“Los permisos de desmonte y los incendios parecen ser la prioridad”

Fecha de Publicación: 21/08/2020
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La quema de un predio judicializado sumada a la falta de respuestas en la Justicia y el Ejecutivo vuelven a movilizar a ambientalistas.
Mañana se cumplirán tres semanas desde que la organización socioambiental Somos Monte denunció la quema intencional en uno de los 53 predios recategorizados. Desde mediados de julio, en dos parcelas del departamento Almirante Brown, a 16 kilómetros del parque nacional Copo, se empezó a incendiar una parte de monte que hasta agosto 2018 era protegido.
“El campo de la firma Nottebohm Agustín, Marchetti Marcelo W. y otros y tuvo permisos especiales de la Dirección de Bosque para desmonte donde la ley 26.331 no lo permite”, señalan. Como se excedieron en 130 hectáreas “se abrió un expediente de infracción y una multa de más de $4 millones que se desconoce si se pagó”, describe Somos Monte.
Al exponer la situación -el 2 de agosto- el movimiento destaca que lo habitual es que los autores de los desmontes ilegales no paguen multas y aunque se reconocen esfuerzos de la Dirección de Bosques para fiscalizar, advierten que se sigue violando la ley con total impunidad.
Además de la contradicción de que la autoridad que controla sea la misma que dio hasta 2018 permisos de desmontes irregulares.
“Parece que los permisos de desmonte y para incendios son la prioridad y no nuestro reclamo de hace meses, pese a que es parte de una crisis ambiental y climática global que nos trajo a que hoy estemos usando un barbijo”, cuestiona una de las integrantes vía telefónica a NORTE.

Lo que se denuncia
En marzo Somos Monte aportó pruebas a la Justicia de que las medidas previstas en la Ley de Bosques no se cumplían y que nadie está vigilando los predios. “Los incendios son solo una de la pruebas, técnicamente se habla de quema de subproductos forestales del desmonte”, señalan.
Mientras que en el caso específico de las parcelas 544 y 545, pese a que se desmontó de más, se denuncia que el juez autorizó la extracción de la madera del campo después de una fiscalización (sin presencia de las partes y los amicus curiae).
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