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Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
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Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Caputo suma denuncias por desmonte ilegal
Más denuncias contra Caputo
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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¿Originarios de la Meseta a favor de la minería en Chubut?
Referentes de pueblos originarios de la Meseta, a favor del desarrollo minero en Chubut
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes
Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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La otra cara del boom del litio
“No comemos baterías”
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Invisibilización de la cuestión indígena
“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche
Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche: un muerto y varios heridos en Río Negro
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Jujuy: protesta de indígenas por la minería
Marcha de comunidades indígenas: denuncian contaminación de las mineras en Jujuy
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Vaca Muerta y criminalización a mapuches
Criminalización y contaminación en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Presionados, el Senado aprobó la Ley de tierras
Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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La Ley de emergencia territorial y su posible caída
Ley 26160: “Sería un bochorno que se caiga el único programa estatal”
Fecha de Publicación: 14/09/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Para el letrado, sería preocupante que el Congreso no prorrogue la ley de emergencia territorial que suspendió el desalojo de tierras a las comunidades originarias. Advierte de que el relevamiento que comenzó en 2006 no supera 48% de censado. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostiene que el pueblo mapuche no obstaculiza la investigación.
El Senado de la Nación postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorroga por segunda vez la Ley 26160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. El tema pasó a formar parte de la agenda pública tras la desaparición de Santiago Maldonado, presuntamente tras una protesta que llevó adelante la comunidad mapuche.
La propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales está contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17 y en tratados internacionales. Pese a todo, fue la ley 26160 la que le dio verdaderas garantías a estos pueblos para que -durante los relevamientos correspondientes- se suspendan los desalojos de las comunidades originarias .
El problema es que el relevamiento – que comenzó en el año 2006- es muy complejo y está lejos de terminarse, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena. En este contexto, se comenzaron a escuchar las voces de quienes reclaman una nueva prórroga de la normativa.
De visita en Córdoba, Hualpa dialogó con este medio. Además de analizar el estado de aplicación de la ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y a la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación.
- ¿Qué es la ley 26160, cuya aplicación vence en noviembre?
La ley 26160 es el único programa estatal en materia de reconocimiento de tierras indígenas, que aunque tienen reconocidos sus derechos en la Constitución desde 1994 y en tratados internacionales son pueblos a los cuales les resulta sumamente difícil acceder al reconocimiento territorial. Esta ley fue sancionada en 2006 y luego fue prorrogada en dos oportunidades. Por un lado, ordenó la suspensión de los desalojos y, por otro, se estableció un mecanismo de relevamiento de los espacios territoriales. Dicho trabajo aún no terminó de hacerse. Hay quienes dicen que está relevado 30% de las tierras; el Gobierno habla de 48%. Lo cierto es que en cada provincia se ha avanzado de forma dispar. La mitad está en revisión de lo actuado y no se sabe lo que va a pasar, el ritmo es bastante tranquilo.
- ¿Qué pasa si no se prorroga a ley?
- Y sería un truncamiento grave que puede afectar a cientos de comunidades en todo el país; hay muchos pueblos originarios que están con juicios de desalojo. Creo que se prorrogará porque sería un bochorno, un verdadero escándalo que el único programa estatal se caiga. Además, podría generar un enorme caos que el Estado se retire o debilite sus políticas en esta materia. Tendría consecuencias gravísimas para estos pueblos originarios. El escenario sería muy preocupante.
- Este tema se pone en agenda tras la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre este tema?
- Para los que trabajamos desde hace tiempo en la temática, la ley 26160 y la falta de actividad estatal respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, no es novedad pero es cierto que este caso dramático ha puesto blanco sobre negro respecto de qué es lo que hay y lo que aún falta hacer en Argentina en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No es la primera vez que, en el marco de estos conflictos, los pueblos indígenas sufran muertes, heridas, incluso desapariciones. Lo que exhibe este caso, a diferencia de otros, es que estaba actuando una fuerza de seguridad en el momento que desaparece Maldonado y la actitud del Gobierno, lejos de ser seria y responsable, fue de negación. Afortunadamente, ahora se está revirtiendo esa postura que exacerbó los ánimos y multiplicó la crítica.
– ¿Cuál es la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación? ¿Se niegan a la búsqueda de Maldonado en sus tierras por ser considerada sagradas, tal como trascendió?
