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Mendoza: otra propuesta minera, una minera estatal

 


Rodolfo Suarez lanza otra propuesta librada al azar político: crea una empresa minera estatal

Fecha de Publicación
: 15/09/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Gobernador busca crear una empresa provincial de minería para gestionar esos recursos. El primer objetivo será reactivar Potasio Río Colorado. Cómo es el modelo de gestión de un gobernador que propone, pero deja librado al azar político la concreción de medidas.
Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo tienen estilos distintos y a muchos funcionarios que estuvieron con ambos les costó calibrarse a códigos del nuevo gobernador. Mientras que Cornejo enviaba un proyecto o tomaba una medida solo cuando estaba cerrada, pulida y con la estrategia política para que avance, Suarez se arriesga: anuncia medidas y proyectos de ley sin blindaje y "a debate". El Gobernador deja librado al azar político el resultado de las decisiones que él cree que hay que tomar.
Esa estrategia tiene virtudes y defectos, según explican los oficialistas. Por un lado gozan de flexibilidad para modificar ideas (como ocurrió con varias leyes), pero por el otro hace más impredecible el futuro. Pasó hasta con el proyecto de reforma de la Constitución, que muchos oficialistas conocieron recién en el momento del ingreso a la Legislatura.
Suarez puntea de a uno los temas que propone tomando como base las propuestas que hizo en campaña. "Estamos cumpliendo lo que dijimos", repite. Y es verdad, pero en cuanto a propuestas. Propone lo que dijo que iba a hacer; pero no siempre se concreta como lo había pensado. Pasó con la minería, pasó con el Consejo Económico Social. Puede pasar con la Reforma.

Otro intento
Ahora el Gobernador avanza con un paquete de medidas que serán claves para el futuro económico y social. Ocurrió con el grupo de leyes para incentivar la industria del conocimiento y con los planes de reactivación. En las próximas semanas habrá otro anuncio relacionado con ese tema: Suarez creará la empresa provincial de minería.
Esa empresa apuntará a administrar los recursos que el Estado tiene y tenga en esa industria. Claro, con un peso distinto al imaginado porque el primer paso que había pensado el Gobernador no lo logró y difícilmente ocurra (la modificación de la ley 7722). Pero la Empresa Provincial de Minería tendrá en principio una misión exclusiva. Será la concesionaria de Potasio Río Colorado, la trunca mina de sales ubicada en Malargüe y que aún esta a cargo de la brasileña Vale. Ya está redactado el acuerdo con Vale para revertir a favor del Estado la concesión minera. Pero también cederá toda la infraestructura montada en la mina y el acuerdo incluye el pago del mantenimiento del lugar por un tiempo limitado.
La nueva empresa tendrá la potestad de negociar con algún inversionista para que la mina se concrete. La versión a ejecutar será la más humilde: una mina pequeña y con posibilidad de exportar materia prima y desarrollar algún producto con valor agregado.
Mendoza ya tiene una empresa estatal de energía que está volcada en dos áreas: la industria del petróleo y las energías renovables. Allí es socio en varios proyectos. EMESA tiene las concesiones a su cargo. Algo similar pasaría con la nueva empresa, pero con los yacimientos mineros. Potasio Río Colorado es un proyecto que atravesó todos los males locales: hubo sospechas de corrupción y sobreprecios "entre privados", el Estado cobró regalías a cuenta por un proyecto que nunca se terminó, se generó una burbuja enorme que explotó y las "ilusiones de Malargüe" quedaron truncas. El proyecto fue pensado por el Estado nacional hace más de 40 años. Lo desarrolló la inglesa Río Tinto (que hasta tomó recomendaciones de ambientalistas para mejorarlo) y luego se lo vendió a la brasileña Vale. Con la caída de esa empresa, se derrumbó el "gigante que no fue". Ahora será una mina provincial.
Suarez tiene en la industria energética una de las ilusiones para reactivar la economía. Arranca con malos parámetros, pues este año, por ejemplo, el petróleo estuvo literalmente en cero por la caída de la demanda que produjo la pandemia. Los proyectos de inversión que había se frenaron (principalmente en el sector mendocino de la formación Vaca Muerta). Portezuelo del Viento es el otro eje y el futuro depende de que el único consorcio que se presentó cumpla y que Alberto Fernández laude de manera sensata para no frenar el proyecto.

Al azar
La tensión política va en aumento y en Mendoza se suma la falta de liderazgos. No hay interlocutores; nexos de negociación claros entre la oposición y el Gobierno. Por eso hay proyectos que caen en una absurda contradicción,como el Consejo Económico Social creado para generar consensos, pero que nació trunco y sin acuerdo.
El mecano de gestión pensado por Suarez antes de asumir tuvo averías. Algunas por una coyuntura imposible de eludir, como la pandemia, y otras por impericias propias. Suarez propone, el azar político dispone.  
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Arcioni quiere un plan oficial pro-minería

Arcioni, junto a sindicalistas y diputados con una agenda minera en el horizonte

Fecha de Publicación
: 14/09/2020
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut


Será en el marco de una plan oficial para el desarrollo de la matriz productiva que el gobernador estaría anunciando en los próximos días. El miércoles, con absoluto bajo perfil, el gobernador recibió a los líderes más influyentes del gremio mercantil en la provincia para avanzar con la temática.
Por ahora con prudencia mediática pero a paso firme, el gobernador Mariano Arcioni comenzó esta semana una serie de reuniones con dirigentes sindicales que se extenderán durante el fin de semana con representantes del Poder Legislativo
El tema central de los encuentros es el mismo: un plan oficial para desarrollar la plataforma productiva de la provincia con un claro eje en el desarrollo minero, algo que por ahora no tiene un marco legal claro y es necesario un fuerte debate en la Legislatura.
El miércoles, con absoluto bajo perfil, Arcioni recibió a los dos líderes más influyentes del gremio mercantil en Chubut: Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en la zona del Valle; y a José González, secretario general de Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Comodoro Rivadavia.
El relevante encuentro ocurrió al mediodía en la Residencia Oficial en Rawson, almuerzo de por medio. A la cita llegaron los dos sindicalistas y otros dirigentes que escucharon del gobernador un anuncio importante: en los próximos días habría un lanzamiento formal de un plan productivo integral que impondrá un fuerte debate de la matriz productiva de Chubut, con la actividad minera a la cabeza.
La idea, dijeron fuentes del encuentro, no es imponer nada sino abrir las puertas para un debate amplio.
De hecho, Béliz y González se enteraron en el encuentro de que la reunión a la que fueron invitados era una especie de punto de partida a encuentros que ocurrirán durante el fin de semana y en días posteriores con los diputados provinciales de todas las bancadas para abordar la temática como parte de la agenda.
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Minera nacional no, mineras provinciales si

Hensel prefiere que haya empresas provinciales y no una nacional

Fecha de Publicación
: 08/09/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel desestimó una propuesta para crear una empresa nacional minera. Por el contrario, avaló la visión que “las empresas provinciales” están llevando adelante dentro el negocio minero, “cosa que me parece bien”.
La pandemia corrió de eje las agendas de los sectores productivos. No hay actividad que directa o indirectamente no se vea afectada por el freno de emergencia forzado por el Covid-19. Por caso, desde que se declaró esencial en el mes de abril, la minería adaptó sus procesos al nuevo contexto y los ciñó a estrictos protocolos sanitarios.
En tanto, los desafíos pendientes siguen siendo los mismos que acarrea desde antes de la cuarentena, y el nuevo escenario global reafirma e intensifica: la necesidad de una licencia social más ampliada para el desarrollo en todo el territorio nacional y la solicitud de mayor certidumbre y previsibilidad en materia de seguridad jurídica para los inversores.

Plan estratégico
Mientras el secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel pretende dar respuesta a esas demandas con la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, otras voces del peronismo, referentes históricos pero recientes para la minería nacional, volvieron a plantear como alternativa para desandar el desarrollo del sector, la creación de una sociedad mixta que contenga al Estado Nacional como aglutinador, a las provincias como dueñas de los recursos minerales y al capital privado.
“El Partido Justicialista tiene una serie de comisiones que son una especie de usina y opiniones. Uno no tiene que estar cerrado a ninguna visión, pero todo depende de cuál es la agenda en relación a la minería, donde hay varios temas bastante complejos que condicionan la inversión. Si no tenemos inversión, no tenemos operaciones, porque la minería funciona a la medida que hay exploración, operación, sostenimiento y producción de minerales”, dijo Hensel, e intentó ponerle un marco a la propuesta de creación de una gran empresa minera pública-privada que lleva la venia del presidente del PJ, José Luis Gioja, aunque la desechó: “hoy no está dentro de los temas de agenda”.

