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La energía nuclear y sus vaivenes en la política nacional

El misterioso acuerdo de China y Argentina por la construcción de una nueva central nuclear

Fecha de Publicación
: 26/09/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Macri y Xi Jinping se encuentran negociando un acuerdo para la instalación de Atucha V con tecnología completamente china; hay objeciones y dudas
El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y todos los jefes de Estado se hayan ido de Buenos Aires, el presidente de China Xi Jinping mantendrá una visita oficial a Mauricio Macri en la Casa Rosada para intentar abordar los temas más sensibles que le interesan al régimen comunista en su política de penetración en América Latina: los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la persistencia de un fuerte financiamiento en swaps que podría condicionar a la Argentina en el futuro inmediato.
Se trata de una agenda ambiciosa de China en la Argentina, como lo es todo el avance que está desarrollando el todopoderoso Xi Jinping en la región y que tanto preocupa a los Estados Unidos y a varios países de la Unión Europea.
Si bien en los acuerdos que firmarán Macri y Xi hay un amplio listado de buenas intenciones y deseos mutuos, el tratado que más interesa en estos momentos a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la construcción de la central nuclear Atucha V en Argentina con tecnología completamente china y con la firme intención de empezar a construirse en el 2022.
El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable: la Argentina abandonó hace cuatro meses el proyecto de construcción de la central Atucha IV que había previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por "problemas presupuestarios", como dijo a Infobae el canciller Jorge Faurie.
Así, la tecnología CANDU que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia quedó en el pasado y ahora el Gobierno optó por adoptar a  futuro equipamientos completamente chinos.
A mitad de mayo pasado el canciller Jorge Faurie se reunió en Buenos Aires con su par chino Wang Yi donde le anunció la interrupción del proyecto de Atucha IV por problemas presupuestarios. Con este cambio de planes en la política exterior la Argentina se ahorró de pagar a China USD 7.500 millones de deuda que afectan el programa monetario. Es que si bien el financiamiento de esa central lo ponía China, en el presupuesto pesaba como deuda.
En cambio, Faurie le llevó una noticia más prometedora a Wang. Le anunció que el Gobierno se embarcó ahora en un proyecto de mayor envergadura con tecnología sólo china y que implicará el pago de un crédito flexible de 9.000 millones de dólares.
Las negociaciones reservadas que se están llevando adelante entre Buenos Aires y Beijing por la construcción de Atucha V resultan ser hasta ahora todo un misterio.
El embajador argentino en China Diego Guelar se entusiasmó en diálogo con Infobae sobre el proyecto de los chinos para la central nuclear Atucha V que se iba a instalar en Neuquén pero ahora se proyecta para el complejo Lima de Zarate-Campana.
"China no tiene operaciones especulativas de corto plazo, sino que, por el contrario, todos sus proyectos en Argentina son de largo plazo. No sólo no se preocupa por la tormenta económica del corto plazo sino que sigue apostando con total confianza en el futuro", dijo Guelar.
Sin embargo, el optimismo de Guelar colisiona bastante con la prudencia que hay en la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y en ámbitos diplomáticos que manejan la temática. El acuerdo no está cerrado y se encuentra en plena etapa de negociación con Beijing.
"Vamos a ir con pie de plomo. La idea es revisar bien el contrato para que en el futuro no dependamos enteramente de la tecnología china", explicó a Infobae un allegado al secretario de Energía a cargo de la firma final del proyecto entre Macri y Xi.
En la práctica, esa idea de ir con "pie de plomo" sobre el proyecto de Atucha V implicará para el Gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% con tecnología argentina y que toda la mano de obra sea local. Es decir, que la producción de uranio enriquecido en esa central no quede sujeta a cualquier concesión futura que haga un gobierno en los próximos años.
"Nadie nos va a apurar. La Argentina no va a firmar cualquier acuerdo por presiones de China", se sinceró ante Infobae un funcionario de alta jerarquía de la Secretaría de Energía. La aclaración tiene una explicación de calendario: la diplomacia de ambos países quiere que el 2 de diciembre cuando se reúnan Macri y XI en Buenos Aires este todo listo para la firma del acuerdo nuclear y de otros proyectos para ratificar la "alianza estratégica integral" que tienen ambos países.
Una calificada fuente de la Cancillería que se encarga de este tema sensible del acuerdo nuclear dijo a Infobae que "la Argentina y China vienen negociando hace varios años la posible adquisición de centrales nucleares. Y está claro que la administración de Xi Jinping quiere asegurarse presencia y tecnología en Argentina".
El acuerdo que se está negociando entre Beijing y Buenos Aires contempla un cómodo financiamiento de los chinos a largo plazo por los 9.000 millones de dólares que demandará la obra pero como la Argentina no puede registrar ningún adelanto como deuda pública todo esto se podría hacer con dinero efectivo.
¿Qué pedirá a cambio el régimen comunista chino? Esta es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín y en la Casa Rosada. Nadie se anima a responder.
"Tampoco está resuelto el tema combustibles de la planta. Eso es más técnico y podría llegar a haber un entendimiento. Pero ya hubo algunas advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea en clave diplomática que alertaron al Gobierno", admitió un diplomático argentino que se encuentra en una capital europea.
Para Irma Arguello, directora de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global (NPSGlobal), "está muy clara la intención de China de ganar terreno en América el Sur, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial".
Esto se vio reflejado recientemente en los recientes acuerdos de China con Brasil y la adquisición de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela. China es el mayor acreedor del Venezuela con 28.000 millones de deuda y el mayor comprador de petróleo con un 40% de las exportaciones venezolanas. Arguello argumenta que ante la incapacidad de pago del régimen chavista, es esperable que en el corto plazo haya cesión de activos a China.
El gobierno de Macri revisó los acuerdos nucleares, de energía eléctrica para la construcción de dos represas y los proyectos de espacio aéreo que venían de la etapa de Cristina Kirchner. Finalmente avanzó con esos acuerdos "corregidos". China aceptó todos los cambios. Al parecer, el pragmatismo chino por avanzar en América Latina puede más que cualquier letra chica de un acuerdo diplomático.
Arguello explicó a Infobae que el caso de la central Atucha V resultará muy sensible por un motivo: "La decisión de optar por un proyecto de tecnología desconocida, frente a uno de tecnología conocida, ha generado controversias en el ámbito nuclear argentino, ya que se abre el interrogante respecto de que grado de aporte podrá realizar la industria argentina a este proyecto. Esperemos que pueda ser manejado para maximizar la participación de la industria nacional".
Tanto para Arguello como para analistas en temas nucleares consultados por Infobae que prefirieron hablar en reserva "la Argentina debería tomarse en un marco de análisis profundo de ventajas y desventajas, más que por razones políticas, o para privilegiar la relación estratégica con un país extranjero".
Para Ricardo Vanela, especialista en Estrategia y Fundador de la Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL) "está claro que China busca asegurarse recursos naturales, eso es lo que tiene Argentina, como así también Venezuela. En el escenario actual y sobre todo en el futuro muy inmediato, los recursos naturales hacen parte del capital más estratégico con el que puede contar un país en este planeta. En ese contexto, Argentina, me refiero a sus líderes, debe saber exactamente qué entrega y qué obtiene a cambio. Y debe elegir muy claramente con quién desea cerrar transacciones de alto impacto geopolítico".

