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La zona de la Cueva de las Manos podrá ser explorada

Fallo a favor de una minera le permitiría explorar a 17 km de la Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


El juzgado a cargo de Marcelo Bersanelli rechazó la apelación interpuesta por una fundación, luego de que la Secretaría de Estado y Minería permitió los trabajos de exploración a Patagonia Gold en el área denominada Cerro Bandurria.
El pasado 5 de noviembre el juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera  Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, rechazó el recurso de apelación que interpuso la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo en Cerro Bandurria, ubicado a 17 kilómetros de La Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.
La resolución de Bersanelli es de segunda instancia, ya que el accionar en la Secretaría de Minería, al ser autoridad de aplicación, se entiende como la primera, en la cual el área en cuestión permitió la tarea de exploración a la empresa, que solicitó el 7 de octubre de 2015 y que fue autorizado por la Policía minera en mayo del 2016, previa autorización del informe de impacto ambiental.
Para la fundación no se habría cumplido la normativa nacional y provincial que protege el área de la Cueva de las Manos y pondría “en riesgo el patrimonio natural y arqueológico que alberga el área”.
En el extenso fallo, de 30 fojas, el magistrado señaló, entre varios puntos, que “la protección del paraje alcanza un área de 600 hectáreas, con más de una zona circundante a modo de buffer, y que dicha área protegida no se encuentra alcanzada por el cateo Bandurria, no se advierte motivo para la intervención de la entidad nacional que reclama la recurrente”.
Agregó que “la relativa cercanía del paraje Cueva de las Manos” ya había sido tenido en cuenta por la Dirección General de Catastro Minero, como así también en el informe de impacto ambiental.
Añadió que la demandante advierte que los pozos exploratorios que se pretenden realizar “se encuentran dentro del área de máxima protección establecida por la norma y no dentro del área de Amortiguamiento”.
Pero el magistrado señaló que no cuenta con elementos que “permitan desmerecer” el informe presentado como registro arqueológico que se anexó al estudio de impacto ambiental para el cateo Bandurria, ni tampoco “la afirmación de la Secretaría de Estado de Cultura, autoridad de aplicación de las Leyes Nº3137 y Nº3138 y en forma compartida de la misma Ley Nº3394, y de la Dirección General de Catastro Minero, siendo que todos ellos ubican a la superficie en cuestión dentro del área de amortiguamiento”.
La fundación además había marcado la necesidad de la realización de una audiencia pública, aunque el Juez señaló que “ni el Código de Minería ni la Ley de Procedimientos de la Autoridad Minera ni el Decreto Nº931/2007, tienen prevista esta instancia”.
“En cuanto al cuestionamiento referido a la habilitación de trabajos de prospección -agrega- si finalmente no se habilitaría la explotación en la zona, cabe señalar que entrar en este cause de razonamiento implicaría hacer un análisis de cuestiones futuras e inciertas, así como intentar deducir intenciones de la empresa minera, todo lo cual resulta improcedente e impropio de esta instancia judicial”.
La resolución no permite por ahora los trabajos de cateo a Patagonia Gold (y podría ser apelada por la fundación hasta el Tribunal Superior) ya que guarda relación con un amparo ambiental que presentó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.
“Nunca podríamos pensar en autorizar una explotación minera en Cueva de las Manos", sitio arqueológico que “es muy caro al sentimiento de todos los santacruceños y está protegido por una Ley Provincial, la 3394, y por el Plan de Manejo de la Cuenca media e inferior del río Pinturas”, señaló en marzo el por ahora ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, de acuerdo a una publicación realizada por El Patagónico.
El funcionario -que dentro de días será Jefe de Gabinete- aclaró que “no es una explotación, sino una actividad exploratoria, que genera un impacto ambiental mínimo” y que “no está dentro de la zona de máxima protección dispuesta en la Ley, sino que interesa de manera periférica la zona de amortiguación”.
“Por indicación de la gobernadora Alicia Kirchner, trabajamos para el desarrollo armónico de todas las actividades, velando por la preservación del patrimonio cultural, de los sitios arqueológicos, de la actividad turística y de la minería, que hoy es una de las principales generadoras de empleo en la actividad privada en Santa Cruz, con 4500 puestos de trabajo directos”, abundó.
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La Barrick reafirma su intención de inversiones en Veladero

