Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
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San Miguel de Tucumán: las faltas al ambiente serán controladas por una Fiscalía

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de San Miguel de Tucumán oficializó la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Ambiental capitalina. La jura del flamante funcionario a cargo, Roberto Chustek, abrió la agenda de la oficina que se encargará de velar por el cuidado del medio ambiente: con ella, el municipio trabajará en la detección de infracciones que serán denunciadas ante el Tribunal de Faltas para convertirse en multas a los ciudadanos o grupos transgresores.
“A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con daño ambiental o cualquier acción que ponga en peligro al ambiente, provocará que la Municipalidad entre en acción a través de sus distintos órganos para tomar las medidas y hacer las denuncias correspondientes en el caso jurisdiccional, de la Justicia local y de la federal; y en el caso administrativo serán presentados ante un juez de Faltas municipal, conforme lo marca la normativa”, explicó el fiscal tras jurar ante la intendenta, Rossana Chahla.
En este sentido, Chustek remarcó que la oficina no tiene fines recaudatorios, sino que es un órgano “de investigación que va a presentar las denuncias ante el juez que corresponda. Por lo tanto, la sanción en sí misma va a ser impuesta por un juez como lo establece el procedimiento”. Además de trabajar de oficio, la Fiscalía recibirá denuncias de ciudadanos a través de un número telefónico y un espacio en el sitio web de la Municipalidad que serán lanzados próximamente. A su vez, aportarán datos la Brigada Ambiental Municipal (BAM), el Centro de Monitoreo Ambiental (CMA), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las cámaras de seguridad instaladas en los camiones de recolección de residuos.
En lo concerniente a las sanciones establecidas por ley, se prevé que haya una actualización. “Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo Código Ambiental. Hoy, ante la inexistencia de un digesto ambiental en la ciudad, tenemos todas las faltas dispersas en distintas reglamentaciones y ordenanzas. Les falta claridad y un criterio uniforme; no puede ser que a veces un hecho de menor daño tenga mayor castigo que otro”, señaló el fiscal Ambiental. La propuesta de modificación, una vez terminada, será enviada al Concejo Deliberante para su análisis.

Multas no monetarias
Acerca de la medida, la intendenta capitalina manifestó: “es una figura nueva dentro del municipio y debe ser una de las más innovadoras dentro de la Provincia. Sirve para ayudarnos a cuidar y a cumplir con las pautas de cuidado de nuestro medio ambiente; sabemos el daño que le hacemos, y desde el primer día las políticas públicas tienen que ver con esto”. A su vez, Chahla anunció que se trabajará en nuevas ordenanzas ambientales. “De acuerdo a la falta que haya tenido (el ciudadano), será su sanción: no es lo mismo tirar un poco de basura que ser constante y reiterado. Cada una de esas multas que se labren van a tener un compromiso del vecino para resarcir al medio ambiente por su accionar”, planteó.
En la jura de Chustek estuvieron presentes miembros del Concejo Deliberante, como los oficialistas Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse, y el radical Leandro Argañaraz, que dirige la comisión encargada de controlar la emergencia ambiental que rige en el municipio. “Celebramos estas políticas públicas que se están implementando y que vayan surgiendo sus efectos: la imagen de la ciudad va cambiando. Venimos trabajando de manera coordinada con el Concejo y la Municipalidad porque creemos que de esta manera se va cerrando ese círculo que es necesario para que el medio ambiente realmente sea una política de estado”, compartió Carrillo Leito, que preside la comisión de Medio Ambiente del cuerpo parlamentario.
Por su parte, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, agregó: “nosotros tenemos que conseguir que realmente se adquieran los hábitos de la conducta ambiental y que el vecino no vuelva a cometer infracciones, por eso quizás las multas no sean monetarias sino, por ejemplo, prestar un servicio ambiental, plantar árboles o ir a los Eco Canjes. Este es un llamado al compromiso colectivo. Y si no, vamos a comenzar a aplicar sanciones más firmes, que para eso nos va a acompañar la Fiscalía Ambiental”.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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“Se han derribado cientos de árboles y el suelo serrano removido es masivo”

