Comunidad Mbya vuelve a denunciar desmonte en el Teyú Cuaré 

Fecha de Publicación: 11/07/2025
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones


Desde la comunidad Mbokayaty denuncian que durante el mes de junio de este año fueron testigos del desmonte que se está haciendo en el Teyú Cuaré, dentro de un área que forma parte de su territorio tradicional y relevado por Ley 26.160.
Esta situación se viene registrando desde el 2019, pero en los últimos años este proceso se aceleró. Esta situación enfrenta a quienes hacen estas actividades y la comunidad que defiende su territorio, del cual implica la biodiversidad del monte, como el acceso al agua.
En esta ocasión se trata de una supuesta “reserva natural privada” llamada Monte Victoria, a nombre de Leyrías-Giménez, quienes se adjudican la propiedad del lugar.
Todo empezó con el cercamiento del territorio, prohibiendoles el acceso al lugar para acceder al río o para buscar alimentos en esa zona. Más tarde, la comunidad comenzó a ver ante sus ojos un cartel que dice “Reserva natural”, mientras detrás veían como desmontaban los árboles nativos. Sin embargo, Leyrías-Giménez no quedaron satisfechos y desmontaron también los que estaban al costado del camino, hasta avanzar por sobre el territorio de la comunidad.
La comunidad denuncia el cercamiento que vienen sufriendo hace años, donde actores ajenos al territorio deforestan la biodiversidad con sus plantas nativas y medicinales; les cortan el acceso al río, y la posibilidad de alimentarse de ciertas plantas, mientras las autoridades son indiferentes o responden al poder de personas que no viven en el lugar, y que por el contrario, ponen en peligro a las familias de los pueblos originarios.
La comunidad ya ha realizado la denuncia, la cual se suma al montón de las anteriores. En Mbokayaty se preguntan cuántas veces más deberán denunciar para que las autoridades defiendan de una vez el territorio a quienes les pertenece ancestralmente. Por eso, exigen justicia y la regularización urgente del territorio indigena en San Ignacio por el futuro de sus familias y por el monte que tanto la Provincia de Misiones dice defender.
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El impacto ambiental del desmonte descontrolado en Formosa: animales en peligro y tierras desérticas

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Formosa


Está dentro de las provincias que más bosque pierden por el negocio agropecuario y la ganadería intensiva. Campesinos y movimientos indígenas sin título de propiedad temen quedarse sin las tierras donde viven.
El árbol da una sacudida rápida y violenta y cae hacia adelante como si fuera un palillo que se quiebra. La topadora larga una bocanada de humo negro, da marcha atrás y arremete de nuevo hacia adelante. Le pasa por arriba al árbol que acaba de tirar y voltea el siguiente. Atrás, va dejando su huella en una tierra seca, marrón. Adelante se abre el monte verde.
Desde hace un mes que hay topadoras desmontado ese polígono de más de 120 hectáreas en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño, en Formosa. TN es testigo del recorrido de la máquina desde un drone que la sigue desde el aire mientras avanza matando el bosque.
En los lugares en donde la topadora pasó hace algunas semanas quedó un campo cubierto de ramas secas y árboles con las raíces arrancadas de cuajo, apuntando al cielo. 
Parecen espinas gigantes, enredadas en un descampado marrón. La tierra está seca, sequísima y el silencio es absoluto. Ya no quedan pájaros, ni se escuchan pisadas de animales o el ruido de los insectos.
En algunos días, empleados irregulares, jornaleros, vendrán a retirar los tocones de los árboles más grandes que quedaron enterrados. Después, prenderán fuego el lugar para limpiarlo y no quedará rastro de que ahí hubo un bosque.
Solamente el año pasado, Formosa perdió 36.915 hectáreas de bosque nativo: 15 mil por desmonte y 24.800 por incendio. El principal motivo es la expansión del negocio agrícola y la ganadería intensiva. Se saca bosque para sembrar soja o pastura para animales.
“Este suelo es muy rico cuando está el monte, pero cuando no está el monte, no infiltra el agua. El suelo está todo coartado, es muy erosionable. Muy rápidamente asciende la napa freática y el suelo se saliniza, queda como una costra de sal", explicó a TN Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Y cerró: “Dura un tiempo con pastura, pero después se lo abandona. Ya no tiene nutrientes. Donde había un bosque muy rico y biodiverso, hoy hay un paisaje geométrico y uniforme”.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023 se perdieron en todo el país 7 millones de hectáreas de bosque. El equivalente a la superficie de toda la provincia de Formosa.
En 2007, se sancionó en la Argentina la ley de Bosques, se ordenaron las tierras y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde (categoría III) para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo (categoría II) para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse, pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo (categoría I) para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
El problema y la particularidad con Formosa es que a la mayoría de la provincia se la pintó de verde. Y, por lo tanto, el desmonte creció incluso después de sancionada la ley.
Más allá de la desertificación y pérdida de biodiversidad (los animales pierden su refugio) que produce el desmonte, también se ven amenazadas comunidades originarias y pequeños campesinos que viven en el monte. Estas personas hacen convivir sus actividades con los árboles, plantas y animales para no dañar el ambiente. Son una suerte de guardianes del monte, pero con escasos recursos para ganarle a la topadora de los grandes empresarios.

