiento en las sierras de Punilla hasta su final en la laguna Mar Chiquita.
Su degradado estado tendría solución si durante años se hicieran las obras de saneamiento en sus 200 kilómetros de recorrido. ¿Cuántas cloacas faltan en toda su travesía?, ¿qué obras están en marcha para reducir el impacto?
El Suquía nace en el Valle de Punilla, de la unión de los ríos Cosquín y San Antonio y de los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras. Todos se juntan en el embalse San Roque. Todos llegan allí ya con síntomas de degradación por falta de tratamiento cloacal. En el San Roque se acentúa el problema.
Luego, atraviesa la ciudad capital (donde vive el 40 por ciento de los cordobeses), con una insuficiente red cloacal y una planta de tratamiento desbordada. Aguas abajo de la ciudad de Córdoba es donde se miden los síntomas más graves de contaminación por materia fecal.
Luego, queda el mayor recorrido hasta que entrega sus aguas a la Mar Chiquita, la quinta laguna salada más grande del mundo. Pero en ese tramo (que atraviesa el departamento Río Primero) sólo pasa por tres pueblos que apenas representan el uno por ciento del total de habitantes de toda la cuenca que recorre el río.
En números, esa cuenca suma 185 mil habitantes en 21 localidades de Punilla; 1,4 millones en Córdoba capital, y los apenas 17 mil que viven, aguas abajo, en Capilla de los Remedios, Río Primero y Santa Rosa de Río Primero.
De todo ese mapa, están en marcha obras para optimizar el tratamiento cloacal en la ciudad de Córdoba, y para crearlo en Río Primero y Santa Rosa. En Punilla, área clave de origen, nada pasa por ahora.
Si las obras de cloacas en marcha en Capital se terminan, hacia 2030 se duplicaría la cantidad de usuarios con cobertura potencial.
A la mar
Un reciente informe de La Voz dio cuenta de los primeros indicios del impacto del río Suquía sobre la Mar Chiquita. Aunque se admite que restan estudios más puntuales, varios trabajos científicos han anticipado que en la Laguna del Plata, el estuario en el que desemboca el río, se percibe ya una degradación. En ese punto –una porción muy menor de la enorme laguna–, se detectó una alta presencia de cianobacterias (algas), la más clásica consecuencia de la presencia del fósforo y nitrógeno que aportan, sobre todo, los líquidos cloacales. Esa porción del estuario ya tiene un parecido con el dique San Roque.
La cuestión es relevante porque implicaría la señal de degradación de un reducto que parecía a salvo del impacto y, además, porque Mar Chiquita está a punto de transformarse en el más nuevo parque nacional de Argentina. Esa categoría requerirá un alto grado de preservación ambiental.
En Punilla
Un informe publicado por este diario concluyó hace un año que de los 185 mil personas que habitan las 21 localidades vinculadas a la cuenca del río Suquía en Punilla, sólo el 21 por ciento tiene redes cloacales disponibles. Sin embargo, el número real de conectados sería aún menor: que pase la red no implica que los vecinos sean usuarios del sistema. El San Roque es el reservorio donde se acumula ese problema. En su cuenca, hoy, no hay ninguna obra de cloacas en marcha ni licitada. Quedan, sí, promesas por venir.
Cuenca alta. Comprende a La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso y Villa Giardino. Según sus municipios, tienen un 55 por ciento promedio de cobertura en cloacas, pero con problemas de funcionamiento. Matías Montoto, intendente de Huerta Grande, graficó que, aunque la red circula por la mitad del pueblo, sólo el 10 por ciento está conectado. “Pesa el alto costo de la conexión, acá es de unos 25 mil pesos por frentista”, marcó. Montoto confirmó que, la semana pasada, el Ministerio del Interior de la Nación les anunció que este año licitaría la obra para que esas cuatro localidades lleguen al 100 por ciento de cloacas. Por ahora no hay proyecto ni presupuesto definido. Montoto insistió en que además de tender redes “habrá que ver cómo se logra que la gente se conecte”.
