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Repensar las emisiones de GEIs en la agricultura

Argentina avanza en su estrategia de desarrollo con bajas emisiones para la agricultura

Fecha de Publicación
: 11/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


Fue a través de una jornada realizada en el INTA con organismos públicos e instituciones referentes del sector.
Con vistas a aumentar esfuerzos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, se llevó a cabo una jornada con la participación de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y la Fundación AVINA.
En la apertura del encuentro, Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, quien estuvo acompañado por Luis Urriza, subsecretario de Agricultura, señaló: “Lo que está en el horizonte son las estrategias de largo plazo, que son las que van a definir un perfil de hacia dónde va el mundo para combatir el cambio climático. La suma de todas ellas, a partir de la visión a 2050, determinará si podemos asegurar que el aumento de la temperatura sea de 2 grados o inferior”.
“Focalizamos nuestra estrategia a largo plazo fundamentalmente en los sectores de energía y de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. El objetivo es consensuar insumos para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el gabinete ampliado y las provincias, a través del Cofema, determinen cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina”, concluyó el funcionario de la cartera de Ambiente.
Por su parte, Urriza sostuvo: “Esta es una agenda ambiental positiva, que integra a la comunidad en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático”. Asimismo añadió: “Buscamos que la ganadería sea más eficiente y minimice sus emisiones”.
El objetivo del encuentro fue iniciar formalmente el proceso participativo de desarrollo de insumos técnicos en conjunto con las instituciones del sector presentando el plan y la dinámica propuesta de trabajo. El proceso busca promover el intercambio y la construcción de acuerdos y espacios de consenso con el fin de obtener un abanico de escenarios a 2050 que representen diversas visiones de país a largo plazo para el sector agro y bosques.
El contexto internacional y la estrategia nacional fueron abordados en un panel a cargo de Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, y Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles (MAGyP), quienes también disertaron en la apertura de la jornada. La misma fue organizada con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco del programa Partenariado Estratégico para la Implementación del Acuerdo de París.

Contexto
El Acuerdo de París invita a las Partes a aumentar sus esfuerzos para formular y comunicar estrategias nacionales de desarrollo con bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). A su vez, invita a los miembros a comunicar sus LTS a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2020.
Estas visiones a largo plazo, y las opciones para alcanzarlas, deben basarse en datos y modelos sólidos, así como también en los aportes de los diferentes actores de la sociedad que desempeñarán un rol clave para alcanzar esa visión a largo plazo, fortaleciendo el diálogo entre la ciencia y la política. El objetivo global del proceso es proporcionar insumos técnicos para la formulación de la LTS nacional en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra a fin de presentar al Gabinete Nacional de Cambio Climático durante el 2020.
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Córdoba tienen una Ley de Agricultura Campesina



Por unanimidad, la Legislatura aprobó la Ley de Agricultura Campesina

Fecha de Publicación
: 20/09/2019
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


La norma declara de interés público la agricultura familiar e indígena y crea un Consejo Asesor y un Banco de Semillas.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la creación de la Ley provincial de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, declararando de interés público esa actividad.
Se trata de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.118 “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”. Busca crear el Consejo Asesor con participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Registro Provincial de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Servicio Provincial de Extensión Rural, y un Banco de Semillas en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El proyecto, que se elaboró a lo largo de dos años, lleva la firma de los legisladores Abel Lino, Gustavo Eslava, Germán Buttarelli, Miguel Ángel Majul, Carlos Presas, Carlos Ciprián, Aurelio García Elorrio y Martín Fresneda; y fue votado por la totalidad de los parlamentarios presentes durante el miércoles.
De su elaboración, participaron activamente el Ministerio de Agricultura a cargo de Sergio Busso, de la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar a cargo de Mariana Vigo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia a cargo de Carlos Walter Robledo, y de la Secretaria de Políticas y Estrategias en ciencias, tecnología y sociedad, a cargo de Alberto Daghero.
"Esta Ley va a proteger y reconocer a un sector invisibilizado de la agricultura provincial, pero que tiene una enorme potencialidad en la producción de alimentos sanos, cuidado de nuestro ambiente y sus bienes naturales", remarcó Fresneda.
La ley prevé además que se dicten capacitaciones a agricultores familiares, campesinos e indígenas; y también a técnicos y profesionales, para fomentar la equidad de género y el trabajo con jóvenes y pueblos originarios, así como la formación técnica y capacitación en el área rural.
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Misiones, por Ley tiene un Programa de Soberanía Alimentaria



