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Córdoba: controversia por contaminación cloacal
08:00 | 
Publicado por
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Entre la desidia y la contaminación
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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1 comentarios
Los controles ambientales en Córdoba son poco claros
Relaciones cruzadas en los controles ambientales
Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Córdoba en alerta por crecida del río Dulce
Alerta amarilla en el norte de Córdoba por crecida del río Dulce
Fecha de Publicación: 13/04/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, señaló que rige un alerta amarilla para el sector del río Dulce, en el norte de la provincia, que alimenta a la laguna Mar Chiquita, mientras los pronósticos indican que el caudal proveniente de Santiago del Estero podría ser uno de los mayores de la historia, inclusive igual o mayor a la crecida de 1978.
El funcionario expresó: "Los picos de crecidas que se han venido viendo y la continuidad de las lluvias nos ha puesto en una alerta amarilla".
La crecida de la Cuenca Salí-Dulce, debido a las fuertes precipitaciones que asolaron el verano pasado a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, genera preocupación por las consecuencias que podría acarrear.
La Sociedad Rural de Jesús María informó que ya se están evacuando animales y el Gobierno provincial ya diagramó un operativo especial para ir previniendo eventuales daños.
Las autoridades estiman que hay alrededor de 30 mil animales, entre bovinos, ovinos y caprinos, que pastorean en esa región y que constituyen la población en riesgo.
La magnitud de la crecida, cuyo pico se espera para mayo y junio, podría ser muy superior a las de los últimos años, por lo que se necesita tomar medidas de prevención para evitar mayores inconvenientes, según Busso.
En Santiago del Estero, los caudales que están saliendo desde las termas de Río Hondo alcanzaron niveles récord, del orden de los 1.700 metros cúbicos por segundo.
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Fecha de Publicación: 13/04/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, señaló que rige un alerta amarilla para el sector del río Dulce, en el norte de la provincia, que alimenta a la laguna Mar Chiquita, mientras los pronósticos indican que el caudal proveniente de Santiago del Estero podría ser uno de los mayores de la historia, inclusive igual o mayor a la crecida de 1978.
El funcionario expresó: "Los picos de crecidas que se han venido viendo y la continuidad de las lluvias nos ha puesto en una alerta amarilla".
La crecida de la Cuenca Salí-Dulce, debido a las fuertes precipitaciones que asolaron el verano pasado a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, genera preocupación por las consecuencias que podría acarrear.
La Sociedad Rural de Jesús María informó que ya se están evacuando animales y el Gobierno provincial ya diagramó un operativo especial para ir previniendo eventuales daños.
Las autoridades estiman que hay alrededor de 30 mil animales, entre bovinos, ovinos y caprinos, que pastorean en esa región y que constituyen la población en riesgo.
La magnitud de la crecida, cuyo pico se espera para mayo y junio, podría ser muy superior a las de los últimos años, por lo que se necesita tomar medidas de prevención para evitar mayores inconvenientes, según Busso.
En Santiago del Estero, los caudales que están saliendo desde las termas de Río Hondo alcanzaron niveles récord, del orden de los 1.700 metros cúbicos por segundo.
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Las lagartijas con un futuro incierto en dos provincias
Mal pronóstico para las lagartijas
Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Córdoba - Chubut
Se realizó una proyección a futuro para evaluar el efecto que causará el cambio climático sobre las regiones donde viven dos especies de estos reptiles.
Una pequeña modificación en el ambiente puede afectar masivamente a todo un ecosistema. Una investigación asegura que determinadas variables asociadas al clima ocasionarían para el año 2050 una reducción del área potencialmente adecuada en la que habitan una lagartija endémica de la Provincia de Córdoba y otra de Chubut.
“El objetivo es que esta información sea de utilidad para que instituciones gubernamentales que se dediquen por ejemplo a crear áreas protegidas, diseñarlas y mantenerlas, puedan tomar a tiempo las decisiones pertinentes para proteger a los animales de los efectos del cambio climático”, afirma el becario pos-doctoral del Grupo de Herpetología Patagónica del Instituto Patagónico para los Ecosistemas Continentales (IPEEC CONICET-CENPAT), Ignacio Minoli.
Las lagartijas que se estudiaron son dos especies del género Pristidactylus. P. achalensis vive en ambientes altos de pastizales en Córdoba en áreas comprendidas por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, mientras que P. nigroiugulus habita en áreas asociadas con mesetas basálticas en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
“La capacidad de dispersión que tiene un lagarto pequeño es muy limitada. Puede vivir toda su vida por ejemplo, debajo de un arbusto y cualquier alteración en el ambiente como las que puede ocasionar el cambio climático puede afectarlas sin darles el tiempo a suficiente para colonizar nuevas áreas con las condiciones adecuadas”, asegura el científico.
La Asociación Herpetológica Argentina categorizó en el año 2012 a la especie Pristidactylus achalensis en un estatus de conservación vulnerable y a P. nigroiugulus como no amenazada. Sin embargo, las proyecciones del modelo creado por los autores de este trabajo aseguran que los efectos del cambio climático afectarán de manera más drástica a P. nigroiugulus. Se estima que al comparar los modelos presentes con las proyecciones al 2050, P. achalensis tendría una reducción en el hábitat potencialmente adecuado en casi un 18 por ciento y P. nigroiugulus un 39 por ciento.
“La especie que vive en Chubut vive en roquedales que en determinadas épocas del año por la exposición al sol levantan altas temperaturas. En cambio, en las sierras de Córdoba existe vegetación herbácea con cierta altura. Tienen refugios y están expuestos a un clima más benevolente y menos extremo. Estas condiciones podrían influir en que el pronóstico a futuro sea menos favorable para una de las especies. A pesar de ser especies cercanamente emparentadas, cada una de ellas tiene un nicho ecológico propio, lo cual podría explicar las diferencias que encontramos en las magnitudes de los cambios en las proyecciones futuras”, sostiene el científico.
En otro escenario posible a futuro con emisiones mayores de dióxido de carbono, también recreado por el investigador, estos animales verían afectados sus hábitats en más de un 45 por ciento. Los reptiles son animales ectotérmicos, es decir que regulan su temperatura a partir de la temperatura ambiental y es por eso que son particularmente sensibles a una posible modificación climática, por lo cual representan buenos indicadores para estudiar esta problemática.
“Cada ecosistema tiene una historia natural compartida que está intrínsecamente relacionada con el clima. En el contexto de cambio climático pronosticado se estima a futuro una suba de la temperatura global-regional y alteraciones en el régimen de las precipitaciones. Esto tiene consecuencias asociadas al ambiente, a la fauna y a la flora de cada región. Este modelado de nicho ecológico calcula a partir de determinadas variables cuan adecuado es y será el hábitat para estas especies en particular y es por eso que puede ser utilizada como herramienta para planificar y conservar con base en resultados obtenidos en un plano espacial-geográfico y temporal”, concluye Minoli.
El modelado elaborado por los investigadores incluye diferentes variables climáticas que el científico representa geográficamente en un mapa y que permite realizar esta proyección a futuro.
“Solo evaluamos el cambio climático. Si incluyera otras variables vinculadas al efecto antrópico, es decir las modificaciones provocadas por el hombre como el uso de la tierra, el avance de la frontera agropecuaria y los cambios en la cobertura vegetal, el pronóstico para estos animales posiblemente sería aún peor”, analiza.
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Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Córdoba - Chubut
Se realizó una proyección a futuro para evaluar el efecto que causará el cambio climático sobre las regiones donde viven dos especies de estos reptiles.
Una pequeña modificación en el ambiente puede afectar masivamente a todo un ecosistema. Una investigación asegura que determinadas variables asociadas al clima ocasionarían para el año 2050 una reducción del área potencialmente adecuada en la que habitan una lagartija endémica de la Provincia de Córdoba y otra de Chubut.
“El objetivo es que esta información sea de utilidad para que instituciones gubernamentales que se dediquen por ejemplo a crear áreas protegidas, diseñarlas y mantenerlas, puedan tomar a tiempo las decisiones pertinentes para proteger a los animales de los efectos del cambio climático”, afirma el becario pos-doctoral del Grupo de Herpetología Patagónica del Instituto Patagónico para los Ecosistemas Continentales (IPEEC CONICET-CENPAT), Ignacio Minoli.
Las lagartijas que se estudiaron son dos especies del género Pristidactylus. P. achalensis vive en ambientes altos de pastizales en Córdoba en áreas comprendidas por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, mientras que P. nigroiugulus habita en áreas asociadas con mesetas basálticas en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
“La capacidad de dispersión que tiene un lagarto pequeño es muy limitada. Puede vivir toda su vida por ejemplo, debajo de un arbusto y cualquier alteración en el ambiente como las que puede ocasionar el cambio climático puede afectarlas sin darles el tiempo a suficiente para colonizar nuevas áreas con las condiciones adecuadas”, asegura el científico.
La Asociación Herpetológica Argentina categorizó en el año 2012 a la especie Pristidactylus achalensis en un estatus de conservación vulnerable y a P. nigroiugulus como no amenazada. Sin embargo, las proyecciones del modelo creado por los autores de este trabajo aseguran que los efectos del cambio climático afectarán de manera más drástica a P. nigroiugulus. Se estima que al comparar los modelos presentes con las proyecciones al 2050, P. achalensis tendría una reducción en el hábitat potencialmente adecuado en casi un 18 por ciento y P. nigroiugulus un 39 por ciento.
“La especie que vive en Chubut vive en roquedales que en determinadas épocas del año por la exposición al sol levantan altas temperaturas. En cambio, en las sierras de Córdoba existe vegetación herbácea con cierta altura. Tienen refugios y están expuestos a un clima más benevolente y menos extremo. Estas condiciones podrían influir en que el pronóstico a futuro sea menos favorable para una de las especies. A pesar de ser especies cercanamente emparentadas, cada una de ellas tiene un nicho ecológico propio, lo cual podría explicar las diferencias que encontramos en las magnitudes de los cambios en las proyecciones futuras”, sostiene el científico.