El proyecto
La idea se dio a conocer en el marco de un seminario de dos jornadas sobre empresas públicas y mineras que organizó la Comisión Federal de Técnicos y Profesionales de la Minería del Partido Justicialista a fines de agosto.
El proyecto fue desarrollado por el consultor minero Favio Casarin quién, incluso, le puso el nombre de “Compañía Argentina de Minerales S.A”. Según describió el especialista, la intención era conformar una empresa que, en líneas generales, contara con un 51% de capitalización de acciones por parte del Estado (26% de la Nación y 25% de las provincias), y el 49% restante sería ofertado al capital privado, preferentemente a fondos nacionales. Similar a la conformación que hoy tiene YPF.
Alberto Hensel ofició de presentador en la apertura del seminario virtual que se tituló “Proyecto público-privado. Presente y Futuro. Modelos nacionales”. Y cerró su conexión sin participar de las charlas que se dieron en ese marco.
Pero un par de días después, se refirió al tema en declaraciones a Radio Sarmiento de la provincia de San Juan y señaló que “con una enorme experiencia en campos de la exploración y estándares internacionales, perfectamente YPF podría involucrarse más en los temas mineros en Argentina”, afirmando que “esa es nuestra visión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y es algo que se tendrá que decidir en su momento”.
El funcionario aclaró que no está en los planes de su Cartera la institución de una nueva compañía nacional de minería. “Las empresas provinciales son las que están llevando adelante esta visión de una participación importante dentro el negocio minero, cosa que me parece bien”, agregó el secretario de Minería.
 
Licencia social y renta
Por otra parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, resaltó el rol de las empresas mixtas provinciales en la conformación de la licencia social que precisa la minería para su desarrollo en cada distrito. En ese contexto puso como ejemplo el modelo santacruceño.
Consultado sobre la posibilidad de que se permita hacer minería en Malargüe, una localidad de la provincia de Mendoza en donde la actividad está prohibida por ley, Cabandié dijo que “tendrá que determinarlo la Legislatura Provincial y los habitantes de Malargüe”. “Todos los proyectos tienen que hacerse en el marco de lo sostenible y con licencia social. Lo dije la semana pasada en Chubut; si no hay licencia social no se puede hacer nada”, señaló el ministro y ejemplificó: “En Santa Cruz, el Estado tiene el 50 por ciento en un esquema mixto privado y provincial que procura que no haya desajustes en la actividad para evitar contaminaciones que afecten a la población”.
En paralelo, -con respecto a la renta minera puntualmente, que es el otro gran objetivo que persigue la conformación de una empresa nacional minera, además de la licencia social-, Gioja, quien actualmente también es diputado nacional, avaló el proyecto presentado en el seminario virtual del PJ y estimó que las autoridades provinciales hoy podrían aumentar los aportes económicos. “Con la creación de un fondo fiduciario, en el que la empresa, el intendente del departamento y el gobierno definen obras de infraestructura en sus distritos”, apuntó el exgobernador cuyano y justificó: “ya que la onza de oro aumentó considerablemente y las empresas no deberían tener problema en aceptarlo”
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Nación apunta a fortalecer la minería

El plan de Hensel para que Argentina no pierda el tren minero

Fecha de Publicación
: 03/09/2020
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


Argentina tiene una cartera de oportunidades mineras de más de 320 proyectos y, sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado, suponen inversiones por US$ 30.000 millones. Aunque, si no se lograran nuevas desarrollos hacia 2025, se perderían hasta dos tercios de la producción actual.
Así lo destacó el secretario de Minería, Alberto Hensel, en una entrevista con Télam. “El aprovechamiento del potencial y la forma de evitar la pérdida de dos tercios de la producción actual, requiere de acciones estratégicas y consensuadas. Argentina debe hacer frente a desafíos que generan incertidumbre en el desarrollo de los proyectos y eliminar las barreras que reducen la competitividad de la industria a largo plazo”, afirmó Hensel.
“Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo 750.000 km2, de los cuales resta explorar más de 75%”, precisó el funcionario. Sin embargo, “el país no es un destino prioritario para la inversión minera: entre 2012 y 2019 sólo dos nuevas operaciones entraron en producción, y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción”.
“En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de US$ 5.000 millones a US$ 3.200 millones (concentradas en sólo cuatro provincias), con una reducción del 36%”, recordó. Así, para 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo.
Esto implicaría una importante pérdida para la economía nacional en términos de empleos, exportaciones y generación de divisas, entre otros factores. Para ello, “el país tiene identificados 329 proyectos para desarrollo, de los cuales sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado de exploración o factibilidad podría suponer inversiones en hasta US$ 30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$ 11.000 millones al año”, explicó.
A nivel regional, la construcción de estos proyectos tendría impacto en el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como también de clústers industriales ubicados en otras provincias.
En lo que respecta a potencial geológico en minerales como cobre, oro, plata y litio, existen más de 120 proyectos que posicionan al país en la vanguardia mundial en términos de recursos identificados y potencial geológico, todos productos de alta demanda en el mundo en términos de desarrollo económico y transformación de matrices energéticas actuales.
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¿Quienes se oponen a la ley de humedales?

 


Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales

Fecha de Publicación
: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería.  Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
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Nación impulsa "consensos" para la minería

 

Sigue la búsqueda de consensos para el desarrollo minero

Fecha de Publicación
: 27/08/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector. En el primer encuentro no participó el Ministerio de Ambiente. Desde CAEM celebran que se debata cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla.
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional.
De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera. Aún quedan previstas dos reuniones en esta primera etapa, promovida por el secretario de Minería Alberto Hensel como una “búsqueda de consensos” para luego pasar a una convocatoria nacional más amplia.
Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”.
“La propuesta apunta a que intentemos acuerdos sobre cómo vamos a hacer minería y ser mejores, y más en un contexto de pandemia como el que tenemos. Por ejemplo, la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce.
“Con el Ministerio de Ciencia trabajamos muy bien en la segunda reunión; el de Ambiente y Desarrollo Sostenible no participó de ninguna y está invitado, pero eso no lo podemos resolver nosotros, lo tiene que resolver el Gobierno Nacional”, consideró.
En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”.
Por su parte, el dirigente gremial dijo que llevó a la reunión un listado de temas que a su entender resume “lo que nos viene pasando hace más de 20 años; si bien hay cosas que interpretamos que se han hecho bien, hay unas cuantas que desde nuestro criterio se siguen haciendo mal, y lo hemos puesto sobre la mesa para que nos vaya mejor a todos, porque en definitiva de eso se trata”. “Esos temas son la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”, enumeró Laplace en diálogo con Santa Cruz Produce.
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Malargüe, la minería y el Atuel

 

La crisis reabre el debate de la minería en Mendoza: los efectos sobre el Atuel

Fecha de Publicación
: 21/08/2020
Fuente: El Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ratificó que avanzará con un proyecto para que su departamento quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722. "Vamos a cuidar la cuenca del río", se escudó el jefe comunal.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ya lo tiene decidido y en treinta días o un poco más presentará un proyecto de ley en la Legislatura para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.
El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.
“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.
Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.
Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

Borrador del proyecto
El portal digital mendocino MDZ accedió al borrador del proyecto de Ley que ya comenzó a circular entre algunos senadores provinciales y que además fue entregado a varios empresarios que están dispuestos a respaldarlo en público y que, asimismo, ya han comenzado a tratarlo en privado.
La iniciativa a la que se está tratando de rodear de consenso y legitimidad en un escenario adverso desde lo político y en buena medida desde lo social, consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.
Asimismo se crea una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro d ella Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suarez de principios de gestión.