El plan de inversión de Barrick en Veladero tiene grandes avances

Fecha de Publicación
: 09/12/2019
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: San Juan


El Director Ejecutivo, Marcelo Alvarez, destacó que la única obra que tiene un atraso es la línea eléctrica. “Nuestro compromiso es con el país invirtiendo en proyectos a largo plazo”, dijo.
El director Ejecutivo de Barrick en Argentina y Chile, Marcelo Alvarez, destacó que el plan de inversiones en Veladero, que contemplan tres importantes obras, se encuentran dentro de los tiempos esperados, por lo que en 2020 estarán inauguradas. Además destacó que los planes de exploración en la zona, se desarrollan “sin ningún problema”.
En un balance de lo que es este año Alvarez destacó que “se pudo dar vuelta” lo que parecía que iba a ser un 2019 “difícil”. “Hoy las máquinas están subiendo a hacer perforación, así que contentos porque vamos a terminar un año positivo” sostuvo.
“Cuando arrancamos y pensamos que podría ser un año difícil para Veladero, lo dimos vuelta y nos pone contentos porque como equipos pudimos lograr cumplir con las expectativas y presupuesto, ademas de generar una posibilidad que Veladero tenga una extensión de la vida útil que ya pasó el 2024 al 2028 gracias a los planes que tenemos hacia adelante. Ojalá con la exploración y bajar los costos, se pueda extender la vida útil mucho mas”, acotó el director ejecutivo de Barrick.
El plan de inversiones que se lleva adelante en la actualidad es la ampliación del Valle de Lixiviación que contempla mejoras en tecnología y seguridad, la construcción de un aeródromo con el objetivo de acortar los tiempos para llegar a la mina y finalmente se trabaja en una nueva línea eléctrica. Esta última obra según destacó Alvarez, se encuentra un poco retrasada.
“Todo el plan de inversiones va muy bien, aunque estamos un poco retrasado con la línea eléctrica, el resto de los trabajos va de acuerdo a lo presupuestado. Esperamos que el próximo año este lista la ampliación del Valle, la línea eléctrica debe estar construida, aunque se demorará un poco más, según los tiempos estimados, pero siempre dentro del año al igual que el aeródromo. Es decir todo debe estar listo para 2020”, dijo.
El directivo también se refirió al cambio de gobierno en el país, con la asunción de Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre, “trabajamos mas allá de los Gobiernos porque son proyectos a largo plazo. Las circunstancias económicas que se presenten pueden afectarnos mas o menos pero la mirada es de largo plazo, el compromiso es con el país y vamos a seguir invirtiendo para que Veladero pueda extender su vida útil”.
“En Argentina duplicamos este año el presupuesto de exploración por lo que el compromiso de Barrick con Argentina sigue estando intacto independientemente de los colores políticos y la situación económica de país”, dijo.
El presupuesto de Barrick para los trabajos de inversión en Argentina son de unos 20 millones de dólares, según explicó Alvarez. “Esta campaña es una campaña de 20 millones dólares que incluye Veladero y lo nuevo son los programas satélites alrededor de Veladero en Lama y en otros lugares del Valle del Cura”, apuntó.
En cuanto a la situación que hoy vive Chile, Alvarez destacó que “hoy por hoy no afecta los planes de la compañía, seguimos trabajando en la misma línea, el Sr. Bristow (CEO de Barrick) dijo claramente en Chile que lo que estamos abocados es a cerrar nuestros problemas ambientales y jurídicos y seguir estudiando la posibilidad de desarrollo a futuro del proyecto Pascua, como también tenemos el proyecto Altura desde el lado Chileno y seguir desarrollando a nuestra sociedad con AMSA para el desarrollo de la mina Saldivar”, apuntó.
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Siguen más voces presionando por minería en Chubut