En otro escenario posible a futuro con emisiones mayores de dióxido de carbono, también recreado por el investigador, estos animales verían afectados sus hábitats en más de un 45 por ciento. Los reptiles son animales ectotérmicos, es decir que regulan su temperatura a partir de la temperatura ambiental y es por eso que son particularmente sensibles a una posible modificación climática, por lo cual representan buenos indicadores para estudiar esta problemática.
“Cada ecosistema tiene una historia natural compartida que está intrínsecamente relacionada con el clima. En el contexto de cambio climático pronosticado se estima a futuro una suba de la temperatura global-regional y alteraciones en el régimen de las precipitaciones. Esto tiene consecuencias asociadas al ambiente, a la fauna y a la flora de cada región. Este modelado de nicho ecológico calcula a partir de determinadas variables cuan adecuado es y será el hábitat para estas especies en particular y es por eso que puede ser utilizada como herramienta para planificar y conservar con base en resultados obtenidos en un plano espacial-geográfico y temporal”, concluye Minoli.
El modelado elaborado por los investigadores incluye diferentes variables climáticas que el científico representa geográficamente en un mapa y que permite realizar esta proyección a futuro.
“Solo evaluamos el cambio climático. Si incluyera otras variables vinculadas al efecto antrópico, es decir las modificaciones provocadas por el hombre como el uso de la tierra, el avance de la frontera agropecuaria y los cambios en la cobertura vegetal, el pronóstico para estos animales posiblemente sería aún peor”, analiza.
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Córdoba: confirman contaminación por empresa de RP
Desborde en Taym: primeros análisis confirman presencia de contaminantes
Fecha de Publicación: 07/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A una semana del temporal en el Valle de Paravachasca que provocó inundaciones y el desborde de agua en la empresa que se encarga de los desechos peligrosos Taym sobre el canal Los Molinos, fuentes de la fiscalía de Alta Gracia confirmaron la existencia de contaminación en las muestras de agua analizadas ese mismo día.
Pese al estricto secreto de sumario, pudo conocerse el hallazgo de “herbicidas, aceites y metales”, según las fuentes del caso.
Estos resultados preliminares surgen de muestras tomadas el martes 28 de marzo por la noche por la Policía Judicial en las afueras de Taym y en el canal que lleva agua desde el dique Los Molinos hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas en la perfiera sur de la ciudad de Córdoba. No se trata de muestras sobre el agua tras el proceso de potabilización: en ese caso, los análisis publicados por el Ersep indicaban que era apta para consumo humano y que no había presencia de contaminantes.
Ahora se necesita cotejar estos datos con otros resultados para determinar el posible origen de los hallazgos, que señalan la presencia de sustancias industriales y relativas a uso de elementos para la siembra.
Oficialmente, desde la fiscalía aclararon que “por ahora no se van a difundir los resultados”. Aguas Cordobesas insistió en que la calidad del agua que llega a la zona sur de la ciudad es la adecuada.
El gobernador Juan Schiaretti dijo que la situación estuvo a punto de ser una catástrofe ecológica.
En paralelo, los vecinos del movimiento "Santa Ana sin basura" volvieron a plantear la "incompatibilidad" del secretario de Ambiente provincial, Javier Britch, quien es codirector de una consultora de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza los análisis de la calidad del agua para el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).
De este modo, al menos preliminarmente se confirman las sospechas de los vecinos de Santa Ana acerca de la contaminación del canal, a través del cual se abastece de agua a toda la zona sur de Córdoba, un 30 por ciento de la capital provincial.
Con la novedad de que sí hubo contaminación, y a la espera de los estudios realizados por la UTN, los vecinos se manifestarán esta tarde -alrededor de las 19- en Plaza España de la ciudad de Córdoba. El movimiento "Santa Ana sin basura" se opone a la radicación en esa localidad de la planta de tratamiento de residuos Cormecor para Córdoba y otros municipios.
Los vecinos piden que se declare la emergencia ambiental, mientras en el plano judicial por estas horas se presentarán como querellantes en la fiscalía a cargo de Alejandro Peralta Otonello.
En el expediente, que engordó rápidamente pese a los pocos días transcurridos, la instrucción intentará determinar ahora si el agua contaminada llegó efectivamente a la planta potabilizadora.
Si así fuera, se complicaría sobremanera la situación de la empresa Taym, cuyo predio está preventivamente cerrado por Policía Ambiental.
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Fecha de Publicación: 07/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A una semana del temporal en el Valle de Paravachasca que provocó inundaciones y el desborde de agua en la empresa que se encarga de los desechos peligrosos Taym sobre el canal Los Molinos, fuentes de la fiscalía de Alta Gracia confirmaron la existencia de contaminación en las muestras de agua analizadas ese mismo día.
Pese al estricto secreto de sumario, pudo conocerse el hallazgo de “herbicidas, aceites y metales”, según las fuentes del caso.
Estos resultados preliminares surgen de muestras tomadas el martes 28 de marzo por la noche por la Policía Judicial en las afueras de Taym y en el canal que lleva agua desde el dique Los Molinos hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas en la perfiera sur de la ciudad de Córdoba. No se trata de muestras sobre el agua tras el proceso de potabilización: en ese caso, los análisis publicados por el Ersep indicaban que era apta para consumo humano y que no había presencia de contaminantes.
Ahora se necesita cotejar estos datos con otros resultados para determinar el posible origen de los hallazgos, que señalan la presencia de sustancias industriales y relativas a uso de elementos para la siembra.
Oficialmente, desde la fiscalía aclararon que “por ahora no se van a difundir los resultados”. Aguas Cordobesas insistió en que la calidad del agua que llega a la zona sur de la ciudad es la adecuada.
El gobernador Juan Schiaretti dijo que la situación estuvo a punto de ser una catástrofe ecológica.
En paralelo, los vecinos del movimiento "Santa Ana sin basura" volvieron a plantear la "incompatibilidad" del secretario de Ambiente provincial, Javier Britch, quien es codirector de una consultora de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza los análisis de la calidad del agua para el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).
De este modo, al menos preliminarmente se confirman las sospechas de los vecinos de Santa Ana acerca de la contaminación del canal, a través del cual se abastece de agua a toda la zona sur de Córdoba, un 30 por ciento de la capital provincial.
Con la novedad de que sí hubo contaminación, y a la espera de los estudios realizados por la UTN, los vecinos se manifestarán esta tarde -alrededor de las 19- en Plaza España de la ciudad de Córdoba. El movimiento "Santa Ana sin basura" se opone a la radicación en esa localidad de la planta de tratamiento de residuos Cormecor para Córdoba y otros municipios.
Los vecinos piden que se declare la emergencia ambiental, mientras en el plano judicial por estas horas se presentarán como querellantes en la fiscalía a cargo de Alejandro Peralta Otonello.
En el expediente, que engordó rápidamente pese a los pocos días transcurridos, la instrucción intentará determinar ahora si el agua contaminada llegó efectivamente a la planta potabilizadora.
Si así fuera, se complicaría sobremanera la situación de la empresa Taym, cuyo predio está preventivamente cerrado por Policía Ambiental.
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Córdoba: investigan desastre ambiental de Taym
Una fiscalía ambiental de alcance nacional investiga lo ocurrido en Taym
Fecha de Publicación: 02/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) inició una investigación preliminar sobre lo ocurrido entre el martes y el miércoles pasado en Taym, la planta de desechos industriales que estuvo anegada durante el temporal de Paravachasca.
El órgano especializado en delitos ambientales confirmó a La Voz que dio curso a la investigación y que ya se solicitaron algunas medidas de prueba.
Si se llegaran a encontrar indicios de contaminación, la Ufima debería formular una denuncia ante una fiscalía federal en Córdoba.
La noticia generó satisfacción en el movimiento "Santa Ana sin basura" puesto que sus integrantes habían llevado el planteo a esta unidad del ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Ese movimiento rechaza el proyecto de construcción de Cormecor, la planta de tratamiento de residuos en la comuna de Villa Santa Ana Parque, cerca de Alta Gracia.
En cercanías de ese sector, afectado por el temporal de días atrás, está ubicada la planta de Taym.
Durante las fuertes lluvias, hubo un desplazamiento de desechos de los residuos peligrosos. Según la empresa y el Ente Regulardor de Servicios Públicos, no hubo contaminación en el acueducto que lleva agua desde el dique Los Molinos a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas para el sur de la Capital.
"Es positivio que se haya dado curso a la investigación en la Ufima porque es otro ámbito jurisdiccional de nivel nacional, de una unidad específica de los problemas ambientales. No depende de los gobiernos provincial o municipal , que se tocan en este proyecto de instalar Comercor", dijo a La Voz Santiago Zamora, integrante de "Santa Ana sin basura".
En paralelo, en la Justicia provincial, el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello impulsa una investigación sobre la posible contaminación. Los vecinos pretenden constituirse en querellantes en los próximos días.
Durante las fuertes lluvias, hubo un desplazamiento de desechos de los residuos peligrosos. Según la empresa y el Ente Regulardor de Servicios Públicos, no hubo contaminación en el acueducto que lleva agua desde el dique Los Molinos a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas para el sur de la Capital.
"Es positivio que se haya dado curso a la investigación en la Ufima porque es otro ámbito jurisdiccional de nivel nacional, de una unidad específica de los problemas ambientales. No depende de los gobiernos provincial o municipal , que se tocan en este proyecto de instalar Comercor", dijo a La Voz Santiago Zamora, integrante de "Santa Ana sin basura".
En paralelo, en la Justicia provincial, el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello impulsa una investigación sobre la posible contaminación. Los vecinos pretenden constituirse en querellantes en los próximos días.
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Fecha de Publicación: 02/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) inició una investigación preliminar sobre lo ocurrido entre el martes y el miércoles pasado en Taym, la planta de desechos industriales que estuvo anegada durante el temporal de Paravachasca.