La lucha de los guardianes del monte
A dos horas del sitio del desmonte, en Pozo del Mortero, tiene su chacra Teófila Palma (59), dirigente del Frente Nacional Campesino que reúne a pequeños campesinos que viven en el monte y que se organizaron para tratar de pelear por sus tierras y cuidar el bosque, aunque no tienen personería jurídica.
El lugar es amplio, con 150 hectáreas. Tiene una casita sencilla de ladrillo y cemento, afuera un brasero, un toldo y un corral para las cabras y algunas vacas. Bob y Remigio, dos caniches, persiguen a unas gallinas entre las patas de una mesa.
Todo lo demás son árboles, monte que todavía se preserva. Teófila necesita que todo esté lo más verde posible, con sombra y humedad para que sus animales no mueran de sed o calor.
Teófila vive de sus animales y de su jubilación como docente. Pese a que nació en ese lugar y lo trabajó toda la vida, no es legítima propietaria. Cuenta que su papá tenía la documentación de ocupante legal, pero todas las veces que ella quiso comprar y tener un título de propiedad se lo negaron. “No me dejan legalizar, me dicen que la tierra donde estoy no está a la venta”, asegura.
Vive con el miedo de que algún día un gran terrateniente, tal vez alguien que ni siquiera vive en Formosa, le quite su tierra para transformarla en un páramo y montar un campo para ganadería intensiva o plantar soja.
“Esta es la realidad de los pequeños campesinos, de los que nos quedamos en la lucha. Vivimos de lo que producimos”, dice y le caen algunas lágrimas.
A Teófila también le preocupa las consecuencias del desmonte desmedido y de la crisis climática: nota que cada vez llueve menos, hay menos vegetación.
“Tuvimos muchísimo tiempo de sequía. Me olvidé de cómo era la lluvia. No teníamos para darle de comer a los animales, los vientos erosionan la tierra, la cambia de aspecto. Sube la temperatura, a veces tenemos sensaciones térmicas de 50 grados. Lo que nos pasa con el clima es una respuesta de lo que hacen los grandes terratenientes, de su desmonte", denuncia.
Teófila organizó una reunión con otros pequeños campesinos de la zona para discutir las problemáticas frente a algunos medios, entre ellos, TN. Vestida con un poncho rojo y mientras algunas cabritas le mastican los cordones, Mariela Soto, una campesina de 44 años que trabaja sola su campo, cuenta su historia. 
“A mí me pueden venir a ofrecer un castillo en el pueblo, pero voy a decir siempre que no. Porque yo quiero vivir en mi choza, yo nací ahí. Antes estuvieron mis viejos. Mi campo me llena de orgullo, de amor, de alegría”, mientras habla se le traban algunas palabras y llora. “Quiero seguir viviendo el monte y morir en el monte. Y ojalá algún día lo pueda ver a mi nieto corriendo por el monte y no vivir con el miedo de que me saquen mi tierra”.
Al igual que Teófila, Mariela es “poseedora” de su Tierra, pero no tiene los papeles de propiedad, nadie quiere decirle cuánto debería pagar o cómo regularizar la situación. “Es para que vivas en el aire, no sabés cuándo te va a caer un empresario y te va a decir ‘esta es mi tierra’. Yo le voy a decir que vivo acá pero no tengo los papeles. Acá las tierras se venden con los productores adentro”. 
Mariela tiene cabras y vende queso y dulce de leche. Su hijo estudia en el pueblo y ella espera poder inculcarle su amor por el monte para que él siga con su legado. Si bien él la ayuda los fines de semana, cada vez es más difícil. Más allá de su incertidumbre legal, falta el agua y hace más calor. Incluso, el año pasado, los perros desbocados de un vecino, le mataron 50 cabras. Perdió gran parte de la producción y nadie le repone eso.
“A pesar de todo, siempre tenemos esperanza. Si este año me fue mal, el que viene me van a nacer más cabritos, va a parir una vaca. Siempre tengo esperanza de mejorar, de que a mi hijo le guste el campo y siga con esto”, cierra.