Misiones creó por Ley el Programa de Soberanía Alimentaria

Fecha de Publicación
: 10/09/2019
Fuente: Misiones Plural
Provincia/Región: Misiones


La Cámara de Representantes de Misiones creó, por Ley, el programa de Soberanía Alimentaria Provincial que funcionará en el ámbito de la secretaría de Agricultura Familiar.
Esta ley entiende como soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a producir y recibir alimentos nutritivos producidos a través de métodos sostenibles y saludables, así como el derecho a definir sus propias políticas y sistemas alimentarios y agrícolas.
La soberanía alimentaria en ese sentido da prioridad a las economías de mercados locales, con la intención de fortalecer al pequeño productor al igual que a los consumidores, ya que la producción de alimentos, distribución y consumo están basados en la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Promueve, además, el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, así como los derechos de las personas consumidoras para controlar su alimentación y nutrición. En el texto de la ley, buscan aseguran que los derechos de uso y gestión de las tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y la biodiversidad, estén en las manos de aquellos que producen los alimentos. La soberanía alimentaria da lugar a nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones, sostienen.
Esta ley busca implementar mercados de microdesarrollo -uno por cada municipio que comercialice productos alimenticios-, abastecidos estos por productores asentados dentro del mismo municipio; generar núcleos productivos autosustentables por municipio, mediante estudios del consumo local buscando que los productores adquieran estrategias productivas y las diversifiquen a fin de abastecer a estos mercados de venta directa al consumidor; abastecer y poner al alcance del consumidor productos frescos, variados y saludables que sean un aporte importante a la nutrición de las familias.
Entre los objetivos fomentan la diversificación y la organización de la producción de los pequeños productores de cada municipio, que en principio sean alternativa a otras plantaciones que ya desarrollan y que puedan hasta convertirse en pilar clave de la economía de cada familia de productores; promueven el consumo de productos surgidos de la propia producción de los habitantes de la provincia, remarcando la importancia de la forma de producción sustentable y en el marco del importante rol de la agricultura familiar, que da como resultado la producción de alimentos de manera orgánica o poniendo relevancia en el desarrollo amigable de estos con el ambiente y obteniendo productos verdaderamente saludables para el consumo de la población.
También organiza estrategias de desarrollo sustentable territorialmente; consolida y promueve el aumento sistemático y sustentable de la producción agraria; crea un desarrollo vertical de la producción primaria territorial, promoviendo esquemas de asociatividad, conformación de grupos y eslabones de trabajo, industrialización de la producción, aseguramiento de calidad y sanidad y promueve en forma sustentable la puesta en marcha de nuevas zonas bajo riego para la producción agraria.
Además, incentiva el trabajo en nuevos rubros, al ampliar las categorías de trabajo sustentable, para cada municipio; contribuye a alcanzar niveles crecientes de mano de obra y ocupación; contrarresta el traslado de los pequeños productores a zonas alejadas con motivo de vender su producción; promueve a través de las municipalidades, la recepción, confección y asesoramiento de proyectos y análisis de viabilidad de aquellos planes que se destinen al crecimiento autosustentable de cada municipio y apoya la expansión y fortalecimiento del pequeño y mediano productor; propicia la disminución de precios de la canasta básica familiar y busca aumentar la economía familiar de productores y consumidores.
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En Córdoba avanza la agroecología



Casi 9 mil hectáreas de la región ya se inclinan por la agroecología

Fecha de Publicación
: 02/08/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba


Así lo estimó el agrónomo bonaerense Eduardo Cerdá, impulsor de la red de municipios que promueven esta práctica, que ya cuenta con la adhesión de Adelia María, Monte de los Gauchos, Las Acequias, Chazón y Ucacha.
“El cambio está en el modelo de producir. A lo largo de los años en que implementamos esta práctica hemos logrado demostrar que se puede producir muy bien y tener rendimientos parecidos con menos uso de agroquímicos”.
Eduardo Cerdá es un ingeniero agrónomo bonaerense que desde hace 25 años asesora a los productores teniendo como base la implementación de técnicas agroecológicas. A partir de esas experiencias, comenzó a ser convocado por municipios ante los riesgos que implican las fumigaciones periurbanas. Así, en el 2016 creó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama) y es allí desde donde promueve prácticas de cultivo amigables con la salud humana y de los suelos, según explica.
En diálogo con Puntal, precisó que son 14 los municipios que ya adhirieron a la Red (13 de Argentina y 1 de Uruguay) y que en nuestro país ya hay unas 90 mil hectáreas productivas donde comenzaron a implementarse técnicas agroecológicas. Con Chazón y Ucacha la cifra de municipios se eleva a 16.