El órgano especializado en delitos ambientales confirmó a La Voz que dio curso a la investigación y que ya se solicitaron algunas medidas de prueba.
Si se llegaran a encontrar indicios de contaminación, la Ufima debería formular una denuncia ante una fiscalía federal en Córdoba.
La noticia generó satisfacción en el movimiento "Santa Ana sin basura" puesto que sus integrantes habían llevado el planteo a esta unidad del ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Ese movimiento rechaza el proyecto de construcción de Cormecor, la planta de tratamiento de residuos en la comuna de Villa Santa Ana Parque, cerca de Alta Gracia.
En cercanías de ese sector, afectado por el temporal de días atrás, está ubicada la planta de Taym.
Durante las fuertes lluvias, hubo un desplazamiento de desechos de los residuos peligrosos. Según la empresa y el Ente Regulardor de Servicios Públicos, no hubo contaminación en el acueducto que lleva agua desde el dique Los Molinos a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas para el sur de la Capital.
"Es positivio que se haya dado curso a la investigación en la Ufima porque es otro ámbito jurisdiccional de nivel nacional, de una unidad específica de los problemas ambientales. No depende de los gobiernos provincial o municipal , que se tocan en este proyecto de instalar Comercor", dijo a La Voz Santiago Zamora, integrante de "Santa Ana sin basura".
En paralelo, en la Justicia provincial, el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello impulsa una investigación sobre la posible contaminación. Los vecinos pretenden constituirse en querellantes en los próximos días.
Durante las fuertes lluvias, hubo un desplazamiento de desechos de los residuos peligrosos. Según la empresa y el Ente Regulardor de Servicios Públicos, no hubo contaminación en el acueducto que lleva agua desde el dique Los Molinos a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas para el sur de la Capital.
"Es positivio que se haya dado curso a la investigación en la Ufima porque es otro ámbito jurisdiccional de nivel nacional, de una unidad específica de los problemas ambientales. No depende de los gobiernos provincial o municipal , que se tocan en este proyecto de instalar Comercor", dijo a La Voz Santiago Zamora, integrante de "Santa Ana sin basura".
En paralelo, en la Justicia provincial, el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Ottonello impulsa una investigación sobre la posible contaminación. Los vecinos pretenden constituirse en querellantes en los próximos días.
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Córdoba: planta de residuos peligrosos arrasada por agua
Analizan el impacto ambiental tras anegamiento en Taym
Fecha de Publicación: 31/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El agua, que atravesó la planta de residuos peligrosos, llegó hasta el canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora. Cortaron el suministro a un sector de la Capital. Hoy continuarán las evaluaciones de los daños.
La planta de residuos peligrosos que la firma Taym posee sobre la ruta nacional 36, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, quedó ayer bajo agua tras un intenso temporal que afectó la zona. Las escorrentías atravesaron el camino y llegaron hasta el canal Los Molinos-Córdoba, de donde se abastece el 30 por ciento de la Capital.
Al cierre de esta edición, la empresa Aguas Cordobesas mantenía interrumpido el suministro debido a que el líquido no tenía “los parámetros de calidad establecidos”. Tanto Aguas Cordobesas como Taym pertenecen al Grupo Roggio.
No obstante, la empresa concesionaria del servicio aseguró que el agua que recibían los vecinos era “apta para consumo”.
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional que realice análisis en el agua, mientras que el Gobierno provincial también pidió a la concesionaria que refuerce los estudios, que abarcan pesticidas, metales pesados y otros elementos.
Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se informó que la planta estaba autorizada a funcionar para tratamiento de residuos peligrosos. Y que había sido inspeccionada recientemente.
También se indicó que la cantidad de lluvia de 200 milímetros “fue un evento extraordinario, con una recurrencia de 500 años”, y que esa fue la razón por la que cedieron los terraplenes de contención. Actuó Defensa Civil, encargada de estos eventos.
No obstante, todavía no se pudo determinar el impacto ambiental que tuvo esa situación. Ayer actuaban peritos de la Policía Judicial luego de una denuncia presentada por vecinos de Parque Santa Ana, que realizan un acampe a metros de allí rechazando la instalación de Cormecor.
El grupo de vecinos también presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En ese sentido, desde Ambiente se subrayó que se realizaron análisis de PH (acidez) del agua que salía de la planta de residuos peligrosos y que “no se detectó alterado”.
Sin acceso
Si bien no se pudo ingresar a la planta, desde Ambiente se sostuvo que se encontraron en los alrededores restos de residuos electrónicos, tachos de pintura vacíos, escombros de una obra civil “y asimilables a residuos domiciliarios”. En esa planta, están depositados asbestos y el DDT que estaba años atrás en barrio Alta Córdoba.
Desde Taym se indicó que recién se podrá hacer una evaluación cuando se pueda ingresar al predio, al tiempo que coincidieron con Ambiente en la descripción de lo que arrastró el agua.
Hoy se espera poder ingresar al predio para tomar una real dimensión del daño que pudo haber provocado el paso del agua por la planta de residuos peligrosos, que puso en alerta a todos los que viven en la zona y a gran parte de los vecinos de la Capital.
Planta de residuos peligrosos. Si bien desde la empresa Taym se aseguró que en el predio de ruta 36 se tratan “residuos industriales”, la Secretaría de Ambiente de la Provincia indicó que la legislación establece la distinción entre “residuos domiciliarios” y “residuos peligrosos”. Allí se llevan desechos de varias industrias y los electrodomésticos en desuso que recolecta la Municipalidad de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 31/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El agua, que atravesó la planta de residuos peligrosos, llegó hasta el canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora. Cortaron el suministro a un sector de la Capital. Hoy continuarán las evaluaciones de los daños.
La planta de residuos peligrosos que la firma Taym posee sobre la ruta nacional 36, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, quedó ayer bajo agua tras un intenso temporal que afectó la zona. Las escorrentías atravesaron el camino y llegaron hasta el canal Los Molinos-Córdoba, de donde se abastece el 30 por ciento de la Capital.
Al cierre de esta edición, la empresa Aguas Cordobesas mantenía interrumpido el suministro debido a que el líquido no tenía “los parámetros de calidad establecidos”. Tanto Aguas Cordobesas como Taym pertenecen al Grupo Roggio.
No obstante, la empresa concesionaria del servicio aseguró que el agua que recibían los vecinos era “apta para consumo”.
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional que realice análisis en el agua, mientras que el Gobierno provincial también pidió a la concesionaria que refuerce los estudios, que abarcan pesticidas, metales pesados y otros elementos.
Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se informó que la planta estaba autorizada a funcionar para tratamiento de residuos peligrosos. Y que había sido inspeccionada recientemente.
También se indicó que la cantidad de lluvia de 200 milímetros “fue un evento extraordinario, con una recurrencia de 500 años”, y que esa fue la razón por la que cedieron los terraplenes de contención. Actuó Defensa Civil, encargada de estos eventos.
No obstante, todavía no se pudo determinar el impacto ambiental que tuvo esa situación. Ayer actuaban peritos de la Policía Judicial luego de una denuncia presentada por vecinos de Parque Santa Ana, que realizan un acampe a metros de allí rechazando la instalación de Cormecor.
El grupo de vecinos también presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En ese sentido, desde Ambiente se subrayó que se realizaron análisis de PH (acidez) del agua que salía de la planta de residuos peligrosos y que “no se detectó alterado”.
Sin acceso
Si bien no se pudo ingresar a la planta, desde Ambiente se sostuvo que se encontraron en los alrededores restos de residuos electrónicos, tachos de pintura vacíos, escombros de una obra civil “y asimilables a residuos domiciliarios”. En esa planta, están depositados asbestos y el DDT que estaba años atrás en barrio Alta Córdoba.
Desde Taym se indicó que recién se podrá hacer una evaluación cuando se pueda ingresar al predio, al tiempo que coincidieron con Ambiente en la descripción de lo que arrastró el agua.
Hoy se espera poder ingresar al predio para tomar una real dimensión del daño que pudo haber provocado el paso del agua por la planta de residuos peligrosos, que puso en alerta a todos los que viven en la zona y a gran parte de los vecinos de la Capital.
Planta de residuos peligrosos. Si bien desde la empresa Taym se aseguró que en el predio de ruta 36 se tratan “residuos industriales”, la Secretaría de Ambiente de la Provincia indicó que la legislación establece la distinción entre “residuos domiciliarios” y “residuos peligrosos”. Allí se llevan desechos de varias industrias y los electrodomésticos en desuso que recolecta la Municipalidad de Córdoba.
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Lago de Córdoba con altísima contaminación por algas
Por qué el lago San Roque está verde y azul, y despide un olor nauseabundo
Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El lago San Roque luce tapizado de verde y parece un campo de golf. Pero además, el olor es nauseabundo.
El pasado 17 de marzo, La Voz publicó un informe en la que se consultó a varios especialistas sobre por qué el San Roque está como está. La conclusión era alarmante: todos los consultados habían advertido que la situación era previsible porque no se hicieron las obras necesarias.
La llegada del otoño, el fin de la época de lluvias y de las crecidas provocan que las algas se acumulen en algunos sectores del lago. El área costera sobre Villa Carlos es, una vez más, una de las más afectadas.
En aquella oportunidad, las autoridades municipales alertaron a Recursos Hídricos de la Provincia sobre lo que estaba pasando. Pero fue inevitable.
La proliferación de algas parece sin solución, al menos –según casi todas las investigaciones y diagnósticos realizados– mientras la mayor parte de las poblaciones de la cuenca hídrica siga sin contar con redes de cloacas adecuadamente tratadas.
Con las algas llegan además, cada otoño, el mal olor y hasta la mortandad de peces (algo que, por ahora, no fue reportado).
Liliana Bina, directora de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio, sostuvo en aquel momento que lo que apareció en el San Roque “son las afloraciones de algas de todos los años”.
Bina apuntó aquella vez que la conjunción de la temperatura y de la humedad, y el menor caudal que aportan los ríos fuera del verano potencian la proliferación de algas.
