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Modelo agrícola argentino desprotege al más débil



Modelo agrícola argentino descuida derecho a la alimentación

Fecha de Publicación
: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios,  en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se  justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Nación abandona a los pequeños productores



El Estado nacional abandona a los pequeños productores familiares

Fecha de Publicación
: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.

Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
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En Santa Fe se debatió sobre los límites del agronegocio

Expertos debatieron sobre los límites del modelo agroindustrial

Fecha de Publicación
: 23/08/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe


¿Hay otro modelo agropecuario posible fuera del industrial pampeano? La respuesta es si. Posible, necesario y urgente. Esa es la síntesis de un panel de especialistas que congregó días atrás a una pequeña multitud en el hall de entrada del Concejo.
Convocados por el consejo asesor de la comisión de Ecología un mix de ingenieros agrónomos que hoy trabajan para el Estado y en el sector privado trazaron los límites del modelo agroindustrial químico dependiente y explicaron de qué manera se puede avanzar hacia una agricultura que sea rentable y también respetuosa con el suelo, la salud humana y el ambiente.
 Dos datos sirvieron como "marco teórico" de la reunión: la normativa que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, y la noticia fresca de la sentencia contra Monsanto de un tribunal estadounidense que condenó a la multinacional a pagar 280 millones de dólares a un agricultor que la demandó por haberse enfermado de cáncer tras utilizar durante años ese herbicida.
"Tras la prohibición del glifosato quedó un debate abierto y la idea es comenzar a saldarlo con este panel" dijo el concejal Osvaldo Miatello, presidente de la comisión de Ecología.
Pero la transición hacia una agricultura enfocada en criterios ecológicos no es fácil ni se hace de un día para el otro: hace falta trabajar en semillas, regenerar el suelo, adaptar maquinarias y formar profesionales y productores con ese perfil.
"Sin políticas públicas claras por parte del Estado es muy difícil avanzar", sintetizó Antonio Lattuca, del programa de Agricultura Urbana de Rosario.
Hasta los años 80 el paisaje del sur provincial, originalmente cubierto por pastizales, era una combinación de chacras mixtas con cultivos que se rotaban según las estaciones.
En los 90, con la introducción del paquete tecnológico semillas modificadas + siembra directa + agroquímicos ese paisaje cambió y se volcó hacia el monocultivo de la soja, cuyo pico llegó en la primera década del siglo XXI de la mano de la suba de precios de los commodities agrícolas.
"Es tiempo que la chacra mixta vuelva a ser y para eso precisamos otra política y otros políticos que defiendan el consumo de cercanía y entiendan la necesidad de mercados de referencia" explicó el productor y dirigente agropecuario Pedro Peretti.
En una línea parecida avanzó Guillermo Montero, decano de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, quien hizo foco en la importancia de introducir herramientas para modificar el actual modelo agrícola pampeano como bordes de campos con vegetación espontánea y franjas de cultivos periurbanos.
"Debemos avanzar en la construcción de un sistema agrícola sustentable, y hay alternativas como mantener la vegetación espontánea, restaurar la biodiversidad o implementar ?escudos verdes?" afirmó Montero.
Eduardo Cerdá, referente de la agroecología en modelos de producción extensiva, relató la experiencia de Guaminí, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires donde se trabajan 5 mil hectáreas sin agroquímicos con rindes similares a los de la agricultura química y con costos mucho más bajos.
"Nos han hecho creer que sólo existe la agricultura industrial y eso es una mentira. Hoy tenemos una agricultura drogadicta que cuesta cada vez más cara, y los productores se empiezan a dar cuenta" subrayó.
Tanto Lattuca como Raúl Terrile, de la Municipalidad, contaron los diversos planes de agricultura urbana y periurbana libre de agroquímicos que desde 2001 lleva adelante el gobierno local.
Las huertas urbanas nacieron como plan de contención social tras la crisis de 2001. Hoy -de la mano de una mayor conciencia sobre los beneficios de alimentos sanos y una demanda creciente- ya hay 30 hectáreas de parques-huerta más otras 35 hectáreas del Cinturón Verde. Unas 2400 familias viven de eso y venden su producción a través del circuito de ferias y en el local del Mercado del Patio.
"Hoy en Rosario tenemos acceso a alimentos agroecológicos de calidad. Hay que jerarquizar el oficio de agricultor, otra agricultura es posible y precisamos más y mejores políticas públicas para eso" dijo Lattuca.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada



La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra

Fecha de Publicación
: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.

A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.

El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.

La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Proyecto para crear reserva 'natural' en algunos "campos"

Proponen una reserva 'natural' en todos los campos agrícolas de más de 200 hectáreas

Fecha de Publicación
: 14/07/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


Un proyecto de ley que actualmente está siendo evaluado por el Senado de la Nación apunta a promover la biodiversidad en ambientes cultivados de más de 200 hectáreas, mediante el establecimiento de una superficie mínima obligatoria que deberá ser conservada con especies naturales.
El proyecto de Ley "Presupuestos Mínimos para la Biodiversidad en Ambientes Cultivados" fue presentado por la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu. Está elaborado sobre la base a un trabajo científico de Lucas Garibaldi, investigador independiente del Conicet y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro.
 El proyecto fue presentado a fines de 2017 y está siendo evaluado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura.