La polémica estación espacial
Otro de los temas de la relación de China y la Argentina que hace mucho ruido es la instalación de la estación espacial de los chinos en la localidad de Bajada del Agrio en Neuquén. Se trata de un acuerdo que firmó Cristina Kirchner por 50 años de exención impositiva en un área de 200 hectáreas que desde abril pasado está manejado completamente por una agencia china que depende del Ejercito Popular Chino.
Macri logró una addenda a ese acuerdo para que China aclare que se trata de una estación espacial de "uso pacífico". Pero la gigante antena instalada por los chinos en Neuquén empieza a generar malestar tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea por su eventual uso dual y la posibilidad potencial de interceptar satélites.
Según confirmaron a Infobae tres fuentes calificadas del Ministerio de Defensa, durante la visita que hace un mes realizó a Buenos Aires el jefe del Pentágono James Mattis advirtió tanto al ministro Oscar Aguad como a los jefes del Estado Mayor Conjunto sobre los "peligros eventuales" que implicará tener una base espacial en Neuquén controlada enteramente por China.
A partir de allí, hubo un pedido informal de Aguad a la Comisión Nacional de Actividad Espacial, que es la que hizo el acuerdo con China, para que haya un mayor control de la Argentina en este tema sensible.
Un detalle: un día antes de arribar a la Argentina el jefe del Pentágono emitió un discurso en el Colegio de Guerra del Ejército en Brasil, donde alertó: "Los países pueden comprar material en donde lo deseen, nosotros respetamos eso. Nuestro país no busca hacer dinero fácil, sino ganar y mantener amistades".
Al finalizar su discurso, Mattis respondió preguntas de la audiencia y un oficial brasilero le preguntó si la creación de una sexta rama militar estadounidense equivaldría a militarizar el espacio. Mattis dijo que China ya había desarrollado un arma que podía destruir satélites. La respuesta parecía tener nombre y apellido.
Desde la embajada de China en Buenos Aires negaron reiteradas veces que la estación espacial de Neuquén tenga un uso militar. "Se trata de una agencia espacial igual a la de la estación de avistaje espacial que tiene la Unión Europea en Mendoza", dicen. Sin embargo, hay un detalle: esa agencia europea no depende de ningún ejército y es completamente de administración civil.
Hay otro proyecto que también genera dudas en el ambiente diplomático y militar. La instalación de un radio telescopio de China en San Juan en acuerdo con el gobierno de Sergio Uñac y la Universidad Nacional de San Juan.
Se trata de un radiotelescopio CART (Chinese Argentine Radiotelescope) situado en el centro espacial de Leoncito. El reflector primario es de 40 m de diámetro; el reflector secundarios 4.2 m y hay un presupuesto estimado obra civil de $100 millones de pesos más el costo del radiotelescopio y receptores por $240 millones de pesos.
Si bien los encargados de este proyecto aseguran que sólo será de uso pacífico y con fines de investigación, en el ámbito militar de Estados Unidos y de la Argentina ponen en dudas su eventual uso dual.
El gobernador Uñac se encargó de desmentir categóricamente a Infobae esas versiones y destacó: "la ciencia y la tecnología son áreas centrales para el gobierno de San Juan pensando en un desarrollo académico profundo para las presentes y futuras generaciones". Así, destacó el proyecto innovador que se realiza en el municipio de Calingasta con el aporte fundamental de China.
Sin embargo, se sabe: China también piensa a gran escala para las futuras generaciones en su proyecto de avanzada en América latina.

Las polémicas represas
Cuando Macri llegó al poder en el 2016 tuvo que revisar los contratos con China por la construcción de dos represas en Santa Cruz. Así, se le redujeron niveles de potencia a las centrales, se alertó sobre presuntos sobrecostos que había en los contratos firmados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y se redujo el monto de financiamiento de las obras.
Una vez más, como en el caso de los cambios impuestos en el contrato por la estación espacial de Neuquén, los chinos aceptaron las adendas de nuevos contratos por las represas, imperó el pragmatismo y la administración de Xi dejó en claro que quiere poner un pie en el sector de hidroeléctricas cualquiera sea el costo político que tenga que asumir.
Recientemente, cuando estalló el escándalo de los cuadernos de la era K el Gobierno también alertó a China que seguir el contrato por las represas con una empresa como Electroingeniería implicaba un problema ya que estaba mencionada en la causa de coimas.
Iguacel pidió a los chinos que se desprendan de sus socios de Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están presos e imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula kirchnerista.
Fuentes calificadas de la diplomacia argentina aseguraron a Infobae que para compensar los fondos de este socio faltante en la construcción de las represas la gigante estatal china Gezhouba se hará cargo de comprar Electroingeniería y al parecer no habrá demanda alguna de por medio. Una vez mas, el pragmatismo de la china comunista se impone para cumplir su sueño de desembarcar a pleno en América latina.
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La central nuclear se pasa para el 2022



Argentina y China cerraron un acuerdo para la construcción de una central nuclear para el 2022