Nutrientes
Pero son los nutrientes (fósforos y nitratos) que dejan las cloacas no tratadas los que las alimentan y “engordan” el desarrollo de estas algas.
En sucesivos análisis realizados en el embalse desde hace décadas se informó sobre la presencia de algas verdeazuladas que producen la falta de oxígeno en el San Roque. Su excesiva presencia revela el estado de eutrofización (deterioro ambiental) del lago.
Carlos Paz, por caso, tiene una planta modelo de cloacas inaugurada en 2007, pero sólo el 30 por ciento de su población está conectada a la red. La mayoría de las localidades de la región ligadas a los ríos que nutren el lago no tiene ni un metro de redes cloacales.
La Provincia volvió a prometer obras de saneamiento en algunas áreas de esta cuenca hídrica.
Días atrás, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, refrendó un convenio con el Gobierno de Córdoba para aportar a proyectos de descontaminación del San Roque.
Juan Carlos Paesani, de la local Ong Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo), aseguró que desde la década de 1960 no hay una política hídrica.
“Mientras no haya una política de Estado en este sentido van a seguir estos fenómenos, indicativos de que ocurren cosas graves en el embalse, que es el espejo donde se muestra el estado de la cuenca”.
Un amparo ambiental presentado en 2013 a la Justicia por el abogado local Bernardo Cervi terminó obligando a que la Provincia y los municipios conformaran un Comité de Cuenca regional.
Se acordó allí en el último año una serie de planes y de obras, pero estas no han sido hasta ahora ejecutadas.
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Fecha de Publicación: 29/03/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El lago San Roque luce tapizado de verde y parece un campo de golf. Pero además, el olor es nauseabundo.
El pasado 17 de marzo, La Voz publicó un informe en la que se consultó a varios especialistas sobre por qué el San Roque está como está. La conclusión era alarmante: todos los consultados habían advertido que la situación era previsible porque no se hicieron las obras necesarias.
La llegada del otoño, el fin de la época de lluvias y de las crecidas provocan que las algas se acumulen en algunos sectores del lago. El área costera sobre Villa Carlos es, una vez más, una de las más afectadas.
En aquella oportunidad, las autoridades municipales alertaron a Recursos Hídricos de la Provincia sobre lo que estaba pasando. Pero fue inevitable.
La proliferación de algas parece sin solución, al menos –según casi todas las investigaciones y diagnósticos realizados– mientras la mayor parte de las poblaciones de la cuenca hídrica siga sin contar con redes de cloacas adecuadamente tratadas.
Con las algas llegan además, cada otoño, el mal olor y hasta la mortandad de peces (algo que, por ahora, no fue reportado).
Liliana Bina, directora de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio, sostuvo en aquel momento que lo que apareció en el San Roque “son las afloraciones de algas de todos los años”.
Bina apuntó aquella vez que la conjunción de la temperatura y de la humedad, y el menor caudal que aportan los ríos fuera del verano potencian la proliferación de algas.
Nutrientes
Pero son los nutrientes (fósforos y nitratos) que dejan las cloacas no tratadas los que las alimentan y “engordan” el desarrollo de estas algas.
En sucesivos análisis realizados en el embalse desde hace décadas se informó sobre la presencia de algas verdeazuladas que producen la falta de oxígeno en el San Roque. Su excesiva presencia revela el estado de eutrofización (deterioro ambiental) del lago.
Carlos Paz, por caso, tiene una planta modelo de cloacas inaugurada en 2007, pero sólo el 30 por ciento de su población está conectada a la red. La mayoría de las localidades de la región ligadas a los ríos que nutren el lago no tiene ni un metro de redes cloacales.
La Provincia volvió a prometer obras de saneamiento en algunas áreas de esta cuenca hídrica.
Días atrás, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, refrendó un convenio con el Gobierno de Córdoba para aportar a proyectos de descontaminación del San Roque.
Juan Carlos Paesani, de la local Ong Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo), aseguró que desde la década de 1960 no hay una política hídrica.
“Mientras no haya una política de Estado en este sentido van a seguir estos fenómenos, indicativos de que ocurren cosas graves en el embalse, que es el espejo donde se muestra el estado de la cuenca”.
Un amparo ambiental presentado en 2013 a la Justicia por el abogado local Bernardo Cervi terminó obligando a que la Provincia y los municipios conformaran un Comité de Cuenca regional.
Se acordó allí en el último año una serie de planes y de obras, pero estas no han sido hasta ahora ejecutadas.
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Córdoba marchó por los bosques de manera contundente
Masiva marcha en contra de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 03/03/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Bajo la consigna “¡Por la vida, no a la ley de desmontes” y con el apoyo de ciudadanos de distintos puntos de la provincia, se realiza una nueva marcha en en defensa del Bosque Nativo.
Una nueva marcha en defensa del Bosque Nativo se lleva a cabo en Córdoba, bajo la consigna "¡Por la vida, no a la ley de desmontes”. La convocatoria partió a las 18 horas desde la intersección Colón y Cañada, con dirección a la Plaza San Martín. En contra de los desmontes en la provincia de Córdoba, una gran concurrencia, tanto residentes de la ciudad como ciudadanos del interior de la provincia, portando carteles y banderas avanzaron por las calles céntricas. En la explanada de plaza San Martín se lleva a cabo un festival con música en vivo y una radio abierta.
La movilización está organizada por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que agrupa a las asambleas. Exigen que se archive el proyecto de Ley que el oficialismo intentó aprobar en la Legislatura el año pasado para modificar el actual Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (ley N° 9814).
Las primeras cifras señalaban que más de 5 mil personas se hicieron presentes en las calles. En una gacetilla difundida por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo exigen que "se garantice un proceso de participación ciudadana previsto en la ley Nacional 26.331 y se descarte el proyecto de ley del gobierno de Schiaretti".
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Increíble: vendían reserva hídrica por Mercado Libre
Los Gigantes, a la venta en Mercado Libre
Fecha de Publicación: 28/02/2017
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
El aviso estuvo vigente hasta que Día a Día llamó. Es una reserva hídrica provincial con dueños privados.
Por Mercado Libre estuvo a la venta, hasta el lunes pasado, una parte de Los Gigantes. El imponente macizo del valle de Punilla, ubicado a 46 kilómetros al oeste de Carlos Paz, es una de las reservas hídricas más importantes de Córdoba. Las 350 hectáreas ofertadas incluían –según las fotos del aviso– montañas, cascadas y ríos. Costaban 2.750.000 dólares.
Buena parte de Los Gigantes pertenece a privados que cobran por el acceso al predio. Esos dueños pueden, sin dudas, decidir vender sus propiedades. Sin embargo, en este caso llamó la atención que el aviso se retirara apenas Día a Día puso la atención en él. Y no hubo posibilidad de obtener respuestas sobre qué sector se vendía y cuál sería el destino del lugar.
En la descripción del aviso, que hasta ayer podía verse en Mercado Libre, decía: “Uno de los mejores lugares del mundo para turismo alternativo y de aventura (...). Enclavado en el macizo de los Gigantes, sierras de Córdoba. Actualmente trabajando, se vende con la cartera de clientes, con la página web y redes sociales y línea telefónica. El campo trabaja con estándares internacionales (...). Tiene planos actualizados y escritura traslativa de dominio. Todo en regla. Inmejorable oportunidad!!!”
Como contacto para consultas figuraba “Ana” y un teléfono celular con característica de La Falda. Día a Día llamó el lunes.
–Vimos su aviso en Mercado Libre. Nos llamó la atención que se vendan Los Gigantes. ¿Qué parte está a la venta? ¿Lo que se ve en las fotos?
–No, es otra parte, que está dentro de Los Gigantes.
–Ah, ¿y qué parte sería?
–Es una zona donde hay tierra. Podés hacer un hotel ahí.
–¿No incluye las montañas y ríos de las fotos? En el aviso dice que se vende para actividades turísticas, que venden la cartera de clientes.
–¿Dice eso? No sabía. Pero no es así. Es una parte donde no hay mucho. Es como para hacer un hotel.
–¿Y hay río?
–Sí, tiene un río. No mucho. El que tendrías para tomar el agua.
–¿Usted es propietaria?
–No, no soy propietaria
–¿Y podríamos hablar con el propietario?
–Voy a averiguar
–Gracias. ¿Cómo es su apellido, Ana?
–Cinti
A los pocos minutos de esa conversación, en el aviso de Mercado Libre apareció la leyenda: “Publicación finalizada 20/02/2017”.
También se intentó vender el campo en los sitios web OLX y Agroads. En este último, aparecía como vendedor IEYDAT Corp., empresa que figura como titular de la página web Valle de los Lisos. En ese sitio se venden paquetes de turismo aventura en Los Gigantes.
Allí mismo se informa que la propiedad pertenece a Estancia La Candelaria y que, además del turismo, hacen ganadería.
Según informaron en la Agencia Córdoba Turismo, los titulares de ese emprendimiento son José Luis Amuchástegui y Lorena Brandolín.
Este diario se comunicó vía e-mail con Amuchástegui el martes último. “El campo no está a la venta. Estuvo en un momento, pero ya no”, respondió. Dijo que la propiedad tiene 3.900 hectáreas y que la empresa está formada por varios socios. Uno de esos socios –dijo Amuchástegui– decidió vender su parte, pero por sugerencia de la compañía, desistió. No precisó cuáles son las 350 hectáreas que vendían.
Al solicitarle un teléfono de contacto, Amuchástegui dio el número que figura en la web Valle de los Lisos, que es el mismo del aviso de Mercado Libre. El mismo número en el cual había atendido “Ana Cinti”. Esta vez atendió Lorena. Pero luego se cortó.
Reserva hídrica
Los Gigantes forman parte de la Reserva Hídrica Provincial de Achala, creada en 1999 por el decreto 361.