Cuenca media. En 2016, el Gobierno provincial anunció que con un crédito del exterior, por 366 millones de pesos, construiría el sistema cloacal base para Cosquín, Santa María, Bialet Massé y Siquiman. En febrero pasado, se anunció el llamado a licitación, agregando la cobertura para Tanti. Pero el proceso no registra avances. Alberto Bresciano, secretario de Servicios Públicos de la Provincia, explicó que la licitación se postergó “porque falta cerrar el financiamiento”. Señaló que “el proyecto está listo, tiene la audiencia pública hecha y el permiso de vuelco al dique San Roque; lo que falta es definir de dónde saldrán los fondos”. Bresciano apuntó que una gestión de créditos ante fondos árabes se complicó por el nuevo escenario financiero nacional, y que se reiniciaron las gestiones de la Provincia por recursos ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa).
Para esa obra, en 2016 el Gobierno nacional había prometido aportar el 67 por ciento, con el 33 restante a cargo de la Provincia. Pero hoy no hay certezas. En otras obras de cloacas con similar compromiso y ya iniciadas (en Capital, Río Cuarto y San Francisco), la Provincia asevera que la Nación aún no giró su parte.
Mientras, el costo se reactualiza: según Bresciano, la obra costaría ahora unos 800 millones, más otros 300 millones para agregar a Tanti. El funcionario precisó que el proyecto provincial involucra la infraestructura básica y más costosa: “el caño máximo colector, la planta depuradora, las estaciones de bombeo y la descarga”.
Esa obra, no licitada aún, tendrá un plazo de ejecución de dos años. Y las redes domiciliarias posteriores deberán ser gestionadas luego por cada municipio, con el aporte de sus frentistas. Aun acelerando, llevará varios años cubrir esa área con el servicio.
Cuenca sur. Ninguna de las comunas ubicadas sobre el río San Antonio tiene ni un metro de cloacas. Icho Cruz, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio están en ese lote. “Esa zona es la que está más demorada”, admitió Bresciano. “Ahora estamos armando el proyecto, que en unos seis meses estará listo”, acotó. Pero nadie habla aún de licitación ni de plazos, y menos aún de financiamiento.
Villa Carlos Paz. Representa casi la mitad de la población de la cuenca de Punilla. Tiene una planta cloacal inaugurada en 2007 (fue hecha con fondos nacionales), con capacidad para toda la ciudad. Pero sólo tendió redes en el 28 por ciento de la zona urbana y se estima que en esa área más del 20 por ciento de los usuarios no está conectado. El año pasado, tras varios días de ofrecer una patética imagen de deterioro el dique San Roque, el municipio anunció que, con aval provincial, gestionaría un crédito ante la Nación para ampliar esa red. Pero no hubo avances hasta ahora.
Emilio Iosa, hasta hace un mes secretario de Políticas Saludables de Carlos Paz, planteó que “la situación es de alerta, por la presencia probada de bacterias coliformes fecales medidas en varios sectores del lago, por encima del tope admitido para su uso recreativo”. También advirtió de que “resultados de laboratorio muestran ya indicios de esa presencia también en el río San Antonio”, y aclaró que sobre el Cosquín (el otro afluente) no hubo análisis de ese municipio. El médico Iosa marcó que la gestión del crédito ante la Nación sigue en trámite: “Eran 192 millones de pesos, para completar sólo el primer anillo, con lo que se llegaría quizá a cubrir el 50 por ciento de la ciudad”, precisó. “Una lástima tan poco avance, teniendo una planta ya hecha para tratar el 100 por ciento de la ciudad”, remató Iosa.
Aguas abajo, tres pueblos
Entre la ciudad de Córdoba y la laguna Mar Chiquita está el mayor recorrido del río. Pero, a la vez, donde se genera el menor impacto. Hay sólo tres localidades en esa extensión: Capilla de los Remedios (mil habitantes, a 35 kilómetros de la Capital), Río Primero (ocho mil pobladores, a 58 kilómetros de Córdoba) y Santa Rosa (ocho mil habitantes, a 90 kilómetros). Para las dos mayores, la Provincia ya licitó y adjudicó las obras básicas de cloacas. En ambos casos, anunció su finalización para 2019. Luego, pasarán algunos años más hasta que la red urbana llegue a la mayoría de las viviendas en ambas.