Área de reserva
La versión preliminar de la norma, a la cual tuvo acceso el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra, establece que se deberá garantizar un mínimo de cuatro hábitat por cada unidad productiva de 200 hectáreas.
Uno de los hábitat deberá ser un ambiente natural no menor a cinco hectáreas: equivalente a 2,5 por ciento de la superficie total.
En tanto, los otros tres hábitat podrán contener cultivos pero diferentes entre sí. También se indica que, de ser aprobada, la Ley se implementará de forma progresiva a lo largo 10 años.
Según indicó Garibaldi, quien también es docente del departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el espíritu de la ley se basa en la agricultura sustentable, teniendo en cuenta aspectos de rentabilidad y conservación.
"Esta iniciativa promueve la rotación de los cultivos, favorece la preservación hábitat naturales y seminaturales (que no son cultivados desde hace más de 20 años y que incluyen especies nativas) y sus múltiples beneficios asociados, como una mayor polinización, control biológico de plagas, reducción de la erosión, fijación de carbono, valor turístico e industrias como la apicultura, entre otras", indicó el investigador.

Fundamentos
Además, subrayó la necesidad de implementar la normativa por la falta de diversidad que posee la mayoría de los sistemas agrícolas nacionales, dominados por monocultivos. "Estamos en una situación crítica. Hemos perdido una gran diversidad de paisajes. Es importante recuperarlos porque, asociado a esa falta, perdimos aspectos fundamentales para el bienestar social en general", aseguró.
"La conservación del 2,5% de la superficie se podría desarrollar incluso en tierras marginales, donde se maximizan los servicios ambientales y no se compite con lugares de altos rendimientos. De hecho, pueden potenciar los rindes de los cultivos aledaños", dijo Garibaldi.
Este 2,5 por ciento también representa un porcentaje mínimo de conservación respecto de otros países como Brasil, por ejemplo, cuyo código forestal (establecido en 1967 y reformado en 2012) plantea una conservación del 20 por ciento fuera de la Amazonia legal. En tanto que, dentro de ese mismo área, establece una conservación de 35 por ciento en ambientes de sabana y de 80 por ciento en bosques.

Políticas basadas en ciencia
Garibaldi destacó que el proyecto de Ley cuenta con una base científica sólida y valoró el rol de los investigadores, puesto que con sus conocimientos "pueden contribuir a desarrollar una mejor legislación y un mejor uso de la tierra".
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Un ejemplo de agricultura y ganadería sustentable y rentable



Córdoba: una fundación de ingleses y argentinos hace 100% de producción orgánica

Fecha de Publicación
: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba


Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.

Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.

Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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Entre Ríos: archivaron resistido proyecto de agroquímicos



Diputados archivó el proyecto de ley de agroquímicos y festejaron los ambientalistas

Fecha de Publicación
: 13/05/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Baja rechazó el proyecto que venía con media sanción del senado entrerriano. Urgente deberán confeccionar una nueva iniciativa para frenar el envenenamiento y fomentar la transición a la agroecología.
 El proyecto de ley de agroquímicos fue archivado este martes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos aunque durante más de dos horas se generaron duros cruces entre los diferentes bloques.
Representantes de grupos ambientalistas llegados de toda la provincia colmaron los balcones para seguir la sesión que tuvo enérgicas exposiciones.
Oficialistas y opositores remarcaron que hoy en la provincia solo hay dos personas, que en un vehículo, controlan la fumigación con agroquímicos en los campos entrerrianos representando al Estado.
El bloque justicialista ya había adelantado que votaría en contra del proyecto que venía con media sanción del Senado. Mientras que diputados y diputadas de Cambiemos reclamaron que se discutiera en Comisión.
Algunos diputados radicales que forman parte de la oposición también rechazaron el proyecto y Alberto Rotman, en particular, se llevó una gran ovación del público porque basó su discurso en datos concretos que tomó de diferentes investigaciones que sirvieron para prohibir el uso del glifosato en otros países.
Lo cierto es que para frenar las muertes deberán ponerse a trabajar para discutir en forma urgente un nuevo proyecto de ley que regule el uso de los agroquímicos y que además incentive la transición hacia la agroecología.
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Ejemplo: cosechó 25 toneladas de verdura sin agroquímicos



El Municipio cosechó 25 mil kilos de verdura sin usar agroquímico

Fecha de Publicación
: 06/04/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