Fecha de Publicación
: 27/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Luego de la decisión del Gobierno de anular por "problemas presupuestarios" el proyecto de una central nuclear con China que estaba pautado para el año que viene, el presidente Mauricio Macri se apresta a firmar un nuevo acuerdo con su par Xi Jinping para el desarrollo en el 2022 de la quinta central con tecnología china.
Según confirmaron a Infobae fuentes del Ejecutivo y ratificó el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, la idea es que Macri y Xi firmen a fin de noviembre en Buenos Aires el acuerdo para la construcción de una central nuclear que se haría con financiamiento chino por unos 9.000 millones de dólares.
Se trata de una central nuclear que tendrá tecnología china al ciento por ciento. El acuerdo que se canceló a principios de año era para la construcción de una central en Neuquén con tecnología canadiense y que iba a costar unos 8.000 millones de dólares. Este proyecto se canceló por "problemas presupuestarios", según transmitió en su momento el canciller Jorge Faurie.
Ahora, el Gobierno redefinió esta estrategia y decidió avanzar con un nuevo acuerdo con China pero a largo plazo.
"La firma del acuerdo nuclear es central en la visita de Estado del presidente Xi . No es solo la construcción de una planta nuclear con tecnología y financiamiento chino, sino, ademas, el desarrollar industria nuclear para usos pacíficos en forma conjunta en Argentina para vender a terceros países centrales energéticas y material de medicina nuclear", confirmó Guelar a Infobae.
A la vez, el embajador en China cree que "este acuerdo demuestra la gran madurez que ha alcanzado nuestra asociación estratégica". El nuevo acuerdo será para la construcción de la central en el 2022. El Gobierno cree que para ese entonces la Argentina estará en mejores condiciones de afrontar el financiamiento de China.
El acuerdo se firmará el 30 de noviembre cuando Xi llegue a la Argentina para la cumbre del G20 y se quede quede en visita oficial.
En marzo pasado el plan de recortes y achicamiento del déficit en el Estado que prometió profundizar Mauricio Macri llegó a la política exterior. Luego de arduas negociaciones secretas, el Gobierno decidió postergar para más adelante el proyecto de construcción de la Central Atucha III que tenía previsto realizar con China y se ahorró un programa de endeudamiento previsto en 8.000 millones de dólares.
La decisión fue cerrada entre la Cancillería y las autoridades de Beijing. Según confirmaron cuatro fuentes calificadas del Gobierno y la diplomacia china, el acuerdo alcanzado resultó beneficioso para ambas partes por una simple cuestión: la Central Atucha III era un proyecto de China compartido con tecnología de Canadá.
"Se alcanzó una solución que complace a los chinos y a la Argentina porque ratifica la asociación estratégica integral de ambos países. Y si bien China iba a financiar la construcción de Atucha III, el país tenía en su presupuesto un programa de endeudamiento inicial por USD 9.000 millones que ahora no lo tendrá", explicó en su momento un funcionario que trabajó arduamente en las negociaciones secretas con Beijing.
De esta manera, la Argentina podrá estar más holgada en sus cuentas en los próximos cuatro años y se asegurará para el 2022 la construcción de la Central Atucha IV con tecnología enteramente china.
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Posible nuevo auge de minería de uranio, con pésimo pasado



Acuerdo entre Argentina y Rusia: ¿se viene el gran auge del uranio?

Fecha de Publicación
: 24/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Tras 20 años de paralización del sector, buscarán desarrollar el potencial minero y tecnológico en el país. En el territorio nacional existen 31.060 toneladas del recurso que alcanzaría para abastecer el consumo de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse Río III durante 141 años
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú durante la última visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en la Argentina.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación al diario Del Cuyo, en territorio nacional existen 31.060 toneladas de recursos de uranio, entre los razonablemente asegurados y los inferidos.
"Estos recursos actualmente alcanzarían para satisfacer el consumo de los tres reactores instalados en Argentina por 141 años y 92 años a partir del 2027, considerando los nuevos reactores proyectados", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Y agregaron: "Esto implicaría que el desarrollo minero y tecnológico que podamos realizar sobre el uranio podría convertirnos en un país abastecedor de una demanda global que va en aumento. Equiparándonos con grandes países productores de uranio como Kazajistán, Canadá y Australia. Pero al igual que con otros minerales, todo dependerá del impulso y la dedicación que tengan las provincias, ya que son ellas las dueñas de los recursos uraníferos existentes en el país".
Desde Nación, indicaron que para poner en marcha la minería del uranio en Argentina la inversión necesaria rondaría los u$s250 millones, la cual se traduciría en la generación de unos 500 puestos de trabajo directos, a lo que se suma la demanda de proveedores de bienes y servicios.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno indican que la demanda de uranio en Argentina corresponde casi en tu totalidad al consumo de los tres reactores nucleares que se encuentran en operación: Atucha I, Atucha II y Central Núcleo-Eléctrica Embalse Río III. Estas centrales, operando a potencia plena, utilizan 250 toneladas de uranio totales al año.
"Con los nuevos requerimientos proyectados, la demanda local de uranio aumentaría en un 50%, pasando de 220 toneladas al año a 330 toneladas anuales", confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Secretaria de Desarrollo minero también indicaron que con los actuales proyectos de uranio existentes, Argentina, podría abastecer inmediatamente la demanda nacional, sustituyendo importaciones en el orden de los u$s30 millones por año.
"Más allá del memorando, que sólo es una carta de intención, vemos que Chubut cuenta con el 66 % de los recursos y reservas mensurados, Mendoza tiene un 32% y Salta el 1% restante. En otras provincias como Río Negro, La Rioja, San Juan, Buenos Aires o Córdoba, existen manifestaciones con potencial pero aún no se han realizado suficientes trabajos exploratorios como para dimensionar recursos. Además se necesita la voluntad política de la provincia para impulsarlo", indicaron desde Nación.
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Rechazan planteo pro nuclear en Río Negro

Rechazan el planteo de Sierra Grande por la planta nuclear

Fecha de Publicación
: 06/07/2018
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro


El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, emitió un dictamen que rechaza el planteo del Municipio de Sierra Grande en relación con la supuesta incostitucionalidad de ley provincial antinuclear. Su acción no es vinculante, pero podría influenciar en la definición judicial planteada.
Al respecto, Crespo explicó que la Ley 5227 fue “dictada merced a las facultades otorgadas por la Constitución Provincial al Poder Legislativo” y que “goza de la respectiva presunción de legitimidad y sobre la cual, en mi opinión, el accionante no ha evidenciado en el caso bajo análisis la hipotética colisión que podría tener con la carta fundamental”.
A su vez, descartó una “afectación de derechos” y manifestó que el actor que presenta el recurso “carece de legitimación activa para su interposición”, por lo que no podrá avanzar -según su opinión- la acción por esta vía.
Sin embargo, Crespo advirtió que “para el caso que ese cuerpo (STJ) estimara que el accionante se encuentra legitimado, considero de conformidad a lo antes manifestado que la acción resulta formalmente improcedente”.
La instalación de la planta nuclear en la provincia generó polémica el año pasado y, consecuentemente, idas y vueltas en el Ejecutivo. Finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck decidió que el proyecto no se concretase en tierra rionegrina, generando las quejas del municipio de Sierra Grande, que pretendía que la planta se instalase allí.
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Minería de uranio en Mendoza y nuevos procedimientos