En todo el departamento Río Primero, que el río Suquía atraviesa, sólo el 2,7 por ciento de los habitantes está hoy conectado a redes de saneamiento cloacal.
De 1.600.000 vecinos, sólo 600 mil con cloacas
Es la población que habita hoy en la cuenca del río Suquía.
Son 25 los pueblos y ciudades ubicados sobre el río. De ellos, hoy, sólo 600 mil (el 37 por ciento) cuentan con redes de cloacas disponibles. Pero el número real de conectados al servicio es menor. En el Valle de Punilla viven 185 mil personas (sin contar turistas) y tiene redes el 21 por ciento. En la Capital, cuenta con redes el 40 por ciento de sus 1,4 millones de habitantes. Y en la cuenca baja (departamento Río Primero) no hay pueblos con redes por ahora.
.
Fecha de Publicación: 05/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sin vueltas, el río Suquía es el más contaminado de Córdoba. El mayor impacto que recibe es uno de los que, según los especialistas, más fácilmente se podrían revertir, aunque lleva décadas de degradación acumulada. No lo afecta la contaminación industrial sino, sobre todo, la que proviene de la falta de tratamiento de los líquidos cloacales de 25 pueblos y ciudades ubicadas en todo su recorrido, con la Capital como fuente principal.
El Suquía (o Primero) se ha transformado en un desagüe cloacal, desde su nacimiento en las sierras de Punilla hasta su final en la laguna Mar Chiquita.
Su degradado estado tendría solución si durante años se hicieran las obras de saneamiento en sus 200 kilómetros de recorrido. ¿Cuántas cloacas faltan en toda su travesía?, ¿qué obras están en marcha para reducir el impacto?
El Suquía nace en el Valle de Punilla, de la unión de los ríos Cosquín y San Antonio y de los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras. Todos se juntan en el embalse San Roque. Todos llegan allí ya con síntomas de degradación por falta de tratamiento cloacal. En el San Roque se acentúa el problema.
Luego, atraviesa la ciudad capital (donde vive el 40 por ciento de los cordobeses), con una insuficiente red cloacal y una planta de tratamiento desbordada. Aguas abajo de la ciudad de Córdoba es donde se miden los síntomas más graves de contaminación por materia fecal.
Luego, queda el mayor recorrido hasta que entrega sus aguas a la Mar Chiquita, la quinta laguna salada más grande del mundo. Pero en ese tramo (que atraviesa el departamento Río Primero) sólo pasa por tres pueblos que apenas representan el uno por ciento del total de habitantes de toda la cuenca que recorre el río.
En números, esa cuenca suma 185 mil habitantes en 21 localidades de Punilla; 1,4 millones en Córdoba capital, y los apenas 17 mil que viven, aguas abajo, en Capilla de los Remedios, Río Primero y Santa Rosa de Río Primero.
De todo ese mapa, están en marcha obras para optimizar el tratamiento cloacal en la ciudad de Córdoba, y para crearlo en Río Primero y Santa Rosa. En Punilla, área clave de origen, nada pasa por ahora.
Si las obras de cloacas en marcha en Capital se terminan, hacia 2030 se duplicaría la cantidad de usuarios con cobertura potencial.
A la mar
Un reciente informe de La Voz dio cuenta de los primeros indicios del impacto del río Suquía sobre la Mar Chiquita. Aunque se admite que restan estudios más puntuales, varios trabajos científicos han anticipado que en la Laguna del Plata, el estuario en el que desemboca el río, se percibe ya una degradación. En ese punto –una porción muy menor de la enorme laguna–, se detectó una alta presencia de cianobacterias (algas), la más clásica consecuencia de la presencia del fósforo y nitrógeno que aportan, sobre todo, los líquidos cloacales. Esa porción del estuario ya tiene un parecido con el dique San Roque.
La cuestión es relevante porque implicaría la señal de degradación de un reducto que parecía a salvo del impacto y, además, porque Mar Chiquita está a punto de transformarse en el más nuevo parque nacional de Argentina. Esa categoría requerirá un alto grado de preservación ambiental.