Uno de los objetivos de la reserva es “conservar el ecosistema de Sierras Grandes y Pampa de Achala, por su estratégico valor como el gran colector de aguas, del que depende la calidad y la cantidad del vital elemento que alimenta y provee a la mayoría de los embalses artificiales”, dice el decreto.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, dijo desconocer que ese predio estaba a la venta. Y agregó que hasta el momento nadie presentó en la Secretaría un proyecto para instalar una nueva actividad en el sector.
“Al ser un área protegida, hay restricción por defecto. Cualquier nueva actividad tiene que ser evaluada”, dijo Britch.
El decreto establecía un plazo de dos años para elaborar un plan director para la reserva, que determine la forma de manejo, usos del suelo, etc. Pasados 17 años, todavía no hay plan director.
“No hay plan específico para esa reserva. Pero no significa que haya una vacancia de criterios. Se usan criterios que se aplican a otros parques y reservas”, dijo Britch.
Al preguntarle sobre la posibilidad de construir allí un hotel, Britch sostuvo que no cree que sea posible debido a la legislación que protege el lugar.
Sobre por qué no se hizo un plan director para Achala, Britch respondió: “Ahora estamos trabajando en los planes directores de Chancaní y Mar Chiquita. Achala es más compleja por la multiplicidad de actores que tiene”. Esos actores son los propietarios, productores ganaderos, operadores turísticos y otras actividades económicas, explicó.
Además del decreto 361, está vigente la ley provincial N° 8941, de 2001, que creó la Reserva Hídrica Los Gigantes, cuyos principales objetivos son: conservar y preservar las cabeceras de cuenca como reservorios de agua a los fines de asegurar la calidad y regularidad del recurso hídrico; prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que forman parte de la cuenca; controlar y prevenir la erosión aguas abajo; y proteger y desarrollar la biodiversidad.
¿Podría la Provincia comprar esas tierras (ya que se vendían)? Britch respondió que, por el momento, no está en los planes. Pero señaló que la Provincia avanza en la creación de áreas protegidas y tenencia de la tierra de un sector de las Sierras de Cuniputo y, por otro lado, en la Estancia Pinas, que fue propiedad de Juan Feliciano Manubens Calvet.
Residuos nucleares donde nacen los ríos
Allí en Los Gigantes, en la reserva hídrica donde nacen los ríos de los que bebe Córdoba, hay una mina de uranio que cerró en 1990 y que aún no fue remediada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
A ese mismo lugar, la CNEA propuso llevar las 57 mil toneladas de residuos de la planta de Dioxitex, la empresa estatal que produce dióxido de uranio en el barrio Alta Córdoba, de la Capital. La Municipalidad de Córdoba estuvo de acuerdo con el plan. Pero la Provincia no.
“Tanto el área de Minería como de Ambiente de la Provincia dijimos que no vamos a autorizar ese traslado”, dijo Britch. “Creemos que esos residuos tienen que ser tratados in situ, en Alta Córdoba, por más que sea más costoso”, afirmó.
Britch dijo que la CNEA presentó una nueva propuesta para tratar esos residuos al Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Y que luego de que la evalúe esa cartera, pasará a ser analizada por Ambiente.
“Venimos trabajando desde el año pasado con la CNEA. Hicimos varias visitas a la mina y acordamos cuestiones mínimas que ellos iban a incluir en su propuesta”, informó el Secretario, que todavía -dijo- no leyó la propuesta.
Poco control
La reserva de Achala tiene 146 mil hectáreas y sólo dos guardaparques. Britch reconoció que hacen falta más: “Hay 18 áreas protegidas y tenemos 32 guardaparques”. Es decir, no llegan a dos por reserva para los 365 días del año.
El funcionario dijo que quieren crear un Cuerpo de Guardaparques de la Provincia, en articulación con la Universidad Provincial, que cuenta con esa carrera. Pero por el momento no hay presupuesto.
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Fecha de Publicación: 28/02/2017
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
El aviso estuvo vigente hasta que Día a Día llamó. Es una reserva hídrica provincial con dueños privados.
Por Mercado Libre estuvo a la venta, hasta el lunes pasado, una parte de Los Gigantes. El imponente macizo del valle de Punilla, ubicado a 46 kilómetros al oeste de Carlos Paz, es una de las reservas hídricas más importantes de Córdoba. Las 350 hectáreas ofertadas incluían –según las fotos del aviso– montañas, cascadas y ríos. Costaban 2.750.000 dólares.
Buena parte de Los Gigantes pertenece a privados que cobran por el acceso al predio. Esos dueños pueden, sin dudas, decidir vender sus propiedades. Sin embargo, en este caso llamó la atención que el aviso se retirara apenas Día a Día puso la atención en él. Y no hubo posibilidad de obtener respuestas sobre qué sector se vendía y cuál sería el destino del lugar.
En la descripción del aviso, que hasta ayer podía verse en Mercado Libre, decía: “Uno de los mejores lugares del mundo para turismo alternativo y de aventura (...). Enclavado en el macizo de los Gigantes, sierras de Córdoba. Actualmente trabajando, se vende con la cartera de clientes, con la página web y redes sociales y línea telefónica. El campo trabaja con estándares internacionales (...). Tiene planos actualizados y escritura traslativa de dominio. Todo en regla. Inmejorable oportunidad!!!”
Como contacto para consultas figuraba “Ana” y un teléfono celular con característica de La Falda. Día a Día llamó el lunes.
–Vimos su aviso en Mercado Libre. Nos llamó la atención que se vendan Los Gigantes. ¿Qué parte está a la venta? ¿Lo que se ve en las fotos?
–No, es otra parte, que está dentro de Los Gigantes.
–Ah, ¿y qué parte sería?
–Es una zona donde hay tierra. Podés hacer un hotel ahí.
–¿No incluye las montañas y ríos de las fotos? En el aviso dice que se vende para actividades turísticas, que venden la cartera de clientes.
–¿Dice eso? No sabía. Pero no es así. Es una parte donde no hay mucho. Es como para hacer un hotel.
–¿Y hay río?
–Sí, tiene un río. No mucho. El que tendrías para tomar el agua.
–¿Usted es propietaria?
–No, no soy propietaria
–¿Y podríamos hablar con el propietario?
–Voy a averiguar
–Gracias. ¿Cómo es su apellido, Ana?
–Cinti
A los pocos minutos de esa conversación, en el aviso de Mercado Libre apareció la leyenda: “Publicación finalizada 20/02/2017”.
También se intentó vender el campo en los sitios web OLX y Agroads. En este último, aparecía como vendedor IEYDAT Corp., empresa que figura como titular de la página web Valle de los Lisos. En ese sitio se venden paquetes de turismo aventura en Los Gigantes.
Allí mismo se informa que la propiedad pertenece a Estancia La Candelaria y que, además del turismo, hacen ganadería.
Según informaron en la Agencia Córdoba Turismo, los titulares de ese emprendimiento son José Luis Amuchástegui y Lorena Brandolín.
Este diario se comunicó vía e-mail con Amuchástegui el martes último. “El campo no está a la venta. Estuvo en un momento, pero ya no”, respondió. Dijo que la propiedad tiene 3.900 hectáreas y que la empresa está formada por varios socios. Uno de esos socios –dijo Amuchástegui– decidió vender su parte, pero por sugerencia de la compañía, desistió. No precisó cuáles son las 350 hectáreas que vendían.
Al solicitarle un teléfono de contacto, Amuchástegui dio el número que figura en la web Valle de los Lisos, que es el mismo del aviso de Mercado Libre. El mismo número en el cual había atendido “Ana Cinti”. Esta vez atendió Lorena. Pero luego se cortó.
Reserva hídrica
Los Gigantes forman parte de la Reserva Hídrica Provincial de Achala, creada en 1999 por el decreto 361.
Uno de los objetivos de la reserva es “conservar el ecosistema de Sierras Grandes y Pampa de Achala, por su estratégico valor como el gran colector de aguas, del que depende la calidad y la cantidad del vital elemento que alimenta y provee a la mayoría de los embalses artificiales”, dice el decreto.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, dijo desconocer que ese predio estaba a la venta. Y agregó que hasta el momento nadie presentó en la Secretaría un proyecto para instalar una nueva actividad en el sector.
“Al ser un área protegida, hay restricción por defecto. Cualquier nueva actividad tiene que ser evaluada”, dijo Britch.
El decreto establecía un plazo de dos años para elaborar un plan director para la reserva, que determine la forma de manejo, usos del suelo, etc. Pasados 17 años, todavía no hay plan director.
“No hay plan específico para esa reserva. Pero no significa que haya una vacancia de criterios. Se usan criterios que se aplican a otros parques y reservas”, dijo Britch.
Al preguntarle sobre la posibilidad de construir allí un hotel, Britch sostuvo que no cree que sea posible debido a la legislación que protege el lugar.
Sobre por qué no se hizo un plan director para Achala, Britch respondió: “Ahora estamos trabajando en los planes directores de Chancaní y Mar Chiquita. Achala es más compleja por la multiplicidad de actores que tiene”. Esos actores son los propietarios, productores ganaderos, operadores turísticos y otras actividades económicas, explicó.
Además del decreto 361, está vigente la ley provincial N° 8941, de 2001, que creó la Reserva Hídrica Los Gigantes, cuyos principales objetivos son: conservar y preservar las cabeceras de cuenca como reservorios de agua a los fines de asegurar la calidad y regularidad del recurso hídrico; prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que forman parte de la cuenca; controlar y prevenir la erosión aguas abajo; y proteger y desarrollar la biodiversidad.
¿Podría la Provincia comprar esas tierras (ya que se vendían)? Britch respondió que, por el momento, no está en los planes. Pero señaló que la Provincia avanza en la creación de áreas protegidas y tenencia de la tierra de un sector de las Sierras de Cuniputo y, por otro lado, en la Estancia Pinas, que fue propiedad de Juan Feliciano Manubens Calvet.
