Las expectativas ante la futura exploración petrolera y la preocupación del sector de la pesca

Fecha de Publicación: 30/07/2022
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Como se informara en este medio, marplatenses se capacitan para trabajar en la industria del petróleo. Sindicatos y empresas de la ciudad pusieron en marcha en los últimos días las primeras charlas y capacitaciones tendientes a instruir a trabajadores y trabajadoras en el desarrollo y las potencialidades de la industria offshore, que el Gobierno nacional y múltiples sectores productivos proyectan concretar a partir de la exploración y explotación petrolera a más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata a partir de 2023. Según lo establecido, cerca del 80% de la mano de obra que genere la actividad debe estar radicada en la ciudad. El concejal y ahora expresidente de la CGT local, Miguel Guglielmotti, aseguró que “es fundamental la capacitación para los nuevos empleos que se generen en la ciudad”. Al mismo tiempo, remarcó que las jornadas se realizaron “a partir del convenio que firmamos entre la CGT, la Universidad Popular de los y las Trabajadoras de Mar del Plata y la Zona Atlántica, el IAPG y la Secretaria de Energía de la Nación”.
Un estudio de impacto económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina realizado por la consultora Ecolatina, al cual tuvo acceso LA CAPITAL, considera que en caso de existir nuevos descubrimientos offshore en la Cuenca Argentina Norte, “el impacto de la economía argentina sería muy grande”, con un crecimiento frente al actual en promedio anual durante treinta años. En tal sentido, se resalta que el PBI tendrá un crecimiento de entre 0,24% (1 descubrimiento) y 1,88% (10 descubrimientos), mientras que en el año puntual de mayor crecimiento (mayores ventas) el PBI crecería entre 0,36% y 3,61%. Cabe recordar que en los últimos diez años la economía argentina decreció 0,4% por año. El Valor Bruto de la Producción tendrá un crecimiento similar al PBI, la balanza comercial se incrementará entre el 3,4% y el 26,2% al tiempo que en materia de empleo, se crearían 27 mil puestos de trabajo promedio entre directo, indirecto e inducido, con un descubrimiento y 212 mil con diez descubrimientos.
En tanto, si se analiza cada etapa del Proyecto Tipo (exploración, dos años; delineación, cuatro años; desarrollo, ocho años; y producción, 22 años), los efectos se van incrementando fuertemente por etapa, consigna Ecolatina. Los sectores más beneficiados serían el transporte marítimo aéreo (0,5%-3,7%), electricidad, gas y agua (0,2%-2%) y restaurantes (0,2%-1,5%). Actualmente, el offshore tiene una gran importancia en la economía argentina: participa en un 0,2% del PBI y del Valor Bruto de Producción, lo que genera empleo para 72 mil personas. “La industria hidrocarburífera offshore -se consigna en el extenso trabajo- precisa del desarrollo de una amplia cadena de valor de proveedores, embarcaciones de alta mar, aviación, construcción y mantenimiento de plataformas, buceo, ingeniería, hotelería, etcétera.
La relevancia del sector no solo se restringe a sus impactos directos, sino que también posee importantes efectos indirectos y de derrame en el resto de la economía. Pese a la aparente concentración del mercado entre pocos grandes jugadores, el impacto de la actividad en el resto del entramado productivo es muy importante, dado que genera un fuerte desarrollo de proveedores locales, que son principalmente pequeñas y medianas empresas, se consigna en el informe. Y se añade que los impactos indirectos del sector en el resto de la economía son importantes, lo cual se debe no solo a los múltiples requerimientos de bienes y servicios, sino a que en Argentina se ha podido construir un importante entramado de proveedores locales que evitan concurrir -al menos en parte- a bienes y servicios extranjeros, tal como lo resaltaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, en el encuentro que mantuvieron semanas atrás con empresarios marplatenses. Los multiplicadores de producción de los sectores de petróleo y gas natural offshore y onshore poseen valores de 3,67 y 3,47 respectivamente. De esta manera, por cada peso de incremento en la demanda final de la actividad offshore se generan 3,67 pesos en el total de la economía.
Nada nuevo. Se hace hincapié también en el estudio de Ecolatina que en la Costa Afuera en Argentina, históricamente se perforaron 187 pozos, de los cuales solamente 36 fueron productivos (todos en la Cuenca Austral). Estos son pozos de aguas someras (menos de 100 metros de profundidad), por lo que se utilizan plataformas que se apoyan en el lecho marino. En tanto, en aguas profundas en el país, el único pozo perforado es en la Cuenca Malvinas -el pozo número 1 del consorcio YPF, PAE y Petrobras (500 metros de profundidad). Por otro lado, se ha realizado gran cantidad de sísmica 2D en el Mar Argentino. En las costas bonaerenses, desde los años 60 se han registrado alrededor de 50 mil kilómetros de sísmica y se perforaron 18 pozos (1969-1997). En cuanto al relevamiento sísmico -lo que se realizará a más de 300 kilómetros de Mar del Plata-, se efectuará con un buque que remolca tres fuentes de energía y diez cables submarinos (streamers) con una longitud de entre 8.000 y 12.000 metros, en los cuales se encuentran situados receptores de ondas (hidrófonos).
En cuanto al trabajo específicamente a realizarse, se informó que las fuentes de energía utilizan aire comprimido que, al ser liberado progresivamente, genera ondas de sonidos. Dichas ondas son reflejadas en las distintas capas del subsuelo y vuelven a la superficie, donde son registradas por los hidrófonos. Este proceso se repite a lo largo de líneas de navegación que acaban cubriendo la totalidad del área de adquisición de datos sísmicos. El tiempo que tardan en propagarse las ondas de sonido desde la fuente hasta los receptores y la intensidad de éstas son procesados para generar imágenes en tres dimensiones del subsuelo. La información obtenida de esta manera es analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y gas. “La actividad exploratoria -explican los especialistas- es una actividad de riesgo, en el sentido de que nada asegura que el pozo resulte comercialmente exitoso. Y, en general, son altas las chances de que no lo sea, ya que uno de cada diez pozos exploratorios resulta productivo”. Después de la adquisición, los datos sísmicos se procesan en tierra en las instalaciones de procesamiento de alta gama de una empresa. “La mayoría de las empresas -confesó un funcionario del Consorcio Portuario- tienen entre cinco y quince centros de procesamientos de datos ubicados en todo el mundo”.
En aquella reunión en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof refirió que será necesario realizar obras de infraestructura de importancia en el puerto local. Y, precisamente, el documento de Ecolatina indica que hay que disponer de una zona portuaria capaz de recibir y abastecer a los buques de apoyo utilizados durante la operación. También hay que contar, en sus proximidades en tierra, con un área suficientemente equipada para recibir los materiales destinados a la operación y mantenimiento de las instalaciones, como repuestos, víveres, herramientas de perforación, tubulares, pulverulentos (embolsados y a granel), agua, combustibles, entre otros, así como todo el equipo necesario para su manipuleo (grúas, montacargas, contenedores, camiones, pickups, etcétera). Además, deberá tener oficinas equipadas para el control del movimiento de materiales y equipos de radiocomunicaciones para el contacto permanente con el equipo de perforación, buques de apoyo y helicópteros.
El transporte del personal para los cambios de turno se hace desde la misma área elegida para la base de operaciones o de otra, según se utilicen para su transporte helicópteros, los mismos buques de apoyo o botes para transporte de personal (crew boats). Finalmente, se necesitan galpones para el resguardo de materiales que por su valor o calidad no pueden quedar expuestos en el exterior. La base logística deberá contar con helipuerto y hangar, según la normativa internacional y nacional vigente, así como sistemas de extinción, sistemas de iluminación y navegación. “El papel de los puertos en la logística offshore -coinciden en destacar empresarios del puerto local- es estratégico. Además de las actividades de un puerto tradicional, los puertos offshore deben ofrecer áreas industriales para la fabricación y el montaje de equipos, mantenimiento y reparaciones, consolidación de carga y depósitos para guardas existencias de seguridad, etcétera”. Estas actividades -añadieron- son fundamentales para la cadena offshore, ya que agregan valor y hacen más competitivos a los operadores.
La exploración y producción de petróleo en alta mar plantea grandes desafíos para la logística, entre ellos, el alto número de jugadores de distintos continentes, grandes distancias que aumentan el tiempo de entrega y, en consecuencia, el costo de transporte y carga de inventarios. Estas operaciones involucran una gran cantidad de artículos, con demandas variadas y en un entorno sujeto a eventos inesperados (marea, vientos, etc.), así como poca flexibilidad con producción restringida a ciertas regiones y transporte limitado a oleoductos o camiones cisterna. “El margen de maniobra es limitado y el reto es garantizar el nivel de servicio”, se consignó.
“En Mar del Plata hay mucho por hacer”, reconocen desde el Cluster de Energía. De hecho, mencionan, la mayoría de las plataformas marinas están construidas para estar en funcionamiento durante 20 a 25 años, por lo que es imperativo que se satisfagan las necesidades de seguridad y comodidad y se mantengan actualizadas. “La buena comida y el alojamiento -se indicó- también sirven como un atractivo para el reclutamiento de una industria acosada por una escasez sustancial de mano de obra calificada y su naturaleza cíclica”. En este sentido, se puntualizó que muchas empresas de aprovisionamiento proporcionan la vía de entrada más importante a la industria del petróleo y el gas en alta mar al ofrecer oportunidades de primeros trabajos. “Algunos de los empleados de la industria con más experiencia comenzaron a trabajar para una empresa de provisión”, se apuntó.
Como se sabe, la tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza la noruega Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell. Noruega es uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas en Europa. Estos reservorios se encuentran en alta mar y en 2016 había ochenta pozos en producción. Con treinta pozos, Equinor es responsable del 70% de la producción de petróleo y gas en Noruega. Actualmente, opera 34 plataformas fijas y 18 flotantes, 8 Anchor Handling Vessels AVH (embarcaciones utilizadas para anclar plataformas de perforación y otros equipos marinos), 20 Platform Supply Vessels, 6 bases para helicópteros y 22 helicópteros que transportan 190 mil pasajeros por año. En tanto, tres empresas brindan servicios logísticos a Equinor. NorSea Group es el más grande, con 9 bases de apoyo a lo largo de la costa de Noruega. Alrededor de las bases se establecieron una amplia variedad de proveedores de servicios, lo cual seguramente se replicará en Mar del Plata.
En contraposición, la difícil coyuntura económica que se vive en el país también afecta a uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad como lo es la pesca. En este contexto, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) emitió un informe en el que alerta que las variables económicas actuales afectan sus “posibilidades de desarrollo y continuidad”, por lo que reclaman que su situación sea “considerada en forma urgente”, destacando que la actividad le genera a General Pueyrredon ingresos por aproximadamente mil millones de dólares anuales.
“La industria pesquera argentina tiene mucho potencial para ser una generadora genuina de divisas para nuestro país y, si se adoptan medidas adecuadas, de incrementar ese potencial”, indicaron. No obstante, lamentaron que “diversas medidas y actitudes que se han tomando últimamente solo pueden perjudicar toda la actividad y, además, poner a las empresas en situación de riesgo”. En este contexto, apuntaron que la pesca es uno de los siete principales complejos exportadores de nuestro país, llegando incluso a superar con sus exportaciones en los últimos años a las exportaciones de carnes rojas. Para poner en contexto la importancia que tiene la actividad para todo el país, y particularmente para la ciudad, desde Caipa informaron que, según datos proporcionados por la Aduana de Mar del Plata, en 2021 se oficializaron permisos de exportación de productos por un total de 880.780.280 dólares. Además, indicaron que “a ese importe se le debe agregar todo lo que produce Mar del Plata, principal proveedor de productos pesqueros que se comercializan en el mercado interno de nuestro país, donde no existen estadísticas certeras, pero ese comercio se puede cuantificar en más de 100.000.000 de dólares anuales”. “En conclusión, no es aventurado poder afirmar que la pesca origina ingreso en el Partido de General Pueyrredon por aproximadamente mil millones de dólares anuales”, enfatizaron.
 Se explica, además, que la mayoría de los cardúmenes han tenido un desplazamiento hacia el sur de nuestro país, lo que ha ocasionado para la pesca con buques de asiento en Mar del Plata, un incremento en el consumo de combustible, uno de los elementos que más indicen en el costo de la explotación”. “Ante esa situación, es necesario que las autoridades tengan en cuenta esa situación y, para el supuesto de restablecerse beneficios por las exportaciones desde puerto patagónicos como están solicitando las provincias del sur, se otorguen a las exportaciones pesqueras realizadas desde puertos atlánticos. De esa forma, se espera compensar el mayor gasto de combustible que tiene la flota de Mar del Plata y que se la ponga en pie de igualdad con la flota que opera desde los puertos patagónicos, que tiene un acceso al caladero en forma más próxima”, confiaron.
La Cámara manifestó también que “la circunstancia de una alta inflación que afecta a nuestro país ha llevado a que las cámaras empresarias y los sindicatos han tenido que reunirse para ajustar los salarios dos veces por año”. “Como es fácil deducir, las diferencias entre esas variables lo único que lograron fue la pérdida de rentabilidad en las empresas y, muchas situaciones, el tener que producir con quebranto”, afirmaron. Además, denunciaron un incremento en los valores de insumos importantes utilizados por la actividad, como el combustible, el aceite que utilizan en sus motores los buques, y las cajas y el nylon empleados en la industria. Como si esto fuese poco, desde Caipa expusieron que se registra una caída en la demanda y precio del langostino, principal producto de exportación argentina. A la vez, añadieron que la conflictividad en el sector “afecta la rentabilidad empresaria”. Finalmente, indicaron que existe una “distorsión de las variables económicas relacionadas con la actividad pesquera que afecta su posibilidades de desarrollo y continuidad y que merecen que sean consideradas en forma urgente por las autoridades del sector”.
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Las Guardias Ambientales de ACUMAR continúan las recorridas por la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 30/07/2022
Fuente: Diario La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo

Los equipos de prevención del organismo recorrern diariamente el territorio y sus alertas han permitido actuar más rápido, preveniendo así daños ambientales en la Cuenca.
Las Guardias Ambientales de ACUMAR, creadas hace un año mediante la Disposición Conjunta 1/2021, recorren aleatoriamente y en distintos horarios el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo los siete días de la semana.
Estos equipos de prevención tienen como objetivo supervisar y advertir mediante alertas tempranas situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ambiental, trabajando en articulación con las fuerzas de seguridad, las jurisdicciones y los distintos organismos públicos, según el tipo de incidente.
De esta manera, se puede actuar velozmente frente a distintos eventos y controlar ilícitos o procedimientos que sean posibles causantes de daño o contaminación en la Cuenca.
Se vinculan en forma directa con la vigilancia que protege el Camino de Sirga -el espacio ribereño del cauce principal- para evitar que se dejen desperdicios y escombros, realizan control de cargas junto a la fuerza de seguridad competente en cada territorio, y también reciben avisos sobre humos, olores o peligros por parte de la comunidad.
“Las guardias ambientales son una política pública de cercanía que nos permite una presencia los siete días de la semana en la Cuenca, establecer una relación de proximidad con la comunidad y detectar diferentes problemáticas que se dan en el territorio para poder intervenir de forma inmediata”, destaca Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.
Durante el último año, las Guardias Ambientales han permitido agilizar detecciones de distintos derrames que llegan al río o arroyos, e implican un riesgo de contaminación, cuidaron el mantenimiento de obras en marcha, y ampliaron la coordinación con instituciones como Defensa Civil, Bomberos o servicios de salud.
Forman parte, asimismo, de operativos de fiscalización, tales como los que se realizaron en las últimas semanas, por ejemplo, en Lomas de Zamora y General Las Heras, en los que se clausuraron vuelcos clandestinos de efluentes industriales.
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BID aprueba crédito de US$1.140 millones para integrar proyectos de energía renovable