Sala considera que Chubut debe avanzar con la minería

Fecha de Publicación
: 09/12/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Ing. Osvaldo Rubén Sala, volvió a insistir en la necesidad de ampliar la matriz productiva de Chubut que permita un mayor desarrollo económico e implique la generación de nuevos y más puestos de trabajo.
También consideró que se debe recuperar a nivel regional un trabajo en bloque desde la Patagonia ante el Congreso nacional para bregar por medidas que hagan competitiva a esta zona del país
“Chubut debe pensar en desarrollar su comercio exterior. Producir más y exportar más”, sugirió Sala. “El Gobernador piensa en esta línea y por eso puso en marcha el Plan Estratégico Integral de Exportaciones del Chubut. El Banco del Chubut es una herramienta para eso y tiene toda la voluntad y vocación de hacerlo”, describió.
Con ese objetivo de incrementar las exportaciones provinciales citó que “el muelle Almirante Storni está en condiciones de competir con cualquier otra alternativa. Los aeropuertos de Trelew y Comodoro Rivadavia por su condición de internacionales, están prestos para sacar aquella mercadería que requiere rápidos envíos a los mercados del mundo”, mencionó.

Auditoria de sustentabilidad
“Chubut tiene las condiciones para aumentar su comercio exterior. Estamos preparados para cualquier desafío que podamos sostener en materia de exportaciones; la infraestructura y las condiciones operativas están”, planteó el administrador del puerto madrynense.
“Y llegada la minería, actividad que pongo todo el empeño en que llegue, vamos a estar preparados para exportar a cualquier lugar del mundo donde haya que enviar los contenedores con producción de esta actividad”, afirmó Osvaldo Sala.
“Tengo la seguridad que Chubut está preparada para que podamos llevar adelante una auditoria de sustentabilidad minera con la participación de nuestros jóvenes capacitados en las universidades y centros de investigación”, propuso Sala sobre los diversos controles que debe tener una actividad extractiva.

Zonificacion
El administrador portuario mencionó la fuerte incidencia en la generación de empleo que tiene la industria minera en el país, citando que justamente en los distritos provinciales donde se desarrolló hay bajos niveles de desempleo.
“En Chubut hay zonas que tienen decidido no a esta actividad, pero hay otras zonas como la meseta que están reclamando que se haga, porque les modifica su destino y su futuro, y creo que no se lo podemos negar a esas poblaciones”, dijo Sala. “La zonificación debe ser puesta en marcha, y la actividad va a ser un generador de empleo y recursos”, estimó.
Asimismo, “debe plantearse como condición para estos desarrollos, que las empresas implementen el ‘compre local’, es decir, los diferentes insumos y servicios deben ser proveídos por empresas y pymes de Chubut, y eso redundará en reactivación económica”, significó.

Bloque patagonico
Durante años desde la Patagonia se intentó trabajar como bloque regional en materia legislativa a nivel nacional, con el objetivo de obtener y gestionar medidas puntuales que hagan competitiva a la región, en función de las asimetrías que existen respecto del resto del país, toda vez que producir en esta región es más caro que hacerlo al norte.
“En esto hemos retrocedido muchísimo. Hubo épocas de una gran fortaleza en ese trabajo regional. Ahora vemos como Neuquén se ha cortado solo con el desarrollo de Vaca Muerta. Lo mismo vemos con Río Negro y Santa Cruz. Ha habido individualismos que atentaron contra esa época de gloria del regionalismo”, señaló Sala, quien además fue parte del Congreso Nacional, al representar a Chubut en el Senado entre 1995 y 2001.

Causa comun
“Es un desafío que tenemos por delante y que alguien lo tiene que recuperar, aunque sea más limitado, con la Patagonia Sur con Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego”, propuso.
“En su momento, en el Senado, donde cada provincia tiene la misma representación supo tener una fuerte presión. Tenemos que volver a saber que los legisladores a nivel nacional son representantes de cada provincia. Y si recuperamos eso, vamos a recuperar el poder para que los gobernadores puedan dar respuestas a la población como se lo piden”, concluyó.
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La minería de Litio entre espejismos



Litio y energías limpias en Argentina: ¿desarrollo o espejismo?

Fecha de Publicación
: 07/12/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición  hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.