Embanderado desde hace tiempo detrás del proyecto de ordenanza que busca prohibir el uso, aplicación, almacenamiento y comercialización del glifosato en todo el éjido de la ciudad, el Municipio tiene ahora un orgullo simbólico para esta causa: el Centro de Producción de Alimentos Municipal (CePAM) informó que por primera vez logró cosechar 25 mil kilos de verdura sin usar una sola gota de agroquímicos.
“Los rindes obtenidos permitirán abastecer a distintas dependencias municipales, a organizaciones no gubernamentales y al Hogar de Ancianos”, indicó el titular de la Dirección de Cooperativas Mauricio Weber entrevistado por ElDía, quién además explicó que toda la producción fue realizada de manera artesanal y que la recolección se realizó de manera manual.
“La chacra donde hemos realizado la producción había sido muy productiva tiempo atrás, pero por distintas razones su propietario, Alberto Natchtrieb, dejó de trabajar la tierra. Pero seis años después, esto pasó a ser el CePAM, lo que marcó el retorno a su oficio del propietario, que es tercera generación de horticultores, gracias al sistema de cooperativas”, destacó.
La chacra fue cedida al Municipio  a través de un comodato, y allí trabajan tres trabajadores que se organizaron como cooperativa. Lo primero que se realizó en el lugar fue el arado porque los pastizales habían cubierto la totalidad de la chacra, y luego se reactivaron  dos pozos de agua con las mismas bombas que habían dejado de usarse. Por su parte, los sistemas de riego debido al desuso estaban inutilizados, por lo que hubo que comprar unos nuevos.
Se comenzó a trabajar en septiembre pasado, y hasta la fecha –¡y a pesar de la sequía!– se logró superar la barrera de los 25.000 kilos de producción de verduras y hortalizas, que fueron entregadas a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Con ese volumen, la cartera abastece a los jardines de infante municipales, los  programas de alimentación para afrontar la desnutrición y la obesidad, las ollas barriales y populares, diferentes ONG e instituciones como el Hogar de Ancianos.
“En un principio, la vedette de la chacra fue el zapallito de tronco, que rindió unos 14.000 kilos, entregando unos 600 por semana a Desarrollo Social. Después hemos cosechado las variedades zucchini, anco, cabutia, además de pepino, acelga, cebolla y melón”, describió Weber.
“Fue muy importante el apoyo del intendente Martín Piaggio y la Secretaría de Desarrollo Social y Salud. Ahora, gracias a esta iniciativa incorporaremos verduras y hortalizas al bolsón de mercaderías que contienen alimentos básicos, algo que posibilitará a las familias contar con una dieta más equilibrada”, adelantó.
“El martes entregamos al municipio 300 atados de acelga, los cuales fueron distribuidos en diferentes lugares, como el CAPS de San Francisco. Ese día, los chicos comieron canelones de verdura que fue producida en la quinta municipal”, contó orgulloso a ElDía.
Habiendo cubierto los gastos iniciales de inversión, el funcionario informó que se obtuvo una ganancia de $50.000, cifra que anteriormente el estado municipal tenía  que disponer para comprar verduras.  Además, acotó que “se generaron tres nuevos puestos de trabajo con gente de la zona que trabaja en la chacra aportando su conocimiento, que para nosotros es muy valioso. Tanto Alberto, Carlos y Cristina llevan dos décadas trabajando en huertas, y su aporte es invaluable”. Para la próxima cosecha ya trabajan en la producción de brócoli con la intención de destinarlo a todo los comedores.
Por su parte, el ingeniero  agrónomo Guillermo Almeida, asesor que se sumó a la iniciativa, indicó  que la chacra se encuentra en un proceso de transición y que se trabajó “sin echar mano a las estrategias tradicionales que contemplan el uso de agrotóxicos”. “Tiempo atrás, el productor, afectado por plagas y desesperado por salvar su producción, agarraba la mochila y desparramaba cualquier cosa”, recordó.
Sin embargo, admitió que se puede llegar a presentar un problema en el futuro, cuando se tenga que recuperar fertilidad, lo que haría que algunos sectores queden improductivos en el período en que se esté cultivando algún abono verde. Una solución sería conseguir abono orgánico, siempre teniendo en cuenta que lo que sea que se haga no cause impacto negativo al ambiente, el lugar o las personas.
“Podría ser que usemos una cama de pollo, que si bien la misma tiene sus cuestionamientos, sería un avance en relación a un fertilizante químico”, comentó. “Cuando uno quiere producir sin químicos, el entorno también juega, sobre todo si las inmediaciones del lugar donde cultivamos se utilizan agrotóxicos. Y fue muy valorable el trabajo que ha realizado Nachtrieb con la labranza mecánica en el control de malezas, aplicando un motocultivador, haciendo una escardillada por surco”, reconoció Almeida, quien para concluir adelantó que “por lo quebrado del suelo, se tiene en mente la idea de trazar algunas terrazas, y de esa manera evitar una mayor erosión”.
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INTA Formosa avanza en mitigación del cambio climático

En el INTA se trabaja para que los productores puedan mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa


Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Ley de Semillas: criminalización de las semillas criollas



Organizaciones hacen planteos sobre la nueva Ley de Semillas

Fecha de Publicación
: 14/10/2017
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional


Consideran que el proyecto en discusión tiene falencias graves y que admite la criminalización de las semillas criollas.
Organizaciones sociales y políticas plantearon cuestionamientos al proyecto de Ley de Semillas que se está analizando en el ámbito del Congreso nacional, ya que consideran que hay una serie de limitaciones en torno a la alternativa del guardado de semillas y la criminalización del uso de semillas criollas.
Lo hicieron frente a la reunión que llevará adelante el cuerpo de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se realizará este jueves 12 de octubre con la idea de avanzar en la modificación de la normativa actual.
Las organizaciones rechazaron de manera contundente cualquier avance en el tratamiento de la modificación de la Ley de Semillas tal como se plantea desde la Comisión de Agricultura, como ya lo expusieron en la consulta pública efectuada
Consideran que hay una fuerte limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores y surge del proyecto una criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios.
"Avanzar con estos proyectos significará una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo de la que los legisladores que avalen el cambio serán responsables y por la que deberán rendir cuentas en el futuro", expresaron en un documento.
Reafirmaron principios irrenunciables para el abordaje de una ley, como es el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que son una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtenner patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
Además, pretenden garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones y promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
La multisectorial denominada "NO a la Ley Monsanto de Semillas" la constituyen GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.
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Un sello para alimentos agroecológicos en Santa Fe

Avanza el sello para alimentos agroecológicos

Fecha de Publicación
: 22/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La comisión de Producción del Concejo avaló ayer un proyecto de ordenanza presentado por la edila Verónica Irízar, del bloque Socialista, que apunta a crear en la ciudad el Sistema de Garantía Participativa de Productos Agroecológicos.
Con la iniciativa del Frente Progresista se propone regular los procesos de producción, distribución y comercialización para la obtención del Certificado de Calidad Agroecológica, con el objetivo de impulsar un sistema de producción en el que la validación de calidad de la producción se realice en base a los procedimientos establecidos.
La propuesta, que ahora fue girada a la comisión de Ecología para que después llegue al recinto de sesiones en breve, también plantea propiciar la construcción de redes colaborativas y el intercambio de conocimiento en la materia, entre otros fines.
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San Luis pone en marcha huerta agroecológica provincial

El Gobierno pone en marcha la segunda huerta agroecológica provincial

Fecha de Publicación
: 18/08/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis


Será en La Florida y se inaugurará el próximo viernes. El espacio nace bajo un concepto saludable, sin la utilización de agroquímicos. La primera de estas huertas, ya produce hortalizas en Villa de Praga.
Recuperar la memoria productiva de San Luis, obteniendo alimentos sanos, frescos, de calidad y más baratos para la comunidad, es uno de los objetivos que persigue el Ejecutivo puntano. Al interior de esta ambiciosa propuesta y bajo un concepto sustentable, el próximo viernes se inaugurará la segunda huerta agroecológica provincial.
El espacio se ubica en La Florida, territorio donde el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, junto a personal del Plan de Inclusión Social, trabajan en el acondicionamiento de la huerta para comenzar a producir. El objetivo es abastecer a los vecinos de la zona con hortalizas y frutas saludables, sin la utilización de agroquímicos en su proceso productivo.
La inauguración se llevará a cabo a partir de las 11:15 pero, antes del acto, tendrá lugar la capacitación “Introducción a la producción hortícola en el marco de la agroecología periurbana”, en el SUM Oasis, ubicado sobre el bulevar de La Florida.
Concluido el encuentro, la comitiva se trasladará a la huerta para su inauguración. Allí, se entregará un kit con las herramientas necesarias para su correcto trabajo y frutales para los vecinos de la zona. Además se desarrollará una forestación en la huerta y se realizará un trabajo a campo junto a alumnos de La Florida y productores hortícolas.
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Pensar el periurbano como opción de producción orgánica



La conquista del periurbano: un plan para la producción sustentable

Fecha de Publicación
: 16/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos lanzado semanas atrás por el gobierno provincial extiende su alcance y cobertura con nuevos servicios y gestiones. Junto a Agricultores Federados Argentinos (AFA), se intentará multiplicar la experiencia de reconvertir el uso de tierras para la producción local y regional de alimentos de forma sana, segura y sustentable. Bajo este cometido, también se valúa implementar un seguro para garantizar un sostén para los campos agrícolas de mayores dimensiones donde se implemente el cambio.
El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, explicó que la iniciativa arrancó el año pasado como una prueba piloto cuando se lanzó el cinturón verde en Rosario. La experiencia se fue replicando en municipios y comunas cercanos a esta ciudad y a la capital provincial, donde directamente el gobierno prevé plantear un parque hortícola. Otras 23 localidades también se irán sumando al programa y ya firmaron un contrato con la provincia para desarrollar en sus zonas periurbanas determinadas alternativas de producción convencional, considerando y repensando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
El proyecto está orientado a las actividades primarias y a procesos que incluyan un agregado de valor, fomentando la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización, de manera que las poblaciones accedan a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por pequeños y medianos productores locales.
El proceso, que se recomienda que realicen los productores asentados en las áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y contempla cuatro niveles: incrementar la eficiencia en el uso de fitosanitarios para reducir las aplicaciones, con el objetivo de eliminarlas; sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más benignas desde el punto de vista ecológico; rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos y una transición en la orientación de valores y en la ética que orienta las decisiones de producción y consumo.
Así, el programa contempla a tres tipos de producciones diferentes según la zona: "el área del departamento Garay y San Cristóbal es un área evidentemente ganadera, los terrenos periurbanos son hortícolas en su mayoría y la zona núcleo explota la producción de granos", detalló el funcionario.
En la zona hortícola, los participantes del programa son productores principalmente de Rosario y de Santa Fe que explotan de una a cinco hectáreas, en su mayoría arrendatarios o titulares que mixturan entre la producción de soja y la hortícola. "Muchos son de la colectividad boliviana que arriendan. Esta es una característica del sector y no sólo del programa", acotó Casella. En cuanto a la producción extensiva, la experiencia se realiza en campos pequeños, de no más de cien hectáreas, de las cuales entre 25 y 50 hectáreas se dedican a la producción de trigo y maíz.
En tanto, la producción de carne se da en campos de diez a cincuenta hectáreas, "donde se hacen pasturas y carnes a través de un sistema de pastoreo rotativo intensivo, sobre pastos naturales de engorde de ganado, haciéndolo rotar entre distintos potreros y con una especie de engorde a corral preparado para pequeños productores", señaló Casella. En todos los casos, el objetivo es "tratar de disminuir la presión de la agricultura intensiva en insumos y químicos, por lo que se promueven pasturas naturales en casos de carnes y producción agroecológica en verduras y granos".
En toda la provincia actualmente hay cerca de cuarenta productores participantes en los distintos rubros, de los cuales una veintena pertenecen a Rosario y su zona periurbana, principalmente horticultores de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini. También hay extensivos en Zavalla, Casilda Bouquet, y hacia el norte en Monte Vera. En tanto, en el departamento San Cristóbal, en localidades como Ersilia y Suardi y en el departamento Garay, en Cayastá y Laguna Paiva, hay producción de pasturas naturales y de carne en el marco del programa.
"Hay muchas experiencias de diferentes tipos de producciones que se hacen en estas zonas que son sustentables ambientalmente y productivamente sostenibles en el tiempo, es decir, no son experiencias sociales", aclaró el funcionario.
Para promover y expandir la iniciativa, funcionarios del área de Desarrollo Territorial y Economía Social se reunieron recientemente con miembros de AFA "para poder trabajar con sus productores que están en las localidades que firmaron convenio con la provincia, y fomentar algunas de las experiencias de producción extensiva de manera que se replique rápidamente", explicó Casella. Incluso, la idea es que el plan se implemente para la próxima campaña.
Potencialmente, el proyecto podría desarrollarse en un total de 18 mil hectáreas en toda la provincia. El cálculo de esta extensión deriva de los terrenos disponibles en los 23 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio con la provincia y en base a las ordenanzas locales que regulan la aplicación de agroquímicos, es decir, la zona de exclusión total o franja verde y demás aplicaciones terrestres. "Es allí donde estamos proponiendo la reconversión productiva de las tierras de los productores que ya la tengan en posesión o las quieran arrendar para este tipo de producciones", apuntó el responsable de Desarrollo Territorial y Economía Social.
En ese sentido, Casella aclaró que esas tierras donde podría aplicarse la reconversión no son fiscales, aunque "en algunos de los municipios firmantes hay parques productivos como los que están en Rosario, Zavalla y Correa. En Arequito querían armar algo similar, pero son experiencias que no alcanzan a una hectárea en la mayoría de los casos, por lo que son más demostrativas o educativas antes que productivas". Sin embargo, "en la mayoría de los casos es al revés: el programa se desarrolla en tierras propias o arrendadas".
Financiamiento. El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos ofrece dos formas de financianciación: una para los espacios asociativos que se trabajan a través de los municipios y comunas adherentes, vinculados a la producción de insumos. "Se trata de aportes no reembolsables, por ejemplo, para hacer un centro de producción de insumos o para comprar una maquinaria entre dos o tres productores en la zona hortícola", explicó Casella. La otra línea para los productores que se reconviertan son créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo provincial para la zona hortícola, de hasta 75 mil pesos, es decir, unos 20 mil pesos por hectárea reconvertida aproximadamente. En tanto, para la ganadería y agricultura extensiva se otorgan hasta 350 mil pesos para insumos y laboreo básico.
La ayuda económica ya llegó a emprendimientos en zonas hortícolas y "en breve vamos a presentar una línea de créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo Hortícola, que totaliza 8 millones de pesos", anunció el funcionario. Además, "estamos evaluando crear un seguro para campos agrícolas más grandes, para garantizar un precio sostén por el riesgo que asumen quienes se lanzan a reconvertir la producción".
Comercialización. El programa contempla un circuito de comercialización de la producción, del cual ya está en marcha la oferta hortícola, en numerosas ferias, ventas directas en Rosario, y mercados específicos de productos agroecológicos de venta al paso en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini, Quinteros, Santa Fe y próximamente en el Centro Operativo Experimental Angel Gallardo, en esta capital. También "estamos evaluando más alternativas de comercialización y cambién con la futura apertura del Mercado del Patio (en el Patio de la Madera, en Rosario), se prevé tener algunas góndolas diferenciadas", adelantó Casella.
Finalmente, el proyecto ofrece instrucción para los productores y técnicos, "apuntando fuertemente con las facultades de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos a la formación en todo lo que es el paradigma de producción sustentable y agroecológica", remató.
"El programa para el gobierno de Santa Fe es una apuesta por la positiva, para brindar alternativas productivas en zonas periurbanas que usualmente se ven como conflictivas entre la urbanización y la producción tradicional. Queremos promocionar otro tipo de producción, que los alimentos se hagan localmente, regionalmente, como en todas partes del mundo y de forma sana, segura y sustentable. Que no sea contradictorio con un modelo de producción que está instalado, pero que sí discuta fuertemente lo que es la matriz de la producción de alimentos en Santa Fe. Hacia eso vamos y creemos que los periurbanos son un territorio propicio para empezar este tipo de experiencia. Ya tiramos la primera piedra y esperamos que podamos seguir creciendo en los próximos dos años", auguró.
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Pengue plantea la agroecología como alternativa