La problemática para las comunidades indígenas
Una mujer de la comunidad Pilagá en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace
En otro punto de Formosa, en el sembrado Tierra Nueva viven miembros de la comunidad indígena Pilagá. Además de la producción que surge de sus cultivos, viven de planes sociales que les da la provincia y de la venta de artesanías que hacen con hojas de los árboles del monte.
La vida que llevan es sumamente humilde, con casas de adobe y chapa y animales flaquísimos que levantan el polvo de la tierra seca cuando corren. El agua es un problema: cuando no llueve, no tienen para tomar. Acá no hay gas o agua.
Y a medida que avanza el desmonte, se van perdiendo corredores verdes que conectaban a las distintas comunidades.
Una de las referentes de la comunidad es Noolé Palomo. En las elecciones del pasado 29 de junio formó parte de la elección como candidata a constituyente. El eterno gobierno de Gildo Insfrán busca reformar la Constitución y eso podría garantizarle otra reelección.
La lucha de Noolé es porque en ese revoleo, no se toque el artículo 79 que es el único que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la provincia. Si eso se pierde, podrían quedar aún más expuestos a las ambiciones económicas.
Noolé quiere que las comunidades indígenas del lugar -pilagá, nivaclé, wichi y qom- que reúnen a 700 personas puedan vivir dignamente en las tierras en las que nacieron, preservando el monte y sus tradiciones.
Cuando se desmonta no solo se barre con el bosque, sino también con la identidad de las comunidades.
“Para nosotros el monte es alimentación, es el resguardo. El aborigen nunca abusó de la caza, se caza para comer. Creemos que cada especie tiene un protector y hay que respetarlo. No hay que cazar indiscriminadamente, hay que respetar a la naturaleza”, explica Noolé mientras camina por la sombra necesaria que dan los árboles.
“Cada árbol tiene una historia y tiene vida, nos da sus semillas y sus frutos. Pero además previene el cambio climático. Ahora se habla mucho del cambio climático, pero no se hace nada para evitarlo. Queda como un título. El cambio climático lo produce el hombre, con sus manos, con la topadora, con su ambición. Pero nosotros vamos a volver a esa misma naturaleza, a abonar esa tierra, por eso hay que cuidarla”. 
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Panorama urgente: más desmonte en el Chaco, alerta por el uranio en Chubut y resistencias en todo el país

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Los legisladores de Chaco facilitan el desmonte. La comunidad indígena Cueva del Inca de Jujuy resiste desalojo. Una década de colonia agrícola en Buenos Aires. Encuentro de asambleas socioambientales en Catamarca. Alerta en Chubut por la minería de uranio y un aviso: "No es no".

Chaco: los legisladores del desmonte
La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.