Algunos pros…
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.
Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas.  “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.
Hay solo otra  empresa minera que ya explota el metal en todo el noroeste argentino, que integran también las provincias de Salta y Catamarca.
Se trata de la zona que, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia, forma parte del llamado Triángulo del Litio, que concentra 67 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral, con Argentina a la cabeza, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

…Y varios contras
Por lo demás, quienes son escépticos con el potencial del litio para la ecorregión señalan que los países sudamericanos vuelven a ocupar el rol de productores primarios, como sucede con sus exportaciones agrícolas y pecuarias.
Eso está crudamente reflejado en Olaroz, uno de los pueblos solares que se abastece de electricidad por un pequeño parque solar fotovoltaico local, que como los demás del programa funciona las 24 horas porque tiene baterías de litio.
Pero esas baterías se importan de China, ya que ni en Argentina ni en el resto de América del Sur existe la tecnología para fabricarlas.
Cuando se recorre la Puna jujeña, hay lugares donde no se quiere ni oír hablar del litio.
En Salinas Grandes, otro gigantesco mar de color blanco, situado a unos 100 kilómetros de Olaroz, no ha logrado introducirse ninguna firma minera por la oposición de las 33 comunidades indígenas del área.
“Este es nuestro territorio, nosotros decidimos que acá no se va a extraer litio y nos van a tener que respetar”, explica a IPS Verónica Chávez, mientras participaba en una asamblea de unos 100 integrantes de comunidades indígenas en pleno salar.
Chávez es habitante de Santuario Tres Pozos, con unas 30 familias, y miembro de la cooperativa local que reúne las familias indígenas que trabajan en la extracción de sal, de la misma manera que por siglos lo hicieron sus antepasados.
“Todas las promesas que nos hacen con la llegada de las empresas de litio son mentira. El litio es comida para hoy y hambre para mañana”, agrega Chávez.

Alternativas propias
En Salinas Grandes, a la extracción de sal, las comunidades agregaron hace cuatro años otra actividad: los paseos guiados y la venta de artesanías para los turistas argentinos y extranjeros que se acercan atraídos por el paisaje blanco que brilla  bajo el sol y parece no terminar nunca.
Alicia Chalabe, abogada de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes, asegura que no habrá oferta económica capaz de modificar la situación. “Las comunidades viven muy cerca de las salinas y usan el territorio, que para ellas tiene un valor histórico, cultural y patrimonial para sus pobladores muy importante”, explica a IPS.
“En la zona de Olaroz la situación es distinta porque las comunidades nunca usaron las salinas”, agrega.
En febrero, las comunidades de Salinas Grandes realizaron durante más de 10 días un corte de la ruta nacional 52, que conecta con Chile, hasta que lograron que se detuvieran los trabajos de exploración que una firma minera de litio había iniciado en la zona, sin la aprobación de las poblaciones indígenas.
La resistencia en Salinas Grandes se basa en parte en los estudios del hidrogeólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcelo Sticco, que señalan que la extracción de litio pone en riesgo las fuentes de agua de las comunidades, en una zona desértica, donde la lluvia es un lujo muy esporádico.
“Los estudios que hicimos son contundentes. El litio se separa mediante la evaporación de enormes cantidades de agua y favorece la salinización de las aguas subterráneas que se utiliza para el consumo en la región”, dice Sticco a IPS desde la capital argentina.
El gobierno de Jujuy tiene un proyecto para darle valor agregado al litio en la provincia: se asoció con el italiano grupo de electrónica SERI, que podría instalar en la provincia una planta de ensamblado de baterías, destinadas a la conversión a la movilidad eléctrica del transporte público urbano.
Esa iniciativa, de concretarse, podría modificar un panorama que por ahora no ofrece grandes beneficios concretos, por más que muchos en Argentina cuenten ya la riqueza que traerá el llamado “oro blanco”.
De hecho, y aunque vienen creciendo, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en 2018 los 251 millones de dólares, apenas 6,5 por ciento de las exportaciones mineras del país.
Sin embargo, Oheler, el presidente de Jemse, considera que el pico de la demanda internacional de litio todavía no llegó: “Lo vamos a tener entre 2025 y 2030 y tenemos que aprovecharlo para crecer y para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Pero algunos especialistas temen las consecuencias de apostar demasiado por este elemento químico, que podría quedar desfasado muy pronto por una nueva tecnología que reduzca o elimine su atractivo actual.
El litio tiene variados usos pero es su calidad de conductor de calor lo que le hace tan codiciado como componente de las baterías eléctricas recargables.
Estas se usan en los teléfonos celulares, en el almacenamiento de diferentes energías renovables, especialmente la solar, y en la automoción eléctrica, que se proyecta que adquiriría gran peso en la movilidad del futuro, en especial en el transporte público, a medida que se reduzcan los motores por combustión fósil, para contener el recalentamiento planetario.
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Se conocieron las bases de cambio de la 7.722 mendocina