En la zona
La semana pasada Cerdá visitó campos de la zona sur provincial y confirmó la adhesión de dos nuevos municipios a la iniciativa que promueve desde la Renama.
Así, Ucacha y Chazón se inscribieron en la lista de localidades que a partir de esta práctica buscan reducir el uso de químicos en la explotación agropecuaria y se sumaron a la nómina que desde hace un poco más de tiempo conforman las localidades de Adelia María, Monte de los Gauchos y Las Acequias.
“Estamos trabajando desde hace un año en Adelia María y Monte de los Gauchos, y desde hace meses con Las Acequias, que se sumaron a partir de la articulación de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Recientemente, adhirieron Chazón y Ucacha y, si bien no tenemos las estadísticas actualizadas ahora, estimo que en la zona sur de Córdoba debemos estar entre las 8 mil o 9 mil hectáreas que se encuentran con intención de ir hacia la agroecología”, manifestó el ingeniero agrónomo.
Respecto de los tres primeros municipios, sus intendentes se habían acercado previamente a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto preocupados por las fumigaciones periurbanas y desde allí los contactaron con la propuesta del ingeniero Cerdá, mientras que Ucacha y Chazón se vincularon por iniciativa propia.
Cabe agregar que “la Renama está formada por agricultores, técnicos agropecuarios, municipios, entes gubernamentales, organismos académicos y científicos y por organizaciones de base, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos para la transición hacia la agroecología del sistema agrario”, tal se describe en la cuenta de Facebook.

La técnica
Consultado respecto de cuáles son las bases al momento de implementar técnicas agroecológicas, Cerdá expresó que lo primero a tener en cuenta es respetar la implementación de cultivos según la época del año, es decir, incorporar cultivos que recuperen la fertilidad y dejar de hacer monocultivos.
En ese contexto, resaltó la importancia de promover cultivos asociados o determinar una sucesión de cultivos de forma tal que el suelo siempre esté cubierto con plantas vivas que sirvan para recuperar la fertilidad. Por ejemplo, en invierno, mencionó como posibilidad el cultivo de avena, cebada y centeno, o aquellos asociados al maíz y trigo, entre otros.
“La idea es ir recuperando el suelo de lo que le está pasando en gran parte de las zonas de cultivos donde se observan suelos compactados. Allí el agua prácticamente no infiltra y provoca inundaciones, causa zanjas y lagunas, y eso porque los suelos han perdido la vitalidad”, señaló el agrónomo.
Para agregar: “Eso nos marca que el modelo soja-maíz, soja-maíz, no es viable porque trae el desequilibrio. Entonces hay que empezar a acomodarlo y no se acomoda con fertilizantes, sino que se hace con trabajo de recuperación de la vida del suelo”.

Trayectoria
A partir de más de dos décadas de implementación de técnicas agroecológicas en campos del sur de la provincia de Buenos Aires y de los resultados obtenidos, fue que desde distintos municipios contactaron a Cerdá para conocer sobre la experiencia.
Así, trabajó junto con Gualeguaychú (Entre Ríos), Guaminí (Buenos Aires) y otros municipios hasta que en 2016 resolvió conformar una red nacional e internacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama).
Tal iniciativa le ha valido reconocimientos a nivel mundial, tales como la posibilidad de contar la experiencia en dos oportunidades en Roma, ante un organismo de la ONU, como así también que esta misma organización internacional distinguiera el campo La Aurora (Buenos Aires) entre los 52 establecimientos rurales del mundo por sus modalidades de cultivo amigables con el medioambiente. Cabe agregar que en ese lugar se practica la agroecología desde hace 25 años.
“Lo que notamos es que los productores que adoptan la agroecología producen más tranquilos porque genera menos deudas y, por ende, no los obliga a tomar créditos”, concluyó.
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Córdoba: idean un 'área campesina protegida'



Proponen crear un 'área campesina protegida' al norte de Mar Chiquita

Fecha de Publicación
: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región:
Córdoba


