Buscan energía a cualquier precio
Buscan energía a cualquier precio
Fecha de Publicación: 17/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno está urgido por lograr la construcción de represas hidroeléctricas que aumenten la oferta energética. Es que un repunte de la actividad económica volvería a traer la crisis que sufre la Argentina desde hace años por la falta de inversión.
Por eso, la semana pasada, la Secretaría de Energía lanzó el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas. El corazón del programa es el sistema tarifario. Para las obras que se seleccionen, la administradora del mercado eléctrico mayorista (Cammesa) podrá celebrar contratos que fijen la tarifa necesaria para que se paguen los gastos de las obras y la deuda contraída para financiarlas. La medida, que, no obstante, está contenida en una simple resolución del secretario de Energía, Daniel Cameron, parece cambiar los criterios para la fijación de tarifas.
Ahora, la opción pareciera no ser mantener bajo el costo argentino o evitar los incrementos en las facturas de las familias, sino más bien pagar el costo que sea necesario para financiar las obras nuevas.
¿Cómo se trasladará el costo a los usuarios finales? Eso está por verse. "La primera incógnita que surge es el modo como se realizarán esos pagos, porque la tarifa, si se hiciera hoy, sería muchísimo más alta que las que se reconocen actualmente", explica un especialista del sector que prefiere que no se revele su nombre. Dijo: "El problema para Cammesa es que está fundida; le debe unos 10.000 millones de dólares al Tesoro por lo que recibió para cubrir transitoriamente los subsidios y que fue anotado como préstamos, y les debe otro tanto a las generadoras de gas por el programa de sustitución con combustibles líquidos, por el mayor costo que asumieron cuando debieron generar con gasoil".
En el mercado sospechan que desde el Ministerio de Planificación tratan de que las obras se puedan hacer, pero faltan los recursos para financiarlas y no hay garantía de repago. Para Chihuido, en Neuquén, por ejemplo, se pusieron avales en el presupuesto 2010, pero eso no alcanza, hace falta una tarifa de operación que permita el repago normal. La garantía es importante, pero hace falta un esquema que haga pensar razonablemente que no habrá que ejecutarla".
Chihuido I es una obra importante a realizarse en la provincia de Neuquén. El gobernador Jorge Sapag prometió colocar la piedra fundamental el primer día del año próximo, pero parece un objetivo difícil de cumplir.
En la obra están interesadas cuatro uniones transitorias de empresas, que pidieron entre 1200 y 1700 millones de dólares. La oferta más barata la hizo la que encabeza Benito Roggio, pero también era la que más financiamiento estatal requería. La única que ofreció financiar casi el total con recursos privados fue la UTE, integrada por Electroingeniería, OAS, CTC e Hidrocuyo.
El proyecto más caro fue el que presentaron la argentina Cartellone con la brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes mundo.
La resolución que creó el nuevo programa es la 762/2009 de la Secretaría de Energía, que apareció en el Boletín Oficial el miércoles pasado.
El artículo segundo es el que habilita la relación de contratos de abastecimiento. Será el mismo Cameron quien tenga un enorme poder en esas contrataciones. El artículo deja en claro que podrá elegir quién será el beneficiado con esa nueva tarifa, y aclara que las condiciones particulares "serán determinadas por esta Secretaría en ocasión de informar las centrales hidroeléctricas a las que le serán aplicables".
El artículo tercero, además, tiene el corazón del esquema tarifario: "Los contratos de abastecimiento para obras hidroeléctricas tendrán como objeto, entre otros, el repago de las inversiones realizadas y del financiamiento utilizado para la concreción de las obras hidroeléctricas incluidas en el Programa Nacional".
Los especialistas dicen que el gran problema para generar certidumbre y que se puedan realizar las obras es la poca credibilidad que despierta la situación de Cammesa. El Gobierno decidió anotar los montos entregados a Cammesa como préstamos y, por lo tanto, como inversiones financieras, un modo de no anotar parte de los gastos, disfrazados de inversiones financieras. Pero si Cammesa siempre da pérdidas porque las tarifas de distribución no cubren el costo de generación, nunca puede pagar sus deudas.