Ley 7.722: estos son los cambios que propone el gobierno

Fecha de Publicación
: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza


 Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma". 

Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).

Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Movilización contra la mina de litio Antofagasta de la Sierra

Convocatoria al Juzgado de Minas

Fecha de Publicación
: 05/12/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


La asamblea antiextractivista "Valle en movimiento" convocó para hoy a partir de las 10.30, a una movilización frente al Juzgado Electoral y de Minas, en la calle Maipú de esta Capital, para reclamar por la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, con la consigna "No hay licencia social", en alusión a los dichos del juez Guillermo Cerda, quien consideró que la actividad no podría desarrollarse sin un acuerdo con los pueblos.
"Nos movilizamos frente al Juzgado de Minas, con intervenciones artísticas para repudiar la judicialización de la digna protesta de nuestros compañeros defensores de la madre tierra. Por el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos. No hay licencia social para las mineras", expresaron en la convocatoria que realizaron por las redes sociales, a la que adhirieron miembros de los "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autoderminación".
En este sentido, tomaron las palabras del juez Cerda, que había señalado que "no puede haber minería sin licencia social", y aseguraron que en Antofagasta de la Sierra los pobladores se oponen a la actividad.
"Tanto los vecinos y vecinas como la comunidad indígena Atacameños del Altiplano se oponen a la construcción del acueducto y no van a permitir la realización de perforaciones que extraerán 260.000 litros de agua por hora del Río Los Patos", cuestionaron. Dos integrantes de esa comunidad fueron detenidos la semana pasada por amenazas.
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7.722: ya hay un borrador para modificarla

Suarez ya envió al PJ el proyecto para modificar la 7.722

Fecha de Publicación
: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza


A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.

Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Ahora proponen una consulta popular vinculante por la 7.722


Proponen una asamblea popular para tratar la reforma de la Ley 7.722

Fecha de Publicación
: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza


Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.

Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.

El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.

La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Juez ava la licencia social excluyente en minería



Cerda dijo que no puede haber minería sino cuenta con licencia social

Fecha de Publicación
: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social.  Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es  un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y  fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste  vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.  
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero  inmiscuirme en temas  de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más.  Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora  se está conversando y ya  está encausada la situación", afirmó.

Código
El magistrado se refirió también  al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo  e introduciendo  todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar  su mandato queríamos  entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras  del Código anterior que tiene  ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó  el magistrado.
Según comentó, se introdujo la  tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite  y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran  exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas



Los jefes comunales también quieren zonificar la minería

Fecha de Publicación
: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.

Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que  el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.

“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver  el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Lo que proponen para modificar la 7722 mendocina



Minería: la modificación de la ley 7.722 flexibiliza el uso de sustancias químicas

Fecha de Publicación
: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más. 
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.

Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.

Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.

Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
 24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
 16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722



Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado

Fecha de Publicación
: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá,  tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.