Creen que el Parque Nacional Ansenuza amenaza la tenencia de la tierra y su modo de producción. La propuesta del Movimiento Campesino Córdoba tendría unas 120 mil hectáreas.
Para la mayoría de los cordobeses, la creación de un parque nacional en la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce fue recibida como una buena noticia.
Pero para Zulema (70 años) fue una ingrata sorpresa. “Me pareció que se desmoronaba el mundo porque pensamos que no nos iban a dejar entrar el ganado y todo iba a pasar a ser parque nacional”, comenta esta campesina de La Rinconada, un paraje ubicado en el extremo noreste de la provincia de Córdoba.
En parte de la región que potencialmente formará el parque nacional viven campesinos como Zulema que realizan una ganadería trashumante desde hace varias décadas. Cada familia tiene sus animales y parcelas individuales, pero el ganado también se arrea hasta diferentes campos comunitarios.
El Movimiento Campesino Córdoba (MCC) entiende que este uso de la tierra y forma de producción están en riesgo por la creación del parque nacional. Días atrás, presentaron un informe en el que reclaman la creación de un área campesina protegida.
“Queremos un área campesina para poder seguir desarrollando la vida campesina con campos abiertos. Ahora han colocado alambres y a veces no tenemos acceso al agua del río”, comenta Zulema.
Victoria Gauna, abogada del MCC, asegura que la creación del parque va a profundizar la inseguridad en la tenencia de la tierra que hay en la zona. Explica que la mayoría de las familias campesinas no tienen títulos de la tierra, aunque la habitan desde hace años. “En su mayoría son comunidades indígenas que viven en asentamientos que son ancestrales”, dice.
Y agrega: “La creación del parque nacional puede ser una oportunidad para darle reconocimiento a estas familias y a su forma de producción, además darles seguridad en la tenencia de la tierra”.
El área campesina tendría unas 120 mil hectáreas y estaría conformada por la medialuna que abarca el norte de la laguna Mar Chiquita y que incluye los parajes de Isla Larga, Los Pozos, Campo Marull, El Zapallar sur, Pozo verde, Campo Alegre y Laguna La Paulina.
También la costa al oeste del río Dulce donde se encuentran los parajes La Rinconada, Los Eucaliptos, Cardones Altos, Isla Verde, Puesto del Medio, Las Tortugas, Los Espinillos, Mojón de Fierro y La Correntina.

Relevamiento
Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizaron un relevamiento en el 80 por ciento de ese territorio. Allí detectaron que hay unas 119 unidades productivas y viven 369 personas.
“Un 30 por ciento de los campesinos entrevistados se reconocen como descendientes directos de pueblos originarios”, comenta Mariana Gamboa, coordinadora del Programa Ruralidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Y agrega: “Parece un área deshabitada que sólo tiene naturaleza, pero el hombre ha vivido allí desde hace tiempo”.
La docente asegura que así como se rescatan la importancia ambiental y la biodiversidad de la región, a su grupo le parece necesario aportar información sobre la gente que vive allí, en especial para la toma de decisiones.
Gamboa explica que fue un trabajo de tres años, con operativos de cuatro días para cubrir zonas de difícil acceso. Y rescata el trabajo que ha logrado de universidad de poder acercarse a esta región desconocida por muchas personas. Presentarán el informe en la Legislatura Unicameral.
Según datos de Senasa, el departamento Río Seco, donde se ubican la mayoría de estos parajes, es responsable del 2,3 por ciento de la producción ganadera de Córdoba.

Más demandas
El MCC demanda la reconversión productiva de los grandes productores que actualmente se encuentren dentro de la futura área campesina y que se levanten todos los alambrados que se hayan colocado en las zonas costeras que impiden el libre acceso al agua.
También reclaman que la gestión del futuro parque nacional se realice en conjunto entre las autoridades y los productores locales.
El relevamiento identificó 10 campos comunitarios: Mojón de Fierro, La Correntina Norte, La Correntina Sur, Las Tortugas, Simbolar Chico, Isla Larga, Laguna La Paulina, Campo Moyano, El Aguaraz y Campo del Río.
Para el MCC también es fundamental que se impulsen políticas públicas activas para mejorar y promocionar la producción campesina y el acceso al agua en el área de protección.