- La comunidad planteó condiciones. Tienen miedo, cada vez que ven un uniformado no están muy tranquilos pero descarto que la investigación se haya visto demorada por una actidudad poco colaborativa de la comunidad mapuche. Este pueblo está muy preocupado por Santiago, que fue a solidarizarse con ellos. Están consternados como estamos todos, ellos está pidiendo en todas las marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No hay quiebre entre la vocación de búsqueda de la familia, de la sociedad argentina y del pueblo mapuche.
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Fecha de Publicación: 14/09/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Para el letrado, sería preocupante que el Congreso no prorrogue la ley de emergencia territorial que suspendió el desalojo de tierras a las comunidades originarias. Advierte de que el relevamiento que comenzó en 2006 no supera 48% de censado. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostiene que el pueblo mapuche no obstaculiza la investigación.
El Senado de la Nación postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorroga por segunda vez la Ley 26160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. El tema pasó a formar parte de la agenda pública tras la desaparición de Santiago Maldonado, presuntamente tras una protesta que llevó adelante la comunidad mapuche.
La propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales está contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17 y en tratados internacionales. Pese a todo, fue la ley 26160 la que le dio verdaderas garantías a estos pueblos para que -durante los relevamientos correspondientes- se suspendan los desalojos de las comunidades originarias .
El problema es que el relevamiento – que comenzó en el año 2006- es muy complejo y está lejos de terminarse, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena. En este contexto, se comenzaron a escuchar las voces de quienes reclaman una nueva prórroga de la normativa.
De visita en Córdoba, Hualpa dialogó con este medio. Además de analizar el estado de aplicación de la ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y a la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación.
- ¿Qué es la ley 26160, cuya aplicación vence en noviembre?
La ley 26160 es el único programa estatal en materia de reconocimiento de tierras indígenas, que aunque tienen reconocidos sus derechos en la Constitución desde 1994 y en tratados internacionales son pueblos a los cuales les resulta sumamente difícil acceder al reconocimiento territorial. Esta ley fue sancionada en 2006 y luego fue prorrogada en dos oportunidades. Por un lado, ordenó la suspensión de los desalojos y, por otro, se estableció un mecanismo de relevamiento de los espacios territoriales. Dicho trabajo aún no terminó de hacerse. Hay quienes dicen que está relevado 30% de las tierras; el Gobierno habla de 48%. Lo cierto es que en cada provincia se ha avanzado de forma dispar. La mitad está en revisión de lo actuado y no se sabe lo que va a pasar, el ritmo es bastante tranquilo.
- ¿Qué pasa si no se prorroga a ley?
- Y sería un truncamiento grave que puede afectar a cientos de comunidades en todo el país; hay muchos pueblos originarios que están con juicios de desalojo. Creo que se prorrogará porque sería un bochorno, un verdadero escándalo que el único programa estatal se caiga. Además, podría generar un enorme caos que el Estado se retire o debilite sus políticas en esta materia. Tendría consecuencias gravísimas para estos pueblos originarios. El escenario sería muy preocupante.
- Este tema se pone en agenda tras la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre este tema?
- Para los que trabajamos desde hace tiempo en la temática, la ley 26160 y la falta de actividad estatal respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, no es novedad pero es cierto que este caso dramático ha puesto blanco sobre negro respecto de qué es lo que hay y lo que aún falta hacer en Argentina en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No es la primera vez que, en el marco de estos conflictos, los pueblos indígenas sufran muertes, heridas, incluso desapariciones. Lo que exhibe este caso, a diferencia de otros, es que estaba actuando una fuerza de seguridad en el momento que desaparece Maldonado y la actitud del Gobierno, lejos de ser seria y responsable, fue de negación. Afortunadamente, ahora se está revirtiendo esa postura que exacerbó los ánimos y multiplicó la crítica.
– ¿Cuál es la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación? ¿Se niegan a la búsqueda de Maldonado en sus tierras por ser considerada sagradas, tal como trascendió?
- La comunidad planteó condiciones. Tienen miedo, cada vez que ven un uniformado no están muy tranquilos pero descarto que la investigación se haya visto demorada por una actidudad poco colaborativa de la comunidad mapuche. Este pueblo está muy preocupado por Santiago, que fue a solidarizarse con ellos. Están consternados como estamos todos, ellos está pidiendo en todas las marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No hay quiebre entre la vocación de búsqueda de la familia, de la sociedad argentina y del pueblo mapuche.
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Terrible desmonte en territorio Chapa'í
En la comunidad Chapa'í de San Ignacio 'estamos devastados'
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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