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Catamarca: ordenan frenar explotación de litio

 


La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Fecha de Publicación
: 16/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La sentencia también dicta que la provincia "deberá abstenerser de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral".
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
En este sentido la sentencia además dicta al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras".
La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitian, en representación de la Comunidad Originaria Atacameños.
El instrumento al que hizo lugar la Corte, solicita que se ordene a la provincia de Catamarca a revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros Ampliación de proyecto Fenix y Sal de Vida, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi PampaIncahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

Desdoblamiento del Estado
En el voto por mayoría emitido por  Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los ministros señalaron que "se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera".
Además señalaron que "También se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos - Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosas o dañina".
En este sentido advirtieron el desdoblamiento de los organismos del Estado: "Reviste gran importancia, el detalle e identificación de varios permisos de explotación de aguas subterráneas de la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, por Decretos del Poder Ejecutivo y Disposiciones para los proyectos mineros, lo que implica un desdoblamiento de las áreas del Estado Provincial, por un lado se emiten las DIA de los emprendimientos mineros, en la órbita del Ministerio de Minería de la Provincia; y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos), se tramitan y otorgan las concesiones del agua, esta modalidad atenta contra este estudio y análisis integral y acumulativo", señalaron los magistrados en la sentencia.
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Documentan migraciones climáticas en el Gran Chaco

 


El cambio climático obliga a familias del Gran Chaco Americano a migrar local e internacionalmente

Fecha de Publicación
: 01/03/2024
Fuente: Diario Norte (Argentina)
Provincia/Región: Norte Argentino


De acuerdo al documento y la investigación que tuvo una duración de dos años, se ha evidenciado movilidades asociadas al aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua. De lo que se conoce la mayor cantidad de migraciones son a nivel interno, sin embargo, los testimonios de las autoridades locales exponen casos de migraciones internacionales.
"Los nivaclés de Cayin Ô’clim y de Uj’e Lhavos vinieron del Pilcomayo, y eso tiene que ver con el tema de la movilidad, porque ustedes saben que los pueblos chaqueños eran seminómadas. Que esto hasta hoy se nota. Y lo eran porque imagínense, en una situación como el Chaco donde a veces durante medio año hasta ocho meses no cae ninguna gota de lluvia, lógicamente la agricultura sería mortal, o sea, eso no puede ser. Entonces tenían que desarrollar otra economía. Y tenían una economía muy complementaria y para eso necesitaban ser móviles" , señala una persona entrevistada en Argentina y que refleja el estudio.
"Migraciones Ambientales en el Gran Chaco Americano" como se denomina el proyecto, se ha desarrollado a solicitud de un consorcio conformado por 11 autoridades subnacionales, de la sociedad civil, de una organización regional y de la academia. La iniciativa forma parte de la iniciativa "MIgration EU eXpertise+ (MIEUX+) que es financiado por la Unión Europea e implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD).
Se trata del primer diagnóstico en la región que aborda esta temática lo que ha obligado a los investigadores y especialistas a implementar una metodología  con múltiples herramientas como encuestas de  pre-diagnóstico, investigación documental, entrevistas virtuales semiestructuradas, trabajo de campo y sistematización de la información y finalización del documento de lineamientos de políticas públicas.  
Durante la investigación se ha entrevistado a más de 210 personas, procedentes de más de 12 pueblos diferentes recorriendo más de 6000 km en dos misiones. Igualmente se ha entrevistado a representantes de las comunidades Aymara (originalmente de la región andina de Bolivia), Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenayek y Wichi.
La investigación refleja la preocupación de las autoridades locales por los crecientes desastres ambientales y las profundas condiciones de sequía, eventos que, a su vez, han generado desplazamientos forzados de personas, sobre todo, jóvenes.
"Este documento se alimentó de las 3 primeras fases, mientras que el trabajo de campo fue realizado de manera independiente del equipo de investigación debido a que la indagación que debía levantarse obedecía en estricto sentido a recabar información de las autoridades locales y cómo las mismas pueden y deben diseñar políticas públicas" señala Giovanna Tipán Barrera una de las autoras del documento y la investigación.
El proyecto  no sólo aporta a la problemática de migraciones ambientales a través de un diagnóstico sobre la temática, sino que proyecta recomendaciones y propuestas desde lo público a través de un documento de lineamientos para política pública sobre migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano.
"Las autoridades, a pesar de ser actores protagónicos en el diseño de políticas públicas, expresan que las escasas oportunidades laborales que se ofrece a nivel local constituye otro de los factores que expulsan a la población, además, los procesos migratorios han desencadenado problemáticas sociales difíciles de contener desde los gobiernos locales que cuentan con presupuestos limitados", relata el informe.
Estas políticas públicas deben responder a los desafíos ambientales, el aumento de la temperatura; la sequía, la escasez de agua y el viento del norte; las inundaciones; el desmonte y los incendios; y los impactos negativos de la construcción de infraestructuras y otros proyectos de desarrollo, detectados en la investigación.
Las conclusiones apuntan a la urgencia de diseñar políticas públicas de migraciones ambientales debido a los desafíos que enfrenta la humanidad en relación al cambio climático y los desastres ambientales, su diseño permitirá abordar de manera efectiva las necesidades de los migrantes ambientales, proteger sus derechos y brindar asistencia.
El Gran Chaco Americano, con 9 millones de personas, más de 1,1 millones de km2 ubicados en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil es una región extensa que abarca diferentes ambientes ecológicos y condiciones climáticas extremas agravadas por la crisis climática y una elevada tasa de desmonte y se han construido múltiples proyectos de infraestructuras, con escasos beneficios para la población local.
En él habitan poblaciones indígenas de diferentes etnias, así como poblaciones criollas, cuyas formas y medios de subsistencia están estrechamente vinculados al territorio y están siendo fuertemente influenciados por la degradación ambiental.
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Jujuy: presentan cautelar para proteger un humedal

 


Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación
: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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Justicia de Río Negro revocó amparo contra minera

 


Revés judicial para mapuches: luz verde para la minería en El Bolsón

Fecha de Publicación
: 28/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Río Negro