Un paso a favor del blanqueo de la situación contable aparecería en el presupuesto 2010, en el que se terminaría admitiendo como gasto lo que antes era inversión. Eso podría eliminar la deuda con el Tesoro por parte de la administradora, lo que no sería más que la admisión de la situación.
Pero todavía faltaría arreglar la situación con los generadores. "El Gobierno no dispondrá de inmediato de energía, porque la obra demora varios años, pero también parecen estar muy preocupados por reactivar la construcción, que está bastante parada por la crisis y la recesión", dijo un técnico consultado.
Los contratos podrán durar hasta 15 años, pero la resolución incluye la facultad de prorrogarlos. "Hay muy poca seguridad jurídica, porque este programa está hecho por una simple resolución; es como los esquemas anteriores que distinguían y aplicaban diferentes tarifas entre energía nueva y energía vieja; nada garantiza a quien construya que cuando termine la obra no le digan que ahora no se le puede reconocer esa tarifa."
El artículo segundo es lo suficientemente amplio como para pensar que hasta podrían deslizarse en los nuevos contratos con precios más altos, actuales operadores que se comprometan a realizar obras.
Chihuido podría perfectamente estar alcanzada, porque para la norma se pueden beneficiar obras que estén en estudio o en proceso licitatorio.
La realización de obras hidroeléctricas parece una salida razonable, puesto que las políticas tarifarias aplicadas por el Gobierno hicieron que la oferta de gas no sea suficiente en la Argentina y haya que importarlo a costos altísimos.
El uso de las represas existentes no ha sido del todo afortunado. En el invierno de 2007, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hizo vaciar el sistema del Comahue para evitar la extensión de los cortes. En 2008 juntó agua a cualquier precio, y hoy los diques están llenos y no pueden regular las crecidas y evitar inundaciones.
Fecha de Publicación: 17/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno está urgido por lograr la construcción de represas hidroeléctricas que aumenten la oferta energética. Es que un repunte de la actividad económica volvería a traer la crisis que sufre la Argentina desde hace años por la falta de inversión.
Por eso, la semana pasada, la Secretaría de Energía lanzó el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas. El corazón del programa es el sistema tarifario. Para las obras que se seleccionen, la administradora del mercado eléctrico mayorista (Cammesa) podrá celebrar contratos que fijen la tarifa necesaria para que se paguen los gastos de las obras y la deuda contraída para financiarlas. La medida, que, no obstante, está contenida en una simple resolución del secretario de Energía, Daniel Cameron, parece cambiar los criterios para la fijación de tarifas.
Ahora, la opción pareciera no ser mantener bajo el costo argentino o evitar los incrementos en las facturas de las familias, sino más bien pagar el costo que sea necesario para financiar las obras nuevas.
¿Cómo se trasladará el costo a los usuarios finales? Eso está por verse. "La primera incógnita que surge es el modo como se realizarán esos pagos, porque la tarifa, si se hiciera hoy, sería muchísimo más alta que las que se reconocen actualmente", explica un especialista del sector que prefiere que no se revele su nombre. Dijo: "El problema para Cammesa es que está fundida; le debe unos 10.000 millones de dólares al Tesoro por lo que recibió para cubrir transitoriamente los subsidios y que fue anotado como préstamos, y les debe otro tanto a las generadoras de gas por el programa de sustitución con combustibles líquidos, por el mayor costo que asumieron cuando debieron generar con gasoil".
En el mercado sospechan que desde el Ministerio de Planificación tratan de que las obras se puedan hacer, pero faltan los recursos para financiarlas y no hay garantía de repago. Para Chihuido, en Neuquén, por ejemplo, se pusieron avales en el presupuesto 2010, pero eso no alcanza, hace falta una tarifa de operación que permita el repago normal. La garantía es importante, pero hace falta un esquema que haga pensar razonablemente que no habrá que ejecutarla".