Fecha de Publicación: 29/07/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó hoy la aprobación de una línea de crédito para la Argentina por un monto total de US$1.140 millones con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable, que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.
Como parte de la línea de crédito se aprobó una primera operación de US$200 millones del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), precisó la entidad multilateral en un comunicado.
Esta línea permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional III, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país.
Estas obras son de particular relevancia para integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad, señalaron a Télam desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
En su mayoría se trata de la construcción de líneas de 132kv y estaciones transformadoras, con un fuerte eje en el federalismo, para lo que está prevista una obra por provincia, que fueron definidas en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, donde están representados los gobiernos provinciales.
Las obras promoverán el trabajo argentino tanto directo como para la fabricación de insumos nacionales.
Si bien durante la gestión anterior hubo un impulso a la generación renovable, al no realizar inversiones en transporte, las redes se saturaron al punto de no resultar posible incorporar nueva potencia de ese tipo, que en su mayoría está ubicada en regiones alejadas de los grandes centros de consumo.
El préstamo del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos).
Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica.
Dentro de las inversiones a realizar se encuentran obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país.
Al respecto, el BID señaló que «se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el trasporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel».
Esas inversiones, añadió, «permitirán la mejora de la calidad y la confiablidad del servicio para la atención de nueva demanda derivada del crecimiento tendencial y de una mayor electrificación del consumo energético, habilitando un mayor desarrollo productivo en las provincias».
Como parte del diseño de cada una de las intervenciones se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático. Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.
La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector, que en la actualidad es menor al 20%, y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.
La aprobación del préstamo fue dada a conocer luego de que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sostuviera -en una columna de opinión- que no podía «aprobar automáticamente y sin estudio previos» el otorgamiento de fondos a la Argentina.
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Contaminación ambiental: Piden Juicio contra el Ingenio «LA CORONA»

Fecha de Publicación: 29/07/2022
Fuente: InfoBaires
Provincia/Región: Tucumán


En Tucumán la empresa azucarera contaminó el río GASTONA.
Jorge Alberto Larry está acusado de verter al cauce del río Gastona efluentes industriales considerados residuos peligrosos para la salud y el medioambiente, por encima de los máximos permitidos por ley.
El titular a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, solicitó la elevación a juicio del gerente del ingenio “La Corona” por contaminación ambiental. Jorge Alberto Larry está acusado de verter al cauce del río Gastona efluentes industriales considerados residuos peligrosos para la salud y el medioambiente, por encima de los máximos permitidos por ley.
También fue señalada como responsable Alicia Inés Petit, presidenta de Distribuidora Tucumana de Azúcares, la sociedad que explotaba el predio.
La investigación comenzó con una presentación realizada por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, donde adjuntó una noticia del diario digital “Contexto” que indicaba que camiones pertenecientes al Ingenio La Corona estarían arrojando litros de vinaza al cauce del Río Medinas a la altura de la localidad de Monteagudo, desembocando dicho afluente en el Río Chico con desembocadura en el embalse Río Hondo, en Santiago del Estero, cuyas aguas posteriormente derivan en el Río Dulce de aquella provincia.
Esta presentación llevó a la apertura de una investigación que fue delegada en la fiscalía federal, entonces a cargo de Pablo Camuña, a partir de lo cual se realizaron medidas tendientes a confirmar los extremos de la denuncia. Así, se realizó un informe técnico efectuado por División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina, del que se desprende por testimonios receptados de los vecinos de la zona el constante vuelco de vinaza u otros desechos tóxicos por parte de los ingenios azucareros La Trinidad y Corona. En el informe se recabaron declaraciones de vecinos que señalaron afecciones en la piel, laceraciones y erupciones producto del contacto con los efluentes industriales.
Mediante una inspección ocular se pudo comprobar que el ingenio La Corona cuenta con cuatro salidas de agua que cruzan la calle bajo tierra y desembocan en una acequia externa paralela al predio. Más adelante se pudo determinar y localizar la ubicación de las corrientes de aguas aparentemente contaminadas que fluían del interior del ingenio por medio de cañerías y piletones hacia cursos de agua de ríos cercanos como el Río Gastona, Medina y Chirimayo que desembocan en la Cuenca Salí Dulce. en Santiago del Estero. Además, en esos afluentes se observaron distintas coloraciones como también olores nauseabundos.
En relación con el Ingenio La Trinidad, se observó que de sus desagües fluían aguas que por su densidad y color podrían estar contaminadas circulando por medio de cañerías o tuberías subterráneas que arrojaban los efluentes en horario de la tarde. Por este motivo, se solicitó allanar ambos predios, junto con el registro, allanamiento y toma de muestras en ambos lugares.
El 31 de octubre de 2017, el personal policial se presentó en la Distribuidora Tucumana De Azúcares, la firma encargada de explotar el ingenio La Corona, para tomar muestras de los efluentes para establecer si en dichas muestras había valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y sólidos sedimentables, en exceso a los límites permitidos por ley. El informe concluyó que: los valores de los parámetros de cromo, cinc y cobre en los puntos de muestreo excedían los valores establecidos por el Decreto Nº 831/93 de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.
Las muestras también superaron ampliamente los índices de Demanda Química de Oxígeno permitidos por la Resolución 1265/2003  de la provincia de Tucumán. Al expediente se agregaron además las constancias de Convenio y Planes de Reconversión Industrial celebrados por la remitidas por la Dirección de Ambiente de la Provincia y Distribuidora Tucumana de Azúcares, donde se estableció entre otras cosas, la prohibición de volcar vinaza a cauces de río o eliminar corrientes de agua provenientes del ingenio del canal de desagüe. Esa dirección remitió cuatro resoluciones de imposición de multas a la firma por infracciones.
Por estos motivos, Chit señaló a Alicia Petit, en su carácter de presidenta de la sociedad Distribuidora Tucumana de Azúcares, y a Jorge Alberto Larry, en su carácter de gerente de planta del ingenio La Corona a la fecha de los hechos investigados, de haber realizado vuelcos al lecho del río Gastona de afluentes industriales con residuos peligrosos para la salud y el medioambiente y que estaban por encima de los máximos permitidos por ley.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las pericias practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del MPF Salta e informes técnicos de la División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina arribaron a la conclusión de que los efluentes industriales no permitidos contaminaron los cursos de agua del río Gastona adonde fueron vertidos, y generaron un daño interjurisdiccional ya que el curso de agua desemboca finalmente en aguas de la provincia de Santiago del Estero, produciendo así un peligro concreto y grave a la salud pública y al ambiente.
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Invasiones biológicas: cómo enfrentar un problema que pocos ven