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis

Lo afirmó la Asociación Juvennat tras una recorrida por el lugar del desmonte. Detallan el daño ambiental. Presentarán una nota al Concejo Deliberante junto otras asociaciones y piden a los nueves concejales “tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria”.
“Desde la década de los años noventa, la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en la localidad de Merlo, siendo en esa época cuando surgen las “Zonas T”, las cuales, poco después, fueron incorporadas, a la Ordenanza 744/00.  En este contexto, surge la pregunta:
¿Cómo se justifica lo ocurrido en la zona ubicada en el pedemonte al noreste del Barrio Los Nogales?
La solicitud, para realizar una ´limpieza baja’, debe encender las alertas de las autoridades competentes, quienes deben informar de manera inmediata al Co.A.M.A. acerca de dicha petición. Es precisamente esta entidad, constituida hace más de 30 años, la que debe intervenir en el asunto, ya que está compuesta por las fuerzas vivas de la comunidad, así como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) y Concejales.
La zona T4, que corresponde a la Reserva Natural protegida de la Sierra de los Comechingones, está regida por la Ordenanza 744/00, y en su artículo 2.3.8.4., establece que únicamente se permiten paseos serranos y senderos peatonales. Con permisos estrictos, se podrían habilitar paradores y refugios, los cuales deben estar construidos con materiales autóctonos, respetando las costumbres y usos locales, y utilizando técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, siempre en completa armonía con el entorno natural.
Sin embargo, lo que se observa actualmente en la zona, es totalmente opuesto a las disposiciones legales: cientos de árboles y arbustos-arbóreos han sido derribados, la remoción del suelo serrano es masiva y, en el caso de la arteria principal, que se extiende a lo largo de 500 a 600 metros lineales, ‘al acompañar la pendiente se torna fácilmente erosionable’, en algunos tramos, tiene más de 20 metros de ancho (cabe recordar que la ley estipula que se deben permitir únicamente ‘senderos peatonales’). A pesar de ello, se le solicita al propietario y por segunda vez, que presente un Plan de Gestión Ambiental y los estudios de Impacto Ambiental, solicitando ‘detalles de la obra’. Allí surge la duda: ¿a qué obra se hace referencia?”
Es por todo lo expuesto que, el sábado 1° de marzo, la A. Juvennat, intentó presentar una nota de urgencia al Honorable Concejo Deliberante (HCD), sin embargo, fuimos informados por fuentes alternativas que dicha nota no podría ser recibida sino hasta el próximo miércoles 5 de marzo. Esa nota será acompañada por otras organizaciones intermedias de la comunidad. A través de la misma, se solicita a los nueve concejales actuales que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria.
En momentos tan delicados como el actual, debe prevalecer ‘la independencia del edil en la decisión’, ya que la situación que atraviesa nuestra comunidad turística se caracteriza por graves problemas ambientales, los cuales no solo afectan la economía local, sino, lo que es aún más relevante, la calidad de vida de los residentes. Esperamos que la comunidad reaccione de manera consciente y se sume al esfuerzo por esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestro entorno”.

Más Información:

Concejales de la oposición exigen sanciones y rendición de cuentas por el desmonte en Los Nogales
Impulsan "una investigación exhaustiva" para determinar las responsabilidades y exigen la restauración del área afectada, entre otras medidas.

Frenaron el desmonte entre Los Nogales y el Chumamaya
Así se informó a través de un comunicado oficial de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Villa de Merlo. Exigen a los titulares del predio que presenten un estudio de impacto ambiental.
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Ley Yolanda: la lucha por mantener viva la ley de formación ambiental