Chihuido I es una obra importante a realizarse en la provincia de Neuquén. El gobernador Jorge Sapag prometió colocar la piedra fundamental el primer día del año próximo, pero parece un objetivo difícil de cumplir.
En la obra están interesadas cuatro uniones transitorias de empresas, que pidieron entre 1200 y 1700 millones de dólares. La oferta más barata la hizo la que encabeza Benito Roggio, pero también era la que más financiamiento estatal requería. La única que ofreció financiar casi el total con recursos privados fue la UTE, integrada por Electroingeniería, OAS, CTC e Hidrocuyo.
El proyecto más caro fue el que presentaron la argentina Cartellone con la brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes mundo.
La resolución que creó el nuevo programa es la 762/2009 de la Secretaría de Energía, que apareció en el Boletín Oficial el miércoles pasado.
El artículo segundo es el que habilita la relación de contratos de abastecimiento. Será el mismo Cameron quien tenga un enorme poder en esas contrataciones. El artículo deja en claro que podrá elegir quién será el beneficiado con esa nueva tarifa, y aclara que las condiciones particulares "serán determinadas por esta Secretaría en ocasión de informar las centrales hidroeléctricas a las que le serán aplicables".
El artículo tercero, además, tiene el corazón del esquema tarifario: "Los contratos de abastecimiento para obras hidroeléctricas tendrán como objeto, entre otros, el repago de las inversiones realizadas y del financiamiento utilizado para la concreción de las obras hidroeléctricas incluidas en el Programa Nacional".
Los especialistas dicen que el gran problema para generar certidumbre y que se puedan realizar las obras es la poca credibilidad que despierta la situación de Cammesa. El Gobierno decidió anotar los montos entregados a Cammesa como préstamos y, por lo tanto, como inversiones financieras, un modo de no anotar parte de los gastos, disfrazados de inversiones financieras. Pero si Cammesa siempre da pérdidas porque las tarifas de distribución no cubren el costo de generación, nunca puede pagar sus deudas.
Un paso a favor del blanqueo de la situación contable aparecería en el presupuesto 2010, en el que se terminaría admitiendo como gasto lo que antes era inversión. Eso podría eliminar la deuda con el Tesoro por parte de la administradora, lo que no sería más que la admisión de la situación.
Pero todavía faltaría arreglar la situación con los generadores. "El Gobierno no dispondrá de inmediato de energía, porque la obra demora varios años, pero también parecen estar muy preocupados por reactivar la construcción, que está bastante parada por la crisis y la recesión", dijo un técnico consultado.
Los contratos podrán durar hasta 15 años, pero la resolución incluye la facultad de prorrogarlos. "Hay muy poca seguridad jurídica, porque este programa está hecho por una simple resolución; es como los esquemas anteriores que distinguían y aplicaban diferentes tarifas entre energía nueva y energía vieja; nada garantiza a quien construya que cuando termine la obra no le digan que ahora no se le puede reconocer esa tarifa."
El artículo segundo es lo suficientemente amplio como para pensar que hasta podrían deslizarse en los nuevos contratos con precios más altos, actuales operadores que se comprometan a realizar obras.
Chihuido podría perfectamente estar alcanzada, porque para la norma se pueden beneficiar obras que estén en estudio o en proceso licitatorio.
La realización de obras hidroeléctricas parece una salida razonable, puesto que las políticas tarifarias aplicadas por el Gobierno hicieron que la oferta de gas no sea suficiente en la Argentina y haya que importarlo a costos altísimos.
El uso de las represas existentes no ha sido del todo afortunado. En el invierno de 2007, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hizo vaciar el sistema del Comahue para evitar la extensión de los cortes. En 2008 juntó agua a cualquier precio, y hoy los diques están llenos y no pueden regular las crecidas y evitar inundaciones.
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