El proceso minero que deberá autorizar Cornejo para evitar más contaminación

Fecha de Publicación
: 30/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La minería está prácticamente prohibida en Mendoza. Pero para poder remediar Sierra Pintada deberá abrirse la planta fabril de San Rafael. El desafío político y social. En octubre se haría la audiencia pública.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y también porque va a depender de la pericia que tenga para manejarlo sin profundizar los conflictos. Más si se tiene en cuenta que no hay un rédito político al alcance en caso de tener éxito. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó por una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también de la planta Dioxitex, de Córdoba.
El problema para la ejecución del proceso de remediación de esos pasivos ambientales es que para hacerlo es necesario "hacer minería". Es decir, para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. Es que la desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, la planta vuelva a producir uranio. En realidad ese era el plan inicial incluido en el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner y que incluía la reapertura de la mina de San Rafael para que se vuelva a producir uranio en Argentina y dejar de importarlo. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
Ahora se escindió la remediación de la reapertura. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso y ahora está en análisis.
La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos.
El Gobierno ha enfrentado temas que tenían potencial conflictivo con una estrategia propia. Es lo que ocurrió con la autorización del fracking, donde primero se hizo una prueba piloto, luego se comunicó y como tercer paso se reglamentó la actividad. Con el caso Sierra Pintada el camino debe ser más seguro, pues la justicia federal monitorea los avances y hay varios fracasos a cuestas.
El tema plantea un desafío de madurez y pericia política. Para el Gobierno, que debe lograr el consenso para que finalmente la contaminación cese, garantizando un proceso transparente. Y para los sectores defensores del ambiente, que más allá de la desconfianza, deberán ver el bien superior: que la contaminación acumulada por décadas deje de ser un riesgo para los habitantes de San Rafael.

El plan
Si la minería genera desconfianza en algunos sectores de Mendoza, en Sierra Pintada tienen un argumento para ello. Tras el cierre de la producción quedaron 5223 tambores equivalentes a 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (que equivalen a 14 toneladas de uranio). Esa basura fue trasladada a Mendoza entre 1995 y el 2000. A ellos se le suma el agua de cantera que surgió de los efluentes del proceso de lixiviación, las colas provenientes del mineral de Uranio proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cuadrados), que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
La misma CNEA establece un grupo de riesgos potenciales. En el caso de las colas de uranio, el riesgo de que haya emanaciones de gas Radon a la atmosfera (aunque se encuentra por debajo de los niveles admisibles para viviendas); la Radiación gamma (no existe riesgo mientras no se utilice indebidamente. Se encuentra controlada por Gendarmería y CNEA) y la dispersión por viento agua o dilución. En el caso del agua de cantera, se determinó que existe el riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde. En tanto que por los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y "las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen de los mismos potencialmente peligrosos.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada, con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado. Allí, por ejemplo, figura que hubo muchos gastos en consultorías ambientales y que los trabajos proyectados no se cumplieron. "No se observan avances en la gestión integral de pasivos ambientales; no se ha tratado ninguno de los pasivos prioritarios (agua de cantera (AC) y residuos sólidos (RS) dispuestos transitoriamente en tambores) aunque se ha avanzado en la realización de obras que permitirán su tratamiento. Respecto de la gestión de los referidos pasivos ambientales prioritarios, la CNEA no ha cumplimentado la totalidad de las acciones requeridas por la Resolución 1779/04 del ex MAOP de Mendoza", dice el informe.
La CNEA ya elevó el plan para remediar que incluye procesos distintos. Para el agua de cantera se propone un sistema de " Resinas de Intercambio ionico - aniónicas - precipitación", con un plan alternativo de nanofiltración, que tiene menos impacto pero un costo muy superior. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones por el uso de ácido sulfúrico. "Se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento", explica el resumen al que accedió MDZ, donde se describen los 7 pasos del proceso que van desde el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
En el Gobierno mantienen la postura de autorizar el proceso solo para la remediación. Y en contraposición aparece de nuevo la variable económica: Argentina necesita uranio para abastecer a las centrales nucleares y la importación complica más las cuentas. Al mismo tiempo el sector minero presiona para que se impulse la actividad.
 El plan nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 tU como "recursos identificados".
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades por la resistencia social al tema.
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A pesar de las experiencias... se viene la minería del uranio



Energía: ¿El retorno de la minería del uranio a la Argentina?