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Aunque inicialmente fue un éxito, la aplicación de la norma se estancó bajo la presidencia de Javier Milei, por lo que ambientalistas pelean para que siga en pie.
Yolanda Benjamina Ortiz fue una química argentina nacida en 1926. Empezó su vida profesional trabajando en Shell y luego pasó a la función pública.
Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina en 1973, nombrada por el entonces presidente Juan Perón, tras su exilio en España. Creía en la inextricable conexión entre cuestiones medioambientales y económicas, y afirmaba que “necesaria y urgente una revolución mental” para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza. Su política sigue siendo muy apreciada.
En 2015, el año en que Ortiz cumplió 90 años, se creó en Argentina una ONG llamada Eco House, centrada inicialmente en la educación ambiental, pero que más tarde pasó a centrarse en la política.
Cuatro años más tarde, justo antes de la pandemia de coronavirus, Eco House empezó a reunirse con legisladores de todo el espectro político para discutir un problema que había detectado: que la educación ambiental en Argentina simplemente “no estaba ocurriendo”.
“Teníamos muy claro que teníamos que hacer algo”, dice María Aguilar, directora de educación de Eco House.
En una reunión en la oficina de Eco House con la entonces diputada Camila Crescimbeni, se formó un plan para exigir a todos los que ocuparan un cargo público que se informaran sobre cuestiones medioambientales clave. “Todo ocurrió en esta conversación”, dice Aguilar.
Intentar que todo el mundo se sumara a la idea fue difícil. “Tuvimos muchas, muchas, muchas reuniones con distintos políticos de distintos partidos, intentando activar esto”, dice Aguilar. “Nadie estaba en contra, pero [siempre había] cuestiones políticas de por medio”. No obstante, la idea cobró fuerza, con el apoyo de ONG, universidades y activistas juveniles, y una campaña mediática que la respaldaba.
En 2021, la Unesco declaró que la educación ambiental debería ser un componente básico de los planes de estudio de todo el mundo para 2025. Al mismo tiempo, Argentina elaboró una ley paralela que exige la educación ambiental en las escuelas, universidades y otras instituciones públicas.
Pero Aguilar dice que la nueva ley desarrollada con Crescimbeni era especial. “Hay que asegurarse de que la educación ambiental llegue a todos los sectores de la sociedad, no solo a los niños. Siempre se piensa en ese sentido, pero no es suficiente porque no podemos esperar a que esos niños crezcan.”
Julio Díaz, secretario del Juzgado Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dice que la capacitación ambiental es de “vital importancia” para el Poder Judicial porque permite tomar conciencia de la complejidad de los temas ambientales. Señala que también ayuda a las personas a verse a sí mismas como parte del medioambiente, y advierte que existen responsabilidades comunes y diferenciadas en los impactos que las personas tienen sobre la naturaleza.
Dos senadoras de distintos espacios políticos de Argentina empezaron a trabajar juntas para conseguir la aprobación de la ley. La senadora María Eugenia Catalfamo, de la coalición de centroizquierda Frente de Todos , presentó un proyecto de ley, y pocos días después Gladys González, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, presentó una iniciativa similar en la Cámara Alta. “Fue increíble”, recuerda Aguilar. “Casi se hicieron amigas”.
El proyecto de ley pasó por el Congreso argentino y finalmente fue aprobado, casi por unanimidad, en diciembre de 2020.  
La ley exige que todos los funcionarios públicos, ya sean del poder ejecutivo, legislativo o judicial, reciban formación en cuestiones medioambientales y de cambio climático. Se denominó “Ley Yolanda”, en honor a Ortiz, y los implicados afirman que es la primera de este tipo en el mundo, que ellos sepan.
Una guía de la ley oficial la describe como un “hito”, diciendo: “La aprobación de esta ley no solo cristalizó un momento específico de nuestro país y sus actores, sino también toda la extensa y poderosa tradición de luchas y logros históricos del ambientalismo en Argentina.”
La guía, que incluye un íntimo prólogo de un amigo de Ortiz, dice que la ley es estratégica, que busca abordar temas urgentes y con un objetivo político a largo plazo. “En definitiva, busca que esta perspectiva sea tenida en cuenta a la hora de pensar, planificar y ejecutar programas y acciones desde las instituciones del Estado”.
Aguilar afirma que la aprobación de la Ley Yolanda fue estupenda, pero solo es el principio del desafío. “Argentina tiene un montón de leyes medioambientales muy, muy buenas que son muy difíciles de aplicar. La mayoría no se cumplen en la vida real”.
El gobierno realizó una consulta sobre cómo debía aplicarse la ley. Aguilar señala que la mayoría de los que participaron inicialmente pertenecían a organizaciones agrarias y empresas petroleras. “En Argentina, la agricultura es la base de nuestra economía. Fueron muy cuidadosos con lo que se iba a decir y que no hubiera nada que fuera en contra de la agricultura”.
El gobierno se dirigió a Eco House pidiendo más apoyo medioambiental para atajar este problema. “En aquel momento había gente muy comprometida que intentaba llevar esta aplicación por el buen camino, por suerte”, dice Aguilar.

El desarrollo de la ley
Al final, se acordó que los participantes debían dedicar 16 horas a seis módulos obligatorios y dos optativos sobre temas como la biodiversidad y los ecosistemas, el cambio climático, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Según la guía, la “información incluida debe ser clara, precisa y tener base científica, y debe ajustarse a la agencia y al contexto en el que se facilita”. Las personas que no realicen la formación pueden ser multadas, e incluso publicar su nombre en Internet.
A Eco House no le pareció suficiente el plan de formación del gobierno central, que consistía en vídeos y algunas lecturas obligatorias. Así que desarrolló su propio programa, con clases reales en las que los participantes podían interactuar y hacer preguntas, que el gobierno validó.
Aguilar elogia a los equipos que trabajaron en la aplicación de Yolanda y su ley hermana de educación medioambiental. “No eran políticos, eran técnicos, y tenían muchas ganas de trabajar con nosotros, porque saben que los partidos pueden cambiar, pero la sociedad civil es permanente”.
Las provincias tenían que adoptar individualmente la ley (todas menos una lo han hecho) y podían diseñar sus propias directrices. Aguilar dice que Buenos Aires suele ser una de las provincias más progresistas, pero su Ley Yolanda solo exigía tres módulos de 45 minutos cada uno. “Nos preguntaron: ‘¿Qué les parece? Y yo dije: ‘¿Me están cargando? Esto es más corto que la película Titanic'”. En cambio, Chaco, que tiene uno de los peores índices de deforestación del mundo, intentó poner en marcha un ambicioso programa.
Un aspecto clave de la ley es que se aplica a todo el mundo, desde los funcionarios subalternos hasta el más alto cargo del país. Cuando el entonces presidente Alberto Fernández emprendió su formación en 2022, emitió un comunicado de prensa al respecto.
“Todo avanzaba muy rápido para una ley aprobada en 2020”, dice Aguilar. “Yolanda tenía su página web, y se podía ver cuánta gente había hecho el curso, tanto con nosotros como con el gobierno”.