Jujuy: la comunidad Cueva del Inca y el territorio
La comunidad indígena Cueva del Inca sufrió un intento de desalojo de sus tierras en la Quebrada de Sarahuaico (cerca de Tilcara), con un fuerte operativo policial perpetrado por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal el martes 22 de abril. El objetivo fue expulsar a las familias de su territorio ancestral, que es reclamado por los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Cruz Simona del Hotel Canto del Viento. El desalojo fue suspendido pero la comunidad está en alerta hasta que se suspenda definitivamente la orden judicial.
Como respuesta ante la violencia del desalojo, el mismo martes la comunidad inició una protesta pacífica en la Ruta 9. El juez de paz, Pedro Apaza, se apersonó en el lugar y dio media hora para desalojar bajo amenaza de represión. La Policía de Jujuy avanzó y detuvo a dos personas (luego liberadas).
Las familias denunciaron la violencia de la Policía y a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por facilitar las condiciones para el hecho. También radicaron una denuncia en el fuero federal, porque durante el desalojo del territorio comunitario se afectó un sitio arqueológico.

Diez años de la Colonia Agroecológica 20 de Abril en Luján
La “Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán” cumplió diez años en Jáuregui (partido bonaerense de Luján). Hace una década, 50 familias campesinas de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) producen alimentos en tierras que recuperaron del abandono estatal. “Donde antes había abandono, hoy florecen la agroecología, la organización y la soberanía alimentaria”, señalan.
El predio donde trabajan tiene 84 hectáreas: eran terrenos fiscales que estaban inutilizados y que la organización campesina recuperó para la producción. Actualmente se cultivan allí verduras y frutas. Además construyeron una plantinera y una biofábrica para dejar atrás los insumos del agronegocio. Y abrieron su propia Escuela Campesina, donde las y los trabajadores pueden terminar sus estudios. La colonia permitió crear canales de comercialización directa y un consultorio de salud para la comunidad.
Cada familia trabaja una hectárea. En asamblea consensúan qué se cultiva, el precio y cómo se comercializa. Lo que producen lo venden en el almacén campesino en el ingreso a la colonia (y otro en el centro de Luján) y en las ferias de la zona. La experiencia no es un hecho aislado: las colonias son una política de la UTT para repoblar el campo, generar mejores condiciones de trabajo a las familias campesinas y avanzar hacia la agroecología.

Catamarca será sede del 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades
Entre el 1 y el 3 de mayo se realizará el 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La actividad se llevará a cabo en la Cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción de litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. Los anfitriones serán la asociación BePe y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas.
La elección del lugar se debe a que es una provincia emblemática, que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente Minera La Alumbrera, antecesora del Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), y a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto (en Antofagasta de la Sierra).
“Una vez más Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil (actual gobernador) se reúne con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre”, explicaron desde UAC.
La minería de uranio es el nuevo objetivo extractivo del gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres. La Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) denuncia que el proyecto de Ley 047/2025 presentado por el oficialismo busca generar un hueco legal para habilitar la minería, esquivando la Ley 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia. "Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto", advierte Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
El proyecto presentado por Torres hace una semana crea la Empresa Provincial de Energía de Chubut (Epech), una sociedad mixta público-privada de mayoría estatal, que tendrá como objetivo “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Para denunciar que se trata de un caballo de troya para la habilitación de la minería de uranio, las asambleas chubutenses apuntan al artículo 29 que indica: “La explotación de toda fuente de energía eléctrica”.
“Buscan la manera para evitar mencionar cosas que son urticantes para la sociedad”, señala Lada sobre la estrategia desplegada por el gobernador Torres, quien en campaña prometió no avanzar con la megaminería, pero ya mostró su interés por la explotación de uranio, oro, plata y cobre. Además, en marzo, le reclamó al gobierno nacional la restitución a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina, en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Alarma por las perforaciones no convencionales que proyecta YPF en cercanías de los lagos Mari Menuco y Los Barreales

