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Jujuy: explotación de litio vulnera derechos indígenas
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Eco Sitio |
Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
El referente del pueblo atacama Miguel Casimiro sostuvo que en la exploración minera como en otros emprendimientos “se está violando el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En la puna salteña hay 19 salares con 50 proyectos desarrollados por varias empresas privadas, algunas en etapa de exploración y las más avanzadas en la construcción de plantas piloto, y se espera que comiencen con la producción de litio en uno o dos años. En la zona hay 20 comunidades indígenas de los pueblos atacama y kolla que se verán afectadas y no han sido consultadas. Casimiro sostuvo que se está vulnerando un derecho “establecido por el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por el Estado argentino que tiene rango constitucional. También el artículo 75 inciso 17 establece en el último párrafo el requisito de la “consulta sobre los recursos que existen en territorios de pueblos originarios”.
El referente de la comunidad Likanantaí y abogado especializado en derecho indígena, Miguel Casimiro, explicó que “el planteo que están haciendo las comunidades es el de agotar las instancias administrativas para, de no tener respuestas, ingresar una demanda judicial a las provincias que hacen caso omiso de los derechos que amparan a las comunidades”.
El abogado contó que las comunidades del pueblo atacama vienen desarrollando un proceso de diálogo con el Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia: “Se conversó en dos oportunidades, se planteó la consulta y participación y ellos desvían siempre la conversación y el cumplimiento efectivo del derecho a otras cuestiones que no dice la ley”.
“Hace poco querían hacer (desde el Ministerio) un protocolo de consulta a comunidades y pueblos indígenas que no tenía nada de lo que establece el derecho en sí. En el sentido de que ellos plantean que el sujeto a consultar es la autoridad, cuando la autoridad en una comunidad es la asamblea, no una persona en particular”, dijo Casimiro.
También denunció prácticas irregulares para legitimar proyectos de extractivistas en sus territorios: “Otra cosa que hacen es agarrar a cualquier persona que no tiene legitimidad y ponerla a firmar papeles diciendo que ya está hecha la consulta, que presta conformidad. Presentan eso y se determina la legalidad para llevar adelante la explotación”.
Por su parte, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas, Ariel Sanchez, dijo a Salta 12 que antes de 2016 el organismo que integra no existía en la provincia y había un protocolo que consistía en la conformación de mesas de consulta con distintos actores sociales, no solo originarios. Afirmó que el protocolo de consulta que aplican ahora es interministerial, requiere que la Secretaría de Minería les informe de la existencia de comunidades originarias en los territorios donde se vayan a implementar proyectos productivos para que se realice el proceso de consulta previa. En lo que se refiere al litio, Sánchez aseguró que no les llegó ningún expediente.
Territorio ancestral
Miguel Casimiro explicó que las comunidades del pueblo atacama y del pueblo kolla que habitan en el departamento Los Andes, cuya cabecera es la localidad de San Antonio de los Cobres, no solo reclaman el derecho sobre las tierras sino al territorio ancestral, esto implica que "los recursos naturales que están debajo, en el subsuelo o en el espacio aéreo y en la superficie tienen que pasar por el proceso de consulta y participación ajustado al derecho colectivo".
El referente dijo que para dar licencia social las comunidades requieren que se radiquen empresas con mayor participación de capital estatal que privados. “Ahora las empresas mineras ya no van a pagar regalías, se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital en San Antonio de los Cobres de mediana o alta complejidad”, aseguró.
Resaltó asimismo que las empresas toman mano de obra de otros lugares y que se instalan por 15 o 20 años, dejando solo pasivos ambientales. “Es un búmeran que nosotros lo tomamos diciendo ‘va a generar trabajo’ pero después ¿en qué va a quedar San Antonio? Cuando se acabe la explotación de litio se va a convertir en un pueblo fantasma”.