Qué será el Parque Nacional Ansenuza
Ya hay fondos internacionales para crear el área protegida.
Trabajo. La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas trabajan en la creación del parque, el cual abarcaría un sector cercano a Miramar (en la costa sur), la costa norte de la laguna y sectores de los Bañados del río Dulce.
Avances. A fines de octubre pasado se conoció una donación de la Fundación Wyss de 5,8 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. Estos fondos servirían para sumar 26 mil hectáreas.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado



Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero

Fecha de Publicación
: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional


Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que  impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Agroecología impulsada por defensor del Pueblo

Agroecología sustentable
 
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires


El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió avanzar hacia una Ley provincial de Agroecología. “Es necesario construir los consensos necesarios para pensar una ley provincial de Agroecología que regule la utilización de agroquímicos y aplique los principios básicos de la ecología a la planificación y gestión de sistemas agropecuarios”, indicó durante la jornada “Agroecología, la agronomía del futuro” junto al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, la vicepresidenta, Marisol Merquel, y el director de Infraestructura y Servicios Públicos del organismo, Néstor Alvarez. Lorenzino advirtió sobre la necesidad de consensuar una ley provincial que tenga como premisa “generar modos de producción sustentables para el desarrollo de la economía, el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”. Para el Defensor, es preciso “promover toda aquella tecnología que asegure la sustentabilidad de los recursos naturales, la salud y el ambiente”, lo que requiere conjugar “conocimientos tradicionales y científicos”. Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense, Marisol Merquel, definió a la agroecología como “un modo de producción ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente justo”, y adelantó que presentará un proyecto de ley para fomentarla.
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Modelo agrícola argentino desprotege al más débil



Modelo agrícola argentino descuida derecho a la alimentación

Fecha de Publicación
: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios,  en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se  justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Nación abandona a los pequeños productores



El Estado nacional abandona a los pequeños productores familiares

Fecha de Publicación
: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.

Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
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En Santa Fe se debatió sobre los límites del agronegocio

Expertos debatieron sobre los límites del modelo agroindustrial

Fecha de Publicación
: 23/08/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe


¿Hay otro modelo agropecuario posible fuera del industrial pampeano? La respuesta es si. Posible, necesario y urgente. Esa es la síntesis de un panel de especialistas que congregó días atrás a una pequeña multitud en el hall de entrada del Concejo.
Convocados por el consejo asesor de la comisión de Ecología un mix de ingenieros agrónomos que hoy trabajan para el Estado y en el sector privado trazaron los límites del modelo agroindustrial químico dependiente y explicaron de qué manera se puede avanzar hacia una agricultura que sea rentable y también respetuosa con el suelo, la salud humana y el ambiente.
 Dos datos sirvieron como "marco teórico" de la reunión: la normativa que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, y la noticia fresca de la sentencia contra Monsanto de un tribunal estadounidense que condenó a la multinacional a pagar 280 millones de dólares a un agricultor que la demandó por haberse enfermado de cáncer tras utilizar durante años ese herbicida.
"Tras la prohibición del glifosato quedó un debate abierto y la idea es comenzar a saldarlo con este panel" dijo el concejal Osvaldo Miatello, presidente de la comisión de Ecología.
Pero la transición hacia una agricultura enfocada en criterios ecológicos no es fácil ni se hace de un día para el otro: hace falta trabajar en semillas, regenerar el suelo, adaptar maquinarias y formar profesionales y productores con ese perfil.
"Sin políticas públicas claras por parte del Estado es muy difícil avanzar", sintetizó Antonio Lattuca, del programa de Agricultura Urbana de Rosario.
Hasta los años 80 el paisaje del sur provincial, originalmente cubierto por pastizales, era una combinación de chacras mixtas con cultivos que se rotaban según las estaciones.
En los 90, con la introducción del paquete tecnológico semillas modificadas + siembra directa + agroquímicos ese paisaje cambió y se volcó hacia el monocultivo de la soja, cuyo pico llegó en la primera década del siglo XXI de la mano de la suba de precios de los commodities agrícolas.
"Es tiempo que la chacra mixta vuelva a ser y para eso precisamos otra política y otros políticos que defiendan el consumo de cercanía y entiendan la necesidad de mercados de referencia" explicó el productor y dirigente agropecuario Pedro Peretti.
En una línea parecida avanzó Guillermo Montero, decano de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, quien hizo foco en la importancia de introducir herramientas para modificar el actual modelo agrícola pampeano como bordes de campos con vegetación espontánea y franjas de cultivos periurbanos.
"Debemos avanzar en la construcción de un sistema agrícola sustentable, y hay alternativas como mantener la vegetación espontánea, restaurar la biodiversidad o implementar ?escudos verdes?" afirmó Montero.
Eduardo Cerdá, referente de la agroecología en modelos de producción extensiva, relató la experiencia de Guaminí, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires donde se trabajan 5 mil hectáreas sin agroquímicos con rindes similares a los de la agricultura química y con costos mucho más bajos.
"Nos han hecho creer que sólo existe la agricultura industrial y eso es una mentira. Hoy tenemos una agricultura drogadicta que cuesta cada vez más cara, y los productores se empiezan a dar cuenta" subrayó.
Tanto Lattuca como Raúl Terrile, de la Municipalidad, contaron los diversos planes de agricultura urbana y periurbana libre de agroquímicos que desde 2001 lleva adelante el gobierno local.
Las huertas urbanas nacieron como plan de contención social tras la crisis de 2001. Hoy -de la mano de una mayor conciencia sobre los beneficios de alimentos sanos y una demanda creciente- ya hay 30 hectáreas de parques-huerta más otras 35 hectáreas del Cinturón Verde. Unas 2400 familias viven de eso y venden su producción a través del circuito de ferias y en el local del Mercado del Patio.
"Hoy en Rosario tenemos acceso a alimentos agroecológicos de calidad. Hay que jerarquizar el oficio de agricultor, otra agricultura es posible y precisamos más y mejores políticas públicas para eso" dijo Lattuca.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada



La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra

Fecha de Publicación
: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.

A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.

El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.

La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Proyecto para crear reserva 'natural' en algunos "campos"

Proponen una reserva 'natural' en todos los campos agrícolas de más de 200 hectáreas

Fecha de Publicación
: 14/07/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


Un proyecto de ley que actualmente está siendo evaluado por el Senado de la Nación apunta a promover la biodiversidad en ambientes cultivados de más de 200 hectáreas, mediante el establecimiento de una superficie mínima obligatoria que deberá ser conservada con especies naturales.
El proyecto de Ley "Presupuestos Mínimos para la Biodiversidad en Ambientes Cultivados" fue presentado por la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu. Está elaborado sobre la base a un trabajo científico de Lucas Garibaldi, investigador independiente del Conicet y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro.
 El proyecto fue presentado a fines de 2017 y está siendo evaluado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura.

Área de reserva
La versión preliminar de la norma, a la cual tuvo acceso el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra, establece que se deberá garantizar un mínimo de cuatro hábitat por cada unidad productiva de 200 hectáreas.
Uno de los hábitat deberá ser un ambiente natural no menor a cinco hectáreas: equivalente a 2,5 por ciento de la superficie total.
En tanto, los otros tres hábitat podrán contener cultivos pero diferentes entre sí. También se indica que, de ser aprobada, la Ley se implementará de forma progresiva a lo largo 10 años.
Según indicó Garibaldi, quien también es docente del departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el espíritu de la ley se basa en la agricultura sustentable, teniendo en cuenta aspectos de rentabilidad y conservación.
"Esta iniciativa promueve la rotación de los cultivos, favorece la preservación hábitat naturales y seminaturales (que no son cultivados desde hace más de 20 años y que incluyen especies nativas) y sus múltiples beneficios asociados, como una mayor polinización, control biológico de plagas, reducción de la erosión, fijación de carbono, valor turístico e industrias como la apicultura, entre otras", indicó el investigador.

Fundamentos
Además, subrayó la necesidad de implementar la normativa por la falta de diversidad que posee la mayoría de los sistemas agrícolas nacionales, dominados por monocultivos. "Estamos en una situación crítica. Hemos perdido una gran diversidad de paisajes. Es importante recuperarlos porque, asociado a esa falta, perdimos aspectos fundamentales para el bienestar social en general", aseguró.
"La conservación del 2,5% de la superficie se podría desarrollar incluso en tierras marginales, donde se maximizan los servicios ambientales y no se compite con lugares de altos rendimientos. De hecho, pueden potenciar los rindes de los cultivos aledaños", dijo Garibaldi.
Este 2,5 por ciento también representa un porcentaje mínimo de conservación respecto de otros países como Brasil, por ejemplo, cuyo código forestal (establecido en 1967 y reformado en 2012) plantea una conservación del 20 por ciento fuera de la Amazonia legal. En tanto que, dentro de ese mismo área, establece una conservación de 35 por ciento en ambientes de sabana y de 80 por ciento en bosques.