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: Portal Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La operadora estatal tiene previsto realizar 87 pozos en el itsmo que conecta ambos embalses.
Las concesión otorgada en marzo de este año a la empresa YPF para explotar en el área La Angostura Sur II, a través de la técnica del fracking, ha encendido las alarmas de comunidades mapuches y asociaciones ambientales por encontrarse muy cercana a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, espejos de agua de donde se extrae el agua potable para gran parte de la población de la ciudad de Neuquén.
El proyecto de YPF es perforar tres pozos piloto en el istmo que conecta los embalses Mari Menuco y Los Barreales. Según informó el Observatorio Petrolero Sur, se trata de una etapa inicial que contempla pozos horizontales con ramas laterales de 2 mil metros y 28 etapas de fractura cada uno. El plan completo prevé desarrollar 87 pozos en ese lugar.
El istmo donde proyectan ubicar los los pozos piloto de YPF es una franja angosta de tierra entre los dos embalses, lugar en donde se encuentra el sistema hídrico que abastece la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario y los canales de riego del Alto Valle. “Cualquier incidente —una fisura, una pérdida, un error operativo— puede tener consecuencias directas sobre la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema”, explicaron desde Opsur.
El proyecto se realizará sobre el territorio que reclama la comunidad mapuche Kaxipayiñ, quienes exigieron al gobierno provincial que se respete el derecho a la Consulta Previa.
“Nos enteramos del proyecto porque tuvimos que parar un par de máquinas de YPF que ya estaban dentro del territorio reconocido de la comunidad”, declaró el werken Gabriel Rolando Cherqui a OPsur.
En el mismo contexto, la Confederación Mapuche de Neuquén organizó una reunión multisectorial de urgencia para analizar la situación y realizar posibles acciones en defensa de los lagos Mari Menuco y Los Barreales.
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Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
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Movilización indígena contra los desmontes y desalojos

Fecha de Publicación: 27/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades originarias del norte provincial llegarán en una marcha este lunes hasta la Casa de Gobierno de Salta con reclamos que apuntan a las gestiones para protegerlos de los desalojos y los desmontes.
El peligro de los desalojos se acentuó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160. Con esta política, se abre la puerta a que las comunidades indígenas que disputan sus territorios con titulares particulares de las tierras puedan ser expulsadas a través de resoluciones judiciales.
“Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados y perseguidos por este gobierno nacional”, dijo a Salta/12 Tichil Mendoza, secretario y vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), al hacer referencia a la decisión tomada desde la gestión mileista.
Otra política que les preocupa es la que se aplicará a partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el 3 de enero pasado. La aprobación fue pese a las críticas de distintos sectores ambientalistas y referentes de comunidades originarias que insistieron en la falta de participación en el proceso de decisión del nuevo mapa en el que se define dónde se desmontará y dónde no.
Mendoza sostuvo que el gobierno provincial se apresta a autorizar el desmonte de más de 720 mil hectáreas, que posibilita el nuevo OTBN.
Las comunidades de la movilización esperan reunirse en el norte provincial con poblaciones originarias de Aguaray, Tartagal, la ruta 86 y la ruta 81, para llegar a la ciudad de Salta el lunes.

Problemas de siempre
El referente añadió que tienen muchos problemas en lo que respecta a los centros de Salud, profesionales médicos, medicamentos, falta de agua y situación laboral. “No hay respuesta alguna a esos temas o los de vivienda”, afirmó.
“Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
De hecho, se desconocía la muerte de dos infantes de Rivadavia Banda Norte, que fallecieron con dos semanas de diferencia en comunidades originarias ubicadas en ese municipio de Coronel Juan Solá o Morillo. En ambos casos, habían tenido atención médica anterior, pero se presume que falló el seguimiento sanitario.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
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El malón diaguita se opuso a la minería y reclamó leyes