Residuos nucleares donde nacen los ríos
Allí en Los Gigantes, en la reserva hídrica donde nacen los ríos de los que bebe Córdoba, hay una mina de uranio que cerró en 1990 y que aún no fue remediada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
A ese mismo lugar, la CNEA propuso llevar las 57 mil toneladas de residuos de la planta de Dioxitex, la empresa estatal que produce dióxido de uranio en el barrio Alta Córdoba, de la Capital. La Municipalidad de Córdoba estuvo de acuerdo con el plan. Pero la Provincia no.
“Tanto el área de Minería como de Ambiente de la Provincia dijimos que no vamos a autorizar ese traslado”, dijo Britch. “Creemos que esos residuos tienen que ser tratados in situ, en Alta Córdoba, por más que sea más costoso”, afirmó.
Britch dijo que la CNEA presentó una nueva propuesta para tratar esos residuos al Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Y que luego de que la evalúe esa cartera, pasará a ser analizada por Ambiente.
“Venimos trabajando desde el año pasado con la CNEA. Hicimos varias visitas a la mina y acordamos cuestiones mínimas que ellos iban a incluir en su propuesta”, informó el Secretario, que todavía -dijo- no leyó la propuesta.
Poco control
La reserva de Achala tiene 146 mil hectáreas y sólo dos guardaparques. Britch reconoció que hacen falta más: “Hay 18 áreas protegidas y tenemos 32 guardaparques”. Es decir, no llegan a dos por reserva para los 365 días del año.
El funcionario dijo que quieren crear un Cuerpo de Guardaparques de la Provincia, en articulación con la Universidad Provincial, que cuenta con esa carrera. Pero por el momento no hay presupuesto.
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Córdoba: CNEA quiere un basurero nuclear en Los Gigantes
La CNEA quiere un basurero nuclear en la vieja mina de uranio de Los Gigantes
Fecha de Publicación: 23/02/2017
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó un proyecto al Banco Mundial para encarar la remediación ambiental de la vieja mina de uranio de Los Gigantes y propuso trasladar al lugar los residuos radiactivos que se encuentran alojados en la planta de 'Dioxitek' ubicada en barrio Alta Córdoba.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó un proyecto al Banco Mundial para encarar la remediación ambiental de la mina de uranio de Los Gigantes y propuso trasladar al lugar los residuos radiactivos que se encuentran alojados en la planta de "Dioxitek" de barrio Alta Córdoba. La propuesta disparó la alarma entre los municipios de Punilla y la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba, como también entre vecinos y grupos de ambientalistas.
El antiguo yacimiento de uranio de Los Gigantes contaminó durante décadas la cuenca del lago San Roque y constituyó un verdadero desastre ambiental en el corazón turístico de Córdoba, y ahora se especula con el depósito de 57 mil toneladas de residuos radiactivos. La inacción del gobierno nacional durante veinte años se vio mitigada por la propio naturaleza, que depuró el lugar en la medida de sus posibilidades, y ahora que la situación se encuentra relativamente controlada, será otra vez la mano del hombre la que volverá a impactar sobre Los Gigantes.
Se trata de 57 mil toneladas de residuos nucleares que se soltarían en la ex mina, que dejó de funcionar a fines de la década del ochenta y donde se cometió uno de los mayores atentados ambientales de la historia de Córdoba y la mayor contaminación uranífera en cursos de agua de Sudamérica. La propuesta fue presentada al Banco Mundial y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, aunque la Secretaría de Minería de la Provincia planteó su oposición y considera que se trata de una propuesta descabellada que generará el rechazo de todos los vecinos de las localidades por donde tenga que atravesar el cargamento.
Concretamente, se están haciendo estudios para conocer cuál será la mejor técnica a aplicar en el lugar y completar una tarea que comenzó de forma natural y que apunta al saneamiento del yacimiento. Una de las opciones es el tratamiento químico de los 120 millones de litros de líquidos del dique principal para reducir la carga de contaminantes y evaporarlos. Se llenaría el dique vacío con rocas, estériles y marginales de las canteras (1,6 millones de toneladas), arena y se lo haría impermeable para evitar que su erosión y las sustancias caigan a los arroyos y ríos.
Durante siete meses, una flota de camiones deberá realizar un total de 27 viajes diarios desde Alta Córdoba hasta Los Gigantes para llevar los residuos y la lógica que aplica la CNEA, luego de no haber encarado ninguna acción de remediación ambiental en tres décadas, es alarmante. Se dice que el volumen que se encuentra alojado en la ciudad de Córdoba tendrá "incidencia mínima" en la cantidad que debe remediarse en la vieja mina. Si ya está contaminado, por qué no contaminarlo un poco más. A fin de cuentas, qué le hace una mancha más al tigre. Se trata de un absurdo técnico que pondrá en riesgo no sólo a los habitantes de Alta Córdoba, sino también a los vecinos de Carlos Paz, Tanti y las localidades que se encuentran cerca del lugar.
En ese sentido, el subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Julián Gadano, explicó hace algunas semanas que se tomó la decisión de encarar una remediación ambiental en el yacimiento, pero habló de un proyecto integral. La inversión sería de 70 millones de dólares y Gadano reconoció que "toda mina no remediada genera impacto ambiental", aunque hizo una salvedad, "en este caso, el daño está lejos de ser catastrófico".
En vez de invertir recursos para encapsular los residuos en el lugar y que dejen de contaminar, la solución es sacarlos (en una maniobra temeraria que coordinará la CNEA) y llevarlos a otro sitio donde la impericia y la falta de regulación del Estado pusieron en evidencia su salvajismo.
Si prospera el proyecto y siguiendo la misma lógica del gobierno nacional, el predio también podría albergar otros desechos nucleares que se encuentran en distintas partes de Argentina, y de esta forma, Los Gigantes se convertirán en un basurero nuclear y nunca dejarán de sangrar.
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Fecha de Publicación: 23/02/2017
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó un proyecto al Banco Mundial para encarar la remediación ambiental de la vieja mina de uranio de Los Gigantes y propuso trasladar al lugar los residuos radiactivos que se encuentran alojados en la planta de 'Dioxitek' ubicada en barrio Alta Córdoba.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó un proyecto al Banco Mundial para encarar la remediación ambiental de la mina de uranio de Los Gigantes y propuso trasladar al lugar los residuos radiactivos que se encuentran alojados en la planta de "Dioxitek" de barrio Alta Córdoba. La propuesta disparó la alarma entre los municipios de Punilla y la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba, como también entre vecinos y grupos de ambientalistas.
El antiguo yacimiento de uranio de Los Gigantes contaminó durante décadas la cuenca del lago San Roque y constituyó un verdadero desastre ambiental en el corazón turístico de Córdoba, y ahora se especula con el depósito de 57 mil toneladas de residuos radiactivos. La inacción del gobierno nacional durante veinte años se vio mitigada por la propio naturaleza, que depuró el lugar en la medida de sus posibilidades, y ahora que la situación se encuentra relativamente controlada, será otra vez la mano del hombre la que volverá a impactar sobre Los Gigantes.
Se trata de 57 mil toneladas de residuos nucleares que se soltarían en la ex mina, que dejó de funcionar a fines de la década del ochenta y donde se cometió uno de los mayores atentados ambientales de la historia de Córdoba y la mayor contaminación uranífera en cursos de agua de Sudamérica. La propuesta fue presentada al Banco Mundial y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, aunque la Secretaría de Minería de la Provincia planteó su oposición y considera que se trata de una propuesta descabellada que generará el rechazo de todos los vecinos de las localidades por donde tenga que atravesar el cargamento.
Concretamente, se están haciendo estudios para conocer cuál será la mejor técnica a aplicar en el lugar y completar una tarea que comenzó de forma natural y que apunta al saneamiento del yacimiento. Una de las opciones es el tratamiento químico de los 120 millones de litros de líquidos del dique principal para reducir la carga de contaminantes y evaporarlos. Se llenaría el dique vacío con rocas, estériles y marginales de las canteras (1,6 millones de toneladas), arena y se lo haría impermeable para evitar que su erosión y las sustancias caigan a los arroyos y ríos.
Durante siete meses, una flota de camiones deberá realizar un total de 27 viajes diarios desde Alta Córdoba hasta Los Gigantes para llevar los residuos y la lógica que aplica la CNEA, luego de no haber encarado ninguna acción de remediación ambiental en tres décadas, es alarmante. Se dice que el volumen que se encuentra alojado en la ciudad de Córdoba tendrá "incidencia mínima" en la cantidad que debe remediarse en la vieja mina. Si ya está contaminado, por qué no contaminarlo un poco más. A fin de cuentas, qué le hace una mancha más al tigre. Se trata de un absurdo técnico que pondrá en riesgo no sólo a los habitantes de Alta Córdoba, sino también a los vecinos de Carlos Paz, Tanti y las localidades que se encuentran cerca del lugar.
En ese sentido, el subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Julián Gadano, explicó hace algunas semanas que se tomó la decisión de encarar una remediación ambiental en el yacimiento, pero habló de un proyecto integral. La inversión sería de 70 millones de dólares y Gadano reconoció que "toda mina no remediada genera impacto ambiental", aunque hizo una salvedad, "en este caso, el daño está lejos de ser catastrófico".
En vez de invertir recursos para encapsular los residuos en el lugar y que dejen de contaminar, la solución es sacarlos (en una maniobra temeraria que coordinará la CNEA) y llevarlos a otro sitio donde la impericia y la falta de regulación del Estado pusieron en evidencia su salvajismo.
Si prospera el proyecto y siguiendo la misma lógica del gobierno nacional, el predio también podría albergar otros desechos nucleares que se encuentran en distintas partes de Argentina, y de esta forma, Los Gigantes se convertirán en un basurero nuclear y nunca dejarán de sangrar.
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Córdoba: Premios Nobel Alternativos contra Ley de Bosques
Rechazo internacional al proyecto de ley en Córdoba, Argentina
Fecha de Publicación: 23/02/2017
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
38 premios Nóbel Alternativos de todo el mundo piden a Legislatura y Gobierno que descarten definitivamente el cuestionado proyecto de ley
Entre las personalidades que firman el petitorio se encuentran Johan Galtung de Noruega, el Obispo Erwin Krautler de Brasil, Vandana Shiva de India, el economista Manfred Max Neef de Chile y el fundador del Foro Social Mundial, Chico Whitakker.