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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas
Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Asambleas jujeñas piden ser escuchadas por el litio
Litio y extractivismo: las asambleas jujeñas se movilizan y reclaman que se escuche su voz
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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Amparo contra el proyecto minero de Agua Rica
Presentaron otro amparo contra la actividad de Agua Rica
Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La comunidad y el pueblo diaguita de Andalgalá, representados por sus Sinchi, Amauta y cacique Luis Castro, Elizabeth Aguirre, Ofelia Herrera, Salvatierra y Amarante, todos con domicilio en la ciudad de Andalgalá, iniciaron un amparo en contra de la empresa Yamana y la provincia de Catamarca con el objeto de que se impida la explotación del proyecto minero Agua Rica. Como medida cautelar solicitaron la paralización inmediata de cualquier trabajo.
El recurso se presentó el viernes pasado en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia a cargo de Karina Ivonne Naame.
Otra causa
La Justicia andalgalense ya tiene otro amparo presentado hace varios años atrás por Autoconvocados en contra de la minería que todavía está en la Justicia.
A principio de este mes el juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
En enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. En 2016, el máximo tribunal de Justicia ordenó que se revea la decisión de la Justicia provincial.
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Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La comunidad y el pueblo diaguita de Andalgalá, representados por sus Sinchi, Amauta y cacique Luis Castro, Elizabeth Aguirre, Ofelia Herrera, Salvatierra y Amarante, todos con domicilio en la ciudad de Andalgalá, iniciaron un amparo en contra de la empresa Yamana y la provincia de Catamarca con el objeto de que se impida la explotación del proyecto minero Agua Rica. Como medida cautelar solicitaron la paralización inmediata de cualquier trabajo.
El recurso se presentó el viernes pasado en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia a cargo de Karina Ivonne Naame.
Otra causa
La Justicia andalgalense ya tiene otro amparo presentado hace varios años atrás por Autoconvocados en contra de la minería que todavía está en la Justicia.
A principio de este mes el juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
En enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. En 2016, el máximo tribunal de Justicia ordenó que se revea la decisión de la Justicia provincial.
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Anulan sentencia absolutoria a comunidad mapuche
A favor del fracking: Anulan sentencia absolutoria a comunidad mapuche
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Neuquén
La Lof Campo Maripe había sido absuelta en una causa que disputaba tierras en Vaca Muerta.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la sentencia absolutoria a la Lof Campo Maripe en la causa iniciada por la familia Vela en la disputa por tierras ancestrales que los empresarios reclamaban como propias. La resolución del tribunal indica que el conflicto se someta a un nuevo juicio. Esto hace que toda la causa vuelve a foja cero.
Así, los jueces Federico Sommer, Héctor Rimano y Daniel Varessio, dejaron sin efecto el fallo emitido por el magistrado Gustavo Ravizzoli en abril. Este dictamen justificaba la absolución a la comunidad basándose en la idea de que no había dolo en la ocupación que adjudicaba la querella.
Los argumentos planteados por los jueces del Tribunal de Impugnación son que si bien estaba la constancia de la preexistencia de la comunidad, esto no daba cuenta de que ésta fuera en un territorio.
Consultado por Canal Abierto, Emanuel Guagliardo, abogado de la comunidad, planteó que “es una aberración jurídica, porque la preexistencia étnica y cultural está dada sobre la vida en un territorio. No existe un pueblo originario sin que tenga una vinculación con un territorio. Sí existe un conflicto sobre la determinación de la extensión de ese territorio. Eso es lo que advertía el doctor Ravizzoli, quien planteó que encontrándose pendiente la obligación del Estado para determinar la pretensión territorial de esta comunidad, no se podía condenar porque existe una comunidad mapuche que ha sido inscrita y registrada por el Estado pero no existe una determinación sobre su territorio. Eso le generó duda al doctor Ravizzoli y por eso no condenó. El Tribunal de Impugnación hace la misma evaluación, pero la utiliza en contra de los imputados, invirtiendo la duda. Ahí hace una maniobra que, insisto, es grosera en términos jurídicos, pero además viola garantías constitucionales, porque no puede aplicarse la duda en perjuicio del imputado”.
La familia Vela había iniciado la causa en 2014 aduciendo que la comunidad había instalado un cementerio mapuche en sus terrenos para luego reclamarlo como tierras ancestrales. El terreno en disputa es estratégico por su ubicación en relación al yacimiento de Vaca Muerta y su dominio puede habilitar o no la explotación para la extracción mediante la técnica del fracking.