Políticas basadas en ciencia
Garibaldi destacó que el proyecto de Ley cuenta con una base científica sólida y valoró el rol de los investigadores, puesto que con sus conocimientos "pueden contribuir a desarrollar una mejor legislación y un mejor uso de la tierra".
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Un ejemplo de agricultura y ganadería sustentable y rentable



Córdoba: una fundación de ingleses y argentinos hace 100% de producción orgánica

Fecha de Publicación
: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba


Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.

Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.

Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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Entre Ríos: archivaron resistido proyecto de agroquímicos



Diputados archivó el proyecto de ley de agroquímicos y festejaron los ambientalistas

Fecha de Publicación
: 13/05/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Baja rechazó el proyecto que venía con media sanción del senado entrerriano. Urgente deberán confeccionar una nueva iniciativa para frenar el envenenamiento y fomentar la transición a la agroecología.
 El proyecto de ley de agroquímicos fue archivado este martes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos aunque durante más de dos horas se generaron duros cruces entre los diferentes bloques.
Representantes de grupos ambientalistas llegados de toda la provincia colmaron los balcones para seguir la sesión que tuvo enérgicas exposiciones.
Oficialistas y opositores remarcaron que hoy en la provincia solo hay dos personas, que en un vehículo, controlan la fumigación con agroquímicos en los campos entrerrianos representando al Estado.
El bloque justicialista ya había adelantado que votaría en contra del proyecto que venía con media sanción del Senado. Mientras que diputados y diputadas de Cambiemos reclamaron que se discutiera en Comisión.
Algunos diputados radicales que forman parte de la oposición también rechazaron el proyecto y Alberto Rotman, en particular, se llevó una gran ovación del público porque basó su discurso en datos concretos que tomó de diferentes investigaciones que sirvieron para prohibir el uso del glifosato en otros países.
Lo cierto es que para frenar las muertes deberán ponerse a trabajar para discutir en forma urgente un nuevo proyecto de ley que regule el uso de los agroquímicos y que además incentive la transición hacia la agroecología.
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Ejemplo: cosechó 25 toneladas de verdura sin agroquímicos



El Municipio cosechó 25 mil kilos de verdura sin usar agroquímico

Fecha de Publicación
: 06/04/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