En julio pasado, en Río Negro, ante un reclamo de comunidades de pueblos originarios, el juez de El Bolsón Marcelo Muscillo le prohibió a la provincia avanzar con” cualquier exploración, prospección, cateo o explotación” minera en territorios comunitarios.
Muscillo hizo lugar a una acción colectiva de amparo y le ordenó al Gobierno rionegrino “establecer un mecanismo de consulta con las comunidades originarias” actoras, tendiente a obtener “su consentimiento libre, previo e informado” respecto de cada uno de los proyectos mineros que se apliquen en los territorios que ocupan.
Además, el magistrado estableció que la Secretaría de Minería le debía notificar el contenido del fallo a todas las empresas que presentaron solicitudes respecto a las tierras reclamadas por mapuches y les vedó a las firmas ingresar, extraer muestras minerales o llevar a cabo “cualquier actividad relacionada con la actividad minera”.
La presentación que generó la decisión del a quo fue promovida por referentes de las comunidades Ancalao, Lofche Pulam LafkeAmulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y Mariano Solo; la Regional Andina de la Coordinadora del Mapuche de Río y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Apuntó contra los permisos otorgados a terceros por el Ejecutivo provincial -concretamente, por la Secretaría de Minería de Río Negro-.
En esa instancia, pidió que se frenara el “avance de cualquier tipo de exploración, prospección, cateo o explotación minera” dentro de territorios de las comunidades actoras.
La parte accionante tuvo éxito y el juez paralizó todo tipo de actividades hasta tanto se cumpliera con las consultas que dispuso.
“A fin de proceder a lo ordenado y de evitar la reiteración de situaciones similares, la Provincia de Río Negro deberá -a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y demás organismos pertinentes- poner a disposición de la Secretaría de Minería información compatible con la legislación minera respecto de las ocupaciones territoriales de las comunidades aquí presentadas”, estableció el fallo. Y sumó: “En lo sucesivo la Secretaría de Minería deberá obligatoriamente consultar con el CODECI respecto de la ocupación de Comunidades Originarias en el inicio de trámites de permisos que se apliquen en territorio de las amparistas”.
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro revocó el decisorio que paralizó los trabajos exploratorios de minería que la empresa Ivael Mining SA llevaba adelante en la zona andina de El Bolsón.
Los vocales Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Barotto y Liliana Piccinini argumentaron que el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios accionantes coinciden con las zonas que abarcan los permisos.
“La sentencia era contradictoria al aceptar que los estudios ambientales y demás actos administrativos realizados por el Ministerio de Ambiente provincial eran válidos, pero ordenaba su paralización”, agregaron.
A su vez, advirtieron que el juez sustituto Muscillo, previo a resolver, debió verificar que las tierras involucradas “exhibían posesión comunitaria ancestral” y que fueros aquellas “donde la autoridad de aplicación tramitaba las autorizaciones y/o permisos mineros cuestionados”.
Para los ministros de la máxima instancia de Río Negro, el error del juez de grado tornó incoherente y arbitraria su sentencia, toda vez que no es posible identificar cuáles son las prohibiciones, qué permisos pueden o no otorgarse y a quién debería efectuarse la consulta dispuesta.
“El pronunciamiento impugnado se vuelve contradictorio al rechazar la invalidez de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente en la materia y al mismo tiempo ordenar la suspensión”, concluyeron Apcarian, Criado, Barotto y Piccinini
La decisión del máximo tribunal de la provincia fue criticada por representantes de las comunidades originarias.

Vocero
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, rechazó el fallo. En declaraciones a Radio Nacional, en Viedma, afirmó que fue dictado “a la medida de los intereses extractivos”.
“Creo que en 40 años de democracia estas cosas no debieran pasar. Se pierde la calidad institucional de un organismo del que dependen todos los sectores más postergados y avasallados de la sociedad, como es la Justicia”, manifestó.
“Si no podemos confiar en que la Justicia respete las propias leyes que están vigentes, qué podemos esperar de las empresas, o de los gobiernos, que nos queda a nosotros, sólo cerrar las tranqueras y tener más problemas”, opinó.
Por último, el dirigente originario aseveró que las comunidades no van a permitir el ingreso de las empresas mineras a los territorios comunitarios.
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Mapuches bloquean basureros petroleros en Vaca Muerta

 


Comunidades mapuche bloquean basureros petroleros en Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 20/10/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Neuquén


Desde la Confederación Mapuche de Neuquén explicaron que la ocupación de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos busca visibilizar el reclamo por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de Neuquén.
Miembros de la comunidad mapuche iniciaron este martes un bloqueo al ingreso a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, para reclamar por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de la provincia de Neuquén.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la Confederación Mapuche exclamó: "Levantamos la voz desde el corazón de nuestro territorio, hoy denominado “Vaca Muerta” ya que la industria del fracking hasta los nombres de nuestros parajes modificó".
"Desde las primeras horas de hoy, hemos procedido a ocupar las instalaciones de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos de la industria hidocarburífera: Indarsa, Treater, SAN (Servicios Ambientales Neuquén) y Comarsa interrumpiendo todo tipo de tareas en estos basureros petroleros", añadió.
Según explicaron desde la Confederación, el objetivo de la medida de fuerza es "llamar la atención del poder Legislativo sordo que se ha burlado de nuestra urgencia permitiendo el envenenamiento de ríos, lagos, y territorio de todos, mapuches y productores de la provincia de Neuquén y negándose a incluir en la agenda legislativa la propuesta de convertir en Ley la CONSULTA LIBRE, PREVIA INFORMADA".
La Confederación manifestó, asimismo, que la negativa les llamó la atención, dado que "es el propio gobernador (Omar) Gutiérrez quien lo elevó por nota a principios de año y ha solicitado en actos públicos su urgente tratamiento", y agregó que "las razones esgrimidas es que quien decide la agenda de la Legislatura desde hoy es el gobernador electo Rolando Figueroa".
"A nosotros nos parece un manoseo infame que un derecho que tiene tres décadas de vigencia quede en los toma y daca de los bloques de poder", lamentaron y remarcaron: "No es complejo el tema. Se debe convertir en Ley el Decreto 108 que el gobernador aprobó a principios de este mismo año".
Por último, la Comunidad exigió el "tratamiento de ley de consulta previa, la ejecución de seguros ambientales a las operadoras que incumplen y la ejecución de contratos para que se cumpla con la legislación vigente", y aseguró que mantendrán la medida de fuerza hasta ser escuchados.
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Misiones: destacan rol de originarios en control de desmontes