Megaobra frustrada
El intendente Ojeda esgrime argumentaciones jurídicas para avanzar con su intención, aunque los motivos de peso son sociales.
"Entre las primeras, el intendente apelará al cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Nacional que hace referencia a las autonomías municipales", destacó el portal MDZ en un nota periodística.
Y subrayó: "Pero en el fondo el tema es otro: Malargüe enfrenta una situación muy delicada desde lo económico, agravada ya no solo por la situación de la pandemia del coronavirus, sino también por las sombras que aparecieron sobre Portezuelo del Viento, la megaobra que apunta a generar miles de puestos de trabajo en el Sur y que desde hace un par de meses entró en duda".
"Solo algunos datos. Desde hace años, el único ingreso importante del departamento está basado en las regalías petrolíferas que, en 2020, han caído para la comuna en niveles del 70%. Hasta aquí, Malargüe no logró diversificar su economía y de una población económicamente activa de alrededor de 16.000 personas, unas 6.000 tienen problemas de empleo La mitad de ellos están precarizados y la otra mitad directamente son desocupados", analizó el sitio digital en el mismo artículo.

¿Qué hará Suarez?
En Mendoza todavía no se sabe qué hará el gobernador Rodolfo Suarez. "Es prematuro decirlo", aseguró MDZ.
El gobernador prácticamente clausuró el debate en el mes de mayo cuando sostuvo que la minería era “un tema cerrado”.
De todos modos, en Mendoza creen que hay que "seguir muy de cerca la actividad de algunos empresarios" que ya comenzaron a contactarse con legisladores para intentar avanzar con el proyecto. A través del sector privado, el Gobierno tratará de ir sondeando el escenario.
El desarrollo de la minería era una de las patas sobre las cuales el gobierno Suarez pretendía pararse. Hoy, con una profunda crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus, vuelve un debate que se daba por cerrado.
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Los "ejes" de Argentina para el desarrollo minero

 

Los seis ejes en los que Argentina sentará el plan de desarrollo minero

Fecha de Publicación
: 20/08/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería de la Nación definió los ejes a trabajar entre todos los sectores, incluida la sociedad, para impulsar la actividad. Las decisiones serán claves en las economías regionales. Empleo, Medio Ambiente, Innovación, Competitividad, entre otros.
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, dio a conocer el documento “Hacia una construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina”. Con este escrito, el máximo responsable de la política minera argentina invitó a los actores a participar de un proceso histórico para el desarrollo económico nacional y de la actividad minera.
“Asumir los desafíos que se presentan e impulsar el desarrollo de la actividad requiere de acciones consensuadas por todos los sectores de nuestra sociedad, orientadas a elaborar una propuesta de visión compartida y una serie de iniciativas públicas y privadas”, explica el funcionario sanjuanino.
El documento es la continuidad de aquella videoconferencia que impulsó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, a fines de julio. En esa ocasión el Gobierno Nacional anunció el inicio del trabajo de una “mesa facilitadora” con la misión de debatir las prioridades que se deben atender para el desarrollo minero. Estará conformada por organismos del Estado Nacional, provincias, sindicatos, empresas, referentes de universidades, academias y la sociedad civil.
Para alcanzar una “minería sostenible, competitiva, inclusive e integrada”, la industria debe contener las siguientes prioridades de acción: “Institucionalidad y Desarrollo Minero”; “Competitividad regional”; “Minería y su relación con el ambiente natural”; “Cadena de valor e innovación”; “Desarrollo territorial y participación ciudadana”, y “Minería y Empleo”.
Nación adelantó que en el “diálogo a lo largo del proceso serán incorporados al documento general que dará origen al Plan Federal Minero propiamente dicho y buscará igualarse con países como Canadá, Perú o Chile, territorios de larga trayectoria minera que cuentan con una estrategia compartida y consensuada para el desarrollo”, que será una clara señal al capital inversor para que regrese al país.

Mapa minero
El potencial de la industria minera argentina y su capacidad para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país “es asombroso”. Argentina “no sólo se ubica en el sexto lugar mundial entre los países con mayores recursos mineros, sino que además las estimaciones oficiales dan cuenta que la superficie con posible desarrollo minero es de alrededor de 750.000 km2”. El 75% aún debe ser explorado.
El informe destaca que la cartera actual se compone de más de 329 proyectos. “Solamente la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado significaría una inversión de hasta USD 30.000 millones, la creación de más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por más de USD 11 mil millones al año”.
Así, provincias como “Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y San Juan podrían hacer frente a la agenda post pandemia mejor posicionadas”. Inclusive territorios como Chubut y Mendoza que se declararon abiertamente anti mineros y prohibieron la actividad.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de Minería de la Nación hablan por sí solas.
Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Además, en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En el mismo plazo, las exportaciones mineras pasaron de USD 5 mil millones a USD 3.2 millones, exhibiendo una reducción de un 36%.
Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) señaló a La Opinión Austral que es “positivo trabajar para adaptar la industria a la idiosincrasia nuestra y lograr una minería con sello argentino”; “estamos abriendo el diálogo a la sociedad y hay ideas nuevas y distintas que les sirven al país y al inversor”
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El proyecto de humedales "preocupa" a las mineras

 

Toma impulso proyecto de humedales que inquieta al Gobierno y empresarios

Fecha de Publicación
: 17/08/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan


La iniciativa comenzó a debatirse en comisión y de avanzar podría afectar la actividad minera local.
El comienzo del debate el martes de la semana pasada en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley para proteger los humedales, que son los grandes reservorios de agua dulce, trajo preocupación en el Gobierno provincial y en los empresarios vinculados al sector minero. Es porque, entre otros aspectos, la iniciativa plantea la confección de un inventario nacional y la determinación de áreas de preservación en las que no se podrán llevar adelante algunas actividades, como podría ser la minería. Por el tema ya hubo dos encuentros con la participación de funcionarios del área y legisladores nacionales por San Juan.
Los humedales son las áreas en las que se acumula el agua o se inundan en algunos períodos y son importantes para el desarrollo de la flora y la fauna y para prevenir las consecuencias del cambio climático. Pero, a raíz de la quema en las últimas semanas de los humedales en el Delta del Paraná, con focos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación apuró el tratamiento en comisión de una ley de "Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales". En el caso de San Juan, según dijo Laura Asandri, directora de Articulación Institucional de la Secretaría de Ambientales, las principales zonas de humedales son el Parque Sarmiento, en Zonda; las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento; y las vegas en la cordillera sanjuanina.
La preocupación que existe, aunque en el Gobierno son cautos con el tema, es que si avanza la iniciativa y se llegan a determinar zonas en las que no se podrán llevar adelante actividades económicas, como la minería, puedan llegar a afectarse la llegada de nuevos proyectos. Y justo cuando por la pandemia y para reactivar la economía hacen falta la llegada de inversiones, el proyecto legislativo puede llegar a desalentar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan dijeron que se está convocando a todos los sectores interesados en el tema, incluidos todos los legisladores nacionales, para avanzar en un debate y tomar una posición común frente al tratamiento legislativo.
Desde la Cámara Minera, Mario Hernández, que participó en la última reunión, dijo que "en primer lugar creo que los recursos de las provincias deben ser administrados por las provincias pero, además, en esta etapa los diputados deberían estar más abocados al tratamiento de proyectos que tengan que ver con el desarrollo y la inversión y no con estos temas. Ya hay legislación sobre los recursos hídricos y hay que dejar que las provincias controlen sus propios recursos".
Asandri agregó que "la legislación no debe ser una traba para el desarrollo sustentable, sino que debe permitir el desarrollo productivo de las distintas regiones".
El último encuentro tuvo lugar el martes en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, con la participación de funcionarios del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente, Cámara Minera de San Juan y los seis diputados nacionales por San Juan.
En la actualidad hay al menos tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y la intención en el debate en comisión es unificar una sola iniciativa, para que luego se trate en el recinto.

