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Misiones: nativos resisten importante desmonte
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Comunidades guaraníes resisten el desmonte de un territorio ancestral
Fecha de Publicación: 28/05/2020 '
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Misiones
Con la venia del Ministerio de Ecología y de espaldas a los pueblos originarios, una empresa avanza sobre árboles centenarios en el corazón misionero. Los indígenas interpusieron amparos, llevaron el reclamo a la CIDH, y le ponen el cuerpo a las motosierras mientras sufren amenazas.
Desde febrero, tres comunidades mbya guaraní de Misiones dan pelea contra el desmonte de un lote dentro de su territorio ancestral.
Se trata del Lote 7B, un terreno ubicado en la localidad de Campo Grande, en el centro de la provincia de Misiones, y sobre él pesa un conflicto similar al que atraviesan los de otras comunidades indígenas del país. Según el registro de propiedad, la empresa Carba SACIFIA es la titular registral de los terrenos, pero estos son parte del territorio ancestral de las comunidades, lo cual está acreditado en el relevamiento realizado de acuerdo a la Ley 26.160. Esta norma, si bien no otorga la titularidad dominial a los pueblos indígenas, protege sus derechos y obliga tanto al Estado como a particulares a consultar en caso de pretender realizar emprendimientos que afecten al territorio y a la vida de las comunidades.
En 2018, Carba solicitó ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia la autorización para la extracción “selectiva” de madera de monte nativo del Lote 7B. Las tres comunidades afectadas por la tala –Kaá Kupe, Yvy Chy y Koé Ju– fueron informadas y se opusieron al desmonte en cualquiera de sus formas.
El diálogo entre los pueblos originarios y la empresa continuó con el Ministerio como mediador. Y en el proceso del mismo los mbya guaraní presentaron propuestas alternativas que estaban siendo consideradas. Pero en noviembre, el entonces titular de la cartera de Ecología, Juan Manuel Díaz, dio el diálogo por terminado y autorizó las tareas de desmonte pocos días antes de cesar en sus funciones.
Para cuando las comunidades supieron de la situación, interpusieron ante el organismo un recurso de consideración con efectos suspensivos que nunca fue tratado con el argumento de que “se traspapeló” en medio del cambio de funcionarios.
“Lo sentimos como un atropello más hacia la vida de la comunidad, pero esto es una autorización del Ministerio de Ecología”, relata Mario Borjas, quien fuera hasta hace pocos días mburuvicha (cacique) de la Comunidad de Kaá Kupe.
Daño irreparable
La lucha rindió frutos temporales: el reclamo ante el Ministerio obligó a Carba a suspender la extracción de madera, pero ésta recomenzó la tarea a comienzos de mayo.
En tanto, el nuevo ministro de Ecología misionero, Mario Vialey, defendió públicamente la actuación de la empresa, al sostener que ésta cumplía con los pasos formales requeridos por la Ley de Bosques.
El reinicio de las tareas de desmonte sorprendió a las comunidades en pleno cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros hemos respetado las decisiones del gobierno, de los funcionarios importantes, pero a nosotros no nos respetan, sino atropellan a nuestra comunidad”, reclama Borjas.
En un nuevo intento por frenar la tala, el 8 de mayo la comunidad Kaá Kupe llevó el reclamo a la Justicia provincial, interponiendo un recurso de amparo. Pero el Poder Judicial omitió brindar medidas de protección para frenar el desmonte.
“Los amparos tienen como primera medida la de no innovar, sobre todo en casos como éste, en los cuales el objeto es el de evitar un daño irreparable porque cada árbol que se pierde es irrecuperable”, explica Roxana Rivas, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en representación de las comunidades.
Pero, lejos de impulsar la medida cautelar, el juez elevó un pedido de informes al Ministerio del Agro en lugar de a la cartera de Ecología, organismo donde Carba obtuvo el permiso. El error obligó a las comunidades a pedir una aclaración y dilatar el trámite. “Esto implica que en este tiempo de pandemia nos lleve por lo menos dos semanas lograr que un juez de paz nos dé un turno y podamos hacer la diligencia”, agrega la letrada.
Mientras, el tiempo corre en contra de las comunidades que intentan preservar la integridad del monte, se encuentran resistiendo y, según denuncia Rivas, “sufriendo amenazas de muerte por parte de los motosierristas y operarios de la empresa”.
Instancia internacional
La semana pasada, y frente la falta de respuestas institucionales locales, las comunidades llevaron su demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí solicitaron una medida cautelar que detenga la tala “ante la increíble e injustificable denegación de justicia de la que ellos están siendo víctimas”, sostiene Rivas.
Por su parte, Bernardino Cabrera, referente mbya guaraní y secretario de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma de Misiones, junto a Jorge “Koki” Duarte, secretario General de la Central, presentaron una nota al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad.
En ella solicitan que “se arbitren los mecanismos y espacios necesarios para retomar una instancia de diálogo, y entretanto que el Ministerio de Ecología suspenda cualquier tipo de autorización para que avancen los desmontes sobre estos territorios, se garanticen los derechos de las comunidades afectadas y se eviten cualquier tipo de violencias a las que están expuestos en la defensa de la selva”.
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Fecha de Publicación: 28/05/2020 '
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Misiones
Con la venia del Ministerio de Ecología y de espaldas a los pueblos originarios, una empresa avanza sobre árboles centenarios en el corazón misionero. Los indígenas interpusieron amparos, llevaron el reclamo a la CIDH, y le ponen el cuerpo a las motosierras mientras sufren amenazas.
Desde febrero, tres comunidades mbya guaraní de Misiones dan pelea contra el desmonte de un lote dentro de su territorio ancestral.
Se trata del Lote 7B, un terreno ubicado en la localidad de Campo Grande, en el centro de la provincia de Misiones, y sobre él pesa un conflicto similar al que atraviesan los de otras comunidades indígenas del país. Según el registro de propiedad, la empresa Carba SACIFIA es la titular registral de los terrenos, pero estos son parte del territorio ancestral de las comunidades, lo cual está acreditado en el relevamiento realizado de acuerdo a la Ley 26.160. Esta norma, si bien no otorga la titularidad dominial a los pueblos indígenas, protege sus derechos y obliga tanto al Estado como a particulares a consultar en caso de pretender realizar emprendimientos que afecten al territorio y a la vida de las comunidades.
En 2018, Carba solicitó ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia la autorización para la extracción “selectiva” de madera de monte nativo del Lote 7B. Las tres comunidades afectadas por la tala –Kaá Kupe, Yvy Chy y Koé Ju– fueron informadas y se opusieron al desmonte en cualquiera de sus formas.
El diálogo entre los pueblos originarios y la empresa continuó con el Ministerio como mediador. Y en el proceso del mismo los mbya guaraní presentaron propuestas alternativas que estaban siendo consideradas. Pero en noviembre, el entonces titular de la cartera de Ecología, Juan Manuel Díaz, dio el diálogo por terminado y autorizó las tareas de desmonte pocos días antes de cesar en sus funciones.
Para cuando las comunidades supieron de la situación, interpusieron ante el organismo un recurso de consideración con efectos suspensivos que nunca fue tratado con el argumento de que “se traspapeló” en medio del cambio de funcionarios.
“Lo sentimos como un atropello más hacia la vida de la comunidad, pero esto es una autorización del Ministerio de Ecología”, relata Mario Borjas, quien fuera hasta hace pocos días mburuvicha (cacique) de la Comunidad de Kaá Kupe.
Daño irreparable
La lucha rindió frutos temporales: el reclamo ante el Ministerio obligó a Carba a suspender la extracción de madera, pero ésta recomenzó la tarea a comienzos de mayo.
En tanto, el nuevo ministro de Ecología misionero, Mario Vialey, defendió públicamente la actuación de la empresa, al sostener que ésta cumplía con los pasos formales requeridos por la Ley de Bosques.
El reinicio de las tareas de desmonte sorprendió a las comunidades en pleno cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros hemos respetado las decisiones del gobierno, de los funcionarios importantes, pero a nosotros no nos respetan, sino atropellan a nuestra comunidad”, reclama Borjas.
En un nuevo intento por frenar la tala, el 8 de mayo la comunidad Kaá Kupe llevó el reclamo a la Justicia provincial, interponiendo un recurso de amparo. Pero el Poder Judicial omitió brindar medidas de protección para frenar el desmonte.
“Los amparos tienen como primera medida la de no innovar, sobre todo en casos como éste, en los cuales el objeto es el de evitar un daño irreparable porque cada árbol que se pierde es irrecuperable”, explica Roxana Rivas, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en representación de las comunidades.
Pero, lejos de impulsar la medida cautelar, el juez elevó un pedido de informes al Ministerio del Agro en lugar de a la cartera de Ecología, organismo donde Carba obtuvo el permiso. El error obligó a las comunidades a pedir una aclaración y dilatar el trámite. “Esto implica que en este tiempo de pandemia nos lleve por lo menos dos semanas lograr que un juez de paz nos dé un turno y podamos hacer la diligencia”, agrega la letrada.
Mientras, el tiempo corre en contra de las comunidades que intentan preservar la integridad del monte, se encuentran resistiendo y, según denuncia Rivas, “sufriendo amenazas de muerte por parte de los motosierristas y operarios de la empresa”.
Instancia internacional
La semana pasada, y frente la falta de respuestas institucionales locales, las comunidades llevaron su demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí solicitaron una medida cautelar que detenga la tala “ante la increíble e injustificable denegación de justicia de la que ellos están siendo víctimas”, sostiene Rivas.