Fecha de Publicación
: 13/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El memorando de entendimiento firmado en enero pasado por Argentina y Rusia permitiría reactivar la minería del uranio en nuestro país.
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú en enero pasado durante la visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en nuestro país. Participaron de su firma el canciller Jorge Faurie, en representación del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; y los presidentes del grupo ruso Uranium One, Vasily Konstantinov, y de la empresa UrAmerica Argentina, Omar Adra.
Desde 1997, cuando se suspendieron las actividades mineras en Sierra Pintada, las necesidades de la industria nuclear local han sido satisfechas por el mercado internacional. En los últimos años, las importaciones de uranio natural provinieron principalmente de Canadá y, en menor medida, de Kazajstán, con precios promedio que oscilaron entre los 120 y los 170 dólares por kilo.
El próximo año, cuando vuelva a operar Embalse –tras la parada técnica para su repotenciación y extensión de vida–, el consumo anual de las instalaciones nucleares argentinas estará en el orden de las 220 toneladas de uranio natural. A mediano plazo, la puesta en marcha de la cuarta y quinta centrales sumará una demanda adicional de 280 toneladas anuales, lo que arrojaría un total de 500 toneladas anuales.
De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Promoción Minera, los recursos de uranio identificados en la Argentina ascienden a 31.685 toneladas. El cálculo surge de la sumatoria de los recursos razonablemente asegurados y de los inferidos –a un precio menor o igual a 130 dólares por kilo– de seis yacimientos: Sierra Pintada (Mendoza), Don Otto (Salta), Cerro Solo, Laguna Colorada, Laguna Salada y Meseta Central, estos cuatro últimos ubicados en la provincia de Chubut.
El objetivo de UrAmerica, una compañía que tiene diez años en el sector, es posicionar a nuestro país como productor de uranio para abastecer tanto la demanda local como regional. "Argentina no puede desperdiciar su potencial en un momento en el cual el mundo tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en un contexto en el que, para 2030, va a haber el doble de reactores nucleares de los que están funcionando actualmente", señaló, en diálogo con DEF, Omar Adra, el fundador y presidente de la compañía argentina firmante del memorando.
Al contexto global de presión sobre la oferta de uranio, se suma un factor geopolítico que afectará directamente al mercado: el fin del proceso de desarme nuclear, del que procedía alrededor del 30 % del abastecimiento del uranio, ahora destinado a usos civiles.
La búsqueda de recursos adicionales de uranio se convierte, entonces, en una necesidad para atender la futura demanda de la industria. Con el foco puesto en el desarrollo del potencial argentino, su empresa ha desarrollado en los últimos años un ambicioso programa exploratorio en la Meseta Central chubutense. Tal como informa en su página web, "el posicionamiento actual de las propiedades de UrAmerica cubre áreas altamente prospectivas para la exploración de uranio, incluyendo más de 145.000 hectáreas que se encuentran rodeando el Cerro Solo, que es el depósito de uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de más alto grado en Argentina, y el open pit –mina a cielo abierto– de Los Adobes (histórico), ambos controlados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)".
Adra dejó en claro, ante la consulta de DEF, que "con el valor actual del mineral en el mercado, la opción del open pit no es económicamente viable para el uranio".
En octubre de 2011, la empresa selló una alianza estratégica con el coloso canadiense Cameco, el mayor productor mundial de uranio. "A pesar del accidente de Fukushima (ocurrido en marzo de 2011) y más allá de las circunstancias del mercado, Cameco consideró que el desarrollo de la cuenca de Chubut, con un potencial uranífero comparable al de Kazajstán, debía ser atendido porque estaba claro que en el futuro iba a faltar uranio en el mercado", explicó el presidente de UrAmerica.
Kazajstán tuvo un plan estratégico en los últimos quince años, con la decisión del gobierno de desarrollar su potencial uranífero. Entre 2001 y 2013, el país centroasiático multiplicó por diez su producción, al pasar de 2022 a 22.550 toneladas anuales. Luego de un pico de producción de 24.560 toneladas en 2015, se decidió un leve recorte que ubica su producción actual en torno a las 23.000 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 40 % del total mundial.
El resultado fue el mayor programa de exploración de uranio en el menor período de tiempo: se perforaron 24.000 metros en solo 18 meses, lo que le valió a UrAmerica el reconocimiento del organismo internacional. Con el resultado de la exploración realizada juntamente con la empresa canadiense Cameco, se determinó que los recursos inferidos de la Meseta Central ascienden a 19,1 millones de libras de óxido de uranio (U308), con una ley promedio de 310 partes por millón, lo que implica que estamos ante un yacimiento económicamente explotable.
En el flamante memorando, el aporte que hará Uranium One, subsidiaria de Rosatom y consolidada desde hace siete años como la cuarta productora mundial de uranio, será el know-how del método de recuperación in situ, que permite la extracción del mineral sin movimiento de suelos y con un menor impacto sobre el medioambiente, en línea con el concepto de smart mining (minería inteligente). El uranio se mantiene en el yacimiento y se inyecta, mediante un sistema de pozos, un agente lixiviante que permite disolver el mineral. La solución uranífera es posteriormente bombeada hacia la superficie, donde se procesa gradualmente hasta obtener un concentrado de óxido de uranio (U3O8), más conocido como yellow cake.
La recuperación in situ no utiliza ningún tipo de contaminante, no genera escombreras ni depósitos de desechos y asegura el estado inicial de las aguas subterráneas. En el caso del proyecto de la Meseta Central, el agua que se utilizará no es apta para consumo humano y solo es aplicable a usos industriales y a riego en forma limitada. Los acuíferos tampoco tienen conexión con la cuenca del Río Chubut. "Cuando se aplica el método y se lo entiende claramente, la gente se familiariza, y la preocupación ambiental pasa a ser una cuestión secundaria", sostuvo Adra, quien añadió que "incluso se puede caminar por encima de la mina donde se está produciendo".
"Es la primera vez que el gobierno de Rusia hace un intercambio de tecnología en un área sensible como es la nuclear", destacó el titular de UrAmerica, quien acompañó en septiembre del año pasado al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante su visita a Karatau (Kazajstán), donde Uranium One explota, junto con la estatal kazaja Kazatomprom, una mina de uranio con el método de recuperación in situ.
La principal dificultad que existe hoy en Chubut es la vigencia de la ley provincial que suspendió la actividad minera extractiva en el territorio provincial y el uso de cianuro en sus procesos de producción. La norma, conocida como Ley 5001, fue sancionada en abril de 2003, luego de una consulta no vinculante, en la que los ciudadanos de Esquel rechazaron la instalación de un proyecto operado por la empresa Meridian Gold en las cercanías de esa localidad.
En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense dictó una nueva ley que suspendió durante 120 días el inicio de cualquier actividad minera metalífera y estableció para el futuro que cualquier aprovechamiento minero debería contar con la denominada "licencia social", para lo cual estableció el mecanismo de la "consulta popular vinculante, que abarcó la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración".
En los últimos años, hubo una serie de intentos frustrados por avanzar en la "zonificación minera" del territorio chubutense, una condición establecida por la Ley 5.001 que, a pesar de los 15 años transcurridos, nunca se implementó. Con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el Ministerio de Energía y Minería hizo un guiño en este sentido. Entre los principales impulsores de esta política, se encuentra el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, que, en el pasado, desde su cargo de secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), había calificado la política antiminera de Chubut como "inconstitucional" y había pedido que se escuchara la opinión de los habitantes de la Meseta Central, una zona que en los últimos 30 años ha perdido cerca del 40 % de su población.
En mayo del año pasado, se desarrolló la Cumbre Ambiental promovida por el fallecido exgobernador Mario Das Neves, quien expresó en aquella oportunidad su rechazo a la explotación de uranio en Chubut. "No hay uranio para nadie; no lo vamos a explotar porque eso sí contamina y es peligroso", manifestó el entonces mandatario provincial. Posteriormente, Chubut se negó a firmar el Nuevo Acuerdo Federal Minero, por el cual el Estado Nacional y veinte provincias se comprometieron a unificar estándares, así como cuestiones impositivas y ambientales de la actividad. Aunque no ha variado su postura respecto de la asumida por Das Neves, su sucesor Mariano Arcioni, con apenas seis meses en el cargo, se ha mostrado abierto al debate y se ha comprometido a respetar la voluntad de los chubutenses y la decisión que adopten los legisladores respecto de la eventual zonificación minera del territorio.
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Se desifla el plan nuclear por cuestiones económicas nomás