En Punilla
Un informe publicado por este diario concluyó hace un año que de los 185 mil personas que habitan las 21 localidades vinculadas a la cuenca del río Suquía en Punilla, sólo el 21 por ciento tiene redes cloacales disponibles. Sin embargo, el número real de conectados sería aún menor: que pase la red no implica que los vecinos sean usuarios del sistema. El San Roque es el reservorio donde se acumula ese problema. En su cuenca, hoy, no hay ninguna obra de cloacas en marcha ni licitada. Quedan, sí, promesas por venir.
Cuenca alta. Comprende a La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso y Villa Giardino. Según sus municipios, tienen un 55 por ciento promedio de cobertura en cloacas, pero con problemas de funcionamiento. Matías Montoto, intendente de Huerta Grande, graficó que, aunque la red circula por la mitad del pueblo, sólo el 10 por ciento está conectado. “Pesa el alto costo de la conexión, acá es de unos 25 mil pesos por frentista”, marcó. Montoto confirmó que, la semana pasada, el Ministerio del Interior de la Nación les anunció que este año licitaría la obra para que esas cuatro localidades lleguen al 100 por ciento de cloacas. Por ahora no hay proyecto ni presupuesto definido. Montoto insistió en que además de tender redes “habrá que ver cómo se logra que la gente se conecte”.
Cuenca media. En 2016, el Gobierno provincial anunció que con un crédito del exterior, por 366 millones de pesos, construiría el sistema cloacal base para Cosquín, Santa María, Bialet Massé y Siquiman. En febrero pasado, se anunció el llamado a licitación, agregando la cobertura para Tanti. Pero el proceso no registra avances. Alberto Bresciano, secretario de Servicios Públicos de la Provincia, explicó que la licitación se postergó “porque falta cerrar el financiamiento”. Señaló que “el proyecto está listo, tiene la audiencia pública hecha y el permiso de vuelco al dique San Roque; lo que falta es definir de dónde saldrán los fondos”. Bresciano apuntó que una gestión de créditos ante fondos árabes se complicó por el nuevo escenario financiero nacional, y que se reiniciaron las gestiones de la Provincia por recursos ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa).
Para esa obra, en 2016 el Gobierno nacional había prometido aportar el 67 por ciento, con el 33 restante a cargo de la Provincia. Pero hoy no hay certezas. En otras obras de cloacas con similar compromiso y ya iniciadas (en Capital, Río Cuarto y San Francisco), la Provincia asevera que la Nación aún no giró su parte.
Mientras, el costo se reactualiza: según Bresciano, la obra costaría ahora unos 800 millones, más otros 300 millones para agregar a Tanti. El funcionario precisó que el proyecto provincial involucra la infraestructura básica y más costosa: “el caño máximo colector, la planta depuradora, las estaciones de bombeo y la descarga”.
Esa obra, no licitada aún, tendrá un plazo de ejecución de dos años. Y las redes domiciliarias posteriores deberán ser gestionadas luego por cada municipio, con el aporte de sus frentistas. Aun acelerando, llevará varios años cubrir esa área con el servicio.
Cuenca sur. Ninguna de las comunas ubicadas sobre el río San Antonio tiene ni un metro de cloacas. Icho Cruz, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio están en ese lote. “Esa zona es la que está más demorada”, admitió Bresciano. “Ahora estamos armando el proyecto, que en unos seis meses estará listo”, acotó. Pero nadie habla aún de licitación ni de plazos, y menos aún de financiamiento.
Villa Carlos Paz. Representa casi la mitad de la población de la cuenca de Punilla. Tiene una planta cloacal inaugurada en 2007 (fue hecha con fondos nacionales), con capacidad para toda la ciudad. Pero sólo tendió redes en el 28 por ciento de la zona urbana y se estima que en esa área más del 20 por ciento de los usuarios no está conectado. El año pasado, tras varios días de ofrecer una patética imagen de deterioro el dique San Roque, el municipio anunció que, con aval provincial, gestionaría un crédito ante la Nación para ampliar esa red. Pero no hubo avances hasta ahora.