"La agroecología está creciendo"

Fecha de Publicación
: 27/06/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional


Ante los preocupantes impactos de la agricultura industrial, el ingeniero agrónomo Walter Pengue considera viable implementar un modelo productivo agroecológico en beneficio de la población, los productores y el ambiente.
Con un largo y reconocido camino transitado en la temática, Pengue, investigador docente de la UNGS y recientemente designado miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, conversó con Argentina Investiga sobre las políticas públicas en la materia, el problema de la tierra y la necesidad de un reordenamiento territorial participativo del país.
Distintas ciudades del mundo y muchos pueblos y ciudades de la Argentina enfrentan hoy el problema de los altos niveles de contaminación, vinculados a la expansión de la agricultura industrial y el uso de agroquímicos que afectan el ambiente y la salud de las personas. Hasta el momento, las respuestas en la Argentina vinieron por el lado de la prohibición de fumigar a cierta distancia de las viviendas. El ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador docente del área de Ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), propone -desde hace décadas- la producción agroecológica como modelo alternativo.

–¿Cómo reducir los impactos de la agricultura industrial? ¿Es una solución prohibir fumigar a cierta distancia de las viviendas?
–Hasta ahora no está determinada científicamente una distancia específica, porque cada lugar es distinto y depende de factores climáticos, tipo de producto y manejo. En la provincia de Buenos Aires, los legisladores tratan un proyecto para que el límite para fumigar pase de varios cientos de metros de las viviendas a sólo diez. Una barbaridad, que sólo beneficia a los lobbies empresariales de la agroindustria. Si lo permiten, que se hagan cargo de las muertes. El aumento de las enfermedades es creciente, la carga de químicos también. No digo que se prohíba la producción: debe buscarse una alternativa viable y beneficiosa para todos, en especial en la interfase urbano-rural. Los agricultores que viven en los bordes de ciudades están en pésimas condiciones porque les prohíben fumigar, lo que implica que prácticamente les prohíben producir. La decisión política fue prohibir, pero la presión de los lobbies es enorme. Queremos que se implemente otro tipo de producción. Ni invernáculos, que implican usar muchos agroquímicos, ni buenas prácticas agrícolas, que no resuelven el problema. Proponemos, para los pueblos y ciudades de la Argentina, un Escudo Verde Agroecológico. Así habrá productores, consumidores, ciudadanos y ambientes sanos. Todos ganan. Nadie pierde.