 


"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación
: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
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Vuelven a rechazar la megaminería y el litio en Río Negro

 


Comunidades mapuches volvieron a rechazar la megaminería y el litio en Río Negro

Fecha de Publicación
: 09/10/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Se reunieron en Mamuel Choique y denunciaron que siguen las tomas de muestras en el territorio por parte de mineras. Hay un fallo en primera instancia que frenó las exploraciones y ahora debe resolver el STJ.
Comunidades mapuches de la Región Sur -cercanas a la cordillera- se reunieron el fin de semana pasado en Mamuel Choique para exponer la problemática de las exploraciones mineras en la zona y rechazar, una vez más, la megaminería y los cateos de litio en Río Negro.
En un encuentro en el que participaron miembros de las comunidades Nepun Curra, Río Chico, Fvta Anekon, PutrenTuli Mahuida, Carrilafken, Newen Ko, Mariano Epulef, el Codeci, la Coordinadora del Parlamento Mapuche y Asamblea en defensa del agua y el territorio de Wawel Niyeu, reiteraron el rechazo a las exploraciones mineras en el territorio en el que habitan, tal como lo vienen manifestando desde el año pasado cuando cerraron tranqueras en señal de protesta contra las exploraciones mineras que la Provincia había autorizado.
En julio, un fallo del Juzgado de El Bolsón frenó las exploraciones mineras en la región ante un amparo colectivo impulsado por siete comunidades mapuches, que exigieron la consulta previa, libre e informada, según rige en las normativas vigentes. Sin embargo, ayer se conoció que el caso fue apelado y el Procurador General, Jorge Crespo, sugirió con su dictamen al Superior Tribunal de Justicia que revoque la decisión.
«Una vez más, las comunidades mapuche sentimos el avasallamiento en nuestro territorio, porque el estado provincial viola reiteradamente los derechos que nos asisten como pueblo originario, tal como lo establece el convenio internacional n°169 de la OIT al que adhirió Argentina, que consiste en el derecho a la consulta previa, libre e informada que debe realizarse previo a cualquier actividad que se quiera llevar adelante en territorio de comunidades indígenas», expresaron las comunidades en un documento que difundió el Parlamento Mapuche.
Señalaron además que las comunidades «han vivido diferentes situaciones tal como encontrarse con desconocidos y foráneos que ingresaron al territorio a sacar muestras de rocas y suelo y dejar marcas sin siquiera avisar a la gente. Esto refleja la total y aberrante falta de respeto a la población y al territorio».
Agregaron que «desde que se dieron estos permisos, las familias también comenzaron a tener visitas tanto de representantes de empresas como funcionarios del estado provincial que intimidan a las
personas para que no se opongan al supuesto ‘desarrollo’. La misma estrategia de siempre: dinero, promesas de trabajo, captación de agua, mejoramiento de vivienda, a cambio del destrozo del ambiente».
Según el documento del Parlamento Mapuche, el objetivo de las exploraciones es el litio, que consideran parte de la megaminería «destructiva, contaminante y que ocasiona daños irreversibles», y cuestionaron que el supuesto desarrollo que traería ese mineral «no es para nosotros».
«Las comunidades mapuche reunidas en este trawn queremos que continúe la vida en el territorio, que siga siendo un ambiente sano, queremos que nuestros animales y nuestras familias sigamos tomando agua pura y limpia, queremos que sea así, ahora y para las futuras generaciones», expresaron.
Las comunidades mapuche hicieron un llamado a la población en general a unirse en defensa del agua y del territorio.
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Protesta en Misiones contra Arauco Argentina

 


Activistas y dos comunidades Mbya Guaraní realizaron una protesta contra Arauco Argentina “reforestando con especies nativas”

Fecha de Publicación
: 23/09/2023
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


La semana pasada, ArgentinaForestal.com publicó la política empresaria que lleva adelante Arauco Argentina SA con los avances del Programa Paisaje Productivo Protegido, en conjunto con la Fundación ProYungas que lidera el proceso con componentes socioambientales, de planificación territorial, comunicación y alianzas estratégicas para mejorar el diálogo con la comunidad donde está inserta.
En la oportunidad, directivos de la compañía informaron el patrimonio actual de tierras, explicaron que no se realiza operaciones forestales en áreas de Selva Misionera ya que la provincia tiene legislación vigente al respecto y también los estándares internacionales de servicios ecosistémicos y manejo forestal sustentable de FSC se los exige, entre otros aspectos socioambientales que están llevando adelante.
Arauco tiene en el país en total una superficie de 262.500 hectáreas, de las cuales 232.900 están en Misiones y 29.600 en el Delta del Paraná (Buenos Aires y Entre Ríos). De ellas, destina un 45% en forma voluntaria a la conservación de reservas naturales y áreas de bosques nativos, lo que representa 115.000 hectáreas, principalmente de Selva Misionera, un ambiente amenazado a nivel mundial.
La compañía no tiene planes de expandirse en Misiones tras la ultima aprobación de compra de los activos de la ex Pecom Forestal en 2004, desde entonces, su meta es lograr mayor eficiencia productiva en la misma superficie y avanzar para ello en la mejora continua de los aspectos socioambientales en el territorio.
Sin embargo, las preocupaciones siguen vigentes en el territorio. La Comunidad de Puente Quemado II  viene escalando en denuncias desde el 2022, cuando un incendio afectó las plantaciones de la empresa y también llegó hasta la zona de viviendas de los indígenas. Desde entonces, la comunidad reclama que se reforeste el área con bosques nativos: “No queremos pinos”, dicen.
Desde Greenpeace difundieron este martes un comunicado reflejando el reclamo que llevaron adelante junto a dos comunidades Mbya en la zona norte de Misiones. “Arauco es una corporación que opera en treinta países y en la provincia de Misiones tiene unas 230.000 hectáreas – NdR: un 45% en conservación voluntaria- , de las cuales cerca de 120.000 son plantaciones de especies exóticas donde antes había Selva Paranaense”.
En Misiones, según legislación vigente y datos oficiales del Ministerio del Agro y Producción hay 419 mil hectáreas forestadas de pino, eucalipto y araucarias , entre otras especies, en propiedades privadas con destino a uso de producción de madera renovable. Hoy, de la producción forestal se abastecen más de 600 industrias medianas, pequeñas y micro.
La provincia de Misiones es líder en el país en el desarrollo de la cadena de valor de la foresto-industria, y junto a la actividad del Turismo de naturaleza, se posiciona a nivel global por su desarrollo sostenible donde encontró un equilibrio entre la producción y el ambiente, con la aplicación de normativas y legislación vigente.
También tiene otras actividades productivas como té, yerba mate, tabaco, y otros cultivos agrícolas, donde antiguamente hubo selva.
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Represas generan tensiones en originarios de Santa Cruz