Por su parte, Bernardino Cabrera, referente mbya guaraní y secretario de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma de Misiones, junto a Jorge “Koki” Duarte, secretario General de la Central, presentaron una nota al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad.
En ella solicitan que “se arbitren los mecanismos y espacios necesarios para retomar una instancia de diálogo, y entretanto que el Ministerio de Ecología suspenda cualquier tipo de autorización para que avancen los desmontes sobre estos territorios, se garanticen los derechos de las comunidades afectadas y se eviten cualquier tipo de violencias a las que están expuestos en la defensa de la selva”.
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Desmonte en Campo Grande en la Justicia
Comunidades guaraníes recurrieron a la justicia para frenar el desmonte en Campo Grande
Fecha de Publicación: 16/05/2020
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional
Rechazan la extracción de madera nativa de la empresa Carba, autorizada por el ministerio de Ecología.
Las comunidades Mbya Guaraní Ka’a Kupe; Ko’e Ju y Yvy Chi desde hace varios años iniciaron el expediente N° 9900-01561/2018 ante el Ministerio de Ecología, en rechazo de que la empresa Carba SACIIA ejecute un Plan de Manejo Sustentable Lote 7B, en Colonia Seguin, municipio de Campo Grande.
Desde entonces rechazan que se realicen aprovechamiento de madera en su territorio y recurren administrativa y judicialmente para suspender cualquier actividad forestal en el territorio que habitan.
En 2019 se realizaron consultas y audiencias, “pero con muchas irregularidades, por lo que lo sustancial de agravio de esta última resolución de Ecología es cuando dicen que habilitaron a la empresa a la extracción de árboles nativos a pesar del rechazo manifestado por las comunidades Mbya Guaraní. En todas las consultas de las que participaron dejaron expresado que no quieren que se corte ningún árbol más en su territorio. Por ello, se utilizaron siempre todos los pasos administrativos y que por diversas razones, como traspapelarse la presentación de recurso de reconsideración que fue realizado oportunamente en Ecología, y sobre el cual nunca obtuvimos respuestas. Ahora iniciamos acciones judiciales de amparo para frenar esta situación que se presenta en plena cuarentena”, explicó la abogada y apoderada legal, Roxana Rivas.
Remarcó que “no es cierto que exista consentimiento alguno para que la empresa realice extracción de árboles nativos, de ninguna de las tres aldeas afectadas y que conviven en el territorio con la empresa. En cada trámite administrativo y judicial adjuntamos pruebas de ello”, dijo la abogada.
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Fecha de Publicación: 16/05/2020
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional
Rechazan la extracción de madera nativa de la empresa Carba, autorizada por el ministerio de Ecología.
Las comunidades Mbya Guaraní Ka’a Kupe; Ko’e Ju y Yvy Chi desde hace varios años iniciaron el expediente N° 9900-01561/2018 ante el Ministerio de Ecología, en rechazo de que la empresa Carba SACIIA ejecute un Plan de Manejo Sustentable Lote 7B, en Colonia Seguin, municipio de Campo Grande.
Desde entonces rechazan que se realicen aprovechamiento de madera en su territorio y recurren administrativa y judicialmente para suspender cualquier actividad forestal en el territorio que habitan.
En 2019 se realizaron consultas y audiencias, “pero con muchas irregularidades, por lo que lo sustancial de agravio de esta última resolución de Ecología es cuando dicen que habilitaron a la empresa a la extracción de árboles nativos a pesar del rechazo manifestado por las comunidades Mbya Guaraní. En todas las consultas de las que participaron dejaron expresado que no quieren que se corte ningún árbol más en su territorio. Por ello, se utilizaron siempre todos los pasos administrativos y que por diversas razones, como traspapelarse la presentación de recurso de reconsideración que fue realizado oportunamente en Ecología, y sobre el cual nunca obtuvimos respuestas. Ahora iniciamos acciones judiciales de amparo para frenar esta situación que se presenta en plena cuarentena”, explicó la abogada y apoderada legal, Roxana Rivas.
Remarcó que “no es cierto que exista consentimiento alguno para que la empresa realice extracción de árboles nativos, de ninguna de las tres aldeas afectadas y que conviven en el territorio con la empresa. En cada trámite administrativo y judicial adjuntamos pruebas de ello”, dijo la abogada.
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Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Misiones,
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Chaco salteño: CorteIDH dio a la razón a indígenas
La Corte Interamericana le dio a la razón a comunidades indígenas
Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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El aislamiento suma problemas a los wichís
Los wichís, el coronavirus y el nuevo rostro de la muerte
Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Denuncian a Minera Livent en Catamarca
Litio: Denuncia contra una minera en Antofagasta de la Sierra
Fecha de Publicación: 26/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca
Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro. Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible para la vida del lugar.
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci --hasta 2019--, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales--FARN--) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
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Fecha de Publicación: 26/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca
Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro. Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible para la vida del lugar.
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci --hasta 2019--, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales--FARN--) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
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Originarios pidieron frenar los desmontes ilegales en Chaco
Pronunciamiento de Pueblos Originarios: “Basta de desmontes ilegales en nuestros bosques”
Fecha de Publicación: 07/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Asociaciones comunitarias indígenas del Impenetrable y de productores criollos, expresaron en un documento el respaldo el Ejecutivo provincial. "Apoyamos y pedimos al gobernador Capitanich que continúe con la medida de mejorar la gestión y protección de nuestros bosques nativos y el ordenamiento territorial", señalaron.
El documento
“De manera especial, solicitamos la revisión de los casos de desmonte ilegales o los que otorgó la Dirección de Bosques de la provincia en zonas donde no corresponde. Pedimos también que revisen los permisos y las guías a los obrajeros que se dieron de forma irregular.
El problema es el mal manejo de la quita de madera de nuestro monte y los desmontes que se hacen desde hace mucho tiempo, por lo que hicimos denuncias pidiendo que intervenga la provincia para controlar, pero no tuvimos respuesta.
Por eso acompañamos la propuesta del gobernador, para que el cumplimiento de la Ley de Bosques y las medidas de fiscalización queden bajo las competencias de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, para evitar así que sigan permaneciendo en áreas que solo miran al bosque nativo como un mero recurso económico de explotación.
Sin comprender que es un bien patrimonial de toda la sociedad y como tal que se deben respetar y cumplir las leyes ya vigentes para su cuidado, aspecto que hasta la fecha no solo no se ha cumplido, sino que las instituciones responsables de hacerlo están más predispuesta a facilitar los trámites necesarios para facilitar el desmonte y la tala de nuestros bosques.
Nuestras Asociaciones dan trabajo con la ganadería de monte y de apicultura y de otras actividades con manejo sustentable.
La mayoría de estos proyectos lo hemos desarrollado con la Lic. Marta Soneira, quien hoy es titular de la cartera de la Secretaria de Territorio y Ambiente, por lo que podemos dar fe que trabajará en un esquema de desarrollo productivo sustentable, donde fundamentalmente se atienda el cuidado de nuestro ambiente natural, pero además también se tendrá en cuenta los sistemas productivos y económicos de nuestras familias.
Señor gobernador, nosotros somos los que vivimos en estas tierras y estos libres, queremos que escuche a la gente del impenetrable, que nos den la participación necesaria para tomar decisiones consensuadas según nuestras necesidades y proyectos de vida.
Nosotros necesitamos cuidar el monte, trabajamos y la plata queda en la provincia, no como otros que llevan afuera y no quieren ser controlados. ¿Acaso valen más esas empresas que nuestros esfuerzo y trabajo?
La Ley de Bosques no puede ser manejada por los mismos de siempre q ir ya demostrarnos no saber o no quieres hacer bien las cosas. Vemos contento que desde el gobierno hay una nueva morada. Queremos que nos escuchen”.
Asociaciones firmantes
• ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE GUEMES- Telmo Giménez
• ASOCIACION COMUNITARIA INDÍGENA “WICHI DEL IMPENETRABLE CHACO”- Presidente Américo Quiroga
• ASOCIACIÓN UNIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTOR CRIOLLOS DEL IMPENETRABLE – Presidente Catalino Guzmán
• ASOCIACIÓN CIVIL “Unión de Pequeños Productores del Impenetrable Chaco Seco” Presidente Ramón Pintos.
• ASOCIACIÓN CIVIL “El Malevo”- Celmira Romero.
• INGRANTES WICHI DEL GRUPO DE LA CCC DE MISIÓN NUEVA POMPEYA-
• ADHERENTES:
• ASOCIACIÓN COMUNITARIA INDIGENA “LANCHETAS”- presidente Mario Gómez
• ASOCIACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA” ROSA SUPAZ”- Mariano Sinus
• ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN DE PRODUCTORES “EL GUARDAMONTE – Presidente Máximo Salvatierra.
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Fecha de Publicación: 07/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Asociaciones comunitarias indígenas del Impenetrable y de productores criollos, expresaron en un documento el respaldo el Ejecutivo provincial. "Apoyamos y pedimos al gobernador Capitanich que continúe con la medida de mejorar la gestión y protección de nuestros bosques nativos y el ordenamiento territorial", señalaron.
El documento
“De manera especial, solicitamos la revisión de los casos de desmonte ilegales o los que otorgó la Dirección de Bosques de la provincia en zonas donde no corresponde. Pedimos también que revisen los permisos y las guías a los obrajeros que se dieron de forma irregular.
El problema es el mal manejo de la quita de madera de nuestro monte y los desmontes que se hacen desde hace mucho tiempo, por lo que hicimos denuncias pidiendo que intervenga la provincia para controlar, pero no tuvimos respuesta.