Mecanismo
Para que el proyecto avance en Diputados, primero debe tratarse en la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo. Luego, cuando la iniciativa tenga despacho favorable, recién podrá ser tratada en el recinto en una sesión. Los diputados por San Juan pueden intervenir en las dos etapas.
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Catamarca, el litio y el agua

 

Como si el agua sobrara

Fecha de Publicación
: 15/08/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Además de obvios perjuicios económicos, la insignificancia que el Estado cobra por el uso del agua a empresas que embucharán miles de millones de dólares con el negocio del litio tiene un fuerte impacto en términos ambientales. Como el uso del recurso no les cuesta prácticamente nada en comparación con sus utilidades, las firmas que desembarcan en Catamarca consideran innecesario invertir en tecnología y sistemas para reciclarlo.
Doble abstención del Estado supuestamente minero, que abdica de sus facultades en beneficio de los grupos empresarios. Se priva por un lado de utilizar el poder que tiene sobre la administración del agua en el territorio provincial para mejorar los ingresos públicos y fortalecer su posición en las tratativas con las mineras, mientras por el otro no estimula la inversión para optimizar el uso de un insumo precioso e indispensable no solo para la minería sino para la propia vida.
Tamaña hospitalidad es sin dudas un aliciente para que las litíferas decidan radicarse en la provincia, aunque omita considerar la sugerencia del refranero popular de que “la caridad bien entendida comienza por casa”.
Con menos tránsito por la academia y las especializaciones, exentos de posgrados, los pobladores de las zonas aledañas a los emprendimientos calculan en cambio razonablemente el volumen del negocio que harán sus nuevos vecinos y se niegan a contemplar la entrega a precio vil del agua que se les retaceará a sus propias actividades económicas, por modestas que sean, el elemental consumo humano presente y futuro.
De ahí lo intenso de los corcoveos contra las actividades de las litíferas en la inhóspita Puna, donde se incrementa la desconfianza hacia las chafalonerías con que los tiburones pretenden revertir la falta de licencia social.
Lógica estricta: los representantes del Estado, que en teoría deberían custodiarles los intereses, defeccionan para jugar del lado de las mineras de modo tan desembozado que les celebran las promesas de puestos de trabajo o prosperidades “a pillar” como si del colmo de los desprendimientos se tratara.
Las protestas disparadas por la construcción de un acueducto que desviará agua de la cuenca del río Los Patos hacia la explotación de la Livent, en Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, se afirman en la certeza de que la utilización de destajo del recurso hídrico por parte de la minera agotará la reserva de agua dulce. Tal certeza no precisa, para las poblaciones puneñas, de confirmación científica alguna, que por otra parte abunda.
La experiencia ha sido para ellos aleccionadora: los trabajos de los antecesores de la Livent, en el mismo emprendimiento, secó ya la cuenca del Trapiche. Por eso las agrupaciones ambientalistas encuentran respuestas en las comunidades puneñas cuando hablan de “ecocidio”.
En una nota publicada por El Ancasti el 29 de agosto del año pasado, tras describir minuciosamente el ecosistema puneño y explicar su dinámica, Eduardo Aroca señaló: “Engañan vilmente con el verso de que traerá beneficios a la región. Los 300 millones de dólares que invertirán los mineros no son para Catamarca, son para acondicionar sus instalaciones y poder extraer más rápido y con menor costo nuestros recursos naturales. Seamos serios, desde la década del ‘90 a la fecha Antofagasta de la Sierra no mejoró en nada por el litio, salvo unos pocos puestos laborales y materiales de descarte que reparten como limosna”.
El proceder del Estado legitima la depredación ambiental de las mineras ¿Qué motivo podrían tener para refrenar su angurria si las autoridades les regalan el agua como si sobrara?
Un canon irrisorio, que encima gambetean en cada oportunidad que se le presenta. No hay estímulo para invertir en sistemas para el reciclaje del agua, algo que debería exigirse de movida si fuera cierto lo de la “minería responsable”.
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Mendoza: fuerte empueje desde Nación por la minería

 

Aval privado mendocino a un plan nacional para reactivar la minería metalífera   

Fecha de Publicación
: 14/08/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Se conformó una Mesa Nacional que diseñará un proyecto estratégico para los próximos 30 años. El gobierno provincial no participa de las reuniones.
La agenda pospandemia en la que trabaja el presidente Alberto Fernández incluye la minería, que sería una de las actividades a explotar en la región cuyana, con Mendoza en el radar.
El proyecto vio la luz el último 31 de julio cuando, vía ZOOM, se hizo la presentación oficial. Allí estuvieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el secretario de Minería, Alberto Hensel. Este jueves es vuelven a reunir para definir los equipos de trabajo.
Marita Ahumada, integrante de la Red de Académicos para el Desarrollo Sustentable de la Minería; Guillermo Pensado, geólogo es miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y Eddy Lavandaio por la Asociación Geológica de Mendoza son las tres sillas mendocinas en la mesa y son del sector privado. Hasta ahora no hay invitaciones al sector público local.
A falta de billetes en las arcas nacionales y con la economía funcionando a media máquina, se hace necesario en un diagrama de actividades a motorizar. La minería metalífera, con un 75% de recursos sin explorar (750.000 km2) según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, seduce a la Casa Rosada. San Juan lleva la punta de la lanza en Cuyo, y las intenciones son que Mendoza se acople a las iniciativas que se propongan.
Para Kulfas es clave “encontrar la manera de que donde no hay minería se pueda desarrollar y que eso sea en base a consensos y no a imposiciones”. Por eso se apunta a una “minería inclusiva” en donde no sea el país “un enclave extractivo sino una cadena innovativa e integrada”.
“Me parece que es muy interesante que hayan convocado a profesionales de Mendoza y la curiosidad de que no haya habido nadie del Gobierno. Eso quiere decir que han puesto la esperanza en que Mendoza junto con el país puedan crecer en minería metalífera, que es la que mueve los grandes volúmenes de inversión, capital, mano de obra”, comentó Ahumada a Los Andes.
La Secretaría de Minería expuso en esa reunión los números de la realidad del sector minero en todo el país con algo que los desvela y angustia a la vez: para el 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo y eso haría caer, aun más, la recaudación.
Entre los años 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción. En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de 5 mil millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares, exhibiendo una reducción de un 36%.
El texto, al que tuvo acceso Los Andes, sienta las bases de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino y, a través de la Mesa Nacional que oficia de facilitadora, se trabajará sobre algunos ejes con problemáticas puntuales. “Empecemos”, pidió el sanjuanino Hensel.
En ese sentido, Lavandaio comentó a este medio que “hace falta por un lado crear fuentes de producción y trabajo porque tenemos un porcentaje de cobre no ocupado y hay que darle una solución a eso. Por otro lado, la minería tiene una serie de posibilidades que han venido teniendo inconvenientes para desarrollarse y podrían hacerlo en un plazo corto como para ir sumando a la economía del país y a los problemas sociales que tenemos. Nos han llamado para que colaboremos con ese propósito”.

Mendoza, el potencial y la 7722
Argentina está sexta a nivel mundial entre los países con mayores recursos mineros. En el mapa que tiene a mano el equipo nacional, destacan que la construcción de estos proyectos podría impulsar el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como así también de clústers industriales ubicados en otras provincias. Aunque aclaran, por supuesto, la legislación que tiene a la 7722 como estandarte y que resucitó luego de la derogación a menos de un mes de Rodolfo Suárez en la Gobernación.
Una de las carnadas serán los casos de San Juan y Catamarca, en donde el sector minero explica entre el 60% y 75% de sus exportaciones anuales constituyendo su principal industria exportadora. Además, que estas transacciones representan entre el 25% y el 40% del PBI de las economías provinciales en que se insertan.
El apartado del consenso social estaba incluído en el documento y expone uno de los principales desafíos del equipo: 3 de cada 4 personas desconfían de la minería y, al mismo tiempo, sólo el 20% del público dice conocer acerca de la industria. La experiencia internacional sugiere que los conflictos alrededor de la minería tienen tres causas principales: la presencia de fallas de gobierno, fallas de mercado, vinculadas a errores de gestión de parte de las empresas mineras; y, los posicionamientos adoptados por sectores de la sociedad civil. Por ello, consideran que es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
Cabe recordar que al quedar trunca la Ley 9209 que habilitaba el uso de sustancias químicas, 19 proyectos quedaron en espera: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

Anemia de divisas
El fetiche por los minerales metalíferos no es casual. El Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 muestra que el 73% del valor de la producción minera en yacimientos correspondió a minerales metalíferos, mientras las rocas de aplicación aportaron el 23% y los minerales no metalíferos el 4%. El oro representa más de la mitad del valor económico de la producción minera metalífera, y el 36% de la producción minera argentina total.
La atracción de inversiones resulta clave, pero para ello se deben generar las condiciones económicas y jurídicas para que quienes tengan intención de invertir sus dólares, lo hagan con convicción.
Al año 2016, en la Argentina los principales ingresos nacionales originados por la minería metalífera fueron el Impuesto a las Ganancias (49%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (42%) y los Derechos de Exportación (9%), alcanzando los mismos un total de $4.608 millones de pesos (corrientes).
Por lo tanto, reactivar el tema es uno de los temas que Fernández tiene en su agenda con el desafío de construir una estrategia común que permita el desarrollo minero para posibilitar el desarrollo económico de un país con una situación crítica, sin dejar de lado aspectos ambientales, sociales y de integración y desarrollo de los entramados productivos locales.