El plan nuclear se queda sin energía
 
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional


Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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La Nuclear de Embalse tuvo un accidente



Advierten por un accidente en la Central de Embalse

Fecha de Publicación
: 26/05/2018
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, anunció ayer la difusión en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, del accidente radiactivo que tuvo lugar a fines del año pasado en la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero. “Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar”, aseguró el biólogo.
Al respecto, precisó que el hecho sucedió mientras se efectuaba el re entubado del reactor, actualmente detenido y en proceso de remodelación. Montenegro informó en la víspera que participó de una conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de dicho país y de Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades. Sobre el particular, alertó sobre “la mayor peligrosidad del reactor Candú, ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero, y Mauricio Macri después”. “Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal”, aseguró el titular de Funam.
Durante el encuentro, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, “lo vuelven más vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor”.
Por su parte, recordó que “el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención durante el re entubado del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo. En esa área, se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”.
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Chubut: "20 cunas de uranio" en la mira de mineras

Hay interés de empresas en «20 cunas de uranio» en todo el territorio de Chubut

Fecha de Publicación
: 25/05/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Memórandum de Entendimiento que sellaron el presidente Mauricio Macri y el Premier Vladimir Putin despertó una ola de consultas por el uranio en Chubut. Varias empresas realizaron sondeos por 20 yacimientos de este mineral. Después de mucho tiempo, la provincia avanza en un debate profundo sobre el desarrollo o la prohibición.
El periodista Franco Córdoba publicó en Télam una nota de análisis sobre la situación en la que se encamina Chubut. En un pasaje de la nota describe que después de 100 años, la Provincia inició un debate sobre un inminente cambio de paradigma en la matriz económica.
«La provincia patagónica transita una encrucijada marcada por una crisis socioeconómica, y una palabra sobrevuela para matizarla: minería. Atrás quedaron los años de bonanza con la actividad petrolera y récords en regalías, pero hoy vive un momento de su historia donde analiza darle paso al uranio y otros minerales, o bien, seguir pendiente del precio del barril y las inversiones para el oro negro», argumentó Córdoba, abriendo el paso a la discusión sobre la minería y en especial, del uranio.
Lo cierto es que desde que Argentina y Rusia estamparon la firma en materia de «cooperación tecnológica para la explotación de uranio», hubo una lluvia de consultas de empresas nacionales e internacionales por proyectos que tienen alta potencialidad de este minera en la provincia del Chubut.
La firmas mas conocidas son la Uranium One Group - subsidiaria de la compañía estatal de Energía Atómica Rosatom de Rusia - y UrAmérica Argentina S.A.
«Más allá de estos anuncios oficiales y en base a diferentes estudios de suelo en la provincia, existen casi 20 proyectos de empresas que desean explotar esos yacimientos o cunas de uranio», precisa la nota publicada en Télam.
En la provincia hay 20 yacimientos que cuentan con estudios geológicos que determinaron una alta factibilidad de concentración de uranio. Gran parte de estos proyectos están situados en la Meseta Central.
Uno de los más populares en Chubut por su dimensión es el yacimiento Cerro Solo que está bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De los estudios, decantan que los campos aseguran 4.420 toneladas de uranio y un potencial de 4.810 toneladas.
El yacimiento «Laguna Salada» bajo la órbita de la firma canadiense U308 Corporation tiene 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas.
«Laguna Colorada», administrado por la CNEA, garantiza 100 toneladas y un total de 60 inferidas; en tanto que «Meseta Central» de UrAmérica S.A. proyecta más de 7.000 toneladas de Uranio.
Los otros yacimientos son «El Regalo», «El Tropezón», «La Bombilla», «La Pampa», «Los Adobes», «Guanaco», «Regalo», «Bororo Nuevo», «Bajo del Gualicho»m «Sierra Chata», «Bajo Colorado», «Mirasol», «Cóndor», «Cerro León», «Sierra Cuadrada» y «Cañadón Gato Krugger».
En el caso de Bajo del Gualicho, Sierra Chata y Bajo Colorado, los emprendimientos están ubicados en la zona noreste de Chubut; en tanto que en el caso de Cañadón Gato Krugger, está situado en la zona sur de la Provincia.
Los senadores Alfredo Luenzo (ChuSoTo) y Nancy González (FPV); y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, dejaron sus impresiones sobre la explotación minera en la Provincia.
Cerdá ya no oculta su posicionamiento favorable y remarcó que «si se dan todas las condiciones, ambientales, marcos legales claros, beneficios que pueda dejar la industria, creo que debemos darnos la posibilidad en Chubut de llevarla adelante».
El senador Luenzo reconocio que el debate «ya está instalado en la provincia», por eso sugirió que «debemos sincerarnos y colocarlo sobre la mesa para tomar una decisión. Por el sí o el no, pero hay que tomar una decisión, porque de lo contrario la van a tomar otros».
En contraposición, González reflexionó que la posible explotación minera «parece más una imposición por parte del Gobierno nacional, orientada a la depredación de los recursos naturales, que una oportunidad de desarrollo genuina».
Otra de las voces que sumó fue la del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (FPV), quien semanas atrás recibió a los jefes comunales de la meseta, que impulsaron el proyecto de zonificación.
«Hay que analizarla como un negocio, como lo son otras tantas industrias, e identificar sus pro y sus contras, porque como la práctica en cualquier industria, acá lo que preocupa es el impacto en la gente y el medio ambiente. Por ello, el primer punto de debate debe ser si es contaminante; y en ese caso, en qué grado», afirmó Linares.
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El acuerdo nuclear en suspenso por la crisis