Si bien esta nueva resolución da marcha atrás con otra que daba por concluida la causa, la indicación de realizar un nuevo juicio no implica un perjuicio para la comunidad, ya que no pone en riesgo el territorio.
Guagliardo afirmó que apelará esta medida ante el Tribunal Superior de Justicia provincial y, en caso que no se haga lugar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante la posibilidad de un resultado adverso en ambas instancias, se expondrán a un nuevo juicio penal. Sin embargo, el abogado planteó que de ocurrir esto último, “este nuevo juicio va a tener que sortear algunas dificultades, como el plazo de la prescripción. Porque estos hechos del año 2014 se originan en realidad en el 2013, con lo cual la prescripción está más que clara en este caso porque el delito de usurpación tiene una pena prevista de tres años y ya han sucedido distintas etapas procesales y se ha cumplido el plazo que marca la ley. Con lo cual para empezar este nuevo juicio, la querella y la fiscalía van a tener que sortear favorablemente todos estos inconvenientes que son impedimento para que se lleve a cabo el proceso penal”.
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Comunidades jujeñas protestaron por explotación minera
Comunidades de la Puna jujeña marcharon contra la explotación minera
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Mapuches absuetos en causa por tierras de Vaca Muerta
La Justicia falló a favor de los mapuches que reclaman tierras de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 29/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén
El juez Gustavo Ravizzoli los absolvió en un juicio por supuesta usurpación del lote que explotan YPF y Chevron.
El juez Gustavo Ravizzoli falló hoy en Neuquén a favor de la comunidad mapuche Campo Maripe, que reclama para sí tierras sobre las que YPF y Chevron están explotando la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Se trata de una sentencia clave para los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales, consgrados por la Constitución de 1994, y para el desarrollo de Vaca Muerta, que despierta tantas expectativas de negocios según pasan los gobiernos y las petroleras.
Los Campo Maripe habían sido denunciados por usurpación por la familia criolla Vela, que en 1978 compraron las tierras que desde los años 20 dice ocupar esta comunidad mapuche. El fiscal del caso apoyó la acusación y el gobierno de Neuquén, en manos de Omar Gutiérrez, también la respaldó. Sin embargo, la justicia absolvió a los seis indígenas sentados en el banquillo.
Los Campo Maripe habían rechazado el acuerdo que en 2013 la YPF kirchnerista firmó con la norteamericana Chevron para producir en el área Loma Campana, vecina a Añelo, el pueblo devenido capital de la formación geológica Vaca Muerta. Aseguran que sus ancestros se asentaron en la zona en disputa en 1927 y que desde entonces el Estado les cobró “deuda de pastaje”. También muestran que en 1941 se los reconoció como “únicos ocupantes” del lote. Sin embargo, denuncian que en en la última dictadura militar los Vela adquirieron el título de propiedad de esas tierras que ellos reclaman. Recién la Constitución de 1994 reconoce los territorios ancestrales a las comunidades indígenas de la Argentina.
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Fecha de Publicación: 29/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén
El juez Gustavo Ravizzoli los absolvió en un juicio por supuesta usurpación del lote que explotan YPF y Chevron.
El juez Gustavo Ravizzoli falló hoy en Neuquén a favor de la comunidad mapuche Campo Maripe, que reclama para sí tierras sobre las que YPF y Chevron están explotando la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Se trata de una sentencia clave para los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales, consgrados por la Constitución de 1994, y para el desarrollo de Vaca Muerta, que despierta tantas expectativas de negocios según pasan los gobiernos y las petroleras.
Los Campo Maripe habían sido denunciados por usurpación por la familia criolla Vela, que en 1978 compraron las tierras que desde los años 20 dice ocupar esta comunidad mapuche. El fiscal del caso apoyó la acusación y el gobierno de Neuquén, en manos de Omar Gutiérrez, también la respaldó. Sin embargo, la justicia absolvió a los seis indígenas sentados en el banquillo.
