"Hay impunidaden materia de contaminación"
23:08 | 
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"Hay impunidaden materia de contaminación"
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..
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