Emilio Iosa, hasta hace un mes secretario de Políticas Saludables de Carlos Paz, planteó que “la situación es de alerta, por la presencia probada de bacterias coliformes fecales medidas en varios sectores del lago, por encima del tope admitido para su uso recreativo”. También advirtió de que “resultados de laboratorio muestran ya indicios de esa presencia también en el río San Antonio”, y aclaró que sobre el Cosquín (el otro afluente) no hubo análisis de ese municipio. El médico Iosa marcó que la gestión del crédito ante la Nación sigue en trámite: “Eran 192 millones de pesos, para completar sólo el primer anillo, con lo que se llegaría quizá a cubrir el 50 por ciento de la ciudad”, precisó. “Una lástima tan poco avance, teniendo una planta ya hecha para tratar el 100 por ciento de la ciudad”, remató Iosa.
Aguas abajo, tres pueblos
Entre la ciudad de Córdoba y la laguna Mar Chiquita está el mayor recorrido del río. Pero, a la vez, donde se genera el menor impacto. Hay sólo tres localidades en esa extensión: Capilla de los Remedios (mil habitantes, a 35 kilómetros de la Capital), Río Primero (ocho mil pobladores, a 58 kilómetros de Córdoba) y Santa Rosa (ocho mil habitantes, a 90 kilómetros). Para las dos mayores, la Provincia ya licitó y adjudicó las obras básicas de cloacas. En ambos casos, anunció su finalización para 2019. Luego, pasarán algunos años más hasta que la red urbana llegue a la mayoría de las viviendas en ambas.
En todo el departamento Río Primero, que el río Suquía atraviesa, sólo el 2,7 por ciento de los habitantes está hoy conectado a redes de saneamiento cloacal.
De 1.600.000 vecinos, sólo 600 mil con cloacas
Es la población que habita hoy en la cuenca del río Suquía.
Son 25 los pueblos y ciudades ubicados sobre el río. De ellos, hoy, sólo 600 mil (el 37 por ciento) cuentan con redes de cloacas disponibles. Pero el número real de conectados al servicio es menor. En el Valle de Punilla viven 185 mil personas (sin contar turistas) y tiene redes el 21 por ciento. En la Capital, cuenta con redes el 40 por ciento de sus 1,4 millones de habitantes. Y en la cuenca baja (departamento Río Primero) no hay pueblos con redes por ahora.
.
Córdoba vuelve a medir la calidad del aire
Después de 17 años, Córdoba vuelve a medir la calidad del aire
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En su momento, la ciudad de Córdoba fue pionera en medir la calidad de aire en Argentina. Pero los famosos “camioncitos de Martí” se fueron rompiendo y nunca se repararon. Los últimos datos sistemáticos datan de 2001.
Ahora, la Municipalidad de Córdoba volverá a medir esta variable clave para la salud y el ambiente gracias a un convenio firmado con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El municipio le garantiza un sitio para que especialistas de la UTN instalen el equipo. El lugar elegido es la Casona Municipal (La Rioja y General Paz). Es estratégico porque está en el Centro de la Capital, donde los niveles de polución del aire son altos. Además está muy cerca de Colón y General Paz, donde estuvo más tiempo instalado el último dispositivo que realizó más mediciones en periodos anteriores.
Héctor Macagno, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental de la UTN, explica que se trata de un equipo que cumple con todas las normativas internacionales y está calibrado con patrones del Primer Mundo.
El aparato puede medir material particulado menor a 10 micrones (PM10), óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido carbono. Sin embargo, la UTN generará un índice de calidad de aire más sencillo para que la Municipalidad lo publiqué en su web y sea más comprensible para los vecinos.
“La idea es generar un índice de calidad del aire que sea público y esté on line. A partir de ese índice se pueden dar diferentes recomendaciones”, explicó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad.
Se espera que las primeras mediciones están listas a fines de julio. El convenio es por dos años con renovación automática. “El problema es la continuidad y el mantenimiento de este equipo. El acuerdo garantiza esto y está basado en nuestro interés científico y en la experiencia que tenemos en mediciones de calidad de aire para la industria”, detalló Macagno.