Por eso acompañamos la propuesta del gobernador, para que el cumplimiento de la Ley de Bosques y las medidas de fiscalización queden bajo las competencias de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, para evitar así que sigan permaneciendo en áreas que solo miran al bosque nativo como un mero recurso económico de explotación.
Sin comprender que es un bien patrimonial de toda la sociedad y como tal que se deben respetar y cumplir las leyes ya vigentes para su cuidado, aspecto que hasta la fecha no solo no se ha cumplido, sino que las instituciones responsables de hacerlo están más predispuesta a facilitar los trámites necesarios para facilitar el desmonte y la tala de nuestros bosques.
Nuestras Asociaciones dan trabajo con la ganadería de monte y de apicultura y de otras actividades con manejo sustentable.
La mayoría de estos proyectos lo hemos desarrollado con la Lic. Marta Soneira, quien hoy es titular de la cartera de la Secretaria de Territorio y Ambiente, por lo que podemos dar fe que trabajará en un esquema de desarrollo productivo sustentable, donde fundamentalmente se atienda el cuidado de nuestro ambiente natural, pero además también se tendrá en cuenta los sistemas productivos y económicos de nuestras familias.
Señor gobernador, nosotros somos los que vivimos en estas tierras y estos libres, queremos que escuche a la gente del impenetrable, que nos den la participación necesaria para tomar decisiones consensuadas según nuestras necesidades y proyectos de vida.
Nosotros necesitamos cuidar el monte, trabajamos y la plata queda en la provincia, no como otros que llevan afuera y no quieren ser controlados. ¿Acaso valen más esas empresas que nuestros esfuerzo y trabajo?
La Ley de Bosques no puede ser manejada por los mismos de siempre q ir ya demostrarnos no saber o no quieres hacer bien las cosas. Vemos contento que desde el gobierno hay una nueva morada. Queremos que nos escuchen”.
Asociaciones firmantes
• ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE GUEMES- Telmo Giménez
• ASOCIACION COMUNITARIA INDÍGENA “WICHI DEL IMPENETRABLE CHACO”- Presidente Américo Quiroga
• ASOCIACIÓN UNIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTOR CRIOLLOS DEL IMPENETRABLE – Presidente Catalino Guzmán
• ASOCIACIÓN CIVIL “Unión de Pequeños Productores del Impenetrable Chaco Seco” Presidente Ramón Pintos.
• ASOCIACIÓN CIVIL “El Malevo”- Celmira Romero.
• INGRANTES WICHI DEL GRUPO DE LA CCC DE MISIÓN NUEVA POMPEYA-
• ADHERENTES:
• ASOCIACIÓN COMUNITARIA INDIGENA “LANCHETAS”- presidente Mario Gómez
• ASOCIACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA” ROSA SUPAZ”- Mariano Sinus
• ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN DE PRODUCTORES “EL GUARDAMONTE – Presidente Máximo Salvatierra.
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Un originario a favor de la minería en Chubut
El cacique Chiquichano reclamó habilitar la minería en la Meseta
Fecha de Publicación: 03/03/2020
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El cacique Francisco Chiquichano, de la comunidad originaria de Blancuntre, en la Meseta Central del Chubut, dijo este jueves que en la región “tenemos un tesoro enterrado”, en relación con los recursos mineros, y pidió la habilitación de la actividad. “A nosotros no nos cuentan el cuento, porque vivimos ahí. Hay gente que dice que no, pero nosotros vivimos ahí, y ahí no hay inversiones”, dijo Chiquichano, en los estudios que tiene en Trelew LU20 Radio Chubut, a la que visitó con el objetivo de pedir públicamente la posibilidad de que se habilite la industria minera.
Blancuntre es una comunidad aborigen ubicada en el Departamento Gastre, en la Meseta Central, zona que contiene importantes recursos mineros, como por ejemplo el Proyecto Navidad, yacimiento de plata de grandes dimensiones que espera por su habilitación legislativa para comenzar la etapa de construcción. “Lo que me hizo venir a la radio es que la gente se vive quejando de que los caminos están malos, que las máquinas no trabajan… puras quejas. Pero nadie dice que allí tenemos un tesoro enterrado. Falta ponerlo a producir”, dijo Chiquichano. “Por lo menos sería un paliativo. Me refiero a la minería”, enfatizó.
“Hoy no hay nada por la zona. Cada vez hay más campos semiocupados o desocupados”, describió acerca de la realidad de la zona. Consultado por su opinión sobre la frase “El agua vale más que el oro”, que utilizan como consigna los opositores al desarrollo, Chiquichano respondió: “Hay gente que dice que cuida mucho el agua, porque del agua viene la vida. Estamos de acuerdo. Pero entonces por qué se secó el Lago Colhué Huapi, por ejemplo. Es un asunto muy triste ver el lago lleno de arena que no sirve para nada”.
El líder originario consideró, en este contexto, que la minería “sería parte de una solución al problema económico que tiene la provincia del Chubut, porque sabemos lo que está pasando”. “A nosotros no nos cuentan el cuento, porque vivimos ahí. Hay gente que dice que no, pero nosotros vivimos ahí, y ahí no hay inversiones. Pero hay un tesoro enterrado ahí. Si el recurso natural no se convierte en recurso económico, no sirve para nada”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 03/03/2020
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El cacique Francisco Chiquichano, de la comunidad originaria de Blancuntre, en la Meseta Central del Chubut, dijo este jueves que en la región “tenemos un tesoro enterrado”, en relación con los recursos mineros, y pidió la habilitación de la actividad. “A nosotros no nos cuentan el cuento, porque vivimos ahí. Hay gente que dice que no, pero nosotros vivimos ahí, y ahí no hay inversiones”, dijo Chiquichano, en los estudios que tiene en Trelew LU20 Radio Chubut, a la que visitó con el objetivo de pedir públicamente la posibilidad de que se habilite la industria minera.
Blancuntre es una comunidad aborigen ubicada en el Departamento Gastre, en la Meseta Central, zona que contiene importantes recursos mineros, como por ejemplo el Proyecto Navidad, yacimiento de plata de grandes dimensiones que espera por su habilitación legislativa para comenzar la etapa de construcción. “Lo que me hizo venir a la radio es que la gente se vive quejando de que los caminos están malos, que las máquinas no trabajan… puras quejas. Pero nadie dice que allí tenemos un tesoro enterrado. Falta ponerlo a producir”, dijo Chiquichano. “Por lo menos sería un paliativo. Me refiero a la minería”, enfatizó.
“Hoy no hay nada por la zona. Cada vez hay más campos semiocupados o desocupados”, describió acerca de la realidad de la zona. Consultado por su opinión sobre la frase “El agua vale más que el oro”, que utilizan como consigna los opositores al desarrollo, Chiquichano respondió: “Hay gente que dice que cuida mucho el agua, porque del agua viene la vida. Estamos de acuerdo. Pero entonces por qué se secó el Lago Colhué Huapi, por ejemplo. Es un asunto muy triste ver el lago lleno de arena que no sirve para nada”.
El líder originario consideró, en este contexto, que la minería “sería parte de una solución al problema económico que tiene la provincia del Chubut, porque sabemos lo que está pasando”. “A nosotros no nos cuentan el cuento, porque vivimos ahí. Hay gente que dice que no, pero nosotros vivimos ahí, y ahí no hay inversiones. Pero hay un tesoro enterrado ahí. Si el recurso natural no se convierte en recurso económico, no sirve para nada”, finalizó.
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Como la agroindustria provoca innumerables imactos
Cómo y por qué se destruyen los bosques y comunidades indígenas en Argentina
Fecha de Publicación: 14/02/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
Las economías regionales de las zonas más pobres de Argentina profundizan su agroindustria, una estrategia que provoca graves consecuencias ambientales y sociales como producto de la deforestación: inundaciones, epidemias, contaminación, extinción de especies, entre otros.
Argentina está entre los primeros 10 países y comunidades del mundo en producción de alimentos (incluyendo a la Unión Europea), y aproximadamente 60% de sus exportaciones son materias primas. La cosecha de granos y cereales a gran escala, en especial de la soja, así como la exportación de carnes y vinos, son de los pocos sectores competitivos para una nación inmersa en una grave crisis económica.
Pero no todas las provincias del país se ven bendecidas por esta situación, principalmente reservada por su vastos pastizales para la llamada Pampa húmeda. Es por esto que, como ocurre en la Amazonía brasileña, la deforestación de bosques y selvas se ha transformado en una polémica alternativa para los interesados en expandir esas zonas tropicales dedicándolas a la ganadería y la agricultura, con graves consecuencias ambientales y sociales.
"Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques protegidos. Si bien desde 2014 la deforestación bajó, ya en 2019 un tercio de los desmontes se realizaron en zonas protegidas, violando la ley", dijo a Sputnik Noemí Cruz, coordinadora de campaña de la ONG internacional Greenpeace en Argentina.
Chaco es la provincia donde hubo mayor deforestación en los últimos cuatro años, un total de 130.177 hectáreas. Pero esta tendencia no parece estar en revisión. El Gobierno local presentó a fin de enero de 2020 el Plan Ganadero 2020-2030, que pretende aumentar el stock y pasar de 2,6 millones de cabezas de ganado a 3,2 millones, además de alcanzar las 500.000 hectáreas de pasturas al aumentar de 3% a 15% la superficie de cada predio ganadero.
Desde la reglamentación de la Ley de Bosques en 2009, que determina el ordenamiento de las reservas naturales, la industria agroganadera continuó su expansión, principalmente en el norte del territorio nacional. Las provincias de la región del Gran Chaco (Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta) representan el 80% de los desmontes. En 10 años, se deforestaron casi 3 millones de hectáreas, lo equivalente al tamaño de Bélgica.