La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Impulsarán la modificación de la Ley 7722 mendocina



La minería y un posible cambio de era en Mendoza

Fecha de Publicación
: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros,  un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS  y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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Insistirán con la zonificación minera en Chubut para este año



Desde la Meseta quieren que salga este año la zonificación minera y reactivar proyectos

Fecha de Publicación
: 12/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut


Marcan que el primer paso sería establecer las zonas en donde se podría realizar el proceso extractivo, para luego analizar cada uno de los proyectos. Aseguran además que agua para el proyecto Navidad no tendría contacto con el río Chubut. Hoy la actividad está prohibida en la provincia.
El grupo de intendentes de la meseta central de la provincia volvió a instalar el tema de la minería. El objetivo es que este año y con la actual conformación de la Legislatura se pueda dar el primera paso con la conformación de la zonificación.
Aseguran que la actividad tiene licencia entre los pobladores donde se podrían desarrollar los principales proyectos mineros. Y afirman que el agua que se utilizará no tendrá ninguna conexión con la Cuenca del río Chubut.
El intendente de Telsen, Leornado Bowman, quien fue recientemente reelecto, planteó que “nosotros hemos retomado con los colegas las charlas porque ya queda poco de finalizar este año y este período de gobierno y no fue tratado el proyecto de zonificación que presentamos. Obviamente que estamos tratando de insistir con el tema para que se trate el primer paso que es la zonificación. Tengo entendido que este proyecto cae con el cierre del periodo legislativo. Nosotros vamos a insistir sobre esta Legislatura se trate el primer paso de la posibilidad de la minera que es la zonificación”.
Respecto a la licencia social, remarcó el jefe comunal que “nosotros en nuestras comunidades hablando con los colegas sabemos que no hay un 100% de adhesión, pero si en su mayoría por la realidad que viven sus comunidades y están esperando esta decisión política por parte del gobierno y de los legisladores para que esto se desarrolle”.
“La meseta no llega al 5% de la población de la provincia y es casi el 60% de proporción de tierras de la provincia entera. No vive más, gente porque las condiciones no son las mejores y buscar revertir las condiciones y que la gente no se tenga que ir. La calidad de vida es mala. Los jóvenes no tienen posibilidad de inserción”.
Sobre la utilización del agua y la situación ambiental, afirmó: “Cada proyecto necesita utilizar para el proceso agua. Esa cantidad no es la que se utiliza en el slogan de gente que está en contra de actividad. En nuestra zona se ha analizado que el único proyecto que cumplió las etapas previas que es el Navidad y la Cuenca de agua que se utilizaría en ese proyecto no tiene conexión alguna con el Río Chubut. No llega, ni tiene conexión”.
Por último, Bowman indicó que estarían los votos en la Legislatura: “Hemos tenido contacto con los diputados y la decisión en mayoría estaría en la Legislatura. Pero también faltan las condiciones en las que esto se va a desarrollar”.
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Córdoba: quieren hacer minería en una reserva



Vecinos de Sierras Chicas alertan sobre el peligro del avance minero en la Reserva de Villa Allende

Fecha de Publicación
: 11/11/2019
Fuente: Via País
Provincia/Región: Córdoba


Desde el Consejo Municipal de Ambiente buscan implementar una ordenanza para proteger la reserva natural y recreativa de Villa Allende
Crece la preocupación de los vecinos de Sierras Chicas por el avance de la actividad minera por sobre la reserva natural y recreativa de Villa Allende.
Vecinos y consejeros de ambiente de la localidad, denuncian que la minera “El Gran Ombú” compró aproximadamente 1100 hectáreas pertenecientes a la reserva.
La Reserva conecta Villa Allende y Cosquín a través del Pan de Azúcar.
Desde el Consejo Municipal de Ambiente de Villa Allende advierten sobre las consecuencias que tiene la minería a cielo abierto:
“Contaminación ambienta, la poca absorción de suelos, el desmonte, que se sequen las napas, las cuentas hídricas.”
Durante la mañana del jueves, la Municipalidad de Villa Allende compartió un comunicado público sobre el caso.
Joaquín Elgueta, integrante del Consejo Municipal de Ambiente de la Municipalidad de Villa Allende, en diálogo con Radio Nexo contó cómo percibió el comunicado municipal: “El comunicado es muy escueto. Me da muchas preguntas.” “De ninguna manera puede la empresa El Gran Ombú llevar a cabo estas obras. Tiene que intervenir recursos hídricos de la Provincia.”
La empresa El Gran Ombú por su parte compartió en sus redes sociales su reflexión.
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Potasio en Mendoza, chinos presentaron su plan