Los Campo Maripe habían rechazado el acuerdo que en 2013 la YPF kirchnerista firmó con la norteamericana Chevron para producir en el área Loma Campana, vecina a Añelo, el pueblo devenido capital de la formación geológica Vaca Muerta. Aseguran que sus ancestros se asentaron en la zona en disputa en 1927 y que desde entonces el Estado les cobró “deuda de pastaje”. También muestran que en 1941 se los reconoció como “únicos ocupantes” del lote. Sin embargo, denuncian que en en la última dictadura militar los Vela adquirieron el título de propiedad de esas tierras que ellos reclaman. Recién la Constitución de 1994 reconoce los territorios ancestrales a las comunidades indígenas de la Argentina.
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Ratifican la intención de explotar el litio en Jujuy
Autoridades jujeñas ratificaron la decisión de exploración y explotación del litio
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Jujuy: comunidades levantan cortes a la espera de reunión
Se levantó el corte de ruta ante la convocatoria del gobierno a una reunión
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: Vía Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades indígenas levantaron la medida de fuerza después que el gobierno los llamara para entablar el diálogo.
Después de dos días de cortes de ruta, las comunidades indígenas de la puna levantaron la medida de fuerza en contra de la exploración y la explotación del litio en la región.
Según trascendió el levantamiento se produjo por la convocatoria a una reunión con autoridades provinciales la semana próxima. Concretamente se realizará el miércoles 20, a horas 11:00, en un paraje cercano al punto donde se realizaba el corte y se espera la participación de autoridades del gobierno de Gerardo Morales.
Las comunidades advirtieron que de no concretarse la reunión la intención es volver a protestar sobre la ruta.
Durante la tarde de ayer se decidió levantar el corte después de que llegaran hasta el lugar la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin, el presidente del directorio de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Carlos Oehler y el secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Miguel Soler.
Las comunidades, que permanecía en el cruce de las rutas nacional 52 y provincial 79, piden la anulación de un concurso de oferentes llamado por la empresa Jemse, que permite la exploración de litio en la región Puna.
También solicitan al Ejecutivo provincial que se declare a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios”.
En ese marco, requieren que la declaración considere a la región como “zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente la forma de vida de las comunidades”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: Vía Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades indígenas levantaron la medida de fuerza después que el gobierno los llamara para entablar el diálogo.
Después de dos días de cortes de ruta, las comunidades indígenas de la puna levantaron la medida de fuerza en contra de la exploración y la explotación del litio en la región.
Según trascendió el levantamiento se produjo por la convocatoria a una reunión con autoridades provinciales la semana próxima. Concretamente se realizará el miércoles 20, a horas 11:00, en un paraje cercano al punto donde se realizaba el corte y se espera la participación de autoridades del gobierno de Gerardo Morales.
Las comunidades advirtieron que de no concretarse la reunión la intención es volver a protestar sobre la ruta.
Durante la tarde de ayer se decidió levantar el corte después de que llegaran hasta el lugar la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin, el presidente del directorio de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Carlos Oehler y el secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Miguel Soler.
Las comunidades, que permanecía en el cruce de las rutas nacional 52 y provincial 79, piden la anulación de un concurso de oferentes llamado por la empresa Jemse, que permite la exploración de litio en la región Puna.
También solicitan al Ejecutivo provincial que se declare a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios”.
En ese marco, requieren que la declaración considere a la región como “zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente la forma de vida de las comunidades”.
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Jujuy: resistencias a la minería de litio
Litio y "sacrificio ambiental"
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Jujuy
Los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. "La empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”, denunciaron.
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.
De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.
A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.
Hoy vence el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
Negocio para pocos, daño para muchos
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio” y concentran más del 85% de las reservas terrestres. Sin embargo, por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, el país que gobierna Mauricio Macri es el más tentador para que se instalen las empresas multinacionales. En el caso de Jujuy, si bien las empresas canadienses estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, estudios realizados por especialistas en base a información elaborada por las propias multinacionales, los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la cuenca de Olaroz Cauchari y las técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua aseguran que las posibilidades de producción del carbonato se agotarán en cinco años. Además de incumplir con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental que obligan a presentar métodos de explotación alternativos, también se violan los requisitos de concesión que establece el Código de Aguas de la provincia de Jujuy.