Emergencia socioambiental en Argentina
"Quienes más resisten a los desmontes son las personas que se ven directamente afectadas: pequeños productores, campesinos e indígenas, representados por movimientos ambientalistas y sociales. Hay desalojos, pérdida de culturas, muertes por falta de alimentación y agua, aumento de enfermedades. Además, están las consecuencias ambientales, como la pérdida de biodiversidad, cambio climático que agrava sequías e inundaciones recurrentes por los aumentos de temperatura y falta de absorción de las precipitaciones", explicó Cruz.
Una de las regiones de mayor deforestación es Salta, provincia donde recientemente se declaró la emergencia sociosanitaria en las zonas rurales del norte, luego de la muerte por desnutrición y deshidratación de siete niños y una mujer de la etnia Wichi, asentados en las regiones del Tartagal y Santa Victoria.
Las comunidades aborígenes del norte del país se han visto desplazadas de sus territorios ancestrales como consecuencia de la deforestación, que además de afectar sus fuentes de alimentos y agua potable, ven cada vez más difícil su subsistencia y su modo de vida.
Los desmontes evitan la absorción de las precipitaciones y provocan el desborde de los ríos. Esto tiene enormes consecuencias por las pérdidas totales de sus pertenencias y hogares, como ocurriera en 2019 con el Río Pilcomayo, en Salta, además de aumentos en las enfermedades transmitidas por vectores (como ocurre con el dengue, vía mosquitos) y las infecciones (como la meningitis bacteriana).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, período en el que se perdieron un total de 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
Argentina cuenta con 54 millones de hectáreas de bosques y el 80% de estos territorios está protegido por la ley, por lo que está fuera de límites para cualquier tipo de explotación, una normativa que los gobiernos no han sabido ni podido hacer cumplir.
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Fecha de Publicación: 14/02/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional
Las economías regionales de las zonas más pobres de Argentina profundizan su agroindustria, una estrategia que provoca graves consecuencias ambientales y sociales como producto de la deforestación: inundaciones, epidemias, contaminación, extinción de especies, entre otros.
Argentina está entre los primeros 10 países y comunidades del mundo en producción de alimentos (incluyendo a la Unión Europea), y aproximadamente 60% de sus exportaciones son materias primas. La cosecha de granos y cereales a gran escala, en especial de la soja, así como la exportación de carnes y vinos, son de los pocos sectores competitivos para una nación inmersa en una grave crisis económica.
Pero no todas las provincias del país se ven bendecidas por esta situación, principalmente reservada por su vastos pastizales para la llamada Pampa húmeda. Es por esto que, como ocurre en la Amazonía brasileña, la deforestación de bosques y selvas se ha transformado en una polémica alternativa para los interesados en expandir esas zonas tropicales dedicándolas a la ganadería y la agricultura, con graves consecuencias ambientales y sociales.
"Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques protegidos. Si bien desde 2014 la deforestación bajó, ya en 2019 un tercio de los desmontes se realizaron en zonas protegidas, violando la ley", dijo a Sputnik Noemí Cruz, coordinadora de campaña de la ONG internacional Greenpeace en Argentina.
Chaco es la provincia donde hubo mayor deforestación en los últimos cuatro años, un total de 130.177 hectáreas. Pero esta tendencia no parece estar en revisión. El Gobierno local presentó a fin de enero de 2020 el Plan Ganadero 2020-2030, que pretende aumentar el stock y pasar de 2,6 millones de cabezas de ganado a 3,2 millones, además de alcanzar las 500.000 hectáreas de pasturas al aumentar de 3% a 15% la superficie de cada predio ganadero.
Desde la reglamentación de la Ley de Bosques en 2009, que determina el ordenamiento de las reservas naturales, la industria agroganadera continuó su expansión, principalmente en el norte del territorio nacional. Las provincias de la región del Gran Chaco (Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta) representan el 80% de los desmontes. En 10 años, se deforestaron casi 3 millones de hectáreas, lo equivalente al tamaño de Bélgica.
Emergencia socioambiental en Argentina
"Quienes más resisten a los desmontes son las personas que se ven directamente afectadas: pequeños productores, campesinos e indígenas, representados por movimientos ambientalistas y sociales. Hay desalojos, pérdida de culturas, muertes por falta de alimentación y agua, aumento de enfermedades. Además, están las consecuencias ambientales, como la pérdida de biodiversidad, cambio climático que agrava sequías e inundaciones recurrentes por los aumentos de temperatura y falta de absorción de las precipitaciones", explicó Cruz.
Una de las regiones de mayor deforestación es Salta, provincia donde recientemente se declaró la emergencia sociosanitaria en las zonas rurales del norte, luego de la muerte por desnutrición y deshidratación de siete niños y una mujer de la etnia Wichi, asentados en las regiones del Tartagal y Santa Victoria.
Las comunidades aborígenes del norte del país se han visto desplazadas de sus territorios ancestrales como consecuencia de la deforestación, que además de afectar sus fuentes de alimentos y agua potable, ven cada vez más difícil su subsistencia y su modo de vida.
Los desmontes evitan la absorción de las precipitaciones y provocan el desborde de los ríos. Esto tiene enormes consecuencias por las pérdidas totales de sus pertenencias y hogares, como ocurriera en 2019 con el Río Pilcomayo, en Salta, además de aumentos en las enfermedades transmitidas por vectores (como ocurre con el dengue, vía mosquitos) y las infecciones (como la meningitis bacteriana).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ubicó a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, período en el que se perdieron un total de 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
Argentina cuenta con 54 millones de hectáreas de bosques y el 80% de estos territorios está protegido por la ley, por lo que está fuera de límites para cualquier tipo de explotación, una normativa que los gobiernos no han sabido ni podido hacer cumplir.
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Misiones: el Estado autorizó desmontes en tierras indígenas
Denuncian que el Ministerio de Ecología autorizó desmonte en Campo Grande
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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Los desmontes matan en Salta
Salta: hay seis niños wichi fallecidos, la deforestación mata
Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Mapuches de Neuquén contra el fracking
"Alerta roja: fracking": La advertencia lanzada por los mapuches de Neuquén
Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El llamado de atención fue lanzado por el dirigente de la Confederación mapuche, Jorge Nahuel.
“Nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte”, dijo el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, para dar cuenta del complicado contexto actual de los conflictos territoriales que rodean a Vaca Muerta, sin resoluciones para los mapuches y con marcado avance del fracking en el territorio.
Al referirse a la administración de Mauricio Macri, calificándola como “cuatro años oscuros”, explicó que la producción petrolera es lo único que avanzó junto con el fracking, sin producirse lo mismo en la ley de relevamiento territorial, donde todo está frenado. Al respecto Nahuel, voz máxima de los mapuches, expresó en declaraciones a radio AM 550: “En el escenario nacional hubo retrocesos, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado y a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”.
“Hay 14 causas judiciales, 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Los mismos no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, detalló Nahuel. Al hacer referencia al incentivo de las políticas extractivas, mencionando el caso de Mendoza, el representante de los mapuches de Neuquén, expresó: “Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”.
Al hacer referencia al fracking, el dirigente señaló que son los mismos estudios de la industria en Vaca Muerta, los que hablan de "mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año". En ese sentido, alertó: "Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Hay una total desprotección”.
Luego de expresar que esperan que todo cambie con el gobierno de Alberto Fernández, el dirigente de los mapuches expresó que igual los tiene extremadamente preocupados la intención manifiesta presente de que se sigan alentados estas actividades.
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Fecha de Publicación: 10/01/2020
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El llamado de atención fue lanzado por el dirigente de la Confederación mapuche, Jorge Nahuel.
“Nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte”, dijo el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, para dar cuenta del complicado contexto actual de los conflictos territoriales que rodean a Vaca Muerta, sin resoluciones para los mapuches y con marcado avance del fracking en el territorio.
Al referirse a la administración de Mauricio Macri, calificándola como “cuatro años oscuros”, explicó que la producción petrolera es lo único que avanzó junto con el fracking, sin producirse lo mismo en la ley de relevamiento territorial, donde todo está frenado. Al respecto Nahuel, voz máxima de los mapuches, expresó en declaraciones a radio AM 550: “En el escenario nacional hubo retrocesos, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado y a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”.
“Hay 14 causas judiciales, 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Los mismos no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, detalló Nahuel. Al hacer referencia al incentivo de las políticas extractivas, mencionando el caso de Mendoza, el representante de los mapuches de Neuquén, expresó: “Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”.
Al hacer referencia al fracking, el dirigente señaló que son los mismos estudios de la industria en Vaca Muerta, los que hablan de "mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año". En ese sentido, alertó: "Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Hay una total desprotección”.
Luego de expresar que esperan que todo cambie con el gobierno de Alberto Fernández, el dirigente de los mapuches expresó que igual los tiene extremadamente preocupados la intención manifiesta presente de que se sigan alentados estas actividades.
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La minería de Litio entre espejismos
Litio y energías limpias en Argentina: ¿desarrollo o espejismo?
Fecha de Publicación: 07/12/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.
Algunos pros…
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.
Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas. “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.
Hay solo otra empresa minera que ya explota el metal en todo el noroeste argentino, que integran también las provincias de Salta y Catamarca.
Se trata de la zona que, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia, forma parte del llamado Triángulo del Litio, que concentra 67 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral, con Argentina a la cabeza, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
…Y varios contras
Por lo demás, quienes son escépticos con el potencial del litio para la ecorregión señalan que los países sudamericanos vuelven a ocupar el rol de productores primarios, como sucede con sus exportaciones agrícolas y pecuarias.