Embanderado desde hace tiempo detrás del proyecto de ordenanza que busca prohibir el uso, aplicación, almacenamiento y comercialización del glifosato en todo el éjido de la ciudad, el Municipio tiene ahora un orgullo simbólico para esta causa: el Centro de Producción de Alimentos Municipal (CePAM) informó que por primera vez logró cosechar 25 mil kilos de verdura sin usar una sola gota de agroquímicos.
“Los rindes obtenidos permitirán abastecer a distintas dependencias municipales, a organizaciones no gubernamentales y al Hogar de Ancianos”, indicó el titular de la Dirección de Cooperativas Mauricio Weber entrevistado por ElDía, quién además explicó que toda la producción fue realizada de manera artesanal y que la recolección se realizó de manera manual.
“La chacra donde hemos realizado la producción había sido muy productiva tiempo atrás, pero por distintas razones su propietario, Alberto Natchtrieb, dejó de trabajar la tierra. Pero seis años después, esto pasó a ser el CePAM, lo que marcó el retorno a su oficio del propietario, que es tercera generación de horticultores, gracias al sistema de cooperativas”, destacó.
La chacra fue cedida al Municipio  a través de un comodato, y allí trabajan tres trabajadores que se organizaron como cooperativa. Lo primero que se realizó en el lugar fue el arado porque los pastizales habían cubierto la totalidad de la chacra, y luego se reactivaron  dos pozos de agua con las mismas bombas que habían dejado de usarse. Por su parte, los sistemas de riego debido al desuso estaban inutilizados, por lo que hubo que comprar unos nuevos.
Se comenzó a trabajar en septiembre pasado, y hasta la fecha –¡y a pesar de la sequía!– se logró superar la barrera de los 25.000 kilos de producción de verduras y hortalizas, que fueron entregadas a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Con ese volumen, la cartera abastece a los jardines de infante municipales, los  programas de alimentación para afrontar la desnutrición y la obesidad, las ollas barriales y populares, diferentes ONG e instituciones como el Hogar de Ancianos.
“En un principio, la vedette de la chacra fue el zapallito de tronco, que rindió unos 14.000 kilos, entregando unos 600 por semana a Desarrollo Social. Después hemos cosechado las variedades zucchini, anco, cabutia, además de pepino, acelga, cebolla y melón”, describió Weber.
“Fue muy importante el apoyo del intendente Martín Piaggio y la Secretaría de Desarrollo Social y Salud. Ahora, gracias a esta iniciativa incorporaremos verduras y hortalizas al bolsón de mercaderías que contienen alimentos básicos, algo que posibilitará a las familias contar con una dieta más equilibrada”, adelantó.
“El martes entregamos al municipio 300 atados de acelga, los cuales fueron distribuidos en diferentes lugares, como el CAPS de San Francisco. Ese día, los chicos comieron canelones de verdura que fue producida en la quinta municipal”, contó orgulloso a ElDía.
Habiendo cubierto los gastos iniciales de inversión, el funcionario informó que se obtuvo una ganancia de $50.000, cifra que anteriormente el estado municipal tenía  que disponer para comprar verduras.  Además, acotó que “se generaron tres nuevos puestos de trabajo con gente de la zona que trabaja en la chacra aportando su conocimiento, que para nosotros es muy valioso. Tanto Alberto, Carlos y Cristina llevan dos décadas trabajando en huertas, y su aporte es invaluable”. Para la próxima cosecha ya trabajan en la producción de brócoli con la intención de destinarlo a todo los comedores.
Por su parte, el ingeniero  agrónomo Guillermo Almeida, asesor que se sumó a la iniciativa, indicó  que la chacra se encuentra en un proceso de transición y que se trabajó “sin echar mano a las estrategias tradicionales que contemplan el uso de agrotóxicos”. “Tiempo atrás, el productor, afectado por plagas y desesperado por salvar su producción, agarraba la mochila y desparramaba cualquier cosa”, recordó.
Sin embargo, admitió que se puede llegar a presentar un problema en el futuro, cuando se tenga que recuperar fertilidad, lo que haría que algunos sectores queden improductivos en el período en que se esté cultivando algún abono verde. Una solución sería conseguir abono orgánico, siempre teniendo en cuenta que lo que sea que se haga no cause impacto negativo al ambiente, el lugar o las personas.
“Podría ser que usemos una cama de pollo, que si bien la misma tiene sus cuestionamientos, sería un avance en relación a un fertilizante químico”, comentó. “Cuando uno quiere producir sin químicos, el entorno también juega, sobre todo si las inmediaciones del lugar donde cultivamos se utilizan agrotóxicos. Y fue muy valorable el trabajo que ha realizado Nachtrieb con la labranza mecánica en el control de malezas, aplicando un motocultivador, haciendo una escardillada por surco”, reconoció Almeida, quien para concluir adelantó que “por lo quebrado del suelo, se tiene en mente la idea de trazar algunas terrazas, y de esa manera evitar una mayor erosión”.
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INTA Formosa avanza en mitigación del cambio climático

En el INTA se trabaja para que los productores puedan mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa


Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Ley de Semillas: criminalización de las semillas criollas



Organizaciones hacen planteos sobre la nueva Ley de Semillas

Fecha de Publicación
: 14/10/2017
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional


Consideran que el proyecto en discusión tiene falencias graves y que admite la criminalización de las semillas criollas.
Organizaciones sociales y políticas plantearon cuestionamientos al proyecto de Ley de Semillas que se está analizando en el ámbito del Congreso nacional, ya que consideran que hay una serie de limitaciones en torno a la alternativa del guardado de semillas y la criminalización del uso de semillas criollas.
Lo hicieron frente a la reunión que llevará adelante el cuerpo de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se realizará este jueves 12 de octubre con la idea de avanzar en la modificación de la normativa actual.
Las organizaciones rechazaron de manera contundente cualquier avance en el tratamiento de la modificación de la Ley de Semillas tal como se plantea desde la Comisión de Agricultura, como ya lo expusieron en la consulta pública efectuada
Consideran que hay una fuerte limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores y surge del proyecto una criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios.
"Avanzar con estos proyectos significará una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo de la que los legisladores que avalen el cambio serán responsables y por la que deberán rendir cuentas en el futuro", expresaron en un documento.
Reafirmaron principios irrenunciables para el abordaje de una ley, como es el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que son una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtenner patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
Además, pretenden garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones y promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
La multisectorial denominada "NO a la Ley Monsanto de Semillas" la constituyen GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.
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