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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras
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Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Río Negro: tras denuncias auditarán basurero petrolero
Realizarán pruebas de contaminación en la petrolera denunciada por mapuches
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Litio, extractivismo y vulneración de derechos
Litio y espejos de colores
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Represas de Santa Cruz: negocian con pueblos nativos
El Gobierno negocia con comunidades indígenas para destrabar las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Misiones: desmienten desmonte en comunidad mbya
Ante denuncias, desmienten desmonte en comunidad mbya
Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Caputo suma denuncias por desmonte ilegal
Más denuncias contra Caputo
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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¿Originarios de la Meseta a favor de la minería en Chubut?
Referentes de pueblos originarios de la Meseta, a favor del desarrollo minero en Chubut
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes
Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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bosques nativos,
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política de tierras,
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La otra cara del boom del litio
“No comemos baterías”
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Invisibilización de la cuestión indígena
“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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