 


Pueblos originarios piden transición justa para último río glaciar de Argentina

Fecha de Publicación
: 08/09/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Agencia IPS


La construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en el sur de Argentina, interrumpe el cauce del río Santa Cruz desde el glaciar hasta el océano y mutila la espiritualidad de 15 comunidades mapuche, al tiempo que extreman aún más la presencia del ave macá tobiano.
Imagínese sí, de repente, dos megaobras arrasan con un cementerio en el que estaban sus abuelos o padres. Imagínese, además, que el último de los ríos glaciares, que conecta hielos eternos con olas urgentes, se ve mutilado por dos moles que prometen generar energía limpia en un país de raigambre en hidrocarburos.
Por último, imagine que todo eso fue en vano, que las lluvias se retiran, y que el potencial hidroeléctrico imaginado al principio, quede reducido a unas gotas, en gran medida por acción del cambio climático.
Eso es lo que puede ocurrir en el sur de la Patagonia argentina con el río Santa Cruz, el último de los canales glaciares, distinguido por un caudal turquesa que es identidad y fuente de recursos para muchas personas, en particular, 15 comunidades originarias que desde 2017 reclaman la interrupción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Argentina las levanta con una inversión de 4700 millones de dólares aportados por la empresa china Gezhouba Group, sancionada por el Banco Mundial en 2015 por mala praxis en proyectos de infraestructura sobre agua.
“Hay toda una publicidad acerca del cambio climático. Por un lado, se habla de eso y, por el otro, las políticas que se desarrollan están totalmente de desacuerdo con esa preocupación que tienen todas las personas, incluso también nosotros como pueblos originarios. Y tiene que ver con esta cuestión del extractivismo”.
La que habla es Silvia Saldivia, una de las mapuches que integran la mesa coordinadora conformada tras una demanda ganada por los indígenas en 2017 y que, en teoría, busca que la transición energética no atropelle sus costumbres, economías, formas de vida y espiritualidad. Aunque, de momento, sin resultados.

Transición justa
Comunidades mapuches y tehuelches, junto con otros integrantes de la sociedad civil, demandaron al Estado en 2017 por la ausencia de una consulta previa a la proyección e inicio de las obras, tal como rige en el convenio 169 de la OIT y la Constitución argentina por la construcción de las presas que, en un principio, iban a llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernik.
El informe Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica advierte que “el proyecto compromete un ecosistema natural de alto valor de preservación, tendrá varios impactos en la vida y cultura de pueblos indígenas tehuelches- mapuches y constituye una amenaza para el acceso al agua de generaciones futuras, además de poner en peligro de extinción a un ave endémica, el macá tobiano”.
También afirma que se vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas afectados y señala que «aunque la etapa de ejecución de sentencia está vigente la consulta no se ha realizado”.
En la mesa de diálogo “se pensó y se habló de proyectos de desarrollo para las comunidades, en resarcimiento por no haber hecho la consulta previa. Estuvimos como cuatro años escribiendo estos proyectos de desarrollo para cada una de las comunidades y la última respuesta que tuvimos de una autoridad de energía del gobierno nacional fue que lo que nos podían dar eran planes sociales”, relata Silvia.
Y añade: “Deja mucho que desear esta cuestión y no estaba pautada esta forma de trabajo, porque el plan social o el plan que da la nación es insuficiente y es limitado con respecto a lo que piden las comunidades originarias”.
Las consultas a la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, que representa a la provincia en la mesa de diálogo, no pudieron ser resueltas.
Los indígenas reclaman, en primer lugar, acceso a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales, mucho antes del genocidio conocido como “Campaña del Desierto”, que entre 1878 y 1885 anexionó a la República Argentina la extensa Patagonia, cuna productiva de yacimientos hidrocarburíferos, pesca industrial y ganado ovino y caprino.
Poder tener su propio territorio, desarrollar turismo sostenible y producir alimentos sin agroquímicos en sus huertas, son las actividades que las comunidades mapuche y tehuelche quieren realizar en su lugar de pertenencia. Actividades que han ido a contramano de los intereses extractivistas de autoridades y empresas.
En marzo de 2020, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) y representantes  originarios presentaron una denuncia y solicitaron medidas cautelares a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que consideran al sistema de cuencas de ríos patagónicos como sujeto de derechos ambientales y humanos.
“La realidad es que siempre la visión que se tiene de pueblos originarios o de la gente indígena es que estamos sumidos en la pobreza. En realidad muchos de nosotros estamos empobrecidos, pero no porque seamos pobres intelectualmente, sino que ha habido un plan sistemático para despojarnos de nuestros lugares, para despojarnos de lo que se llaman ‘recursos naturales’, que para nosotros no solamente son recursos naturales, sino seres vivientes. El agua, el río es un ser viviente, la tierra también”, exclama Saldivia.
El pedido a la CIDH para que ordene la suspensión de las obras que levantan Cóndor Cliff y La Barrancosa solo fue cumplido por una interrupción en los pagos por parte de China, que ya se restablecieron, al punto que en estos días llegará un nuevo desembolso.