Eso está crudamente reflejado en Olaroz, uno de los pueblos solares que se abastece de electricidad por un pequeño parque solar fotovoltaico local, que como los demás del programa funciona las 24 horas porque tiene baterías de litio.
Pero esas baterías se importan de China, ya que ni en Argentina ni en el resto de América del Sur existe la tecnología para fabricarlas.
Cuando se recorre la Puna jujeña, hay lugares donde no se quiere ni oír hablar del litio.
En Salinas Grandes, otro gigantesco mar de color blanco, situado a unos 100 kilómetros de Olaroz, no ha logrado introducirse ninguna firma minera por la oposición de las 33 comunidades indígenas del área.
“Este es nuestro territorio, nosotros decidimos que acá no se va a extraer litio y nos van a tener que respetar”, explica a IPS Verónica Chávez, mientras participaba en una asamblea de unos 100 integrantes de comunidades indígenas en pleno salar.
Chávez es habitante de Santuario Tres Pozos, con unas 30 familias, y miembro de la cooperativa local que reúne las familias indígenas que trabajan en la extracción de sal, de la misma manera que por siglos lo hicieron sus antepasados.
“Todas las promesas que nos hacen con la llegada de las empresas de litio son mentira. El litio es comida para hoy y hambre para mañana”, agrega Chávez.
Alternativas propias
En Salinas Grandes, a la extracción de sal, las comunidades agregaron hace cuatro años otra actividad: los paseos guiados y la venta de artesanías para los turistas argentinos y extranjeros que se acercan atraídos por el paisaje blanco que brilla bajo el sol y parece no terminar nunca.
Alicia Chalabe, abogada de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes, asegura que no habrá oferta económica capaz de modificar la situación. “Las comunidades viven muy cerca de las salinas y usan el territorio, que para ellas tiene un valor histórico, cultural y patrimonial para sus pobladores muy importante”, explica a IPS.
“En la zona de Olaroz la situación es distinta porque las comunidades nunca usaron las salinas”, agrega.
En febrero, las comunidades de Salinas Grandes realizaron durante más de 10 días un corte de la ruta nacional 52, que conecta con Chile, hasta que lograron que se detuvieran los trabajos de exploración que una firma minera de litio había iniciado en la zona, sin la aprobación de las poblaciones indígenas.
La resistencia en Salinas Grandes se basa en parte en los estudios del hidrogeólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcelo Sticco, que señalan que la extracción de litio pone en riesgo las fuentes de agua de las comunidades, en una zona desértica, donde la lluvia es un lujo muy esporádico.
“Los estudios que hicimos son contundentes. El litio se separa mediante la evaporación de enormes cantidades de agua y favorece la salinización de las aguas subterráneas que se utiliza para el consumo en la región”, dice Sticco a IPS desde la capital argentina.
El gobierno de Jujuy tiene un proyecto para darle valor agregado al litio en la provincia: se asoció con el italiano grupo de electrónica SERI, que podría instalar en la provincia una planta de ensamblado de baterías, destinadas a la conversión a la movilidad eléctrica del transporte público urbano.
Esa iniciativa, de concretarse, podría modificar un panorama que por ahora no ofrece grandes beneficios concretos, por más que muchos en Argentina cuenten ya la riqueza que traerá el llamado “oro blanco”.
De hecho, y aunque vienen creciendo, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en 2018 los 251 millones de dólares, apenas 6,5 por ciento de las exportaciones mineras del país.
Sin embargo, Oheler, el presidente de Jemse, considera que el pico de la demanda internacional de litio todavía no llegó: “Lo vamos a tener entre 2025 y 2030 y tenemos que aprovecharlo para crecer y para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Pero algunos especialistas temen las consecuencias de apostar demasiado por este elemento químico, que podría quedar desfasado muy pronto por una nueva tecnología que reduzca o elimine su atractivo actual.
El litio tiene variados usos pero es su calidad de conductor de calor lo que le hace tan codiciado como componente de las baterías eléctricas recargables.
Estas se usan en los teléfonos celulares, en el almacenamiento de diferentes energías renovables, especialmente la solar, y en la automoción eléctrica, que se proyecta que adquiriría gran peso en la movilidad del futuro, en especial en el transporte público, a medida que se reduzcan los motores por combustión fósil, para contener el recalentamiento planetario.
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Fecha de Publicación: 07/12/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.
Algunos pros…
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.
Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas. “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.
Hay solo otra empresa minera que ya explota el metal en todo el noroeste argentino, que integran también las provincias de Salta y Catamarca.
Se trata de la zona que, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia, forma parte del llamado Triángulo del Litio, que concentra 67 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral, con Argentina a la cabeza, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
…Y varios contras
Por lo demás, quienes son escépticos con el potencial del litio para la ecorregión señalan que los países sudamericanos vuelven a ocupar el rol de productores primarios, como sucede con sus exportaciones agrícolas y pecuarias.
Eso está crudamente reflejado en Olaroz, uno de los pueblos solares que se abastece de electricidad por un pequeño parque solar fotovoltaico local, que como los demás del programa funciona las 24 horas porque tiene baterías de litio.
Pero esas baterías se importan de China, ya que ni en Argentina ni en el resto de América del Sur existe la tecnología para fabricarlas.
Cuando se recorre la Puna jujeña, hay lugares donde no se quiere ni oír hablar del litio.
En Salinas Grandes, otro gigantesco mar de color blanco, situado a unos 100 kilómetros de Olaroz, no ha logrado introducirse ninguna firma minera por la oposición de las 33 comunidades indígenas del área.
“Este es nuestro territorio, nosotros decidimos que acá no se va a extraer litio y nos van a tener que respetar”, explica a IPS Verónica Chávez, mientras participaba en una asamblea de unos 100 integrantes de comunidades indígenas en pleno salar.
Chávez es habitante de Santuario Tres Pozos, con unas 30 familias, y miembro de la cooperativa local que reúne las familias indígenas que trabajan en la extracción de sal, de la misma manera que por siglos lo hicieron sus antepasados.
“Todas las promesas que nos hacen con la llegada de las empresas de litio son mentira. El litio es comida para hoy y hambre para mañana”, agrega Chávez.
Alternativas propias
En Salinas Grandes, a la extracción de sal, las comunidades agregaron hace cuatro años otra actividad: los paseos guiados y la venta de artesanías para los turistas argentinos y extranjeros que se acercan atraídos por el paisaje blanco que brilla bajo el sol y parece no terminar nunca.
Alicia Chalabe, abogada de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes, asegura que no habrá oferta económica capaz de modificar la situación. “Las comunidades viven muy cerca de las salinas y usan el territorio, que para ellas tiene un valor histórico, cultural y patrimonial para sus pobladores muy importante”, explica a IPS.
“En la zona de Olaroz la situación es distinta porque las comunidades nunca usaron las salinas”, agrega.
En febrero, las comunidades de Salinas Grandes realizaron durante más de 10 días un corte de la ruta nacional 52, que conecta con Chile, hasta que lograron que se detuvieran los trabajos de exploración que una firma minera de litio había iniciado en la zona, sin la aprobación de las poblaciones indígenas.
La resistencia en Salinas Grandes se basa en parte en los estudios del hidrogeólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcelo Sticco, que señalan que la extracción de litio pone en riesgo las fuentes de agua de las comunidades, en una zona desértica, donde la lluvia es un lujo muy esporádico.
“Los estudios que hicimos son contundentes. El litio se separa mediante la evaporación de enormes cantidades de agua y favorece la salinización de las aguas subterráneas que se utiliza para el consumo en la región”, dice Sticco a IPS desde la capital argentina.
El gobierno de Jujuy tiene un proyecto para darle valor agregado al litio en la provincia: se asoció con el italiano grupo de electrónica SERI, que podría instalar en la provincia una planta de ensamblado de baterías, destinadas a la conversión a la movilidad eléctrica del transporte público urbano.
Esa iniciativa, de concretarse, podría modificar un panorama que por ahora no ofrece grandes beneficios concretos, por más que muchos en Argentina cuenten ya la riqueza que traerá el llamado “oro blanco”.
De hecho, y aunque vienen creciendo, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en 2018 los 251 millones de dólares, apenas 6,5 por ciento de las exportaciones mineras del país.
Sin embargo, Oheler, el presidente de Jemse, considera que el pico de la demanda internacional de litio todavía no llegó: “Lo vamos a tener entre 2025 y 2030 y tenemos que aprovecharlo para crecer y para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Pero algunos especialistas temen las consecuencias de apostar demasiado por este elemento químico, que podría quedar desfasado muy pronto por una nueva tecnología que reduzca o elimine su atractivo actual.
El litio tiene variados usos pero es su calidad de conductor de calor lo que le hace tan codiciado como componente de las baterías eléctricas recargables.
Estas se usan en los teléfonos celulares, en el almacenamiento de diferentes energías renovables, especialmente la solar, y en la automoción eléctrica, que se proyecta que adquiriría gran peso en la movilidad del futuro, en especial en el transporte público, a medida que se reduzcan los motores por combustión fósil, para contener el recalentamiento planetario.
