El increíble proceso de aprobación de agroquímicos
11:17 | 
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Toxicidad del glifosato: Monsanto y Nidera se controlan a sí mismas
Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.
A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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