La minería en Mendoza sin perspectivas buenas
Minería en Mendoza: más dudas que certezas
Fecha de Publicación: 25/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
A la tradicional resistencia por cuestiones ambientales se suman la baja en los precios internacionales, suba de costos en dólares y otras trabas nacionales. Cómo enfrentar lo que viene.
La abrupta finalización del proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe hace seis meses fue –además de un golpe a la economía local– una muestra más de lo que viene sucediendo con la minería en el país.
De hecho, lo que pasó en el sur provincial tuvo sus “réplicas” en otros sitios de Argentina, donde se postergaron o frenaron diversos proyectos mineros, producto principalmente de la baja relativa de los precios internacionales y de la suba de costos en dólares que afecta a todas las actividades.
En el mundo, sitios especializados en el tema minero (tal el caso de BNAmerica) hablan del “fin del súper ciclo de la minería”, debido a que ha sido uno de los comodities o bienes primarios que más valor perdieron en los últimos años después de una etapa con precios “descomunales”.
En Mendoza, en especial por la insistencia de ambientalistas y la existencia de la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales, la actividad no explota. A esto se suman otras reglas que, a nivel nacional, traban algunas inversiones. Es el caso de las retenciones y la dificultad para repatriar utilidades.
En este contexto, surge la discusión sobre si Mendoza perdió su momento para desarrollar la minería. Un estudio realizado por el Ieral-Fundación Mediterránea en marzo-un mes después de la partida de la brasileña Vale- expresa que la minería local genera una fuerte controversia.
Diversos actores del sector coinciden con la idea y -en especial- ponen el acento en los requerimientos ambientales de la provincia. Algo que podría definirse en cualquier momento cuando la Suprema Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de la llamada ley anti-minera (7.722).
Los precios
Jorge Day, uno de los economistas investigadores del Ieral-Fundación Mediterránea, expresó que en los últimos meses se notó una mayor caída de los precios internacionales de los metales, al tiempo que a nivel mundial se han reducido los montos que se destinaban a financiar inversiones mineras.
Según su visión, es claro que estos no son tiempos de boom minero. “Es que el gran demandante de metales, China, viene con una desaceleración en su crecimiento (su demanda crece más lentamente). Y muy despacio van subiendo las tasas de interés de largo plazo, lo que juega en contra de los precios internacionales de los metales”, comentó Day.
Con respecto al cloruro de potasio, el caso testigo para Mendoza, el informe del Ieral expresaba en marzo que este mineral tiene un mercado más restringido que otros metales pero que, más allá de que tuvo un precio récord de casi 900 dólares la tonelada, cayó a la mitad de ese valor y en los últimos meses su precio seguía en baja.
Al respecto, desde la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem) coinciden en la menor demanda existente pero, aseguran, “la minería siempre ha tenido ciclos, y este es uno más”. Para ellos, la baja actual no debería afectar los planes de la provincia de cara al desarrollo de esta actividad.
“Acabamos de terminar un súper ciclo de precios de metales”, coincide Chabert con Day, quien también admite que los proyectos actuales en el país han frenado su ritmo de inversión. Según su criterio, no obstante, esta realidad no durará de por vida. Por este motivo, desde la Cámara pretenden prepararse con tiempo para el próximo período de alta de esta rentable actividad. “Lo ideal es aprovechar estos momentos de crisis para explorar”, lanzó el empresario.
Al respecto, Rodrigo González, economista e investigador de la Fundación Ideal, estimó que -más allá de la baja actual de valores- las perspectivas internacionales seguirán siendo favorables si se las compara con los precios de referencia históricos, en especial del oro y de la plata.
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz, secretario del sindicato de trabajadores mineros (Aoma), expresó que el actual es un mal momento para la minería por el precio de los metales pero que esto puede ser pasajero. “El problema más grave es la confianza de los empresarios, y ahí es donde Mendoza falla”, opinó.