–¿La biotecnología puede ser la solución?
–Muchos sueñan con que la bio y la nanotecnología usadas para desarrollar agroquímicos y bioproductos vinculados con la agricultura industrial sean el camino. No lo es, si pensamos en la alimentación humana. Quizás sí, para producir biomasa (productos), con cualquier destino comercial luego. También soy genetista vegetal, pero por defender mi laboratorio no voy a decir cosas que me parece que no funcionarán para resolver problemas humanos complejos. Crean una solución y al año siguiente tienen un problema mayor. Crean una resistencia en una planta, y enseguida aparece la resistencia a esa resistencia en la naturaleza, y es mucho peor. Es la historia del insecticida y la cucaracha; siempre te queda una cucaracha que no podés matar, pero cada vez “más poderosa”. La naturaleza busca su camino. En la población humana tenemos una resistencia a los antibióticos que cuando se venga una mala (y ya tenemos superbacterias), no van a tener cómo pararla. La OMS advierte claramente sobre ello a los médicos. Lo mismo debería entenderse con los agroquímicos y las plagas. El sistema está resistiendo. Los productores tienen que aplicar más herbicidas, más y más caros, lo que implica más agroquímicos sobre la gente. Tenemos casi treinta y dos malezas resistentes en el país. Eso implica costos altísimos para los productores y una gran necesidad de coadyuvantes y otros compuestos. Es un círculo vicioso. El problema es que no se trabaja integralmente. El biotecnólogo no labura con el agrónomo. Desarrolla una cosa, se crea un laboratorio y recibe un atractivo reembolso económico. Después dice “Bueno: esto ahora hay que implementarlo”. Pero el ambiente le responde rápidamente con una nueva resistencia. Ese es el talón de Aquiles de la agricultura moderna. La brutal aparición de resistencia en malezas y el enorme costo en salud humana creciente. Les duele muchísimo que hoy lo estemos mostrando. Pero lo dijimos hace 20 años, en Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde vamos?, que publicó la UNESCO, y lo decimos hoy con la nueva obra Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde fuimos?, que se lanzó este año.

–Los escudos verdes serían ese proceso de producción…
– Así es. Se trata de proteger a las poblaciones ubicadas entre la agricultura industrial y la ciudad. Ahí, la única alternativa viable es la agroecología. La propuesta de escudos verdes, además, se plantea como una alternativa de consumo de productos más sanos. Si hoy queremos un tomate más sano, no lo conseguimos o lo pagamos más caro porque es orgánico. Quebrar esa lógica es lograr que esos productos lleguen más baratos del productor al consumidor. No promovemos una agricultura certificada de élite sino una agricultura de productos más sanos, sin agroquímicos y para todos. Aquí se conjugan la agroecología, la economía social y solidaria y la economía ecológica.

–Esto implica un reordenamiento territorial.
–En el tiempo, los escudos pueden limitar también la expansión urbana porque hay que reordenar todo el territorio. Hoy tenemos un proceso de expansión urbana que nadie controla. Si ese proceso no se ordena se va corriendo la línea. Jorge Morello hablaba de la interface urbano-rural hace décadas, y el GEPAMA de la UBA, y nosotros mismos, escribimos y trabajamos mucho con la gente en ello. La idea es ordenarla.
Además de dar clases, Pengue viaja por el país y el mundo fomentando la agroecología y la economía ecológica, brinda conferencias y participa de reuniones internacionales sobre el medio ambiente. A fines del año 2016 recorrió la cuenca amazónica para promover la formación agroecológica.

–¿Qué papel cumplen en esta tarea las universidades?
–Las universidades son el ámbito más adecuado para impulsar este tipo de cuestiones con independencia y desde ahí lograr que las instituciones técnicas del país, el INTA, el INTI, los organismos provinciales, tomen cartas en el asunto desde un punto de vista adecuado. Hasta ahora no lo hacen de forma completa. El camino es la agroecología, y para eso están los ingenieros agrónomos, o los estudiantes de Ecología, de Agronomía y de las carreras vinculadas, para formar a los agricultores o guiarlos en otros caminos de producción, pero bajo una mirada pluridisciplinar y no sesgada por la productividad unitaria de un cultivo. La agroecología implica en forma directa el manejo de la agrobiodiversidad y de la producción diversificada de alimentos, distintos, necesarios, nutritivos en el tiempo.

–¿Creció la oferta formativa en el área?
–En la UNGS tenemos hace muy poco la materia Agroecología, incorporada a la Licenciatura en Ecología. Los que siguen la orientación de Gestión de Recursos Naturales la cursan como materia obligatoria. En otras universidades, Agroecología forma parte de la carrera para ingenieros agrónomos, como sucede en La Plata. La UBA está en deuda con eso, pero se abren algunas líneas. Se abrió una fisura en el sistema: hoy los mismos estudiantes y los propios docentes que investigan demandan más formación en agroecología e investigación. No tenemos la cantidad de gente necesaria, y la demanda es altísima. Y hoy lo que pasa es que, por suerte, también hay mucho por mostrar. La agroecología ya no es “la huertita”: es hacer agricultura –incluso extensiva– de un modo totalmente distinto. Es hacer verdadera agricultura.
Pengue da dos ejemplos. Uno, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, iniciativa reconocida internacionalmente que permite producir alimentos con técnicas ecológicas, tanto para el consumo familiar y comunitario como para el mercado. Con apoyo del Municipio, se ponen en pie huertas urbanas en áreas de borde, incluso basurales. “Todo lo que producen se consume, y además le agregan valor, porque generan otros productos”, se entusiasma el especialista. “La agroecología funciona, el tema es que haya políticas. Ni siquiera que apoyen: simplemente que los dejen hacer. No la van a encontrar produciendo industrialmente, porque las personas no quieren ser más fumigadas”. El otro ejemplo es la Semana de la Agroecología Extensiva, que se realizó a fines de 2016, donde se mostraron prácticas de producción agroecológica a nivel extensivo: “Estamos hablando de superficies importantes. Ya no de ‘la huerta’, sino de soja, maíz, trigo. ¿Esto es significativo frente a los millones de hectáreas que tiene el país? Y… no: todavía no. Lo que sí sabemos es que el camino de la agroecología es un camino de avance, está creciendo”, afirma Pengue.
Un gran ejemplo, por su impacto y capacidad pionera, fue el Programa Prohuerta que, liderado por el ingeniero agrónomo Daniel Díaz, promovió procesos de producción agroecológica de forma masiva en la Argentina. Díaz y un gran equipo de agrónomos, promotores y huerteros fueron la semilla que hoy muestra que en la Argentina, frente a situaciones dramáticas, se puede. En la crisis del 2001 fue el Prohuerta el que le dio de comer a millones de argentinos, como bien destacó el reconocido agroecólogo Miguel Altieri. Hoy, ese ejemplo es ícono mundial para los sistemas de autoproducción de alimentos.