Minera: china ya presentó su plan para explotar el potasio en Malargüe

Fecha de Publicación
: 09/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Revelaron su intención de construir una planta piloto en Malargüe con una capacidad de procesamiento de 200 mil toneladas anuales.
La empresa china Shanghai Potash manifestó sus planes de montar una planta piloto con capacidad para industrializar 200 mil toneladas de potasio al año en Mendoza. La noticia fue comunicada por Wei Chengguang, director de la compañía, en el marco de una reunión realizada ayer con funcionarios de nuestra provincia.
El año pasado, China importó 7 millones de toneladas de potasio. Es que el país concentra el 20% del consumo mundial de este mineral e importa el 50% de lo que utiliza, principalmente, como fertilizante. De ahí que los chinos se hayan mostrado interesados en explotar el yacimiento Río Colorado, que dejó inactivo la brasileña Vale.
Wei Chengguang, manifestó después del encuentro que, con la confianza que se estableció, ya tienen planeado montar una planta piloto de 200 mil toneladas para que se puedan obtener productos finales “lo más pronto posible”.
Se habla de un proyecto bastante menos ambicioso que el original, porque cuando Vale comenzó a trabajar en el sur provincial estaba previsto que extrajera unos 4 millones de toneladas por año, lo que iba a demandar una inversión de 6 mil millones de dólares (que luego se convirtieron en 11 mil millones). Sin embargo, entonces, el precio del potasio rondaba los U$S 600 la tonelada, mientras después cayó de modo marcado a U$S 200 y hoy, ya un poco más tonificado, ronda los U$S 290.
La idea del Gobierno provincial, compartida por los potenciales inversores chinos, es que se empiece a extraer el mineral en menores cantidades y que el rédito se vaya reinvirtiendo en un proyecto escalable. La intención, en definitiva, es que la mina, que lleva seis años inactiva, comience finalmente a operarse.
En este sentido, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, señaló que “los chinos no sólo están analizando la posibilidad de elaborar fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio sino que, además, están interesados en otros productos petroquímicos y en generar valor agregado a subproductos como la urea”, compuesto nitrogenado que se puede usar como fertilizante.
En las conversaciones bilaterales se analizó también la inversión en un sistema de abastecimiento de energía que requiere una planta de mayor tamaño. En este punto, Mendoza está interesada en que el próximo concesionario realice inversiones necesarias para escalar la dimensión de esa planta.
“De acuerdo con lo que nos manifestó Chengguang, han logrado interesar a China Overseas Development Association (CODA), que dispone de un presupuesto de U$S 20 mil millones para financiar proyectos vinculados a la industria mineral. Esto significa que la mina entró en las prioridades de entidades y organizaciones del Estado chino para que sea factible desarrollarse. Creemos que sus intereses son compatibles con Mendoza”, afirmó Kerchner.
Por otro lado, desde el Gobierno de Mendoza se refirieron a la postura de los potenciales inversores chinos acerca de una posible sociedad con el Estado ´provincial. “Ellos quieren asociarse, porque han visto que Mendoza tiene el control total de la operación”, comentaron desde el Ministerio de Economía.
“No lo ponen como condición pero les gustaría crear una sociedad, para tener cierta seguridad jurídica”, detallaron. En principio, los funcionarios locales no ven con malos ojos esa posibilidad, porque permitiría al Estado tener mayor participación del negocio y poder controlarlo de cerca.

Tareas pendientes
Previo a poder avanzar con las negociaciones, se debe rescindir el contrato con la minera Vale, que tiene los derechos de explotación. La empresa invirtió más de U$S 2 mil millones, pero frenó el desarrollo en 2013. La ausencia de operaciones habilita a la provincia a exigirle que deje la zona como la recibió, es decir, que retire las instalaciones: dos edificios administrativos, el yacimiento de 80 mil hectáreas, vehículos, un aeropuerto y torres para un tendido eléctrico a medio terminar.
Como “desinvertir” le requeriría un gasto aún mayor, la firma se ha mostrado de acuerdo con ceder lo invertido y retirarse. Después de tres años de gestiones, la provincia recuperaría el control sobre Potasio Río Colorado. En un principio de acuerdo se fijó un plazo de 90 días para que Mendoza realice una auditoría y, si todo está en orden, firmar el contrato de cesión de acciones (que deberá ser ratificado en Legislatura).
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UNT dice no al acuerdo minero de Ymad