Y entonces todo cambió
En 2023, Argentina eligió como presidente a Javier Milei, un negacionista del cambio climático que rechaza las políticas de deforestación y que ahora se plantea seguir a Estados Unidos en su retirada del Acuerdo de París.
Aunque todavía existe una página web sobre la Ley Yolanda en el sitio web del gobierno argentino, han desaparecido muchos detalles. “No se puede descargar ningún documento sobre la ley, el temario, nada”, dice Aguilar. “No están promoviendo que nadie emprenda eso. Llevo enviando correos desde que empezó este nuevo equipo, y nunca sabes a quién escribir, porque no hay nadie. Al principio dijimos: ‘Bueno, vamos a darles tiempo'”. Pero ya ha pasado más de un año.
No obstante, la formación de los jueces y magistrados en particular ha continuado, con un programa que duró todo el año pasado. Abarca los principios científicos y jurídicos fundamentales sobre una serie de cuestiones medioambientales locales y mundiales. En cuanto al clima, el curso profundiza en la mitigación y la adaptación, los sistemas energéticos y el papel de la legislación nacional e internacional. Una sección explica el Acuerdo de Escazú.
Díaz asegura que el contenido del curso es realmente innovador porque la mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no han recibido formación en materia medioambiental, “y mucho menos en sostenibilidad en sus cursos de licenciatura”.
Más de 7.000 personas han recibido formación en el marco de este programa, entre jueces, miembros de salas de los tribunales de apelación argentinos, secretarios, estudiantes y demás personal del servicio de justicia.
 “Por los antecedentes y devoluciones que he tenido de colegas de la oficina judicial, y de muchos otros en la jurisdicción donde trabajo, puedo decir que el aporte [de la capacitación] es significativo y de enorme relevancia para el trabajo cotidiano en la gestión de una causa que tiene como objeto un conflicto ambiental”, dice Díaz. “Con esta formación se está proporcionando un conjunto de herramientas de gestión, tanto para ordenar las actuaciones judiciales dentro de un expediente, como para realizar actos concretos en el entorno afectado.”
Añade que la formación contribuye a “una mejor gestión de los conflictos medioambientales judicializados”.
Esto está ocurriendo a pesar de que nadie parece estar aplicando o haciendo un seguimiento centralizado de La Ley Yolanda, o avergonzando públicamente a quienes no han hecho lo que exige. Las preguntas a una dirección de correo electrónico oficial no obtuvieron respuesta, y no hay ningún departamento de medioambiente al que recurrir.
Aún está por ver si La Ley Yolanda logrará algún día la “revolución mental” por la que trabajó Ortiz, y el objetivo ahora es solo mantenerla viva hasta las próximas elecciones generales. “Es muy triste y muy frustrante, pero una vez que entendés el juego, hay que aprender a jugar y a encontrar aliados donde puedas”, dice Aguilar.
Dice que la campaña consiguió unir a las ONG medioambientales de Argentina como no había ocurrido antes. “Cuando surgió Milei, teníamos mucho miedo al futuro. Dimos muchos pasos atrás. Ahora tenemos que volver otra vez a las discusiones más bajas que se hicieron hace años”.
Milei ha apostado fuerte por la desregulación, intentando suavizar las restricciones a la minería cerca de los glaciares y eliminando protecciones para los bosques, además de colaborar con el avance del posible colapso de la ciencia nacional. También ha estrechado lazos con otros escépticos del clima de derechas, lo que convierte a su administración en una enorme amenaza tanto para el medioambiente argentino como para la acción medioambiental mundial. “Te encontrás hablando de cosas como ‘¿realmente el cambio climático existe?’, dice Aguilar. ”Tenemos que hablar de eso“.
Ortiz falleció en junio de 2019 a los 94 años. Preguntada por lo que cree que habría pensado la química de una ley que lleva su nombre y que contó con tantas otras mujeres que la respaldaron e impulsaron, Aguilar dice: “Creo que estaría muy, muy orgullosa.”
¿Y qué ha pasado desde entonces? “Estuve deprimida. Pero entonces, después de estar deprimida y llorar, dije: Bueno, ahora tengo que trabajar más duro que nunca'”.
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¿Qué chances hay de retomar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y por qué están frenadas?

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Santa Cruz


El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos (La Libertad Avanza), aseguró que se busca un entendimiento con el grupo de empresas que construye las represas hidroeléctricas “Presidente Nestor Kirchner” (NK) y “Gobernador Jorge Cepernic” (JC) sobre el río Santa Cruz, para retomar la construcción de las mismas. Desde 2023 las obras se encuentran detenidas, a cargo de un consorcio cuyo principal accionista es la empresa china Gezhouba Group Corp.
“El gobernador nos está pidiendo que lo ayudemos para continuar las obras”, afirmó Francos en Radio Neura luego de que trascendiera la reunión que mantuvo con el embajador chino, Wang Wei; con la UTE que las construye; y con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Francos adelantó que se intentará poner en marcha la Jorge Cepernic, que se encuentra más adelantada, y dejar suspendida por 2 años la Néstor Kirchner, ex Cóndor Cliff. En esta nota te contamos qué chances hay de retomar estas obras, y por qué están frenadas?

