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Una ley de semillas a pedir de Monsanto-Bayer
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El semillero empresario
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado
Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
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ecosistemas,
política ambiental,
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Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas
La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Otra muestra del desastre de las fumigaciones periurbanas
Sastre: el dramático pedido de una madre para frenar las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Agrotóxicos: la ONU indica que hay que aplicar la precaución
La ONU exigió al país una regulación más rigurosa del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Entre Ríos: al agronegocio le preocupa sus ganancias
En Entre Ríos quedarían miles de hectáreas sin producir por restricciones a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Campesino quemado: Corvalán asesinado
Murió el campesino quemado
Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Reyes Corvalán había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando diez días antes fuera desalojado violentamente de su lote en Santiago del Estero. Agonizaba desde entonces en terapia intensiva. Ayer falleció.
Héctor Reyes Corvalán, el hombre que había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando un grupo de más diez policías al mando de un oficial de Justicia lo desalojó violentamente de su lote en Santiago del Estero, murió ayer por la tarde como consecuencia de las heridas sufridas. Reyes estaba internado en terapia intensiva en Tucumán y falleció tras diez días de agonía.
El desalojo de Reyes Corvalán se enmarcó en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos que son moneda corriente en Santiago del Estero. El hecho que terminó con la muerte del hombre ocurrió a 260 kilómetros de la capital provincial, en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini. Reyes Corvalán vivía en un pequeño lote. Hasta allí llegaron el pasado viernes 12 de octubre más diez policías y un oficial de Justicia para desalojarlo. La orden fue impartida por la jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia.
En el desalojo se registraron destrozos en la propiedad de Reyes Corvalán, quien recibió disparos de postas de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado. Nacido en el mismo paraje Suncho Pampa, Reyes Corvalán tenía 56 años.
“Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto”, relató entonces a PáginaI12 María Rosa Frías, la mujer de Corvalán. También contó que “esta gente hace siempre lo mismo, son bandas armadas. Ahora fue calcado del año pasado. Llegaron en dos camionetas y dos patrulleros. Mi marido estaba en el portón, con los animales. Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego”.
Néstor Quesada, a quien señaló la mujer, es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres.
La violencia ejercida durante el desalojo de Reyes Corvalán tiene antecedentes. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales y varios intentos de desalojo. En casi todos fueron procedimientos violentos que terminaron detenidos en diversos estrados judiciales.
“La violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en sólo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) tras el desalojo de Reyes Corvalán.
El Mocase responsabilizó por el hecho al empresario Quesada, quien estuvo presente en el desalojo; al oficial de Justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo, a quienes identificó en un comunicado: “el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente”. La organización pidió la detención de todos los responsables y denunció “los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, además de reclamar la separación de la jueza Paskevicius.
A pesar de las heridas que le provocaron en el violento desalojo, los policías llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría y para su traslado en ambulancia a un hospital aguardaron que la jueza definiera si estaba detenido o no. Con el 45 por ciento de su cuerpo quemado y las vías aéreas afectadas, el hombre fue trasladado a un hospital de Tucumán y finalmente falleció ayer.
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Criminal desalojo de campesino en Santiago del Estero
Brutal desalojo de tierras en el Norte: quemaron y balearon a un campesino
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Senasa prohibió cinco agroquímicos
Prohíben la fabricación y venta de cinco plaguicidas riesgosos para la salud
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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La Pampa, desmanejo de agroquímicos y la misma respuesta
Moralejo descartó una prohibición total en el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, descartó la posibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agroquímicos en el territorio pampeano y, en cambio, indicó que se pretende hacer “un mejor uso”.
Las declaraciones se producen luego de que desde el Colectivo Sanitario le entregaran un petitorio en el que reclaman poner fin a las fumigaciones.
Moralejo dijo que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la reglamentación del uso de agroquímicos para lograr un mejor uso y una mayor concientización por parte de los productores, expendedores y empresas fumigadoras.
En ese sentido comentó que “la intención es que se usen como corresponde, respetando la legislación nacional y la provincial. Nosotros consideramos que es un insumo dentro del manejo de los campos. No estamos en una posición fundamentalista de decir ‘esto no va’, sino decimos que se debe hacer un uso adecuado, buscando aquellos productos que no tienen impacto adverso con la sociedad y el ambiente”.