A diferencia de Argentina, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. Según publicó el coordinador del libro Geopolítica del litio, Bruno Fornillo, investigador de la UBA-CONICET en “Pulso Ambiental” --una revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, “dos empresas explotan el salar de Atacama, SQM y Rockood, y no es sencillo realizar más concesiones porque el litio fue declarado recurso estratégico durante la dictadura de Pinochet, por su interés para la energía nuclear. Actualmente, la renegociación de los contratos con las firmas privadas supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado trasandino, la provisión local del 25% del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5% de las ganancias a las comunidades”.
En el caso de Bolivia, señaló Fornillo, desde 2007 el país que gobierna Evo Morales, a propuesta de los sindicatos comunitarios locales, busca tener una injerencia completa del tránsito que va del salar a la batería. “Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 13000 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51% de las acciones”.
En cambio, en Argentina, la explotación del litio tiene lugar como una actividad extractiva que no desarrolla ningún tipo de industrialización. “Las baterías de litio y todos los productos derivados de este metal blando terminan produciéndose en el exterior, convirtiendo al país en un mero exportador de materias primas, dependientes de la demanda extranjera”, señalaron Pamela Landini y Tomás Marchetta de la FARN. Además, las empresas en el país sólo deben pagar el 3% de regalías que se cobran en base a lo que las empresas, sin control, declaran en sus balances.
Marcelo Sticco es hidrogeólogo, e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2011 las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación preocupados por el impacto ambiental que generarían los trabajos en el salar. El entonces titular del organismo, Carlos Haquim --hoy vicegobernador de Jujuy-- ordenó realizar los estudios correspondientes. “Ese primer estudio les dio la razón a las comunidades y lo que entonces era una luz amarilla, hoy es una luz roja a partir de datos actualizados y vinculados con la explotación concreta del salar. Vemos que en pocos meses y de continuar utilizando las técnicas de explotación de las salmueras por medio de la evaporación, se va a agotar el agua dulce”.
El agua dulce no sólo es necesaria para la vida de las comunidades sino también para la propia producción del carbonato del litio. De modo que la explotación actual no sólo atenta contra los habitantes de la Cuenca sino también contra el propio negocio. “Para las empresas igualmente sigue siendo rentable invertir en el país por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones”, señaló Sticco a este medio.
Entre las conclusiones del estudio que finalizó el hidrogeólogo en octubre del año pasado, en base a información propia de las empresas que se encuentran en el área realizando la explotación del litio, “se determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes”. Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.
Según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación en diciembre de 2016, de los 63 proyectos de litio en el país, sólo 13 correspondían a Jujuy. El 13 de agosto de 2018 Morales dictó el decreto 7180 con el objetivo de canalizar procesos de inversión privada a través de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el 11 de enero de este año llamó a concurso de oferentes para la exploración y explotación de proyectos mineros en las zonas de Salinas Grandes, Guayatayoc y Salar de Jama. Se estima que a partir de esta licitación se realizarán alrededor de 2000 piletones para extraer litio en la zona. Si en la actualidad el riesgo concreto de agotamiento de agua dulce es un hecho, con estos nuevos emprendimientos los tiempos se acelerarán.
A las comunidades que viven del pastoreo y la agricultura en la zona, cuyo derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta, no le dejan más opción que la realización de medidas de fuerza directa para defender sus territorios y recursos.
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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras
Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Río Negro: tras denuncias auditarán basurero petrolero
Realizarán pruebas de contaminación en la petrolera denunciada por mapuches
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Litio, extractivismo y vulneración de derechos
Litio y espejos de colores
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Represas de Santa Cruz: negocian con pueblos nativos
El Gobierno negocia con comunidades indígenas para destrabar las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Misiones: desmienten desmonte en comunidad mbya
Ante denuncias, desmienten desmonte en comunidad mbya
Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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