Fecha de Publicación: 23/11/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Representantes de comunidades indígenas del interior llegaron a la Capital para defender su territorio y reclamar protección.
Ayer se realizó en la Capital la marcha del “Malón por el buen vivir comunitario” de las comunidades Diaguitas. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y tuvo por objetivo reclamar por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación minera. Tomaron distancia de los representantes de las comunidades que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Representantes de comunidades diaguitas de Belén, Andalgalá y Santa María, expresaron que marcharon en "malón" hasta la Legislatura en homenaje a sus ancestros para pedir legislaciones que los protejan en sus derechos.
La cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez ofició de vocera del grupo: "Estamos aquí para que no se vulneren nuestros derechos, por eso solicitamos legislación. Defendemos un derecho comunitario, defendemos el buen vivir para nosotros, porque sin territorio y sin agua no se viviría. Sabemos bien que las mineras contaminan y no hay futuro”, sostuvo. "Queremos defender nuestra tierra", expresó y reclamó por la ausencia de servicios para la zona de la Puna.
Gutiérrez recordó que habían expresado su oposición a la aprobación del RIGI, pero no fueron tenidos en cuenta.
"No nos han tenido en cuenta y queremos que lo hagan, no pueden vulnerar derechos de muchas comunidades", añadió.
“Tenemos el ‘oro caminante’ como lo llamamos, que es la fibra de vicuña. Un poncho está cotizado en 2 o 3 millones y no ganamos en una mina lo que se puede ganar con eso. Lo que nos hace falta es un poco de apoyo desde el Estado. Ellos dicen 'tenemos minas y vamos a garantizar todo', pero no tenemos servicios, por eso reclamamos, exigimos que nos dejen vivir en paz”, indicó en declaraciones a la prensa.
Más adelante enfatizó: “Reclamamos y exigimos que nos dejen vivir en paz porque el Estado nunca ha garantizado los derechos, la salud, la educación, caminos y muchas otras cosas. Nunca nos atienden los teléfonos, no nos escuchan y somos autoridades”.
En ese sentido, expresó su malestar porque la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que conduce Marcelo Rivero, recibe a otra parcialidad de las comunidades originarias. “No nos escuchan. Molesta porque no toman en cuenta a las autoridades indígenas, pudiendo ser nosotros los que estemos ahí y no estamos, son otras personas que viven en la ciudad, sin saber la problemática que existe en territorio”, afirmó.
Tras la presentación de su reclamo a la prensa, el malón del buen vivir comunitario se dirigió hasta la Legislatura provincial. "No le vamos a rogar a nadie, si nos quieren escuchar bienvenido sea. Vamos a seguir luchando, con las marchas, vamos a seguir caminando", expresó Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del grupo cerró la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas puedan trabajar en la minería.
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Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas

Fecha de Publicación: 12/11/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación en ese organismo desde que Gerardo Werthein asumió como embajador
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El Presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo. El diplomático está por estas horas en Buenos Aires contribuyendo con el canciller en la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en ONU es Fabian Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
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Cortes y reclamo mapuche en Vaca Muerta: dictaron la orden de desalojo por los caminos bloqueados

Fecha de Publicación: 17/09/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Desde las 8 de la mañana, comunidades mapuches cortan cinco puntos clave de Vaca Muerta, exigiendo cumplimiento de acuerdos.
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén comenzó un bloqueo de rutas en varios puntos estratégicos de Vaca Muerta, como parte de una protesta por tiempo indeterminado. Mirá dónde realizan los cortes.
Según informaron desde la Zonal a Diario RÍO NEGRO, alrededor de las 13 se libró una orden desalojo a pedido del fiscal Juan Narváez, aunque por el momento se mantienen los bloqueos.
«Seguimos, no hemos tenido respuesta a nuestro reclamo», expresaron este lunes por la tarde.

Cortes en puntos clave de Vaca Muerta: mapuches bloquean los accesos
La protesta se concentra en cinco puntos estratégicos vinculados a la industria del fracking y los basureros petroleros. Estos sitios, considerados como «centros de contaminación» por los manifestantes, incluyen las instalaciones de Servicios Ambientales Neuquén (SAN), Indarsa, Ecopolo, Treater y Comarsa.
Según las comunidades, estas plantas de tratamiento de residuos petroleros operan sin respetar las normativas ambientales vigentes, con el conocimiento y la inacción de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Los bloqueos se instalaron en las rutas de acceso a estas plantas, ubicadas en su mayoría en cercanías de la localidad de Añelo, corazón de la industria petrolera de Vaca Muerta. Los manifestantes sostienen que no se retirarán de los cortes hasta obtener una respuesta concreta por parte del gobierno provincial.

Ubicaciones de los puntos de bloqueo:
Servicios Ambientales Neuquén (SAN): Ubicada en la Ruta 7, a 10 km del ejido de Añelo.
Indarsa: Planta en Ruta Provincial 17, Km 9,5, Añelo, en Neuquén.
Ecopolo: Situada en la Ruta Provincial 17, cerca de Añelo.
Treater: Planta en el Parque Industrial de Añelo, Lote 56, Ruta Provincial 17.
Comarsa: Planta en el Parque Industrial de Añelo, sobre Ruta Provincial 7.
Las comunidades mapuches declararon que mantendrán los bloqueos de manera indefinida hasta que se logren avances en sus demandas, señalando que ya no aceptarán mesas de diálogo sin resultados.