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Guaraníes serán guardianes de la selva en Misiones
Guaraníes colaborarán en la custodia de la selva Yriapú
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones y las cuatro comunidades Mbya guaraní que integran las 600 hectáreas de Iguazú o Selva Yriapú, con el apoyo de la Fundación Selva Yriapú, llegaron a un acuerdo por el cual el Ministerio de Ecología capacitará en materia de procedimientos y actuaciones a los guardianes guaraníes
Al mismo tiempo que prestará su apoyo y colaboración a través del cuerpo de Guardaparques para que este espacio preserve sus condiciones naturales actuales. En este sentido se propone que las comunidades mbya guaraní elijan 4 personas por comunidad para capacitarse y diseñen en conjunto con el Ministerio y otros organismos que colaboren un programa que permita recibir una instrucción, bajo una mirada multicultural, en los principales aspectos que componen la actividad de un guardafauna y custodia de patrimonio natural y cultural. Como conclusión de la etapa de formación, que será realizada in situ en las comunidades, se otorgará un carnet de guardafauna para los que superen la capacitación y de esta manera poder colaborar activamente una custodia de los recursos naturales presentes en el lugar y mantener estrecho contacto con los agentes de conservación del Ministerio.
Este acuerdo se concretó luego de una reunión mantenida en la ciudad Iguazú por el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz, el Subsecretario de Ecología Alan Benítez Vortich, Cuerpo de Guardaparques de Misiones, Presidenta de la Fundación Selva Yriapú, Lilian Zakidalski, e integrantes de las cuatro comunidades guaraníes de las 600 has. De Puerto Iguazú, Iryapú, Yasi Porá, Tupá mbaé e Itá Poty Mirí.
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Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones y las cuatro comunidades Mbya guaraní que integran las 600 hectáreas de Iguazú o Selva Yriapú, con el apoyo de la Fundación Selva Yriapú, llegaron a un acuerdo por el cual el Ministerio de Ecología capacitará en materia de procedimientos y actuaciones a los guardianes guaraníes
Al mismo tiempo que prestará su apoyo y colaboración a través del cuerpo de Guardaparques para que este espacio preserve sus condiciones naturales actuales. En este sentido se propone que las comunidades mbya guaraní elijan 4 personas por comunidad para capacitarse y diseñen en conjunto con el Ministerio y otros organismos que colaboren un programa que permita recibir una instrucción, bajo una mirada multicultural, en los principales aspectos que componen la actividad de un guardafauna y custodia de patrimonio natural y cultural. Como conclusión de la etapa de formación, que será realizada in situ en las comunidades, se otorgará un carnet de guardafauna para los que superen la capacitación y de esta manera poder colaborar activamente una custodia de los recursos naturales presentes en el lugar y mantener estrecho contacto con los agentes de conservación del Ministerio.
Este acuerdo se concretó luego de una reunión mantenida en la ciudad Iguazú por el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz, el Subsecretario de Ecología Alan Benítez Vortich, Cuerpo de Guardaparques de Misiones, Presidenta de la Fundación Selva Yriapú, Lilian Zakidalski, e integrantes de las cuatro comunidades guaraníes de las 600 has. De Puerto Iguazú, Iryapú, Yasi Porá, Tupá mbaé e Itá Poty Mirí.
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El Litio genera serios problemas en las comunidades nativas
Litio: la fiebre del oro blanco, ¿bendición o infortunio para Argentina?
Fecha de Publicación: 24/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el noroeste de Argentina, la carretera hacia el Altiplano zigzaguea a una vertiginosa altitud de 4.000 metros. Es un paisaje de colosales farallones de lava, conos volcánicos y profundos barrancos.
Los cactus gigantes sobresalen de las grietas de las rocas y se alzan hacia la inmensidad del cielo azul.
Unas asustadizas vicuñas, parientes de la llama, se alejan del tráfico con sus endebles extremidades. Y sobre la cresta de la montaña se ve una vasta y cegadora extensión de algo mágicamente blanco: la cuenca rica en litio de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.
El cartel hecho a mano que da la bienvenida a los visitantes no deja lugar a dudas: "No al litio".
Argentina, junto a Bolivia y Chile, tiene una de las mayores reservas mundiales de litio.
Litio para hoy, hambre para mañana
A principios de este año, la compañía minera canadiense involucrada en actividades de exploración abandonó la zona luego de que los manifestantes bloquearan la carretera principal que atraviesa las salinas.
"Litio para hoy, hambre para mañana", dicen las señales de los activistas.
"Para nosotros, Salinas Grandes es como una madre sagrada", dice Verónica Chávez, quien es la presidenta de su pueblo, Santuario Tres Pozos, una de las 33 comunidades indígenas en este área, la mayoría de ellas en la provincia de Jujuy.
"Tenemos que respetarla porque me cuida a mí, a mi familia y a mis hijos. Y cuidó de mis ancestros. Así que sentimos un profundo respeto hacia este entorno, no hay lugar para la explotación del litio".
Esta es una de las regiones más áridas de la Tierra.
Así que, más allá de los vínculos culturales y espirituales que los pueblos indígenas tienen con las salinas, hay una gran ansiedad sobre la demanda de agua dulce.
"Sabemos que las empresas de litio usan millones y millones de litros de agua dulce", dice Chávez, "Así que, ¿qué pasará con nuestros animales, con nuestras vidas, con las vidas de nuestros nietos en el futuro?"
La extracción minera de litio en Argentina requiere perforar profundamente en el salar para llegar hasta la salmuera (agua saturada de sal) que contiene el mineral que alimenta nuestros celulares, computadoras y autos eléctricos.
El agua salada se bombea a unas enormes piscinas en la superficie y se deja evaporar durante meses, resultando en una solución rica en litio.
El agua dulce se usa entonces para producir y extraer carbonato de litio, el polvo blanco que se exporta al extranjero, a las fábricas de baterías, a partir de esta solución.
Para impulsar un auto Tesla Model S eléctrico se necesitan 45 kg de carbonato de litio.
Y para producir una tonelada de carbonato de litio -dependiendo de la instalación- se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce.
Más dinero, menos agua
En contraste con el enfrentamiento entre las comunidades y la industria minera en Salinas Grandes, a dos horas en carro en dirección oeste, hacia la frontera con Chile, queda el salar de Olaroz Cauchari, en donde ya se produce litio.
Sales de Jujuy, un proyecto empresarial conjunto entre la firma australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la compañía minera del gobierno provincial de Jujuy- es una de las dos minas en operación en Argentina.
El año pasado, la planta produjo unas 14.000 toneladas de carbonato de litio. Solamente en términos de agua dulce, la fábrica podría haber utilizado el equivalente a más de 150 piscinas olímpicas.
Algunos residentes de la zona han notado un cambio en su suministro de agua desde que llegaron los mineros.
"Hay mucha menos agua en los pozos y en los canales de riego. Estamos preocupados", dice Tomasa Soriano quien cría cabras y cuida a 97 llamas.
Soriano vive en Huáncar, un pequeño pueblo de calles de tierra y en su mayoría edificios de adobe en los alrededores de la inmensa blancura de Olaroz Cauchari.
El litio ha aportado una gran mejora económica a estas comunidades, que viven una de las regiones más ignoradas de Argentina.
El marido de Soriano trabaja para una compañía de exploración minera. Pero cuando no está trabajando en la escuela local, cuidando de sus cinco hijos o atendiendo a sus animales, ella también tiene que aprender sobre el agua.
"Puede que tengamos menos agua por el cambio climático", dice ella. "Pero también sospechamos que la industria del litio, los mineros, usan mucha cantidad de agua dulce".
Los activistas ambientales argentinos respaldan la sospecha de Soriano.
La teoría es que cuando la salmuera se bombea desde debajo del salar, el agua dulce de los laterales de la cuenca gravitará para llenar el espacio dejado por la salmuera extraída, por lo que quedará menos agua para cultivos, animales y personas.
"Incluso aunque la información que tenemos es incompleta, creemos que los datos muestran un daño que ya se está haciendo. Lo que no sabemos es la extensión de ese daño", dice Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El informe de FARN se basa en datos públicos de compañías mineras que trabajan en Jujuy. La ONG ha pedido que se detenga toda la nueva producción de litio.
"Tenemos un principio en ley medioambiental llamado el principio de precaución, que dice que si no hay suficiente información científica, o cuando la literatura no coincide con impactos probables, no debería haber un motivo para estar inactivo. Se debe actuar con anticipación", dice Marchegiani.
Opiniones enfrentadas
El secretario de Minería del gobierno provincial de Jujuy está molesto por esta cuestión.
"El estudio de FARN es pura cháchara", dice Miguel Soler con desprecio.
"No hemos visto ningún impacto en los recursos hídricos o en la vida silvestre hasta ahora. De hecho, hubo un aumento de vicuñas y flamencos en la zona", asegura.
"Tenemos más de 10 años de datos de monitoreo y muestreo sobre la calidad del agua. Tenemos muchos pozos de perforación que controlan la profundidad del agua. El trabajo lo realizan las compañías y el gobierno lo revisa".
Su respuesta subraya la falta de investigaciones independientes sobre los recursos de agua dulce.
"Ese es uno de los mayores problemas", dice Victoria Flexer, profesora de electroquímica en la Universidad de Jujuy y directora de un grupo de trabajo interdisciplinar sobre el litio.
Y con la economía argentina una vez más al borde del desastre frente a las elecciones nacionales, es improbable que haya dinero para un estudio imparcial.
"En Argentina, las provincias que tienen litio están entre las más pobres del país", dice Flexer.
"Así que, por un lado, estos gobiernos provinciales no tienen recursos humanos cualificados para llevar a cabo un monitoreo cuidadoso. Y por otro las economías de estas provincias se están convirtiendo en fuertemente dependientes de la presencia de compañías de litio, pues crean trabajo".
Respecto al problema del agua, se muestra escéptica sobre el reporte de FARN, la ONG medioambiental.
"No he visto cifras sólidas", dice ella. "Atribuir la desecación de un pequeño curso de agua dulce a la industria minera es algo que no se puede probar ni refutar en solo un año, porque en los lagos y ríos del desierto a veces se secan de forma natural".