–¿Hoy hay políticas que apunten a la agroecología?
–La verdad es que desde los organismos internacionales se habla de agroecología porque está de moda. Lo hace hasta la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero desde el punto de vista de la política argentina, lo único que ven y parece que necesitan es más soja. La quita de las retenciones a la producción de los cultivos extensivos es eso: ampliar o afianzar la frontera agropecuaria. Hoy, el modelo de agricultura industrial se expandió en el país por dos vías: la agriculturización en la región pampeana, es decir, la identificación del modelo agrícola con una alta carga de agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, energía; y la pampeanización, que es la exportación del modelo pampeano hacia otras ecorregiones que no son pampas, como el Chaco seco. Me enojé cuando el Gobierno nuevo sacó las retenciones. En un artículo titulado “La economía podrida”, decíamos que las retenciones son instrumentos de política ambiental o socioambiental: un instrumento regulador. La Argentina lo tuvo y lo usó mal. Se pudo haber usado para ordenar el territorio, reinyectar recursos, promover programas de base agroecológica que fomentaran la agricultura familiar, y no se hizo. Pero al menos existía. Ahora que lo quitaron hay un riesgo doble. Acaba de salir el dato: Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) resaltaba que nosotros aportábamos el 4,3% de la deforestación global y que en la última década esa fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”. La FAO nos ranqueó entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Desde que sancionaron hace tres años la Ley de Bosques, se deforestaron más de 2.100.000 hectáreas, de las cuales casi 630.000 hectáreas eran bosques protegidos. No estamos haciendo bien las cosas.

–Decías que la producción agroecológica crece. ¿A qué nivel?
–A nivel macro creció mucho la agricultura industrial, pero se abre la fisura para expandir otros modelos, entre ellos la agricultura familiar, porque si no nos quedamos sin gente en el campo. La agricultura industrial muestra claramente sus limitaciones. No sólo en la Argentina, que es un país urbano, sino en países que tienen enorme población rural. En África están muy preocupados por eso. La gente migra hacia las ciudades y no saben qué hacer. Países europeos como Alemania reintroducen prácticas de producción agroecológica. En Estados Unidos la agroecología crece y la producción orgánica también. La agricultura mundial hoy se puede dividir en tres partes: la industrial, que da de comer a unos 2 mil millones de tipos; la de la revolución verde, un poco más de 2 mil millones, también; y la familiar, agroecológica, orgánica, campesina, lo que llamamos “los desconocidos de siempre”, que dan alimentos a más de 2.500 a 3.000 millones de personas. En América Latina, el 40 y pico por ciento de los alimentos vienen de ahí.

–¿Cómo hacer para acercar a las personas al campo?
–Primero, los jóvenes se van porque no les ofrecemos nada. Segundo, para producir soja no se necesita más gente, sino menos. Si comparamos dos producciones sencillas: la sojera y la lechería, necesitamos diez personas para la leche y una para la soja. Si decidimos hacer soja, que es lo que decidió el país, no necesitamos gente en el campo. Y aquí tenemos el resultado. La primera forma de postular una vuelta al campo es diversificar la producción y fomentar parte de este proceso vinculado con la seguridad alimentaria de la región, que es lo que se está perdiendo. No olvidemos que Argentina es signataria del compromiso mundial de las Metas del Desarrollo Sostenible 2015-2030, cuyos puntos 1 y 2 son el Fin de la Pobreza y el Fin del Hambre. Así no va. Para eso necesitamos políticas activas. Y otra cosa: la gente se va a la ciudad porque está buscando más servicios culturales y laborales que los que tiene en el campo. No le podemos pedir a un hombre que se quede en el campo sin agua, sin energía eléctrica, sin nada. No vaciamos al campo, sino a la Argentina, y esto es grave también desde el punto de vista de la geopolítica.

–En La apropiación y el saqueo de la naturaleza, un libro que compilaste, se denunciaba la venta de millones de hectáreas al extranjero. ¿Eso fue escuchado?
–Con la ley de tierras, en 2011, regalaron 14 millones de hectáreas. Habría estado de acuerdo si hubieran revisado lo anterior, porque habían sido ventas a valores irrisorios. Meterte con la tierra en Argentina, hablar de reforma agraria: ni la izquierda ni la derecha lo discuten. Necesitamos una reforma agraria integral que comprenda un ordenamiento territorial participativo, que permita el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores. Hoy en el mundo se necesita cada vez más tierra y estamos sobre la tierra más rica del planeta, la planicie chaco-pampeana.