Cortes en Vaca Muerta: claves para entender el conflicto entre Rolando Figueroa y las comunidades mapuches
Las comunidades mapuches exigen la ejecución de compromisos asumidos por el gobernador Rolando Figueroa y denunciaron el incumplimiento de acuerdos que llevan más de 10 meses sin respuesta.
Las demandas de las comunidades mapuches incluyen, entre otros puntos, el registro de personería jurídica para varios lof de la región, la clausura de los basureros petroleros que operan sin cumplir con las normas ambientales y la mensura de tierras para distintas comunidades.
Los manifestantes subrayaron que el gobierno provincial no dio respuesta a sus reclamos, a pesar de haber sostenido numerosas reuniones que no arrojaron resultados concretos.
Además, los mapuches exigen la creación del Registro de Comunidades y Organizaciones Mapuche, comprometido por decreto en febrero de 2023, la aplicación de la educación intercultural en los departamentos de Confluencia, Añelo y Pehuenches, y la provisión de servicios básicos como gas, luz y agua para los territorios afectados por la explotación de Vaca Muerta.
Denunciaron que la población rural, tanto mapuche como local, sigue siendo excluida de estos servicios fundamentales, a pesar de vivir en zonas que albergan infraestructura petrolera.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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Río Negro: la minería avanza a paso firme y Weretilneck logra un guiño de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones de la meseta le ponen fichas al desarrollo en la provincia. Algunas voces mapuches se desmarcan de sus pares. El mensaje del gobernador.
Mientras se ultiman las condiciones para que se inicie el proyecto Calcatreu, el reservorio de oro y plata que es la punta de lanza del desarrollo de la minería a gran escala en Río Negro, Ingeniero Jacobacci fue sede de un encuentro de organizaciones que se destacó por las manifestaciones a favor de la actividad y el aval de una comunidad originaria, que deja en carne viva la división del pueblo mapuche.
La reunión del último fin de semana congregó a diversas figuras de la política local, organizaciones sociales y sindicales. Se destacaron integrantes de la comunidad Peñi Mapu de Lepitrén Chico, que reconocieron a la explotación minera como principal esperanza regional. Esta expresión se diferencia de la de algunos voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche, un espacio crítico del gobierno provincial, que anticipó acciones si la minería sigue su curso.
Fue el gobernador Alberto Weretilneck el que celebró la reunión, utilizada para explicar aspectos técnicos del proyecto. “La comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso. Quiero destacar este respaldo masivo que refleja un profundo deseo de trabajo y bienestar”, matizó en sus redes.

Reunión ampliada
La foto en el estadio polideportivo de Jacobacci se capturó a poco de la convocatoria al Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), citado especialmente la última semana con el objetivo de inspeccionar el territorio. El Copeam está compuesto por integrantes de la Legislatura, representantes de universidades, comunidades mapuches donde se emplazan los yacimientos (en este caso, a 80 kilómetros de Jacobacci) y autoridades de la Secretaría de Energía rionegrina.
En las últimas horas se oficializó que la audiencia pública del proyecto se desarrollará a finales de agosto, luego de la visita de figuras del partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, acompañadas por referentes de la oposición. El que condujo al segundo grupo fue Juan Martín, flamante presidente del PRO rionegrino.

A favor de la minería en Río Negro
Más de 600 personas llegaron a Jacobacci desde Comallo, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Grande, San Carlos de Bariloche, Valcheta y Ñorquinco, convocadas a una charla informativa en la que se colgaron banderas a favor de Calcatreu y organizaciones sindicales de la actividad en la Patagonia.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fue uno de los gremios que más movilizó, al igual que los trabajadores de la construcción bajo el paraguas protector de la UOCRA. Según confiaron fuentes de la organización, hay “enorme expectativa” por la generación de puestos de trabajo. Se espera que el proyecto garantice alrededor de 700 empleos directos e indirectos.
“Estamos todos en el mismo carril, con la expectativa de que esto salga. El gobierno rionegrino, en general, apuesta al cambio y a este proyecto”, reconoció a Letra P el secretario de la seccional rionegrina de AOMA, Maximiliano Castro. “Calcatreu es el primero de los proyectos, es importante para los trabajadores que esto avance”, se sinceró ante la consulta de este medio.
Castro recordó inversiones de otras empresas, de la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, uranio o litio en roca. "Hay enormes posibilidades de inversiones y puestos de trabajo", atizó el dirigente sindical.
La expectativa es enorme por el número que se maneja. Aunque suena estadísticamente bajísimo, en la denominada Región Sur de Río Negro, la más extensa de la provincia y menos poblada, reside apenas el 3% de algo más de 700.000 habitantes.