Proyecciones climáticas
El río Santa Cruz conforma la tercera cuenca más importante de Argentina, detrás de la cuenca Del Plata y la del Río Negro. Tiene una longitud de 385 kilómetros, aunque sumando a sus afluentes alcanza los 543.
Nace en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas son de origen glacial, del deshielo de los ventisqueros del parque nacional Los Glaciares. Desemboca en el océano Atlántico, en un estuario que comparte con el río Chico.
Las construcciones de las represas hidroeléctricas están ubicadas a 150 kilómetros de la ciudad de El Calafate, al este de Santa Cruz. Según los planes de obra, Cóndor Cliff tendrá 68 metros de altura máxima, 1613 metros de longitud y contendrá cinco turbinas que generarán por año 3167 gigavatios- hora (Gwh).
Será una represa de concreto, con materiales sueltos presentes en el entorno del lugar y con pantalla de hormigón.
La Barrancosa, en tanto, tendrá una de 41 metros en su punto máximo, una extensión de 2.445 metros y contará con tres turbinas que abastecerán 1780 Gwh por año. Se generará un lago que conecte a las estructuras cuando comiencen a funcionar.
Si todo sale tal cual la empresa china lo tiene previsto en su plan de acción, en abril de 2024, cuando se instale la última de las ocho turbinas previstas, ambas obras estarán en condiciones de comenzar a proveer energía en su máxima capacidad, equivalente al 4,5 % de la oferta de energía eléctrica nacional, lo cual alcanzaría para abastecer a unas 700 000 familias.
Todo eso, si el clima lo permite. Originalmente, el clima predominante en la región conocida como “fin del mundo” es semidesértico patagónico, con frío seco y vientos constantes procedentes del Pacífico que, en el caso de Santa Cruz, son filtrados por la majestuosa cordillera de los Andes.
Por su abundancia de ríos interiores, América del Sur -y en particular Brasil y Argentina- experimentó la tasa de crecimiento de energía hidroeléctrica más rápida y se convirtió en la región con la segunda mayor capacidad añadida en el mundo.
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la energía hidroeléctrica es la principal fuente de generación de electricidad en la mayoría de los países de América Latina y representa 45 % del suministro total de electricidad de la región.
Sin embargo, los impactos del cambio climático podrían perturbar el correcto funcionamiento al aumentar la variabilidad en el caudal, cambiar los caudales estacionales e incrementar las pérdidas por evaporación de los embalses.
Asimismo, la escasez de agua proyectada debido al derretimiento de los glaciares junto con las sequías podría afectar la generación de energía hidroeléctrica en regiones donde las plantas dependen, en gran medida, del agua de los glaciares, como es el caso del río Santa Cruz.
“Los cambios en las precipitaciones también alterarán el potencial, la producción de generación, el nivel máximo y las variaciones estacionales de la energía hidroeléctrica. Los patrones de precipitación erráticos podrían provocar escasez de agua y preocupaciones sobre la interrupción de la generación de energía hidroeléctrica”, indica el informe.
Y hace dudar si la megaobra es o no una buena idea.
En su plan oficial de Transición Energética, con vistas a 2030, Argentina aspira a generar 57 % de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables, construir 5000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, y reducir en 8 % la demanda total de energía, entre otras cosas.
Para lograrlo, debe reducir el empleo de combustibles fósiles 35 % antes del final de década por medio de la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar.
Argentina tiene más de 20 000 megas en proyectos hidroeléctricos y un plan diseñado para que parte de la renta de las hidroeléctricas vaya a un fondo que permita potenciar aún más ese desarrollo.
“Aumentar la capacidad de generación de centrales hidroeléctricas de gran escala (mayores a 50 MW) conectados a la red.
Se trabajará en diversas políticas que incluye la extensión de la vida útil de las centrales existentes, la renovación y modernización de su tecnología con acciones de repotenciación, y el diseño, proyección, construcción y puesta en marcha de nuevos complejos hidroeléctricos, como los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, actualmente en construcción”, dice el plan. Y advierte: “Se incluyen proyecciones climáticas para la evaluación de nuevos proyectos hidroeléctricos”.
La disminución general en la disponibilidad de agua en todas las regiones es un impacto también identificado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
“En todas las regiones se identifica también el riesgo de limitación de la generación hidroeléctrica por disminución en la disponibilidad de agua, que también está relacionado con vulnerabilidades previas existentes como la insuficiente diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica y falta de participación provincial en las políticas energéticas nacionales”, aduce el informe.
En diálogo con Climate Tracker, la ministra de Energía de Argentina, Flavia Royon, admite que “el rol de la hidroeléctrica es prioritario y estratégico, porque más allá de la energía limpia que produce la hidroeléctrica, también hoy es fundamental por un tema de gestión del agua. Hoy la gestión del agua es un tema preponderante en la agenda y la energía hidroeléctrica también te posibilita eso”.
El gobierno argentino espera que la primera turbina inicie operaciones en el primer trimestre de 2025, al tiempo que las comunidades afectadas esperan la resolución de las obras y que se les respeten sus peticiones, consagradas en la Justicia.
Ante la consulta sobre si puede llegar a ser una complicación para el futuro del proyecto tener sequías impensadas en Patagonia, la ministra respondió que «en cambio climático, así como hay años de sequía, hay años de inundaciones, entonces lo importante acá es justamente la gestión del recurso».
Es justamente ese recurso, el agua, el que está más que nunca en discusión, a la sombra de la transición energética. Un recurso que para los indígenas es un ser viviente, al igual que la tierra.
Sea en Jujuy, donde le acecha el litio; en la Patagonia norte, con los pozos y las secas de Vaca Muerta; o cerca del fin del mundo, donde navegan los espíritus de nuestros ancestros.
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Comunidad catamarqueña contra proyecto minero

 