Malargüe atento
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, espera que esto traccione en favor de una excepción a los alcances de la ley 7.722, que regula la minería en Mendoza. En la Comuna están al tanto de la conformación de esta Mesa Nacional para el desarrollo de la actividad, pero prefieren el silencio.
Mientras, como anticipó Los Andes, gestionan un proyecto de ley que ingresará a la Legislatura en pocos días. La iniciativa busca exceptuar a Malargüe, “salvo la cuenca del río Atuel”, de las prohibiciones expresas de la normativa que hoy regula a la actividad en toda la provincia.
Ojeda busca los consensos necesarios con sus pares de la región. Le aseguró a “los vecinos de General Alvear y San Rafael”, que la cuenca del río Atuel no se verá afectada. La legisladora malargüina Gladys Ruiz (Cambia Mendoza) confía en que “la posibilidad de hacer una excepción existe, hay que ver exactamente los términos que se pueden colocar en el proyecto para que no se vuelva inconstitucional”.

Claves
Mesa chica y privada: representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y de la Asociación Geológica de Mendoza participan de las reuniones.
Recaudación en rojo: la caída de los ingresos por exportaciones de minerales y el riesgo a perder dos tercios de la producción hacia 2025 alertan al Gobierno nacional.
Consenso social: quieren asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
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Arcioni dispuesto a discutir la minería en Chubut



Arcioni se mostró dispuesto a discutir el desarrollo de minería sin uso de cianuro

Fecha de Publicación
: 07/08/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Marcó diferencias entre megaminería y la oportunidad de un desarrollo minero sin contaminación. «Sin cianuro y cuidando el agua podemos hablar», indicó; para recordar que «somos una provincia minera».
El gobernador Mariano Arcioni dejó en claro ayer que no está cerrado a una discusión sobre el desarrollo minero en la provincia. Aunque subrayó que «tenemos que saber distinguir» cuando hablan de megaminería, pretendiendo aludir a otras posibilidades que podrían darse en Chubut.
«Soy el primero en decir que no a la contaminación. Si me dicen que con cianuro y sin control, digo que no», indicó el mandatario en una rueda de prensa en Trelew. Pero de inmediato enfatizó que «apuesto a la producción y el desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua y los recursos».
Sosteniendo el planteo, el mandatario insistió en que «es una premisa y la voy a seguir manteniendo», añadiendo que «el desarrollo de la Provincia tiene que darse en ese marco. Sin que el agua corra serios riesgos de contaminación».
Más adelante, Arcioni quiso seguir marcando los matices ante determinadas posiciones antimineras. «Se habla de megaminería y megaextracciones, pero somos una provincia minera, el tema es no contaminar», consideró.
«Sin cianuro y cuidando el agua, ahí podemos comenzar a conversar sobre alguna actividad», volvió a decir el Gobernador. Al tiempo que recordó que Chubut «es una Provincia extractivista», por lo cual «es una discusión que se debe dar -pero- no estoy apurado en dar una discusión que se puede dar en 1 año, 10 o 50». Y agregó que «hay que ser sensatos, somos una Provincia extractivista. ¿O sino qué pasa con el petróleo?.
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En Mendoza, Malargüe insiste con la minería



Mendoza: polémica ley minera revive con pedido de excepción de Malargüe

Fecha de Publicación
: 31/07/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Mendoza


Lo confirmó el jefe municipal Juan Manuel Ojeda. Caída de regalías del petróleo fue clave en reacción. No descarta pedir más autonomía.
La crisis económica derivada de la pandemia despertó el interés del municipio mendocino de Malargüe por reactivar la minería, que tiene luz roja en la provincia luego de que las protestas sociales llevaran al gobernador Rodolfo Suarez a vetar, a días de asumir en diciembre, una ley de aval a la extracción que había tenido aprobación legislativa tanto del oficialismoUCR como de la oposición PJ.
Así, el intendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) trabaja en un proyecto de ley para que su distrito quede exceptuado de los alcances de la normativa minera que rige en la provincia. Malargüe, al sur mendocino, tuvo en aquel momento prepandémico incluso contramarchas a favor de la minería. Allí creyeron que el aborto a la Ley 9.209 (que modificaba la 7.722) por no contar con licencia social era un golpe directo a ese municipio que se fundó alrededor de la minería y que cuenta también con la mayor parte de los desarrollos petroleros de la provincia.
El intendente Ojeda dialogó con Ámbito Financiero y confirmó la estrategia legislativa. “Malargüe es el 30% del territorio de Mendoza, si aprobara la ley se podría hacer minería basado en lo que piden los sectores ambientalsista: licencia social y vocación territorial”, dijo el jefe municipal. Y agregó que el departamento es propicio para la minería”. Ojeda sostuvo que el proyecto tendrá una firma legislativa pero lo presentará como intendente. Es decir, despega al gobernador de un tema que ya le ha traído dolores de cabeza. En el ámbito provincial confiaron a este medio: “Nosotros seremos espectadores, lo presenta Malargüe”. En la iniciativa se definiría una zona del Atuel hacia el sur donde no se podría hacer minería. Y, en plan de seducción, planteará que el 50% de los ingresos de regalías se destinen a obras hídricas en el resto de los departamentos.
A modo de flashback, a fin de 2019, Suarez dio marcha atrás con modificaciones a la Ley 7.722 que habilitaban el uso de sustancias químicas como el cianuro en la minería,tras la presión de grupos ambientalistas. En aquel momento este medio informó que la provincia no cerraba la puerta a dejar una excepción para Malargüe, que incluso amagó con su propia escisión de la provincia, adelantándose al MendoExit.
Consultado sobre esta cuestión, si bien Ojeda cree que podría repetirse el aval de UCR y PJ (incluso con guiños del gobierno de Alberto Fernández). Pero no recula sobre un MalargüExit: “Los malargüinos estamos molestos, estamos haciendo un sacrificio y nos encontramos con una realidad restringida. Queremos ir por el camino productivo, y no nos falta nada para poder ser un territorio más independiente. Malargüe es mas grande que Suiza, o que Tucumán. Podríamos tener vocación de una mayor independencia, pero la provincia nos necesita y nososotros a ellos”. Y advirtió que las condiciones del municipio son más semejantes las patagónicas que a las del resto de Cuyo.
La gota que hizo reaccionar a Ojeda está relacionada con no haber recibido coparticipación. El distrito vio caer las regalías por la baja del precio del petróleo y “porque no nos respetaron el precio del barril criollo, especialmente YPF”, dijo el alcalde. “Fuimos a cobrar y cuando nos descontaron los aportes y contribuciones, en vez de plata a favor debíamos $3,5 millones”, dijo. “Los legisladores saben de la fragilidad de Malargüe, es un territorio muy grande, tenemos que recorrer dos mil kilómetros para llevar agua potable a 400 vecinos, por ejemplo”. Malargüe, dijo Ojeda, genera dos tercios del petróleo de Mendoza y de las regalías que recibe la provincia el 6,3% queda en el municipio.
El intendente agregó que hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera cateogria: oro, plata, cobre. “No tenemos otras posibilidades de desarrollo real quye no sea con la minería. Tenemos ordenanzas en favor y estamos terminando un plan de ordenamiento territorial. Nosotros los malargüinos debemos definir nuestro camino, siempre en el ámbito de ley nacional.No es una actividad ilegal”, concluyó Ojeda.
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Jujuy: CSJ declara incompetencia por conflicto minero

Corte Suprema rechazó la intervención de la Justicia Federal en un amparo por proyecto minero

Fecha de Publicación: 31/07/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


La Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la incompetencia de la Justicia Federal en una acción de amparo colectivo contra una explotación minera en la provincia de Jujuy, consignaron hoy fuentes judiciales.
En contra de lo dictaminado en noviembre de 2018 por la procuradora fiscal Laura Monti, el máximo tribunal declaró "inadmisible" el planteo presentado en la demanda promovida contra la provincia, el Estado Nacional y la Administración de Parques Nacionales por el proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, en el noroeste jujeño.
La acción de amparo colectivo planteaba "poner fin a la incertidumbre generada en torno a si la explotación del proyecto minero Chinchillas produce impacto ambiental sobre la Reserva de la Laguna de Pozuelos".
La explotación "a cielo abierto", en el departamento Rinconada, a unos 300 kilómetros de la capital jujeña y 4.000 metros sobre el nivel del mar, inaugurada a fines de 2018 -un año después de la promoción de la acción de amparo colectiva- está dedicada a la producción de plomo, plata y zinc.
El fallo que quedó firme sobre la incompetencia de la Justicia Federal había sido dictado por la Sala I de la Cámara de ese fuero con asiento en Salta.
Sin embargo, al presentar su dictamen ante la Corte, Monti dictaminó para que se revocara ese fallo y que la causa -que pedía la suspensión del proyecto- tramitara en la Justicia Federal.
El fallo unánime de la Corte que declaró "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por los demandantes fue firmado días atrás por el presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, según trascendió hoy de fuentes tribunalicias.
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Chubut: impulsan megaminería pese a que la ley prohíbe



Megaminería: un nuevo avance en Chubut

Fecha de Publicación
: 27/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chubut


La Asamblea de Vecinos de Esquel denunció que el empresario impulsa el emprendimiento pese a que la ley prohíbe la megaminería.
El multimillonario Eduardo Elsztain llamó a invertir en oro y adquirió acciones del proyecto minero Suyai, en Esquel, donde la población rechaza el extractivismo desde hace 17 años. Pueblos indígenas y asambleas socioambientales cuestionaron la nueva avanzada minera, de la mano de Elsztain. En Chubut, sectores políticos impulsan la cuestionada actividad como forma de “desarrollo”, a pesar de que una ley provincial lo prohíbe.
Elsztain es presidente del Grupo IRSA (una de las mayores empresas inmobiliarias de Argentina), accionista del Banco Hipotecario y de Cresud (empresa referente del agronegocio local). En abril escribió una carta para los especuladores de Wall Street. Llamó a invertir en oro. “Cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa, el oro (...) El valor actual sólo expresa el punto de arranque de lo que podría ser la mayor suba del metal de la historia”, señaló.
Una semana después se hizo público que Elsztain, junto a Saúl Zang, había adquirido el cinco por ciento de la mina llamada “Suyai”, de la multinacional canadiense Yamana Gold.
El rechazo a la megaminería en Chubut se remonta a 2002, cuando la canadiense Meridian Gold anunció el avance en su proyecto minero. La comunidad se organizó y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. En 2003 votaron y el 81 por ciento rechazó el extractivismo. También se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en todo Chubut.
A pesar de la ley vigente, los distintos gobiernos intentaron avanzar con la megaminería en la provincia. Viviana Moreno, de la Asamblea de Esquel, destacó que el rechazo a la megaminería sigue intacto, repudió el accionar de Elsztain, Saúl Zang Yamana Gold (empresa a cargo del proyecto) y de los gobiernos, que impulsan una actividad a pesar del rechazo social que genera. Yamana Gold también es accionista de Minera Alumbrera (Catamarca), donde acumula denuncias de contaminación, afectación a la salud y perjuicios sociales a la población. Y es la misma compañía que impulsa el cuestionado proyecto Agua Rica, en Catamarca.
“En el contexto de la pandemia, el Gobierno determinó que la minería metalífera a gran escala era una actividad esencial. Por lo tanto, nunca se detuvieron las exploraciones, las explotaciones y los nuevos acuerdos mineros, como es el caso Yamana. Hace 17 años dijimos ‘no’, lo sostenemos, estamos en alerta permanente y decididos frente a cualquier intento extractivo en nuestra provincia”, afirmó Moreno. Y alertó que los políticos utilizan “las falsas promesas de la megaminería” como posible salida a la crisis provincial.
La Asamblea de Vecinos de Esquel elaboró un proyecto de declaración para el Concejo Deliberante para rechazar la alianza entre Elsztain y Yamana. Los concejales de Esquel ratificaron por unanimidad que no existe consenso social para la megaminería.
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Chubut: la lucha antimegaminería en pié



Chubut continúa organizándose contra la megaminería

Fecha de Publicación
: 09/07/2020
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Chubut


En 2014 las asambleas comunitarias de Chubut lograron presentar un proyecto de ley para impedir la megaminería en la provincia. La legislatura lo tergiversó a tal punto que nunca fue aplicado y se derogó en 2016. En estos días, se lanzó la convocatoria a la segunda iniciativa popular.
Si se puede fijar un origen de las luchas populares contra la megaminería en nuestro país, sin lugar a dudas es en Esquel, en la provincia de Chubut. “El agua vale más que el oro”, una frase que ya es parte de cierto imaginario popular, se desparramó desde esas tierras cordilleranas.
Allí, cuando en la Argentina se apagaban los últimos fuegos de la movilización popular surgida al calor de la crisis institucional, política y económica del 2001-2002, la organización vecinal coronó largos meses de lucha contra la instalación de una mina de oro en la Cordillera con una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. En la misma, el 82% de los votantes se pronunció en contra de la megaminería y el uso de cianuro, tras lo cual el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 33/2003, que declaró a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.
El ejemplo de Esquel se diseminó por el país y desde entonces asambleas ciudadanas o vecinales se organizan para proteger al ambiente y a las comunidades de los ataques de la megaminería, del complejo agroindustrial, de la instalación de basurales o de redes de alta tensión, por citar algunos ejemplos.

La iniciativa popular
Con el impulso de los vecinos de la comarca andina, la provincia de Chubut, mediante la Ley 5.001, del 8 de mayo de 2003, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
La ordenanza de Esquel y la posterior ley provincial alejó momentáneamente a las multinacionales mineras de la cordillera pero desde entonces no cejan los intentos de avanzar con emprendimientos en la meseta.
En el año 2012, frente a un nuevo intento de legalizar la megaminería, se conformó la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCh), que reunió a asambleas y foros de toda la provincia, que se movilizó sucesivas veces a la Legislatura provincial para demostrar la oposición a cualquier avance legislativo para legalizar la minería y que fue duramente reprimida hacia fines de ese año. Allí surgió la propuesta de la primera Iniciativa Popular.
Durante 2013, se juntaron 13.007 firmas, se presentaron a la justicia electoral y finalmente el 3 de junio de 2014 la Iniciativa Popular se convirtió en el Proyecto de Ley Nº 75/14. Por primera vez en la historia provincial, este mecanismo de democracia semidirecta se cristalizó en un proyecto de ley construido por los vecinos asesorados por expertos que ingresó a la Legislatura.
Ahora, nuevamente la pelota la tenían los diputados. Por disposición constitucional tenían seis meses para tratar el proyecto, no podían cajonearlo. La fecha límite era el 26 de noviembre de 2014.
Finalmente, un día antes de cumplirse el plazo, el proyecto fue tratado pero se aprobó un mamarracho de Ley que distaba tanto del proyecto original que prácticamente aprobaba la megaminería en la provincia. Fue una sesión bochornosa en la que, por ejemplo, se obtuvo la imagen de un legislador recibiendo instrucciones de un directivo de Yamana Gold en pleno recinto.
La ley del fraude y el bochorno nunca fue puesta en marcha y, en enero de 2016, fue derogada por el gobernador Das Neves. Pero el proyecto popular, y todo el esfuerzo y saber acumulado en él, sigue “cajoneado” pese a lo que la constitución provincial establece.