Personalidades de 29 países rechazan así el proyecto de ley que pretende reducir en un 50% la superficie de bosques protegidos en Córdoba e impulsan el inicio de un nuevo proceso, esta vez participativo.
"Además de inconsulto e ilegal el proyecto gubernamental de ley reduce multas para infractores, quita pena de prisión y habilita rolado para destruir la zona interna de los bosques nativos", indicó el Dr. Raúl Montenegro.
Los Premios Nóbel Alternativo de todo el mundo consideraron nulo el proyecto porque no se consultó a los ciudadanos y pueblos indígenas.
Tras reclamar plena libertad de expresión, condenaron enérgicamente las injustas descalificaciones hechas por el gobierno y organizaciones ruralistas contra José Luis Serrano ("Doña Jovita") y Raly Barrionuevo.
"Este es solo el comienzo de una movida internacional que prevé la visita de prestigiosas personalidades para apoyar a las comunidades, asambleas y organizaciones nucleadas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo", anticipó el Dr. Raúl Montenegro.
La Fundación para la defensa del ambiente de Córdoba, FUNAM, informó sobre el "creciente rechazo internacional al proyecto de ley de bosques nativos impulsado desde el gobierno de Córdoba y parte de la legislatura".
Este petitorio circula internacionalmente en idiomas español e inglés y pronto se agregarán otras versiones. El texto completo de la petición en Español y los firmantes se incluyen debajo del comunicado de prensa.
Entre las personalidades que firman el petitorio se encuentran Johan Galtung de Noruega, el Obispo Erwin Krautler de Brasil, Vandana Shiva de India, el economista Manfred Max Neef de Chile y el fundador del Foro Social Mundial, Chico Whitakker. También han firmado Bianca Jagger de Nicaragua, Embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa, L. Hunter Lovins de Estados Unidos y Michael Succow de Alemania, reconocido defensor de la biodiversidad.
Personalidades de 29 países rechazan así el proyecto de ley que pretende reducir en un 50% la superficie de bosques protegidos en Córdoba. Además de solicitar su archivo impulsan el inicio de un nuevo proceso, esta vez participativo.
"Además de inconsulto e ilegal el proyecto gubernamental de ley reduce multas para infractores, quita pena de prisión y habilita rolado para destruir la zona interna de los bosques nativos. El desconocimiento de la biodiversidad que mostró el gobierno al hacer este proyecto sorprende a prestigiosos especialistas internacionales", indicó el Dr. Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004 y Profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
Los Premios Nóbel Alternativo de todo el mundo consideraron nulo el proyecto porque no se consultó previamente a los ciudadanos y pueblos indígenas.
Tras reclamar plena libertad de expresión, condenaron enérgicamente las injustas descalificaciones hechas por el gobierno y organizaciones ruralistas contra José Luis Serrano ("Doña Jovita") y Raly Barrionuevo.
"Este es solo el comienzo de una movida internacional que prevé la visita de prestigiosas personalidades para apoyar a las comunidades, asambleas y organizaciones nucleadas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo", anticipó el Dr. Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 23/02/2017
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
38 premios Nóbel Alternativos de todo el mundo piden a Legislatura y Gobierno que descarten definitivamente el cuestionado proyecto de ley
Entre las personalidades que firman el petitorio se encuentran Johan Galtung de Noruega, el Obispo Erwin Krautler de Brasil, Vandana Shiva de India, el economista Manfred Max Neef de Chile y el fundador del Foro Social Mundial, Chico Whitakker.
Personalidades de 29 países rechazan así el proyecto de ley que pretende reducir en un 50% la superficie de bosques protegidos en Córdoba e impulsan el inicio de un nuevo proceso, esta vez participativo.
"Además de inconsulto e ilegal el proyecto gubernamental de ley reduce multas para infractores, quita pena de prisión y habilita rolado para destruir la zona interna de los bosques nativos", indicó el Dr. Raúl Montenegro.
Los Premios Nóbel Alternativo de todo el mundo consideraron nulo el proyecto porque no se consultó a los ciudadanos y pueblos indígenas.
Tras reclamar plena libertad de expresión, condenaron enérgicamente las injustas descalificaciones hechas por el gobierno y organizaciones ruralistas contra José Luis Serrano ("Doña Jovita") y Raly Barrionuevo.
"Este es solo el comienzo de una movida internacional que prevé la visita de prestigiosas personalidades para apoyar a las comunidades, asambleas y organizaciones nucleadas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo", anticipó el Dr. Raúl Montenegro.
La Fundación para la defensa del ambiente de Córdoba, FUNAM, informó sobre el "creciente rechazo internacional al proyecto de ley de bosques nativos impulsado desde el gobierno de Córdoba y parte de la legislatura".
Este petitorio circula internacionalmente en idiomas español e inglés y pronto se agregarán otras versiones. El texto completo de la petición en Español y los firmantes se incluyen debajo del comunicado de prensa.
Entre las personalidades que firman el petitorio se encuentran Johan Galtung de Noruega, el Obispo Erwin Krautler de Brasil, Vandana Shiva de India, el economista Manfred Max Neef de Chile y el fundador del Foro Social Mundial, Chico Whitakker. También han firmado Bianca Jagger de Nicaragua, Embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa, L. Hunter Lovins de Estados Unidos y Michael Succow de Alemania, reconocido defensor de la biodiversidad.
Personalidades de 29 países rechazan así el proyecto de ley que pretende reducir en un 50% la superficie de bosques protegidos en Córdoba. Además de solicitar su archivo impulsan el inicio de un nuevo proceso, esta vez participativo.
"Además de inconsulto e ilegal el proyecto gubernamental de ley reduce multas para infractores, quita pena de prisión y habilita rolado para destruir la zona interna de los bosques nativos. El desconocimiento de la biodiversidad que mostró el gobierno al hacer este proyecto sorprende a prestigiosos especialistas internacionales", indicó el Dr. Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004 y Profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
Los Premios Nóbel Alternativo de todo el mundo consideraron nulo el proyecto porque no se consultó previamente a los ciudadanos y pueblos indígenas.
Tras reclamar plena libertad de expresión, condenaron enérgicamente las injustas descalificaciones hechas por el gobierno y organizaciones ruralistas contra José Luis Serrano ("Doña Jovita") y Raly Barrionuevo.
"Este es solo el comienzo de una movida internacional que prevé la visita de prestigiosas personalidades para apoyar a las comunidades, asambleas y organizaciones nucleadas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo", anticipó el Dr. Raúl Montenegro.
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Se crearía un Observatorio Nacional de Cambio Climático
Impulsan la creación de un Observatorio Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 19/02/2017
Fuente: AND
Provincia/Región: Nacional
Se ubicaría de manera estratégica en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, en la provincia de Córdoba.El objetivo sería coordinar recursos científicos y técnicos del Estado para aportar respuestas rápidas y articuladas entre los distintos organismos ante las problemáticas climáticas que surjan.
Los ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzaron a analizar el proyecto que propicia la creación de un Observatorio Nacional de Cambio Climático que permita garantizar una respuesta rápida del Estado en situaciones de emergencia.
En una reunión de trabajo conjunta, las carteras que conducen Julio Martínez (Defensa) y Sergio Bergman (Ambiente) evaluaron también las tareas de coordinación para equipar a los Hércules C-130 a fin de que funcionen como aviones hidrantes.
Junto a los ministros participaron del encuentro, celebrado en el Edificio Libertador, el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Walter Ceballos; el titular de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Ércole Felippa; el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Oscar Charadía, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman.
El objetivo del Observatorio es coordinar recursos científicos y técnicos del Estado para aportar respuestas rápidas y articuladas entre los distintos organismos ante las problemáticas climáticas que surjan.
El Observatorio se ubicaría de manera estratégica en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, en la provincia de Córdoba.
Al respecto, el ministro Martínez destacó que la fábrica “junto a los organismos de Defensa, como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) constituyen espacios con recursos humanos y materiales óptimos para el estudio y ejecución de acciones vinculadas a la protección del medio ambiente”.
Asimismo, Martínez informó que junto a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable y FAdeA se están coordinando acciones para avanzar en el equipamiento de los Hércules C-130 como aviones hidrantes y de ese modo hacer un aporte al sistema de manejo del fuego.
“La idea no es duplicar sino lograr un equipamiento completo para poder asistir simultáneamente ante situaciones de emergencias”, señaló el titular de la cartera de Defensa.
Por su parte, el ministro Bergman describió como un “hito fundacional” la posibilidad de crear un Observatorio de Cambio Climático, “lo que implica tener mediciones, impacto en las políticas y articular lo que hoy está compartimentado”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2017
Fuente: AND
Provincia/Región: Nacional
Se ubicaría de manera estratégica en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, en la provincia de Córdoba.El objetivo sería coordinar recursos científicos y técnicos del Estado para aportar respuestas rápidas y articuladas entre los distintos organismos ante las problemáticas climáticas que surjan.
Los ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzaron a analizar el proyecto que propicia la creación de un Observatorio Nacional de Cambio Climático que permita garantizar una respuesta rápida del Estado en situaciones de emergencia.
En una reunión de trabajo conjunta, las carteras que conducen Julio Martínez (Defensa) y Sergio Bergman (Ambiente) evaluaron también las tareas de coordinación para equipar a los Hércules C-130 a fin de que funcionen como aviones hidrantes.
Junto a los ministros participaron del encuentro, celebrado en el Edificio Libertador, el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Walter Ceballos; el titular de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Ércole Felippa; el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Oscar Charadía, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman.
El objetivo del Observatorio es coordinar recursos científicos y técnicos del Estado para aportar respuestas rápidas y articuladas entre los distintos organismos ante las problemáticas climáticas que surjan.