En otras ciudades, como Santiago de Chile, se han tomado medidas de mitigación de la contaminación a partir de estas mediciones. Roca no descartó que en un futuro los datos puedan servir para eso, aunque remarcó: “Primero queremos ver dónde estamos parados para ver qué acciones se pueden tomar”.
Macagno coincidió: “Las mediciones que hay de Córdoba son muy antiguas. Por eso es importante recabar información científica para luego poder tomar alguna decisión, si es necesario”.
Este equipo servirá de referencia para instalar más dispositivos en la ciudad, aunque menos complejos y más económicos. “Tenemos previsto medir en varios puntos con sensores que estamos desarrollando nosotros, pero para eso necesitamos un equipo calibrado para comparar los resultados”, indicó Macagno.
Y Roca agregó: “La idea es avanzar con estaciones no homologadas, pero tener una red que, por ejemplo, tenga al parque Sarmiento y a la reserva San Martín como puntos de referencia, además de otros barrios de la ciudad”.
Córdoba fue pionera en el control de la contaminación ambiental. En la década de 1990, tenía dos camiones que realizaban este trabajo en distintos puntos de la ciudad. En 2001, el proyecto se quedó sin financiamiento.
Hubo un nuevo intento en 2008, pero fracasó. Los últimos y escasos datos difundidos por la Municipalidad son de 2013.
Un índice simple
Seis niveles. El índice será el mismo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Consiste en una escala de seis niveles, diferenciados por colores.
Verde. Significa buena calidad, por lo que la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo.
Amarillo. Aceptable, pero podría generar preocupación para personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental.
Naranja. Insalubre para grupos sensibles, aunque no afectará a las personas en general.
Rojo. Insalubre. Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud.
Violeta. Condiciones de emergencia. Las probabilidades de que toda la población esté afectada son altas.
Bordó. Peligroso. Alerta sanitaria. Todos pueden padecer efectos sanitarios graves.
En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la única urbe Argentina que mantiene un sistema continuo de calidad de aire. Hay estaciones en La Boca, Parque Centenario, avenida Córdoba y barrio Palermo. El índice porteño es un “semáforo” de siete colores.
.
Fecha de Publicación: 01/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En su momento, la ciudad de Córdoba fue pionera en medir la calidad de aire en Argentina. Pero los famosos “camioncitos de Martí” se fueron rompiendo y nunca se repararon. Los últimos datos sistemáticos datan de 2001.
Ahora, la Municipalidad de Córdoba volverá a medir esta variable clave para la salud y el ambiente gracias a un convenio firmado con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El municipio le garantiza un sitio para que especialistas de la UTN instalen el equipo. El lugar elegido es la Casona Municipal (La Rioja y General Paz). Es estratégico porque está en el Centro de la Capital, donde los niveles de polución del aire son altos. Además está muy cerca de Colón y General Paz, donde estuvo más tiempo instalado el último dispositivo que realizó más mediciones en periodos anteriores.
Héctor Macagno, director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental de la UTN, explica que se trata de un equipo que cumple con todas las normativas internacionales y está calibrado con patrones del Primer Mundo.
El aparato puede medir material particulado menor a 10 micrones (PM10), óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido carbono. Sin embargo, la UTN generará un índice de calidad de aire más sencillo para que la Municipalidad lo publiqué en su web y sea más comprensible para los vecinos.
“La idea es generar un índice de calidad del aire que sea público y esté on line. A partir de ese índice se pueden dar diferentes recomendaciones”, explicó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad.
Se espera que las primeras mediciones están listas a fines de julio. El convenio es por dos años con renovación automática. “El problema es la continuidad y el mantenimiento de este equipo. El acuerdo garantiza esto y está basado en nuestro interés científico y en la experiencia que tenemos en mediciones de calidad de aire para la industria”, detalló Macagno.
En otras ciudades, como Santiago de Chile, se han tomado medidas de mitigación de la contaminación a partir de estas mediciones. Roca no descartó que en un futuro los datos puedan servir para eso, aunque remarcó: “Primero queremos ver dónde estamos parados para ver qué acciones se pueden tomar”.
