Andagalá es "zona liberada"
23:58 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Denuncian que Andagalá es “zona liberada, peor que en la dictadura”
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
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