La comunidad de Peñas Negras se manifestó en contra de la minería

Fecha de Publicación
: 05/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


La empresa minera Elevado Gold impulsa el proyecto minero Alto El Mulato en el territorio de la Comunidad.
Para la Comunidad Indígena de Peñas Negras, "la Corpachada de 1 de agosto tuvo un significado no sólo cultural sino también político: defender a la Pachamama de la actividad minera", contó la abogada de los comuneros Andrea Morales.
En una asamblea comunitaria que tuvo lugar en El Hunquillar, los comuneros se reunieron con la secretaria de Desarrollo Minero, Olga Teresita Regalado, y el director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos Originarios, Emanuel Fiol, “donde se llevó a cabo por primera vez con la Comunidad un procedimiento de consulta y dijeron que no”, dijo Morales.
“Desde hace ya casi dos años, las familias comuneras de la Comunidad Indígena de Peñas Negras vienen sosteniendo una lucha territorial contra el gobierno provincial y la empresa minera Elevado Gold, que pretenden llevar a cabo el proyecto minero Alto El Mulato en el territorio de la Comunidad y sin el consentimiento libre, previo e informado de la misma”, contextualizó la abogada.
Según explicó la asamblea se desarrolló el martes 25 de julio, en una asamblea comunitaria que tuvo lugar en El Hunquillar, Comunidad de Peñas Negras, y en la que estuvieron presentes los funcionarios Regalado y Fiol, “En dicha oportunidad, y a insistencia del Ministerio de Minería, el cacique Sebastián Gutiérrez convocó a todos los miembros que integran la Comunidad para que manifiesten su posición respecto al proyecto minero y la respuesta fue un no a la actividad minera en sus territorios”, contó la representante legal.
En una asamblea celebrada en marzo, las autoridades indígenas de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, reunidos con la misma funcionaria, le habrían manifestado –según consta en actas– que “la minería era incompatible con su modo de vida y que no se permitían actividades mineras en sus territorios. Sin embargo, la empresa minera Elevado Gold se introdujo en la región con permiso del Ministerio de Minería, desatando un conflicto social al interior de la comunidad al pretender llevar a cabo prospecciones y tomas de muestras sin el consentimiento de las familias comuneras que habitaban en el lugar donde se localiza el pedimento minero”, dijo.
La abogada explicó que “en numerosas oportunidades, en reuniones previas con el Ejecutivo, o bien a través de comunicados públicos, la Comunidad había manifestado su posición y pedido que se respeten sus derechos como pueblo originario a ser consultados y a solicitarse su consentimiento libre, previo e informado ante cualquier proyecto o decisión que afecte sus intereses, según es su derecho reconocido internacional y nacionalmente”.
“El martes 27, las y los comuneros de Peñas Negras fueron exponiendo su posición y sus razones, denunciando todos los atropellos de los que han venido siendo objeto por parte del gobierno, la fiscalía de Belén y la empresa, todo lo que han venido sufriendo todo este tiempo y que no quieren minería en sus territorios y que se respete su decisión y su derecho a ser consultados y dar su consentimiento en los asuntos que son de su interés”, detalló.
El procedimiento de consulta tiene que tener lugar conforme a los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú), para lo cual la Unión Diaguita de Belén cuenta con un protocolo y al cual debe ajustarse cualquier procedimiento de consulta que pretenda llevar a cabo el gobierno.

Tercer malón por la paz
Por otra parte, la Comunidad Indígena de Peñas Negras, junto con las Comunidades Indígenas de Laguna Blanca, Corral Blanco y Llastay Ñan, pertenecientes a la Unión Diaguita de Belén, participaron del Tercer Malón de la Paz, encontrándose el día 27 en la localidad tucumana de Tafí del Valle con representantes de las comunidades indígenas de Jujuy que iban marchando hasta Buenos Aires como protesta contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales.
En esa oportunidad se realizó una asamblea entre la Unión Diaguita de Belén y autoridades y representantes de las comunidades indígenas que conforman la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, mancomunando las luchas territoriales en defensa de la Madre Tierra.
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Río Negro: Juez suspendió la minería en territorios mapuches

 


La justicia suspendió la minería en territorios de una comunidad mapuche en Río Negro

Fecha de Publicación
: 28/07/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


El juez de El Bolsón Marcelo Muscillo le prohibió a la provincia el "otorgamiento de permisos de exploración, prospección, cateo o explotación minera dentro del territorio de las comunidades mapuche" que habían presentado un amparo colectivo. La medida rige hasta tanto se cumpla el "mecanismo de consulta". Celebración en la comunidad. La empresa australiana que había obtenido los avales.
"Logramos poner un freno al extractivismo en Río Negro, es una victoria colectiva y comunitaria del Pueblo Mapuche Tehuelche, marichiweu (venceremos)", dijo a Página12 el referente Orlando Carriqueo, al tiempo que compartió la sentencia favorable a las comunidades originarias dictada por el juez sustituto de El Bolsón, Marcelo Muscillo. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por siete comunidades mapuches contra el gobierno de Río Negro pidiendo el cese de cualquier actividad minera en sus territorios. Esa medida había sido solicitada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, las comunidades Ancalao, Mariano Solo, Lofche Pulam Lafken, Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. En su pedido, los amparistas alegaron "una afectación de las comunidades" en sus territorios producto de las actividades mineras.
La medida estableció que la Secretaría de Minería deberá notificar el contenido del fallo "a todas las empresas que hayan presentado solicitudes respecto a los territorios mencionados, quienes no podrán ingresar a los mismos, ni extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la actividad minera".
El juez ordenó a la provincia de Río Negro implementar un mecanismo de consulta con las comunidades originarias a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos mineros en sus territorios. Mientras tanto, dispuso la prohibición de avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o explotación. En concreto, el amparo resuelto favorablemente frenó las iniciativas para la extracción de oro y plata proyectadas por la empresa australiana Ivael Mining --que opera en San Juan y había obtenido los primeros avales en Río Negro en abril de 2021--, en la zona de Ñorquinco, Colan Conhue, Pilquiniyeu del Limay, Blancura Centro, Mencue, Laguna Blanca y Cañadon Chileno.
Según la resolución, a la que accedió este diario, la Secretaría de Minería deberá notificar a todas las empresas mineras la imposibilidad de ingresar a los territorios, ni extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la minería. El juez Muscillo mencionó un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 2021 que hizo lugar a un reclamo de comunidades originarias de la zona de Villa Pehuenia, que "cuestionaron la creación de un nuevo municipio en el lugar, sin haberse verificado la consulta previa". El magistrado también invocó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la consulta previa en Argentina a las comunidades originarias respecto de cualquier decisión que recaiga en sus tierras.
En tanto, la provincia de Río Negro no habría desconocido el proceso de la consulta, pero a su criterio debe realizarse antes de las tareas de explotación "y no de las que se está actualmente en proceso de autorización, es decir las de exploración". Sin embargo, el juez consideró que la consulta debe cumplirse en la primera etapa, previamente a la autorización de exploración, tal como sostuvieron las comunidades amparistas consideraron. Para ellas, las actividades que se realizan implican "afectaciones territoriales" y que "la consulta debe prosperar antes de dar cualquier autorización, aún para tareas preliminares".
Dijo Muscillo: "Una consulta de buena fe debe hacerse en el inicio del proyecto. No resulta respetuoso el escenario que puede advertirse en la actualidad, con un avance significativo de los expedientes, tanto en su tramitación como en la actividad desplegada en el terreno, sin haber siquiera informado a quienes viven en el lugar". Y citó la ley provincial 3266 de Evaluación de Impacto Ambiental que establece la exigencia de la consulta libre e informada antes de cualquier autorización. En este sentido, la norma no diferencia entre autorizaciones de exploración o de explotación y en todos los casos exige que los estudios e informes de impacto ambiental se dispongan en la primera etapa.
El fallo estableció que "corresponde que la Secretaría de Minería suspenda el trámite de todas las solicitudes que abarque total o parcialmente el territorio de las comunidades amparistas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar cualquier tipo de autorización, sin importar a qué etapa de la actividad minera se refiera". Y dispuso que la Secretaría de Minería notifique a las empresas solicitantes que, "hasta tanto se reanuden los expedientes --es decir, con posterioridad a la consulta obligatoria-- debe cesar cualquier tipo de presencia de su personal o de sus bienes en dichos territorios, retirando todo implemento que se haya dispuesto en el lugar para proceder a la actividad minera, sancionando su incumplimiento".
El magistrado indicó que "a fin de proceder a lo ordenado y de evitar la reiteración de situaciones similares, la Provincia de Río Negro deberá --a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI)-- poner a disposición de la Secretaría de Minería información compatible con la legislación minera respecto de las ocupaciones territoriales de las comunidades aquí presentadas". Y agregó que "en lo sucesivo la Secretaría de Minería deberá obligatoriamente consultar con el CODECI respecto de la ocupación de Comunidades Originarias en el inicio de trámites de permisos que se apliquen en territorio de las amparistas".
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Neuquén: Mapuches querellantes contra Comarsa