La UNT rechazó el acuerdo para la explotación minera de Agua Rica

Fecha de Publicación
: 07/11/2019
Fuente: La Nota
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca


La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó en el día de ayer y por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
En la tarde de ayer, el Concejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó por unanimidad el acuerdo firmado por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Catamarca).
El conflicto comenzó cuando el pasado 3 de octubre, el directorio de YMAD comprometido con Agua Rica y la Minera Alumbrera aprobaron la propuesta de nuevas exploraciones. Esta resolución se hizo sin la presencia de la Universidad Nacional de Tucumán y sin consultar al pueblo de Andalgalá.
En esa reunión no estuvieron presentes los directores de la UNT, Alfredo Grau y Domingo Marchese. La propuesta consistía que YMAD procese el mineral que extraiga del yacimiento Agua Rica en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler de 12,5 millones de dólares que se pagaría por adelantado en dos partes.
Luego de varios días, se le notificó al Concejo Superior de la UNT del acuerdo y comenzó un proceso de movilización por parte de las asambleas ambientales y la comunidad educativa.
Hace unos días la Asamblea El Algarrobo presentó una denuncia penal contra YMAD por la voluntad de volver a explotar la zona ya que representa el incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.
Tras dos encuentros truncos, el Concejo Superior volvió a tratar este acuerdo el día de ayer, y tuvo una gran concurrencia de asambleístas, gremios docentes y ambientalistas.
“La Universidad Nacional de Tucumán es socia minoritaria de la empresa YMAD, que brindó infraestructura durante 16 años para el proyecto de Megaminería “La Alumbrera”, en Catamarca. En éste momento, se encuentra en tratamiento la participación de la empresa a un nuevo emprendimiento minero, Agua Rica, que afectaría principalmente a la ciudad de Andalgalá, pero también a todas las poblaciones que se nutren de la cuenca hídrica del Cerro Aconquija, entre ellas comunidades indígenas como el pueblo Diaguita” reza el petitorio que se leyó ayer en el Concejo Superior por parte de los vecinos de Andalgalá.
Gracias a que los movimientos sociales se movilizaron al Rectorado UNT (Ayacucho 491), el Consejo Superior escuchó los reclamos.
“Se rechaza en bloque (y no se convalida) el negocio que instrumentan el memorandum de entendimiento ni los contratos derivados del mismo aprobados el 3 de octubre pasado” declama la resolución del Concejo Superior. A su vez, se argumentó que la UNT debe velar por el derecho a un medio anbiente sano; se reclamó que no se han incluido en los contratos las observaciones del informe de la UNT en 2008 sobre la evaluación de impacto ambiental de Agua Rica Con respecto a los contratos mineros.
En tanto la UNT, advierte que el negocio “está orientado a la puesta a disposición de la infraestructura construida para Bajo la alumbrera al servicio del proyecto agua rica por YMAD y la Alumbrera en común”. Incluso objeta que YMAD sólo participa del 26% de la ganancia, lo cual es “notoriamente desproporcionado con el valor de la infraestructura” y que además los contratos dan absoluta prioridad a los intereses de Alumbrera.
Por ultimo afirma que “la UNT se reserva las acciones legales… para preservar los derechos en juego, contra cualquier persona, incluidos los representantes de la UNT ante YMAD”, y “se compromete a constituir una comisión de expertos que analice… la problemática asociada a esta cuestión, poniendo especial acento en los intereses sobre el medioambiente y la salud de la población en su conjunto, así como los patrimoniales de la institución”.
La victoria de los movimientos sociales en este conflicto es inminente pero la Universidad aún no decidió romper todos sus vínculos con YMAD. Sólo se compromete “a promover la discusión interna sobre su participación futura en la minería”.

¿Cómo se vinculan YMAD, La Alumbrera y la UNT?
La ley 14.771 dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para explotar el yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado nacional se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60 por ciento) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40 por ciento).
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