El Gobierno suspendió un acuerdo nuclear con China para ahorrar USD 9.000 millones
Fecha de Publicación: 24/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de la construcción de la Central Atucha III que se iba a hacer con financiamiento chino y de Canadá. Se avanzará con un contrato para el 2022 por otra central con tecnología completamente china
El plan de recortes y achicamiento del déficit en el Estado que prometió profundizar Mauricio Macri llegó a la política exterior. Luego de arduas negociaciones secretas, el Gobierno decidió postergar para más adelante el proyecto de construcción de la Central Atucha III que tenía previsto realizar con China y, así, se ahorrará un programa de endeudamiento previsto en 9.000 millones de dólares.
La decisión fue cerrada la semana pasada entre la Cancillería y las autoridades de Beijing. Según confirmaron a Infobae cuatro fuentes calificadas del Gobierno y la diplomacia china, el acuerdo alcanzado resultó beneficioso para ambas partes por una simple cuestión: la Central Atucha III era un proyecto de China compartido con tecnología de Canadá. Este plan se abortó para más adelante pero el gobierno argentino ratificó a la administración de Xi Jinping que se seguirá adelante con el proyecto de Atucha IV con tecnología exclusivamente china para iniciarse en el año 2022.
"Se alcanzó una solución que complace a los chinos y a la Argentina porque ratifica la asociación estratégica integral de ambos países. Y si bien China iba a financiar la construcción de Atucha III, el país tenía en su presupuesto un programa de endeudamiento inicial por USD 9.000 millones que ahora no lo tendrá", explicó a Infobae un funcionario que trabajó arduamente en las negociaciones secretas con Beijing.
De esta manera, la Argentina podrá estar más holgada en sus cuentas en los próximos cuatro años y se asegurará para el 2022 la construcción de la Central Atucha IV con tecnología enteramente china.
La intención es que el 30 de noviembre próximo, cuando viaje Xi Jinping a la Argentina por la Cumbre del G20, se firme con Macri este acuerdo a largo plazo.
A la vez, el próximo domingo el canciller Jorge Faurie mantendrá una reunión bilateral con su par chino Wang Yi que viene a Buenos Aires para el G-20 de ministros de relaciones exteriores. El canciller de China se reunirá dos días más tarde con Macri en la Casa Rosada. Wang Yi, además de ser canciller, es "Consejero de Estado", uno de los cinco que acompañan al presidente y el vice en la cúpula de poder de China.
Con este cambio de planes en la política exterior la Argentina se ahorrará de pagar a China USD 9.000 millones de deuda que afectan el programa monetario. Es que si bien el financiamiento de Atucha III lo ponía China, en el presupuesto pesa como deuda.
A los chinos la postergación de este proyecto que financiaban con tecnología canadiense les cierra porque se mantiene la alianza estratégica con Argentina. En rigor, ese contrato había sido una imposición de Cristina Kirchner como condición para hacer la planta nuclear china en la Argentina.
El contrato de este proyecto con China había recibido muchas objeciones desde el Ministerio de Energía en los últimos tiempos. De hecho, Infobae informó hace un mes que el ministro José Aranguren había revisado el contrato de construcción de la central nuclear Atucha III y había encontrado "desprolijidades y desequilibrios registrados" con excesos de hasta USD 1.600 millones. Pero finalmente nada de esto se hará por ahora y solo se avanzará en un proyecto nuclear con China para el 2022.
En el Gobierno aseguran que esta es la mejor negociación posible que se alcanzó en un momento en el que la Argentina está apretada en términos de deuda pública.
A la vez, desde la Casa Rosada aseguraron que en adelante los proyectos de energía nuclear que tiene en carpeta el Gobierno le darán "más beneficios económicos que pérdidas a la Argentina".
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Los chinos enojados por las nucleares

Malestar chino por demoras en los emprendimientos de la cuarta y quinta planta nuclear

Fecha de Publicación
: 24/02/2018
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Nacional


En una nota de Martín Dinatale en Infobae se habla de la molestia en China por las demoras para avanzar en la construcción de las dos centrales nucleares pactadas en su momento con la expresidenta Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri. Ante los retrocesos para construir la quinta en Río Negro, las dos se emplazarán en Zárate, provincia de Buenos Aires, con lo cual esa jurisdicción se beneficiará “con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá”. El gobierno nacional piensa regularizar a partir de marzo la relación con el gigante China para que no se caigan estos emprendimientos energéticos.
La alianza estratégica de la Argentina con China transita por días de turbulencia. El vendaval político-diplomático tiene nombre y apellido: las demoras que sufre desde hace más de tres años el ambicioso proyecto argentino para construir la quinta central nuclear financiada por el gobierno de Xi Jinping.
La intención original de China acordada con el gobierno de Cristina Kirchner y ratificada luego con Mauricio Macri era financiar la construcción de la quinta central nuclear con un préstamo a 10 años de 7.000 millones de dólares.
Hasta el año pasado ya estaba todo definido para empezar la obra en Río Negro. Incluso Macri anunció desde Beijing junto con el gobernador Alberto Weretilneck el lanzamiento de la obra.
¿Qué razones políticas y diplomáticas complicaron todo el proyecto? En plan de diferenciarse del frente Cambiemos y por presión de un sector de los grupos ecologistas rionegrinos, Weretilneck se echó atrás: impuso una ley provincial para prohibir esa iniciativa aduciendo “eventuales problemas de impacto ambiental” y desde entonces todo se complicó.
El gobierno nacional inició una dura negociación con China para relocalizar la obra. El senador peronista de Río Negro, Miguel Pichetto, intentó terciar en el asunto para llevar la obra a Sierra Grande. Pero no hubo caso. Todo se complicó y las diferencias entre Macri y Weretilneck fueron más pronunciadas.
Se evaluaron proyectos de instalación de la central en otras provincias. Se habló también de instalar el proyecto en Carmen de Patagones. El problema era el pago adicional de la obra que Argentina debía asumir por la cláusula de relocalización. En el medio de todo esto hubo objeciones y un manifiesto malestar expuesto por Xi Jinping por las demoras del proyecto y la falta de la palabra comprometida.
Desde noviembre del año pasado se hizo un estudio de factibilidad para instalar la obra en el polo nuclear bonaerense de Atucha, en Zárate, y con ello, finalmente el conflicto parecería haber llegado a una solución. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se metió en las negociaciones y aceptó la eventual instalación del proyecto de China en Zárate ya que le daría trabajo a unas 4.000 personas.
“La semana pasada el presidente Macri dio un ultimátum e instrucciones directas para cerrar el acuerdo en Atucha y terminar la dura negociación con China”, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Así, la intención es cerrar el contrato en marzo o abril para el inicio de las obras en Zárate.
Luego de un largo intercambio de misivas, arduas negociaciones y el marcado malestar expuesto por los funcionarios chinos con la Argentina, Macri ordenó poner fin al conflicto e instó al Ministerio de Energía y a la Cancillería a definir de una vez la localización de la central nuclear que hará la administración de Xi Jinping.
El gobierno de China quedó muy sensibilizado por los vaivenes del proyecto y en más de una oportunidad expuso sus quejas ante la Argentina.
“Con diplomacia pero con claridad los chinos expresaron su malestar”, admitió un diplomático argentino que intercedió de lleno en las negociaciones.
Voceros de la embajada de China en Buenos Aires admitieron a Infobae que “hubo diferencias” con la Argentina por la relocalización de la obra de la quinta central nuclear.
El embajador argentino en Beijing Diego Guelar intercedió para poder explicar los vaivenes políticos de Weretilneck y las demoras de la Argentina en el cumplimiento del contrato. Pero resultó complejo.
“Los chinos no entienden la idea del federalismo que impera en la Argentina y la división de poderes”, admitió un funcionario del Palacio San Martín.
Pero la administración de Xi Jingping traduce su malestar por recientes experiencias fallidas en la Argentina: tuvieron malos resultados en las inversiones para el proyecto del Belgrano Cargas durante el mandato de Cristina Kirchner y problemas con las promesas para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas que nunca se cumplieron.
A todo esto se agregan los atrasos e indefiniciones que existen en el contrato de otra central nuclear también financiada por China. Se trata de la obra para la cuarta central nuclear por un costo que el Gobierno no quiere exceder en 5.700 millones de dólares. Hay en el medio una discusión sobre este tope del monto y China reclama mayores garantías para un contrato que lleva más de un año de vaivenes.
La intención de este acuerdo es que el proyecto también se desarrolle en Zárate. Así, en el caso de que se cierren los dos proyectos nucleares de China la provincia de Buenos Aires será beneficiada con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá.
Si el diablo no mete la cola en el medio, la intención del ministro de Energía Juan José Aranguren es avanzar definitivamente con el acuerdo por la quinta central nuclear en marzo y definir el contrato de la cuarta central con China cuanto antes. Pero la política argentina y los vaivenes de la diplomacia a veces le pueden jugar una mala pasada a los deseos políticos.
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Río Negro parece que se salva de la nuclear