"Necesitamos mediciones durante al menos cinco años para estar absolutamente seguros de ello. La variabilidad se debe a la extracción de litio y no solo a la variación de las lluvias ".
Aún así, el agua -y su ahorro- son una prioridad para su equipo. Ella está trabajando en un método para recuperar el litio usando electroquímica.
"Creemos que podríamos producir agua dulce paralelamente al carbonato de litio. Podría ser como un producto lateral, y podríamos enviar ese agua a las comunidades".
La desventaja de la técnica es que usa electricidad, haciéndola mucho más costosa que el actual método para extraer litio, el cual depende del sol para evaporar la salmuera, rica en minerales.
Y en un momento en que el precio de este mineral ha caído en los mercados internacionales, la industria no ha arrancado hasta ahora.
Pero algunas compañías privadas han desarrollado otras técnicas para producir litio que también usan menos agua dulce.
"Una vez que la salmuera se bombea, la ponemos en una columna de agua durante un par de horas. Hay pequeños gránulos del tamaño de medio grano de arroz. Esos gránulos extraen el litio del agua", dice Steve Promnitz, director gerente de Lake Resources, una empresa australiana dedicada a la exploración en Olaroz Cauchari, que pretende comenzar la producción en 2023.
"A las dos horas devolvemos ese agua al acuífero. Es exactamente la misma, pero sin litio. Después se puede tratar ese producto concentrado y convertirlo en un producto de litio".
Estos dos métodos evitan la necesidad de enormes piscinas de evaporación, reduciendo la huella ambiental.
Pero en la cuenca de Salinas Grandes y en la Laguna de Guayatayoc, donde se detuvo la exploración de litio desde las protestas de febrero, Verónica Sánchez no se deja impresionar.
"No vamos a permitir más minería aquí", dice con firmeza.
Y a diferencia de la región de Olaroz Cauchari, donde los lugareños no tuvieron muchas opciones para impulsar sus perspectivas económicas antes de la llegada de las compañías de litio, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc tienen una relación comercial sólida con el salar.
Muchos turistas que se toman selfies los visitan todos los días. Hay puestos que venden chucherías talladas en sal mientras las mujeres asan empanadas rellenas de carne de llama. Y hay ingresos de la recolección tradicional de sal.
AIS Resources, la compañía canadiense dedicada a la exploración de litio cuando ocurrieron las protestas, no quiso ser entrevistada por la BBC.
En cualquier caso, nueve meses después, el callejón sin salida continúa. Por eso ninguna de las compañías de litio con concesiones en Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc puede trabajar ahí.
"El gobierno de Jujuy está totalmente abierto a hablar", dice Soler. "Respetamos a la comunidad, pero al mismo tiempo debemos respetar la ley".
Él afirma que la exploración continuará.
En 2017 había nos tres millones de vehículos eléctricos en las carreteras de todo el mundo. Y la Agencia Internacional de Energía ha pronosticado un aumento de casi 125 millones para 2030.
Steve Promnitz compara el cambio que está llegando a la revolución del transporte con el que se produjo a principios del siglo XX.
"Hacia 1910, nadie podía verlo. Y luego en la década de 1920 nadie imaginaba todavía usando caballos. Eso es lo que va a pasar con los autos eléctricos que funcionan con baterías de litio. Esta una tecnología probada".
Pero Verónica Chávez tiene un mensaje para los conductores que quieren un auto eléctrico para "descarbonizar" sus vidas y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
"Nosotros también tenemos derecho a vivir en paz. Y no deberíamos cargar con las consecuencias de quienes quieren salvar el planeta... porque nos están matando".
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Fecha de Publicación: 24/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el noroeste de Argentina, la carretera hacia el Altiplano zigzaguea a una vertiginosa altitud de 4.000 metros. Es un paisaje de colosales farallones de lava, conos volcánicos y profundos barrancos.
Los cactus gigantes sobresalen de las grietas de las rocas y se alzan hacia la inmensidad del cielo azul.
Unas asustadizas vicuñas, parientes de la llama, se alejan del tráfico con sus endebles extremidades. Y sobre la cresta de la montaña se ve una vasta y cegadora extensión de algo mágicamente blanco: la cuenca rica en litio de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.
El cartel hecho a mano que da la bienvenida a los visitantes no deja lugar a dudas: "No al litio".
Argentina, junto a Bolivia y Chile, tiene una de las mayores reservas mundiales de litio.
Litio para hoy, hambre para mañana
A principios de este año, la compañía minera canadiense involucrada en actividades de exploración abandonó la zona luego de que los manifestantes bloquearan la carretera principal que atraviesa las salinas.
"Litio para hoy, hambre para mañana", dicen las señales de los activistas.
"Para nosotros, Salinas Grandes es como una madre sagrada", dice Verónica Chávez, quien es la presidenta de su pueblo, Santuario Tres Pozos, una de las 33 comunidades indígenas en este área, la mayoría de ellas en la provincia de Jujuy.
"Tenemos que respetarla porque me cuida a mí, a mi familia y a mis hijos. Y cuidó de mis ancestros. Así que sentimos un profundo respeto hacia este entorno, no hay lugar para la explotación del litio".
Esta es una de las regiones más áridas de la Tierra.
Así que, más allá de los vínculos culturales y espirituales que los pueblos indígenas tienen con las salinas, hay una gran ansiedad sobre la demanda de agua dulce.
"Sabemos que las empresas de litio usan millones y millones de litros de agua dulce", dice Chávez, "Así que, ¿qué pasará con nuestros animales, con nuestras vidas, con las vidas de nuestros nietos en el futuro?"
La extracción minera de litio en Argentina requiere perforar profundamente en el salar para llegar hasta la salmuera (agua saturada de sal) que contiene el mineral que alimenta nuestros celulares, computadoras y autos eléctricos.
El agua salada se bombea a unas enormes piscinas en la superficie y se deja evaporar durante meses, resultando en una solución rica en litio.
El agua dulce se usa entonces para producir y extraer carbonato de litio, el polvo blanco que se exporta al extranjero, a las fábricas de baterías, a partir de esta solución.
Para impulsar un auto Tesla Model S eléctrico se necesitan 45 kg de carbonato de litio.
Y para producir una tonelada de carbonato de litio -dependiendo de la instalación- se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce.
Más dinero, menos agua
En contraste con el enfrentamiento entre las comunidades y la industria minera en Salinas Grandes, a dos horas en carro en dirección oeste, hacia la frontera con Chile, queda el salar de Olaroz Cauchari, en donde ya se produce litio.
Sales de Jujuy, un proyecto empresarial conjunto entre la firma australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la compañía minera del gobierno provincial de Jujuy- es una de las dos minas en operación en Argentina.
El año pasado, la planta produjo unas 14.000 toneladas de carbonato de litio. Solamente en términos de agua dulce, la fábrica podría haber utilizado el equivalente a más de 150 piscinas olímpicas.
Algunos residentes de la zona han notado un cambio en su suministro de agua desde que llegaron los mineros.
"Hay mucha menos agua en los pozos y en los canales de riego. Estamos preocupados", dice Tomasa Soriano quien cría cabras y cuida a 97 llamas.
Soriano vive en Huáncar, un pequeño pueblo de calles de tierra y en su mayoría edificios de adobe en los alrededores de la inmensa blancura de Olaroz Cauchari.
El litio ha aportado una gran mejora económica a estas comunidades, que viven una de las regiones más ignoradas de Argentina.
El marido de Soriano trabaja para una compañía de exploración minera. Pero cuando no está trabajando en la escuela local, cuidando de sus cinco hijos o atendiendo a sus animales, ella también tiene que aprender sobre el agua.
"Puede que tengamos menos agua por el cambio climático", dice ella. "Pero también sospechamos que la industria del litio, los mineros, usan mucha cantidad de agua dulce".
Los activistas ambientales argentinos respaldan la sospecha de Soriano.
La teoría es que cuando la salmuera se bombea desde debajo del salar, el agua dulce de los laterales de la cuenca gravitará para llenar el espacio dejado por la salmuera extraída, por lo que quedará menos agua para cultivos, animales y personas.
"Incluso aunque la información que tenemos es incompleta, creemos que los datos muestran un daño que ya se está haciendo. Lo que no sabemos es la extensión de ese daño", dice Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El informe de FARN se basa en datos públicos de compañías mineras que trabajan en Jujuy. La ONG ha pedido que se detenga toda la nueva producción de litio.
"Tenemos un principio en ley medioambiental llamado el principio de precaución, que dice que si no hay suficiente información científica, o cuando la literatura no coincide con impactos probables, no debería haber un motivo para estar inactivo. Se debe actuar con anticipación", dice Marchegiani.
Opiniones enfrentadas
El secretario de Minería del gobierno provincial de Jujuy está molesto por esta cuestión.
"El estudio de FARN es pura cháchara", dice Miguel Soler con desprecio.
"No hemos visto ningún impacto en los recursos hídricos o en la vida silvestre hasta ahora. De hecho, hubo un aumento de vicuñas y flamencos en la zona", asegura.
"Tenemos más de 10 años de datos de monitoreo y muestreo sobre la calidad del agua. Tenemos muchos pozos de perforación que controlan la profundidad del agua. El trabajo lo realizan las compañías y el gobierno lo revisa".
Su respuesta subraya la falta de investigaciones independientes sobre los recursos de agua dulce.
"Ese es uno de los mayores problemas", dice Victoria Flexer, profesora de electroquímica en la Universidad de Jujuy y directora de un grupo de trabajo interdisciplinar sobre el litio.