La segunda iniciativa
“Nuestra asamblea se conformó entre los años 2002-2003, con la pretendida explotación de la Meridian Gold en el cordón de Esquel”, narra a Canal Abierto Nora Corvalán, docente jubilada, abuela, vecina de Lago Puelo y ferviente participante de la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo que integra a su vez la UACCh y la Unión de Asambleas Ciudadanas, instancia federal de participación de estas asambleas, mayoritariamente nucleadas por causas ambientales.
“En 2012, hubo una fuerte arremetida en la Legislatura para aprobar el marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera. Tras la movilización y la fuerte represión sobre los asambleístas, no pudieron incluir en el marco regulatorio a la minería, aprobaron sólo el de hidrocarburos”, rememora Nora.
El proyecto surgido de la iniciativa popular busca profundizar lo logrado con la ley 5001 del 2003; gracias a ella y a la férrea custodia popular no hay hoy ningún proyecto de megaminería en la provincia, pero presiona el lobby minero y sus sombras no paran de sobrevolar la meseta y sus “riquezas”.
“La ley 5.001 prohíbe la explotación minera pero no la exploración. Como no dice nada de la exploración, entonces siguen avanzando y en esa exploración ya están contaminando: porque abren campamentos, hacen caminos, empiezan a tomar muestras y hacer ensayos in situ y usan un montón de sustancia tóxicas. Por otro lado no queremos que después nos corran con que las empresas tienen derechos adquiridos, que las empresas hicieron inversiones. En el nuevo proyecto de ley incluimos todos los momentos de la actividad minera, desde el cateo, la prospección, etc.; y también establecemos la prohibición del procesamiento, porque estamos entre dos provincias mineras, y no queremos que traigan productos mineros a procesar en el territorio”, describe Nora el proyecto.
“Nosotros rechazamos la megaminería metalífera, de las categorías 1 y 2 según el Código de Minería. Con la categoría 3º que es la minería de materiales ornamentales y de construcción: caolín, calizas, lajas, piedra, todo lo que es cantera, no tenemos problema, que también generan un impacto pero menor y tiene otro fin”.
El malversado proyecto de 2014 proponía una zonificación de la provincia, protegiendo algunas regiones y declarando un amplio polígono –de más del 66% del territorio provincial– en la meseta como zona de sacrificio. Justamente allí donde abundan el uranio, el plomo y la plata, y donde habitan gran cantidad de comunidades mapuche – tehuelches. Esta es la iniciativa con la que continúan insistiendo.
“La 5.001 prohíbe el cianuro, en nuestro proyecto incluimos, en el segundo artículo, todas las sustancias que se utilizan: mercurio, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, xantatos, etc.”, continúa Nora describiendo el proyecto. “Por otro lado, hacemos un capítulo especial para lo nuclear, porque uno de los proyectos que más están promocionando es el de Cerro Solo que es de explotación de uranio”.
 
La campaña
“La iniciativa la íbamos a lanzar el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, pero nos agarró el aislamiento y lo hicimos el 22 de junio”, comenta Nora. Se da la contrariedad, para este movimiento comunitario, que en medio del ASPO desde el gobierno nacional se decreta como actividad esencial a la minería.
“Hay una estrategia de que el estado se corre de las poblaciones más vulnerables –al punto de que dependen del estado para que les mande el combustible para encender el generador que le da electricidad al pueblo–, y viene la minera, a suplir al estado, asistiendo a las poblaciones con combustible, con leña, con provisión de internet, espejitos de colores para estas comunidades. La que más fuerte lobby hace es la Panamerican Silver, por eso lanzamos una campaña en particular contra esta empresa”, describe la docente.
En un mapa de la provincia se puede ver lo viva que está esta lucha en la provincia. Comunidades de la meseta, de la costa y la cordillera han formado sus comités de apoyo a la iniciativa popular, para recuperar aquello que en el 2014, los legisladores y el lobby minero les arrebataron.
“Es inédita la organización que tenemos en la provincia. La UAACh se reúne periódicamente. En diciembre hicimos el último encuentro en la puerta de la minera en Gan-Gan, en plena meseta, cerca de Gastre, donde se impidió el establecimiento del basurero nuclear. Allí hicimos una asamblea con fuerte presencia de las comunidades mapuches”.
Esta vez la iniciativa se propone juntar muchas más firmas que en 2013, “pero lo más importante es que se conozca por qué no debe avanzar la megaminería y hay una recepción impresionante. Este modo de hacer asambleario, autónomo, independiente, apartidario, nos permitió llegar a la gente y que nos escuchen. Pero para que se apruebe tendremos que estar en la calle”, concluye Nora.
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Quieren a la Barrick en Veladero hasta el 2034



Planean extender la vida útil de la mina Veladero hasta 2034

Fecha de Publicación
: 16/06/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


Las autoridades del Ministerio de Minería destacaron la necesidad de continuar con las tareas exploratorias, claves para ampliar la vida útil de los yacimientos mineros.
La mina Veladero, ubicada en Iglesia, cuenta con un plan de acción para extender los trabajos de explotación hasta el 2034 aproximadamente. En este sentido desde el Ministerio de Minería se fomenta y exige a las empresas brindarles vital importancia a la exploración, aún más aquellas que se encuentran en etapa de explotación, ya que posibilita la expansión de la vida útil del yacimiento.
Durante un videoconferencia, el ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, junto al secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Ing. Marcelo Lepez y el asesor letrado Fernando Aciar, recibieron un informe con los resultados y logros obtenidos por la mina Veladero durante 15 años de trabajo en nuestra provincia y sus perspectivas a futuro. La presentación estuvo a cargo del gerente general José Quiñones, la gerenta de Legales, Fernanda Secco, el gerente de Finanzas, Armando Veliz y el director ejecutivo, Marcelo Álvarez.
Sobre esto, Astudillo resaltó que “la extensión de la vida útil de la mina demuestra que podemos hacer de la minería una actividad sustentable y sostenida en el tiempo para impulsar del desarrollo integral de toda la provincia. Además, las cifras de puestos de trabajo mostradas en este informe consideramos que son positivas. pero insistimos en que todo plan de trabajo siempre incluya la contratación de mano de obra local y el desarrollo de los proveedores sanjuaninos”, enfatizó el ministro.
El plan presentado incluye la exploración de depósitos cercanos a la zona del actual yacimiento como Penélope, Amarillo, Cerro Pelado o Piuquenes, además de campañas de exploración en diversos depósitos a lo largo del Cinturón del Indio e incluso en el distrito Del Carmen, lo que significará una inversión para estas tareas de 20 millones de dólares solo para este año. Se estima continuar con los trabajos en mina hasta el 2027-2028 y extender la lixiviación hasta el 2034. Y como punto fundamental mantener y/o ampliar los más de 4.000 puestos de trabajos directos que actualmente hay en el proyecto. Por otro lado desde la cartera minera se impuso a la empresa un condicionante importante que es el de finalizar cuanto antes con las obras de ampliación en el valle de lixiviación.
A la fecha el proyecto minero más grande del país cuenta con 4.959 puestos de trabajo, sumando empleos directos y contratistas, de los cuales el 88% es mano de obra local, otro 10% de diversos puntos del país y el restante del extranjero. Otro de los puntos detallados durante la reunión fueron las diversas obras de infraestructura que se han realizado en la provincia a través de fideicomisos mineros y su impacto en la economía provincial. En este sentido se presentaron también los montos aportados en regalías mineras a municipios, Provincia y Nación.
Desde la empresa destacaron asimismo la posibilidad de ampliar los trabajos por 10 años más en nuestro territorio: “Esta relación que hemos construido en estos años ha posibilitado un gran crecimiento de la sociedad sanjuanina en diversas áreas. Los trabajos de exploración han arrojado resultados altamente positivos y concretos para estimar que extenderemos la vida útil de la mina por 10 a 15 años más. Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar”, expresó Armando Veliz, gerente de Finanzas de la mina Veladero.
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Ley Nacional de Glaciares: intiman a su cumplimiento



Gobierno de Argentina es intimado a cumplir la Ley Nacional de Glaciares

Fecha de Publicación
: 13/06/2020
Fuente: Agencia Sputnik
Provincia/Región: Nacional


No se olvidan de que hace ya un año la Corte Suprema de Argentina convalidó la constitucionalidad de la ley de Preservación de los Glaciares en rechazo a un recurso presentado por la empresa minera Barrick Gold, que ha ocasionado varios derrames en la provincia de San Juan (noroeste).
No se olvidan porque esta legislación, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo que debería haber sido finalizado en 2011.
"Es la única ley que protege verdaderamente las reservas de agua de todos los pueblos cordilleranos", afirman cuatro organizaciones ambientales y académicas en una carta dirigida al ministro de Ambiente del actual Gobierno, Juan Cabandié.
Una de ellas es la asamblea Jaćhal no se Toca, en alusión a una pequeña ciudad sanjuanina de 23.000 habitantes, a un costado del río que le otorga su nombre, que resultó afectada por los últimos derrames que provocó Barrick Gold al pie de los Andes. A lo largo de estos años, los vecinos han denunciado ante la justicia los vertidos y la contaminación causada en su jurisdicción por la minera canadiense.
Ahora se han unido a la solicitud de los jachalleros la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con estatus Consultivo en Naciones Unidas; la Cátedra "A" de Biología Evolutiva Humana que acoge la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia homónica (centro), y el campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, que representa la octava sede que tiene en el mundo la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA).
"Tenemos esperanzas en que, de una vez por todas, se empiece a cumplir debidamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares, porque no queremos condenar a nuestros hijos y nietos a una vida indigna, por no tener agua", indica a Sputnik uno de los representantes de la organización, Saúl Zeballos.