La cuestión ambiental
Ortiz expresó que la provincia está al final de la lista de posibles inversiones mineras debido a que -por “miedos electorales”- ni siquiera se trata de hablar del tema. En este sentido, el Ieral expresaba en su análisis que, “por un lado, la provincia tiene potencial, pero por el otro, existe una fuerte oposición a esta actividad, especialmente por razones ambientales. Comparada con otros lugares mineros, Mendoza es un lugar de fuertes trabas para recibir inversiones de este tipo”, reza el análisis realizado por el Ieral.
Así, se indica que la provincia es considerada con fuertes trabas para recibir inversiones mineras. De hecho, Mendoza está a la cabeza de un ranking en el que las firmas desisten de invertir debido a las exigencias sociales como el “compre local”.
Le siguen California en Estados Unidos y San Juan. “De la encuesta a empresas mineras en el mundo, sorprende que este tipo de exigencias sociales en Mendoza sea considerado como una traba importante, en comparación con otras regiones en el mundo”, expresa el informe.
El mencionado potencial en recursos minerales sale ganando desde el punto de vista de infraestructura, como rutas y disponibilidad de energía en relación con otras regiones mineras, pero queda en desventaja cuando de datos geológicos existentes se trata.
Al tanto de la situación, Chabert expresa que “es absurdo no saber los recursos que tenemos. Las empresas están dispuestas a explorar, pero si tuvieran un horizonte positivo para desarrollar la actividad, algo que hoy no existe”, sostuvo el dirigente, a pesar de que no se ha frenado la publicación de edictos o permisos para hacerlo.
La mirada a Mendoza como plaza para invertir -según la encuesta de la Fundación Mediterránea- se desdibuja porque es la que presenta mayores trabas en materia de regulación ambiental, a la par de California.
En este sentido, Marcelo Girao, geógrafo, profesor de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular del Agua, coincidió en que varios proyectos mineros desisten de invertir en Mendoza a causa de la Ley 7.722 y de los férreos controles que se ha exigido a la actividad desde este tipo de organismos.
Sin embargo, no todas las restricciones locales están relacionadas con el conflicto de intereses entre agro y minería, por decirlo de alguna manera. Es que el trabajo del Ieral también coloca a Mendoza a la cabeza de las regiones con potencial minero con mayores obstáculos impositivos y legales.
En este sentido, el economista Daniel Garro, de la consultora Valor, opinó que Mendoza ha dado señales muy negativas para las inversiones mineras en los últimos 10 años, lo que requiere de mucho tiempo para que se revierta, ya que las inversiones mineras son de magnitudes altas y de largo plazo.
Girao aclara que la mayoría de los impuestos que debe tributar el sector son nacionales, por lo que no debería haber diferencia con otras provincias de Argentina. Esto a pesar de que hace un par de años la actividad pasó de no pagar Ingresos Brutos a hacerlo en un 0,5%. Ese monto, no obstante, no es significativo en comparación con el impuesto a las Ganancias y las retenciones”, acotó Girao.
En este punto, es probable que el control ambiental social siga siendo determinante para las empresas que, a similares condiciones nacionales, miran a San Juan con mejores ojos a la hora de planificar inversiones.
“En lo económico no veo que aquí haya más trabas que en otras provincias”, agregó el geógrafo, quien expresó que en otras provincias también se han hecho acuerdos con las empresas mineras para aumentar el porcentaje de regalías que quedan en las arcas. La exigencia de contratar a firmas locales (algo que dudosamente respetó Vale) también es moneda corriente, según el geógrafo.
Costos y utilidades
Aunque según Chabert, la legislación argentina es “buena” para el desarrollo de la actividad, las normativas nacionales actuales no serían las que más incentivan las inversiones extranjeras en general, de donde provienen la mayoría de los emprendimientos mineros.
La ley nacional 24.196, a la que Mendoza adhiere, regula esta actividad; data de la década de los ’90 y -entre otras especificaciones- exige a las empresas tributar el 3% en concepto de regalías.