El Observatorio se ubicaría de manera estratégica en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, en la provincia de Córdoba.
Al respecto, el ministro Martínez destacó que la fábrica “junto a los organismos de Defensa, como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) constituyen espacios con recursos humanos y materiales óptimos para el estudio y ejecución de acciones vinculadas a la protección del medio ambiente”.
Asimismo, Martínez informó que junto a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable y FAdeA se están coordinando acciones para avanzar en el equipamiento de los Hércules C-130 como aviones hidrantes y de ese modo hacer un aporte al sistema de manejo del fuego.
“La idea no es duplicar sino lograr un equipamiento completo para poder asistir simultáneamente ante situaciones de emergencias”, señaló el titular de la cartera de Defensa.
Por su parte, el ministro Bergman describió como un “hito fundacional” la posibilidad de crear un Observatorio de Cambio Climático, “lo que implica tener mediciones, impacto en las políticas y articular lo que hoy está compartimentado”.
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Ruralistas de Córdoba insisten con menos bosques
“Se puede cuidar a los bosques a través de la producción”
Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, aseguró que, en el marco del debate por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, “estamos todos bregando por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo”.
De Raedemaeker fue quien abrió la conferencia de prensa convocada por las asociaciones que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y en la que el ruralismo intentó despegarse de las acusaciones que emanan desde la opinión pública sobre que el agro es el principal interesado en que se “destruyan” los bosques para poder realizar actividades agropecuarias.
Para el titular de Cartez, lejos de eso, “nosotros también somos ambientalistas, pero creemos que al ambiente se lo puede cuidar también a través de la producción. Bregamos todos por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo, evitar que se siga depredando”.
Propuesta técnica
De Raedemaeker estuvo acompañado por su vice, Luis Magliano; el presidente del consejo provincial de Coninagro, Marco Giraudo; el vicepresidente 2° de Federación Agraria, Agustín Pizzichini; y el director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina, Mariano Andrade.
Además, participaron asesores técnicos de estas entidades: Carlos Arnold, Pablo Lozano, Marcelo Romero, Horacio Valdez y Guillermo Laguinge.
Arnold fue el encargado de presentar la propuesta técnica que la Mesa de Enlace llevó a la Mesa de Diálogo que integraron también funcionarios provinciales, organizaciones ambientalistas, universidades y entidades como el Inta; y que también fue elevada a la Legislatura.
Entre otros aspectos, Arnold subrayó que las intervenciones que plantea el sector agropecuario no son en los sectores de monte que actualmente se encuentran en buen estado, sino en aquellas totalmente degradadas, con arbustos muertos y sin pasturas.
“Nosotros pensamos que esas zonas no van a volver a ser productivas ni a prestar servicios ecosistémicos a mediano plazo. El Foro Ambiental plantea una clausura para que se regeneren pero no dicen en qué plazo: pueden ser 200 a 400 años, no se sabe. Pero allí hoy no se puede hacer ganadería y son zonas que tampoco están prestando servicios ambientales, porque al tener suelos desnudos no infiltran agua”, subrayó el técnico.
Pasturas
La propuesta del sector es implantar pasturas en esas áreas degradadas, de manera de recuperar tanto la capacidad productiva de los suelos como su potencial de absorción hídrica. “La clausura sin un manejo no es una buena estrategia. Está demostrado que el pastoreo, bien manejado y respetando el descanso que necesitan las pasturas, mejora el desarrollo de las mismas; sin pastoreo, no echan raíces y sólo crecen hacia arriba, transformándose en material inflamable. La producción puede ser parte de la solución al problema ambiental”, ratificó.
En tanto, subrayó que la implantación de especies exóticas no es un capricho si no que no hay otra alternativa: “No existen las pasturas naturales comerciales: para remediar los ambientes, se necesitan sí o sí exóticas”.
Para Arnold, “nadie discute los servicios ecosistémicos que brinda un bosque pero no hay que olvidar el aspecto cultural: hay gente que produce desde hace años en esas zonas”.
Contexto
El debate en torno a la ley de bosques se debe a que la Ley Nacional 26.331 que regula el ordenamiento territorial de los montes nativos, obliga a las provincias a actualizar el mapa cada cinco años.
Para Córdoba, ese plazo venció en 2015. Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.
El proyecto de ley realiza algunos cambios a la norma actual. Por ejemplo, fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia de la Provincia. El mapa debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas.
Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual. Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas.
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Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, aseguró que, en el marco del debate por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, “estamos todos bregando por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo”.
De Raedemaeker fue quien abrió la conferencia de prensa convocada por las asociaciones que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y en la que el ruralismo intentó despegarse de las acusaciones que emanan desde la opinión pública sobre que el agro es el principal interesado en que se “destruyan” los bosques para poder realizar actividades agropecuarias.
Para el titular de Cartez, lejos de eso, “nosotros también somos ambientalistas, pero creemos que al ambiente se lo puede cuidar también a través de la producción. Bregamos todos por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo, evitar que se siga depredando”.
Propuesta técnica
De Raedemaeker estuvo acompañado por su vice, Luis Magliano; el presidente del consejo provincial de Coninagro, Marco Giraudo; el vicepresidente 2° de Federación Agraria, Agustín Pizzichini; y el director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina, Mariano Andrade.
Además, participaron asesores técnicos de estas entidades: Carlos Arnold, Pablo Lozano, Marcelo Romero, Horacio Valdez y Guillermo Laguinge.
Arnold fue el encargado de presentar la propuesta técnica que la Mesa de Enlace llevó a la Mesa de Diálogo que integraron también funcionarios provinciales, organizaciones ambientalistas, universidades y entidades como el Inta; y que también fue elevada a la Legislatura.
Entre otros aspectos, Arnold subrayó que las intervenciones que plantea el sector agropecuario no son en los sectores de monte que actualmente se encuentran en buen estado, sino en aquellas totalmente degradadas, con arbustos muertos y sin pasturas.
“Nosotros pensamos que esas zonas no van a volver a ser productivas ni a prestar servicios ecosistémicos a mediano plazo. El Foro Ambiental plantea una clausura para que se regeneren pero no dicen en qué plazo: pueden ser 200 a 400 años, no se sabe. Pero allí hoy no se puede hacer ganadería y son zonas que tampoco están prestando servicios ambientales, porque al tener suelos desnudos no infiltran agua”, subrayó el técnico.
Pasturas
La propuesta del sector es implantar pasturas en esas áreas degradadas, de manera de recuperar tanto la capacidad productiva de los suelos como su potencial de absorción hídrica. “La clausura sin un manejo no es una buena estrategia. Está demostrado que el pastoreo, bien manejado y respetando el descanso que necesitan las pasturas, mejora el desarrollo de las mismas; sin pastoreo, no echan raíces y sólo crecen hacia arriba, transformándose en material inflamable. La producción puede ser parte de la solución al problema ambiental”, ratificó.
En tanto, subrayó que la implantación de especies exóticas no es un capricho si no que no hay otra alternativa: “No existen las pasturas naturales comerciales: para remediar los ambientes, se necesitan sí o sí exóticas”.
Para Arnold, “nadie discute los servicios ecosistémicos que brinda un bosque pero no hay que olvidar el aspecto cultural: hay gente que produce desde hace años en esas zonas”.
Contexto
El debate en torno a la ley de bosques se debe a que la Ley Nacional 26.331 que regula el ordenamiento territorial de los montes nativos, obliga a las provincias a actualizar el mapa cada cinco años.
Para Córdoba, ese plazo venció en 2015. Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.
El proyecto de ley realiza algunos cambios a la norma actual. Por ejemplo, fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia de la Provincia. El mapa debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas.
Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual. Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas.
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Inundaciones en Santa Fe y Córdoba y un Estado ausente
Las inundaciones, otra marca del Estado voraz y ausente
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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Deforestación en Córdoba viculada con las inundaciones
“La feroz deforestación en Córdoba influyó en Santa Fe”
Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Un biólogo ambientalista opinó que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”
La influencia de malas políticas de deforestación implementadas en la región del Espinal de la provincia de Córdoba es uno de los principales factores que influyen en la zona agrícola de Santa Fe tras las intensas lluvias, según el biólogo ambientalista Raúl Montenegro, que habló con el programa A Diario de Radio Dos.
La polémica se generó a raíz de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que en diálogo con los medios expresó que “hay que analizar las cuentas de Córdoba que nos tiran el agua”. Al respecto, Montengro, consideró que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”.
Las medidas que se vienen tomando sobre el medio ambiente han sido erróneas, según el biólogo, y la nueva ley de bosques que se implementó a partir del año pasado en Córdoba redujo de 4 millones de hectáreas protegidas a 2 millones.
“En vez de resguardar la superficie de los bosque nativos para que colaboren con la absorción de agua, se cedió a las presiones que ejercen los grandes corporaciones rurales que se ven beneficiados sistemáticamente. Hay que proteger las cuencas y no los bolsillos de los grandes grupos económicos de la región”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Un biólogo ambientalista opinó que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”
La influencia de malas políticas de deforestación implementadas en la región del Espinal de la provincia de Córdoba es uno de los principales factores que influyen en la zona agrícola de Santa Fe tras las intensas lluvias, según el biólogo ambientalista Raúl Montenegro, que habló con el programa A Diario de Radio Dos.
La polémica se generó a raíz de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que en diálogo con los medios expresó que “hay que analizar las cuentas de Córdoba que nos tiran el agua”. Al respecto, Montengro, consideró que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”.
Las medidas que se vienen tomando sobre el medio ambiente han sido erróneas, según el biólogo, y la nueva ley de bosques que se implementó a partir del año pasado en Córdoba redujo de 4 millones de hectáreas protegidas a 2 millones.
“En vez de resguardar la superficie de los bosque nativos para que colaboren con la absorción de agua, se cedió a las presiones que ejercen los grandes corporaciones rurales que se ven beneficiados sistemáticamente. Hay que proteger las cuencas y no los bolsillos de los grandes grupos económicos de la región”, concluyó.
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