Fecha de Publicación: 28/07/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Las invasiones biológicas son una de las consecuencias más preocupantes del proceso de globalización. Por eso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina aprobó una guía de políticas públicas destinada a enfrentar uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro ambiente.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina aprobó recientemente la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (EEI), una guía de políticas públicas destinada a enfrentar uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro ambiente.
¿Qué tienen en común el visón americano, un predador voraz que está llevando al borde de la extinción al macá tobiano y a otras especies de aves acuáticas de la Patagonia, el mosquito tigre que transmite el dengue, las fiebres zika y chikungunya, afectando a miles de argentinos cada año, la velosilla, una hierba que cubre los pastizales de Tierra del Fuego afectando la producción ovina, y el ligustro, que avanza sobre los cerros de Jujuy, empobreciendo la selva de montaña y afectando recursos usados durante siglos por nuestros pueblos indígenas?.
Todas estas especies provienen de otras regiones del mundo, y todas fueron introducidas de manera voluntaria o accidental en nuestro país. Una vez en el nuevo territorio consiguieron reproducirse y avanzar con éxito configurando lo que se conoce como invasiones biológicas.
Las invasiones biológicas son una de las consecuencias más preocupantes del proceso de globalización. Plantas, animales y microorganismos originarios de distintas regiones del planeta son transportadas cada día e introducidas en nuevos sistemas ecológicos. Los medios de transporte humano permiten que estas especies superen barreras como océanos, montañas y desiertos, que probablemente nunca habrían atravesado por sus propios medios. Los recién llegados dejan atrás sus enemigos naturales y eso les confiere una ventaja por sobre las especies nativas, así consiguen convertirse en elementos dominantes de los paisajes.
Las especies exóticas invasoras actúan como predadores, herbívoros, competidores o transmisores de enfermedades, y así como cuando tratamos de insertar una pieza ajena en un rompecabezas, desplazan a la biodiversidad propia de nuestros ambientes. Otras producen cambios aún más drásticos, aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios o consumiendo depósitos subterráneos de agua y alterando así la dinámica de ecosistemas completos. De este modo, estas especies se han convertido en una de las causas más importantes de empobrecimiento biológico a nivel global.
El impacto de las EEI no se limita a sus efectos sobre la biodiversidad. En 2016 el impacto de un conjunto de las EEI sobre la economía nacional se estimó en más de 3400 millones de dólares al año. Muchos patógenos y vectores de enfermedades también han sido introducidos desde otras regiones del planeta, y así, nuestra población y nuestros sistemas de salud tienen que enfrentar nuevos desafíos incluyendo enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla o la malaria.
Finalmente, las EEI también ponen en riesgo la conservación de nuestro patrimonio cultural afectando los conocimientos y prácticas ancestrales de nuestros pueblos indígenas asociadas con el uso de los recursos naturales nativos.
En mayo de 2022, el Ministerio de Ambiente argentino aprobó la estrategia nacional destinada a enfrentar este problema. Se trata de una guía para la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir el ingreso y la dispersión de las EEI, detectar de forma temprana aquellas que consiguen llegar, priorizar los casos que requieren una intervención más urgente, controlar o erradicar sus poblaciones y restaurar los valores socioambientales afectados.
Se desarrollaron herramientas destinadas a evaluar los pedidos de ingreso de nuevas especies y ordenar las actividades productivas que dependen de especies exóticas, entre otras. Se aprobó la primera lista oficial de EEI (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242964/20210414), poniéndole así, por primera vez, nombre y apellido a esta amenaza ambiental. A todo eso se sumó una estrategia de comunicación que resulta vital considerando que las invasiones biológicas ocupan un lugar periférico en la agenda ambiental que otros problemas incluso de impacto mucho menor.
El proyecto se desarrolló durante más de siete años con la coordinación de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la participación de organismos públicos y privados de todo el país. Se cuenta así, por primera vez y de manera pionera en la región, con una herramienta poderosa para frenar el avance de las invasiones biológicas y proteger nuestro patrimonio natural y cultural.
Sergio M. Zalba, consultor especialista en invasiones biológicas del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. FAO/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS)/ Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
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«Salvemos los ríos» tiene un año más para hacer un plan contra la contaminación en Neuquén

Fecha de Publicación: 28/07/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El gobierno prorrogó por un año la ley que daba cinco años para hacer un informe sobre la contaminación de los ríos y arroyos en la provincia y plantear mecanismos de vigilancia.
El comité formado por organismos públicos y representantes de organizaciones civiles que tenía como objetivo escribir un plan para que no se siga contaminando los ríos no pudo terminar su trabajo.
Tenía cinco años para hacerlo, según la ley aprobada por la legislatura en 2017, y como admitió que el trabajo era de mayor magnitud, pidió un año más. El gobierno, efectivamente, le dio ese nuevo plazo.
En efecto, el gobierno de la provincia del Neuquén prorrogó la vigencia de la Ley 3076 de alerta hídrico ambiental, destinada a prevenir, vigilar, corregir y evitar la contaminación de ríos, lagos, acuíferos y sus ecosistemas.
Lo hizo a partir de un decreto que firmó el gobernador Omar Gutiérrez y que la da continuidad por un año, tal como estaba contemplado en la propia norma.
Sancionada por la Legislatura neuquina en 2017 y puesta en vigencia por un decreto de 2018, dicha ley vino a proteger a los cursos y cuerpos de agua, por el término de cinco años.
Establece que, a través la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ejecutivo provincial debe determinar el nivel de alerta de acuerdo con el valor de los indicadores ambientales internacionales.
Implica la identificación, evaluación y solución oportuna de las amenazas que pudieran surgir sobre el patrimonio hídrico de la provincia y que, en el largo plazo, puedan afectar de manera negativa a las personas.
«La declaración de la alerta implica una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes», dice expresamente dicha norma.
También dispone que el Ejecutivo provincial y los municipios adopten medidas para conservar la calidad del agua; tales medidas serán de cumplimiento obligatorio.
El comité de alerta hídrico ambiental tiene, entre sus funciones, la de elaborar el plan estratégico integral de alerta (PEIA) de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la provincia.
Está integrado por representantes de organismos oficiales, de la sociedad civil, de la Cámara de Diputados, y de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).
Al comité avanzó con la redacción de un documento diagnóstico del PEIA, pero en virtud de las dificultades que conlleva elaborar un instrumento de tal magnitud, requiere más tiempo y es precisamente el que le ha otorgado este decreto.
Como en las declaraciones de emergencia que sancionan los gobiernos, se admite que se pueden utilizar fondos que no están presupuestados.
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Ya son más de 65 mil las hectáreas afectadas por los incendios en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Desde hace dos semanas el fuego no cesa en las islas de Santa Fe y Entre Ríos. Desde 2020, se quemaron más de un millón de hectáreas en la zona. La necesidad urgente de la ley de humedales.
Otra vez arde Santa Fe. Desde distintos puntos de la provincia, se observan las grandes columnas de humo que impregnan el aire de la ciudad y dañan la salud de sus habitantes. “El aire que estamos respirando en esta región contiene un nivel de toxicidad muy elevado. Esto tiene que parar. Están atentando contra nuestros territorios, contra nuestras vidas”, dice el fotógrafo Sebastián López Brachs en sus redes sociales.
Desde hace dos semanas el fuego no cesa en las islas del Delta del Paraná y según un informe del Museo Scasso las hectáreas afectadas producto de las quemas intencionales superaron las 65 mil en lo que va del año. Si se mira en retrospectiva, las cifras son aún más alarmantes: desde 2020 se quemaron más de 1.000.000 de hectáreas del Delta del Paraná; 112 veces la superficie de la ciudad de Rosario. Las llamas atraviesan el cielo y el humo no deja respirar. La situación es crítica en todo el país: se registraron focos también en la localidad cordobesa de Mar Chiquita, en el norte santafecino y en el Delta del Río del Paraná en Entre Ríos.