Además, se cobra entre el 5% y 10% de las retenciones de acuerdo con el proceso realizado al producto extraído.
“Aunque las normas básicas son interesantes, no es tan fácil cuando un día se dice una cosa y al otro día algo diferente”, comenta Chabert en relación a variables rápidas de la economía nacional.
Uno de los motivos por los que Vale decidió abortar el proyecto en Malargüe fue -según declararon sus directivos- la sustancial suba en sus costos en dólares. Según reza el informe del Ieral, la evolución de los precios en Argentina durante 2009-2013 aumentó más del 60% en dólares, lo que influyó directamente en el costo de la inversión.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, le dijo al diario Clarín unas semanas atrás que “un inversor viene con dólares en el bolsillo, los cambia a $ 5,50 y después va a comprar un clavito y lo paga a un dólar de $ 8,50”.
La diferencia en el tipo de cambio desalienta las grandes inversiones y tal vez fue ese uno de los motivos por los que el Gobierno Nacional le permitirá a la petrolera Chevron llevarse buena parte de sus utilidades.
Sucede que el límite impuesto dos años atrás a la repatriación de utilidades a empresas extranjeras es otra cuestión que desalienta inversiones, según el estudio de la Mediterránea.
“En 2011 se repatriaron unos U$S 4.500 millones y durante 2012 se redujo a menos de U$S 300 millones”, consigna el análisis, y agrega que, aunque con dicha medida se evita que los dólares huyan del país, otro efecto es que disminuye la llegada de inversiones extranjeras, algo manifestado por las empresas mineras consultadas.
En tanto, el pedido por fondos adicionales o de construcción de infraestructura también tiraría para atrás las intenciones de algunas firmas. Aunque las exigencias de intendencias de otras provincias por donde pasaría el tren para sacar el potasio también influyó en la partida de Vale, esto es visto como una traba importante más en Mendoza que, por caso, en San Juan.
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Fecha de Publicación: 25/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
A la tradicional resistencia por cuestiones ambientales se suman la baja en los precios internacionales, suba de costos en dólares y otras trabas nacionales. Cómo enfrentar lo que viene.
La abrupta finalización del proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe hace seis meses fue –además de un golpe a la economía local– una muestra más de lo que viene sucediendo con la minería en el país.
De hecho, lo que pasó en el sur provincial tuvo sus “réplicas” en otros sitios de Argentina, donde se postergaron o frenaron diversos proyectos mineros, producto principalmente de la baja relativa de los precios internacionales y de la suba de costos en dólares que afecta a todas las actividades.
En el mundo, sitios especializados en el tema minero (tal el caso de BNAmerica) hablan del “fin del súper ciclo de la minería”, debido a que ha sido uno de los comodities o bienes primarios que más valor perdieron en los últimos años después de una etapa con precios “descomunales”.
En Mendoza, en especial por la insistencia de ambientalistas y la existencia de la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales, la actividad no explota. A esto se suman otras reglas que, a nivel nacional, traban algunas inversiones. Es el caso de las retenciones y la dificultad para repatriar utilidades.
En este contexto, surge la discusión sobre si Mendoza perdió su momento para desarrollar la minería. Un estudio realizado por el Ieral-Fundación Mediterránea en marzo-un mes después de la partida de la brasileña Vale- expresa que la minería local genera una fuerte controversia.
Diversos actores del sector coinciden con la idea y -en especial- ponen el acento en los requerimientos ambientales de la provincia. Algo que podría definirse en cualquier momento cuando la Suprema Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de la llamada ley anti-minera (7.722).
Los precios
Jorge Day, uno de los economistas investigadores del Ieral-Fundación Mediterránea, expresó que en los últimos meses se notó una mayor caída de los precios internacionales de los metales, al tiempo que a nivel mundial se han reducido los montos que se destinaban a financiar inversiones mineras.