“Es un compromiso del Gobierno pampeano cuidar la salud de los pampeanos. Para ello trabajamos con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Ingenieros Agrónomos para dar seguridad y que la actividad agrícola que se realiza en La Pampa no ofrezca riesgos en la salud de los habitantes, ni la contaminación del ambiente”, explicó.
Agregó que “la ley existe, estamos viendo cómo modificarla, pero fundamentalmente que se cumplan las legislaciones vigentes. Vamos a profundizar algunos aspectos que llevarán a un cambio en la ley. También debe existir una concientización en los municipios, tener ordenanzas correspondientes en lo que hace a las pulverizaciones periurbanas; hace falta más concientización, los municipios son responsables en pulverizaciones periurbanas y nosotros que todo el equipamiento esté en estado adecuado”.
Sostuvo también que “se trabaja en la recuperación de bidones que fueron utilizados con agroquímicos. La idea es que no queden en los campos, que sean reciclados, es un compromiso social trabajar en este sentido”
“Queremos brindar la seguridad adecuada pues nuestra provincia es productora de agroalimentos; nosotros queremos proteger a nuestra industria agroalimentaria para que estas materias primas no tengan residuos y puedan perder competitividad en los diferentes mercados”, concluyó Moralejo.
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Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, descartó la posibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agroquímicos en el territorio pampeano y, en cambio, indicó que se pretende hacer “un mejor uso”.
Las declaraciones se producen luego de que desde el Colectivo Sanitario le entregaran un petitorio en el que reclaman poner fin a las fumigaciones.
Moralejo dijo que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la reglamentación del uso de agroquímicos para lograr un mejor uso y una mayor concientización por parte de los productores, expendedores y empresas fumigadoras.
En ese sentido comentó que “la intención es que se usen como corresponde, respetando la legislación nacional y la provincial. Nosotros consideramos que es un insumo dentro del manejo de los campos. No estamos en una posición fundamentalista de decir ‘esto no va’, sino decimos que se debe hacer un uso adecuado, buscando aquellos productos que no tienen impacto adverso con la sociedad y el ambiente”.
“Es un compromiso del Gobierno pampeano cuidar la salud de los pampeanos. Para ello trabajamos con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Ingenieros Agrónomos para dar seguridad y que la actividad agrícola que se realiza en La Pampa no ofrezca riesgos en la salud de los habitantes, ni la contaminación del ambiente”, explicó.
Agregó que “la ley existe, estamos viendo cómo modificarla, pero fundamentalmente que se cumplan las legislaciones vigentes. Vamos a profundizar algunos aspectos que llevarán a un cambio en la ley. También debe existir una concientización en los municipios, tener ordenanzas correspondientes en lo que hace a las pulverizaciones periurbanas; hace falta más concientización, los municipios son responsables en pulverizaciones periurbanas y nosotros que todo el equipamiento esté en estado adecuado”.
Sostuvo también que “se trabaja en la recuperación de bidones que fueron utilizados con agroquímicos. La idea es que no queden en los campos, que sean reciclados, es un compromiso social trabajar en este sentido”
“Queremos brindar la seguridad adecuada pues nuestra provincia es productora de agroalimentos; nosotros queremos proteger a nuestra industria agroalimentaria para que estas materias primas no tengan residuos y puedan perder competitividad en los diferentes mercados”, concluyó Moralejo.
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Apelan el fallo que protege las escuelas de fumigaciones
La Provincia apeló el fallo que prohíbe fumigar a mil metros de escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Entre Ríos: prohiben fumigar cerca de escuelas rurales
Fallo inédito: la Justicia prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Modelo agrícola argentino desprotege al más débil
Modelo agrícola argentino descuida derecho a la alimentación
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Funcionario de La Pampa admite problemas con agroquímicos
"Tenemos problemas graves por mal uso de agroquímicos"
Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.
Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.
Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.
Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.
Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Murió Fabián Tomasi, simbolo de lucha contra los agrotóxicos
Murió Fabián Tomasi, víctima de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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Fecha de Publicación: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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