Nación se resignó: la planta nuclear no se instalará en Río Negro

Fecha de Publicación
: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.

Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Uranio en Mendoza: por ahora no es posible su explotación



Le bajan el pulgar en Mendoza a la explotación de uranio

Fecha de Publicación
: 16/02/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza


La decisión del gobierno provincial genera malestar en el sector minero, que insiste en avanzar con la actividad.
En su visita a Rusia el presidente Mauricio Macri dio un impulso para generar inversiones destinadas a la explotación de uranio en el país, con lo que los mineros locales se entusiasmaron. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial echaron por tierra esas ilusiones, ya que en la provincia no podrá realizarse ese tipo de explotación.
Desde la Subsecretaría de Energía y Minería, que conduce Emilio Guiñazú, dejaron en claro que con la tecnología que existe para explotar uranio, aprobada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
“En el caso de aparecer una nueva tecnología que sea compatible con las restricciones técnicas que impone la ley, se realizarán los estudios de impacto ambiental y se presentará en la Legislatura”, aclararon.

Malestar
En la provincia hay dos minas de uranio: Sierra Pintada en San Rafael y Los Huemules en Malargüe.
Cuando se conoció el acuerdo con Rusia, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), Carlos Ferrer, sostuvo lo contrario a lo que argumenta el gobierno local: “El método extractivo es compatible con la protección del medio ambiente, y en Mendoza con la ley 7.722 se realiza mediante la metodología de recuperación in situ, sin tocar la superficie, inyectando soluciones alcalinas no ácidas, con ínfimo impacto ambiental y bajo costo”.
“Ahora hay un procedimiento que se instaura en el mundo con la utilización de solventes alcalinos y no ácidos, se usan materiales que son inocuos”, aclaró Ferrer.
“Hay millones de reserva de uranio en Argentina, pero el absolutismo de los gobiernos provinciales va en contramano con los lineamientos que quiere el gobierno nacional. La actitud de Alfredo Cornejo es clara en la materia: hace dos años y medio que la minería no se mueve en Mendoza”, sostuvo Ferrer.
En el caso de Sierra Pintada, el empresario manifestó que la mina crearía alrededor de mil puestos de trabajo directo, mientras que Los Huemules alrededor de 1.500 empleos más. “Hay un 100% de desocupación en el sector minero en Mendoza”, manifestó.
A raíz de la negativa provincial de avanzar con la extracción de uranio, desde la Casemmza buscarán reunirse con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en busca de algún avance en la materia para la provincia. “La minería va a funcionar cuando la Nación ponga pie en Mendoza”, concluyó Ferrer.
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Córdoba sin remediaciones



Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones

Fecha de Publicación
: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.

Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.

Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.

Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.

Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Río Negro: Nación inciste con la Central Nuclear



Nación fuerza la estrategia para insistir en la central nuclear

Fecha de Publicación
: 09/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.

Por qué NO
Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.
El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.
No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande). Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)

Por qué SÍ
Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.
No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.
Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.
Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes –seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.
Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable. Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)

Contradicciones y necesidades

Por Sergio Ceci - sgceci@gmail.com

La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.
Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.
En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.
Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.
El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.
Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.
Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.

Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado


15/5/17. Weretilneck y Macri anuncian desde China que en Río Negro se construirá una central nuclear.
30/5/17. El secretario de Energía, Julián Gadano, dice en Viedma que la planta “estará en la costa atlántica”.
Junio. Un mes en el que entidades y sectores de la Iglesia se organizan en contra de esa instalación.
Ocho meses de idas y vueltas
Fines de julio. El arribo de técnicos chinos acentúa las protestas en Viedma. Iribarren le propone Sierra Grande a Macri.
1/8/17. Weretilneck anuncia que Viedma queda descartada de los posibles lugares de localización.
9/8/17. Marcha antinuclear en Viedma. Tres días después, el oficialismo provincial pierde en las PASO.
1/9/17. La Legislatura sancionó la ley de prohibición: 44 votos a favor y uno en contra (la macrista Daniela Agostino).
25/8/17. Weretilneck anunció que el gobierno desiste de la instalación de la planta. Presentó luego un proyecto de ley.
22/10/17. El senador Pichetto dice en Sierra Grande que la central debe retomarse y ser instalada en esa ciudad.
15/11/17. El Concejo aprobó el llamado a consulta popular. Iribarren dispone que se haga el 17/12.
17/12/17. La consulta “no vinculante” arrojó 251 votos (15%) por el NO y 1.419 (85%) para el SI. Votó el 24% del padrón.
10/1/18. Macri insistió ante Weretilneck: quiere la central en Río Negro. Luego lo reiteró a los diputados Wisky y Matzen.
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