Juicio en ciernes
La Asamblea es querellante de una causa elevada a juicio oral desde hace dos años en la que fueron procesados por vulnerar la Ley de Glaciares tres exsecretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. También fue alcanzado el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.
Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero. El primero de ellos, ocurrido en Veladero entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, es el más grave en la historia de Argentina.
El vertido se produjo cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera, según la Asamblea Jáchal No se Toca, y sobre cinco ríos situados en las faldas de la Cordillera de los Andes cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).

Caso omiso
Pese a estos antecedentes, la gobernación de San Juan encabezada por el peronista Sergio Uñac "sigue empecinada en desconocer el Fallo de la Corte Suprema haciendo un inventario de glaciares provincial a medida de las corporaciones megamineras para no delatar a la Barrick Gold y a la Shandong Gold", señala la misiva enviada en estos días.
Estas empresas continúan explotando los recursos mineros sobre ambientes periglaciales y están destruyendo bloques de hielo como el Glaciar Brown Inferior, situado cerca de la mina Veladero y del proyecto minero del Carmen.
Se da la paradoja de que el presidente del comité encargado de realizar el inventario de los glaciares es Raúl Tello, la mayor autoridad ambiental de San Juan desde que Barrick Gold incursionó en estas tierras, hace ya 17 años.
Allá por 2009, un informe titulado "el Cambio Climático en Argentina" realizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Cristina Fernández alertaba de que el cambio climático afectaría de manera alarmante el caudal de los ríos que desembocan en la Cordillera de los Andres y que se originan en la nieve y cuerpos de hielo.
El ministro de Ambiente, nombrado por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019, es la máxima autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares.
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El gobierno profundiza su idea de modelo extractivista



Otro "sueño" de Alberto: ya se cocina la creación de una YPF mega minera enfocada en oro y litio

Fecha de Publicación
: 11/06/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


 A tono con lo anticipado en marzo, el Ejecutivo acentúo tratativas con cuadros de la petrolera para desembarcar en el negocio. Podría aliarse con privados
Lo anticipado a principios de marzo por el presidente Alberto Fernández, en lo que fue su discurso de apertura de las sesiones ordinarias 2020, respecto de la apuesta oficial por la mega minería comienza poco a poco a tomar forma. En aquella exposición, el primer mandatario definió a las actividades de extracción de metales como "grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas" con mención del litio como uno de los elementos de relevancia para las arcas públicas.
Meses después, la manera de avanzar con esta pretensión da sus primeros pasos: la cartera de Minería profundizó el diálogo con YPF y ya se discute el modo para transformar a la petrolera bajo control estatal en un actor de peso en las explotaciones mineras a gran escala.
Según indicaron a iProfesional fuentes ligadas a la Secretaría de Minería que encabeza Alberto Hensel, la decisión de motorizar una injerencia fuerte de la compañía de hidrocarburos en el rubro minero comenzó a tomar forma hace escasas semanas y con aval, también, de Guillermo Nielsen, titular de YPF.
"El Secretario ya lo habló con el presidente de YPF y es un tema sobre el que se está trabajando. Es una idea que surge de la capacidad técnica de la empresa, que puede ser muy útil para la minería. Hay experiencia y profesionales que conocen (la actividad)", expusieron desde la dependencia oficial.
"Además, al ser nuestra empresa de bandera, y teniendo en cuenta el prestigio que tiene, también es una buena opción para asociarse con empresas extranjeras que operan en el país ", se entusiasmaron en la cartera.
El desembarco fuerte de la empresa bajo control estatal en el extractivismo minero se llevaría a cabo mediante la Compañía de Inversiones Mineras SA (CIMSA), unidad de la petrolera que ya controla un entramado de canteras con las que provee de arena silícea a las compañías que hacen "fracking" en la cuenca de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.
Sin embargo, en torno a Hensel no descartan impulsar, también, una nueva división con orientación específica al desarrollo de proyectos a gran escala. Respecto de CIMSA, se indicó a iProfesional que "se conversa la idea y puede ser una opción".
Con relación a los materiales sobre los cuales hará foco versión minera de la estatal, desde la cartera se detalló: "cobre, litio, oro, plata, molibdeno". La idea es desarrollar la cartera de proyectos avanzados para que produzcan".
"Es una idea viable que ayudaría al desarrollo de la minería desde la exploración hasta la puesta en producción de proyectos. Todavía tenemos el 75 por ciento con potencial minero sin explorar", comentaron a iProfesional las fuentes, que además ratificaron que la decisión de promover una YPF también minera va en línea con lo expresado por Alberto Fernández a principios de año y lo expuesto por Hensel a los popes de esa actividad en el último tiempo.

Posibles alianzas
Desde la cartera de Minería también se anticipó que la compañía a desarrollar podría entablar alianzas con otros actores del rubro con yacimientos ya en marcha. "Cochilco lo hizo en Chile. Puede haber una asociación de una empresa estatal con privados, sí", indicaron los portavoces interpelados.
"La forma de participación dependerá de la empresa (con que se asocie). Habrá muchas maneras: colaboración técnica, equipos, no sólo mediante dinero. Son ideas sobre las que se está conversando", agregaron.
Desde la dependencia oficial comentaron que aún no se llegó al punto de definir si la división de YPF competirá en licitaciones de áreas en solitario o iniciará sus movimientos ya en modalidad joint venture. "No está definido el cómo", señalaron.
Consultadas por iProfesional, fuentes cercanas a la petrolera se excusaron de brindar mayores detalles sobre el diálogo con el área que lidera Hensel. "Es una idea que estaría trabajando el secretario de Minería", comentaron.
De consolidar la idea a través de CIMSA, el Gobierno abrirá un nuevo horizonte financiero para YPF, dado que la unidad minera reuniría todas las condiciones para cotizar en bolsa. Este cambio, igualmente, no modificaría en absoluto el rol de proveedores de insumos para el sector minero -combustibles y lubricantes- que la empresa se ocupó de acentuar en las últimas dos décadas. 
La decisión oficial de promover la mega minería a través de una empresa bajo control del Estado expone, también, la tozudez de Alberto Fernández por promover una actividad marcada por una condena social cada vez más acentuada en el interior de la Argentina.
La postura del primer mandatario muestra que lo ocurrido en Mendoza a fines de diciembre de 2019, con el pueblo movilizado en oposición a la extracción con cianuro y la depredación de las fuentes de agua, no modificó en absoluto la predilección de Fernández por esa forma de explotación.

Situación en Estados Unidos
Mientras se define el modo en que actuará en minería, YPF y su nacionalización siguen estando entre los principales temas que el Gobierno debe resolver en tribunales internacionales.
La semana pasada, la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la expropiación de la petrolera -llevada adelante en 2012- seguirá dirimiéndose en los Estados Unidos.
Ahora, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la Argentina justamente por el caso YPF, podrán solicitarle a la jueza en cuestión que establezca el pretendido pago de 9.000 millones de dólares a cancelar por la petrolera y el mismo Gobierno en concepto de resarcimiento por presuntos daños económicos.
La resolución sobre el futuro de este juicio millonario por la estatización de la compañía ocurre un año después de que Preska, sin escatimar dureza, ordenara tanto al Estado argentino como a los demandantes que presenten escritos para señalar la forma en que el litigio debía resolverse.
En su momento, la administración que encabezaba Mauricio Macri presentó una moción para desechar la demanda bajo el argumento de "foro no conveniente". De esa forma, los abogados locales aspiraban a que la jueza, sucesora de Thomas Griesa, desestime el proceso en Estados Unidos bajo el argumento de que el litigio debía dirimirse en los tribunales argentinos porque es la jurisdicción más apropiada.
Preska fue propuesta para ocupar una magistratura en 1992 por el entonces presidente George Bush (padre). Su nominación fue aprobada de manera unánime por el senado norteamericano.
Además, en 2007 la jueza de Nueva York quedó en la lista corta de candidatos a ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia, fogoneada por George W. Bush.
Debido a que ese era el último año de mandato del ex presidente, el Senado finalmente no trató el pedido por ese cargo en el máximo tribunal. La magistrada ya solicitó a las partes en litigio, esto es, la Argentina, YPF y Burford Capital que le informen este 19 de junio qué pasos se van a dar para llegar a una solución.
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