–¿Cómo debería ordenarse la producción?
–Las producciones regionales entran en crisis recurrentes. Si los políticos priorizaran la seguridad y soberanía alimentaria cambiarían el planteo de producción. Detrás de eso está la reforma agraria, la discusión vinculada con el acceso a la tierra de los pequeños y medianos agricultores. El gobierno anterior tuvo la oportunidad y no lo hizo. Argentina está mal ordenada en su territorio y prácticamente fuera del mundo en cuanto a una mirada integral de sustentabilidad. Es el octavo país del mundo en extensión y ocupa el puesto 140 en densidad poblacional. Y de la poca gente que tiene, el 92% vive en ciudades. Es un país riquísimo en recursos naturales, especialmente tierra y agua, pero es un territorio vacío, rico y con muy poca gente, que además no tiene idea de lo que está en juego… Los piolas –de acá y de afuera– que manejan la minería, el petróleo, la energía, la tierra, acceden a todo eso sin problemas. Hay que planificar: políticos, investigadores, intelectuales y actores sociales juntos deberían pensar un país a largo plazo. Y que a partir de esa mirada se decida qué hacer y qué no hacer. Qué hacer en la región pampeana, una región agrícola ganadera. ¿Le podemos poner valor agregado a eso? Por supuesto que sí, pero es agrícola ganadera. Ese es el espíritu de la región. El Chaco es agro silvo (árboles) pastoril (ganadería). El ganado en áreas así puede estar pastoreando bajo sombra. Y así mirar cada una de las ecorregiones. Hay que rediseñar el país.

Impactos
Laura Ramos es ecóloga, trabaja con Pengue y dialogó con Argentina Investiga sobre los impactos de la agricultura industrial en el ambiente y en la salud de la población. Advierte sobre el avance de la frontera agraria en el país y subraya que la expansión de la producción de soja hizo crecer en millones de litros/año el uso de glifosato. El monocultivo sojero, dice, destruye el suelo y expone a las personas al daño producido por las fumigaciones. Ramos destaca la insuficiencia de la legislación que establece bandas de restricción para las fumigaciones, y asegura que hoy son “pocos e insuficientes” los controles a los productores: “Verifiqué que el único lugar del país donde se hacen controles de residuos de plaguicidas en alimentos es el Mercado Central, y esto sólo en algunos camiones”. Ramos observa que, dado los altos costos en insumos que el modelo de agricultura industrial implica, muchos campesinos y chacareros se ven expulsados de la actividad.
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9.000 familias indígenas en resistencia al agronegocio

9.000 familias indígenas resisten en Argentina la presión de los terratenientes de la soja

Fecha de Publicación
: 30/01/2017
Fuente: Público (España)
Provincia/Región: Nacional


El Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aglutina desde los años 90 la lucha de las comunidades de esa provincia semidesértica argentina contra la progresiva ocupación de unas tierras en las que llevan siglos viviendo.
“Para nosotros es dificultoso disponer de un papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”. Deolinda Carrizo, del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero), explicó este lunes en Zaragoza, en un acto convocado por el Comité de Solidaridad Internacionalista, la lucha que desde hace más de 25 años mantienen las 9.000 familias agrupadas en este colectivo contra el desalojo silencioso al que vienen siendo sometidos por terratenientes y grandes empresas que están extendiendo por esta provincia del norte de Argentina el monocultivo de la soja transgénica.
Santiago del Estero es una semidesértica provincia del noreste de Argentina –su superficie equivale a la de Castilla y León y Extremadura juntas, con 20.000 habitantes más que Guadalajara- que forma parte del Gran Chaco y a la que a principios de los 90 comenzaron a llegar propietarios de grandes extensiones de los que hasta entonces nadie había oído hablar.
Intensificaron el proceso de ocupación de tierras iniciado en la dictadura —ahora para implantar el monocultivo de la soja—y el desalojo de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios anteriores a la colonización. “No sabemos de dónde salían esos títulos, algunos eran prendas de deudas que habían acabado en el juzgado”, señala Carrizo.

“Lugares despreciados para el progreso”
El proceso, impulsado por “la necesidad de ocupar los lugares del país que habían sido despreciados para el progreso”, se intensificó en 1996, con la autorización para cultivar en Argentina soja transgénica, que hoy es prácticamente un monocultivo en la zona.
Y que lleva camino de agravarse con las políticas de Mauricio Macri, cuyo Gobierno ha eliminado los impuestos que gravaban la exportación de ese cultivo —también los del maíz y los productos mineros— y ha abolido el límite del 20% de la propiedad de la tierra al que podía acceder el capital extranjero.
El avance de las toperas, las máquinas que allanan lomas y deforestan llanuras, y de las vallas que agrandan las propiedades de terratenientes y empresas al tiempo que achican el espacio de las comunidades, se ve apoyada por dos estrategias cuyo objetivo es amedrentar a los indígenas, explica Carrizo: las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones de la muerte.

“Contratan paramilitares para expulsar a las familias”
“Están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90”, indica, en una estrategia del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas decisiones de Macri, anota, “están reactivando muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra.
El inicio de las hostilidades hizo que las comunidades indígenas de Santiago del Estero comenzaran a organizarse. Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos (cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción subsisten y suministran a los mercados locales.
“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Deolinda Carrizo, que sostiene que “logramos resistir de manera conectiva difundiendo el conflicto” cuando comenzaron a ser expulsadas y a perder sus tierras a principios de los 90. “No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”, sostiene.

Fábricas y una escuela de agroecología:
Mocase, integrado en Cloc (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y en Vía Campesina —representa a más de 200 millones de campesinos de 164 organizaciones de 73 países—, ha apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades de Santiago del Estero: fomentar la puesta en marcha de fábricas de transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura Agroecológica en la que, desde hace ya diez años, la enseñanza de técnicas académicas se combina con la de las tradicionales.
El centro incluye estudios de disciplinas no agrarias, como arquitectura, medicina y comunicación, y sus planes de estudio combinan las estancias de los alumnos en universidades públicas con las que mantienen convenios con la realización de prácticas en las comunidades.
“El reto de Vía Campesina —señala Carrizo— es poner en marcha el Instituto de Agroecología latinoamericano”, una especie de universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.
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