 


La Confederación Mapuche de Neuquén será querellante en una causa por contaminación

Fecha de Publicación
: 06/07/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La firma denunciada es Comarsa, que tiene plantas de tratamientos de residuos hidrocarburíferos. La confederación de prensa convocó a los medios para dar detalles de su posición en la causa penal contra la firma.
La Confederación Mapuche de Neuquén (Zonal XawvnKo) confirmó que será parte querellante en una causa penal por contaminación ambiental, contra una empresa. La firma denunciada es Comarsa.
Según se precisó, el proceso lo lleva adelante en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de la Provincia de Neuquén, por esta razón desde la confederación se realizará una conferencia de prensa este miércoles 5 a las 10, en Avenida Leloir y Entre Ríos, para dar detalles sobre la acción.
La causa, contra el basurero petrolero lleva como nombre «Comarsa s/ contaminación ambiental» y tiene como denunciantes a la Asociación Argentina de Abogados Ambientales.
«Durante años hemos expuesto pública y judicialmente la contaminación que producen todos los basureros petroleros de la región, denunciando el manejo irregular de los voluminosos residuos que genera la industria del fracking y la ausencia de control de la Secretaría de Ambiente provincial», expresa un comunicado difundido por la confederación durante la tarde del martes.
Desde la organización que representa a varias comunidades afirmaron que en los últimos años se vio una «proliferación de plantas de tratamientos de residuos hidrocarburíferos sin control». Por esta razón, es que resaltan la participación que la confederación tuvo en el cierre de la planta de Comarsa, pero también de Indarsa, en la capital de Neuquén.
También recordaron que se presentaron en audiencias públicas en la localidad de Añelo, exigiendo que no se instalen esas locaciones en proximidades de la población pero que los «pedidos fueron desatendidos». Esto último viola la legislación que establece una distancia mínima de 8 kilómetros de zonas pobladas.
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Legisladores originarios piden diálogo por el litio en Jujuy

 