El peligro de la época de “La invernada”
A su vez, en esta época del año se suele producir “la invernada”: temporada en que el fuego se usa como mecanismo para generar rebrotes que sirven de alimento para el ganado. “Estamos en temporada alta de incendios”, dice Roberto Rioja, Secretario de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe en el programa radial rosarino “Nadie es perfecto”. El repudio popular no se hizo esperar. Activistas, vecinos e integrantes de organizaciones socioambientales llevaron a las calles, una vez más, la demanda histórica por una normativa que proteja y regule la actividad humana en los humedales.
“Con la convicción de seguir defendiendo lo único que nos garantiza la vida, nuestros bienes comunes, nuestro Paraná y nuestros humedales, estaremos donde haya que estar. Frente al silencio cómplice seguimos gritando BASTA DE QUEMAS, ¡LEY DE HUMEDALES YA!”, expresan desde la Multisectorial de Humedales, organización de ciudadanos autoconvocados por la preservación y restauración de los humedales del Delta del Paraná y de todo el país.

La importancia de los humedales
Los humedales no son un paisaje más: regulan el clima, permiten la retención de sedimentos y sustancias tóxicas, son una fuente fundamental de agua potable y albergan una rica y variada flora y fauna. Sin embargo, son utilizados principalmente para la actividad agrícolaganadera, la explotación minera y forestal y para el desarrollo de negocios inmobiliarios. En consecuencia, el ecosistema se degrada cada vez más, se pierde biodiversidad y se aceleran fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones.
De todas formas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó el aumento de la producción de carne para garantizar la entrada de divisas. Para ello, desde el gobierno pusieron en marcha el Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (GanAr) que prevé incrementar en 600 mil toneladas la producción para fomentar el consumo interno y lograr exportar 1,5 millón de toneladas de carne.
A su vez, la actual Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, propone un proyecto para “poner en valor y convertir aproximadamente 1.5 millones de hectáreas en tierras productivas”. La pregunta que se hacen especialistas es ¿productivas para quienes y bajo qué condiciones?

¿En qué estado está la Ley de Humedales?
A pesar de la emergencia climática y ecológica, aún no contamos con una Ley de Humedales. Si bien en marzo el diputado nacional Leonardo Grosso encabezó una nueva presentación del dictamen, no hubo avances significativos en cuanto al tratamiento en las Cámaras. Por su parte, el pasado 11 de julio, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié anunció un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sostenible de los Humedales en la Asamblea Ordinaria 103 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Este nuevo proyecto pretende basarse en el presentado por Grosso, pero cuenta con modificaciones claves que generaron un rechazo contundente en la sociedad civil. “Eliminaron la moratoria y el plazo para el inventario de humedales, modificaron la definición de humedal dejando a muchos afuera, minimizaron la participación ciudadana y de las organizaciones territoriales y suprimieron más de 11 principios”, sostienen desde la Multisectorial de Humedales y agregan: “Queremos nuestra ley, la que nos incluye, la que construimos y que ya fue apoyada. Queremos que se habilite el tratamiento en Comisiones del proyecto consensuado. Queremos plenario de comisiones. Queremos #LeyDeHumedalesYA”.

¿Cuál es la salida?
Desde el Acuerdo Basado en Plantas, se plantea abordar la problemática desde una perspectiva ambiental, de derechos humanos y animales y cuestionando nuestros hábitos más inmediatos. La transición hacia sistemas alimentarios más justos, soberanos y basados en plantas es la punta de lanza para redefinir el modelo de producción y consumo actual y sentar las bases para un futuro con comida sana, libre de agrotóxicos e impacto ambiental.
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Ambientalistas proponen incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal

Fecha de Publicación: 26/07/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (Aidpac), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y liderada por el profesor de la alta casa de estudios Miguel Ángel Asturias, propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal (CP), con penas de hasta 20 años de prisión para las personas físicas y de suspensión de actividades para las empresas.
La iniciativa sigue el ejemplo DE otras que ya se promovieron en varios países del mundo, como Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Vietnam. Incluso, el Parlamento Europeo resaltó recientemente la necesidad de legislar el ecocidio en las normas internas, y estados como Bélgica y España están trabajando en ello.
En tanto, en Latinoamérica, algunas jurisdicciones mexicanas, como Jalisco, ya sumaron la figura a su legislación, y hay proyectos al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.
En Latinoamérica, algunas jurisdicciones mexicanas, como Jalisco, ya sumaron la figura a su legislación, y hay proyectos al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.
La propuesta de la Aidpac consiste en reprimir con una escala de prisión de tres años y seis meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente, que será de ocho a 20 años si aquél efectivamente tiene lugar.
Las penas aumentan si interviene en la ejecución del delito un funcionario público o existe una conexión con una organización criminal internacional; si el delito se comete en una zona protegida o una reserva natural; si resulta en la muerte o lesiones graves o gravísimas de personas o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas.
También prevé que si en el delito interviene o se beneficia una persona jurídica cabe la imposición de una multa equivalente a de dos a diez veces el valor del posible daño, junto con la obligación de restablecer la afectación del ambiente; la suspensión total o parcial de actividades o de participar en concursos o licitaciones estatales; la cancelación de la personería y la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviera, entre otras sanciones.
Como ejemplos de crimen ambiental, Asturias, el impulsor de la iniciativa, citó los incendios forestales intencionales en nuestro país y en el Amazonas; la destrucción de los humedales; la extracción indiscriminada de recursos naturales; el tráfico ilícito de flora y fauna; la contaminación del agua, la tierra y el aire; la pesca ilegal y el tráfico de recursos naturales como metales y piedras preciosas.
“El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione, es una de las causas de la actual crisis ambiental y climática, así como del colapso de la biodiversidad”, sentenció el docente
“Si bien la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta”, estimó.
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Dura condena por contaminación contra empresas petroquímicas, la Provincia y la municipalidad de Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 26/07/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Es un fallo por una denuncia de los pescadores artesanales de Bahía Blanca. Detección de metales pesados y otros agentes. Cuál es la pena.
Un fallo de la justicia provincial determinó que existe contaminación en la ría de Bahía Blanca y condenó a las empresas del Polo Petroquímico, al Consorcio del Puerto, municipalidad y la Provincia.
La resolución establece que existe un perjuicio ambiental del estuario, que deberán generar fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo, y presentar planes de remediación y control y modificar los parámetros de monitoreo.
“Encuentro probado que la variedad del material contaminante existente en el Estuario de Bahía Blanca en su conjunto ha provocado un daño ambiental”, dijo el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, sobre la presentación judicial hecha por pescadores artesanales hace 12 años.
Estudios de análisis del agua, que hizo el Comité Técnico Ejecutivo, el Conicet y OPDS, detectaron metales pesados que en algunos casos superan los límites de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los parámetros establecidos en el Dec. 831/93 y Res. 336/03 de la Autoridad del Agua. También herbicidas, pesticidas, fertilizantes y otros desechos clandestinos.
Incluso, un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA advirtió que "el nivel de bioacumulación en hígado, branquias y músculo" en ciertos peces "conlleva a pensar que el nivel de acción antrópica sobre el sistema está afectando seriamente el mismo”.
Entre las empresas responsables, se menciona a Absa, Dow, Profertil, Mega, Cargill, PBB Polisur, Solvay, Petrobras y Transportadora de Gas del Sur.
Respecto a la papel del estado, se exige que tanto la municipalidad de Bahía como el gobierno bonaerense, presenten en un plazo de 60 días, un plan que permita la totalidad de los agentes contaminantes. Y una de las mayores preocupaciones es el volcado de líquidos cloacales, que sospechan, llega sin un tratamiento suficiente para evitar semejante impacto.
Lucas Beier, abogado representante de los pescadores, señaló que las partes involucradas arrojan elementos contaminantes por encima de lo permitido, y que si bien existe una autorización administrativa que los habilita, generan un daño ambiental que deben reparar.
Y en ese marco, insistió en que todavía resta resolver la reparación económica a los pescadores, ya que no pudieron seguir trabajando con normalidad.
Cabe recordar que durante estos años, el sector realizó innumerables manifestaciones, e incluso las partes condenadas realizaron mejoras e inversiones en materia medioambiental, algunas millonarias, pero sigue sin ser suficiente.
Además, desde el municipio a través de Walmir Morete, titular del Comité Técnico Ejecutivo que conforman un grupo de profesionales de diferentes especialidades y que tienen a su cargo el control y monitoreo de las industrias, se respondió en una entrevista realizada por FM de la Calle, que la ley 336, en la que se detallan por parámetros, refiere a miligramos por litro y que el fallo judicial pide mediciones de miligramo por día o por mes, cosa que la norma no lo establece.
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Está en riesgo el derecho de uso propio de semillas

Fecha de Publicación: 25/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


El Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció el martes que pretende avanzar en una resolución para que el uso propio de semillas, derecho universal que resguarda la ley vigente en nuestro país, pase a ser pago.
Este anuncio lo hizo en una reunión con representantes de la industria de semillas, junto a Obdulio San Martín, Presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ex CEO de la conocida semillera Don Mario.
Según el proyecto, a partir de la próxima cosecha (campaña 20222/23), se comenzará a cobrar una tasa o retención obligatoria a las y los productores, sobre el valor de los granos que comercialicen. Luego el Estado le pagaría las regalías a las empresas semilleras.
El pago de esta “regalía obligatoria” deberán hacerla todos los productores, aún los que no hayan comprado semillas. Sería una manera de poner fin al “derecho de uso propio de semillas” sin mediar la reforma de la Ley. Estarán exceptuados solamente las y los pequeños agricultores registrados debidamente en el RENAF (registro de la agricultura familiar).
El fin del derecho de uso propio, y el cobro de la “regalías extendidas”, es un reclamo histórico de las semilleras, especialmente a partir de la aparición de la soja Intacta. Porque las corporaciones no se conforman con el cobro de regalías por la venta de las semillas, sino que pretenden cobrar en los años sucesivos, cada vez que los productores vuelven a sembrar las semillas que ellos mismos cosechan producto de su trabajo en el campo. Lo que significa un feroz avance sobre la propiedad de las semillas. Como la ley vigente no lo permite, de hecho, las semilleras han diseñado dispositivos para este cobro, como son el sistema Bolsatech desde hace unos años y el reciente Enlist (nueva tecnología de soja).
Sin dudas, el dominio de las semillas es un tema vital para la soberanía de los pueblos. La historia de la disputa por este tema es de larga data en nuestro país. En el sentido de conformar a las corporaciones y garantizarles las regalías extendidas hubo un primer intento de Decreto de Necesidad y Urgencia de la entonces presidenta Cristina Fernández, que no prosperó por la fuerte oposición de numerosas organizaciones, incluso de algunas entidades del campo, y aún de algunos sectores del oficialismo. Luego, hubo proyectos de modificación de la Ley de semillas, que nunca lograron aprobarse, ni siquiera durante el gobierno de Macri.
Falta conocer muchos detalles de la propuesta, pero ya hay varios que festejan. Uno de ellos es Antonio Aracre, CEO de la semillera multinacional Syngenta, que últimamente viene acompañando mediáticamente varios anuncios del gobierno, quien publico un tweet: “Ansiosos por escuchar al Ministro  @juliandominguez en Agroindustria esperando lo que puede ser el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del Agro en Argentina”.
Si se aprueba este proyecto, que impulsa hoy el ministro Julián Domínguez, el gobierno de Fernández será responsable de terminar con la universalidad del derecho de las y los productores de usar sus propias las semillas. Sería una restricción de ese derecho ejercido durante miles de años. Parece que, cuando se trata de rendirse frente a los intereses de las multinacionales, no cuenta la política de ampliación de derechos, sino todo lo contrario.
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Políticas extractivistas: el debate entre la salvación económica y el deterioro ambiental

Fecha de Publicación: 25/07/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Las explotaciones de recursos naturales a través de la minería y la agroindustria genera efectos con pros y contras para el futuro.
Funcionarios o ex funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo al mismo presidente Alberto Fernández, en diferentes apariciones públicas no disimularon sus intenciones de implementar políticas extractivistas.
Se trata de la explotación de los recursos naturales, como ser litio, petróleo o las explotación de las mega minerías en busca de oro y plata o el modelo agroexportador. Este tipo de políticas tiene dos vertientes: una económica y otra ambiental, y no necesariamente están disociado uno de otro.
El gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, también impulsa estas políticas; como cuando acudió al multimillonario Elon Musk por redes sociales que invirtiera en la producción de litio en la provincia norteña. Los enormes salares de la Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado "triángulo del litio" que contiene las mayores reservas mundiales de ese mineral. Según Observatory of Economic Complexity (OEC), Argentina es uno de los mayores exportadores de carbonato de litio del mundo, por un valor de 127 millones de dólares.
El economista Pablo Tigani lo presenta como algo positivo en cuanto a lo económico, “ya que todo lo que son ingresos extraordinarios son bienvenidos porque Argentina necesita dólares para exportar. La construcción del gasoducto no sólo nos dará la posibilidad de ahorrar dólares, que se gastan pagando importaciones de energía, sino que también le da un potencial importador excedente para que podamos ingresar dólares por exportación”.
Y agrega: “Es buena noticia lo relacionado a la industria, que si bien es extractivista, hoy no da para ahorrar lo que no tenés, estás gastando lo que necesitas. Lo que vale en el mercado internacional –los recursos naturales- justifica el esfuerzo”.
En cuanto al analista económico y director de Focus Market, Damián Di Pace, explica que la situación no es buena porque Argentina aplazó los pagos de deuda del que supuestamente iba a liberarse para poder contar con los dólares para la producción y no lo está pudiendo contar.
“Es decir, que lo previsto por el Ministerio de Economía no se está cumpliendo. Por lo tanto estamos teniendo un problema importante porque no estamos pudiendo fortalecer las reservas del Banco Central porque no entran los dólares en el sistema. Esto tiene un impacto en términos económicos ya que cuando tenés emisión de pesos, se devalúa frente a la divisa norteamericana y, a su vez, se acelera la variación de precios de los productos locales”, afirma Di Pace.

Un modelo que destruye a otros
Guillermo Folguera, científico del CONICET, biólogo y filósofo, asegura que este modelo extractivista (sea de litio, oro, soja, trigo, etc.) no es tan rentable como se cree y que ha destruido fuertemente otros modelos de producción, por ejemplo, sobre las prácticas apícolas. “La extracción de litio es una práctica que va a beneficiar a algunos sectores en particular pero va a atentar a las zonas locales con la pérdida del agua, un recurso muy escaso en los lugares de donde se extrae litio”.
Y agrega, “entonces ahí es fundamental pensar la rentabilidad del negocio, ¿Quién se hace cargo de las consecuencias? Uno de los principales problemas del modelo extractivista fue la concentración de riquezas y el modelo agrario es el más evidente en este sentido en la propiedad y uso de la tierra con el uso de los transgénicos y herbicidas. Hay chicos internados en el Garrahan con enfermedades como la leucemia como consecuencia de estas prácticas que sostiene el Estado y que la cuestión salud también tiene un costo económico”.
Por otra parte, el Lic. en Gestión Ambiental y trabajó en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Chubut, Gustavo Romeo se detiene en la actividad hidrocarburífera y relata que Comodoro Rivadavia es el único lugar del país donde se extrae, almacena y traslada hidrocarburos dentro de la municipio y tejido social.
“Llevamos más de 100 años con esta actividad en la ciudad y esto genera una tensión con la función urbana e industrial. Muchos sectores de la actividad abandonaron los galpones, ductos, tanques de almacenaje y pozos. Muchos de estos pozos no se saben dónde se encuentran, en qué parte de la ciudad, hay sectores de la ciudad que no es accesible”, dijo.
Además de los derrames y animales empetrolados hay otras consecuencias que se van renovando, por ejemplo la falta del agua, en Chubut hace unos años se secó un lago entero en la ciudad de Sarmiento. Hay dificultad para acceder al agua y se corta seguido en los domicilios.
“Hace falta mayor acceso a la información para saber quiénes, cómo y cuánta agua se utiliza, en Comodoro cortan el agua dos veces a la semana. Por otra parte, en la ciudad en 2017 llovió de manera histórica y produjo muchos daños, entre esos, el derrame de hidrocarburos en la zona costera y no hay culpables”, finaliza Romeo.
Existe una larga lista de ejemplos, algunos de ellos son los ríos contaminados de San Juan, derrame de petróleo en Chubut y Río Negro -donde pusieron una pileta pelopincho como recipiente-, mina Alumbrera de Catamarca donde quedó un importante cráter en la tierra y que, a su vez, produce fuertes protestas y resistencias a este tipo de prácticas como pasó en Mendoza, Chubut, Mar del Plata y el caso de Andalgalá donde además la policía reprimió a las comunidades.

Cuál es el marco jurídico
Según lo explicado por la abogada Ariadna Rodríguez, relata que el marco jurídico que regula la explotación de hidrocarburos y recursos fósiles, relativas a esta actividad están reguladas por la ley 17.319 y establece que el Poder Ejecutivo Nacional va a ser quien va fijar las políticas de estas actividades teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades del país con los producido, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
“Las políticas son de fomentos ya que tenemos recursos envidiables para otros y Vaca Muerta se presenta como la promesa de dólares, más teniendo en cuenta el contexto económico como el nuestro y generan muchos puestos de trabajo. En mayo de 2022 la producción no convencional de petróleo fue la más alta de la historia”, añadió.
Y agrega, “aunque no podemos perder de vista, en un contexto donde la crisis ambiental y el problema del cambio climático es alarmante, y que según un Informe de IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) el uso de energías a base de combustibles fósiles es el gran responsable de ese calentamiento. Cerca del 70% de las emisiones de Gas de Efecto Invernadero provienen del consumo de energía a base de combustibles fósiles”.
En líneas generales miembros de la comunidad científica explican que parte de los argumentos para persuadir e implementar estas políticas “sustentables” tienen que ver con la promesa de riquezas y puestos de trabajo con salarios altos. Hasta la fecha no se vieron reflejadas las riquezas, en cambio, si se observó ecosistemas enteros dañados, ríos contaminados, petróleo derramado y cráteres profundos en la tierra y la pobreza penetrando al núcleo de la clase trabajadora.

Modelo agroexportador
El modelo agroexportador también es una industria a tener en cuenta ya que las toneladas exportadas de las commodities en Argentina alcanzaron niveles récord, como así también sus precios, pero Argentina sigue sumergida en la pobreza. Especialistas del orden económico consideran que parte de continuar con este tipo de proyectos tiene que ver con el ingreso de divisas que escasean en el Banco Central, sumado a un contexto de crisis nacional e internacional. No hay dólares, Argentina debe pagar una deuda externa de gran magnitud, sumado a que casi la mitad de la población es pobre.
Según Ivana Masci, bioquímica de UBA, becaria doctoral CONICET, activista de Rebelión Científica Argentina, explica que el modelo agroindustrial tiene impactos en el medio ambiente en diferentes escalas, en el suelo, la salud y nivel global como el cambio climático.
"El impacto en la salud humana se da fundamentalmente por el uso de los agroquímicos para que la producción sea la máxima posible. En general no se tira de forma exacta, en la región y en la cantidad exacta. En Argentina no hay control de la cantidad de agroquímicos que se usan, es la industria más grande en nuestro país y no se regula los agroquímicos", según Masci.
Y agrega “hubo grandes aumentos de casos de cáncer antes poco comunes en áreas cercanas a este tipo de prácticas de cultivos, al igual que mal formaciones y abortos. Es necesario que se otorgue información pública sobre los análisis realizados en aguas, sedimentos y alimentos. Es sumamente importante que se haga cumplir a raja tabla la ley de bosques y se protejan también los humedales que lleva años cajoneada”.
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Por falsear datos, multaron a Treater por 12 millones de pesos

Fecha de Publicación: 23/07/2022
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La empresa declaró una menor capacidad en una de sus piletas, pero una inspección destapó un volumen excedente no informado de residuos petroleros.
Treater, la mayor empresa autorizada para el tratamiento de los residuos petroleros de Vaca Muerta, tendrá que pagar una multa por 12 millones de pesos por presentar información falseada o con omisiones en relación a la capacidad de almacenamiento de sus piletas. En concreto, la compañía declaró una menor capacidad de la comprobada por las autoridades ambientales del Gobierno neuquino.
La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén emitió al Disposición 0863/22 donde aplica la pena de 2000 IUS (equivalente a 12 millones de pesos) a Treater "por omisión de proporcionar datos certeros respecto a la capacidad de Volumen de la Pileta 2 en el marco de las informaciones requeridas en el Plan de Reducción de Volúmenes".
La información que la cartera ambiental cuestiona a Treater es sobre la profundidad y capacidad de la Pileta 2 del sector 2 que tiene en su planta de tratamiento en Añelo. Esa pileta estaba registrada con 57.371,94 metros cúbicos, sin embargo, luego de un estudio de prospección geoeléctrica para determinar si había filtraciones la pileta terminó dando como resultado a 68.886,67 m3.
Los abogados de Treater argumentaron, según consta en la disposición, "que el falseamiento de información presupone necesariamente que quien incurre en el mismo debe obtener del ardid un beneficio" y agrega: "Tal supuesta ventaja en el caso de mi mandante es inexistente toda vez que -cualquiera sea el caso- tiene la obligación de vaciar íntegramente la Pileta Nº 1 (Sector 1 y 2) y la Pileta Nº 2 (Sector 1 y 2) al 31/12/22. Consecuentemente no existiría motivación alguna en mi mandante para recaer en el pretenso falseamiento".
Ambiente advirtió diferencias en la información reportada por Treater en su memoria técnica del 2020 y anteriores respecto al volumen de capacidad que tiene la Pileta 2 y rechazó el argumento de que fue un "error involuntario". El nuevo valor implica "una falta a la debida diligencia por parte de la empresa de proporcionar y evitar omitir, en el marco del Plan de Reducción de Volúmenes, datos certeros respecto a las capacidades del volumen de la Pileta 2".
Las empresas que tratan los residuos de Vaca Muerta ingresaron al Plan de Reducción de Volúmenes en el que deben informar si tuvieron excesos en su capacidad, con el objetivo de llevar lo máximo a biorremediación mientras continúan con los hornos y se vacían las piletas. Tras la multa, Treater tuvo que acelerar el vaciamiento de una de las piletas y está trabajando en otra, pero se suman interrogantes ante los excedentes detectados.
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Misiones presentó su plan estratégico para Bosques Nativos y Fondo Verde del Clima

Fecha de Publicación: 23/07/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad presentó ayer por la mañana en Casa de Gobierno el Plan Estratégico de Bosques Nativos 2022 – 2032. Lo hizo acompañado por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Víctor Kreimer, del director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Martín Mónaco y la directora nacional de Cambio Climático de la cartera ambiental de la Nación, Florencia Mitchell.
El Plan está alineado con los objetivos establecidos en la Ley Nacional 26331 y se adecúa a las particularidades de la provincia para convertirse en el marco rector de la política de evaluación y asignación de los recursos del Programa Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Además, se presentó el Programa de Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima.
El Gobernador subrayó la importancia de la sinergia existente entre las distintas carteras para coordinar acciones estratégicas que contemplen todas las aristas posibles. Remarcó que “hoy se agregan otras estructuras donde se deben coordinar también las acciones como el cambio climático y no es un detalle menor, porque en un plan estratégico deben estar todas las vertientes que influyen en un ordenamiento de las políticas públicas ligadas a políticas sostenibles y sustentables en materia ambiental”, sostuvo.
A su vez, destacó Herrera Ahuad que resulta fundamental contar con estos recursos que van a ayudar con estos planes de líneas estratégicas a largo plazo, porque “si uno no tiene un plan estratégico económico, acompañado de los recursos, es muy difícil que ganemos confianza en quienes tienen que ejecutar esos programas”, advirtió. Y aseveró que “sin duda el entender que la política ambiental debe estar como eje de la agenda no es solo escribirlo en un papel, sino también ejecutar las acciones, y a este plan se le agregan las variantes al cambio climático, lo que hace a las inclemencias, a las sequias”, puntualizó. También recordó que la provincia de Misiones sancionó el pasado 9 de junio la Ley XVI-146, relativa al marco regulatorio para los humedales. Se trata de la primera norma en todo el país en regular la materia “y este plan estratégico también debe estar atado a la Ley de Humedales que nosotros tenemos”, subrayó.
Durante su intervención, el Gobernador agradeció al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, porque desde un primer momento entendió los pasos a seguir “para avanzar en la protección de lo que nos queda de selva paranaense”, dijo y agregó que “Misiones cada año va agregando áreas protegidas, desde la parte privada o estatal que invierten, que dejan un recurso libre o determinada área sin explotar, y eso no es un fenómeno común en este tiempo, porque el cultivo y el capitalismo avanzan sobre la producción de granos, de soja, de maíz, de trigo, es un valor extra que tiene la política de estado que tiene la provincia”, concluyó.
En relación al plan estratégico, el titular de la cartera provincial de Ecología, Víctor Kreimer destacó que es un plan consensuado, con mucho trabajo técnico de las áreas del ministerio y define cuáles serán las pautas de aplicación y utilización de los fondos de la Ley de Bosques para los próximos 10 años. Aseguró que este plan estratégico acomodó los lineamientos generales a las características de Misiones. Explicó Kreimer que este ordenamiento “nos ha permitido establecer los ejes que se van a priorizar, considerando las demandas de la población que necesita espacios para viviendas, incrementar la superficie para el sector productivo, con esta herramienta vamos a trabajar de una manera más coherente y sostenida en el tiempo”.
Por su parte, el director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Martín Mónaco, destacó el logro del Estado Nacional por haber incrementado significativamente los fondos de la ley: “En particular hemos logrado aumentar en diez mil millones de pesos el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, para seguir profundizando las líneas de trabajo que nos lleven a mejorar la implementación de la ley”, expresó. “En particular hoy tenemos ya la mitad de ese incremento con el compromiso de que, si logramos cumplir algunas de las metas que nos pusimos con Economía, tengamos la segunda cuota de otros segundos cinco mil millones para la implementación”, agregó.

¿De qué se trata el Plan Estratégico de Bosques Nativos 2022 – 2032?
La elaboración de este plan diseñado con una perspectiva de 10 años, es parte de los requisitos solicitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para acceder a la transferencia de fondos del año 2022 para la Implementación del Programa Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, creado por Ley Nacional 26331 y según lo acordado en Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El mismo se implementará previendo porcentajes del fondo para cada uno de los lineamientos técnicos relacionados con el manejo sostenible, la conservación, la restauración, la producción de bienes maderables y no maderables y el mantenimiento de servicios ecosistémicos de los bosques nativos.
Asimismo, se puntualizaron los ejes establecidos de acción prioritarios: resguardo integral de la red de Áreas Naturales Protegidas, el manejo estratégico del Corredor Verde, el fortalecimiento de las capacidades de prevención y combate de incendios forestales, el desarrollo del manejo sostenible del bosque nativo, la actividad ganadera integrada al bosque nativo, la planificación territorial y los trabajos especiales en las zonas de interfase urbano – rural de los municipios.

Sobre los Fondos Verdes del Clima
En 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), aprobó el Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima.
Misiones recibió una asignación económica que será distribuida en un plan de manejo sostenible de cuencas forestales, nueve planes integrales comunitarios, un plan de manejo de bosques con ganadería integrada y fondos para fortalecimiento institucional.
A través de este programa, que tendrá una duración de seis años, se busca promover diferentes líneas de acción siguiendo los objetivos de la Ley N° 26.331. El objeto del pago por resultados es desarrollar actividades que aumenten la reducción de emisiones por deforestación y degradación.
Además, el proyecto promoverá el desarrollo del conocimiento sobre dinámica y uso de los bosques nativos; incrementará las capacidades de monitoreo y control, tanto a nivel nacional como provincial; y aumentará la presencia en territorio de agentes de control y promoción.
Los procesos de adquisiciones de bienes y ejecución de obras serán ejecutados a través de FAO y en menor medida a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Las provincias estarán a cargo de seleccionar las áreas de intervención y contarán con apoyo de la Unidad de Gestión de Proyecto, integrada por FAO y el MAyDS, y con las agencias públicas u ONG socias, para la identificación de beneficiarios y el desarrollo de planes.
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