Según su visión, es claro que estos no son tiempos de boom minero. “Es que el gran demandante de metales, China, viene con una desaceleración en su crecimiento (su demanda crece más lentamente). Y muy despacio van subiendo las tasas de interés de largo plazo, lo que juega en contra de los precios internacionales de los metales”, comentó Day.
Con respecto al cloruro de potasio, el caso testigo para Mendoza, el informe del Ieral expresaba en marzo que este mineral tiene un mercado más restringido que otros metales pero que, más allá de que tuvo un precio récord de casi 900 dólares la tonelada, cayó a la mitad de ese valor y en los últimos meses su precio seguía en baja.
Al respecto, desde la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem) coinciden en la menor demanda existente pero, aseguran, “la minería siempre ha tenido ciclos, y este es uno más”. Para ellos, la baja actual no debería afectar los planes de la provincia de cara al desarrollo de esta actividad.
“Acabamos de terminar un súper ciclo de precios de metales”, coincide Chabert con Day, quien también admite que los proyectos actuales en el país han frenado su ritmo de inversión. Según su criterio, no obstante, esta realidad no durará de por vida. Por este motivo, desde la Cámara pretenden prepararse con tiempo para el próximo período de alta de esta rentable actividad. “Lo ideal es aprovechar estos momentos de crisis para explorar”, lanzó el empresario.
Al respecto, Rodrigo González, economista e investigador de la Fundación Ideal, estimó que -más allá de la baja actual de valores- las perspectivas internacionales seguirán siendo favorables si se las compara con los precios de referencia históricos, en especial del oro y de la plata.
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz, secretario del sindicato de trabajadores mineros (Aoma), expresó que el actual es un mal momento para la minería por el precio de los metales pero que esto puede ser pasajero. “El problema más grave es la confianza de los empresarios, y ahí es donde Mendoza falla”, opinó.
La cuestión ambiental
Ortiz expresó que la provincia está al final de la lista de posibles inversiones mineras debido a que -por “miedos electorales”- ni siquiera se trata de hablar del tema. En este sentido, el Ieral expresaba en su análisis que, “por un lado, la provincia tiene potencial, pero por el otro, existe una fuerte oposición a esta actividad, especialmente por razones ambientales. Comparada con otros lugares mineros, Mendoza es un lugar de fuertes trabas para recibir inversiones de este tipo”, reza el análisis realizado por el Ieral.
Así, se indica que la provincia es considerada con fuertes trabas para recibir inversiones mineras. De hecho, Mendoza está a la cabeza de un ranking en el que las firmas desisten de invertir debido a las exigencias sociales como el “compre local”.
Le siguen California en Estados Unidos y San Juan. “De la encuesta a empresas mineras en el mundo, sorprende que este tipo de exigencias sociales en Mendoza sea considerado como una traba importante, en comparación con otras regiones en el mundo”, expresa el informe.
El mencionado potencial en recursos minerales sale ganando desde el punto de vista de infraestructura, como rutas y disponibilidad de energía en relación con otras regiones mineras, pero queda en desventaja cuando de datos geológicos existentes se trata.
Al tanto de la situación, Chabert expresa que “es absurdo no saber los recursos que tenemos. Las empresas están dispuestas a explorar, pero si tuvieran un horizonte positivo para desarrollar la actividad, algo que hoy no existe”, sostuvo el dirigente, a pesar de que no se ha frenado la publicación de edictos o permisos para hacerlo.
La mirada a Mendoza como plaza para invertir -según la encuesta de la Fundación Mediterránea- se desdibuja porque es la que presenta mayores trabas en materia de regulación ambiental, a la par de California.
En este sentido, Marcelo Girao, geógrafo, profesor de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular del Agua, coincidió en que varios proyectos mineros desisten de invertir en Mendoza a causa de la Ley 7.722 y de los férreos controles que se ha exigido a la actividad desde este tipo de organismos.