1. ¿Cuáles son las gestiones para destrabar la construcción?
En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas, según datos del Informe 139 presentado por Francos ante el Senado de la Nación (pregunta 391).
El Gobernador Vidal viajó a China en un intento de acercar a las partes, pero la provincia no tiene potestad sobre las obras, que fueron cedidas a la Nación en 2017, durante el gobierno local de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).
En los últimos días el gobierno nacional hizo una oferta confidencial a las autoridades de China que, de ser aceptada, permitiría reactivar las represas, según publicó el diario La Nación.

2. ¿Por qué están frenadas las obras?
Falta la firma de la denominada Adenda XII entre China y la Argentina, que garantizaría la continuidad del financiamiento de los bancos chinos para poder terminar las obras.
En el caso de la represa Néstor Kirchner, en 2018 se detectaron deslizamientos de suelos en el lugar donde se está emplazando la obra. El hecho recién trascendió un año después y allí se frenó la obra principal, mientras se encargó un rediseño.

3. ¿Cuál es la polémica ambiental?
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras tras dar lugar a las medidas cautelares presentadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. La Corte ordenó que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. Las obras se reactivaron en agosto de 2017.
Cristian Fernández, abogado en la causa judicial y docente de Derecho Ambiental en la UBA, dijo a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)-: “Las represas van a generar un daño permanente e irreversible al ecosistema del último río glaciario de la Patagonia; pueden llevar a la extinción al macá tobiano (N. de la R.: una especie de ave)”.
Y detalló: “Además, la obra del tendido eléctrico para conectar las represas con el Sistema Interconectado Nacional puede poner en peligro de extinción al cauquén colorado, otra ave migratoria. Y, tal como lo marcó en su momento el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, no se estudió el impacto que puedan tener las represas en el resto de los glaciares en el Campo de Hielo Sur; sólo se estudió la interacción con el Perito Moreno”.

4. ¿Para qué servirían las represas?
Cuando el proyecto esté terminado, las 2 centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1310 megavatios, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta (horas de mayor consumo energético) y podrán sumar la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una línea extra de alta tensión (LEAT) de 500 kV destinada a proveer electricidad al mercado eléctrico nacional.

5. ¿Cuándo y quiénes comenzaron a construir las represas?
Tras un largo proceso licitatorio, en 2013 se adjudicó la obra a la UTE conformada por las empresas China Ghezouba Group Limited, que tiene el 54%; y a Electroingeniería SA (36%) e Hidrocuyo SA, con el 10%.
En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de inicio de la obra sobre el río Santa Cruz. El contrato inicial estipulaba 5 años más medio de gracia para finalizar la obra, que tenía un costo inicial, de acuerdo con el contrato de obra de 2013, de $ 22.925.870.000 (a agosto de 2020, equivalían a US$ 2.491.942.391). En 2014 se suscribió finalmente el Contrato de Línea de Crédito entre la Argentina y la banca china, pero se definió el monto por U$S 4.714.350.000.

6. Modificaciones durante el gobierno de Mauricio Macri
Durante el gobierno de Mauricio Macri se rediseñó el proyecto, en el cual se bajó la potencia de las represas (de los 1740Mw iniciales a 1310 Mw), y también se redujo la cota del embalse del perilago de Condor Cliff de 178,80 a 176,50 para garantizar el desacople del Lago Argentino y bajar así el impacto sobre los glaciares.
Además, durante la gestión de Cambiemos se recuperaron sus nombres originales: “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, tras haberse llamado por 5 años “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, respectivamente. También se cuadriplicó la capacidad de erogación de los descargadores de fondo con la finalidad de asegurarse que -aun durante el desvío del río, llenado del embalse y en épocas de aguas bajas- se garantizara la regularidad del ciclo hidrológico para la sostenibilidad ambiental.

7. La enmienda de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández
La obra debía estar lista para 2022. Con la generación de energía se iban a obtener los fondos para pagar el crédito a los bancos chinos. Pero la obra estaba lejos de terminarse, por lo que la Argentina se vio obligada a negociar con el grupo de bancos chinos -China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited- hasta que se llegó a un pacto publicado en el Decreto N° 269/2022. Es un acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito.
Durante el gobierno de Fernández, las represas volvieron a renombrarse como “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.

8. ¿Cuál es el nivel de avance en la construcción?
La finalización de la obra de JC se planeaba para 2025, mientras que para el caso de NK se preveía 2028. Los plazos ya no se cumplirán. Mientras la represa NK tiene un avance de 19,2%, la JC llega al 46%. El avance global del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz es de 27,3%, según el Informe 139 de Senado de la Nación (pregunta 103 y 253).
“Después de años de postergaciones y gestiones sin resultados, logramos que Argentina haga una propuesta concreta a China. Ahora estamos a la espera de una definición, que debería conocerse en los próximos días”, afirmó el gobernador Claudio Vidal.

9. ¿Cuánto costarán las represas y cuánto se gastó hasta ahora?
Tras la reconfiguración de la obra, el presupuesto es de US$ 4.714 millones.
Durante 2015, en el último gobierno de Fernández de Kirchner, los bancos chinos habían desembolsado US$ 850 millones. Entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Macri, usaron US$ 500 millones de dólares: US$ 1.350 millones en total. Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022, se firmó la Adenda XI y se enviaron US$ 500 millones más. Es decir que, hasta el momento, se gastaron US$ 1.850 millones.
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Preocupada por la «planta de hidrogeno verde» y la contaminación del río Uruguay, la diputada Osuna pide informes

Fecha de Publicación: 05/03/2025
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


La Diputada Entrerriana acompañada de un importante número de legisladores presentó la iniciativa para frenar la contaminación del Río Uruguay. Mediante un Proyecto de Resolución se solicitan informes sobre dos sucesos que amenazan a las condiciones del río Uruguay, a quienes habitan la región. El proyecto cuyo expediente es el 7933-D-2024 exige al Poder Ejecutivo Nacional información de manera completa y detallada sobre diversas cuestiones. En primer lugar, se informe sobre gestiones argentinas frente al proyecto uruguayo de instalación de planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sobre la costa del río, en la localidad de Paysandú, frente a las ciudades entrerrianas de Colón, San José y Pueblo Liebig. Por otro lado, en la iniciativa se requiere informes sobre contaminación de cianobacterias (verdín), que afecta la costa del río Uruguay, exigiendo estudios que orienten la prevención y control de la situación, cuya consecuencia afecta a bañistas y a la fauna y flora nativa de la región.
“Es imprescindible que la población tenga conocimiento del estado actual del agua del Río Uruguay, si hay riesgo para la salud humana, como también la posibilidad de una futura contaminación que genera gran preocupación e incertidumbre”, señaló la diputada.
Con respecto a la Proyecto pertenece a la multinacional HIF de producción de metanol y gasolina en Paysandú, se ignora por completo los posibles impactos sobre la ribera argentina donde, a menos de dos kilómetros, se encuentran ciudades entrerrianas.
“Mantuve reuniones con organizaciones de vecinos de la zona. Escuchamos sus preocupaciones y reclamos sobre la afectación de la economía, salud, cultura y la biodiversidad de la región”, informó Osuna.
La sustentabilidad ambiental y ecológica del río Uruguay es fundamental para sostener la vida humana y natural de la provincia de Entre Ríos. La posibilidad de la instalación de una planta de producción de combustibles, sumado a la presencia de algas y microorganismos contaminantes, tensiona la salud de un curso de agua de gran relevancia para el Cono Sur, que se constituye como un recurso natural estratégico por ser una fuente de agua dulce no renovable.
La Diputada destacó que, en la norma legislativa se cita a los responsables de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). Todo para que ambos organismos binacionales, que cuentan con representantes de la Provincia de Entre Ríos, brinden explicaciones presenciales ante la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es tener un intercambio con los legisladores y que los representantes brinden su parecer sobre estos asuntos.
La Diputada Nacional Blanca Osuna impulsa desde su banca el seguimiento y solución de problemas que pueden afectar el ambiente ribereño, la vida humana, animal, vegetal y el desarrollo productivo.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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Santa Fe avanza en energía sustentable: la UNL y el Conicet desarrollaron un aceite biodegradable y renovable

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet lograron desarrollar un aceite biodegradable para transformadores eléctricos.
En un paso significativo hacia la sustentabilidad, una importante multinacional adquirió transformador de la empresa de Rafaela, Santa Fe, Inelpa completado con 150 litros de un aceite ecológico, desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. Este innovador fluido, producido a partir de aceite de soja, busca reemplazar los aceites convencionales, derivados del petróleo, que presentan riesgos ambientales y operativos.
    
Un desarrollo innovador con impacto ambiental positivo
El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, Juan Carlos Yori, explicó en el programa de AIRE 6 AM que este desarrollo comenzó cuando la empresa santafesina Aceites Especiales de Santa Fe se acercó a la universidad con la necesidad de generar un fluido aislante y refrigerante para transformadores eléctricos.
"Los aceites derivados del petróleo son altamente tóxicos y pueden generar incendios o explosiones en épocas de alta demanda, como el verano”, detalló Yori. En cambio, el aceite ecológico es biodegradable y renovable, ya que su base es el aceite de soja, un recurso ampliamente disponible en Argentina.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo fluido es su capacidad de remediación rápida en caso de derrames. Mientras que un aceite convencional podría tardar hasta 100 años en degradarse en el suelo, el nuevo aceite desarrollado por la UNL y el Conicet se descompone completamente en solo 28 días.

Un avance probado en el sistema eléctrico
El aceite ecológico no es solo una propuesta teórica, sino que ya demostró su eficacia en el terreno. Hace más de 10 años, un transformador con este aceite fue instalado en la red de distribución de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) y ha funcionado sin inconvenientes.
"No solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. Su rendimiento es óptimo en condiciones extremas y permite que los transformadores operen con mayor seguridad", afirmó Yori. Empresas provinciales de energía, como la EPEC de Córdoba también mostraron interés y ya están incorporando este tipo de tecnología en sus redes de distribución.

Un cambio sustentable sin costos adicionales
Uno de los puntos clave de este desarrollo es que no representa un costo adicional frente a los aceites convencionales. A pesar de la fluctuación en el precio del petróleo, el aceite ecológico es totalmente competitivo en el mercado.
"No hay ninguna razón económica para no adoptarlo. Es un producto más seguro, biodegradable y renovable, al mismo precio que los aceites derivados del petróleo", destacó Yori.
El proceso de investigación y desarrollo llevó aproximadamente un año, tras lo cual el equipo presentó una patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualmente, la UNL, el Conicet y la empresa Aceites Especiales de Santa Fe poseen la propiedad intelectual del desarrollo.

Próximos proyectos: reciclaje de aceites y plásticos
El equipo de investigación de la UNL sigue avanzando en nuevas soluciones ambientales. Actualmente, trabajan en la recuperación y reutilización de aceites lubricantes usados, evitando que estos terminen contaminando cursos de agua o el suelo. Además, buscan incorporar plásticos reciclados en estos procesos, utilizando técnicas de pirólisis para obtener nuevas bases lubricantes.
"El cambio climático es una realidad innegable y las empresas están viendo la necesidad de incorporar procesos más amigables con el medio ambiente", concluyó Yori. Este desarrollo marca un hito en la transición energética de Argentina, con una innovación tecnológica que podría expandirse a nivel nacional e internacional, promoviendo una energía más limpia y segura.
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Máxima reducida y pasafaunas: qué cambios proponen en la ruta a Victoria para proteger la biodiversidad

Fecha de Publicación: 03/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos



Ambientalistas solicitaron que se contemple que la traza atraviesa por completo a los humedales, que son de importancia internacional
Durante la audiencia pública por la nueva concesión de la ruta nacional 174, que une a Rosario con Victoria y que tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses, se recibieron múltiples propuestas de varios ámbitos de la sociedad para que el nuevo concesionario las tenga en cuenta a la hora de tomar las riendas de la traza. Entre todas las iniciativas, la fauna cobró relevancia, teniendo en cuenta la preservación de la biodiversidad de los humedales, que son atravesados de punta a punta por la ruta.
Desde el refugio MundoAparte presentaron diversas propuestas, con dos iniciativas que serían novedosas en la región y colaborarían a preservar la fauna. En primera instancia, y dentro de la organización Guardianes del Humedal, que nuclea a 60 espacios, manifestaron la posibilidad de que se limite la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora en diversos tramos. Además, propusieron que se desarrollen pasafaunas para colaborar con la preservación de las especies.
 Este tipo de estructuras se encuentran en varias rutas de Misiones, aunque en esta región, con condiciones distintas, se deben pensar de manera diferente ya que en esa provincia se trata de puentes camuflados con vegetación de la zona que contempla a las especies que allí habitan. Una posibilidad en las islas es desarrollar túneles por debajo de la traza, explicó a La Capital Franco Peruggino, referente de MundoAparte.
"Los pasafaunas se adaptan al territorio y los animales que viven en él. Nosotros proponemos que sean túneles, que se camuflen con vegetacion natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. Esto ayudaría a que pasen por abajo de la ruta y no por arriba", detalló.

Tránsito asistido
El referente indicó que brindaron los detalles de estas estructuras en un informe que presentaron e incluso marcaron un mapa con los lugares donde convendría que se emplacen, teniendo en cuenta los sitios más frecuentes donde se dan los atropellamientos. En particular, hay un tramo muy conflictivo que se extiende durante 10 kilómetros, sobre lo que Peruggino explicó que es muy difícil para los animales caminar esa distancia para atravesar la ruta.
Es por ello que, además, propusieron que se desarrollen protocolos para evitar los atropellamientos de fauna, principalmente en días de poca visibilidad: "Se pueden reducir las velocidades máximas y que se haga tránsito asistido para días con niebla, lluvia o humo".
"En los 30 años que la empresa va a gozar de la explotación de la traza, quisiéramos que, entre las obras que deben hacer a cambio, incluyan los pasafaunas. Al menos, uno por año", expresó el referente, para sumar que esto fue algo que solicitaron tanto las organizaciones ambientalistas como el municipio de Victoria.

Estación de servicios en pleno humedal
Al margen de las propuestas, las organizaciones se mostraron disconformes con uno de los puntos del primer borrador del pliego, que buscar habilitar a la nueva concesionaria la posibilidad de que se explote comercialmente la traza con lo que se podría incluir en la ruta, por ejemplo, una estación de servicios en los casi 60 kilómetros que separan a Rosario de Victoria.
Al respecto, Peruggino dijo: "Esto es algo que nunca pudo hacer la concesionaria anterior porque está prohibido. Está mal por donde se lo mire y es algo que también marcaron desde la Municipalidad de Victoria porque viola una de sus ordenanzas municipales que regula el uso de la reserva de usos múltiples".
"Toda la ruta está dentro de la reserva, sería una locura tener una estación de servicios en el medio del humedal", concluyó.

Qué se hará en el puente Rosario - Victoria
La ruta nacional 174 que une la ciudad con la provincia de Entre Ríos consta de 59,43 kilómetros y tiene una cabina de peaje en suelo entrerriano. Forma parte de la Red federal de Concesiones y el próximo 8 de abril tendrá un nuevo proceso licitatorio, ya que la empresa Caminos del Río Uruguay, bajo una disputa judicial, no se podrá presentar. Mientras tanto, el Estado intervendrá el corredor a la espera de los pliegos definitivos.
En la audiencia se dieron detalles de las obras iniciales, que son aquellas que se deberán realizar dentro de los primeros tres meses. Se trata de tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos. En caso de no cumplirse con este requisito para junio, se ejecutará una multa a la empresa adjudicataria.
Otras de las obras importantes es el calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas. Además, se repintarán en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.
Durante el primer año de la concesión será el gobierno nacional el que fije el precio del peaje. En ese tiempo, la empresa que gane la licitación deberá terminar con las principales obras y, a partir de allí, cobrará la tarifa. El gobierno expresó que tendrá especial valor el precio del peaje fijado por el oferente a la hora de la adjudicación final.
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Equipo interdisciplinario trabaja respondiendo las denuncias sobre posibles depredaciones por parte de un yaguareté en las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú

Fecha de Publicación: 03/03/2025
Fuente: Portal NoticiasDeLaCalle
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), informaron que, junto a proyectos como Yaguareté, Vida Silvestre y Parques Nacionales, trabajan respondiendo de manera activa a las denuncias sobre posibles depredaciones por parte de un yaguareté en las 2.000 Hectáreas, en la ciudad de Puerto Iguazú. La principal recomendación es resguardar a los animales domésticos durante la noche.
La medida surge a raíz del reporte de vecinos, sobre la desaparición de dos perros y la advertencia de que un tercer canino fue abordado, presumiblemente por un felino, por lo cual, el equipo interdisciplinario, recorrió la zona, pudiendo detectar la presencia de huellas, así como también observar registros fotográficos mediante el uso de cámaras trampa, de un yaguareté hembra en cercanía a la zona de denuncia.
El sitio fue visitado por el Ministro de Ecología, Martín Recamán, y el Director Ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, junto a miembros de Policía de Misiones, quienes se pusieron a disposición y se ofreció asesoramiento sobre medidas de prevención. Tras recorrer la zona, se llevó a cabo un encuentro en la sede del IMiBio de Iguazú, para analizar la situación y planificar medidas tendientes a asistir a los vecinos que necesiten información sobre el tema y evitar futuros acercamientos de felinos a la zona de chacras.
En este sentido, el ministro de Ecología Martín Recamán, explicó que “dada la importancia para la provincia en general, pedimos la participación varios entes y nos pusimos a disposición de los vecinos, para estar presentes, trasladar tranquilidad y llevar adelante acciones para evitar riesgos. Trabajaremos en una guía para los vecinos y que estén a sabiendas de ciertos cuidados”. Por su parte el director Ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, brindó calma a la población de la zona.
“En Misiones no hay muchos registros de que un yaguareté ataque a una persona, en la región son muy bajas, la realidad es que los felinos tienden a alejarse de la gente, por lo que no hay indicios de riesgos para las personas y los ataques a otros animales ocurren en situaciones de silencio”, agregó. Cabe destacar que, el yaguareté es una especie amenazada de extinción y es protegida por leyes nacionales y de la Provincia de Misiones por lo que su cacería está penada.
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Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Si bien el documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”, las ONG denuncian que fomentaría la caza deportiva
Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.
Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.
El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.
Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.
Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.
Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto
El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.
El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).
Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.
Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.
A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.
Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.
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Patagonia: Tenía 81 aves en cautiverio y fue condenado a prisión

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Río Negro


Un hombre de Chichinales recibió prisión en suspenso. Tenía especies en peligro de extinción.
La justicia de Villa Regina condenó a un hombre de Chichinales a tres meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia ilegal de fauna silvestre, luego de que las autoridades rescataran 81 aves en cautiverio en dos allanamientos. La sentencia, dictada por el juez de garantías Gastón Pierroni, impone además reglas de conducta por dos años, bajo el riesgo de que la pena se haga efectiva en caso de incumplimiento.

Allanamientos y especies rescatadas
El primer operativo fue realizado en febrero de 2021, cuando agentes de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro encontraron 45 aves en jaulas dentro de la vivienda del condenado. Sin embargo, el hombre continuó con la actividad ilegal y, en noviembre de 2022, un segundo allanamiento permitió rescatar otras 36 aves.
Entre los ejemplares incautados había cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que fue declarada Monumento Natural de Río Negro en 2023.
Las aves fueron trasladadas al Centro de Cuarentena y Rehabilitación de la Fundación Guardafaunas, donde recibieron los cuidados necesarios antes de ser liberadas en su hábitat natural.
Además del daño ambiental, la captura y tenencia de fauna silvestre representa un riesgo sanitario, ya que las aves pueden transmitir enfermedades como psitacosis, tuberculosis y rabia, todas potencialmente mortales para los humanos.
Desde la Fundación Guardafaunas recordaron que cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos de forma anónima a través del número 2920612000 o mediante redes sociales.
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