Macagno coincidió: “Las mediciones que hay de Córdoba son muy antiguas. Por eso es importante recabar información científica para luego poder tomar alguna decisión, si es necesario”.
Este equipo servirá de referencia para instalar más dispositivos en la ciudad, aunque menos complejos y más económicos. “Tenemos previsto medir en varios puntos con sensores que estamos desarrollando nosotros, pero para eso necesitamos un equipo calibrado para comparar los resultados”, indicó Macagno.
Y Roca agregó: “La idea es avanzar con estaciones no homologadas, pero tener una red que, por ejemplo, tenga al parque Sarmiento y a la reserva San Martín como puntos de referencia, además de otros barrios de la ciudad”.
Córdoba fue pionera en el control de la contaminación ambiental. En la década de 1990, tenía dos camiones que realizaban este trabajo en distintos puntos de la ciudad. En 2001, el proyecto se quedó sin financiamiento.
Hubo un nuevo intento en 2008, pero fracasó. Los últimos y escasos datos difundidos por la Municipalidad son de 2013.
Un índice simple
Seis niveles. El índice será el mismo que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Consiste en una escala de seis niveles, diferenciados por colores.
Verde. Significa buena calidad, por lo que la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo.
Amarillo. Aceptable, pero podría generar preocupación para personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental.
Naranja. Insalubre para grupos sensibles, aunque no afectará a las personas en general.
Rojo. Insalubre. Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud.
Violeta. Condiciones de emergencia. Las probabilidades de que toda la población esté afectada son altas.
Bordó. Peligroso. Alerta sanitaria. Todos pueden padecer efectos sanitarios graves.
En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la única urbe Argentina que mantiene un sistema continuo de calidad de aire. Hay estaciones en La Boca, Parque Centenario, avenida Córdoba y barrio Palermo. El índice porteño es un “semáforo” de siete colores.
.
Córdoba prohibió hacer fuego en todo el territorio provincial
Rige la prohibición de hacer fuego en todo el territorio provincial
Fecha de Publicación: 19/06/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Hasta el momento, unas 600.000 hectáreas han sido afectadas por las llamas en tan solo una década.
Entre los meses de mayo y octubre, la provincia entra en la temporada seca, la de mayor riesgo de incendios del año.
Por ello, el Plan Provincial de Manejo del Fuero advirtió sobre la prohibición de encender fuego y que la prevención y la conducta responsable siguen siendo la mejor manera de evitar los incendios.
Sanciones
La Ley provincial 8751 de Manejo del Fuego, contempla severas penas para todo aquel que provoque un incendio pero, seguramente, la forma más eficaz de prevención es la concientización. Se recomienda siempre apagar, mientras se encuentre en nuestra posibilidad, cualquier foco ígneo. En caso contrario, avisar rápidamente a quienes puedan acudir para sofocarlo.
.
Fecha de Publicación: 19/06/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Hasta el momento, unas 600.000 hectáreas han sido afectadas por las llamas en tan solo una década.
Entre los meses de mayo y octubre, la provincia entra en la temporada seca, la de mayor riesgo de incendios del año.
Por ello, el Plan Provincial de Manejo del Fuero advirtió sobre la prohibición de encender fuego y que la prevención y la conducta responsable siguen siendo la mejor manera de evitar los incendios.
Sanciones
La Ley provincial 8751 de Manejo del Fuego, contempla severas penas para todo aquel que provoque un incendio pero, seguramente, la forma más eficaz de prevención es la concientización. Se recomienda siempre apagar, mientras se encuentre en nuestra posibilidad, cualquier foco ígneo. En caso contrario, avisar rápidamente a quienes puedan acudir para sofocarlo.
.
Confirman que pesticidas mataron 70 millones de abejas
Confirmado: un pesticida mató a los 70 millones de abejas en Traslasierra
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
.
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
.
Etiquetas:
agricultura industrial,
agroquímicos,
biodiversidad,
contaminación,
Córdoba
|
0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios