Mega denuncia penal contra legisladores, funcionarios públicos y empresarios por el desmonte en el Chaco

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chaco


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada en una sesión que se realizó de madrugada.
A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.

La agonía del monte chaqueño
"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale .
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.

¿Quiénes son los denunciados?
De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk. Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.
Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".

Los fundamentos de la denuncia
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".
Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".
La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".
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Puerto Deseado se suma a la protección de los bosques marinos

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Gobierno de Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz


La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz dio a conocer que, por unanimidad, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado declaró de interés municipal la protección y conservación de los bosques de macroalgas, en especial la Macrocystis pyrifera.
Con una decisión unánime, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado ha establecido la importancia de proteger y conservar los bosques de macroalgas, en particular la especie Macrocystis pyrifera, también conocida como cachiyuyo. Esta acción pone en primer plano la relevancia ecológica de estos ecosistemas submarinos, y su crucial papel en la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible de la región.
Desde el Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Marcelo Vidal señaló la importancia de esta declaración, resaltando la necesidad de coordinar esfuerzos, remarcando que se trata de: “Aunar criterios con las acciones que se destinan a la protección, a la conservación de los bosques de algas. Asumiendo como una política de Estado y replicando lo que se ha hecho ya en Puerto Santa Cruz, como ejemplo, y en todo el litoral costero de la provincia".
Al mismo tiempo, el secretario de Ambiente de la Provincia, Sebastián Georgión, destacó la iniciativa: “Puerto Deseado es una comunidad con un fuerte vínculo con el mar y siempre ha marcado el rumbo respecto a la importancia de conservar nuestros valores naturales”.
Por su parte, el concejal Mateo Brunetti consideró que esta declaración de interés: “Es un puntapié más que interesante. Es muy importante proteger, pero también conscientizar para lograr introducir conceptos que hacen a un desarrollo sostenible". Brunetti subrayó la interrelación entre la industria y el ambiente: "Soy ambientalista popular, considero que industria y ambiente no son asuntos separados. Muy por el contrario, creo en un Estado fuerte, consciente sobre el rol que le toca ocupar y siempre buscando detectar posibles daños ecológicos que deben ser prevenidos y evitados".
Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, incluyendo la colaboración con la Fundación Por el Mar, busca generar consciencia sobre el valor biológico, cultural y social de los bosques de macroalgas. Con esta resolución, Puerto Deseado comienza a trazar un mapa costero de localidades que buscan asegurar la protección de estos valiosos ecosistemas marinos, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del ambiente para las futuras generaciones.
La resolución se fundamenta en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley General del Ambiente, que establecen el “derecho a un ambiente sano y equilibrado y obligan a la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. Además, se destaca el rol fundamental de los bosques de macroalgas en la absorción de dióxido de carbono, y la generación de oxígeno, así como su función como hábitat para numerosas especies marinas de valor económico y ecológico.
Sobre este punto, la comunidad científica ha enfatizado la importancia de estos bosques para la sostenibilidad de actividades como la pesca y el turismo, fundamentales para la economía local. Estos ecosistemas submarinos no sólo proporcionan un hábitat significativo para especies de alto valor comercial, como la centolla, el calamar y el pez gallo, sino que también contribuyen a mantener la salud general del ecosistema marino, lo que a su vez sostiene las poblaciones de peces y otros organismos marinos. Además, la belleza y biodiversidad de estos bosques atraen a turistas y buceadores, generando ingresos y fomentando el desarrollo del ecoturismo en la región.
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Cerca de 34 especies de tiburones está en peligro de extinción en el Mar Argentino: ¿a qué se debe?

Fecha de Publicación: 04/07/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, las principales amenazas para su conservación están relacionadas con la regulación ineficiente de la pesca no regulada (directa e indirecta), tanto comercial, como artesanal y recreativa.
Desde hace años, los tiburones tienen una pelea difícil. Enfrentan dos amenazas concretas que están atentando directamente contra su supervivencia: la industria pesquera que los mata indiscriminadamente y la demonización que creó el cine en torno a su imagen.
Gracias a su éxito evolutivo, los tiburones habitan la Tierra mucho antes de que aparezca el ser humano. La mayoría de ellos son predadores topes, por lo tanto, cumplen un rol clave en la regulación de comunidades, manteniendo la estructura y composición de especies en los ecosistemas marinos y costeros.
Sin embargo, gracias a la sociedad homocentrista en la que vivimos, hay especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción. Las consecuencias son diversas, pero todas están derivadas de las actividades humanas, entre las cuales figuran: la pesca, la destrucción del hábitat y la contaminación.
A causa de las amenazas que sufren, se estima que desapareció alrededor del 70 por ciento de la cantidad de tiburones que había en el mundo hace décadas atrás. En la actualidad, más de un tercio de la totalidad de las especies que hay en el planeta están en peligro de extinción.
En Argentina, las principales amenazas para su conservación están relacionadas con la regulación ineficiente de la pesca no regulada (directa e indirecta), tanto comercial, como artesanal y recreativa.
El Mar Argentino es hábitat de 55 y, si bien hay pocos estudios al respecto, se estima que 34 de estas especies se encuentran en peligro de extinción. Esto se debe en parte al poco conocimiento que tenemos sobre estos animales, debido a la falta de inversión para estudiarlas y protegerlas y por la ausencia de estrategias efectivas de conservación.
La matanza de tiburones es indiscriminada y los datos son muy contundentes. Entre 100 y 300 millones son capturados cada año. Prácticamente un exterminio. Pero claro, a quién le va a generar empatía o remordimiento si están cazando a una especie “asesina”.

La demonización de los tiburones
Hasta 1975 el tiburón era, tal vez, un animal más. Posiblemente, una persona que vivía a cientos de kilómetros del mar, y que solo iba una vez al año a vacacionar, no conociera las costumbres e incluso la imagen, de un tiburón. Pero la cosa cambió, y para mal.
El 20 de junio de ese año, el ya popular director estadounidense Steven Spielberg vislumbró un posible éxito luego de leer la novela Jaws (mandíbulas) de Peter Benchley. El relato cuenta la historia de los ataques de un enorme tiburón blanco a un grupo de personas que se bañaba en las costas de una pequeña localidad, y de los intentos, por parte de la población, de cazar al animal.
El director de cine volcó todo su potencial y se rodeó de un prolífico equipo de trabajo en el que figuraba el legendario compositor John Williams. Este no es un dato menor, porque la música de la película Tiburón, quedó grabada en el imaginario colectivo de generaciones. Williams ya había logrado este efecto creando el sound track de la famosísima Star Wars y, posteriormente, dio otra vez en la tecla con la banda sonora de las sagas Indiana Jones y Jurassic Park. Un peso pesado de la industria.
Pero la cosa no quedó ahí. La idea instaurada de que los tiburones eran “asesinos de personas” se exacerbó, desbloqueando un nuevo miedo en la sociedad. Meses después de la película, que tuvo un éxito mundial, “miles de personas salieron en barcos a cazar tiburones. Fue una pesca popular y no había remordimientos, porque estaba la idea de que esos animales eran asesinos”, esto lo confirmó en 2015, en una entrevista a la BBC, George Burgess, biólogo del Museo de Historia Natural de Florida.
La guerra entre un grupo de seres humanos enajenados y un animal que solo respondía a su impulso vital de supervivencia se recrudeció. Los años siguientes al estreno de la película comenzaron a aparecer secuelas, realizadas por otros directores de cine, llegando a crear un subgénero, dentro de la categoría Terror, que se mantiene vigente hasta hoy. Se filmaron, según el sitio de cine IMDB, más de 180 largometrajes que tienen a los tiburones como los malos de la película.
El impacto del film en el decrecimiento de la población de tiburones fue un hecho. Tanto Benchley como el propio Spielberg manifestaron en distintas entrevistas a la BBC que estaban arrepentidos por los resultados de sus obras. “Lamento de verdad la reducción de la población de tiburones a causa del libro y la película. No existe ningún tiburón devorador de hombres con gusto por la carne humana. De hecho, los tiburones rara vez dan más de un mordisco a las personas, porque somos magros y poco apetecibles para ellos” declaró el cineasta.
Por su parte, Burgess, antes de morir, indicó que el número de tiburones en las costas del este de América del Norte decreció en un 50% después de la película, y reconoció: "Sabiendo lo que sé ahora, es posible que nunca hubiera escrito ese libro”.
El daño ya está hecho, pero no es tarde para revertirlo. Todavía queda algo de tiempo para salvar a las especies que aún siguen en pie, pese a sufrir, durante décadas, un ataque indiscriminado.
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Catriel eclipsó la comisión por el tratamiento de las prórrogas petroleras en Río Negro

Fecha de Publicación: 04/07/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Catriel eclipsó el primer bloque de la comisión legislativa para el tratamiento del proyecto de ley para prorrogar los contratos petroleros en Río Negro. No solo desde los reclamos que llegaron de la mano de la intendenta Daniela Salzotto y el titular de la Casepe (Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro) Ramiro Arceo. También desde lo visual: varias banderas argentinas con el nombre de la localidad petrolera se desplegaron en la sede de la Secretaría de Energía en Cipolletti.
Con buen tino, la Legislatura decidió «mudar» la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo al Alto Valle para escuchar de primera mano a las cámaras empresarias, gremios y superficiarios de los yacimientos hidrocarburíferos. Cómo bien lo dijo su presidente Carlos Valeri, el espacio se destinó para «escuchar» a los actores del sector con el fin de elaborar la mejor ley posible para los rionegrinos.
En ese contexto hubo un fuerte reclamo del titular de las pymes del sector en Río Negro, Ramiro Arceo, y de la intendenta, Daniela Salzotto, por la falta de inclusión de políticas que mejoren las oportunidades de desarrollo económico y social para los catrielenses.
La jefa comunal incluso exigió que se contemple en el proyecto una recomposición histórica por los pasivos ambientales que deja la industria: «Yo voy a pedir que se incorpore un porcentaje en remediación ambiental y que se sienten a trabajar con la mano de obra local». Volvió a defender el porcentaje que recibe como localidad petrolera.
La peronista exigió que la contratación de mano local sea obligatoria. Explayó que muchas operadoras no cumplen con la normativa y que en algunos casos tienen mayoría de empleados «foráneos».
El pedido de un bono para remediación y la mano de obra fueron ejes principales en el bloque con las cámaras. Los carteles que se desplegaron en la sala de reuniones eran sostenidos por un grupo de desocupados. Salzotto dijo que tiene más de 450 Cv de ciudadanos que buscan un puesto en el sector. La necesidad de generar mano de obra calificada también fue un pedido de las empresarios.
El reclamo de Arceo, que por el momento fue más como ciudadano que como empresario, giró en el mismo sentido. Hizo una introducción sociológica de Catriel sobre la matriz productiva y manifestó que es necesario un control y acompañamiento del gobierno para garantizar la paz social, pero también reclamó un lugar de privilegio por todo lo que la explotación de ese territorio le brindó a la provincia en materia económica.
«Veo con mucho orgullo a todos los que vinieron con su banderita porque les preocupa, porque en Catriel tenemos desocupación. Porque Catriel fue el que más plata aportó a la provincia durante 30 o 40 años» Agregó que durante las gestiones radicales no hubo ningún reconocimiento a ese aspecto y que recién la llegada de Alberto Weretilneck aportó un poco de «justicia» a tantos años de explotación.
Arceo también cargó contra las operadoras y la falta de control. Dijo que el «pasamano» de algunas empresas para la explotación de ciertas áreas generó pérdidas de puestos de trabajo y no hubo controles del estado provincial. Por eso planteó para la nueva ley que en esos casos se mantenga la misma exigencia para la empresa que tome un nuevo bloque productivo.
Explicó que tras la paralización que generó el Covid nunca se reactivó a los niveles prepandémicos. «El 80% de las empresas que nosotros representamos están en quiebra  o moratoria. Uno de los puntos que más nos interesa es ponerle seriedad al caso que haya algún tipo de cesión de una operadora a otra; que cumpla con los mismos compromisos que la empresa que obtuvo la concesión».
La falta de infraestructura en la zona y la mano calificada fueron otros de los ejes que se trataron previo al bloque de los sindicatos y los superficiarios que también fueron escuchados por los diputados que integran la comisión.
De la comisión participó el vicegobernador Pedro Pesatti, la titular de Energía Andrea Confini y de Hidrocarburos Mariela Moya. Además de mucha presencia de Catriel, ciudadanos y funcionarios también de otras localidades como Allen. Fue Moya quien hizo una presentación del proyecto de ley antes del inicio del debate parlamentario.
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Cómo será el satélite argentino único en el mundo que revelará la salud de los océanos por los colores del mar

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Diseñado para monitorear el ambiente marino, este proyecto promete revolucionar la percepción de la salubridad oceánica y su relación con el cambio climático, utilizando tecnología óptica de punta construida en Argentina
En las orillas del lago Nahuel Huapi, al pie de la cordillera de los Andes, se encuentra un enclave tecnológico que recuerda a la NASA. Aunque su tamaño sea modesto en comparación, este centro argentino es una usina de innovación y desarrollo donde mentes apasionadas conciben y diseñan proyectos de alta complejidad, para el país y el resto del mundo. Aunque se asemeja a la agencia estadounidense en cuanto a sus proyectos espaciales, sus trabajos se extienden a otras áreas como, por ejemplo, la nuclear para investigación y medicina, y la de radares altamente sofisticados.
Ese paisaje hipnótico es la escenografía de la sede central de INVAP S. E., en Bariloche, donde científicos y técnicos trabajan en la creación de soluciones innovadoras a la medida de cada cliente a quienes proveen tanto satelitales para la observación de la Tierra y para telecomunicaciones; como radares para vigilancia y control aeroespacial, de defensa y meteorológicos; reactores de investigación y centros de medicina nuclear y radioterapia para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Fundada hace casi 48 años, esta compañía propiedad del estado provincial de Río Negro, pero a la vez independiente, genera proyectos para Argentina y los mercados internacionales, y ya ha consolidado su prestigio a nivel global.
El CEO de la compañía, Darío Giussi, dijo a Infobae que actualmente trabajan en la compañía unas 1.700 personas, no solo en la planta de Bariloche, sino también en oficinas de Neuquén, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y en países del exterior para los que se han desarrollado proyectos, como Arabia, India, Egipto, Bolivia, Países Bajos, entre otros, donde se da trabajo a personal argentino y extranjero.
“INVAP hizo los primeros satélites de comunicación en Argentina y desde 2003 los radares del país se hacen aquí”, tanto para “defensa, seguridad como ambiente; a lo que se suma el sistema médico y nuclear”.
Si bien la planta cuenta con diferentes sectores según su especialidad, uno de los más relevantes y cuyo prestigio internacional es más conocido, es el destinado al desarrollo de satélites.

Qué es el satélite SABIA-Mar
Uno de los proyectos en marcha tuvo su origen en 2014 y será un satélite único en su tipo. Si bien en un comienzo se iba a llevar adelante por un acuerdo bilateral entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y la Agencia Espacial Brasileña (AEB), el país vecino “se bajó” de la iniciativa y orientó sus prioridades hacia otros proyectos, contó a Infobae el jefe del área Espacial de la empresa, el ingeniero Luis Genovese.
La parte argentina, dijo, “tomó la decisión de hacer un satélite que cubra las necesidades” de nuestro país. A partir de ahí, comenzó a ser el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar (SABIA-Mar), una continuación del SAC-D Aquarius en estudios del mar.
“El objetivo principal de la misión es el estudio del color del mar porque esto nos da la salubridad, es decir, cuán sano está nuestro mar y tiene muchas aplicaciones también en relación a la información que nos da sobre el cambio climático, ya que el mar es uno de los grandes absorbedores del dióxido de carbono, entre otras aplicaciones”, comenzó relatando a este medio la ingeniera María Emilia Martini, jefa del proyecto SABIA-Mar, en INVAP.
“El mar tiene mucho potencial, sino es para Argentina para otros demandantes”, agregó Giussi, y reveló que se “están elaborando potenciales negocios” en el área.
Para llevar a cabo su actividad, el satélite contará con una serie de cámaras internas que se están construyendo en el laboratorio de la compañía rionegrina, altamente sensibles al rango visible del espectro electromagnético y capaces de registrar las más mínimas variaciones en la tonalidad del agua. Esto permitirá obtener información de alta calidad sobre el mar.
La alta concentración de clorofila, el pigmento verde de las algas presente en el agua, puede indicar la cantidad de fitoplancton que es el primer eslabón de la cadena trófica marina y un indicador ambiental crucial para el monitoreo del calentamiento global, ya que la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en el mar. Permitirá estudiar el océano y las costas mediante parámetros de color del agua, la turbidez, el coeficiente de dispersión, entre otros datos, ampliaron los técnicos.
Será la primera misión óptica desarrollada completamente en Argentina para ese tipo de sensado remoto. “Este instrumento a bordo de este satélite no es algo que exista a nivel de otros proveedores o como un sistema de información ya disponible. No se pueden adquirir hoy imágenes que reemplacen lo que va a generar SABIA-Mar. Entonces, es un proyecto único, diseñado específicamente para poder observar estos parámetros de los océanos”, subrayó Genovese.
Si bien es una iniciativa de la CONAE que está construyendo INVAP en Bariloche, “estamos satisfaciendo una necesidad para Argentina y también para el planeta, porque el satélite pasa por todos los lugares de la Tierra, pero particularmente será para la Argentina marina”, destacó.
“Aportará información que se compartirá en la comunidad científica y que habilitará la posibilidad de desarrollar proyectos en base a esa información”, subrayó el especialista. Para llevar adelante este proyecto “tenemos el apoyo de un centro de la NASA con el que trabajamos en misiones anteriores y también de la ESA [Agencia Espacial Europea] para decidir qué instrumentos son los adecuados y la información que va a recabar el satélite que va a disponer CONAE”.
Los datos que obtenga SABIA-Mar serán esenciales para proyectos que buscan explotar datos de alto valor agregado, con el que se espera abrir nuevas fronteras en la ciencia de la sostenibilidad y el manejo ambiental.
Según explicaron, a partir de la órbita seleccionada el satélite hará una revisita cada dos días tanto del escenario regional, sobre las costas argentinas, como en el escenario global, con una resolución espacial (capacidad para distinguir detalles) de 200 metros y 800 metros respectivamente.
Se estima que este satélite estará listo para ser puesto en órbita en el primer trimestre en 2026, estimó Martini, aunque aún no se sabe desde qué lugar de la Tierra será lanzado, ya que debe ser contratado el vehículo espacial que lo transporte. Esta es la única parte de estas misiones que INVAP no realiza. Las opciones son contratar a la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) o la empresa SpaceX de Elon Musk.
SABIA-Mar será un satélite de aproximadamente 650 kilos que, con sus paneles solares desplegados, alcanzará una envergadura de unos 9,5 metros y operará en una órbita polar y heliosincrónica a 700 kilómetros de altura.
En la construcción del satélite participan instituciones públicas y empresas del sistema científico y técnico argentino, como INVAP, CNAE, VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad de La Plata (UNLP), entre otros.
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“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
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Condena y multa millonaria por contaminación: qué dijo el municipio del fallo

Fecha de Publicación: 02/07/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio celebró este sábado los alcances del fallo por el cual la Justicia condenó esta semana a una empresa petrolera por no efectuar la remediación ambiental en piletones con presencia de hidrocarburos en una zona de Parque Industrial.
“Es un logro importantísimo en materia ambiental para la ciudad, no sólo pudimos detectar una empresa que estaba trabajando de manera indebida, sino que también sentamos precedente en la justicia con la condena y la compensación pecuniaria”, manifestó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.
“Los residuos petroleros y de hidrocarburos son de los más contaminantes que existen, provocan un daño ambiental gravísimo no solo para el suelo sino también para las familias vecinas que viven en el sector”, especificó.
La causa se abrió a partir de una denuncia efectuada por la Municipalidad de Neuquén en 2021.
“El Parque Industrial es sede de muchísimas empresas petroleras y principio del camino a Vaca Muerta, por lo que tenemos especial interés en controlarlo y procurar buenas prácticas de todas las empresas que allí se instalan. Desde la subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana estamos en permanente contacto con las empresas, fiscalizando sus tareas y recorriendo la zona para que no suceda”, detalló Baggio.

La condena
El dueño de la empresa, Héctor Mario Ceruti, fue condenado a una pena de prisión de tres años en suspenso y deberá pagar U$D 50.000 para reparar los daños causados por sus acciones y que persisten hoy en el área afectada.
Las actuaciones judiciales confirmaron que la empresa High Pressure Vaccun Petroleum S.A (HP&V) recepcionó entre 2007 a 2009 residuos peligrosos de la firma YPF SA y emitía certificados apócrifos de tratamiento de dichos residuos, aunque solo los acopiaba sin tratar. En ese periodo recibió aproximadamente 2.300 metros cúbicos de desechos hidrocarburíferos.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía de Delitos Ambientales efectuó la formulación de cargos y acusó al dueño de la empresa.
Así, mediante un juicio abreviado solicitado por la fiscalía, realizado el viernes 28 de junio pasado, el imputado admitió el hecho y se lo condenó con una pena de prisión en suspenso de tres años, asumiendo su total responsabilidad y comprometiéndose a abonar la suma de U$S 50.000,00 en concepto de compensación.
Cabe destacar que dicha suma será depositada en una cuenta judicial, destinada a cubrir parte del proceso de remediación del lugar.
Asimismo, en la audiencia de juicio abreviado, se mencionó un acuerdo pronto a firmarse con la empresa YPF SA que por responsabilidad solidaria y ser la propietaria de los residuos peligrosos, procederá a retirarlos y tratarlos con una empresa habilitada.

Otros casos de contaminación de petroleros
El tratamiento inadecuado de los residuos petroleros puede generar graves daños ambientales. Sin embargo, el de HP&V no es el primer caso de una compañía que incumple las normativas de tratamiento y disposición final de los residuos que genera la industria. La denuncia a la empresa COMARSA fue una de las más resonantes y en mayo, la decisión de la Justicia de embargar a dos de sus responsables por apenas 200 mil pesos generó indignación en la comunidad.
Este mes, en Centenario, salió a la luz un nuevo caso de contaminación con residuos del oil and gas. Un lavadero petrolero, ubicado en el medio de las chacras de Centenario, fue clausurado por derramar líquidos contaminantes del fracking al suelo y a los canales de riego, en el predio donde funcionaba la ex firma Jugos del Sur SA. La empresa fue multada con $10,3 millones por la jueza de Faltas, Carolina Vidal, por arrojar efluentes peligrosos, y en principio es la pena mínima por no ser reincidente. Pero se abrió una investigación por más irregularidades ambientales.
Por el crecimiento acelerado de la industria ligada a Vaca Muerta, se puso en agenda la posibilidad de hacer un tratamiento en origen de los residuos petroleros o incluso de buscar alternativas de utilización para sacar provecho del descarte de la actividad.
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Un argentino ganó el “Nobel de Ecología”

Fecha de Publicación: 02/07/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


Pedro Jaureguiberry, cordobés, investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del Conicet–Universidad Nacional de Córdoba, es el nuevo “Premio Nobel de Ecología”. Esa es la forma en que se llama a quien obtiene el Frontiers Planet, uno de los reconocimientos más importantes en el campo de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Ganó por un estudio, en colaboración con un equipo internacional, en el que identificó los principales factores humanos que influyen en la disminución de la biodiversidad: son el cambio en el uso de la tierra y el mar y la explotación directa de recursos naturales.
El premio fue anunciado este último miércoles, durante el Simposio Villars en Suiza. El equipo del argentino fue seleccionado entre los 23 campeones nacionales de la segunda edición del concurso internacional de ciencias de la sostenibilidad. El Frontiers Planet dota de alrededor de un millón de francos suizos (el equivalente a unos US$1,1 millones) para “facilitar y acelerar la investigación y el desarrollo” del trabajo de los ganadores.
“He participado como miembro del equipo en 16 proyectos de investigación desde 2005, la mayoría de ellos con un fuerte enfoque socioecológico y multidisciplinario –cuenta en su presentación en Linkedin–. Los proyectos se enfocaron en vincular aspectos ecológicos como la biodiversidad, los rasgos funcionales de las plantas y las características ambientales, con las percepciones de los actores sociales.
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Una cuenca llena de contaminación

Fecha de Publicación: 01/07/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La convocatoria será el próximo miércoles en el Concejo, con inscripción previa. Apuntan a la participación metropolitana.
El Concejo abrió las inscripciones para la audiencia pública donde se debatirá la situación ambiental del Arroyo Ludueña. La intención es que vecinos, organizaciones ambientales, funcionarios y dirigentes intercambien posturas que permitan elaborar un diagnóstico y una planificación estratégica para comenzar a sanear el arroyo que atraviesa once localidades de la región. La contaminación del curso de agua viene siendo denunciada desde hace años, tanto por organizaciones ambientalistas, como por los vecinos que deben lidiar con sus consecuencias. De hecho, en abril el propio Concejo ordenó al Municipio que comience a estudiar la posible presencia de metales pesados, producto de la contaminación industrial. “El Ludueña atraviesa una profunda contaminación y un deterioro permanente que lleva muchos años”, evaluó el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que preside la comisión de Ecología y Ambiente. “Esperamos que sirva como punto de inflexión para que Rosario se ponga a la cabeza de una planificación estratégica en clave metropolitana para recuperar el arroyo”, añadió en diálogo con Rosario/12.
La audiencia ya tiene fecha y hora: será el próximo miércoles 3 de julio, desde las 9, en el recinto de sesiones del Concejo. La convocatoria es abierta y ya está disponible un registro para la inscripción, en donde cada participante contará con cinco minutos para realizar su aporte. La intención es promover una discusión en torno al cuadro ambiental del Arroyo Ludueña e intercambiar ideas y posiciones para el saneamiento y protección de la cuenca. Se trata de un curso de agua de unos 20 kilómetros de extensión que abarca a once localidades de la región y que atraviesa sectores urbanos e industriales.
Para Ferrero, la audiencia se convertirá en “una instancia fundamental” para la intervención del arroyo Ludueña, algo que venía siendo reclamado desde finales del año pasado en el Concejo. “La gente que viene luchando por esto hace muchísimo tiempo nos dice que es la instancia institucional más importante de la historia del arroyo Ludueña. Desde esa jerarquía nos paramos y estamos muy expectantes. Buscamos que sea una jornada que abra el debate y donde puedan participar vecinos, organizaciones socioambientales, investigadores, especialistas, así como también funcionarios de todos los niveles y de todas las jurisdicciones”, explicó.
Una de las expectativas de la audiencia es poder construir un diagnóstico común respecto a la situación ambiental del arroyo. Y por otro lado, que las exposiciones sirvan como insumo para obrar en consecuencia: “Esperamos que sirva como punto de inflexión para que Rosario se ponga a la cabeza de una planificación estratégica en clave metropolitana para recuperar el arroyo. Es uno de los ecosistemas fundamentales que rodean nuestra ciudad y que forman parte de la región”.
Desde el Concejo buscan imprimirle una mirada “metropolitana” a la audiencia y que las voces que se escuchen sean representativas de las distintas localidades por las que pasa el Ludueña. “Es un arroyo de gran magnitud y la única manera de abordar de manera seria la problemática es con un plan metropolitano, sostenido en el tiempo y con acciones que puedan ser concurrentes todas juntas”, expresó y agregó: “Queremos que sea un debate en pie de igualdad, independientemente del lugar o representación que se tenga. Eso nos parece fundamental para que sea una jornada lo más democrática y participativa posible”.

Aguas turbias
Las denuncias públicas por la situación del Ludueña vienen de hace tiempo. Ferrero definió que el estado del curso del agua es “crítico” por múltiples factores que van desde las intervenciones urbanísticas que se realizan sin ningún tipo de control ambiental, hasta la construcción de barrios privados sobre la cuenca del río, en zonas naturalmente indudables. “Eso hace que se impermeabilice el suelo y, en épocas de mucha lluvia, los barrios cuenca abajo se inundan más rápido”, explicó.
A su vez, en abril de este año el Concejo aprobó un proyecto para que el Municipio incluya estudios que midan la presencia de metales pesados, dentro de los controles periódicos que se realizan sobre el curso del agua del arroyo Ludueña, con la intención de detectar indicadores de contaminación industrial. La propuesta surgió a partir de las reiteradas denuncias de vecinos contra instituciones y empresas por verter desechos en la cuenca. En julio de 2022 la Justicia puso los ojos sobre el Shopping Fisherton Plaza Open Mall, ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Rosario, por arrojar sus desagües pluviales sobre una zanja que drena a la altura del Golf Club.
“La principal problemática que venimos denunciando tiene que ver con la contaminación del agua del Ludueña. Por un lado, por el vertido de desechos cloacales sin ningún tipo de tratamiento, de algunos agentes contaminantes que tenemos muy identificados y de otras industrias que también vuelcan desechos industriales”, sostuvo el concejal. Y agregó: “El Ludueña atraviesa una profunda contaminación y un deterioro permanente que lleva muchos años”, resumió.
Pero otro de los problemas que se presenta tiene que ver con la cantidad de residuos que se acumulan en el agua, que llegan a partir de la existencia de basurales a cielo abierto sobre las orillas del arroyo. “Son situaciones que se generan en distintos sectores producto de la pésima gestión que tiene Rosario de sus residuos, con barrios enteros que no tienen acceso al sistema formal de recolección. Y toda esa basura termina cayendo al Ludueña armando una suerte de basural gigante que termina enredándose con los camalotes, en la desembocadura con el Paraná”, detalló.
Por último, Ferrero remarcó que la situación no solo tiene su gravedad en la cuestión ambiental y sanitaria, sino que también tiene sus implicancias en materia económica y productiva: “Además de todo eso afecta a la actividad económica de un sector muy puntual de los rosarinos como son los pescadores. Cuando se arman estos basurales flotantes en la desembocadura hace que los pescadores que tienen amarrada su lancha en el Ludueña no puedan ingresar al arroyo. Es solo una de las muchas consecuencias que aparecen y que tenemos que empezar a resolver”.
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El derrame de YPF está contenido y continúan realizando tareas de remediación

Fecha de Publicación: 01/07/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Ante el derrame de hidrocarburos detectado por la empresa YPF durante la madrugada de este martes, en la zona de Bella Vista Sur de Comodoro Rivadavia, el Gobierno del Chubut tomó intervención inmediata del hecho a través del Ministerio de Energía e Hidrocarburos y la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, y continúa supervisando las tareas de remediación puestas en marcha en la zona.
A tal fin, durante este miércoles los equipos provinciales de Ambiente y de Hidrocarburos se entrevistaron con el titular de la junta vecinal y los vecinos de la zona afectada, logrando contener la situación y avanzando en los trabajos necesarios para mitigar el impacto ambiental en la región afectada.
En este sentido, el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Rivera, buscó llevar tranquilidad a los pobladores de la zona y sostuvo que «las tareas de remediación avanzaron considerablemente con la remoción de suelo en la ladera y la colocación de absorbentes».
Además, el funcionario provincial señaló que «aunque la empresa operadora no ha terminado todavía las obras, los trabajos avanzan significativamente», y añadió: «Asimismo, los equipos de YPF se encuentran abocados a la remoción de suelo en la parte posterior de los lotes y en la zona alta de las calles, y los camiones de la empresa trabajan en la absorción del líquido derramado».
Por otra parte, Rivera informó sobre las reuniones mantenidas con el propietario del lote inicialmente afectado y el encargado de la junta vecinal del barrio: «Los vecinos comentaron que era la primera vez que realmente se sentían escuchados y les informamos que solicitaremos a la empresa la realización de algunas obras complementarias con medidas preventivas para evitar futuros incidentes de este tipo», concluyó el secretario provincial.
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