Senadores kollas piden más diálogo sobre la explotación del litio

Fecha de Publicación
: 26/06/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El conflicto social en la vecina provincia motivó un pronunciamiento impulsado por 18 senadores provinciales. Representantes de departamentos de la Puna sostuvieron que la violencia se asienta en el creciente interés por el litio, y reclamaron que el gobierno de Salta elabore un plan minero en diálogo con las comunidades.
Los vínculos, geográficos, culturales, de sangre, que unen a Salta y Jujuy se expusieron ayer en la sesión de la Cámara de Senadores, en la que la ebullición social y la represión a manifestantes, sobre todo a las comunidades indígenas, en la vecina provincia encendió luces de alarma.
"Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna", advirtió Walter Cruz, senador kolla, representante del departamento Iruya. “Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, agregó Leopoldo Salva, del vecino departamento Los Andes y también kolla.
La discusión fue habilitada por un proyecto de declaración firmado por 18 senadores del oficialismo provincial, Mashur Lapad, Diego Cari, Héctor Calabró, Sonia Magno, Leopoldo Salva, Marcelo García, Walter Cruz, Esteban D'Andrea, Alfredo Sanguino, Daniel D'Auria, Sergio Ramos, Dani Nolasco, Maniel Pailler, Carlos Rosso, Emiliano Durand, Javier Mónico, Jorge Soto y Walter Aban, en el cual se manifiestan "preocupación por la grave situación social que atraviesa la Provincia de Jujuy", expresan su deseo de que haya "diálogo" y repudian el "uso de la violencia".
“(Salta y Jujuy) Compartimos un mismo territorio, la Puna, compartimos una misma cultura, los mismos paisajes” y “compartimos siempre los mismos problemas también”.
“Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, sostuvo Salva, el que expuso con mayor énfasis la cuestión del litio como motivo para el crecimiento de la conflictividad social, y el aumento de la violencia represiva, en la provincia de al lado.
Salva (del bloque Evita Conducción) hizo un llamado a la reflexión, a dialogar. “Este problema surgió por la gran desinformación que hay en la zona, no hay una política clara de cómo se quiere trabajar, no hay una política de participación de las comunidades y por eso suceden estos problemas, por la falta de diálogo permanente”, señaló.
En su visión, lo que pasa en Jujuy tiene que servir al gobierno de Salta “para realizar una política clara con la actividad minera, con los territorios, con nuestros humedales, con nuestros paisajes, con nuestra zona”, porque “si no hay una política clara, un programa claro de gobierno de la minería, nos van a surgir lo mismos problemas”, insistió. Habitante de San Antonio de los Cobres, donde están los proyectos de litio en Salta, contó que “hoy se están discutiendo estos temas en nuestras regiones, qué va a pasar, cómo va a ser el desarrollo”, que hace poco se reunieron sus habitantes para discutir sobre “las inversiones, los proveedores, los que van a trabajar, cómo vamos a ser beneficiados los que vivimos en la zona, eso no está claro todavía”. “Falta mucho diálogo”, tienen que “escuchar mucho a las comunidades” porque son las que viven en el territorio, afirmó.
"No nos sirve de nada la represión, no nos sirve de nada llevarnos todo por delante, no nos sirve de nada una política pensada desde una oficina, no nos sirve”, ratificó antes de volver a pedir reflexión “a quienes tienen la responsabilidad de fijar políticas con respecto al litio”.
Walter Cruz (del bloque Compromiso por Salta), que habló antes, cuestionó la reforma de la Constitución de Jujuy. “Todos los argentinos nos regimos por nuestra Constitución Nacional” que en su artículo 75 inciso 17 establece los derechos indígenas, recordó, y reivindicó la movilización de las comunidades originarias de la provincia vecina: “Cómo no se van a movilizar si están tocando sus tierras, lo único que tienen quizás”.
"Hoy en día se han dado cuenta que nuestros cerros, nuestras quebradas, también tienen riquezas”. “Ahora vienen por nuestras tierras, por nuestro litio, y esta es la causa fundamental de lo que ha pasado en Jujuy”, aseguró. Entonces, recordando su pertenencia al pueblo kolla de Iruya, advirtió: “Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna, va a pasar en nuestro Iruya, en nuestro Nazareno, en nuestro Santa Victoria”.
Cruz también llamó a la reflexión y pidió que en Jujuy “se instale un diálogo verdadero, que sea capaz de realmente de escuchar todas las voces”, no un diálogo “para decir hemos dialogado y después no cambiar nada”. Antes había recordado que no hubo consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios del territorio jujeño.
Se las violentó a las comunidades originarias, afirmó, no solo con la represión, sino también con una reforma constitucional inconsulta, con el desconocimiento de leyes y tratados internacionales que reconocen sus derechos. Todo hecho, “con la traición, por supuesto, de muchos hermanos, como que ha sucedido de 1492 para acá, siempre la mayoría luchando y algunos traicionando para cuidar sus pequeños privilegios”.
En ese punto recordó que en la lucha por la independencia nacional que encabezaron Martín Miguel de Güemes y Manuel Blegrano, fueron los kollas quienes "peleamos por la patria", y no atrás, “en las vanguardias, siempre parando las patas primero. Y, en cambio, aquellos que siguen buscando hasta ahora el poder económico, no peleaban. Nunca han peleado por Argentina ellos, jamás, mandaban a sus sirvientes, a sus esclavos, pagaban para que otros supuestamente peleen por ellos, ellos jamás se han manchado las manos con sangre, jamás han peleado por esta Argentina, no les importa”. En ese contexto, hizo un llamado al gobierno de Jujuy, a que "sepa retroceder cuando haya que retroceder, reconocer errores “y sobre todo no les quite más derechos a mis hermanos”.

"Morales jugó a los soldaditos"
Miguel Calabró (Evita Conducción), del departamento La Caldera, que linda con Jujuy, inició las intervenciones recordando los vínculos que unen a ambas provincias, y cuestionó al gobernador Gerardo Morales. “Vimos un estado provincial ausente, un gobernador ausente, un gobernador que solo pensó en como lo verían los porteños por televisión”, como lo vería “aquel sector que cree que con violencia, con un estado represor, las cosas pueden mejorar” y “jugó a eso, jugó a los soldaditos”, sostuvo.
El representante de Cachi, Walter Wayar (FdT) puso énfasis en la gravedad que implica que el Estado ataque a manifestantes, y consideró que no basta con un pedido de diálogo. “En Jujuy hubo una represión del estado a ciudadanos comunes, a vecinos argentinos”, aseguró.
También advirtió sobre los discursos de odio que se replican en la televisión y señaló que pueden llevar a un aumento de hechos violentos. “Cuando el que ejerce la violencia es el estado” es grave, “ya ha vivido la Argentina años oscuros donde el estado, hablando de patriotismo y de unidad nacional, hablando de encausar a la Argentina hacia un camino de progreso", ejerció la violencia y "tenemos más de 30 mil desaparecidos y muertos”, recordó.
Wayar fue uno de los senadores que el 1 de junio, en medio de una gran protesta docente, se opuso a la regulación de la protesta social en Salta, que se conoció como ley antipiquetes. "Salta estuvo cerca de cometer errores", recordó ayer en referencia a ese momento. Añadió que fue esta Cámara la que descomprimió el conflicto, que el debate que se produjo en este recinto provocó la reflexión del gobernador Gustavo Sáenz, que vetó parcialmente la ley antipiquetes, "que para mi gusto debió vetarla toda", pero se avanzó "para que el conflicto bajara y la provincia de Salta no pasara a ser Jujuy".
Y volviendo a Jujuy, agregó: "Me parece que priorizan los negocios mineros", que "priorizan los negocios de la tierra". Y atacó a la reforma de la Constitución jujeña a la la ley antipiquetes de Salta. "Hay un Código Penal, no es que hay un vacío legal, no es que no se puede actuar (frente a delitos cometidos durante una protesta), dejémonos de mentir", de fomentar que la sociedad crea que "con palos y represión se van a solucionar los probelmas. No es así", advirtió.
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