Sin embargo, no todas las restricciones locales están relacionadas con el conflicto de intereses entre agro y minería, por decirlo de alguna manera. Es que el trabajo del Ieral también coloca a Mendoza a la cabeza de las regiones con potencial minero con mayores obstáculos impositivos y legales.
En este sentido, el economista Daniel Garro, de la consultora Valor, opinó que Mendoza ha dado señales muy negativas para las inversiones mineras en los últimos 10 años, lo que requiere de mucho tiempo para que se revierta, ya que las inversiones mineras son de magnitudes altas y de largo plazo.
Girao aclara que la mayoría de los impuestos que debe tributar el sector son nacionales, por lo que no debería haber diferencia con otras provincias de Argentina. Esto a pesar de que hace un par de años la actividad pasó de no pagar Ingresos Brutos a hacerlo en un 0,5%. Ese monto, no obstante, no es significativo en comparación con el impuesto a las Ganancias y las retenciones”, acotó Girao.
En este punto, es probable que el control ambiental social siga siendo determinante para las empresas que, a similares condiciones nacionales, miran a San Juan con mejores ojos a la hora de planificar inversiones.
“En lo económico no veo que aquí haya más trabas que en otras provincias”, agregó el geógrafo, quien expresó que en otras provincias también se han hecho acuerdos con las empresas mineras para aumentar el porcentaje de regalías que quedan en las arcas. La exigencia de contratar a firmas locales (algo que dudosamente respetó Vale) también es moneda corriente, según el geógrafo.
Costos y utilidades
Aunque según Chabert, la legislación argentina es “buena” para el desarrollo de la actividad, las normativas nacionales actuales no serían las que más incentivan las inversiones extranjeras en general, de donde provienen la mayoría de los emprendimientos mineros.
La ley nacional 24.196, a la que Mendoza adhiere, regula esta actividad; data de la década de los ’90 y -entre otras especificaciones- exige a las empresas tributar el 3% en concepto de regalías.
Además, se cobra entre el 5% y 10% de las retenciones de acuerdo con el proceso realizado al producto extraído.
“Aunque las normas básicas son interesantes, no es tan fácil cuando un día se dice una cosa y al otro día algo diferente”, comenta Chabert en relación a variables rápidas de la economía nacional.
Uno de los motivos por los que Vale decidió abortar el proyecto en Malargüe fue -según declararon sus directivos- la sustancial suba en sus costos en dólares. Según reza el informe del Ieral, la evolución de los precios en Argentina durante 2009-2013 aumentó más del 60% en dólares, lo que influyó directamente en el costo de la inversión.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, le dijo al diario Clarín unas semanas atrás que “un inversor viene con dólares en el bolsillo, los cambia a $ 5,50 y después va a comprar un clavito y lo paga a un dólar de $ 8,50”.
La diferencia en el tipo de cambio desalienta las grandes inversiones y tal vez fue ese uno de los motivos por los que el Gobierno Nacional le permitirá a la petrolera Chevron llevarse buena parte de sus utilidades.
Sucede que el límite impuesto dos años atrás a la repatriación de utilidades a empresas extranjeras es otra cuestión que desalienta inversiones, según el estudio de la Mediterránea.
“En 2011 se repatriaron unos U$S 4.500 millones y durante 2012 se redujo a menos de U$S 300 millones”, consigna el análisis, y agrega que, aunque con dicha medida se evita que los dólares huyan del país, otro efecto es que disminuye la llegada de inversiones extranjeras, algo manifestado por las empresas mineras consultadas.
En tanto, el pedido por fondos adicionales o de construcción de infraestructura también tiraría para atrás las intenciones de algunas firmas. Aunque las exigencias de intendencias de otras provincias por donde pasaría el tren para sacar el potasio también influyó en la partida de Vale, esto es visto como una traba importante más en Mendoza que, por caso, en San Juan.
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