Guiño local
Una de las integrantes de Peñi Mapu, Camila Onorio, vaticinó un auge a través del proyecto y profundizó las diferencias con otros sectores de las comunidades originarias. “Podemos acceder a varias cosas para mejorar la vida de los campesinos. Los jóvenes tendrán una posibilidad, una salida laboral”, vislumbró Onorio.
Las declaraciones coinciden con las del intendente local, el periodista José Mellado (JSRN). De linaje radical, con pasado en la corresponsalía del diario Río Negro, construyó poder y reconocimiento desde los medios, como docente en el instituto universitario ligado a la minería y en la presidencia de la cooperativa de agua local.
“Hay información y se siente otra perspectiva con Calcatreu”, dijo el aliado del gobierno provincial, que publicó un manual para estudiantes de 5° grado para una batalla cultural sin consentimientos.
El próximo mes será trascendental. Se inicia la fase final de una discusión de vieja data.
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En Salinas Grandes, una porción de la Puna resiste el desembarco de la minería del litio

Fecha de Publicación: 11/06/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Jujuy - Salta
 

En el territorio que se extiende alrededor de la cuenca de este gran salar que comparten las provincia de Salta y Jujuy, un bloque de comunidades logró frenar durante los últimos 14 años gran parte del avance de las mineras que pretenden extraer el “oro blanco”. La oposición al litio unió a las poblaciones kollas y demostró que están dispuestas a defender el ambiente que habitan.
Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración.  
Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. elDiarioAR viajó a la región junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un recorrido por algunas de las comunidades que habitan alrededor del salar financiado por la ONG ambientalista.
A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la minería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.
En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras twittear sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales.
Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.
Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.
El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

El salar  
Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no sólo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.
El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día de por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.
Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.
Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un “regalo del Padre celestial”. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.
Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.
El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. Pulso Ambiental se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.
Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.363 metros sobre el nivel del mar.
“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han demostrado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, afirmó.
“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.
En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.
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Proponen derogar normas que garantizan derechos de comunidades indígenas sobre tierras

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.
El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.
La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.

INAI
En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el INAI reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.
De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.
Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.
A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.

Mendoza
Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el INAI emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.
El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.

Activos
El ex gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y ex senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del INAI para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el INAI era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del INAI
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.
Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.

Río Negro
El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
 “Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.
Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), la Administración de Milei planifica eliminar el INAI.
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La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Fecha de Publicación: 16/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La sentencia también dicta que la provincia "deberá abstenerser de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral".
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
En este sentido la sentencia además dicta al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras".
La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitian, en representación de la Comunidad Originaria Atacameños.
El instrumento al que hizo lugar la Corte, solicita que se ordene a la provincia de Catamarca a revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros Ampliación de proyecto Fenix y Sal de Vida, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi PampaIncahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

Desdoblamiento del Estado
En el voto por mayoría emitido por  Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los ministros señalaron que "se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera".
Además señalaron que "También se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos - Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosas o dañina".
En este sentido advirtieron el desdoblamiento de los organismos del Estado: "Reviste gran importancia, el detalle e identificación de varios permisos de explotación de aguas subterráneas de la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, por Decretos del Poder Ejecutivo y Disposiciones para los proyectos mineros, lo que implica un desdoblamiento de las áreas del Estado Provincial, por un lado se emiten las DIA de los emprendimientos mineros, en la órbita del Ministerio de Minería de la Provincia; y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos), se tramitan y otorgan las concesiones del agua, esta modalidad atenta contra este estudio y análisis integral y acumulativo", señalaron los magistrados en la sentencia.
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