Y con la economía argentina una vez más al borde del desastre frente a las elecciones nacionales, es improbable que haya dinero para un estudio imparcial.
"En Argentina, las provincias que tienen litio están entre las más pobres del país", dice Flexer.
"Así que, por un lado, estos gobiernos provinciales no tienen recursos humanos cualificados para llevar a cabo un monitoreo cuidadoso. Y por otro las economías de estas provincias se están convirtiendo en fuertemente dependientes de la presencia de compañías de litio, pues crean trabajo".
Respecto al problema del agua, se muestra escéptica sobre el reporte de FARN, la ONG medioambiental.
"No he visto cifras sólidas", dice ella. "Atribuir la desecación de un pequeño curso de agua dulce a la industria minera es algo que no se puede probar ni refutar en solo un año, porque en los lagos y ríos del desierto a veces se secan de forma natural".
"Necesitamos mediciones durante al menos cinco años para estar absolutamente seguros de ello. La variabilidad se debe a la extracción de litio y no solo a la variación de las lluvias ".
Aún así, el agua -y su ahorro- son una prioridad para su equipo. Ella está trabajando en un método para recuperar el litio usando electroquímica.
"Creemos que podríamos producir agua dulce paralelamente al carbonato de litio. Podría ser como un producto lateral, y podríamos enviar ese agua a las comunidades".
La desventaja de la técnica es que usa electricidad, haciéndola mucho más costosa que el actual método para extraer litio, el cual depende del sol para evaporar la salmuera, rica en minerales.
Y en un momento en que el precio de este mineral ha caído en los mercados internacionales, la industria no ha arrancado hasta ahora.
Pero algunas compañías privadas han desarrollado otras técnicas para producir litio que también usan menos agua dulce.
"Una vez que la salmuera se bombea, la ponemos en una columna de agua durante un par de horas. Hay pequeños gránulos del tamaño de medio grano de arroz. Esos gránulos extraen el litio del agua", dice Steve Promnitz, director gerente de Lake Resources, una empresa australiana dedicada a la exploración en Olaroz Cauchari, que pretende comenzar la producción en 2023.
"A las dos horas devolvemos ese agua al acuífero. Es exactamente la misma, pero sin litio. Después se puede tratar ese producto concentrado y convertirlo en un producto de litio".
Estos dos métodos evitan la necesidad de enormes piscinas de evaporación, reduciendo la huella ambiental.
Pero en la cuenca de Salinas Grandes y en la Laguna de Guayatayoc, donde se detuvo la exploración de litio desde las protestas de febrero, Verónica Sánchez no se deja impresionar.
"No vamos a permitir más minería aquí", dice con firmeza.
Y a diferencia de la región de Olaroz Cauchari, donde los lugareños no tuvieron muchas opciones para impulsar sus perspectivas económicas antes de la llegada de las compañías de litio, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc tienen una relación comercial sólida con el salar.
Muchos turistas que se toman selfies los visitan todos los días. Hay puestos que venden chucherías talladas en sal mientras las mujeres asan empanadas rellenas de carne de llama. Y hay ingresos de la recolección tradicional de sal.
AIS Resources, la compañía canadiense dedicada a la exploración de litio cuando ocurrieron las protestas, no quiso ser entrevistada por la BBC.
En cualquier caso, nueve meses después, el callejón sin salida continúa. Por eso ninguna de las compañías de litio con concesiones en Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc puede trabajar ahí.
"El gobierno de Jujuy está totalmente abierto a hablar", dice Soler. "Respetamos a la comunidad, pero al mismo tiempo debemos respetar la ley".
Él afirma que la exploración continuará.
En 2017 había nos tres millones de vehículos eléctricos en las carreteras de todo el mundo. Y la Agencia Internacional de Energía ha pronosticado un aumento de casi 125 millones para 2030.
Steve Promnitz compara el cambio que está llegando a la revolución del transporte con el que se produjo a principios del siglo XX.
"Hacia 1910, nadie podía verlo. Y luego en la década de 1920 nadie imaginaba todavía usando caballos. Eso es lo que va a pasar con los autos eléctricos que funcionan con baterías de litio. Esta una tecnología probada".
Pero Verónica Chávez tiene un mensaje para los conductores que quieren un auto eléctrico para "descarbonizar" sus vidas y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
"Nosotros también tenemos derecho a vivir en paz. Y no deberíamos cargar con las consecuencias de quienes quieren salvar el planeta... porque nos están matando".
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Advierten sobre el alto índice de accidentes en Vaca Muerta
Aseguran que el índice de accidentes en Vaca Muerta es "alarmante"
Fecha de Publicación: 30/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que, además del desastre ambiental, los habitantes de la zona ven violados sus derechos por la militarización del territorio decidida por la ministra Patricia Bullrich.
Violación de derechos, desastre ambiental y militarización. Son tres los efectos que se producen en Vaca Muerta, según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén. Fue luego de un nuevo incendio en un pozo de YPF (iniciado hace una semana y que aún no pueden apagar) y de que la ministra Patricia Bullrich ordenara que Gendarmería Nacional "custodie" a las petroleras.
"El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. Es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente", denunció Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. En 2013, cuando se inició la explotación en Vaca Muerta, el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, había prometido "cero impacto ecológico".
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de "fractura hidráulica" ("fracking"). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP),Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
Las secuelas del fracking
El fracking en Argentina acumula derrames, explosiones de pozos y "pérdidas" de pastillas radioactivas (se utilizan para "perfilajes", radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo "algunas hectáreas". YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) afirmaron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente provincial en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 "incidentes ambientales". En 2018 hubo 934 hechos.
La fuga que derivó en incendio
El sábado 14 de septiembre, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendio en un pozo de fracking de YPF. La Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de las petroleras.
El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
"El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este 'accidente' lo demuestra una vez más", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el publicitado "fracking seguro": explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Silencio y militarización
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los grandes medios de comunicación. "Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes", afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las "bondades" de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta.
Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural", denunció la Confederación Mapuche.
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Jujuy: explotación de litio vulnera derechos indígenas
Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
El referente del pueblo atacama Miguel Casimiro sostuvo que en la exploración minera como en otros emprendimientos “se está violando el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En la puna salteña hay 19 salares con 50 proyectos desarrollados por varias empresas privadas, algunas en etapa de exploración y las más avanzadas en la construcción de plantas piloto, y se espera que comiencen con la producción de litio en uno o dos años. En la zona hay 20 comunidades indígenas de los pueblos atacama y kolla que se verán afectadas y no han sido consultadas. Casimiro sostuvo que se está vulnerando un derecho “establecido por el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por el Estado argentino que tiene rango constitucional. También el artículo 75 inciso 17 establece en el último párrafo el requisito de la “consulta sobre los recursos que existen en territorios de pueblos originarios”.
El referente de la comunidad Likanantaí y abogado especializado en derecho indígena, Miguel Casimiro, explicó que “el planteo que están haciendo las comunidades es el de agotar las instancias administrativas para, de no tener respuestas, ingresar una demanda judicial a las provincias que hacen caso omiso de los derechos que amparan a las comunidades”.
El abogado contó que las comunidades del pueblo atacama vienen desarrollando un proceso de diálogo con el Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia: “Se conversó en dos oportunidades, se planteó la consulta y participación y ellos desvían siempre la conversación y el cumplimiento efectivo del derecho a otras cuestiones que no dice la ley”.
“Hace poco querían hacer (desde el Ministerio) un protocolo de consulta a comunidades y pueblos indígenas que no tenía nada de lo que establece el derecho en sí. En el sentido de que ellos plantean que el sujeto a consultar es la autoridad, cuando la autoridad en una comunidad es la asamblea, no una persona en particular”, dijo Casimiro.
También denunció prácticas irregulares para legitimar proyectos de extractivistas en sus territorios: “Otra cosa que hacen es agarrar a cualquier persona que no tiene legitimidad y ponerla a firmar papeles diciendo que ya está hecha la consulta, que presta conformidad. Presentan eso y se determina la legalidad para llevar adelante la explotación”.
Por su parte, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas, Ariel Sanchez, dijo a Salta 12 que antes de 2016 el organismo que integra no existía en la provincia y había un protocolo que consistía en la conformación de mesas de consulta con distintos actores sociales, no solo originarios. Afirmó que el protocolo de consulta que aplican ahora es interministerial, requiere que la Secretaría de Minería les informe de la existencia de comunidades originarias en los territorios donde se vayan a implementar proyectos productivos para que se realice el proceso de consulta previa. En lo que se refiere al litio, Sánchez aseguró que no les llegó ningún expediente.
Territorio ancestral
Miguel Casimiro explicó que las comunidades del pueblo atacama y del pueblo kolla que habitan en el departamento Los Andes, cuya cabecera es la localidad de San Antonio de los Cobres, no solo reclaman el derecho sobre las tierras sino al territorio ancestral, esto implica que "los recursos naturales que están debajo, en el subsuelo o en el espacio aéreo y en la superficie tienen que pasar por el proceso de consulta y participación ajustado al derecho colectivo".
El referente dijo que para dar licencia social las comunidades requieren que se radiquen empresas con mayor participación de capital estatal que privados. “Ahora las empresas mineras ya no van a pagar regalías, se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital en San Antonio de los Cobres de mediana o alta complejidad”, aseguró.
Resaltó asimismo que las empresas toman mano de obra de otros lugares y que se instalan por 15 o 20 años, dejando solo pasivos ambientales. “Es un búmeran que nosotros lo tomamos diciendo ‘va a generar trabajo’ pero después ¿en qué va a quedar San Antonio? Cuando se acabe la explotación de litio se va a convertir en un pueblo fantasma”.
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